El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
En calles terciarias, plazas de mercado y centros de acopio regionales hay un vehículo que gana protagonismo en Colombia. No es el carro tradicional ni la motocicleta convencional. Se trata del motocarro, una categoría que en 2025 alcanzó su mayor registro histórico y hoy se consolida como herramienta productiva clave en municipios intermedios y zonas rurales.De acuerdo con cifras de la ANDI, a través de su Cámara de la Industria de Motocicletas, durante 2025 se comercializaron 24.370 motocarros nuevos en el país, lo que representó un crecimiento del 51,33 % frente a 2024. Si se compara con 2015, el aumento acumulado alcanza el 220 %.Actualmente, el parque de motocarros ronda las 150.000 unidades, equivalentes a cerca del 0,8 % del parque automotor nacional.¿Por qué el motocarro crece más que la moto y el carro?El crecimiento sostenido de esta categoría está vinculado a su función como vehículo de trabajo. Más del 90 % de los motocarros comercializados en 2025 fueron ensamblados en Colombia, lo que también genera encadenamientos industriales y empleo directo.Según Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, cada motocarro representa una fuente de ingresos diarios para miles de familias. No se trata de un vehículo de uso particular, sino de un activo productivo utilizado para transporte de mercancías, acarreos, entregas y movilización de personas en trayectos cortos.Las proyecciones del gremio indican que, si se mantiene la tendencia de doble dígito, en 2026 los motocarros podrían representar cerca del 10 % de los nuevos vehículos de trabajo que ingresen al mercado colombiano.¿Cuál es el uso principal de los motocarros en Colombia?Las cifras muestran que el 70 % de los registros en 2025 correspondieron a motocarros de carga, con 16.887 unidades matriculadas. Los 7.222 restantes fueron de pasajeros.Este comportamiento evidencia que su principal función está relacionada con la logística local y la llamada “última milla”. Ferreterías, tiendas de barrio, talleres, emprendimientos familiares y pequeños negocios los utilizan para abastecimiento y distribución de corta distancia.En municipios donde el transporte público formal es limitado o inexistente, también cumplen un rol en la movilidad de personas, conectando veredas con cabeceras municipales y facilitando el acceso a servicios como salud, educación y comercio.¿En qué regiones se venden más motocarros?El comportamiento regional muestra mayor dinamismo fuera de las grandes capitales. En 2025, los departamentos con más registros fueron:Antioquia: 4.108 unidades (16,86 %)Guaviare: 2.000 unidades (8,21 %)Cesar: 1.608 unidades (6,60 %)Cundinamarca: 1.585 unidades (6,50 %)Valle del Cauca: 1.440 unidades (5,91 %)Atlántico: 1.367 unidades (5,61 %)Bolívar: 1.159 unidades (4,76 %)Huila: 1.093 unidades (4,49 %)Chocó: 1.072 unidades (4,40 %)Santander: 1.002 unidades (4,11 %)En algunas zonas rurales y municipios pequeños, estos vehículos pueden representar hasta el 10 % del flujo vehicular local.Además de su aporte al transporte de carga, el motocarro actúa como articulador económico en regiones apartadas. Su bajo costo operativo y su capacidad de adaptarse a infraestructuras complejas lo han convertido en una herramienta frecuente para micro y pequeñas empresas.
Aunque para algunas personas tender la cama en la mañana después de levantarse es parte esencial de su rutina diaria, hay quienes optan por dejarla desordenada y continuar con sus actividades, ya sea ir a trabajar, estudiar o realizar otras obligaciones. Este comportamiento, que parece una simple preferencia, ha sido objeto de análisis en la psicología, donde se ha encontrado que puede influir tanto en la creatividad como en el bienestar emocional y la calidad del sueño.¿No tender la cama revela una mente más creativa?Investigaciones científicas han explorado cómo el orden o el desorden del entorno influye en la forma en que las personas piensan. Un estudio publicado en la revista Psychological Science, dirigido por la psicóloga Kathleen Vohs de la University of Minnesota, analizó la reacción de varios participantes en ambientes con distintos niveles de organización.Durante el experimento, algunos voluntarios permanecieron en habitaciones ordenadas, mientras que otros estuvieron en espacios con objetos fuera de lugar. Posteriormente, se les pidió resolver ejercicios que evaluaban su capacidad para generar ideas originales.Los resultados mostraron que quienes estuvieron en entornos desordenados presentaron respuestas más innovadoras y menos convencionales. Según los investigadores, el desorden puede estimular una mentalidad más flexible, facilitando la generación de ideas nuevas. En contraste, los ambientes organizados tienden a fomentar conductas más tradicionales y estructuradas.Esto explicaría por qué algunas personas creativas no consideran prioritario tender la cama, ya que el desorden no necesariamente representa un problema para su funcionamiento mental.El desorden también puede afectar el descansoNo obstante, los expertos advierten que mantener la cama sin tender podría tener efectos negativos en el sueño. La especialista Shelby Harris, asociada a la plataforma BetterSleep, señaló en declaraciones al medio Tom’s Guide que el desorden visual puede interferir con la relajación necesaria para dormir bien.Cuando el cerebro percibe un entorno caótico, puede mantenerse en estado de alerta, lo que dificulta conciliar el sueño o alcanzar un descanso profundo. En ese sentido, una cama desordenada podría enviar señales contradictorias al cerebro, que en lugar de asociar el espacio con tranquilidad, lo relaciona con estrés o falta de organización.Beneficios de tender la cama todos los díasPor otro lado, especialistas en organización destacan los beneficios psicológicos de realizar esta pequeña tarea. La organizadora profesional Wendy Trunz, de Jane’s Addiction Organization, explica que tender la cama puede generar una sensación inmediata de logro.Este tipo de acciones sencillas contribuyen a crear una percepción de control y orden, lo que puede motivar a las personas a cumplir otras tareas a lo largo del día. Además, completar pequeños objetivos desde temprano ayuda a fortalecer la disciplina y mejorar el estado de ánimo.En conclusión, no tender la cama no siempre tiene un significado negativo. Desde el punto de vista psicológico, puede estar asociado con una mayor apertura mental y creatividad. Sin embargo, también es cierto que el orden contribuye a crear un ambiente más propicio para el descanso y la tranquilidad.
Junior, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras vencer 2-1 a América en la fecha pasada, un triunfo que le permitió afianzarse en el grupo de los ocho y confirmar su capacidad para competir ante rivales directos.El equipo barranquillero suma cuatro victorias en seis partidos y es uno de los más efectivos en ataque, con once goles a favor, respaldado por la experiencia y el olfato goleador de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel o Carlos Bacca.Santa Fe, por su parte, atraviesa un momento más complejo tras caer 3-1 ante Jaguares en la jornada anterior y se mantiene decimoquinto con siete unidades. El revés volvió a evidenciar dificultades defensivas en el equipo bogotano que acumula nueve goles en contra y lo obliga a reaccionar para no descolgarse prematuramente de la pelea por la clasificación.Otro juego atractivo es el duelo entre Internacional de Bogotá, que lidera el campeonato con 14 puntos tras empatar 1-1 con Pasto, y Millonarios, que viene en ascenso luego de vencer 2-1 a Llaneros.El conjunto 'embajador' es decimocuarto con ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse al puntero, aunque llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.La jornada se abrirá este viernes con los duelos Llaneros-Medellín y Deportivo Pereira-Pasto, que pondrán en marcha un fin de semana decisivo.El sábado, además de Internacional de Bogotá-Millonarios, será el turno de Once Caldas-Fortaleza, Bucaramanga-Deportivo Cali y Atlético Nacional-Alianza, compromisos clave para equipos que buscan afirmarse en la zona media.El domingo concentrará la mayor tensión con el atractivo Santa Fe-Junior, además de Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares.La octava fecha bajará el telón el lunes con Cúcuta-Tolima, en un cierre que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que los recientes bloqueos en la Autopista Sur no obedecen a problemas de extorsión, sino a las acciones contundentes que su administración, en coordinación con la Policía Nacional, viene adelantando contra el transporte ilegal en el municipio.En entrevista en Mañanas Blu, el mandatario explicó que el llamado 'Plan Guitarra' es una estrategia de acompañamiento integral a los transportadores formales. “Hace parte del acompañamiento de toda la ruta del transporte, desde el despacho, desde cada uno de los paraderos, por supuesto todo el seguimiento tanto dentro del transporte público como en las vías, hasta conectar con TransMilenio y el corredor de la Autopista Sur tiene acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad”, señaló el alcalde de Soacha.En los últimos días, un grupo de transportadores se ha concentrado en el sector de San Mateo, cerca del centro comercial Unisur, generando plantones que en ocasiones han derivado en bloqueos parciales de la Autopista Sur, una de las arterias más importantes para la movilidad entre Soacha y Bogotá.Sánchez fue enfático en desligar estos hechos de supuestas amenazas o problemas de seguridad generalizada. “Los bloqueos del día lunes y lo sucedido esta semana en el transporte público de la ciudad de Soacha no obedece en materia de seguridad y de extorsión”, afirmó. No obstante, reconoció que sí existen hechos puntuales que han sido atendidos por las autoridades.El alcalde reveló que detrás de las protestas está el impacto de un operativo de gran escala contra la ilegalidad en el transporte público. “Venimos adelantando de la mano de la Policía Nacional y de la DIJIN el operativo más grande que se había hecho en Colombia frente al delito de falsedad marcaria y la reducción y falsificación de documentos públicos en transporte público en nuestro territorio”, aseguró.Según detalló, la operación dejó como resultado 30 vehículos inmovilizados, dos personas capturadas y la recuperación de dos automotores reportados como hurtados en Bogotá. Además, fue recuperado un cabezote de tractomula robado en Villavicencio y se intervinieron judicialmente dos parqueaderos que funcionaban como “deshuesaderos” para desmantelar vehículos.De acuerdo con el diagnóstico de la DIJIN, en Soacha operarían 260 vehículos ilegales. “Treinta fueron inmovilizados el día martes y estamos diseñando operaciones que nos permitan tener la oportunidad de inmovilizar los demás”, indicó el alcalde.Para Sánchez, las recientes manifestaciones son una reacción directa de quienes se han visto afectados por las medidas. “Son las personas que han intentado de manera colateral afectar el corredor de la Autopista Sur a través de bloqueos, intimidaciones y algunos espacios de vandalismo ante los vehículos formales”, sostuvo.Mientras tanto, aseguró que el transporte formal continúa prestando servicio con normalidad y que la administración mantendrá los operativos para garantizar condiciones equitativas y seguras para quienes trabajan legalmente.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
La violencia volvió a sacudir al norte de Antioquia y encendió las alarmas de los organismos de control. La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales tras el asesinato de una menor de 13 años en el municipio de Briceño.La entidad rechazó de manera contundente el ataque que dejó como víctimas a una niña y un hombre asesinados y a una mujer gravemente herida, hechos que se atribuyen a un grupo armado ilegal que se autodenomina Guerrillas Campesinas Los Cabuyos. Para la Defensoría, este crimen evidencia el grave riesgo que enfrenta la población civil en una zona donde la presencia de actores armados ilegales se ha intensificado en los últimos meses.Ante esta situación, la Defensoría recordó que desde noviembre está vigente la Alerta Temprana 019-25 para Briceño, en la que se advirtió sobre el peligro de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, principalmente por el accionar del frente 36 de las disidencias lideradas por Yeferson Martínez.El escenario humanitario en el municipio es crítico. Desde octubre, los enfrentamientos y ataques armados han provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias de al menos 25 veredas, además de homicidios, amenazas permanentes y confinamientos que mantienen a comunidades enteras aisladas y bajo el control del miedo y la incertidumbre.Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezar una respuesta inmediata del Estado que permita proteger a la población y frenar el aumento de la violencia. También pidió a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas reforzar la atención humanitaria y garantizar apoyo integral a quienes han resultado afectados.Finalmente, la entidad exigió a los grupos armados ilegales detener de manera inmediata sus acciones contra la población civil y respetar los principios humanitarios. La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y aseguró que hará seguimiento al estado de salud de la mujer herida, mientras insiste en que la protección de la niñez y de las comunidades no admite más dilaciones.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó una alerta momentos antes de que el Gobierno nacional declara un estado de emergencia económico para cubrir un faltante de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.En una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el gremio pidió frenar cualquier intento de sustituir al Legislativo mediante el uso de estados de excepción.El pronunciamiento fue firmado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien solicitó al alto tribunal mantener una atención “especial, preventiva y oportuna” frente a cualquier decreto que se expida bajo un eventual estado de emergencia, con el fin de garantizar un control constitucional efectivo y oportuno.La preocupación de Fenalco se produce en un contexto particularmente sensible: la vacancia judicial. Según el gremio, la declaratoria de emergencia económica en este periodo podría permitir la expedición de decretos con fuerza de ley que entren en vigencia inmediata, consolidando situaciones jurídicas difíciles de revertir, incluso si posteriormente la Corte Constitucional los declara inexequibles.“Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos”, advirtió Fenalco en su misiva. El gremio sostiene en la carta que no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción cuando la causa es la no aprobación de una ley de financiamiento por parte del Congreso. Fenalco asegura que esa negativa hace parte del ejercicio legítimo de las competencias del poder legislativo y no puede ser interpretada como una situación sobreviniente que habilite al Ejecutivo a legislar por decreto.“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, señaló Cabal.El gremio también cuestionó otros argumentos que podrían usarse para justificar la emergencia económica, como el aumento de las tasas de interés o la caída de los precios internacionales del petróleo. Según Fenalco, se trata de circunstancias previsibles y, en buena medida, asociadas a decisiones de política pública del propio Ejecutivo.
En medio de las declaraciones dadas frente al Consejo de Seguridad realizado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la emergencia económica por decreto ya fue firmada el pasado jueves 18 de diciembre. Frente al anuncio, aseguró que con este proyecto se busca que ponerle impuestos a los ‘megarricos’ y no a la clase media, como lo aseguran los empresarios."El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media", señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.El ministro afirmó que lo que se encuentra en peligro es la economía del país, puesto que lo que se busca es pagar la deuda que tiene el país, labor que tiene la ley de financiamiento.“Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos. Y además entonces no se pueden hacer las megastructuras de obra civil como las 4G” argumento el ministro del Interior.Por el momento, el decreto no ha sido publicado, sin embargo, el ministro se mantiene en pie con la idea de pagar primero la deuda, porque de lo contrario se retrasan muchos proyectos que se tienen, razón por la cual se declaró la emergencia económica.
Tras los recientes ataques terroristas atribuidos a las disidencias de alias 'Mordisco' en Buenos Aires, Cauca, y a la guerrilla del ELN en Aguachica, Cesar, el Gobierno nacional, junto con las fuerzas públicas, realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en donde evaluó lo ocurrido, reconoció los errores y anunció medidas inmediatas.El presidente Gustavo Petro admitió que hubo fallas en las operaciones y en los esquemas de seguridad. Entre los errores señalados se encuentran, primero, la falta de guardia en la estación ubicada en la Ruta del Sol II, frente a la base de entrenamiento en Aguachica, y segundo, la ausencia de los anillos de seguridad, primer, segundo y tercero, para la defensa de la estación de Policía en el municipio de Buenos Aires.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se duplicará el pie de fuerza y que se adoptaron correctivos inmediatos orientados a la prevención y a la protección tanto de la comunidad como de los policías.“Se evaluó la realidad de los hechos y como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de ahí. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno” afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el Gobierno anunció un refuerzo significativo de capacidades. Se designó a un brigadier general para liderar las operaciones, se incrementará la presencia policial con 325 nuevos uniformados, de los cuales 50 serán asignados a Popayán, y se desplegarán capacidades antidron que se espera entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre. Además, un nuevo pelotón del Ejército será encargado de proteger la Vía Panamericana.En materia de recompensas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció montos millonarios para dar con los responsables de los ataques terroristas de los últimos días. Por alias 'Mordisco' se ofrecen hasta $5.000 millones; por alias 'Marlon', que delinque en el Cauca, hasta 4.500 millones; por 'Jairo Ramírez', hasta $1.640 millones; por el explosivista conocido como 'Max Max', hasta $500 millones; y por alias 'Jimmy Saavedra' y 'Cabezas', hasta $300 millones por cada uno.“Que pierdan toda protección cuando se involucran en las hostilidades. Sepan que también se están fortaleciendo a través de ello los grupos criminales para asesinar el futuro de su nacional. El ELN amenazó al pueblo colombiano desde el día domingo en la mañana hasta el miércoles en la mañana con un paro armado que llamó, que no es más que un costeñimiento criminal con una amenaza terrorista” señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.Según el Ministerio de Defensa, cada uno de estos cabecillas estaría vinculado a acciones criminales que dejaron entre cinco y diez personas muertas.Sobre el ataque ocurrido en Aguachica, el ministro señaló que el 80% de las intenciones terroristas fueron anticipadas por las autoridades, aunque confirmó que varios policías perdieron la vida. Finalmente, se informó que los ministerios de Defensa y Hacienda ya cuentan con un plan para la reconstrucción de la infraestructura afectada.Frente a todo este panorama, el ministro de Defensa anunció que se avanzará en un Conpes de $49 billones de para que se fortalezca la defensa de la Nación. El Gobierno reiteró que estas medidas buscan reforzar la seguridad en las regiones más golpeadas por la violencia, restablecer el orden público y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El distrito de Medellín avanza en la ejecución de la Cárcel Metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, un proyecto de infraestructura carcelaria que ya alcanza el 10% de avance. Con una inversión total de 675.000 millones de pesos, esta obra se consolida como el segundo proyecto más importante de la ciudad, después del Metro de la 80.La obra es liderada por la Agencia APP de Medellín bajo un esquema de alianza público-privada. La licitación, adjudicada en 2023, fue ganada por el concesionario Carmet Medellín SAS, cuyos socios mayoritarios son la empresa mexicana Prodemex, firma con amplia experiencia en la gestión de penales en México.Javier Rodas, subdirector Agencia APP, habló sobre la financiación de este proyecto entre otros detalles, cómo, por ejemplo, la operación de la cárcel."Lo que hace el concesionario en estos tres primeros años es la financiación y, posteriormente, cuando entra en operación, es ahí donde el distrito de Medellín empieza a hacer la retribución", indicó Rodas.A su vez, ratificó que la función del Estado no delegará."La función estatal no se va a delegar. La función estatal de seguridad, vigilancia y custodia continuará a través del Distrito de Medellín", afirmó Rodas en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. ¿Qué dicen desde el concesionario? Johnny Romero, gerente de Carmet Medellín, habló sobre los pornmenores de la construcción del centro carcelario y de su experiencia."Somos eficientes en los estudios y diseños, en la construcción y en la operación y mantenimiento. Tenemos la experiencia para hacer esas eficiencias y transmitirlas aquí", afirmó Romero. Sobre el control de tecnología, Romero dijo que habrá tecnología en cada uno de los edificios del centro carcelario."Donde van a estar concentrados las personas privadas de la libertad hay unos inhibidores de señal. Además, vamos a tener tecnología en cada uno de estos edificios, arcos de detección", explicó Romero. Sobre el impacto social y el objetivo de la obra Javier Rodas dijo que con esta nueva cárcel se estaría solucionando el asinamiento en estaciones de Policía."Se está solucionando el asinamiento que hay en este momento en las estaciones de policía de Medellín, en la estación Candelaria, por ejemplo, en la Sijin, en Laureles", puntualizó.Escuche la entrevista aquí: