El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Hasta el próximo 8 de diciembre, los habitantes de Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga podrán disfrutar del Gran Outlet de Libros, un evento que reúne miles de títulos nuevos y originales a precios accesibles.La feria se encuentra instalada en el centro comercial De La Cuesta, piso 1, local 152, y funciona en jornada continua de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche con entrada completamente libre.Este gran espacio literario ofrece más de 10.000 libros y 7.000 títulos para todo tipo de lectores. Entre las categorías disponibles hay literatura universal, novelas, crónicas, cuentos infantiles, libros de consulta, textos de ficción y obras clásicas, con valores que comienzan en $5.000 y $10.000 pesos, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para quienes buscan ampliar su biblioteca sin afectar su bolsillo.Los organizadores explicaron que el propósito del Gran Outlet de Libros es incentivar y cultivar nuevos lectores, así como brindar una oferta cultural variada y accesible en cada región del país. La iniciativa busca acercar la lectura a comunidades que, por los altos precios de los libros, suelen estar alejadas de estos espacios.“El objetivo es que más personas puedan acceder a libros nuevos, originales y de calidad. Queremos que las familias, los jóvenes y los niños encuentren historias que los inspiren y fortalezcan el hábito de la lectura”, señalaron los voceros del evento.Además de los descuentos, el outlet cuenta con títulos para todas las edades, lo que permite que cada integrante de la familia encuentre opciones según sus gustos literarios.Los organizadores invitan a la comunidad a visitar esta fiesta de la lectura, aprovechar los precios especiales y descubrir nuevas historias para llevar a casa.
Con el propósito de recuperar los cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta región del país, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelanta fase inicial de intervención forense en el cementerio municipal de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.En el inicio de esta acción humanitaria, que se realizará entre los días 5 y 13 de diciembre de 2025, el equipo forense de la Unidad intervendrá siete bóvedas individuales y dos áreas de interés para la búsqueda, ubicadas en la zona de sepulturas del camposanto.De acuerdo con Gloria Araque, coordinadora territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda, la investigación humanitaria y extrajudicial realizada en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia logró orientar la identidad de 11 personas cuyos cuerpos serían recuperados."Esta intervención se adelanta por parte del Grupo Interno de Trabajo de la Territorial Antioquia que ejecuta el Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia. En este cementerio esperamos, en esta primera fase, hacer una recuperación de 14 cuerpos de personas que fueron desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado en este territorio", aseguró la directiva.Asimismo, se ha establecido que su desaparición ocurrió en dos hechos del conflicto armado: el primero, en 2012, en la vía que de El Bagre conduce al corregimiento de Puerto Claver y el segundo, en el año 2013, en zona rural del municipio de Zaragoza.El cementerio de El Bagre cuenta con 28 sitios de interés para la búsqueda, de los cuales 13 son bóvedas individuales y 15 son sepulturas. La Alcaldía de El Bagre, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría en un trabajo articulado hicieron posible la intervención de este camposanto.Dentro del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia se estima que hay un aproximado de 2.502 personas dadas por desaparecidas, según los reportes de la Unidad de Búsqueda. En Antioquia, la cifra asciende a 27.442 personas desaparecidas; y en Colombia, a 135.396.La entidad también hace la solicitud a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas inhumadas en este cementerio o a la localización de nuevos sitios de interés forense para acercarse al camposanto y suministrar estos datos a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda, quienes garantizarán la confidencialidad de la información.
Gastronomía, cine y fiestas le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento de Antioquia.En eventos gastronómicos habrá evento para los amantes de una de las comidas de la temporada con el Festival Que Viva el Buñuelo que iniciará desde hoy la búsqueda de la mejor receta.En Cisneros, mientras tanto, se cerrará la primera versión del Burger Fest, con varios locales comerciantes participantes, como contó Sebastián Restrepo, coordinador de turismo de ese municipio del Nordeste: ""Tenemos siete participantes que van a competir. Esta hamburguesa es un producto especial para la fecha. Es un producto que no está en los menús y que debe contener una narrativa del municipio, que resalte sus saberes, sus sabores, y que tenga en sí elementos como tal del municipio", indicó.En cuanto al séptimo arte, Medellín tendrá su festival de Cine Comunitario en Moravia, mientras que en Santa Fe de Antioquia se vivirá, desde hoy hasta el lunes, una nueva versión de su Festival de Cine, por el que esperan 15.000 visitantes en el municipio, donde la programación será variada."Tendremos una variedad agenda, artistas invitados especiales, además de que estará engalanado con diversas actividades de la ciudad. Tendremos concierto navideño, como también para darles y toque, apertura", señaló la secretaria de turismo Viviana Bran.Finalmente, hay que decir que municipios como Carolina del Príncipe, El Carmen de Viboral y Rionegro tendrán fiestas durante el fin de semana.
El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección Colombia en el Grupo K, una zona exigente que comparte con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional del Grupo 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo. Aunque este sábado, 6 de diciembre, la Fifa confirmará las ciudades en las que se disputarán los partidos de este grupo, en el sonajero están cinco ciudades: Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos), además de Ciudad de México y Guadalajara (México). Asimismo, se conocerán los horarios y estadios donde jugará el equipo comandado por el seleccionador Néstor Lorenzo.¿Cuándo jugará Colombia?De acuerdo con la información conocida por Blog Deportivo, Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán, un rival poco habitual en el fútbol internaciona, pues este será su primer Mundial. Las dos ciudades propuestas para este primer juego son Ciudad de México o Houston, sedes que definirán el escenario para el estreno de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sobre Uzbekistán, el análisis previo destaca a su futbolista más costoso: Abdukodir Khusanov, defensa de 21 años del Manchester City, tasado en 35 millones de euros.El segundo compromiso de Colombia será el 23 de junio, cuando enfrente al ganador del repechaje internacional. Este partido también se jugará en territorio mexicano o estadounidense: Guadalajara o Houston aparecen como las alternativas. El repechaje definirá al último integrante del grupo entre tres selecciones con perfiles muy distintos: la potencia física de la República Democrática del Congo, la velocidad caribeña de Jamaica y la sorprendente presencia de Nueva Caledonia, que busca dar el golpe.Finalmente, la fase de grupos cerrará el 27 de junio, con el duelo más esperado: Colombia vs. Portugal, que se disputará en Atlanta o Miami. Será el partido estelar del Grupo K, un choque con uno de los combinados más fuertes del continente europeo, liderado por figuras de talla mundial y con el anhelado reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, excompañeros en el Real Madrid.Aunque falta la confirmación oficial del calendario por parte de la Fifa, la delegación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comenzará su travesía para encontrar hoteles y las mejores instalaciones para que se prepare Colombia durante el Mundial 2026.
Una nueva emergencia minera se registró en la vereda Valparaíso, corregimiento de Miralindo, en el municipio de Landázuri, Santander, donde seis mineros resultaron gravemente heridos tras la explosión ocurrida entre las 11:00 a.m. y 12:00 m.El alcalde del municipio, Carlos Andrés Morales, expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos y la complejidad del control institucional en las zonas mineras.“Para nosotros como autoridad es muy difícil estar pendientes de las bocatomas de las minas, hay muchas y la gran mayoría registran cierres preventivos y aun así la gente sigue arriesgando sus vidas. Por eso los invitamos a que se formalicen con la Agencia Nacional de Minería; estamos haciendo capacitaciones y pedimos que dejen de valorar el material de la tierra por encima de la vida”, señaló.Esta es la tercera explosión en menos de tres semanas en esta misma zona del departamento, una cadena de incidentes que ya deja tres trabajadores muertos y siete lesionados, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.De acuerdo con las primeras versiones, una acumulación de gases dentro del socavón habría provocado el estallido que generó una violenta deflagración. Las autoridades también confirmaron que la legalidad de la mina está en investigación, mientras se adelantan verificaciones técnicas y administrativas sobre su operación.Los mineros heridos son Luis Alberto Jerez Casas de 24 años, Andrés Felipe López Caro de 21 años, José Henrry López García de 52 años, Willian Edalio Galindo González de 43 años, José Wilson Buitrago de 43 años y Hernando Cañón de 48 años.Cinco de los trabajadores fueron trasladados a clínicas del área metropolitana de Bucaramanga, mientras que uno permanece bajo observación en el Hospital de Landázuri.El mandatario añadió que continúan articulando esfuerzos con la Agencia Nacional de Minería para reforzar las medidas de seguridad y reducir los riesgos en esta actividad.Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si la mina cumplía o no con las normas exigidas para su funcionamiento.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves la caída de ceniza en varias veredas del municipio de Puracé, en el Cauca, debido a emisiones del volcán Puracé, que continúa en estado de alerta Amarilla y presenta actividad sísmica superficial bajo su cráter.Según el reporte, durante este jueves 27 de noviembre se recibieron avisos de precipitación de ceniza en sectores como Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío, así como en la cabecera municipal de Coconuco, ubicada al occidente del edificio volcánico. La dispersión del material ha estado influenciada por las condiciones del viento durante la jornada.El SGC explicó que el fenómeno está relacionado con emisiones persistentes de gases y ceniza, acompañadas de sismicidad asociada al movimiento de fluidos en zonas superficiales. La entidad recordó que, en alerta amarilla, es esperable la presencia de “incandescencias, pequeñas explosiones, anomalías térmicas, ruidos, olores a azufre, grietas y lahares menores, además de desgasificación en áreas distintas al cráter”.Aumento de actividad en días recientesEl 25 de noviembre, el SGC ya había advertido un incremento en los eventos sísmicos del Puracé, particularmente señales tipo Tremor y Largo Periodo registradas a menos de un kilómetro de profundidad. Ese día también se observaron columnas de gases que alcanzaron hasta 1,6 kilómetros de altura, con dispersión hacia el suroccidente, acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza.El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos y se ubica cerca de Popayán, capital del Cauca.Recomendaciones oficialesFrente a la actividad actual, el SGC recomendó no acercarse al edificio volcánico y mantenerse atento a los boletines extraordinarios emitidos por la entidad. También pidió seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Las autoridades reiteraron que, aunque la alerta amarilla no implica una erupción inminente, sí exige vigilancia permanente y cumplimiento de las medidas de prevención en las zonas cercanas.
Han pasado 4 décadas desde que el M-19 se tomó en Palacio de Justicia en noviembre de 1985.Recientemente, la justicia tomó decisiones concretamente al llamar a juicio a 9 exmilitares por las torturas durante la retoma del Palacio.La decisión de proferir resolución de acusación contra los 9 militares en retiro la tomó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, se les señala de haber participado en actos de tortura agravada contra civiles durante los hechos ocurridos en el Holocausto del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.Según la investigación llevada a cabo por el ente acusador, las víctimas que salieron con vida del Palacio de Justicia, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo guerrillero M-19 y, posteriormente, trasladadas a la Casa del Florero, instalaciones militares y sedes de la Policía, donde habrían sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, bajo la errónea sospecha de colaborar con la toma armada en aquella trágica jornada de 1985.En el documento de 127 páginas, se detalla cómo habrían sido estas torturas y cuáles fueron los testimonios de varias personas.“En estricto sentido encontramos que el actuar de los aquí procesados sobre Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arevalo Mejia, trasgrede no solo la normativa penal del delito de tortura, sino que atenta contra los derechos fundamentales”, se lee en el escrito.De acuerdo con las pruebas, 11 personas fueron víctimas de interrogatorios abusivos, golpes, humillaciones y detenciones ilegales, pese a no tener vínculos con el M-19.Entre ellos, se encuentran dos estudiantes de Derecho de una universidad privada que se encontraban visitando el Palacio de Justicia el día de la toma y que, tras ser rescatados, fueron conducidos a distintas dependencias oficiales antes de ser puestos en libertad.Esta importante decisión de la fiscalía se da en el Marco de los 40 años del holocausto al palacio de justicia, en donde varios de los familiares de las víctimas siguen pidiendo explicaciones por las personas desaparecidas hace cuatro décadas.Entre los exmilitares llamados a juicio están el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces coronel y director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez, entre otros.
La discusión de la reforma tributaria —o Ley de Financiamiento— continúa abierta en el Congreso, pese a los anuncios de su posible hundimiento. El presidente de la Comisión Tercera, Wilmar Castellano, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el proyecto “no está muerto” y que aún debe surtir nuevas sesiones después de que la Comisión Cuarta de la Cámara rompiera el quórum durante la votación de la ponencia de archivo.Castellano recordó que en el Legislativo nada está decidido hasta el final. “Allá nada está escrito hasta que todo esté escrito”, aseguró, al señalar que ha visto proyectos salvarse y hundirse en el último minuto.Debate en comisiones y rompimiento de quórumEl representante explicó que las comisiones económicas avanzaron en la discusión de las ponencias positivas, negativas y de archivo. Según dijo, se otorgaron garantías a todos los sectores: “Fueron más de cinco horas de debate, donde más de 20 congresistas hicieron intervenciones”, detalló.La sesión se complicó cuando, tras un acuerdo para permitir que las cuatro comisiones votaran la ponencia de archivo, la Comisión Cuarta se retiró del recinto: “Al no haber una comisión… teníamos la obligación de suspender la votación”, indicó Castellano. Ante las críticas por una supuesta “jugadita” para alargar el proyecto, el congresista respondió que entre quienes rompieron el quórum había miembros de la oposición, por lo que consideró la acusación contradictoria.¿Cuáles son los tiempos para la reforma tributaria?El Gobierno busca que la reforma se apruebe antes de finalizar las sesiones ordinarias de diciembre. Castellano anticipó que el Ejecutivo podría citar a extras y que, en caso de no avanzar, el proyecto seguiría vivo hasta julio del próximo año. “La premura es que, si se llegara a aprobar algo, entre en vigencia desde el 1 de enero”, apuntó.Debate por la sentencia 420 de 2024Otro punto de tensión fue la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre votaciones en comisiones conjuntas. El presidente de la Comisión Tercera negó haber cambiado reglas: “En aras de las garantías… permitimos que votaran las cuatro comisiones”, afirmó. Según explicó, varios congresistas solicitaron expresamente abrir la votación, por lo que decidió atender el pedido.Castellano respondió también a la alerta del presidente Gustavo Petro sobre un eventual incumplimiento de la deuda si no se aprueba la reforma. “El pago del servicio de la deuda está garantizado”, aseguró. Sin embargo, advirtió que, sin los nuevos ingresos, podría ser necesario “recortar la inversión y el gasto” del Plan Nacional de Desarrollo.Escuche la entrevista completa acá:
Con solo 100 días exactos restantes para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, el panorama político colombiano se encuentra en una etapa crucial de definiciones y registro de listas. La fecha límite para la inscripción de listas al Congreso es el 8 de diciembre, aunque los partidos probablemente finalizarán los registros el viernes o sábado anteriores debido al puente festivo. Definiciones cruciales en el Centro Democrático y la lista al SenadoEste fin de semana se prevé como clave para las determinaciones del Centro Democrático. El líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto al director Gabriel Vallejo y un comité de selección, definirán el orden de la lista al Senado, la cual cuenta con cerca de 100 aspirantes. La complejidad radica en que "no hay cama para tanta gente", obligando al partido a organizar prioridades y asegurar escaños para figuras clave.Entre los nombres sorpresa que se perfilan, destaca Marelen Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022 y actualmente ocupa una curul como representante a la Cámara gracias al Estatuto de la Oposición. El periodista Lucas Sampedro contó en Recap Blu que fuentes cercanas al partido indican que su inclusión en la lista al Senado por el Centro Democrático es un hecho confirmado.Además, el partido ha confirmado la participación de Álvaro Uribe Vélez, quien ocupará el número 25 en la lista, en una estrategia arriesgada que busca duplicar la meta actual de 13 curules. Otro nombre relevante que ingresaría a la lista es el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de renunciar a su aspiración presidencial. También se espera que Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, asegure un cupo para dar el salto al Senado.El futuro de Alejandro Gaviria: cortejado por el tradicionalismoEn otro frente político, el exministro Alejandro Gaviria ha generado gran expectativa sobre su destino en las próximas elecciones legislativas. Inicialmente, su nombre se barajó para encabezar una lista junto al Nuevo Liberalismo y la coalición Ahora Colombia, pero tras haber comunicado a Juan Manuel Galán que no aspirará al Senado, ese plan se cayó.Sin embargo, a Gaviria le están "haciendo ojos" al menos tres partidos. Se ha informado que el Partido Liberal y *Cambio Radical* lo tienen en el radar. Aunque los Verdes también tuvieron acercamientos, estos no prosperaron. La posible alianza con Cambio Radical resulta particularmente llamativa, dado que este partido ha mantenido una fuerte oposición al Gobierno de Gustavo Petro, del cual Gaviria fue ministro. Es importante señalar que las negociaciones o conversaciones que se están dando no buscan que Gaviria encabece ninguna lista, sino que se integre en algún número para aspirar al Senado.Los próximos días serán determinantes para aclarar el camino políticos de estos aspirantes a las elecciones del 2026.
Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la campaña Petro Presidente 2022 y compulsar copias a la Fiscalía, en el caso de Ricardo Roa, por el exceso de topes electorales, varios precandidatos a la presidencia de la república han reaccionado a la decisión. Han suscitado comentarios desde el respeto a la institucionalidad, pedir la renuncia de Ricardo Roa o simplemente responder que es necesaria una reestructuración política para garantizar transparencia en las campañas por la carrera a la presidencia.En medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el primero en dar su posición fue el precandidato, Sergio Fajardo, quien aseguro que Ricardo Roa, en ese entonces jefe de campaña de Gustavo Petro, era cuestionado por todos los sectores por lo cual, el presidente de la República debía pedir su renuncia inmediata de Roa tras la decisión.““Ricardo Roa hace rato tuvo que haber renunciado a Ecopetrol. Ese señor está cuestionado por todos lados. La manera oscura, la corrupción que va permeando en diferentes lados del país y le está haciendo daños al país. Es responsabilidad del presidente pedirle a señor Ricardo Roa que se vaya. Yo he dicho una frase… la forma como se llega al poder, así se gobierna.” concluyó el candidato.Por su parte, quien hizo parte del gobierno Petro hasta hace poco, el exministro del interior y ahora pre candidato, Juan Fernando Cristo, se refirió al silencio del presidente asegurando que “‘muy pronto se pronunciará por el tema y la renuncia de Roa” pero enfatiza que es necesaria una reestructuración del sistema político y de financiación para promulgar la transparencia de las campañas, pero principalmente dice que toda respetar las decisiones y la institucionalidad.“más allá de la coyuntura y más allá del escándalo del momento, esta decisión y esta conclusión del Consejo Nacional Electoral lo que demuestra y confirma una vez más es que es urgente y necesaria en Colombia una reforma política y electoral que cambie el sistema político y electoral del país, que avancemos hacia una financiación pública transparente que garantice equidad de las candidaturas y precisamente transparencia, hacia una autoridad electoral independiente y autónoma libre de cualquier sospecha de parcialidad política y que avance también en un sistema de listas únicas, de listas cerradas, de campañas políticas mucho más transparentes. Venimos aplazando desde hace 20 años esas decisiones.” Concluyó el precandidato Cristo.Y quien, no solo mencionó la decisión del CNE, sino que comentó que es un hecho que “ya no sorprende al país, ya que según sus palabras “venimos de escándalo en escándalo” fue el ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que precisó que en Colombia es necesario que la justicia actúe tanto en instancia judiciales como políticas.“porque venimos de escándalo en escándalo, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el escándalo de la Unidad Nacional de Protección y ahora el de la financiación de la campaña del actual presidente. Lo que queremos los colombianos y lo que necesitamos es que se llegue hasta las últimas consecuencias y eso son las consecuencias jurídicas y las consecuencias políticas.” Aseguró el precandidato.En medio del debate de precandidatos donde también participaron Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amin, Pipe Córdoba y Miguel Uribe Londoño, llegaron a un acuerdo y es que es necesario que el país se blinde en seguridad tras lo ocurrido semanas anteriores en el Cauca y una reestructuración de Ecopetrol desde el día uno a su llegada a la Casa de Nariño.
A nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el actual Gobierno ha demostrado con hechos que la reparación y la dignidad de las víctimas son el pilar de la construcción de un país reconciliado.En este sentido, la paz no es solo silenciar los fusiles, es reconstruir el tejido social y garantizar los derechos de quienes más sufrieron la violencia. El Punto 5 del acuerdo exige la reparación integral y eso implica ir más allá del dinero. Significa reconocer el sufrimiento de más de 10 millones de víctimas e impulsar su participación activa para que sean ellos los protagonistas de las políticas de reparación. La memoria histórica que se construye con la voz de las víctimas es la herramienta más poderosa para la no repetición del conflicto, un camino de justicia que el Estado tiene la obligación de pavimentar.La inversión del Gobierno del Cambio es contundente y sin precedentes, así lo afirma el Director General de la Unidad para las Víctimas Adith Rafael Romero Polanco: “se han destinado más de $5,73 billones a la indemnización de las víctimas del conflicto armado, el monto más alto en la historia de la implementación del Acuerdo de Paz”. De los $14,85 billones invertidos en total, casi el 40% ha sido ejecutado durante este cuatrienio, lo que traduce su compromiso en cifras irrefutables y un apoyo tangible a más de 2 millones de víctimas indemnizadas históricamente.Durante el segundo semestre del 2025, la entidad ha reforzado su presencia institucional para que las cifras se traduzcan en acompañamiento y atención. En los últimos meses se han entregado más de 158.000 indemnizaciones a 144.000 personas, con una inversión superior a $1,3 billones. Además, la entrega de ayuda humanitaria también llegó a territorios con crisis agudas, como la región del Catatumbo. Allí, mientras las comunidades enfrentaban nuevos ciclos de desplazamientos masivos, la Unidad garantizó la atención humanitaria de emergencia a 10.124 hogares, con la entrega de 13.765 giros por $10.181 millones.