De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una estrategia de atención reforzada para acompañar a las comunidades afectadas. La entidad desplegó 14 Unidades Móviles en nueve municipios, integradas por equipos de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas que brindan atención directa, apoyo emocional y orientación a las familias. Este operativo se complementa con el uso de 18 vehículos institucionales para facilitar la llegada de la ayuda a las zonas priorizadas.Como parte de la respuesta en seguridad alimentaria, el ICBF dispuso 136.800 unidades de Bienestarina líquida y cerca de 1,3 toneladas de Bienestarina en polvo, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niños, niñas y sus cuidadores. Además, la entidad ha garantizado la entrega de cerca de 40 toneladas de alimentos en 23 municipios priorizados y programó el envío de más de 19 toneladas adicionales al municipio de Tierralta.Con estas acciones, el respaldo nutricional alcanza cerca de 60 toneladas de ayuda, en una intervención sostenida que busca proteger a la niñez y apoyar a las familias en medio de la contingencia. El ICBF señaló que mantendrá la presencia institucional en el territorio para asegurar la continuidad de la atención integral durante la emergencia.
La Oficina de Gestión del Riesgo informó que las lluvias del fin de semana dejan emergencias en 13 municipios del Huila con deslizamientos de tierra en vías rurales, viviendas averiadas e inundadas por desbordamientos de fuentes hídricas, puentes vehiculares colapsados y cultivos de café destruidos.De acuerdo con el reporte oficial, en el municipio de La Plata se desbordó la quebrada La Azufrada y dejó más de cien viviendas inundadas en el barrio San Antonio con, al menos, 50 familias damnificadas quienes perdieron todos sus enseres, situación que obligó al alcalde municipal declarar la calamidad pública.“Tenemos afectaciones por vías terciarias obstruidas en los municipios de Oporapa y Saladoblanco, por inundaciones tenemos al menos 50 familias damnificadas en el municipio de La Plata, también tenemos emergencias en el municipio de Timaná donde colapsó el sistema de alcantarillado y dejó más de 20 viviendas inundadas y 10 locales de comercio en el casco urbano”, dijo Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina para la Atención de Desastres del Huila.Asimismo, los municipios de Saladoblanco, Elías, Íquira, Algeciras, Guadalupe, Agrado y Gigante han reportado múltiples deslizamientos de tierra que han generado cierres totales y parciales en vías departamentales y terciarias, afectando la movilidad de las comunidades campesinas. En Pitalito, varias viviendas resultaron afectadas por vendavales.Emergencias en La Plata, HuilaLa alcaldía municipal declaró la calamidad pública a raíz de las graves emergencias que provocaron el desbordamiento de las quebradas La Azufrada y Museñas, dejando más de 50 familias damnificadas con pérdida total de enseres y varios vehículos afectados por las inundaciones.El alcalde Camilo Ospina, con el apoyo de la Oficina de Gestión del Huila, los cuerpos de Bomberos de varios municipios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, adelantaron el respectivo censo de las familias afectadas, viviendas averiadas tanto urbanas como rurales y un puente destruido por desbordamiento de la quebrada Museñas.Entre tanto, la administración municipal, con la ayuda del Gobernación del Huila, el sector comercio y entidades privadas entregaron alimentos y ayudas de primera necesidad como colchonetas, frazadas, cobijas, ropa a las familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.Balance de emergencias 2026 en HuilaEn lo que va corrido del año 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro de los municipios, reportan 117 familias damnificadas, 135 viviendas urbanas y rurales averiadas, tres sedes educativas afectadas, 99 deslizamientos de tierras en vías principales y terciarias.Según reporte del Ideam, en el Huila los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Paicol, Rivera, Guadalupe, Agrado, Saladoblanco, Elías, se encuentran en alerta roja por eventuales emergencias y deslizamientos de tierra, mientras que, en alerta naranja, están: Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Hobo, La Plata, Nátaga, Palestina, Pital, Pitalito, San Agustín, Teruel, Tesalia, Yaguará e Íquira.
La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, recibió una nueva condena de seis años de prisión por los cargos de reunión y colusión, y un año y medio adicional por conspiración y propaganda contra el Estado, según informó su abogado, Mostafa Nili, a través de la red social X. La medida incluye una sanción que le prohíbe salir del país durante dos años.La nueva condena se produce tras su arresto más reciente, ocurrido en diciembre de 2025, durante el funeral del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, aparentemente relacionado con unas declaraciones públicas que dio la activista tras la sospechosa muerte de un abogado y activista iraní de derechos humanos, según informó un miembro de su equipo al medio de comunicación The Guardian.La familia de Mohammadi denunció que, durante ese procedimiento, se registraron episodios de violencia física, amenazas y golpes que llevaron a la activista al hospital, así como la falta de acceso a asesoría legal y condiciones de detención preocupantes. Estos hechos motivaron llamados internacionales a su liberación por parte de organismos como la Unión Europea, el Comité Noruego del Nobel y Amnistía Internacional, así como pronunciamientos de otras figuras reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, como la líder opositora venezolana María Corina Machado.Mohammadi ha sido detenida en trece ocasiones, condenada en nueve procesos judiciales y ha pasado más de diez años de su vida en prisión. Su encarcelamiento más reciente fue entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, como parte de sentencias que en conjunto superan los 13 años. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estos procesos responden al uso del sistema judicial para castigar la disidencia pacífica.Sobre la nueva condena, la Fundación Narges se pronunció en X y advirtió que dictar sentencias “vengativas” en el marco de juicios injustos constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales y de la dignidad humana. La organización señaló que la privación de derechos fundamentales, junto con la imposición de condenas severas, representa un ejemplo de tortura y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.La fundación alertó, además, que la continua detención ilegal y la presión judicial adicional sobre Mohammadi se producen en un contexto en el que su estado de salud ha alcanzado un nivel alarmante, lo que pone su vida en peligro.La Fundación Narges, que lleva el nombre de la propia Nobel de la Paz, hizo un llamado a las Naciones Unidas, a las instituciones internacionales de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional para que adopten medidas urgentes y decisivas que permitan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Irán.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Alexander Mora Mora, señalado de estafar a los ciudadanos mediante falsas ofertas de adjudicación de Viviendas de Interés Social (VIS) en Villavicencio, Meta. Según el ente acusador, el hombre se hacía pasar como líder religioso y como funcionario de entidades gubernamentales, con el propósito de ganarse la confianza de las víctimas y persuadirlas.De acuerdo con la investigación, entre los años 2022 y 2025 el procesado habría convencido, por lo menos, a 34 personas de entregarle diferentes sumas de dinero con el fin de acceder a un supuesto cupo que les garantizaría la adquisición de una casa nueva en proyectos de urbanización que, aparentemente, se abrirían en distintas zonas de la ciudad.La Fiscalía estableció que, a través de este mecanismo, el hombre habría recibido más de $22 millones. Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que el procesado, “mediante la ejecución de maniobras engañosas exigió y recibió dinero en provecho suyo a sus 34 víctimas determinadas, quienes fueron inducidas en error, recibiendo un total de 22 millones 379 mil pesos aproximadamente, actuando dolosamente y sin justa causa”.Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta presentó al señalado ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo. El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga programó para este 9 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia de sentido de fallo contra Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, procesado por presuntos delitos sexuales contra deportistas.De acuerdo con la citación judicial, Vega Blanco deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos relacionados con denuncias presentadas por varias atletas que aseguraron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.Durante el proceso, las deportistas señalaron que el entrenador habría aprovechado su posición de autoridad para cometer abusos y mantenerlas bajo amenazas. El caso ya había tenido antecedentes disciplinarios: en 2022 la Federación Colombiana de Atletismo lo sancionó con cinco años de suspensión, tras hallarlo responsable de conductas de violencia sexual, física y de género.Puesto que aprovechaba su posición de autoridad para cometer abusos repetidos, manteniendo a las jóvenes bajo amenazas y manipulación. Las denuncias fueron presentadas por varias atletas, entre ellas Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes relataron episodios de tocamientos indebidos y violencia durante entrenamientos y competencias nacionales e internacionalesSin embargo, en la justicia penal el trámite ha estado marcado por demoras. Según las víctimas, la audiencia de juicio fue aplazada en repetidas ocasiones, lo que prolongó la espera por una decisión judicial. “Nos han dejado completamente solas y él sigue dilatando los juicios”, expresó una de las denunciantes.Una de las víctimas, tras recibir la citación para la audiencia programada este 9 de febrero, afirmó: “Lo único que pido es que se haga justicia y que el acompañamiento lo brinden la Procuraduría y la Defensoría, como se habían comprometido. A él lo vemos en la calle, en supermercados, como si nada, y supuestamente tiene casa por cárcel, mientras nosotras sí llevamos años de traumas y tratamientos por culpa de él”.La diligencia de este lunes corresponde al sentido de fallo, etapa en la que el juez anuncia si el acusado es condenado o absuelto con base en las pruebas y testimonios presentados durante el juicio. Posteriormente, de ser hallado culpable, se fijará la pena en una audiencia de lectura de sentencia.Las víctimas y sus familias esperan que esta decisión marque un paso definitivo hacia la justicia y la reparación.El caso sigue generando polémica y preocupación en el deporte colombiano, al evidenciar la brecha entre sanciones disciplinarias en federaciones y la efectividad de la justicia penal, así como la vulnerabilidad de las atletas frente a abusos cometidos por entrenadores. Las víctimas y organizaciones defensoras del deporte seguro continúan exigiendo una sentencia judicial que garantice justicia y reparación integral.
La ola invernal continúa generando emergencias en Colombia, con más de 100 municipios afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas. Aunque enero y febrero suelen ser meses de baja precipitación, este año el país enfrenta un comportamiento climático inusual, explicado por una combinación de fenómenos atmosféricos, según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry.En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que “históricamente, el mes de enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para la región Caribe y la región Andina”, pero aclaró que en 2024 se presentó “una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos”. Entre ellos, mencionó condiciones asociadas a La Niña a finales del año pasado, que aunque no se consolidaron oficialmente, sí favorecieron la ocurrencia de lluvias continuas.Lluvias consecutivas y frentes fríosEcheverry explicó que el impacto no se debe a un solo evento, sino a la acumulación de varios. “Hemos tenido lluvia tras lluvia por diferentes fenómenos, pero de manera continua, y eso por supuesto exacerba los efectos”, afirmó. A esto se sumaron dos frentes fríos que generaron los picos más altos de precipitación. “Nuestros registros indican que los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”, precisó, calificando la situación como “bastante inusual”.La directora del Ideam indicó que estos frentes fríos, aunque no llegan directamente a Colombia, sí influyen en los vientos y la nubosidad. “Esa incidencia hace que se aumenten las lluvias en el territorio nacional”, explicó, detallando que se rompieron récords de precipitación en varios municipios del Caribe.Alertas vigentes y respuesta hidrológicaSobre la situación actual, Echeverry confirmó que persisten los efectos del segundo frente frío. “Quedó un coletazo, un rezago que todavía nos está trayendo lluvias”, señaló, advirtiendo sobre posibles picos en el embalse de Urrá y el aumento del caudal del río Sinú. En ese sentido, recordó que “la respuesta hidrológica no es inmediata, hay un rezago entre la lluvia y el aumento del caudal”.Asimismo, el Ideam mantiene alertas meteomarinas. “Seguimos en una alerta naranja para el archipiélago y para la costa Caribe”, indicó, aclarando que estas se actualizan diariamente y que las decisiones operativas corresponden a las autoridades territoriales.Pronóstico para las próximas semanasDe acuerdo con los modelos climáticos, las lluvias continuarán durante la segunda semana de febrero, aunque con menor intensidad. “No estamos esperando unos picos como los de la semana pasada”, afirmó Echeverry. Hacia finales del mes, se prevé una disminución y un retorno a condiciones más típicas de la época, antes de la transición a la primera temporada de lluvias en marzo.Escuche la entrevista completa acá:
El Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de jugadores que revisan sus resultados a diario.Número ganador del Sinuano Día hoyEl número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 8 de febrero de 2026 es el 7642 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 7642Dos últimas cifras: 42Tres últimas cifras: 642La quinta: 1Últimos sorteos de Sinuano DíaSorteoFechaResultadoSinuano Día7 de febrero 20265852 - 5Sinuano Día6 de febrero 20268866 - 0Sinuano Día5 de febrero 20262996 - 6Sinuano Día4 de febrero 20264195 - 6Sinuano Día3 de febrero 20269230 - 0Sinuano Día2 de febrero 20267063 - 6Sinuano Día1 de febrero 20260905 - 5Sinuano Día31 enero 20260297 - 9Sinuano Día30 enero 20263548 - 6Sinuano Día29 enero 20268047 - 6¿A qué hora juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la difusión ha fortalecido la confianza de los jugadores en este reconocido chance del Caribe colombiano.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEste juego ofrece varias formas de participar, adaptadas a distintos presupuestos y estilos de apuesta:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad convierte al Sinuano Día en una alternativa versátil tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Con este proceso, el Sinuano Día garantiza pagos seguros y transparentes, reafirmando su posición como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.
