En una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron un golpe contundente contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Este operativo marca un hito en la política de defensa actual, siendo el primer bombardeo directo contra este grupo guerrillero en los últimos cinco años y el primero durante el mandato del presidente Gustavo Petro.Inteligencia y planificación de precisiónLa operación, descrita por el general Hugo López, en Mañanas Blu, como fruto de una "inteligencia dominante", no fue un evento fortuito. El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, se combinaron labores de inteligencia técnica y humana, complementadas con la observación constante de aviones de reconocimiento especializados que permitieron fijar el blanco de manera exacta.A pesar de la coincidencia temporal con encuentros diplomáticos internacionales, el alto mando militar enfatizó que se trató de una operación planificada detalladamente y ejecutada el pasado 4 de febrero a la medianoche. La decisión final para la aplicación de la fuerza aérea sobre este objetivo estratégico fue autorizada directamente por el presidente de la República.Golpes a la estructura del Frente de Guerra NororientalEl objetivo primordial del ataque fue una estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes que delinquían en la vereda Arangalia. Como resultado del bombardeo y los combates posteriores en tierra, se confirmó la muerte de siete combatientes, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera. Además, se logró la captura de un sujeto conocido como alias 'Elías'.En el lugar, las tropas hallaron un arsenal significativo que incluía 15 fusiles, armas cortas, abundante munición y más de 200 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI para determinar su procedencia y especificaciones técnicas.Ante las preocupaciones sobre la presencia de menores de edad en el campamento, el general López aseguró que la operación se planeó bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario para evitar afectaciones a la población civil. Aunque se reconoce que el ELN realiza reclutamiento forzoso de menores, los dictámenes preliminares de Medicina Legal no han reportado menores de edad entre los fallecidos hasta el momento.Finalmente, las fuerzas militares confirmaron que, aunque este operativo no tenía como blanco a alias 'Pablito', máximo cabecilla del ELN, las labores de inteligencia para dar con su paradero continúan de manera intensa. Se sospecha que este cabecilla podría encontrarse en territorio venezolano, por lo que se mantienen desplegadas más de 12,000 tropas en la zona fronteriza del Catatumbo para asegurar la soberanía nacional.Escuche aquí la entrevista:
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Emergencia en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
Tras la emergencia climática provocada por un frente frío en el Caribe colombiano, la Armada activó un operativo de atención humanitaria en el municipio de Lorica, Córdoba, para asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones derivadas del desbordamiento del río Sinú.A través de la Fuerza Naval del Caribe, unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 14 y del GAULA Militar Sucre, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, adelantan labores de llenado y disposición de costales con el fin de construir barreras de contención y mitigar el impacto de la creciente en sectores vulnerables del municipio.De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se concentran en zonas ribereñas como Cotocá Arriba, Sarandelo e Isla de Sabá, donde el aumento del nivel del agua generó el ingreso del río a varias viviendas, afectando a familias tanto en áreas rurales como urbanas.Además de las labores de contención, la Armada dispuso vehículos y personal para apoyar la evacuación de los damnificados hacia centros de atención, en caso de ser necesario, como medida preventiva para salvaguardar la vida de las personas afectadas por la emergencia.Paralelamente, las unidades navales participan en el Puesto de Mando Unificado (PMU) activado en el departamento de Córdoba, con el objetivo de articular esfuerzos con los organismos de gestión del riesgo, así como con entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para garantizar una atención integral a la población damnificada.Desde la Brigada de Infantería de Marina No. 1, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección de la vida y el apoyo a las comunidades, especialmente en las zonas ribereñas del Caribe colombiano, mientras se mantienen las acciones de monitoreo y respuesta ante la evolución de la emergencia climática.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló que el presidente Donald Trump avaló la iniciativa del presidente Gustavo Petro de ejecutar operaciones conjuntas con Venezuela para combatir estructuras del ELN. La declaración la hizo durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, luego del encuentro oficial sostenido el martes en la Casa Blanca.“El presidente Trump dijo que estaba totalmente de acuerdo, que nos uniéramos todos, obviamente respetando siempre la soberanía”, señaló Sánchez al destacar que en la reunión se enfatizó el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de inteligencia y lucha contra las drogas. Según el ministro, el mandatario estadounidense consideró la propuesta como “una idea muy acertada” para enfrentar la amenaza transnacional del narcotráfico.Durante la cita en Washington, el ministro presentó un documento con los compromisos de seguridad para los próximos dos meses, que incluye como “objetivos de alto valor” a alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo; Pablito, del ELN; e Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC.Sánchez explicó que la meta acordada con Estados Unidos es “neutralizar” a esos líderes criminales, reforzando las operaciones militares y de inteligencia. “La seguridad que hay es que vamos a emplear todas las capacidades para neutralizarlos, y son las capacidades de dos naciones”, afirmó, al enfatizar que se usarán tecnologías compartidas y mecanismos de información conjunta sin comprometer la soberanía de Colombia.El alto funcionario también precisó que “no habrá acciones letales coordinadas por Estados Unidos en territorio nacional”, sino una cooperación en materia de inteligencia y tecnología. Se prevé el establecimiento de un centro integrado de fusión de información para decisiones operativas en tiempo real, especialmente en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño.Operaciones contra el ELN con ayuda de VenezuelaUno de los puntos más sensibles de la conversación bilateral fue la colaboración con Venezuela. Según Sánchez, el presidente Petro informó a Trump que Colombia adelanta acciones para consolidar la cooperación militar con Caracas, incluyendo la designación de un agregado militar colombiano en territorio venezolano. Esto permitiría coordinar con mayor eficacia operaciones contra cabecillas del ELN refugiados al otro lado de la frontera.“El presidente Petro ha avanzado en mejorar esa interacción con Venezuela. Las acciones contra esos grupos deben ser articuladas entre ambas naciones”, explicó Sánchez.La tensión y diálogos con el Clan del GolfoLas declaraciones del ministro generaron reacción inmediata. Minutos después de la entrevista, el Clan del Golfo anunció la suspensión provisional de su participación en las negociaciones de paz, argumentando que el ofrecimiento de sus cabecillas como objetivo militar “atentaba contra la buena fe y los compromisos de Doha”.Sánchez respondió señalando que el Gobierno no suspenderá operaciones contra grupos delincuenciales. “Si estos grupos criminales siguen delinquiendo, se debe actuar con total contundencia”, advirtió. Asimismo, aclaró que los diálogos se mantienen bajo los parámetros definidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y que “ninguna mesa de diálogo inhibe a la Fuerza Pública de cumplir su misión constitucional”.El ministro puntualizó además que “no hay suspensión de orden de captura” contra alias 'Chiquito Malo', pese a su papel en las conversaciones. “Lo que hay es la orden de actuar contra este bandido. Si traicionan el proceso y el presidente ordena actuar, pues se debe actuar”, reiteró.Fortalecer autonomía y capacidades tecnológicasEl encuentro con Trump también abordó temas de modernización militar. Sánchez explicó que se discutió la posibilidad de reemplazar la flota de helicópteros de la Policía Nacional con aeronaves de propiedad colombiana, buscando autonomía operativa. “La idea es que seamos nosotros los dueños de esas aeronaves”, subrayó, al mencionar que se evaluarán opciones de financiamiento con respaldo norteamericano.En materia de defensa estratégica, el ministro confirmó que la cooperación incluirá tecnología antidrones, sistemas de movilidad y programas para mejorar las capacidades nacionales. Además, reafirmó que la adquisición de los aviones Saab Gripen —cuya compra generó tensiones previas con Washington— “no fue objeto de objeciones por parte de Estados Unidos” y que se trató de una decisión “transparente y estratégica”.
En Salgar, Antioquia, fue capturado alias 'Sotelo', cabecilla del Clan del Golfo señalado de coordinar homicidios y extorsiones en el Suroeste antioqueño. En la operación fueron capturados otros dos hombres importantes para la estructura delincuencial.En una ofensiva realizada por el Batallón de Infantería Cacique Nutibara se logró la captura en flagrancia de tres hombres vinculados a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. El procedimiento fue realizado por el Ejército Nacional en la vereda Gulunga Abajo del municipio de Salgar.Según destacó la Fuerza Pública, entre los capturados está alias 'Sotelo', presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo y quien tendría más de 5 años de trayectoria criminal. Las autoridades lo señalan de ser el responsable de coordinar homicidios y extorsiones en el Suroeste antioqueño.El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, explicó que, durante el operativo militar, también se realizó la captura de otro dos sujetos, cercanos a alias 'Sotelo' e importantes dentro de la estructura del Clan del Golfo en la zona.“Asimismo, fue capturado alias 'político' o Andrés, quien presuntamente coordinaba reuniones con los campesinos de la región y recolectaba los dineros producto de la extorsión y alias Flaco, quien al parecer se desempeñaba como hombre de seguridad de alias Sotelo”, indicó el general Caycedo.Mencionaron las autoridades que durante el procedimiento se incautó un fusil M4, un revólver, una mini uzi automática, más de 200 cartuchos, proveedores para fusil, material de intendencia, dos motocicletas y cuatro equipos de telefonía celular que eran usados en municipios como Salgar, Concordia y Ciudad Bolívar.Por su parte, en una segunda acción se logró evitar la ejecución de un homicidio en el municipio de Ciudad Bolívar en donde fue capturado en flagrancia un hombre que portaba una mini uzi y munición calibre 9 milímetros, quien al parecer sería integrante del grupo delincuencial organizado Carne Rancia.
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez radicaron una ponencia planteando a dicho organismo la posibilidad de permitirle a Daniel Quintero participar en la consulta presidencial de la izquierda ‘Frente por la vida’ prevista para el próximo 8 de marzo.La discusión en el caso del exalcalde de Medellín ha estado centrada en que no podría estar en dicha consulta pues ya participó y perdió en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre; la misma que dio por ganador a Iván Cepeda.Y aunque Quintero ha insistido en que había renunciado antes dentro de los tiempos establecidos, la Registraduría dijo, por ejemplo, que la salida del mismo no podía hacerse de manera personal, sino oficializarla el partido que lo había registrado.En medio de esto, la ponencia conocida este martes plantea que Quintero no participó jurídicamente en la consulta del 26 de octubre de 2025 y no está impedido para que pueda inscribirse en la nueva jornada.Dice la ponencia que la sola aparición del nombre de un ciudadano en un proceso consultivo no equivale, por sí misma, a una participación política válida, si no coincidente elementos como la voluntad expresa, la aceptación de un aval y la permanencia efectiva en el mecanismo de selección interna.“Cualquier interpretación en sentido contrario supondría equiparar una habilitación formal y transitoria con una participación política efectiva, desnaturalizando la finalidad y el alcance jurídico de las consultas partidistas como mecanismos de democracia interna”, dice la ponencia.Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el CNE aprobó reconocer la personería de Pacto autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, pero condicionó su entrada en vigencia a que primero terminaran las investigaciones contra los otros partidos interesados en sumarse: Progresistas, Colombia Humana y el movimiento Minga Indígena Social y Popular.Ante eso, el Pacto buscó revertir la decisión con una tutela, que fue aceptada para estudio y esto permitió, vía medida cautelar, la inscripción de Quintero como precandidato, pero por esa misma condición, dicen los magistrados, que fue un registro provisional y como esa tutela finalmente fue negada, desaparece la decisión judicial que había permitido la inscripción.