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A 24 días de los comicios en los que los colombianos y colombianas elegirán a los próximos congresistas y participarán en las consultas interpartidistas para escoger a tres aspirantes presidenciales para la primera vuelta del 31 de mayo, no se conoce el documento público y oficial de la Fiscalía General de la Nación con la estrategia para prevenir, intervenir y judicializar la realización de delitos electorales y combatir la criminalidad electoral en el país.La historia es así: la ley 1864 de 2017, que establece las disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática, señala en un parágrafo de su artículo 17 que, cuatro meses antes de las elecciones, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deben presentar ante la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral.Este documento público contiene la estrategia integral y coordinada entre estas dos autoridades para proteger los certámenes electorales y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura.Este instrumento permite a las autoridades prevenir, investigar y judicializar los 16 delitos electorales tipificados en la ley (tales como el constreñimiento y fraude al sufragante, tráfico de votos, financiación con fuentes prohibidas, violación de topes, entre otros), utilizando herramientas como mapas de riesgo para identificar y priorizar las zonas del país más vulnerables a la corrupción, el fraude o la violencia.El mapa de riesgo tiene en cuenta factores de fraude o violencia en los municipios y puestos de votación, tales como amenazas de corrupción, atipicidad en las inscripciones de cédulas, presencia de actores armados ilegales, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra dirigentes políticos, fraude electoral y denuncias en la plataforma URIEL.Incluso en los documentos establecidos para los comicios anteriores (elecciones nacionales 2022 y elecciones regionales 2023), se estableció el número de fiscales, agentes del CTI, asistentes de fiscales, y funcionarios disponibles para la jornada electoral; se determinó la coordinación interna entre seccionales de la Fiscalía, la dirección anticorrupción, la de seguridad ciudadana y el CTI; se establecía el plan de capacitación, campañas de prevención del delito; y hasta los canales de atención permanente como la línea 112 y la plataforma URIEL. Su propósito fundamental es fortalecer la transparencia de los comicios y la confianza en la democracia, asegurando una reacción inmediata ante cualquier irregularidad antes, durante y después de la jornada de votación.Sin embargo, según pudo establecer BLU Radio, a la fecha no se conoce el documento estratégico de la cabeza de la política criminal, tanto para las elecciones del 8 de marzo, como para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta previstas para el 31 de mayo y el 21 de junio de 2026.A diferencia de la Fiscalía, el pasado 5 de diciembre, la Policía Nacional presentó su estrategia basada en ocho componentes que abarcan inteligencia, ciberdefensa, protección a candidatos y logística electoral. El plan incluye herramientas como el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), que mediante 36 variables construye el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral para priorizar 1.122 territorios; el equipo ECODE para judicializar delitos en coordinación con la Fiscalía; el Centro Cibernético Policial con monitoreo 24/7 contra la desinformación; redes de apoyo ciudadano con más de 416.000 integrantes y el “Plan Diamante” para la seguridad de aspirantes, todo supervisado a través del sistema SIPDE con mapas GIS que permiten seguimiento y reacción en tiempo real.BLU Radio consultó con el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, así como la directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, fuentes al interior de la entidad aseguran que el plan ya fue socializado por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el Registrador Nacional, Hernán Penagos; y se están trabajando en mesas con las diferentes entidades e instituciones, para articular las acciones de prevención de delitos electorales; sin embargo el tiempo apremia.Cabe resaltar que este instrumento es indispensable para que las entidades del orden nacional puedan articularse con el ente acusador con el fin de dar respuestas efectivas contra la criminalidad; pero también el mapa de riesgos electorales se hace indispensable para tener certeza de la información junto con los mapas presentados por la MOE, la Policía y otras autoridades.

Nación

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