La emergencia por inundaciones en Córdoba sigue dejando miles de damnificados. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 17.000 familias en 17 municipios del departamento han resultado afectadas tras el aumento en los caudales de los ríos, provocado por un frente frío atípico que se ha visto intensificado por los efectos del cambio climático.Las lluvias persistentes han generado desbordamientos, pérdida de viviendas, daños en vías y serias afectaciones a comunidades rurales y urbanas. Uno de los puntos críticos es el municipio de San Pelayo, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria en medio de un panorama marcado por el barro, el agua estancada y el riesgo constante.En ese escenario, las operaciones en terreno son lideradas por la subteniente Isabel Rodríguez Arcila, una oficial de 25 años que está al frente de un pelotón de 30 soldados rescatistas desplegados para atender a la población afectada. Rodríguez, oriunda de Envigado, Antioquia, comanda las maniobras en una de las emergencias climáticas más complejas que ha vivido la región en los últimos años.Desde las zonas inundadas, la oficial coordina rescates, supervisa trabajos de remoción de lodo y escombros y acompaña de manera permanente a su personal, en jornadas que se extienden durante horas bajo la lluvia. Su pelotón cuenta con formación en rescate acuático, apoyo en alojamientos temporales y labores de ingeniería básica, claves para mitigar el impacto de la emergencia.“Estar al mando de este pelotón representa un honor y una gran responsabilidad. Nuestra misión es apoyar a la comunidad y responder en los momentos más difíciles”, señaló la subteniente, mientras continúan las labores en el municipio.El caso de San Pelayo refleja no solo la magnitud de la emergencia que enfrenta Córdoba, sino también el papel que vienen asumiendo mujeres en operaciones de alto riesgo y responsabilidad, especialmente en contextos humanitarios.Mientras las lluvias siguen afectando distintas regiones del país, las autoridades mantienen activos los planes de atención y respuesta, en una carrera contrarreloj para evitar nuevas tragedias y atender a las comunidades que hoy permanecen rodeadas por el agua.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido su reporte oficial de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. Eel informe detalla un panorama de contrastes climáticos que afectan diversas regiones del territorio colombiano, combinando amenazas por incendios forestales en el norte y oriente con riesgos críticos de deslizamientos e inundaciones en el occidente y centro del país.Estado del tiempo en las capitales colombianasPara las próximas 24 horas, las condiciones en las principales ciudades del país muestran una transición entre la humedad persistente y periodos de tiempo seco. En la región Caribe, Barranquilla registrará un cielo de parcial a mayormente nublado, con una temperatura máxima de 34 °C y "probables lloviznas sectorizadas durante la tarde". Por su parte, en Cartagena, se espera una jornada similar con lloviznas ocasionales y temperaturas que alcanzarán los 32 °C.En el interior del país, Medellín presentará mayor nubosidad con lluvias ligeras sectorizadas hacia la tarde, manteniendo una máxima de 27 °C. Tunja permanecerá con un cielo mayormente nublado pero con prevalencia de tiempo seco y una temperatura máxima de 19 °C. En el oriente, Bucaramanga tendrá precipitaciones ligeras durante la mañana, con una tendencia a tiempo seco para el resto del día y una máxima de 28 °C. Finalmente, en Cali, se prevén lloviznas matutinas seguidas de condiciones secas y una temperatura de 29 °C.Alertas críticas: Deslizamientos e incendiosLa situación de riesgo por fenómenos naturales es uno de los puntos más preocupantes del informe. Según el Ideam, "en total, 455 municipios se encuentran en algún nivel de alerta" por deslizamientos de tierra en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. La gravedad se concentra en 77 municipios con alerta roja, donde el departamento del Chocó lidera la lista con 16 municipios en riesgo extremo, seguido por Cauca y Huila con 13 cada uno, y Nariño con 10.Contrariamente, el riesgo de incendios de la cobertura vegetal persiste en otras zonas. Se reportan 54 municipios en alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonia y Orinoquía. De estos, cinco se encuentran en alerta roja, con una incidencia particular en el departamento de Casanare (3 municipios), así como en Cundinamarca (1) y Vichada (1).Panorama hidrológico y meteomarinoLas cuencas hidrográficas también presentan niveles de alerta significativos. En el área Magdalena-Cauca se han identificado "siete (7) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, cuarenta y un (41) naranjas y cincuenta y siete (57) amarillas" por posibles inundaciones o crecientes súbitas. La región del Pacífico no se queda atrás, con nueve alertas rojas vigentes, mientras que en la Amazonía predominan las alertas amarillas.En cuanto a las condiciones marítimas:Mar Caribe: Existe alerta naranja en la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje.Pacífico colombiano: Se mantiene la alerta naranja por tiempo lluvioso en las zonas centro y sur, además de alerta amarilla por pleamar.Comportamiento de las lluvias y pronóstico en BogotáEn las últimas horas, se ha observado una persistencia de nubosidad en el Pacífico y la región Andina, con lluvias fuertes registradas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Para el resto del día, se espera que las lluvias de mayor consideración se concentren en Vaupés, Amazonas y el occidente de Boyacá.En la capital de la República, Bogotá, el Ideam pronostica una mañana seca con cielo nublado. No obstante, "en horas de la tarde, son esperadas lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad", con una temperatura máxima estimada de 20 °C. Durante la noche se prevé el retorno de condiciones mayormente secas.