“Sin embargo, una vez dicha acción constitucional fue declarada improcedente y quedó en evidencia la ausencia de firmeza del acto administrativo que otorgaba la personería jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico, el presupuesto jurídico que habilitó la inscripción inicial perdió sustento, lo que condujo a una reconfiguración del mecanismo de consulta, ahora bajo el aval exclusivo del Partido Polo Democrático Alternativo”, agrega la ponencia.En esa línea, la ponencia reseña además que, al momento de la consulta del 26 de octubre de 2025, el Pacto Histórico no contaba con personería jurídica en firme, solo condicionada, lo que le impedía jurídicamente convocar una consulta válida y otorgar avales con efectos plenos.Otro punto clave de la ponencia fue la renuncia expresa y previa de Daniel Quintero a participar en cualquier consulta que no correspondiera al Pacto Histórico unificado. Los magistrados resaltan que Quintero negó de manera clara y oportuna haber aceptado aval alguno de partidos como el Polo Democrático, la Unión Patriótica o el Partido Comunista, y que comunicó formalmente su retiro antes de la jornada electoral.Esta posición quedó reflejada en el acta final de escrutinio del Polo Democrático, donde se dejó constancia de que su renuncia fue aceptada antes del 26 de octubre y que los votos eventualmente marcados a su favor serían considerados como inexistentes. Para la comisión, este documento confirma que no hubo participación efectiva ni incidencia jurídica en la consulta.“Esta manifestación inequívoca de voluntad excluye, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de entender configurada una participación efectiva en la consulta, en la medida en que desaparece uno de los elementos esenciales del mecanismo: la decisión libre y consciente de someterse al proceso de selección interna y a su resultado. La ausencia de aceptación del aval y la negación expresa de la inscripción impiden atribuir al ciudadano la condición de participante del referido mecanismo democrático”, amplió la ponencia.Teniendo en cuenta la posición de los magistrados frente a la situación del Pacto Histórico y la renuncia de Quintero, estos emiten también un cuestionamiento al rol de la Registraduría al no aceptar la inscripción en la nueva consulta.Dice la ponencia que esta entidad interpretó de manera excesiva de sus funciones y se habría extralimitado en sus competencias.“.... la facultad de rechazo prevista en la ley a favor de la Registraduría se encuentra estrictamente delimitada al trámite de inscripción de candidaturas a cargos de elección popular, esto es, a una fase posterior y distinta a la de las consultas. (...) En ningún caso habilita a la Registraduría para intervenir en la definición de quiénes participan como precandidatos en una consulta, ni para atribuir efectos jurídicos definitivos a situaciones provisionales o inexistentes”, explicó la ponencia.Frente al argumento de que su nombre apareció en el tarjetón, los magistrados sostienen que dicha circunstancia obedeció a razones logísticas y de economía administrativa, y que no puede interpretarse como prueba de voluntad política ni de participación jurídica.Asimismo, el CNE le recordó a la Registraduría tiene un rol técnico y reglado, limitado a la verificación formal de requisitos, y que no está facultada para crear consecuencias jurídicas a partir de inscripciones provisionales o de hechos carentes de eficacia legal.“...se encuentra demostrado que las circunstancias que rodearon la inscripción transitoria del ciudadano Quintero Calle no pueden ser interpretadas como una renuncia, desistimiento o agotamiento del derecho fundamental a ser elegido, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, ni como la materialización de una participación excluyente que le impida concurrir a un nuevo mecanismo de consulta. Por el contrario, cualquier interpretación en ese sentido implicaría desconocer el carácter fundamental del derecho a elegir y ser elegido, así como su aplicación preferente y expansiva dentro del orden constitucional colombiano”, puntualizó la ponencia.Ahora la decisión final estará en manos de la la Sala Plena del CNE, que deberá acoger o no la ponencia, con una mayoría de 6 votos a favor.
