Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El bus en el que se desplazaba la mujer habría salido de la ciudad de Bogotá y se dirigía a la capital del departamento del Meta.Un lamentable hecho enluta una familia en pleno diciembre, luego de que un bus de la empresa Morichal chocara fuertemente contra una de las barandas del puente vehicular sobre la quebrada Coloradita en el kilómetro 73+500.El grave accidente de tránsito dejó como saldo una mujer sin vida que se desplazaba como pasajera y quien presuntamente por el impacto contra las barandas del puente habría fallecido.Cuatro pasajeros resultaron heridos, los cuales fueron evacuados por puertas y ventanas tras el fuerte impacto que generó la colisión del vehículo de transporte de pasajeros, los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente por el personal médico.La policía de tránsito y transportes inicia las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que deja como saldo una mujer fallecida y cuatro personas heridas.Las autoridades hacen un llamado contundente a los conductores para que respeten las normas de tránsito y respeten los límites de velocidad.
Desde 1968 en Sinaloa, México, apareció una de las bandas más iconicas del regional mexicano que ha transcendido su música en toda Latinoamérica. Los Tigres del Norte le han dado vida a canciones como "Ni Parientes Somos", "La Mesa del Rincón", "La Puerta Negra", "Pedro y Pablo", entre otras, que han conectado con miles de personas en Colombia.Ahora, la leyenda viva de la música norteña: Los Tigres del Norte, volverán a rugir en Colombia con una cita histórica con su regreso al estadio El Campín en 2026. En entrevista con Blu Radio, la agrupación mexicana compartió su emoción por volver al emblemático escenario bogotano, reafirmando los lazos culturales que unen a México y Colombia.El Campín, una casa para Los TigresDurante la entrevista, la agrupación expresó el profundo significado que tiene presentarse en El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos de América Latina. “Estamos muy contentos, significa mucho para nosotros poder regresar al Campín. Ya estuvimos hace algún tiempo ahí, pero ahora regresamos Los Tigres del Norte con nueva música”, afirmó uno de los integrantes, destacando que esta presentación será una verdadera celebración con el público colombiano.Para Los Tigres del Norte, Colombia ha sido un pilar fundamental en su trayectoria internacional. “Durante muchos años, Colombia ha catapultado a Los Tigres del Norte a muchos otros países de Latinoamérica. Este país lo consideramos como nuestra segunda casa”, dijeron.La cita está pactada para el 7 de noviembre de 2026, una fecha que, según los miembros de la agrupación, estará llena de sorpresas y estrenos. “Estamos preparando algo muy bonito. Vamos a tener canciones nuevas, vamos a tener muchas sorpresas que se van a dar para ese momento”, adelantaron, con la promesa de entregar un espectáculo inolvidable.Precios de Los Tigres del Norte en BogotáPalco Hospitality: $14.900.000 / $19.900.000Palco Jefe de Jefes: $8.900.000 / $10.900.000Palco La Banda del Carro Rojo: $6.900.000 / $8.490.000Palco Ni Parientes Somos: $5.900.000 / $6.900.000Palco Reina del Sur: $4.900.000 / $5.900.000Palco Golpes en el Corazón: $3.900.000 / $4.890.000Palco Pedro y Pablo: $2.900.000 / $3.490.000Palco La Mesa del Rincón: $1.900.000 / $2.375.000Palco Señor Locutor: $900.000 / $1.125.000Occidental Baja: $225.000 / $280.000Occidental Alta: $195.000 / $240.000Occidental Alta VIP: $210.000 / $262.500Oriental Baja: $149.000 / $179.000Oriental Alta: $129.000 / $149.000Norte Alta: $119.000 / $139.000Gramilla: $89.000 / $109.000Colombia, la segunda casaLa banda llenó de elogios al público colombiano, que ha sido clave en su internacionalización. “El público colombiano siempre es muy alegre, grita, avienta la cerveza para arriba, le gusta tomar, pide canciones, baila. Desde la primera vez que vinimos nos han demostrado un cariño muy grande”, destacaron.Además, revelaron que no tienen una ciudad favorita, porque: “Colombia entera es una maravilla del mundo (...) Hasta las carreteras, cuando vas por ahí, hay paisajes muy bonitos, restaurantes en la orilla... aquí encuentras de todo", expresaron.El regreso de la banda al Campín se enmarca en un momento de auge global para la música mexicana: “México está mucho más presente en la música, llenando estadios. Todos los artistas están en las principales listas, y nosotros llevamos décadas poniéndolos a cantar”.