Las autoridades de Caldas ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el triple homicidio registrado en las últimas horas en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente del departamento.El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, informó que el crimen ocurrió al interior de una vivienda ubicada cerca del río Guarino. En el lugar fueron hallados tres cuerpos con múltiples impactos de arma de fuego.De acuerdo con la información oficial, las víctimas eran hermanos. Las autoridades lograron establecer que se trata de Damián, Marco Tulio y Lorenzo López Osorio, con edades entre los 30 y 35 años.Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, convocó a un consejo extraordinario de seguridad, con el objetivo de articular acciones y avanzar en la investigación.Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios claros sobre los responsables ni sobre el móvil que habría originado la masacre.Los cuerpos permanecen en la morgue de Medicina Legal de Marquetalia y se espera que entre hoy y mañana en la mañana sean entregados a sus familiares para las exequias.El crimen se registró en una zona de difícil acceso, ubicada a una hora y media del casco urbano del municipio.En Caldas, este fin de semana que acaba de pasar, asesinaron a cinco personas. Además de los tres hermanos de Marquetalia, en Neira y Victoria también ocurrieron homicidios.
Una particular historia generó conmoción en el territorio colombiano tras lo trágico del suceso. Un joven de 25 años perdió la vida mientras realizaba un ascenso en la parte alta del Parque de los Nevados, entre Quindío y Tolima.La víctima, identificada como Kevin Hernando Bocanegra, se encontraba de excursión con su novia Jois Ramírez y su suegra Julieth Ordóñez desde el 28 de diciembre de 2024 en esta zona. Provenían de Bogotá y, finalmente, el joven perdió la vida el 31 de diciembre del mismo año por complicaciones de salud que estarían relacionadas con el sistema respiratorio.Novia y suegra de Kevin Bocanegra revelan estremecedores detallesLuego de que Kevin quedara sin oxígeno y sus pulmones colapsaran en la cima del Nevado del Tolima, múltiples señalamientos despertaron un entramado de dudas y acusaciones sobre los presuntos responsables de esta lamentable muerte.La noticia se transformó rápidamente en un hecho nacional y la ola de acusaciones contra Parques Nacionales, contra el guía y contra las dos mujeres por una supuesta negligencia no tardó en llegar. Ahora, tras más de un año del suceso, madre e hija hablaron en los Informantes. “Pequé por ignorante; le confié mi vida a una tercera persona y solamente uno es responsable de su propia vida”, reflexiona hoy Jois.Según lo revelado por la misma Jois, en noviembre de 2024 comenzaron a entrenar para luego unirse al grupo de 10 personas que subiría la exigente montaña, sin imaginar que Kevin no regresaría nunca más. Al llegar al Parque Los Nevados, los problemas empezaron: “No había un guía al mando y cada quien caminaba por su lado”, comentó. Desde el 29 de diciembre, Kevin empezó a sentir síntomas de lo que parecía una gripa, pero al día siguiente perdió las fuerzas.Adicionalmente, la hidratación era precaria, con solo un litro de agua, sin estufas para derretir nieve y sin pastillas purificadoras. La situación era difícil para Kevin, quien presentaba signos de edema pulmonar.Médico dio diagnóstico fatal: edema cerebralJois y su madre Camila salieron de la carpa sobre la 1:00 de la mañana del 31 de diciembre, luego de que Kevin insistiera y se quedara solo en la carpa. Al regresar, la joven encontró a su novio fuera, negándose a seguir caminando, pero en medio de la discusión con el guía, un extraño líquido amarillo empezó a salir de su nariz.Otro grupo que realizaba la escalada intentó pedir un caballo para extraer a Kevin, quien ya no podía continuar con el ascenso. En ese grupo se encontraba un médico que dio un diagnóstico fatal: “el primero en decir: Kevin está presentando mal de altura y un posible edema cerebral”, relató Jois.Finalmente, las mujeres consiguieron un caballo para bajar a Kevin. Jois y Camila, que llevaban un día y medio sin comer ni beber, sacaron fuerzas para correr detrás de las huellas del animal y no perderse. Sin embargo, durante el descenso, Kevin perdió el conocimiento. Lo que Jois desconocía era que su novio ya había fallecido sobre el caballo. “Fue ver a Kevin envuelto en lonas y amarrado en un establo de caballos. Así terminó mi expedición”, recuerda con dolor.Tras la tragedia, las acusaciones no se hicieron esperar. Las tacharon de “asesinas” y criticaron a Jois por no mostrarse llorando en sus videos.Suegra pensó en quitarse la vidaEn medio del dolor, Jois vivió prácticamente en el cementerio, intentando despedir a su novio. Ver la depresión de su hija llevó a Camila a pensar en quitarse la vida.Ante el difícil momento, Camila decidió experimentar lo que vivió Kevin y viajó hasta Ecuador para subir al volcán Cotopaxi, uno de los más altos de Latinoamérica, donde sufrió el mismo mal que su yerno. Allí, entre alucinaciones, sentía que finalmente se despedía. “Al fondo veo un oso blanco divino y con ese oso estaba Kevin”.Por fortuna, y a diferencia de la primera vez, en esta oportunidad sí estaba acompañada por guías profesionales que la cuidaron y la hicieron descender a tiempo, evitando otra tragedia.“Ese día no solo fallece mi yerno, sino que se lleva una versión de la hija que crié”, concluyó Camila. Hoy, madre e hija buscan encontrar paz tras un evento que las dejó marcadas de por vida.
Tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango por supuestamente agravar las inundaciones en Córdoba al almacenar agua con fines económicos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respondió con firmeza.En entrevista con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, defendió la actuación de las empresas generadoras y aseguró que los embalses “no operan de manera arbitraria ni vierten agua de forma deliberada”, sino que siguen normas técnicas y ambientales estrictas supervisadas por el Estado.“Los embalses destinados a la generación de energía cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar electricidad y reducir los riesgos de inundación bajo reglas estrictas. No existen incentivos económicos para dejar de generar energía o retener agua”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Néstor Morales.“El presidente está mal informado”Las declaraciones de Petro encendieron la polémica al afirmar que las represas se llenan “por intereses económicos” y que el sistema eléctrico favorece a las termoeléctricas de gas, las cuales –según dijo– imponen tarifas hasta “diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas”.Gutiérrez respondió señalando que tales afirmaciones desconocen cómo opera el sistema energético del país. “Creo que el presidente está mal informado, porque cuando un embalse llega a su nivel máximo, los vertimientos se hacen por seguridad, no por decisión discrecional de una empresa o funcionario”, explicó.La presidenta de Acolgen recordó que la generación hidroeléctrica no solo abastece energía, sino que también ayuda a mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos. “Gracias a los embalses, la tragedia por lluvias no ha sido mayor. Urrá ha logrado controlar más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos 26 años”, detalló.El caso Urrá: control, no descontrolPetro acusó particularmente a la hidroeléctrica de Urrá de haber demorado el desembalse controlado de sus aguas, lo que habría favorecido el desbordamiento de los niveles del río Sinú. Frente a esto, Gutiérrez explicó que la región enfrenta “una situación atípica de lluvias exageradas”, con precipitaciones hasta un 1500% superiores a lo esperado.“La descarga fue inevitable, pero se hizo de manera responsable y controlada”, aseguró. “Estas decisiones se toman con criterios técnicos, buscando siempre garantizar la seguridad del embalse y de las comunidades aguas abajo”.Gutiérrez destacó además que la operación de los embalses está sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Públicos y a la legislación ambiental. Cada acción de vertimiento o descarga, subrayó, “debe cumplir protocolos obligatorios para proteger a la población y al ecosistema”.“No hay especulación con las tarifas de energía”Respecto a la denuncia presidencial por una presunta especulación con las tarifas eléctricas, Acolgen aportó cifras para refutarla. Según Gutiérrez, el precio promedio de la energía en bolsa en 2025 fue de 245 pesos por kilovatio/hora, inferior al promedio de los contratos de largo plazo, que se ubicó en 298 pesos.“Durante el 2025, el 78% del tiempo el precio de bolsa estuvo por debajo de los contratos. En lo corrido del 2026, esa cifra ha sido del 86%. En un contexto de mayor hidrología, las hidroeléctricas producen más y ayudan a reducir los precios del mercado, no a subirlos”, puntualizó la dirigente.También aclaró que la escasez de gas natural que afecta al país es un problema distinto, aunque puede coincidir con períodos de menor disponibilidad hídrica. “Hemos alertado que, ante un próximo fenómeno de El Niño, el déficit de gas será mucho mayor, lo que podría impactar la generación termoeléctrica”, advirtió.Lluvias y tensiones en el sector energéticoLas fuertes precipitaciones de comienzos de 2026 han golpeado con especial intensidad al Caribe colombiano, ocasionando inundaciones en municipios de Córdoba y Antioquia. En ese contexto, el presidente Petro ordenó una investigación sobre el papel de los embalses en la creciente del río Sinú y cuestionó la supuesta “codicia” del sector eléctrico.Las hidroeléctricas, por su parte, defienden que su labor ha sido clave para evitar desastres de mayor magnitud. “Los embalses no agravan las emergencias; las mitigan. Son instrumentos de protección, no de riesgo”, insistió Gutiérrez.Un debate que sigue abiertoEl señalamiento presidencial ha reavivado el debate sobre la gestión del agua, la regulación del sistema eléctrico y el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad empresarial. Desde Acolgen aseguran que están dispuestos a rendir cuentas y a seguir cooperando con las autoridades.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido su más reciente balance de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 9 de febrero de 2026. El informe, dibuja un mapa nacional dividido por contrastes climáticos severos: mientras algunas zonas enfrentan riesgos críticos por incendios, una vasta porción del país debe prepararse para la continuidad de las lluvias y fenómenos asociados a la saturación de suelos.De acuerdo con el organismo, se ha observado una "persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia" durante las últimas horas, lo que mantiene activos los protocolos de emergencia en diversos departamentos.Departamentos bajo la lupa: ¿Dónde lloverá más?Para las próximas 24 horas, la entidad técnica advierte que la concentración de humedad se mantendrá especialmente fuerte en la región Pacífica, el occidente de la región Andina y el suroriente de la Amazonia. Esto significa que los ciudadanos en estas áreas no deben bajar la guardia ante posibles eventos climáticos de consideración.Según el reporte oficial, las "lluvias de mayor consideración" se ubicarán en los siguientes departamentos:ChocóValle del CaucaCauca y NariñoQuindío y RisaraldaOccidente de Boyacá y CundinamarcaTolima, Vaupés y AmazonasAdicionalmente, se esperan precipitaciones con volúmenes moderados en sectores de Antioquia, Caldas, los santanderes y el occidente de Meta. Esta situación contrasta con el Caribe y la Orinoquía, donde se prevén condiciones mayormente secas, a excepción de lluvias ligeras hacia el sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.Alertas por deslizamientos e inundaciones: Cifras de preocupaciónLa preocupación de las autoridades no solo radica en la caída de agua, sino en la inestabilidad de los terrenos. En total, 455 municipios colombianos se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De esta cifra, 77 municipios están bajo alerta roja, lo que representa una amenaza inminente para la infraestructura y la vida.Los departamentos más vulnerables por riesgo de remoción en masa son:Chocó: Con 16 municipios en alerta roja.Cauca y Huila: Con 13 municipios cada uno en nivel crítico.Nariño: Con 10 municipios afectados.En materia hidrológica, la situación es igualmente compleja. El área hidrográfica del Magdalena-Cauca reporta siete alertas rojas y cuatro rojas puntuales por inundaciones y crecientes súbitas. En la región del Pacífico, se contabilizan nueve alertas rojas, mientras que en el Caribe la cifra asciende a ocho.Pronóstico para las principales ciudadesEl comportamiento del clima en los centros urbanos también presentará variaciones importantes que afectarán la movilidad y las actividades diarias:Bogotá: Se espera una mañana seca pero con cielo nublado. No obstante, para la tarde se prevén "lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad" con una temperatura máxima de 20°C.Medellín: La capital antioqueña tendrá mayor nubosidad y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde, alcanzando los 27°C.Cali: Aunque el día podría iniciar con lloviznas, se esperan condiciones secas para el resto de la jornada.Barranquilla y Cartagena: Ambas ciudades mantendrán cielos nublados. En Barranquilla se estiman lloviznas sectorizadas (34°C), mientras que en Cartagena serán ocasionales (32°C).Riesgos marinos e incendios: el otro lado de la monedaEl informe no solo destaca el exceso de agua. En el Mar Caribe, se ha emitido alerta naranja para la parte occidental y suroccidental debido a la velocidad del viento y la altura del oleaje. En el Pacífico central y sur, la alerta naranja responde a tiempo lluvioso.Por otro lado, la sequía no da tregua en zonas específicas. Un total de 54 municipios están en alerta por incendios forestales, principalmente en las regiones Andina y Caribe. Casanare es el departamento más golpeado en este rubro, con tres municipios en alerta roja, seguido por Cundinamarca y Vichada.Este reporte del IDEAM subraya la necesidad de que los comités locales de gestión del riesgo y la ciudadanía en general mantengan activos los planes de contingencia, especialmente en los departamentos con saturación de suelos y niveles de alerta roja vigentes.
Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia, una estrategia diseñada para garantizar el desarrollo seguro de los procesos electorales en el país. El dispositivo contempla la protección de 5.537 puestos de votación en todo el territorio nacional y busca prevenir cualquier alteración al orden público durante las jornadas electorales.Con esto, las Fuerzas Militares mantendrán operaciones de control, estabilización y presencia institucional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad. Este despliegue se desarrolla en coordinación con la Policía, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles en los niveles nacional, regional y local.El dispositivo de seguridad cubre la primera etapa del proceso electoral, que incluye las elecciones previstas para el 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio, en caso de que esta última fecha se lleve a cabo. Para el cumplimiento de la misión, las FFMM activaron capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales.Entre los recursos desplegados se encuentran vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, así como un robusto componente de inteligencia militar, orientado a anticipar riesgos y neutralizar amenazas contra el proceso democrático.Como parte del fortalecimiento operacional, el Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 21.000 soldados del Ejército y 1.075 infantes de marina de la Armada, para un total de 22.075 hombres y mujeres, lo que incrementa la cobertura y el nivel de alistamiento durante las elecciones.Las Fuerzas Militares precisaron que la dinámica operacional se mantiene con total normalidad y que las unidades no comprometidas directamente con el Plan Democracia continuarán ejecutando operaciones ofensivas permanentes contra los grupos armados organizados que amenazan la seguridad y estabilidad del país.Adicionalmente, los uniformados participan de manera activa en los Puestos de Mando Unificados (PMU) en los niveles nacional, regional y local, permitiendo la verificación de información en tiempo real y la toma de decisiones oportunas frente a cualquier eventualidad. Para la ejecución del Plan Democracia, el Gobierno asignó un presupuesto cercano a los 150.000 millones de pesos, destinado a garantizar los medios, capacidades y recursos necesarios para el cumplimiento de esta misión constitucional.
Un triple homicidio se registró en la tarde de este domingo en una vivienda ubicada en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente de Caldas, sector limítrofe con el departamento del Tolima.De acuerdo con la información preliminar, hombres armados asesinaron a tres personas al interior del inmueble. En horas de la noche, técnicos en criminalística realizaron la inspección judicial de los cuerpos.Aunque el crimen ocurrió en la tarde, las autoridades tuvieron conocimiento del hecho varias horas después debido a la lejanía del sector, ubicado a cerca de hora y media del casco urbano.Según los primeros reportes, un familiar de las víctimas fue quien dio aviso a la Policía, lo que permitió el desplazamiento de las autoridades hasta el lugar.Las autoridades adelantan labores para establecer la identidad de las víctimas y determinar los móviles de este triple homicidio. El caso es materia de investigación por parte de los organismos judiciales.