Un revisor de un tren regional fue atacado violentamente el lunes por la noche por un pasajero durante un control de billetes y finalmente falleció a causa de sus heridas, informó este martes la compañía ferroviaria Deutsche Bahn (DB) en un comunicado.El presunto atacante, un joven de 26 años, no tenía billete y cuando el revisor, de 36 años, intentó expulsarlo del tren que cubría la ruta entre Kaiserslautern y Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, éste atacó al empleado ferroviario.El revisor, identificado como Serkan C., resultó gravemente herido en el ataque -que se produjo nada más salir el tren de la estación de Landstuhl, en el distrito de Kaiserslautern- por los puñetazos que le asestó en la cabeza el presunto agresor.El empleado ferroviario tuvo que ser reanimado en el lugar y ser trasladado a un hospital en estado crítico. Finalmente sucumbió a las heridas.El detenido, un ciudadano griego sin residencia en Alemania, según la cadena de televisión 'NTV', se encuentra entretanto en prisión preventiva acusado de un delito de homicidio en grado tentativa."Todos nosotros en Deutsche Bahn condenamos con la mayor firmeza este terrible estallido de violencia y la muerte completamente absurda de nuestro compañero. Todos debemos plantearnos la pregunta de por qué se producen una y otra vez este tipo de brotes de violencia. Nosotros —la política y la sociedad— debemos dar respuestas", señaló la jefa de DB, Evelyn Palla.DB ha convocado a todos los trabajadores ferroviarios y a todos los pasajeros que lo deseen a un minuto de silencio a nivel nacional.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La política exterior feminista fue una de las promesas de este gobierno. Una de sus líderes es una académica muy respetada que pronto dejará su cargo, pero que desde sus columnas y desde las aulas ha hecho análisis del panorama internacional y el mundo diplomático.Arlene B. Tickner, analista internacional y actualmente embajadora de Colombia para Asuntos de Género, habló en Mañanas Blu analizó los retos de esta reunión bilateral, el futuro de la política exterior feminista y las tensiones generadas por el discurso del mandatario colombiano."La política exterior feminista consiste, en un proceso de avance y de desmonte del patriarcado. Mi labor ha sido enfocada en los derechos LGBTIQ+, derechos sexuales y reproductivos", indicó Tickner. Además, dijo que el gobierno actual tiene "voluntad política para avanzar en temas de género y diversidad"."Yo soy la responsable de realizar las gestiones diplomáticas fuera de Colombia en todo lo relacionado con asuntos de género y política exterior feminista. Lo que creo que hay en el fondo es una voluntad política de este gobierno de avanzar en temas de género y diversidad, en momentos en los cuales estas dos agendas (Colombia-EE.UU) están bajo ataque a nivel mundial", dijo. Por otro lado, reveló que el equipo diplomático en Washington trabaja "día y noche" en la preparación del próximo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Sabemos que Trump es un presidente transaccional, sobre todo, y yo confío en que el gobierno colombiano llevará a la reunión algunas propuestas susceptibles de garantizar la defensa de los objetivos nuestros. Lo importante es garantizar en este espacio es que cada uno sienta que ganó algo con este encuentro", afirmó. Escuche la entrevista aquí:
A pocas semanas de las elecciones al Congreso, el registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una grave advertencia sobre posibles riesgos para la transparencia del proceso electoral en varias regiones del país.Tras la revisión de 312 municipios, la Registraduría identificó zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales, en donde se estarían presentando dinámicas que podrían afectar la libertad del voto, ya sea por presiones directas o por intereses de estas estructuras que buscan influir en las elecciones.Según explicó Penagos, en cerca del 40 % de los municipios analizados se evidencia un interés político-electoral por parte de estas estructuras armadas.“En 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”, advirtió el registrador.Penagos explicó que mientras en algunos territorios la alta violencia coincide con bajos niveles de participación electoral, en otros casos ocurre lo contrario.“Hay algunos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. (…) Pero también tenemos algunos lugares en el noroccidente de Colombia donde hay alta violencia, de acuerdo a los estudios que han presentado, inclusive la fuerza pública”, señaló.Para el registrador, esto podría indicar escenarios de instrumentalización del voto y coacción a los electores, por lo que subrayó que es importante que “se adviertan circunstancias de esa naturaleza para atacarlos de manera permanente”.Frente a estas advertencias, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han insistido en la necesidad de redoblar las medidas de seguridad en las zonas con presencia de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar el proceso electoral.
La ONG Transparencia por Colombia lanzó una alerta temprana sobre el financiamiento de las campañas al Congreso y a la Presidencia de la República en 2026, al evidenciar graves niveles de incumplimiento en la rendición de cuentas, altos riesgos de opacidad y debilidades en los mecanismos de control electoral.El informe advierte que, aunque el financiamiento es necesario para la competencia democrática, “no todo vale” e ignorar las reglas afecta la equidad electoral debilita la confianza ciudadana y abre la puerta a la captura indebida del Estado.“Desde 2025, el Consejo Nacional Electoral reiteró que todas las candidaturas deben rendir cuentas en el aplicativo Cuentas Claras sobre el origen y uso de los recursos utilizados en la etapa de inscripción y en la campaña electoral, y estableció la obligación de reporte en tiempo real, es decir, que todo ingreso o gasto debe ser registrado en cuentas claras dentro de los ocho días siguientes a la realización de la operación económica”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.Según el balance, el 95% de las candidaturas al Congreso no ha reportado ingresos ni gastos en el aplicativo Cuentas Claras, pese a que ya transcurrió más de la mitad del periodo de campaña y el 99,6% de los candidatos está habilitado para hacerlo.De las 2.901 candidaturas inscritas, sólo 127 han registrado algún movimiento financiero. La situación es especialmente preocupante entre los congresistas que buscan la reelección, pues apenas 17 de los 182 han cumplido con esta obligación, a pesar de conocer las reglas desde procesos electorales anteriores.“Los seis partidos políticos cuyas candidaturas más han reportado son el partido de la U, Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Alianza por Colombia, Partido Conservador y Cambio Radical. Identificamos que los ingresos vuelven a ser principalmente de recursos propios de los candidatos y sus familiares, y los principales gastos se dan en propaganda electoral. Llama la atención que tan solo se reportan nueve millones de pesos de publicidad en redes sociales, aunque hace pocos días la moda indicó que durante el primer mes de campaña se invirtieron más de trescientos millones de pesos en Facebook e Instagram”, agrega Hernández.En el caso de las campañas presidenciales, el informe califica como “muy grave” la opacidad en la financiación de la recolección de firmas. De los 91 comités registrados, únicamente uno aparece habilitado en Cuentas Claras y ninguno ha reportado ingresos o gastos.“Solo se encuentra habilitado el acceso al reporte de Mauricio Cárdenas, pero no se evidencia en ingresos ni gastos. A la fecha no se conoce el origen de los recursos que invirtieron, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Claudia López, Aníbal Gaviria o Juan Daniel Oviedo, a pesar de conocerse múltiples reportes de gastos significativos en sus actividades de campaña. No es claro si esto se debe a que las cuentas no se han entregado o a que el CNE no ha habilitado su acceso. Sobre la consulta interpartidista de la coalición del pacto histórico del pasado veintiséis de octubre, tanto Iván Cepeda como Carolina Corcho cumplieron con el reporte de ingresos y gastos”, agrega.Transparencia por Colombia advierte que no se conoce el origen de los recursos utilizados por varias candidaturas por firmas, lo que limita el control ciudadano y electoral, evidencia fallas críticas del sistema y pone en riesgo los mecanismos diseñados para prevenir el ingreso de recursos de origen indebido en la competencia presidencial de 2026.