El candidato presidencial Roy Barreras, exsenador de la República, lanzó una denuncia directa sobre presiones armadas en zonas rurales del país que, según dijo, buscan incidir en las próximas elecciones.En una entrevista con Blu Radio, Barreras centró su mensaje en lo que considera una falla estructural de la política de “paz total” y en los riesgos que, a su juicio, hoy enfrenta la democracia en territorios donde los grupos armados mantienen control social y armado.Elecciones en Colombia y denuncias de constreñimiento electoralBarreras aseguró que acaba de llegar de regiones como Caquetá y que lo que encontró fue una ciudadanía agotada por la violencia y la extorsión. “La gente está mamada de la extorsión, mamada. Hasta a los médicos los están extorsionando”, afirmó al relatar lo que escuchó en territorio.Pero la advertencia más sensible estuvo relacionada con el proceso electoral. El candidato denunció que grupos armados estarían forzando inscripciones masivas de cédulas en zonas rurales bajo su control. “No solamente están intentando someter el territorio, sino someter la democracia”, dijo textualmente al describir lo que ocurre, según él, en puestos de votación rurales de Cartagena del Chairá y San José del Donello.Barreras pidió de manera directa al registrador nacional y a las autoridades electorales que anulen esas inscripciones, conocidas como trashumancia electoral. “Que trasladen esos puestos electorales a las ciudades capitales donde los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho y no con un fusil en la nuca”, reclamó.Seguridad, paz total y control territorialEl candidato fue especialmente crítico con el enfoque actual de los diálogos con grupos armados ilegales. Según Barreras, las mesas donde no se exige dejación de armas han permitido que esas estructuras crezcan. “Esas son unas mesas de diálogo eternas donde han hecho esos tipos sino crecer y controlar territorios”, aseguró.Al referirse al ELN y a otros grupos, fue contundente: “Eso es puro traquetismo y eso implica que el Estado desde la fuerza pueda someterlos a la justicia”. Aunque dijo creer en la paz, dejó claro que esta no puede significar tolerancia con el crimen ni debilitamiento de la fuerza pública.Recordó además que tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hubo mejoras visibles en regiones como Caquetá y Cauca, pero que ese avance se perdió. “Eso se perdió porque el Estado no llegó y los grupos criminales volvieron a tomar el territorio”, afirmó.Roy Barreras y la consulta presidencial de 2026En el plano político, Barreras ratificó que competirá en la consulta del Frente Amplio y descartó cualquier posibilidad de bajarse de la carrera. “Voy a ir a la consulta y la voy a ganar”, dijo, respondiendo a versiones que lo ubican como eventual fórmula vicepresidencial.Cerró con un mensaje de unidad y una promesa de campaña: “Colombia necesita un gobierno que le dé garantías a todos, que no odie a nadie y que sea capaz de hacer consenso y diálogo”. Para Barreras, el reto no es solo ganar una elección, sino evitar que el miedo y las armas decidan por los ciudadanos.