Por medio de un comunicado, la campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón rechazó un presunto acto de terrorismo en el Municipio de El Zulia, Norte de Santander, en inmediaciones del Puente Mariano Ospina Pérez, donde fue incendiada una de sus vallas publicitarias."Este hecho constituye un ataque contra la democracia, la libre participación política y el derecho de los ciudadanos a elegir sin intimidaciones", se lee en el documento.Además, aseguraron que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar ideas ni candidaturas en medio de este ambiente electoral. Señalaron que el país debe rechazar que grupos armados y estructuras ilegales pretendan imponer miedo por medio de estas acciones.Por su parte el precandidato Pinzón aseguró que “este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden. No nos van a intimidar, Estos criminales me tienen miedo porque saben que voy a traer la seguridad al país. Colombia merece vivir sin terror y sin chantajes de grupos criminales”.Finalmente, la campaña hizo un llamado a las autoridades para que investiguen este hecho y así garantizar la seguridad en la región y proteger el libre ejercicio democrático de todos los candidatos y ciudadanos."A los terroristas que están en estas actividades les digo, no les tenemos miedo, y en cambio sé que nos tienen pánico. Por eso vamos a actuar, y vamos a actuar con decisión para recuperar para el pueblo colombiano la autoridad, el orden, la seguridad y la posibilidad de vivir sin miedo. Colombia merece un país con cero tolerancia al crimen, con cero impunidad", concluyó el precandidato Pinzón.
Dos resoluciones firmadas el 31 de diciembre de 2025 por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una serie de movimientos en la cúpula operativa de la Policía Nacional. Los actos administrativos, que ordenan el traslado de varios coroneles, implican cambios en direcciones, comandos departamentales y metropolitanos que marcan un reacomodo de mandos con impacto directo en áreas como protección, investigación criminal, servicio de policía y control territorial.Uno de los movimientos más relevantes es el del coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien deja el Departamento de Policía Antioquia para asumir como director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, una dependencia estratégica encargada de la seguridad de personas, instalaciones y eventos de alto riesgo. En contraste, desde esa misma dirección sale el coronel Luis Roberto González Olmos, quien es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), área clave en la lucha contra el crimen organizado y las redes transnacionales.La Dijín, a su vez, registra otro cambio importante: el coronel Juan Carlos Sierra Pineda deja esa dependencia y pasa a comandar la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una de las jurisdicciones más complejas del país por su peso urbano y sus indicadores de criminalidad. En el ámbito metropolitano también se destaca el traslado del coronel Héctor Daniel García Acevedo, quien sale de trabajar en la Dirección General de la Policía para asumir funciones en la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Antioquia concentra varios de los ajustes. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán es designado comandante de la Policía en el Departamento. A estos movimientos se suma el del coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, quien deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para integrarse al Departamento de Policía Cauca, una región priorizada por los retos de orden público y presencia de grupos armados ilegales.En el plano nacional, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía también cambia de mando con la llegada del coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, proveniente de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial. Este relevo apunta a fortalecer la articulación del servicio policial en territorio y su coordinación con estándares y experiencias internacionales.Las resoluciones incluyen, además, nuevos nombramientos en direcciones administrativas y comandos regionales. El coronel Luis Carlos Romero Galvis pasa de la Dirección de Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, mientras que el coronel John Ánderon Vargas Izao es trasladado desde Protección y Servicios Especiales para asumir como comandante del Departamento de Policía Tolima. Por su parte, el coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa queda al frente del Departamento de Policía de la Sabana.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La violencia en la región del Catatumbo entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que comenzó hace un año, dejó más de 100.000 personas desplazadas en 2025, denunció este jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados."Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la crisis humanitaria", afirmó el director de país del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.Según esa organización, la población del Catatumbo, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.Eso ha provocado que más de la mitad de su población se haya desplazado, por lo que "para quienes buscan retornar, es vital que se garantice la seguridad en sus comunidades de origen", expresó Rizzo.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.Hace un año, el 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias de las Farc, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas, lo que sumió a la región en una grave crisis humanitaria.Esta disputa provocó además la muerte de cerca de un centenar de personas el año pasado.En ese sentido, el Consejo Noruego de Refugiados manifestó que 12 meses después de que el conflicto en el Catatumbo se intensificara, la disputa entre los grupos armados no da tregua.Una mujer que tiene cuatro hijos contó al NRC que tuvo que decirle a sus niños "que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban"."No puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día", agregó la mujer.Para evitar que esta situación se prolongue, el NRC pidió a los actores armados cesar los ataques contra la población civil y respetar el derecho internacional humanitario (DIH)."Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos", expresó Rizzo, quien explicó que "lejos de ofrecer protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y aumentan su vulnerabilidad".
