Al menos 45 personas fueron víctimas de un presunto esquema de estafa inmobiliaria en Duitama, Boyacá. Tres integrantes de una misma familia fueron judicializados por apropiarse, según las autoridades, de alrededor de 1.536 millones de pesos mediante proyectos de vivienda inexistentes o sin licencias de construcción.Los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, así como su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, habrían estructurado un esquema para ofrecer inmuebles con facilidades de pago que resultaban atractivas para los compradores.Entre 2018 y 2024, los señalados persuadieron a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de supuestos apartamentos o casas, respaldando las negociaciones con promesas de compraventa que finalmente no se concretaban.La Fiscalía reveló que cada integrante del núcleo familiar cumplía un rol específico para dar apariencia de legalidad al negocio. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba predios donde supuestamente se desarrollarían los proyectos urbanísticos y firmaba los contratos, reforzando la imagen de legitimidad.Por su parte, su esposa e hijo presuntamente exhibían planos de las unidades habitacionales y aseguraban que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes, lo que generaba confianza en las víctimas.Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados. Un juez impuso medida de aseguramiento en la cárcel contra Nelson Guarín Dueñas, mientras que Yolanda Divantoque deberá cumplir la medida de casa por cárcel.
Con fisura en el cráneo terminó un estudiante de la Institución Educativa Las Mercedes de Nátaga, en el Huila, tras recibir un golpe por parte de uno de sus compañeros durante una práctica deportiva al interior del plantel.En un video, al parecer grabado por otro estudiante, se observa cómo esta actividad, promovida por el docente de educación física, se habría realizado sin las condiciones mínimas de seguridad y protección.“Mi hijo llegó a la casa mareado. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo: ‘Mamá, hoy estuve en una pelea en el colegio y un compañero me golpeó. Caí al suelo y quedé inconsciente por varios minutos’. Al ver que seguía muy mareado y con dolor de cabeza, lo llevé inmediatamente al hospital y de ahí fue trasladado a Neiva, donde aún nos encontramos”, señaló Floralba Ramos, madre del estudiante.De acuerdo con el relato de la madre, la pelea de boxeo en la que participó su hijo no fue la única organizada ese día. Además, indicó que incluso niñas estarían participando en estas prácticas deportivas.“El profesor, según lo que me indicó mi hijo, pasaba por cada uno de los salones preguntando quién quería pelear. Me parece terrible que practiquen eso del boxeo así, de esa manera; eso no es boxeo, y no entiendo cómo ponen a los niños a pelear como si fueran gallos finos en el mismo colegio”, denunció la madre.El menor, de 15 años, permanece recluido en un centro hospitalario de Neiva, a donde fue remitido debido a la gravedad de las lesiones. Según informó su madre, el adolescente fue trasladado desde el municipio tras presentar fuertes mareos y dolor de cabeza, y actualmente permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su evolución y determinan el tratamiento a seguir.“Lo traje a Neiva, a la clínica de Emcosalud, donde le practicaron una tomografía y un TAC. El médico general me explicó que tiene una fisura en el cráneo y una pequeña hemorragia. Estoy a la espera de que el neurólogo lo revise y me indique qué van a hacer”, relató la madre.Ante estas actividades deportivas, realizadas sin condiciones pedagógicas ni de seguridad adecuadas y que ponen en peligro la vida de los estudiantes, el secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, indicó que ya se inició la respectiva investigación.“La Secretaría de Educación lamenta profundamente la situación ocurrida en una institución educativa oficial del departamento, en la que un estudiante resultó lesionado durante una práctica de boxeo organizada en condiciones pedagógicas y de seguridad inadecuadas, hechos que actualmente se encuentran en investigación, según lo exigido para el desarrollo seguro de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, puntualizó.Asimismo, el funcionario fue enfático en advertir que la práctica deportiva escolar no puede desnaturalizarse hacia actividades que impliquen riesgos no controlados, ausencia de supervisión o falta de elementos de protección adecuados.“A partir del conocimiento de estos hechos, como secretario de Educación he ordenado la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos, acompañar psicosocial y académicamente al estudiante afectado, revisar los planes de área de educación física en las instituciones educativas del departamento y emitir orientaciones complementarias sobre prácticas deportivas de contacto en el entorno escolar”, puntualizó el funcionario.
