El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Continúa moviéndose el tablero político de cara a las próximas elecciones para el Congreso de la República que se celebrarán el próximo 8 de marzo. En este caso, el Partido de la U confirmó que el senador Juan Felipe Lemos será su cabeza de lista para el Senado.El Partido justificó dicha elección argumentando que “es un reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado respeto absoluto a los postulados ideológicos del Partido de la U. Cuando ha disentido, lo ha hecho conforme a los estatutos partidarios. Ha sido congruente entre su discurso y acciones, promoviendo siempre debates técnicos, rigurosos y sin fanatismos, con un voto consciente, libre e informado”.Es importante mencionar que la lista al Senado del Partido de la U será abierta, lo que significa que todos los aspirantes deberán ganarse su curul por medio de los votos de la gente.Lemos ha sido congresista de este Partido desde el año 2010, cuando fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, en 2014 repitió elección con más de 38.000 votos como fórmula del entonces senador Mauricio Lizcano.En el 2018 pasó al Senado con 82.000 votos y en 2022 fue la novena votación más alta de las diez curules que al senado que consiguió el Partido, obteniendo 89.000 votos.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.
La Universidad de Antioquia sigue en una crisis financiera, por lo que hay preocupación de directivas y docentes confirmaron que el presupuesto del 2026 tendrá un recorte de más de 65.000 millones de pesos. Ante esto, los docentes piden con urgencia una ayuda del Gobierno nacional y departamental. Se ha conocido que la Udea necesita más de 130.000 millones de pesos, un hueco presupuestal que abre interrogantes sobre su sostenibilidad.“Desafortunadamente es una situación muy compleja. Lo que se va a hacer para cerrar el año es escalonar los pagos, aplazar para enero lo que no se alcance a pagar este año, proveedores y alguna parte de los salarios”, dijo María Isabel Duque, representante de docentes en consejo superior universitario de la universidad.El desfinanciamiento estructural acumulado supera los 400.000 millones de pesos. Según directivos y docentes, esto pone en riesgo el funcionamiento de sus sedes y programas para el próximo año.“Vender propiedades, gastarnos los ahorros que teníamos, hacer préstamos que han sido costosos de la universidad. Para el próximo año hay una reducción en costos de más de 65.000 millones que implica que hay actividades que no las vamos a poder hacer, que se tendrán que contratar menos profesores, abrir menos cursos, sacrificar asuntos misionales que son muy duros para la universidad”, agregó la docente Duque.El panorama ha empeorado tras el escándalo de Wilmar Mejía, representante del Gobierno nacional y miembro del dni ante el consejo superior universitario de la Universidad de Antioquia.“El consejo superior se levantó ayer por falta de quórum, porque varios se retiraron. Esto ha enrarecido el ambiente. El consejero Wilmar Mejía sigue como delegado del presidente y dice que no tiene ningún impedimento para estar en el consejo, pero ha enrarecido el ambiente indiscutiblemente”, agregó.Ante esto, el gobernador de Antioquia publicó en su cuenta de X que Wilmer Mejía se niega a irse, vinculándolo con varios casos de violencia en la universidad, por lo que pide a la Procuraduría tomar acciones al respecto.El funcionario del gobierno respondió inmediatamente y aseguró que Andrés Julián rendón es calumniador y lo quiere sacar porque, entre otras cosas, tiene minoría en votación en el consejo superior universitario.Los docentes están a la espera del último debate en cámara de representantes para la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 que mejore la financiación del estado a las universidades.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, confirmó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 lo que para muchos colombianos ya dejó de ser un temor para convertirse en una realidad palpable: el país está entrando en una etapa crítica en materia de abastecimiento y precios del gas natural. Las filas para comprar estufas eléctricas en el Eje Cafetero, tras la reciente interrupción del servicio, fueron apenas un síntoma de un problema que se viene gestando por años.Murgas comenzó resaltando el profundo impacto social que el gas natural ha tenido en Colombia. “36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural en sus hogares”, recordó, agregando que este energético también ha sido clave para la movilidad y la industria. Actualmente, 87.000 taxistas optan por gas vehicular para reducir costos frente a la gasolina, mientras que ciudades como Bogotá, Cartagena y Valledupar dependen masivamente de buses que funcionan con este combustible. “El gas natural ha hecho una verdadera transformación social”, enfatizó.Sin embargo, el panorama cambió drásticamente desde diciembre de 2024, cuando Colombia se vio obligada por primera vez en cinco décadas a importar gas ante la insuficiencia del suministro nacional. ¿La razón? La caída en la actividad exploratoria y la disminución de reservas. “El gas nacional ya no alcanzó para cubrir toda la demanda… nos tocó sumar gas importado para garantizar la confiabilidad del servicio”, explicó.Esta importación llega con un costo elevado debido a la licuefacción, transporte y regasificación del gas. El efecto se siente directamente en las tarifas. Aunque Murgas dio un parte de tranquilidad para la mayoría de regiones —donde los incrementos se mantendrán cerca del IPC— fue clara al advertir que Antioquia y el Eje Cafetero verán aumentos entre 20 % y 25 % en el sector residencial por la expiración de contratos previos y la necesidad de nuevas compras a precios más altos.Pero el reto no es solo tarifario. La presidenta de Naturgas alertó que Colombia está operando al límite, sin margen de maniobra ante contingencias. “El déficit de gas dejó de ser coyuntural y se ha convertido en algo estructural”, afirmó. La proyección para 2026 indica que entre 20 % y 25 % de la demanda podría depender de gas importado.¿Qué hacer entonces? Murgas fue contundente: el país sí tiene gas, pero los proyectos no avanzan al ritmo necesario. “El problema de Colombia no es de recursos, el problema es que se demora mucho la ejecución de los proyectos”, dijo, señalando trabas como demoras en consultas previas y licenciamientos.La industria ha priorizado 10 proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo de Sirius, clave para abastecer hasta el 45% de la demanda a partir de 2030. Pero advirtió que no será suficiente: se requerirá más infraestructura para importar gas y reforzar las redes de transporte.Mientras tanto, los colombianos deberán prepararse para un escenario donde convivirán nuevos proyectos, tarifas variables según región y un país que, al menos por ahora, enfrenta una transición energética marcada por la urgencia y la escasez.
Girardot encenderá su espíritu navideño este 7 de diciembre con la segunda edición del Festival Artístico y Cultural de Faroles “Brilla Girardot, Ilumina la Tradición”, una celebración que busca fortalecer las costumbres decembrinas y promover el encuentro ciudadano alrededor de la luz, el arte y la cultura. La Alcaldía Municipal, liderada por el alcalde Salomón Said Arias, invitó a residentes y visitantes a participar en esta jornada que se consolida como una de las actividades más esperadas de la región.La festividad se desarrollará durante la tradicional Noche de las Velitas y tendrá como eje central un recorrido iluminado por faroles elaborados por la comunidad, que transformarán las calles en un escenario lleno de color y simbolismo.El encendido oficial del alumbrado navideño será uno de los atractivos principales, pues este año incluirá una propuesta renovada y una puesta en escena diseñada para el disfrute de familias, turistas y habitantes del municipio.Desde las 5:00 de la tarde, la programación ofrecerá actividades para todas las edades, con actos protocolarios, presentaciones musicales y artísticas, premiación del Concurso de Cuentos Girardot 2025, y muestras de danza y música lideradas por talentos locales.El recorrido de faroles iniciará a las 6:00 p.m. en la carrera 10, desde Jumbo hasta el Teatro Cultural, mientras que la noche cerrará con un show especial “El Grinch se robó la Navidad” y una presentación musical tropical que pondrá el broche final a la celebración. La Asociación Nacional de Alumbrado Público (ANAP) acompañará el evento con transmisión en vivo, llevando la magia de esta tradición a todo el país.Para la Administración Municipal, este festival es una oportunidad para reafirmar la identidad cultural de Girardot y fortalecer la participación comunitaria durante una de las fechas más significativas del calendario decembrino. “Queremos que Girardot brille con la luz de su gente, que cada farol simbolice la unión, la esperanza y el espíritu navideño que caracteriza a nuestro municipio”, señaló el alcalde Salomón Said Arias.Con una programación diversa, talento local en escena y el encanto propio de la Noche de las Velitas, el Festival de Faroles se posiciona como una experiencia que celebra la tradición y proyecta a Girardot como un referente regional en preservación cultural y turismo navideño. La Alcaldía reiteró la invitación a toda la ciudadanía para disfrutar de una noche que promete iluminar no solo las calles, sino también el sentido de pertenencia y la memoria colectiva del municipio.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
Tras esta reunión, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Defensa entregará toda la información sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones gripen con la empresa sueca Saab.En ese sentido, el jefe del órgano de control; aseguró que tuvo que firmar una especie de “acuerdo de confidencialidad” para acceder a esa información.“Lo primero que tuve que hacer fue firmar un documento en el cual yo me comprometo a conservar unos temas de reserva, porque sí hay unos temas de seguridad nacional que dependen de ello”, dijo el contralor.Incluso, el contralor señaló que la adquisición de los aviones en reemplazo de los K-fue era necesaria tras esta reunión que sostuvieron en la Contraloría.“Considero que era un tema profundamente oportuno. Estamos hablando de una flota de aviones que tiene ya varios o bastantes años frente al tema. Se le han hecho un poquito más de 40, 50 años. Y se le han hecho varias actualizaciones y con todo respeto no aguantan una actualización más”.Las claves de la reunión entre el contralor y MindefensaEl contralor General explicó que formuló una serie de preguntas, como por ejemplo, el estudio operacional que sustentó la elección de los Gripen frente a otras alternativas evaluadas, así como los criterios técnicos aplicados, las ponderaciones utilizadas y las matrices comparativas entre las distintas ofertas, incluidas las presentadas por otros países.Rodríguez precisó que varias de estas preguntas ya cuentan con respuestas preliminares, pero advirtió que no se pronunciará hasta contar con toda la documentación por escrito y realizar la valoración técnica correspondiente.‘Si hay las condiciones para realizar algún tipo de advertencia, la Contraloría lo va a hacer’: Contralor General sobre contrato de aviones Gripen• Ministerio de Defensa deberá entregar por escrito respuesta a cuestionario formulado por la Contraloría General de la República en la mesa técnica desarrollada este jueves por solicitud de la entidad.• El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato, estudios previos que conllevaron a tomar la decisión, entre otra serie de condiciones técnicas.• El contralor General manifestó que la información será retroalimentada con la Procuraduría General de la Nación, entidad que también solicitó información sobre el contrato.El contralor aseguró que si hay las condiciones para realizar alguna advertencia sobre la compra de estos aviones, lo hará.
Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en la tarde de este jueves, 4 de diciembre, la solicitud de fusión del Partido Progresistas al movimiento político del Pacto Histórico.Con este hecho, el movimiento político de la senadora María José Pizarro, que hace pocos días había obtenido su personería jurídica luego de su escisión del partido MAIS, se disolverá en el nuevo movimiento político del presidente Gustavo Petro y podrá participar en la lista única de este partido para el Congreso de la República, luego de qué se haga el cambio en el registro único de partidos y movimientos políticos.Asimismo, en la decisión se ordena incluir a la senadora Pizarro, a los representantes David Racero y Heráclito Landinez, y al exministro de Minas Omar Andrés Camacho, como integrantes de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico.Quedaría faltando la decisión frente al partido Colombia Humana, partido del presidente Petro, y que no ha podido fusionarse, al no haber logrado cumplir los requisitos estatutarios para este proceso.
Copa Airlines, Satena y Wingo se suman al grupo de aerolíneas colombianas que cancelaron su operación desde y hacia Venezuela. El anuncio, que se conoció este jueves 4 de diciembre, fue respaldado por la Asociación Colombiana de Aviadores, ACDAC, quienes aseguraron que la suspensión de vuelos debe mantenerse hasta que "existan garantías verificables y soportadas en criterios técnicos" que confirmen un retorno en condiciones seguras y normales en ese espacio aéreo.A través de comunicaciones oficiales, Wingo y Copa Airlines anunciaron que la suspensión la mantendrán hasta el 12 de diciembre teniendo en cuenta que continúan evaluando la situación de riesgo que persiste en territorio venezolano.“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, indicó la aerolínea.Por el lado de Copa Airlines, la compañía informó que ofrecerá alivios a los pasajeros que se puedan ver afectados por esta situación:Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.comCada viajero podrá elegir la opción que más le favorezca con el fin de resarcir los daños ocasionados por las cancelaciones.Por su parte, Wingo propuso a sus viajeros reembolsar el 100 % del valor del tiquete, ya sea en el medio de pago original o a través de ‘voucher Wingo’, un estilo de beneficios con la aerolínea para redimir servicios en otra oportunidad. También ofreció el cambio de vuelo, según disponibilidad, sin penalidad ni diferencia en la tarifa.Con el panorama aún incierto y sin claridad sobre cuándo podrán restablecerse plenamente las operaciones, las aerolíneas mantienen abiertos sus canales de información mientras avanzan los análisis técnicos sobre el riesgo en el espacio aéreo venezolano. Por ahora, los viajeros deberán acogerse a los alivios ofrecidos y estar atentos a nuevas decisiones en los próximos días.
Más de 32.300 docentes han recibido actividades de seguridad y salud en el trabajo a través de los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud del FOMAG, según el balance presentado en Medellín por Herman Bayona Abello, vicepresidente de Fiduprevisora para Fomag.La estrategia, que hace parte del acuerdo 003 de 2024 y constituye el eje del nuevo modelo de atención para los maestros del país, inició operación en noviembre con cuatro IPS en Antioquia, Caquetá, La Guajira y Meta. En esta primera fase se pusieron en marcha 54 equipos conformados por 216 profesionales, alcanzando cerca del 10% de los establecimientos educativos contratados. Bayona señaló que “estas acciones han beneficiado a 32.370 docentes en 753 establecimientos educativos”.El plan continuará su expansión el 15 de diciembre, cuando se incorporarán 19 IPS privadas y 6 Empresas Sociales del Estado en 15 departamentos adicionales. Con esta ampliación se sumarán 191 equipos que cubrirán un 34% más del territorio, alcanzando 2.665 establecimientos educativos y 114.488 docentes. Entre los departamentos que entran en esta fase están Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.La proyección para enero de 2026 incluye la contratación de 36 IPS y Empresas Sociales del Estado adicionales, con lo que se garantizará la cobertura total del modelo de atención en salud laboral para todos los docentes afiliados al Fomag. En total, la estrategia cubrirá 7.840 establecimientos educativos, 39.886 sedes, 336.828 docentes y activará 562 equipos distribuidos en todo el país. La inversión destinada por el Gobierno asciende a 132.000 millones de pesos, con el fin de consolidar un modelo de atención integral, oportuno y territorializado.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró este jueves, 4 de diciembre, su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud"."Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos."Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país.Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989.Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".Hace un mes, la Justicia rusa condenó a 13 años de prisión a José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos acusados de participar como mercenarios en las filas del Ejército ucraniano y extraditados a este país desde Venezuela.Ambos bandos han contado desde el comienzo de la guerra con mercenarios extranjeros en sus filas y decenas de colombianos han muerto peleando en el lado ucraniano, según la prensa internacional.Decenas de mercenarios colombianos participan también en otros conflictos, como el de Sudán, donde hacen parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combate en la región de Darfur.Un comando de 26 mercenarios colombianos también participó en julio de 2021 en el asesinato en Puerto Príncipe del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.
La Procuraduría General de la Nación le está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una medida cautelar que se traduce en la suspensión de los giros de recursos públicos relacionados con el convenio para la producción y personalización de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa, celebrado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal.La petición fue presentada dentro de una demanda de controversias contractuales en la que la Procuraduría busca que se declare la nulidad absoluta del convenio, al considerar que fue celebrado en contravía de las normas que regulan la contratación estatal, particularmente por no haberse adelantado un proceso de licitación pública, pese a que la cuantía y el objeto del contrato así lo exigían.Según la Procuraduría, el contrato por un valor que asciende a 1,3 billones de pesos se celebró desconociendo el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece la licitación como regla general para la selección de contratistas, lo que habría vulnerado los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva.“En tal sentido, los aquí demandados actuaron con evidente desviación de poder, al eludir el procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos previstos en la norma aplicable al proceso de contratación, vulnerando así los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva del contratista”, señaló el procurador delegado Marcio MelgosaY es que la Procuraduría General de la Nación advierte además que la Imprenta Nacional de Colombia no contaría con la capacidad técnica ni la infraestructura necesaria para ejecutar directamente el objeto del convenio, lo que habría derivado en la subcontratación de un tercero y en una presunta desviación de poder por parte de las entidades involucradas.En ese sentido, el procurador delegado para la contratación estatal le pidió al Tribunal ordenar al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suspender los desembolsos económicos previstos en el convenio, al considerar que continuar con los pagos podría generar un daño grave al patrimonio público y volver nugatorios los efectos de una eventual sentencia que declare la nulidad del contrato.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este martes una fumarola de gases y ceniza que superó los 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste), con motivo del incremento de actividad que mantiene a este sistema volcánico en alerta naranja.Según la entidad, la columna fue registrada por una de las cámaras de control instaladas en la zona, aunque no fue posible determinar su altura total debido a condiciones climáticas adversas.El SGC indicó que la fumarola estuvo acompañada de señales sísmicas asociadas al "movimiento de fluidos" —tremor y largo periodo— localizadas bajo el cráter, lo que coincide con la emisión continua de gases hacia la atmósfera.El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, una de las 25 estructuras volcánicas activas que son permanentemente monitoreadas por el SGC, y el pasado sábado la institución cambió su estado de alerta amarilla a naranja por un "incremento notorio" en su actividad.Entre ayer y hoy (martes), además, se emitieron siete alertas a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por las columnas de gases y ceniza, cuya dispersión estuvo dominada por "cambios en el régimen de vientos".Habitantes del corregimiento de San Juan de Puracé, la población más cercana al volcán, reportaron caída de ceniza hacia las 14:00 hora local (19:00 GMT) del lunes, mientras que desde la zona de senderismo de Pululó se registró un cambio a tono marrón del agua en el río San Francisco, posiblemente por el arrastre de cenizas acumuladas tras las lluvias.Ayer, el director general de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, Luisz Olmedo Martínez, ordenó el cierre temporal de los sectores cercanos al Puracé, así como los senderos hacia el volcán y las termas de San Juan hasta que "cesen los factores de riesgo de desastre natural", informó la institución en una resolución.
El hecho generó un llamado urgente de organizaciones sociales y de víctimas que alertaron sobre la grave crisis humanitaria en el Catatumbo y exigieron medidas inmediatas del Gobierno Nacional para proteger a la población civil.Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, denunció que el ataque se produjo en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, que mantienen a varias comunidades confinadas desde hace meses.“La situación es crítica. Aún hay drones sobrevolando el área y las familias no pueden salir de sus casas por miedo a nuevos ataques. La comunidad vive con miedo constante”, afirmó Mayorga.La menor y sus padres fueron trasladados al hospital de Tibú y luego evacuados a Cúcuta debido a la gravedad de las heridas. Las organizaciones sociales denunciaron que en lo corrido de 2025 ya se han registrado más de 85.000 personas desplazadas en el Catatumbo, mientras las alcaldías locales carecen de recursos para atender la emergencia.Ante la persistencia de los ataques, las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce su presencia institucional en la zona y reactive los canales de atención humanitaria. También solicitaron a los grupos armados ilegales acordar una tregua humanitaria durante la Navidad, para permitir que las familias vivan las fiestas en paz y sin temor.
Según denunció Indepaz, el disparo que acabó con su vida habría sido realizado por un soldado del Ejército Nacional.Ned David Valencia Rodríguez era un reconocido líder social comprometido con el bienestar de los habitantes de su municipio. Los hechos ocurrieron cuando miembros de la Junta de Acción Comunal organizaban un corredor humanitario para auxiliar a dos campesinos mayores que estaban bajo fuego cruzado en medio de una operación militar.De acuerdo con la denuncia, en medio de la acción humanitaria un uniformado habría disparado contra el líder, causándole la muerte. La administración municipal desmintió versiones que intentaron vincularlo con grupos armados y destacó su papel como un líder respetado y defensor de los derechos de su comunidad.La Defensoría del Pueblo recordó que Vistahermosa ya ha sido incluida en varias Alertas Tempranas (013/25, 001/25 y 019/23), por el alto riesgo que enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos debido al control territorial y las normas impuestas por grupos armados ilegales.En el municipio operan el Frente Jorge Suárez Briceño, del Estado Mayor Central de las Farc, y bandas locales. El área está bajo jurisdicción de la Cuarta División del Ejército Nacional.Con este crimen, Indepaz registra 179 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de 2025, frente a los 165 casos ocurridos en la misma fecha del año pasado, lo que evidencia un preocupante aumento de la violencia contra quienes defienden la vida, la paz y los derechos en los territorios.
El general Juan Miguel Huertas continúa ejerciendo sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación ya profirió el fallo disciplinario que lo suspende, junto al director de inteligencia del DNI, Wilmer Mejía, por sus presuntos vínculos con las disidencias lideradas por alias Calarcá.La decisión, en firme desde hace varios días, ordena suspenderlos por tres meses y solicita al presidente Gustavo Petro hacer efectiva de inmediato la medida. Sin embargo, en la práctica, la suspensión no se ha ejecutado.Prueba de ello es que el general Huertas continúa firmando documentos oficiales desde su despacho en el Comando de Personal. Blu Radio conoció la Resolución 00010073 del 1 de diciembre de 2025, en la que se notifica el retiro del servicio activo de un grupo de suboficiales por “Llamamiento a Calificar Servicios”. El documento aparece suscrito tanto por el general Huertas como por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lo que confirma que Huertas sigue participando en decisiones administrativas de alto nivel.La situación genera preocupación al interior de la institución y en sectores que siguen de cerca las investigaciones relacionadas con los archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’, que salpicaron tanto a Huertas como a Mejía y derivaron en la sanción disciplinaria. La permanencia del general en el cargo, pese al fallo en su contra, deja en evidencia un vacío en la ejecución de las medidas disciplinarias.Desde el Ejército señalaron que, hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha expedido el acto que formaliza la suspensión, requisito indispensable para apartar del cargo al general Huertas durante los tres meses establecidos por la Procuraduría. Mientras esto no ocurra, explican, el oficial continúa siendo el comandante del Comando de Personal y, por lo tanto, mantiene sus funciones intactas.
La entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, Coljuegos, aclaró este martes que el bloqueo al portal sueco Expressen.se no tiene relación con las recientes publicaciones del medio sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo. Según la información oficial, la inclusión del sitio en el listado de páginas denunciadas por promover apuestas ilegales ocurrió hace cuatro años, durante la administración del expresidente Iván Duque.Coljuegos señaló que el portal fue incorporado al listado de sitios por bloquear en 2021, tras verificarse que promocionaba apuestas no autorizadas en el país. La entidad recordó que este procedimiento se realiza “conforme a lo contemplado en el artículo 38 de la Ley 643 de 2011”, modificado por la Ley 1753 de 2025, que autoriza a las autoridades a monitorear páginas de internet y ordenar bloqueos cuando estas favorezcan la operación o publicidad de juegos ilegales.El comunicado destaca que la inclusión del dominio www.expressen.se se dio en el marco del proceso regular de actualización mensual que realiza Coljuegos sobre plataformas que operan o promocionan apuestas sin autorización en Colombia. En total, la entidad mantiene más de 34.100 sitios registrados dentro de este listado.Bloqueo activo solo en algunos operadoresColjuegos indicó además que, aunque el portal permanece en la lista de sitios denunciados, el bloqueo se encuentra activo únicamente por parte de los prestadores de servicios de internet Hughesnet, Movistar y Tigo. Otros operadores no mantienen actualmente restricción sobre el dominio.La entidad también precisó que no cuenta con información que confirme si el medio sueco opera bajo otros dominios distintos al registrado en su base de datos.En su comunicado, Coljuegos reafirmó que los bloqueos se aplican exclusivamente con el objetivo de garantizar la legalidad en el ecosistema de juegos de suerte y azar y de proteger los recursos destinados a la salud en Colombia.La aclaración se produce en medio de la controversia generada por reportes ciudadanos sobre dificultades para acceder al portal desde algunos dispositivos y la discusión pública sobre la posible relación entre el bloqueo y los reportajes de Expressen sobre la primera dama. Según la entidad, el procedimiento responde a decisiones adoptadas en 2021 y no está vinculado a hechos recientes.