En entrevista con Mañanas Blu, Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó que Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, la red internacional que agrupa a 180 unidades de inteligencia financiera en el mundo, para solicitar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el país desde mediados de 2024.“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten esa suspensión del grupo”, declaró Lemus en diálogo con Néstor Morales. El funcionario señaló que la misión hace parte de una gestión directa encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad al frente de la DNI tras desempeñarse temporalmente en la UIAF.La suspensión de Colombia en el Grupo EgmontEl Grupo Egmont es un organismo internacional que permite el intercambio de información financiera confidencial entre los países miembros, con el propósito de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En 2024, Colombia fue suspendida temporalmente del grupo por presuntas violaciones a los protocolos de manejo de información clasificada, tras un episodio que involucró una revelación pública del presidente Petro.En octubre de ese año, el mandatario mencionó haber recibido información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel, la cual habría sido compartida sin el debido proceso de depuración y reserva. Según explicó Lemus, el incidente no se debió estrictamente a una imprudencia presidencial, sino a una falla interna de la UIAF en el manejo y filtrado de los datos.“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como se pasó”, reconoció el funcionario. Añadió que el error consistió en haber remitido al presidente un informe completo y sin procesar proveniente de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA), que posteriormente fue mencionado públicamente.Lemus admitió que la responsabilidad directa recae sobre la misma entidad, bajo la dirección anterior de Luis Fernando Llinás. “Desafortunadamente sí fue una falla de la UIAF, que es la que debe asesorar al presidente sobre la reserva de la información”, dijo. No obstante, enfatizó que su objetivo no es “echar a nadie a la hoguera”, sino implementar medidas que corrijan las fallas estructurales del sistema.Entre las acciones adoptadas, Lemus anunció un nuevo decreto que regulará la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales. “El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó. Este documento será parte del plan de acción que presentará Colombia para recuperar su membresía.El exdirector precisó que el propósito del Gobierno es lograr el levantamiento de la sanción en un periodo estimado de tres meses, siempre que el grupo evalúe positivamente las medidas correctivas. “Ese es mi objetivo. No de inmediato, pero sí rápido, en tres meses que nos levanten”, afirmó.Reajuste institucional en la inteligencia colombianaDurante la entrevista, Lemus confirmó además que Isaac de León Beltrán dejó su cargo en la UIAF luego de su llegada como director encargado. “Cuando llegué a la UIAF como encargado, le acepté la renuncia. Por eso fue que salió a hablar, como suele pasar cuando se retiran funcionarios”, relató. También aseguró que no tuvo participación en un supuesto convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados, tema que señaló desconocer totalmente.El saliente director cerró su intervención reafirmando su compromiso con recuperar la credibilidad internacional de Colombia en materia de inteligencia financiera. “Se cometieron fallas, pero hay un plan de acción. Vamos a demostrar que el país mantiene su respeto por la confidencialidad y las normas internacionales”, puntualizó.La presentación del plan en Tanzania marcará, según Lemus, el primer paso concreto para que Colombia vuelva a ocupar su lugar en el corredor global de cooperación contra los delitos financieros.
El hasta ahora director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, confirmó su salida del organismo para asumir en propiedad como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Lemus aclaró que su relevo no responde a una destitución ni a ninguna controversia interna, sino a una decisión del presidente encaminada a fortalecer la lucha contra el delito financiero en el país.“La renuncia se da porque el Presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.De la inteligencia nacional a la financieraEl funcionario, que había asumido la dirección de la DNI en calidad de encargado desde agosto de 2024, señaló que el cambio obedece a una reorganización estratégica del Gobierno Nacional. A su juicio, tanto la DNI como la UIAF son entidades de “máxima relevancia” dentro del aparato estatal por su papel en la seguridad y la transparencia económica del país.“Ambas son muy importantes. La DNI es estratégica, pero la UIAF toca el motor de la violencia y el narcotráfico: la plata”, afirmó. Lemus explicó que sus responsabilidades al frente de los dos organismos coexistían en el marco de la Ley 1621 de 2003, norma que regula la actividad de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo simultáneo en dos frentes de alta exigencia resultaba insostenible. “Estar encargado de dos cargos de esta naturaleza no es viable. Por eso el Presidente me pidió concentrarme en la UIAF”, agregó.Las versiones sobre su salida y el caso BarranquillaDurante la entrevista, Lemus desmintió que su salida de la DNI estuviera relacionada con el reciente traslado de jefes de bandas criminales hacia Barranquilla. El exdirector aseguró que su intervención en este asunto se limitó a frenar un movimiento de internos ordenado por el INPEC, en el marco de acercamientos entre el Estado y grupos delictivos para reducir la violencia urbana.“Nosotros hicimos una conversación de acercamiento con las bandas de los Pepes y los Costeños. Logramos una tregua que bajó los homicidios en un 50% en Barranquilla”, detalló. “Cuando me enteré de los traslados, pedí al Ministro de Justicia y al INPEC que los suspendieran, porque no era el momento adecuado”, sostuvo el exdirector, quien negó que el comandante del proceso de paz tuviera incidencia en el hecho.Lemus confirmó además que esa mediación con las bandas continúa en curso, con una reunión prevista antes del 20 de enero para mantener la tregua pactada: “Se están haciendo las gestiones logísticas para instalar la mesa de diálogo y consolidar el proceso con los grupos armados en el Atlántico”, aseguró.Relevo en la Dirección Nacional de InteligenciaEl funcionario confirmó que René Guarín asumirá desde esta semana la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras él completa el empalme hacia la UIAF. Sobre la continuidad del equipo directivo en la entidad, Lemus explicó que no ha solicitado renuncias, pero anticipó movimientos administrativos habituales en estos procesos.“Hasta ahora nadie se ha ido, pero es normal que muchos presenten su renuncia protocolaria y el nuevo director decida quiénes siguen”, comentó. Consultado por las críticas en torno al subdirector Wilmar Mejía, implicado en un escándalo de presunta infiltración de disidencias en la inteligencia estatal, Lemus aclaró que el funcionario se encuentra suspendido por la Procuraduría. “Su continuidad dependerá del resultado de esa suspensión y de la decisión del Presidente”, puntualizó.El exdirector aclaró, además, que Mejía no fue vinculado por él sino por su antecesor, Carlos Ramón González: “Yo no lo traje a la DNI. Sin embargo, lo propuse al Presidente en su momento porque era un hombre muy bueno en su trabajo, sobresaliente en los cursos de inteligencia”, dijo.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se suma la solicitud del mandatario al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien le pidió la carta de renuncia.Florián se sumaría a la renuncia de Angie Rodríguez, quien también dejó su cargo en las últimas horas.La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Por su parte, el presidente Gustavo Petro también le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025.Con la salida de Florián, se esperan nuevos movimientos en el gabinete a tan solo siete meses de terminar el Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumple con esa condición.