Cerca de un 30 % de los 125 municipios que conforman Antioquia registra alertas electorales, lo que evidencia condiciones críticas para el desarrollo del proceso democrático en estas zonas, según el índice compuesto presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón en la Federación Nacional de Departamentos.De acuerdo con el informe, 11 municipios (8,8 %) se encuentran en nivel extraordinario, considerado el más alto, mientras que otros 25 municipios (20 %) fueron ubicados en nivel relevante. En conjunto, estas dos categorías suman 36 municipios con mayor vulnerabilidad electoral en el departamento, mientras que 60 municipios están en nivel potencial de riesgo (un 48%) y los otros 32 en nivel moderado (23.2 %).El índice también señala que el mayor nivel de riesgo se concentra en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se identifican condiciones asociadas a la presencia de grupos ilegales, factor que sin duda podría afectar el normal desarrollo de las elecciones. "Contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante. Cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, Clan del Golfo, ELN, disidencias, con la presencia de cultivos ilícitos de minería ilegal, encuentra una plena coincidencia", dijo Rendón.En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.Vale la pena mencionar que la clasificación forma parte del análisis de riesgo electoral que se realiza en Colombia para identificar territorios que requieren especial atención institucional durante el desarrollo de los procesos electorales.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.En una entrevista disponible este sábado en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza indicó que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado."Así va a ser la dinámica en los próximos días", señaló.Según precisó, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.Este viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió "celeridad" a esta comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
La Defensoría del Pueblo activó una ruta urgente con Famisanar EPS para enfrentar las fallas en la atención en salud y los retrasos en la entrega de medicamentos, luego de evidenciar un fuerte incremento de quejas de usuarios en todo el país. Solo en 2025 se recibieron 2.513 quejas contra la EPS, un 60 % más que en 2024, y el 23 % de los reclamos están relacionados con la entrega de medicamentos.Para la Defensoría, este comportamiento refleja barreras persistentes en el acceso efectivo a tratamientos, particularmente en la dispensación de medicamentos esenciales, situación que impacta directamente la continuidad de las terapias y la garantía del derecho fundamental a la salud. A esto se le suman inconformidades por demoras o negaciones en citas médicas generales y especializadas, tratamientos, exámenes de laboratorio, prótesis e insumos.En Bogotá se instaló una nueva mesa de trabajo, en el marco de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), como parte de las acciones para responder a la crisis que presenta el sistema de salud. En este espacio, la Defensoría señaló que Famisanar se encuentra entre las diez EPS con desempeño más crítico del país. Esto se definió por medio de una evaluación realizada a 26 aseguradoras con información consolidada a diciembre de 2025.Durante la mesa de trabajo, la Defensoría y Famisanar acordaron cinco compromisos para mejorar la atención. Entre ellos se encuentran estabilizar la red de prestación de servicios, especialmente para los pacientes de alto costo, y alcanzar un 95 % de cumplimiento en la entrega de medicamentos en todo el territorio nacional. También se informó que se realizará una auditoría a los gestores farmacéuticos para verificar el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos por la ley y garantizar condiciones dignas de atención.Adicionalmente, se hará seguimiento al mecanismo de reembolsos para los pacientes que no han podido acceder a medicamentos o servicios y han tenido que asumir los costos directamente. Todos estos compromisos serán evaluados a través de una malla de indicadores que permitirá medir de forma periódica la gestión de la EPS.La Defensoría también anunció un seguimiento especial en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima, donde Famisanar concentra 861.023 afiliados a diciembre de 2025. En estas zonas se realizarán mesas técnicas y monitoreo mensual para verificar el cumplimiento de los compromisos y la mejora real en el acceso a los servicios.
El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia sigue despertando el interés de miles de personas, y uno de los sorteos que más expectativa genera es el Dorado Mañana. Este chance se ha posicionado como uno de los más populares del país debido a su frecuencia diaria y su atractivo plan de premios, lo que lo convierte en una opción preferida entre quienes buscan probar su suerte.Número ganador del Dorado Mañana hoy, 21 de febrero de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 21 de febrero de 2026 es el 5142 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 5142Dos últimas cifras: 42Tres últimas cifras: 142La quinta: 5Últimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana20 febrero 20269662 - 3Dorado Mañana19 febrero 20261937 - 5Dorado Mañana18 febrero 20262051 - 2Dorado Mañana17 febrero 20262628 - 5Dorado Mañana16 febrero 20267485 - 3Dorado Mañana14 febrero 20268477 - 3Dorado Mañana13 febrero 20266824 - 1Dorado Mañana12 febrero 20267697 - 5Dorado Mañana11 febrero 20267973 - 9Dorado Mañana10 febrero 20264492 - 4Cuánto paga el Dorado MañanaEl Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde el año 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, también conocida como serie complementaria, que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.Hora del sorteo del Dorado MañanaEl Dorado Mañana se realiza en el siguiente horario:Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.Domingos y festivos: no hay sorteo.Este cronograma permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera rápida y oportuna.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaLos premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, es necesario cumplir con estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el país gracias a su transparencia, su frecuencia y su completo plan de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores, quienes siguen atentos a los números ganadores con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.
Actividades de registro y control a establecimientos nocturnos en la capital de Meta permitieron la incautación de 650 botellas de licor adulteradas que estaban siendo puestas a la venta para el consumo humano.En la temporada decembrina, el consumo de licor se incrementa y, a su vez, los controles para evitar el contrabando y la venta de licor de dudosa procedencia, por eso, las autoridades en Villavicencio, junto a rentas departamentales, han iniciado un circuito de control a bares, discotecas, licores y lugares de expendio de licor con el fin de disminuir los riesgos en este fin de año.El consumo de licor adulterado puede generar severos daños a la salud humana, por ello, las autoridades extreman medidas para contrarrestar la venta y el consumo de licor en sus diferentes presentaciones, ya que en los últimos allanamientos se encontró cerveza, aguardiente, wisky, champaña, incluso cigarrillos de contrabando.“Es así que la Policía Nacional, en esta Navidad, sigue articulando para garantizar la salud de todos los ciudadanos”, así lo confirmó la teniente coronel Diana Herrera, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Villavicencio.Para estas fechas decembrinas, los operativos aumentarán para garantizar una sana convivencia, pero, sobre todo, el bienestar y la salud de los llaneros en estas fechas donde el consumo de alcohol se incrementa por las celebraciones de Navidad y Fin de año.
La preocupación crece y el miedo permanece en el sector de transportadores. El gremio aseguró que el panorama de inseguridad en las vías nacionales se está agudizando no solo por los daños a la infraestructura, sino también por atentados en contra de la vida y los derechos de los camioneros, pues el sector transporta el 97 % de la carga que en el país se mueve.La póliza antiterrorismo no lo es todo, el sector advirtió que, aunque los procesos de reclamación han mejorado, las indemnizaciones suelen tardar varios meses, tiempo durante el cual los propietarios y conductores quedan sin ingresos, lo que agrava el impacto económico del conflicto.“Hemos tenido casos en que nos hemos demorado uno o dos años buscando una indemnización. Y si partimos del principio de que un camión es una empresa, es el medio de producción de alguien que es el propietario de ese camión, cuando hablamos de un propietario unipersonal, pues después de un año, dos años, de que no le han pagado al camión, lo han condenado indiscutiblemente al ostracismo y a la quiebra”, denunció Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga.Hasta el momento, el gremio aseguró que se registran cierres viales al menos en tres departamentos. En el Valle del Cauca permanece cerrada la vía Loboguerrero–Buenaventura por la presunta presencia de un cilindro bomba; en Santander continúa bloqueado el corredor Barrancabermeja–La Lizama tras la destrucción del peaje en ese sector; y en Norte de Santander sigue inhabilitada la vía Cúcuta–Sardinata por un artefacto explosivo abandonado en la carretera.Frente al panorama en exclusiva para Blu Radio, los gremios se pronunciaron. Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga, denunció que desde el inicio del año se han registrado más de dos mil bloqueos en diferentes vías del país, y ahora, que se sumó el paro armado del ELN y amenaza con paralizar corredores estratégicos, generar daños a la infraestructura y amedrentar a los conductores, incluso con disparos y ataques letales.Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de Colfecar (Federación Colombiana de Empresas de Transporte de Carga por Carretera), señaló que el gremio transportador ya había alertado al Gobierno sobre la frecuencia de estas acciones violentas, especialmente tras los reiterados paros armados registrados durante el año en el Chocó."Es como si estuviéramos otra vez confinados por una pandemia. Nadie puede salir, ningún vehículo se puede mover, ni buses, ni camiones, absolutamente nada. Entonces esto está generando también un colapso en todo lo que tiene que ver con transporte y logística”, señaló la presidenta de Colfecar.El sector afirmó que el actual panorama de los conductores es marcado por el miedo y la zozobra, puesto que los transportadores en los últimos 3 años transitan con mucho más el temor constante de ser atacados, heridos o perder sus vehículos.
La aerolínea Avianca informó que, a partir del próximo 13 de enero de 2026, el colombiano Felipe Gutiérrez Forero asumirá el cargo de Director de Operaciones (COO), desde donde será responsable de garantizar la eficiencia operacional y la excelencia en el servicio de la compañía.El presidente de Avianca Group, Gabriel Oliva, destacó la llegada del nuevo directivo y su trayectoria en la industria aérea: “Nos alegra darle la bienvenida a Felipe a Avianca. Confiamos en que, gracias a su liderazgo y comprobada capacidad de ejecución, continuará fortaleciendo nuestro compromiso de ofrecer seguridad, excelencia y eficiencia en cada operación, siempre al lado de nuestros clientes”.Gutiérrez Forero cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector aéreo y ha sido clave en la redefinición de la conectividad regional en Colombia. En su trayectoria más reciente, lideró como gerente general la evolución de aerolíneas como EasyFly y su transformación hacia Clic.Por su parte, el futuro COO de Avianca aseguró que es un honor asumir este reto a partir del próximo año: “Sé lo que significa esta aerolínea para los colombianos y los latinoamericanos, y trabajaré para seguir fortaleciendo el servicio que entregamos a nuestros clientes junto a todo el equipo”.
Luego de que la Comisión Séptima del Senado votara a favor del archivo de la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció públicamente a través de la red social X. En su mensaje, el funcionario afirmó que “la salud no se archiva”, en referencia a la decisión adoptada por la comisión.En su publicación, el ministro señaló que durante siete meses el debate del proyecto fue postergado y que la discusión se dio únicamente en la etapa final del trámite legislativo. Según indicó, la votación no tiene como principal efecto al Gobierno nacional, sino a los usuarios del sistema de salud.El jefe de la cartera de Salud manifestó que la reforma contaba con respaldo fiscal, recursos definidos y una proyección de incremento en la financiación del sector. No obstante, sostuvo que la iniciativa fue archivada por decisión mayoritaria de la Comisión Séptima.Tras la votación, el ministro reiteró que el debate sobre el sistema de salud continuará en otros escenarios institucionales. “Creen que el daño se lo hacen al Gobierno de Gustavo Petro. Se equivocan. El daño se lo hacen a millones de colombianos que siguen atrapados en un sistema que ya fracasó y que ustedes decidieron proteger”, advirtió el ministro de salud.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado en el que rechaza la escalada de violencia y amenazas que comprometen la movilidad y el abastecimiento nacional. Estos actos se desprenden de la declaración de un paro armado por parte del grupo guerrillero ELN, medida ilícita que comenzó a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.El propósito fundamental de esta acción es suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio, lo cual impacta directamente la cadena logística, considerada crucial para la estabilidad económica y para garantizar el abastecimiento de los hogares colombianos, particularmente durante esta época de alta demanda comercial. Adicionalmente, el anuncio formal del grupo armado de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en peligro la vida de los transportadores.Trece afectaciones y atentados terroristas confirmadosDesde la entrada en vigor de la medida, se han reportado al menos trece (13) afectaciones y atentados terroristas a nivel nacional. Los incidentes reportados incluyen:Bloqueos que obstaculizan la movilidad en el municipio de Pelaya, Cesar.Actos delictivos confirmados en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Curumaní.La voladura de la infraestructura del peaje La Lizama mediante el uso de una motobomba, un suceso que dejó dos (2) personas heridas.El asesinato de un conductor de ambulancia en el departamento de Santander.El cierre total en el sector de San Roque (Curumaní, Cesár), generado por la verificación de presencia de dos (2) contenedores con artefactos explosivos improvisados.Llamado al Gobierno nacionalDada la crítica coyuntura de orden público y la necesidad perentoria de garantizar la continuidad del servicio público de transporte de carga, Fedetranscarga ha realizado un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía. La Federación exige que se tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias para asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas.Se ha solicitado incrementar la presencia permanente y efectiva del Ejército Nacional y la Policía Nacional en los corredores viales del país. El objetivo primordial es garantizar la seguridad requerida para la población civil y para los transportadores de carga, permitiéndoles ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad personal y su vida, así como la seguridad de los equipos de transporte y las mercancías movilizadasFedetranscarga reitera que el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional, y cualquier interrupción de esta actividad representa un grave perjuicio para la sociedad. Por lo tanto, la seguridad en las vías debe ser asumida como una prioridad de Estado innegociable
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.