Como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en el transcurso de la semana los organismos de socorro han atendido más de 60 emergencias en 17 municipios del Huila y siete se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales.El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento Jhon Jairo Yepes, confirmó que entre las emergencias se reportan 15 viviendas averiadas, 20 familias damnificadas, cultivos de café y plátano destruidos y dos instituciones educativas con afectaciones en sus infraestructuras.“Hemos tenido afectaciones en los municipios de Tarqui, Tello, El Pital, La Plata, Campoalegre, Neiva, Oporapa, Íquira, a la fecha tenemos derrumbes en 63 vías del Huila, vías secundarias y terciarias y familias damnificadas. En Tarqui tuvimos que evacuar a una familia por prevención, debido a inestabilidad del terreno donde se encuentra la vivienda” relató el funcionario.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026● Total emergencias: 60● Municipios afectados: 17● Tipos de eventos:● Deslizamientos (36)● Crecientes súbitas (9)● Inundaciones (6)● Caída de árboles (5)● Hundimiento (1)Afectaciones:● 15 viviendas afectadas (10 urbanas y 5 rurales).● Infraestructura pública: afectación en instituciones educativas y vías.De acuerdo con el reporte oficial, los municipios de Íquira, Campoalegre, Neiva, Rivera, Timaná, Elías y La Plata, han sido lo más afectados por la temporada de lluvias en lo que va corrido del año 2026 y en alerta roja están: Elías, Neiva, Oporapa, Rivera, Saladoblanco, Yaguará y La Plata.Asimismo, Bomberos del municipio de Timaná, reportan cierre parcial en el sector de Pericongo por hundimiento de la calzada en la vía Pitalito – Garzón. También hay dificultades de movilidad en el sector de Patico en la vía que comunica al municipio de La Plata con Inzá en el Cauca.Por último, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes, concluyó que el banco de maquinaria amarillas se encuentra atendiendo emergencias en vías rurales en los municipios de Tello, Baraya, Saladoblanco, Nátaga, Oporapa entre otros que presentan derrumbes.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.
El más reciente informe mundial de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en Colombia es categórico: el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales han llevado al país a “una de las peores crisis humanitarias de la década”.La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, presentó las conclusiones del documento en entrevista con Mañanas Blu, en donde enfatizó que la política gubernamental de “Paz Total” no solo ha resultado ineficaz, sino que “ha puesto en riesgo adicional a la población civil”.De acuerdo con los datos citados por la organización, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas fueron confinadas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En ese mismo periodo, 544 personas murieron o resultaron heridas por artefactos explosivos, lo que significó un aumento del 145% frente a 2024.“Los grupos armados se fortalecieron con las negociaciones”Goebertus explicó que el informe global de HRW, que abarca 13 países del continente, dedica un capítulo extenso a Colombia debido a la magnitud del deterioro registrado entre 2022 y 2025.“El reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, advirtió la directora.Según HRW, la estrategia de llevar conversaciones en paralelo con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sin una política de seguridad efectiva, permitió que estos grupos ampliaran su control territorial y se fortalecieran aprovechando los espacios de diálogo.“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse”, señaló Goebertus.Catatumbo y Putumayo, epicentros del conflictoEl informe describe con especial preocupación la situación en Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han desatado una ola de violencia contra la población. Allí, HRW documentó casos de asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles acusados de colaborar con el grupo contrario.“La suplantación del Estado es total”, explicó la directora. “Vimos al Frente 33 estableciendo campos de castigo y al ELN imponiendo sus propias normas. Esto muestra el vacío de autoridad y el debilitamiento del deber estatal de protección”.En el Putumayo, las disidencias armadas habrían replicado un esquema similar, obligando a campesinos a trabajar en la construcción de vías bajo la amenaza de sanciones, una dinámica que según HRW “profundiza la pérdida del control institucional” y perpetúa el poder local de las estructuras ilegales.Deficiencias institucionales y omisiones del EstadoEl informe también llama la atención sobre la falta de capacidad judicial y las omisiones de las autoridades militares y civiles en la protección de los habitantes de las zonas afectadas.Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de miembros de la fuerza pública, advierte “un aumento en las omisiones en la protección de la población”.Goebertus señaló que el Estado tiene el deber de adoptar una política integral que combine seguridad y justicia. “La justicia debe concentrar sus esfuerzos en los eslabones más altos de las redes criminales, investigando delitos como lavado de activos, reclutamiento de menores y corrupción. Sin esa estrategia, es imposible desmantelar las estructuras que sostienen a los grupos armados”, afirmó.Un llamado urgente al gobierno colombianoLa representante de HRW concluyó que la prioridad para el Estado colombiano debe ser recuperar el control territorial y garantizar el acceso a la justicia en las regiones más golpeadas por la violencia. “No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó.