El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección Colombia en el Grupo K, una zona exigente que comparte con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional del Grupo 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo. Aunque este sábado, 6 de diciembre, la Fifa confirmará las ciudades en las que se disputarán los partidos de este grupo, en el sonajero están cinco ciudades: Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos), además de Ciudad de México y Guadalajara (México). Asimismo, se conocerán los horarios y estadios donde jugará el equipo comandado por el seleccionador Néstor Lorenzo.¿Cuándo jugará Colombia?De acuerdo con la información conocida por Blog Deportivo, Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán, un rival poco habitual en el fútbol internaciona, pues este será su primer Mundial. Las dos ciudades propuestas para este primer juego son Ciudad de México o Houston, sedes que definirán el escenario para el estreno de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sobre Uzbekistán, el análisis previo destaca a su futbolista más costoso: Abdukodir Khusanov, defensa de 21 años del Manchester City, tasado en 35 millones de euros.El segundo compromiso de Colombia será el 23 de junio, cuando enfrente al ganador del repechaje internacional. Este partido también se jugará en territorio mexicano o estadounidense: Guadalajara o Houston aparecen como las alternativas. El repechaje definirá al último integrante del grupo entre tres selecciones con perfiles muy distintos: la potencia física de la República Democrática del Congo, la velocidad caribeña de Jamaica y la sorprendente presencia de Nueva Caledonia, que busca dar el golpe.Finalmente, la fase de grupos cerrará el 27 de junio, con el duelo más esperado: Colombia vs. Portugal, que se disputará en Atlanta o Miami. Será el partido estelar del Grupo K, un choque con uno de los combinados más fuertes del continente europeo, liderado por figuras de talla mundial y con el anhelado reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, excompañeros en el Real Madrid.Aunque falta la confirmación oficial del calendario por parte de la Fifa, la delegación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comenzará su travesía para encontrar hoteles y las mejores instalaciones para que se prepare Colombia durante el Mundial 2026.
En un operativo realizado por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Aranjuez de Medellín se logró dar un golpe contundente en contra de los piques ilegales que se han convertido en una práctica habitual en la ciudad y en una de las más perseguidas por las autoridades.El reporte entregado muestra que durante el procedimiento se lograron realizar 133 comparendos y se inmovilizaron casi 60 motocicletas vinculadas directamente a los piques ilegales, mientras que las multas se hicieron por la participación en la actividad ilegal o ausencia de documentos al día.El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que este tipo de operativos se vienen realizando de manera frecuente en la capital de Antioquia para poder tener una mejor movilidad durante las celebraciones decembrinas."En la última semana realizamos 259 intervenciones en sectores como Las 70, El Parque Lleras, Las Palmas y otros corredores viales. Practicamos 180 pruebas de alcoholemia y movilizamos 269 vehículos", destacó Ruiz.Sobre lo que ha ocurrido en Medellín durante los últimos días hay que decir que se impusieron 1.095 comparendos por mal parqueo, 45 por informalidad en la prestación del servicio de transporte público y 180 por no portar el casco. Además, se realizaron 269 inmovilizaciones de vehículos y 523 de motocicletas.Este año los operativos en zonas de alta afluencia como la 70 y el Parque Lleras han permitido fortalecer los controles, ya que, por ejemplo, en la 70 se han desarrollado 307 operativos con 4.702 comparendos y 1.702 inmovilizaciones.
Este importante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se da tras la condena en segunda instancia a una empresa por la muerte de un operario, quien recibió un disparo de francotirador mientras realizaba labores de reparación en el oleoducto- Caño Limón Coveñas, región donde operan grupos armados ilegales. Para el alto tribunal, la infraestructura petrolera situada en zonas de conflicto representa un escenario de algo riesgo para los bienes y para las personas que hacen algún tipo de labor allí."Si bien el Ejército Nacional indicó que no hubo alarmas de seguridad en la zona, no pasó por alto que la empleadora tenía conocimiento de las advertencias a la comunidad por el grupo ilegal, lo que ponía en riesgo a sus trabajadores, máxime cuando en agosto de 2014 el mismo oleoducto había sido objeto de ataque terrorista", se lee en el fallo.En ese sentido la Sala Laboral con una óptica de derechos humanos y sobre todo la responsabilidad empresarial, aseguró que las compañías deben adoptar medidas efectivas y seguras más aún cuando tienen información de primera mano que indica que el orden público en la zona donde se llevan a cabo las labores es riesgoso.La omisión según el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, puede dar lugar a responsabilidad por los daños sufridos a los trabajadores, allí también señalan que, si bien el mantenimiento del orden público es de resorte del Estado y de las fuerzas militares, ello no exime la responsabilidad de cada empresa.Finalmente, la Corte señaló que en estos casos el empleador está obligado a cumplir con estricta rigurosidad los protocolos de seguridad y a atender todas las alertas existentes, descartando cualquier conducta imprudente o exceso de confianza.
Este viernes 5 de diciembre, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en el funcionamiento de WhatsApp, especialmente al intentar enviar fotos, videos, audios y stickers. La situación se hizo evidente en redes sociales, donde el nombre de la aplicación se convirtió rápidamente en tendencia.De acuerdo con la plataforma Downdetector, el pico de reportes se registró en horas de la tarde, cuando los usuarios comenzaron a alertar sobre errores en el envío de mensajes y dificultades tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Entre los problemas más mencionados se encontraron la imposibilidad de cargar archivos multimedia, retrasos en la entrega de mensajes y desconexiones repentinas. Las redes sociales, como suele ocurrir en este tipo de interrupciones, se llenaron de reacciones y memes que ironizaban sobre la caída temporal del servicio. Muchos internautas aprovecharon para expresar su frustración, mientras otros tomaron el hecho con humor.Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla ni el tiempo estimado de restablecimiento total del servicio.
El general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, afirma que los vuelos a Venezuela por parte de la aerolínea estatal seguirán suspendidos hasta que, por lo menos, haya garantías de que no hay riesgo en la operación.Indicó que a los pasajeros se les ha dado la opción de “devolverles el dinero inmediatamente”, por lo que son los usuarios quienes ahora están revisando sus opciones para saber qué hacer con sus planes de viaje.“Ante la situación y la evidencia formal que se ha presentado de novedades e interferencias tanto en comunicaciones como en navegación, es un punto de no retorno en el aspecto de la seguridad”, indicó Zuluaga. El general agregó que "una vez se superen estas condiciones y tengamos información de los entes internacionales que nos garanticen la continuidad de la operación, pues lo seguiremos haciendo desde que garanticemos que no vamos a tener ningún riesgo".El oficial agregó que, pese a estas cancelaciones, Satena espera cerrar este año con buenas cifras, pues al finalizar el 2025 contará con 200 rutas habilitadas, un crecimiento exponencial que ha permitido hacer presencia en 30 departamentos del país y llegar a zonas donde carecían de conectividad aérea.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
El Gobierno oficializó una nueva ronda de ascensos en las Fuerzas Militares, una decisión que se tomó tras revisar las recomendaciones de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Con base en las normas constitucionales y el régimen de carrera establecido en el Decreto Ley 1790 de 2000, el ejecutivo escogió a los oficiales que avanzarán al grado inmediatamente superior dentro de la estructura militar.Las recomendaciones fueron entregadas por cada fuerza en actas formalizadas entre septiembre y octubre de 2025, luego de evaluar perfiles, trayectoria, cursos, tiempo de servicio y requisitos específicos para ascender. Con esa información, el Comandante General de las Fuerzas Militares elevó la solicitud al Gobierno, que finalmente decretó los ascensos.La decisión contempla grados que requieren aprobación del Senado, tal como ordena la Constitución. Una vez surtido ese paso, los ascensos empezarán a regir desde el 1 de diciembre de 2025.Al grado de General o Almirante• Reyna Niño Harry Ernesto• Silva Rueda Carlos FernandoAl grado de Mayor General o Vicealmirante• Vargas Idarraga Raúl Fernando• Giraldo Jiménez Walther Adrián• Carrasquilla Gómez Carlos Enrique• Bocanegra Bernal Federico• Soto Sánchez José Bertulfo• Mosquera Dueñas Juan Francisco Santiago Manuel José• Olaya Quintero Rafael• Bueno Pineda Ádilson Nevardo• Salamanca Rodríguez Edgar Alexander• Cabrera Martínez Norman Iván• Oramás Maldonado Carlos Hernando• Correa Duque FernandoAl grado de Brigadier General o Contralmirante• Esparza Guerrero José Luis• Pinilla Acosta Juan Pablo• Fernández Rojas Nelson Ricardo• Jaramillo Muñoz Diego• Aguirre Martínez Jorge Mario• Rodríguez Pérez Édgar• Cómbita Guzmán Javier Humberto• Suárez Giraldo César Augusto• Maje Gómez Gabriel Andrés• Mena Mena Alex Jéfferson• Medina Dial William Roberto• Ardila Robles Hair• López Mejía John Henry• Navarro Carrascal Gustavo Adolfo• Mejía Giraldo Evert Andrés• Sanabria Gaitán Darío Eduardo• Henao Bohórquez Jorge Andrés• Callamand Andrade Rafael Leonardo• Montañez Torres Jaime LeonardoLos ascensos fortalecen la línea de mando en un momento clave para la reorganización interna de las Fuerzas Militares. Con estas designaciones, el alto mando inicia una nueva etapa marcada por relevos, nuevos liderazgos y una estructura adaptada a las necesidades operacionales del país.
El presidente Gustavo Petro se retractó la semana pasada por un trino del 29 de septiembre en el que se refirió a la senadora Paloma Valencia diciendo: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.La retractación tardó casi un mes, aunque son cinco días los que se establecen en estos casos para cumplir con la orden. Sin embargo, el mandatario no ofreció disculpas públicas en ese momento y señaló que era necesario diferenciar entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Incluso, contrario a lo que pedía el fallo, reiteró sus palabras, aunque redactadas de otra forma.La senadora Paloma Valencia anunció que instauraría un incidente de desacato contra el mandatario, argumentando que la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez.Este jueves, 27 de noviembre, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse al respecto, esta vez ofreciendo excusas públicas.“Frente a esa realidad, y por respeto a las víctimas que defiendo y a la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, dejo una precisión que no admite dudas para que no se desvíe más la atención sobre el debate de fondo: los llamados ‘falsos positivos’ se concentraron entre 2002 y 2008, cuando usted aún no era congresista (lo es desde 2014). Por tanto, no le atribuyo participación directa ni responsabilidad penal en esos crímenes, ni usted ha sido investigada o condenada por ello”, escribió.“En ese marco, y para que ninguna expresión mía sirva para desviar el foco de lo que es verdaderamente valioso (la verdad y las víctimas) hacia una imputación personal que no se ajusta a los hechos, rectifico y presento excusas públicas por haber dicho que usted fue ‘cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales’, una formulación desproporcionada que afectó su honra. Mi desacuerdo con usted permanece en el plano político y ético, no en el penal”, concluyó el mandatario.
Las autoridades en Risaralda revelaron nuevos elementos sobre el dramático caso que ha conmocionado a Dosquebradas, donde una mujer de 34 años perdió la vida presuntamente a manos de su hija, en medio de una discusión familiar que habría tenido como detonante el cambio de la contraseña del wifi.El hecho, registrado el lunes 24 de noviembre, cobró la vida de Maryuri Gaspar, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Mónica con heridas de arma cortopunzante. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Pereira, la víctima ingresó al centro asistencial aún con signos vitales, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.Varios testigos relataron que la confrontación se originó cuando la madre decidió modificar la clave del internet tras reiterados llamados de atención a su hija. En medio del altercado, la joven, quien es señalada como la agresora, habría reaccionado violentamente.“Las personas que la trasladaron mencionaron que la discusión se generó por el cambio de la clave del wifi, y en ese contexto se desencadenó el ataque”, indicó el coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, en diálogo con Noticias Caracol, subrayando que se trata de un nuevo episodio de violencia intrafamiliar que terminó en tragedia.La presunta agresora se encuentra prófuga, y la Policía adelanta su búsqueda para que responda por los hechos ante la justicia. Las autoridades insistieron en la importancia de acudir a rutas de atención y mediación en situaciones de conflicto dentro del hogar, especialmente cuando hay menores presentes.Y es que, según se conoció, el ataque ocurrió frente al hermano menor de la joven, quien presenció el momento en el que su madre quedó malherida e intentó auxiliarla. El niño quedó bajo el cuidado de familiares mientras avanza la investigación.Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer estrategias de prevención de violencia intrafamiliar, así como de brindar apoyo emocional y acompañamiento a los menores que resultan afectados directa o indirectamente en este tipo de situaciones. Las autoridades locales reiteraron que cualquier acto de agresión dentro del hogar debe ser reportado oportunamente para evitar desenlaces fatales como el sucedido en Dosquebradas.
El Ministerio de Defensa confirmó la imposición de una sanción económica a la empresa extranjera Vertol Systems Company Inc., luego de un proceso administrativo que determinó un incumplimiento parcial en las obligaciones del contrato destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército. Dicho contrato culminó su ejecución el 15 de noviembre de 2025.La actuación administrativa tuvo origen en el informe de supervisión entregado el 28 de agosto de 2025. Según esa evaluación, se detectaron “múltiples incumplimientos contractuales”, entre ellos, la no entrega de la documentación requerida y la omisión en la ejecución de obligaciones técnicas establecidas en los anexos del contrato. Estas evidencias, según un comunicado, llevaron a que la Secretaría General del Ministerio abriera el proceso sancionatorio.El 7 de noviembre, mediante una Resolución, el secretario general encargado del Ministerio, Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, emitió el fallo que impuso la sanción. Posteriormente, el 14 de noviembre, la Resolución 002047 resolvió los recursos interpuestos tanto por la compañía como por su aseguradora, Berkley International Seguros Colombia S.A., confirmando la decisión inicial. La sanción quedó en firme el 18 de noviembre de 2025.La medida contempla una multa por USD 8.956.468,35 y la obligación de devolver el pago anticipado por USD 13.586.872,47. El Ministerio advirtió que, si la empresa no realiza la devolución dentro del plazo de 15 días establecido, “el cobro se efectuará a la aseguradora dentro del mes siguiente”, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio. La cartera aseguró que activará “todas las acciones a que haya lugar” para lograr el cumplimiento del fallo.El Ministerio también aclaró que del total del anticipo entregado USD 16.231.700,19 se legalizaron bienes y servicios por USD 2.644.827,72, equivalentes a la ejecución de uno de los anexos del contrato. El resto deberá ser reintegrado según lo ordenado.En su comunicado, la institución destacó que todo el proceso se adelantó respetando las garantías jurídicas de las partes. “La decisión fue tomada en estricto cumplimiento del debido proceso, asegurando la garantía del derecho de defensa tanto al contratista como a la aseguradora”, indicó el Ministerio.
La Superintendencia de Industria y Comercio está defendiendo ante la justicia la polémica inspección a la Registraduría en marzo del 2024 en medio de la pelea del presidente con Thomas Greg & Sons. La entidad asegura que tiene todas las facultades para hacer esa clase inspecciones cuando quiera, pero la ONG demandante advierte que aquí se está haciendo un uso abusivo de la ley en pleno año electoral.La ONG Dilo Colombia tumbar con demanda la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y Comercio haga nuevas visitas a la Registraduría, porque considera que es un uso abuso abusivo de la ley. El objetivo es tumbar la regulación de las visitas de la entidad o por lo menos limitarlas.Obviamente la Superindustria no está de acuerdo.“Pretender que la legalidad de una visita administrativa dependa de que la norma incluya una relación explícita de cada tipo de sujeto al que puede practicarse (empresas privadas, sociedades de economía mixta, entidades descentralizadas, órganos constitucionales autónomos, entidades de la rama legislativa, judicial o electoral) conduciría a un absurdo. Bajo ese criterio, incluso las visitas a empresas privadas serían ilegales, puesto que las normas demandadas tampoco consagran, de manera específica y nominal, a las sociedades mercantiles como posibles destinatarias”, señaló la Superindustria en una comunicación al Consejo de Estado.Más adelante en ese documento la entidad dice que las visitas “sí pueden dirigirse a entidades públicas, sean o no parte de la Rama Ejecutiva, siempre que estén desarrollando procesos de contratación pública bajo mecanismos de selección competitiva. Al hacerlo, dichas entidades actúan como oferentes de oportunidades de mercado; y, por lo tanto, están sometidas a la regulación y vigilancia del régimen de libre competencia”.En otras palabras la Superindustria cree que puede hacer nuevas visitas incluso a órganos electorales, si considera que los procesos de contratación de estas entidades están violando la libre competencia.“A nosotros nos preocupa que especialmente en un año electoral que el gobierno y la Superintendencia actúen como una policía política en los órganos constitucionales autónomos, especialmente en los electorales pero también en la rama judicial y la rama legislativa”, dijo Nicolas Dupont, representante de Dilo Colombia.DuPont sustenta su posición en los reportes de visitas sorpresivas y retención de celulares personales y computadores durante las inspecciones realizadas por la actual administración de la entidad.
Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña Petro Presidente, el mandatario mantiene silencio frente al tema. Después de conocerse el fallo, publicó tres mensajes sobre las reformas tributaria, laboral y pensional, cuestionando que una parte de la Corte Constitucional “está a punto de hundir” esta última al delegar decisiones a la Cámara cuando ya se acerca el final del periodo legislativo y se aproximan las elecciones.En medio de la falta de pronunciamiento directo del presidente, se conoció que Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en 2022) sostuvo comunicación con el mandatario tras enterarse del fallo a través de los medios, ya que aún no ha sido notificado formalmente. Roa analiza posibles salidas jurídicas mientras participa en una junta ordinaria.Petro, por su parte, cumple este jueves una agenda privada. En la tarde tiene previsto asistir a la socialización del decreto del Fondo de la Policía, que se realizará en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.El presidente inicialmente había contemplado viajar a Barranquilla para participar en el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, pero finalmente su asistencia no se concretó.