A falta de dos semanas para que termine el año, muchas personas buscan diferentes alternativas de movilidad para cumplir con la agenda tan apretada que se tiene durante las festividades y actividades de estos últimos días del 2025, ya sea movilidad para la compra de aguinaldos, desplazamiento para reunirse con familiares y amigos o dar un paseo para disfrutar de los alumbrados.El sistema masivo de transporte Metro, pensando en dar una alternativa de movilidad, tomó la decisión de ampliar su horario comercial para algunas de sus líneas y mejorar la movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá, apostando al ahorro de tiempo y dinero en sus desplazamientos y contribuyendo con el medio ambiente.Durante este fin de semana, el Metro extenderá la operación comercial los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre hasta las 12:00 de la noche en las líneas: A, B, T, H, J, K, M y P, garantizando las transferencias. Además, tendrá cambios en sus horarios los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, así lo explicó Liliana Gutiérrez, Jefa del Sistema Operativo del Metro."El Metro ampliará la operación comercial viernes y sábados, hasta las 12 de la noche. El miércoles 24 y 31 de diciembre, el servicio comercial finalizará a las 10 de la noche, y los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, iniciará la operación comercial a las cinco de la mañana", declaró.Con el fin de facilitar y agilizar los ingresos, la empresa recordó a los usuarios tener recargado su medio de pago, sea la tarjeta Cívica o la App para facilitar el ingreso en las estaciones.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad abrió un nuevo capítulo en el complejo panorama del conflicto armado en Colombia. La medida, presentada por la guerrilla como un “mensaje de paz”, fue recibida con cautela por distintas voces institucionales, entre ellas la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó una mezcla de alivio y preocupación frente a lo ocurrido.El cese anunciado regirá entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Sin embargo, llega después de una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado que afectó a varias regiones del país.ELN anunció cese al fuego para Navidad como “mensaje de paz”En su comunicado, el ELN aseguró que la decisión busca enviar una señal de tranquilidad durante las festividades de fin de año. La guerrilla señaló que el respeto a la población civil hace parte de este anuncio, aunque no precisó mecanismos de verificación ni alcances frente a otros actores armados.Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, el ELN ha decretado ceses temporales en fechas especiales, lo que genera expectativas entre las comunidades que viven en zonas históricamente golpeadas por el conflicto, pero también dudas sobre su cumplimiento efectivo.Defensoría del Pueblo pide gestos que protejan a la población civilLa defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste. En su pronunciamiento recordó que, pese a declaraciones similares en el pasado, las comunidades han seguido enfrentando afectaciones graves.“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, señaló Marín, al advertir que las acciones recientes del ELN han dejado daños sostenidos contra la población civil. Desde la Defensoría se insistió en que un gesto coherente sería la liberación de las personas que continúan secuestradas, una de las prácticas más rechazadas por la sociedad colombiana.Además, Marín subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse a los enfrentamientos que el ELN mantiene con otros grupos armados ilegales, pues estas confrontaciones también generan desplazamientos, confinamientos y riesgos para las comunidades.El recuerdo de ceses pasados y la alerta por regiones como CatatumboLa defensora del pueblo también trajo a colación lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques contra civiles. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde la confrontación armada derivó en lo que calificó como el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente del país.Ese antecedente refuerza la postura de quienes consideran que los anuncios deben ir acompañados de hechos verificables y sostenidos en el tiempo. Para las comunidades, la verdadera señal de paz no está solo en un comunicado, sino en la posibilidad de pasar las festividades sin miedo, sin confinamientos y sin amenazas.“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Marín, dejando claro que la expectativa de la institucionalidad y de la ciudadanía es que este cese se traduzca en una protección real de la población civil, más allá del calendario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Donovan Yepes son las seis personas que presuntamente pertenecían a una estructura criminal en la que se simularon operaciones comerciales por más de 843 mil millones de pesos, mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.Según la investigación de la Fiscalía, estas personas son acusadas de crear 185 empresas de papel, utilizadas para que compañías reales se apropiaran ilegalmente del IVA y redujeran la base gravable del impuesto de renta.La red ilegal habría operado durante una década simulando operaciones comerciales mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.“Los acusados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades. Así se habían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativa para sustentar las operaciones que evidenció la Fiscalía”, aseguró el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo.Las supuestas empresas pedían, a cambio, entre el 1 % y el 5 % del valor facturado de forma irregular. La Fiscalía estableció que estas maniobras se realizaron entre 2012 y 2022, con el apoyo de análisis financieros del CTI y del Modelo Único de Investigación Financiera.Las capturas se realizaron en Bogotá y Casanare. A los implicados se les imputaron delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez ordenó a cinco de ellos prisión domiciliaria y a la última, cárcel.
Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar alarma entre los colombianos en la mañana de este domingo, 21 de diciembre.De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 9:05 a. m. (hora local) se registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro en Neiva, departamento del Huila.Según la información oficial entregada por la entidad, el evento sísmico tuvo una profundidad de 34 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro. El temblor se localizó específicamente a unos 4 kilómetros de Neiva, en las coordenadas latitud 2.95 y longitud -75.30.Minutos después del movimiento, las redes sociales se convirtieron en el principal canal de reporte ciudadano. Usuarios de diferentes regiones del país aseguraron haber sentido el temblor, algunos describiéndolo como un sacudón fuerte pero corto, mientras que otros señalaron un movimiento prolongado que generó preocupación, especialmente en viviendas y edificaciones antiguas.¿En qué ciudades se sintió?Entre las ciudades donde se reportó percepción del sismo se encuentran Garzón, Armenia, Ibagué, Cali, Popayán y Florencia, además de otros municipios del centro y suroccidente del país. En Neiva, varios habitantes indicaron que el temblor se sintió con fuerza, provocando evacuaciones preventivas en oficinas, viviendas y algunos establecimientos comerciales.Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños estructurales de consideración.El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, especialmente la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa del Caribe. Por esta razón, los movimientos telúricos son frecuentes y, en la mayoría de los casos, no representan un riesgo mayor.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y revisar los planes familiares de emergencia. Asimismo, recomendaron identificar zonas seguras dentro de los hogares y lugares de trabajo, y evitar difundir información falsa que pueda generar pánico.
La violencia volvió a sacudir al norte de Antioquia y encendió las alarmas de los organismos de control. La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales tras el asesinato de una menor de 13 años en el municipio de Briceño.La entidad rechazó de manera contundente el ataque que dejó como víctimas a una niña y un hombre asesinados y a una mujer gravemente herida, hechos que se atribuyen a un grupo armado ilegal que se autodenomina Guerrillas Campesinas Los Cabuyos. Para la Defensoría, este crimen evidencia el grave riesgo que enfrenta la población civil en una zona donde la presencia de actores armados ilegales se ha intensificado en los últimos meses.Ante esta situación, la Defensoría recordó que desde noviembre está vigente la Alerta Temprana 019-25 para Briceño, en la que se advirtió sobre el peligro de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, principalmente por el accionar del frente 36 de las disidencias lideradas por Yeferson Martínez.El escenario humanitario en el municipio es crítico. Desde octubre, los enfrentamientos y ataques armados han provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias de al menos 25 veredas, además de homicidios, amenazas permanentes y confinamientos que mantienen a comunidades enteras aisladas y bajo el control del miedo y la incertidumbre.Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezar una respuesta inmediata del Estado que permita proteger a la población y frenar el aumento de la violencia. También pidió a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas reforzar la atención humanitaria y garantizar apoyo integral a quienes han resultado afectados.Finalmente, la entidad exigió a los grupos armados ilegales detener de manera inmediata sus acciones contra la población civil y respetar los principios humanitarios. La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y aseguró que hará seguimiento al estado de salud de la mujer herida, mientras insiste en que la protección de la niñez y de las comunidades no admite más dilaciones.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó una alerta momentos antes de que el Gobierno nacional declara un estado de emergencia económico para cubrir un faltante de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.En una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el gremio pidió frenar cualquier intento de sustituir al Legislativo mediante el uso de estados de excepción.El pronunciamiento fue firmado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien solicitó al alto tribunal mantener una atención “especial, preventiva y oportuna” frente a cualquier decreto que se expida bajo un eventual estado de emergencia, con el fin de garantizar un control constitucional efectivo y oportuno.La preocupación de Fenalco se produce en un contexto particularmente sensible: la vacancia judicial. Según el gremio, la declaratoria de emergencia económica en este periodo podría permitir la expedición de decretos con fuerza de ley que entren en vigencia inmediata, consolidando situaciones jurídicas difíciles de revertir, incluso si posteriormente la Corte Constitucional los declara inexequibles.“Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos”, advirtió Fenalco en su misiva. El gremio sostiene en la carta que no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción cuando la causa es la no aprobación de una ley de financiamiento por parte del Congreso. Fenalco asegura que esa negativa hace parte del ejercicio legítimo de las competencias del poder legislativo y no puede ser interpretada como una situación sobreviniente que habilite al Ejecutivo a legislar por decreto.“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, señaló Cabal.El gremio también cuestionó otros argumentos que podrían usarse para justificar la emergencia económica, como el aumento de las tasas de interés o la caída de los precios internacionales del petróleo. Según Fenalco, se trata de circunstancias previsibles y, en buena medida, asociadas a decisiones de política pública del propio Ejecutivo.
En medio de las declaraciones dadas frente al Consejo de Seguridad realizado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la emergencia económica por decreto ya fue firmada el pasado jueves 18 de diciembre. Frente al anuncio, aseguró que con este proyecto se busca que ponerle impuestos a los ‘megarricos’ y no a la clase media, como lo aseguran los empresarios."El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media", señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.El ministro afirmó que lo que se encuentra en peligro es la economía del país, puesto que lo que se busca es pagar la deuda que tiene el país, labor que tiene la ley de financiamiento.“Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos. Y además entonces no se pueden hacer las megastructuras de obra civil como las 4G” argumento el ministro del Interior.Por el momento, el decreto no ha sido publicado, sin embargo, el ministro se mantiene en pie con la idea de pagar primero la deuda, porque de lo contrario se retrasan muchos proyectos que se tienen, razón por la cual se declaró la emergencia económica.
Tras los recientes ataques terroristas atribuidos a las disidencias de alias 'Mordisco' en Buenos Aires, Cauca, y a la guerrilla del ELN en Aguachica, Cesar, el Gobierno nacional, junto con las fuerzas públicas, realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en donde evaluó lo ocurrido, reconoció los errores y anunció medidas inmediatas.El presidente Gustavo Petro admitió que hubo fallas en las operaciones y en los esquemas de seguridad. Entre los errores señalados se encuentran, primero, la falta de guardia en la estación ubicada en la Ruta del Sol II, frente a la base de entrenamiento en Aguachica, y segundo, la ausencia de los anillos de seguridad, primer, segundo y tercero, para la defensa de la estación de Policía en el municipio de Buenos Aires.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se duplicará el pie de fuerza y que se adoptaron correctivos inmediatos orientados a la prevención y a la protección tanto de la comunidad como de los policías.“Se evaluó la realidad de los hechos y como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de ahí. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno” afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el Gobierno anunció un refuerzo significativo de capacidades. Se designó a un brigadier general para liderar las operaciones, se incrementará la presencia policial con 325 nuevos uniformados, de los cuales 50 serán asignados a Popayán, y se desplegarán capacidades antidron que se espera entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre. Además, un nuevo pelotón del Ejército será encargado de proteger la Vía Panamericana.En materia de recompensas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció montos millonarios para dar con los responsables de los ataques terroristas de los últimos días. Por alias 'Mordisco' se ofrecen hasta $5.000 millones; por alias 'Marlon', que delinque en el Cauca, hasta 4.500 millones; por 'Jairo Ramírez', hasta $1.640 millones; por el explosivista conocido como 'Max Max', hasta $500 millones; y por alias 'Jimmy Saavedra' y 'Cabezas', hasta $300 millones por cada uno.“Que pierdan toda protección cuando se involucran en las hostilidades. Sepan que también se están fortaleciendo a través de ello los grupos criminales para asesinar el futuro de su nacional. El ELN amenazó al pueblo colombiano desde el día domingo en la mañana hasta el miércoles en la mañana con un paro armado que llamó, que no es más que un costeñimiento criminal con una amenaza terrorista” señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.Según el Ministerio de Defensa, cada uno de estos cabecillas estaría vinculado a acciones criminales que dejaron entre cinco y diez personas muertas.Sobre el ataque ocurrido en Aguachica, el ministro señaló que el 80% de las intenciones terroristas fueron anticipadas por las autoridades, aunque confirmó que varios policías perdieron la vida. Finalmente, se informó que los ministerios de Defensa y Hacienda ya cuentan con un plan para la reconstrucción de la infraestructura afectada.Frente a todo este panorama, el ministro de Defensa anunció que se avanzará en un Conpes de $49 billones de para que se fortalezca la defensa de la Nación. El Gobierno reiteró que estas medidas buscan reforzar la seguridad en las regiones más golpeadas por la violencia, restablecer el orden público y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
Sobre la Ruta 24 en jurisdicción del municipio de Paicol en el occidente del Huila, en un puesto de control la policía inspeccionó a un vehículo de carga tipo camión en el que hallaron más de siete mil kilos de marihuana que habían aforado en tulas provenientes del Cauca.De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el gigantesco cargamento del alucinógeno avaluado en alrededor de los siete mil millones de pesos, haría parte de los grupos armados residuales que delinquen en esa región del país que además son los encargados de controlar las finanzas del narcotráfico.“Unidades adscritas a la estación de Policía del municipio de Paicol en el Huila lograron la captura de un hombre y la incautación de siete toneladas y media de marihuana. Según las investigaciones preliminares la droga tenía como destino la ciudad de Bogotá esto para fortalecer las finanzas criminales del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc” indicó el Coronel Luis Fernando Serna Zapata, director encargado de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.Durante el procedimiento judicial el conductor del automotor un hombre de 30 años de edad, fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía Local de La Plata para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.El más reciente reporte oficial, señala que en lo corrido del este año 2025 las autoridades han incautado al menos 35 toneladas entre marihuana y base de coca, en los diferentes corredores viales del departamento, siendo el municipio de La Plata donde se han asestado duros golpes contra el narcotráfico.
El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales frente al deterioro de la seguridad en el país.A través de un video, el congresista argumentó que, durante 2025, Colombia ha registrado un agravamiento sostenido del orden público, con más de 140 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio, más de 400 ataques armados y un aumento significativo de delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo.“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. El paro armado del ELN, en solo 48 horas, dejó 51 acciones violentas en 13 departamentos. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, indicó el representante.La queja también señala la ocurrencia de paros armados decretados por grupos ilegales en diciembre, que generaron restricciones a la movilidad, cierres de actividades económicas y afectaciones directas a derechos fundamentales de la población civil.Según Cortés, estas situaciones evidencian la falta de una estrategia integral y efectiva liderada desde el Ministerio de Defensa para contener la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.Por estos hechos, el representante solicitó a la Procuraduría admitir la queja, iniciar una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes, conforme al marco constitucional y legal vigente.
La Corte Constitucional decidió mantener abierto el incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, al advertir que persiste el incumplimiento de órdenes estructurales orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia.Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento dio continuidad al trámite iniciado con el Auto 2049 del mismo año, relacionado con la falta de cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, especialmente en lo referente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Aunque el Ministerio de Salud presentó un informe dentro del plazo otorgado y solicitó el archivo del incidente, la Corte concluyó que las acciones reportadas no acreditan un cumplimiento material, real ni inmediato de las órdenes impartidas. En particular, señaló que continúan las deficiencias en el sistema de información, no se ha garantizado la suficiencia real de la UPC y no se ha equiparado el valor del régimen subsidiado al 95 % del contributivo, como fue ordenado.Ante este escenario, el alto tribunal abrió formalmente la etapa probatoria del incidente, incorporó la documentación allegada por el Ministerio y decretó la realización de una mesa técnica, prevista para febrero de 2026, aclarando que esta no suspende el cumplimiento de las órdenes vigentes.Finalmente, la Corte reiteró que, aunque el incidente de desacato no tiene un fin sancionatorio en sí mismo, el incumplimiento persistente de sus decisiones puede dar lugar, en cualquier momento, a la imposición de sanciones legales contra el funcionario responsable.
Muchas personas buscan independizarse o tener vivienda propia, pero no es un camino sencillo para todos. Por esa razón, miles de ciudadanos optan por arrendar. Sin embargo, la búsqueda digital de vivienda también ha traído riesgos que pueden salir caros si no se identifican a tiempo.Más del 70 % de la demanda de arriendo se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Ante este panorama, expertos del sector advierten sobre señales de alerta que suelen pasar desapercibidas, pero que terminan convirtiéndose en malos negocios o en conflictos posteriores entre arrendadores y arrendatarios.Red flags al arrendar vivienda en ColombiaUno de los primeros focos de alerta suele aparecer desde el aviso publicado en redes sociales o portales web. Según entidades inmobiliarias como Fincaraíz, hay errores recurrentes que afectan la transparencia del proceso y la confianza del arrendatario. Entre las señales más comunes están:Metros cuadrados poco claros: cuando no se especifica el área total del inmueble, resulta difícil evaluar si se ajusta a las necesidades reales.Descripciones vagas o incompletas: no detallar si el apartamento tiene ascensor, es interior o exterior, o cuenta con zonas comunes, genera desconfianza inmediata.Falta de fotos clave: la ausencia de imágenes de la cocina, los baños o las habitaciones reduce la credibilidad del aviso.No indicar piso y torre: en propiedad horizontal, este dato es determinante y su omisión suele llevar al descarte inmediato.Estas señales no solo dificultan la comparación entre opciones, sino que también pueden ocultar problemas estructurales o condiciones poco favorables para quien va a arrendar.Contratos de arriendo en Colombia: detalles que pueden salir muy carosOtra alerta importante aparece cuando no es claro qué incluye el valor del canon de arrendamiento. En estratos 3 y 4, donde los arriendos suelen oscilar entre 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales, no especificar si la administración, el parqueadero o el depósito están incluidos puede desajustar el presupuesto desde el primer mes.Otros factores que generan preocupación son:No aclarar políticas sobre mascotas, hoy consideradas parte del núcleo familiar.Omitir los requisitos para arrendar, como fiador, pólizas o tiempos de aprobación.No mencionar restricciones del conjunto residencial, como horarios, niveles de ruido o uso de zonas comunes.Estos vacíos de información suelen derivar en conflictos entre arrendador y arrendatario una vez firmado el contrato.Avisos desactualizados y promesas falsas al buscar arriendoAl buscar arriendo, es clave tener en cuenta que un aviso sin actualización reciente es una de las red flags más frecuentes. Publicaciones antiguas o con información que ya no corresponde a la realidad pueden hacer perder tiempo y oportunidades valiosas. A esto se suma que las descripciones exageradas o con atributos inflados terminan afectando la credibilidad del inmueble.Desde el sector inmobiliario recomiendan priorizar avisos completos, claros y actualizados. De acuerdo con Fincaraíz, mejorar la calidad de la información no solo protege al arrendatario, sino que también agiliza los cierres y fortalece la confianza en un mercado que hoy es altamente competitivo.
Una fuerte explosión sacudió el sur de Neiva en las últimas horas luego que hombres motorizados lanzaran un artefacto explosivo al parecer tipo granada artesanal de bajp destructivo contra un concesionario de vehículos en la zona industrial de la ciudad, hecho que dejó solo daños materiales.El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Héctor Jairo Betancourt, confirmó que, tras la reacción de una patrulla policial se implementó un plan candado y fueron capturados dos sujetos quienes serían los posibles responsables de esta acción terrorista en la ciudad.“En horas de la madrugada de este sábado lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento de comercio por fortuna no dejó afectación en ninguna persona, no obstante, la onda explosiva ocasionó daños en la fachada del local. Gracias a la reacción de una patrulla de la policía del CAI de la comuna seis fueron capturadas, dos personas quienes presuntamente habrían sido los autores materiales del hecho” dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt.Entre tanto, investigadores de Policía Judicial adelantan las averiguaciones a través de recolección de evidencias y testimonios con el fin de esclarecer los móviles de este atentado con explosivos, aunque no se descarta un posible caso de extorsión contra el sector comercio de Neiva.Los dos hombres capturados de 29 y 33 años de edad respectivamente quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Neiva para que respondan por el delito de terrorismo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su responsabilidad en 72 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando comandaba el Batallón La Popa en Valledupar. Se trata de la primera sentencia con pena de cárcel impuesta por la JEP contra un militar retirado por ejecuciones extrajudiciales, una decisión que marca un precedente en el proceso de justicia transicional.En entrevista exclusiva con Blu Radio, Mejía rechazó de manera categórica la condena de la JEP y negó haber dado órdenes ilegales durante su carrera militar. "Nunca voy a aceptar que actúe de manera irresponsable o ilegal y nunca a cambio de una libertad deshonrosa voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad, por mi limpieza como soldado, porque allá se hicieron más de 600 operaciones, todas ordenadas dentro de la legalidad. Jamás emití una orden legal y jamás voy a aceptar lo que no hice, cuésteme lo que me cueste", aseveró Mejía.La sentencia de la JEP señala supuestas alianzas entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares para presentar civiles como bajas en combate. Frente a ello, Mejía negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales y aseguró que nunca tuvo acuerdos con paramilitares. Incluso afirmó que en el proceso existen pruebas de planes para asesinarlo por parte de esos mismos grupos, lo que, en su criterio, desvirtúa la tesis de una supuesta alianza."Jamás. Con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente", afirmó.El coronel retirado también cuestionó los testimonios de militares que estuvieron bajo su mando y que reconocieron su participación en los hechos ante la JEP. Según Mejía, esas declaraciones contradicen versiones entregadas previamente ante otras instancias judiciales y habrían sido acordadas para obtener beneficios. "Una libertad deshonrosa a cambio de beneficios no es digna de un soldado. Yo combatí el terrorismo durante muchos años", añadió.Tras conocer la decisión de la JEP, Mejía anunció que apelará la sentencia. Manifestó una profunda desilusión con la justicia transicional, a la que acusó de “faltarle a la verdad” y de buscar un caso emblemático para presionar reconocimientos de responsabilidad. Acompañado por su equipo jurídico, aseguró que agotará todas las vías legales disponibles con la esperanza de que, en una segunda instancia, “brille la verdad” sobre su actuación como comandante del Batallón La Popa.