En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación ante la crisis de reincidencia y los bajos índices de judicialización efectiva en las principales ciudades de Colombia durante 2025. Según el gremio, a pesar de las 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional en las capitales, la gran mayoría de los detenidos recupera la libertad de forma inmediata, lo que debilita la seguridad urbana.Cifras de capturas en ciudades capitales de ColombiaDurante el último año, el esfuerzo operativo de las autoridades locales se concentró en los grandes núcleos urbanos. Bogotá lideró la estadística con 34.270 capturas, seguida por Medellín con 12.222 y Cali con 6.889 registros. Otras ciudades con alta actividad policial fueron Cartagena (5.523), Barranquilla (5.262) y Villavicencio (4.973).Sin embargo, el volumen de detenciones contrasta con la baja tasa de aseguramiento. En Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad, mientras que en Barranquilla la cifra alcanzó el 80 %. Este fenómeno, según la asociación, genera un ciclo de reincidencia que impacta directamente en la confianza ciudadana y en la inversión de recursos locales.Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que existe un desafío estructural en la articulación entre el esfuerzo policial y las decisiones de los jueces. "Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología y pie de fuerza", afirmó Santamaría, advirtiendo que la liberación masiva de capturados genera una "percepción de impunidad" y desmotivación institucional.Para el directivo, garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto "estratégico para la estabilidad nacional", dada la concentración económica y social en las capitales.Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, la Fiscalía y las altas cortes para revisar los criterios de reincidencia y fortalecer la judicialización. Entre las peticiones destacan la necesidad de realizar ajustes normativos que permitan mayor coherencia entre la captura y la medida de aseguramiento, además de priorizar los delitos de alto impacto en contextos urbanos.
El Gobierno Nacional, mediante resolución presidencial, ha formalizado la creación de una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en el municipio de Valle del Huamués, departamento de Putumayo, destinada al tránsito a la vida civil de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo, descrito como una disidencia que se separó de la Segunda Marquetalia a finales de 2024, tendrá un plazo inicial de 10 meses para completar este proceso.El magistrado y negociador del Gobierno, Armando Novoa, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que este espacio es fundamental para materializar los avances logrados en la mesa de diálogos, que incluyen la destrucción previa de 15 toneladas de explosivos y una reducción de homicidios en Nariño y Putumayo. Según Novoa, el ingreso a la zona tiene reglas estrictas: “Las armas se dejan al momento de ingresar. Esas armas se entregan a un mecanismo de monitoreo y verificación que procederá a la destrucción inmediata de las mismas”.El funcionario fue enfático en que este lugar no debe confundirse con modelos de negociación del pasado. “No habrá ni zonas de despeje ni lugares ocupados por estos grupos en armas. Los miembros de la coordinadora entrarán sin armas, sin uniformes y no será una zona de impunidad”, aseguró Novoa, aclarando que la suspensión de órdenes de captura solo se mantiene si no se cometen nuevos delitos.La zona de ubicación se establecerá en una finca de propiedad privada, por la cual el Estado pagará un contrato de arrendamiento. La seguridad externa estará a cargo de la Fuerza Pública, mientras que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA será el ente encargado de verificar la entrega y destrucción del armamento.En esta fase inicial, se espera el ingreso de 200 integrantes de la estructura, repartidos equitativamente: 100 en Putumayo y 100 en una zona similar que se creará próximamente en el departamento de Nariño. Aunque inteligencia militar estima que el grupo cuenta con unos 2.000 miembros (incluyendo redes de apoyo), este primer paso es considerado por el Gobierno como la "noticia del día" para la paz en la región.Finalmente, ante la cercanía de las elecciones del 8 de marzo, Novoa destacó la firma del Acuerdo número 13, mediante el cual el grupo armado se compromete a no afectar el proceso democrático ni el proselitismo electoral. “El grupo armado no afectará el proceso electoral, permitirá la libre circulación de candidatos y el proselitismo. Facilitará que el proceso electoral pueda desarrollarse de manera libre”, afirmó el negociador.Escuche la entrevista aquí:
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron una circular conjunta con directrices para prevenir posibles brotes de sarampión en Colombia, ante el aumento de casos en varios países del continente.La decisión se da luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera sobre un crecimiento sostenido de contagios en la región durante 2025 y 2026. Según el reporte, se han registrado más de 14.800 casos y 29 muertes en América, incluidos fallecimientos en población indígena. Entre los países con mayor número de contagios aparecen Canadá, México, Estados Unidos y Brasil.De hecho, Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, luego de mantener circulación del mismo genotipo del virus durante un año.El Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones, movilizará a millones de viajeros. Por eso, las autoridades colombianas pidieron a gobernaciones, alcaldías, EPS y demás entidades del sistema de salud reforzar la vacunación, especialmente con la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), y verificar esquemas completos en viajeros.La recomendación es clara: cualquier persona desde los seis meses de edad que no tenga prueba de vacunación o inmunidad debe aplicarse la dosis al menos dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión activa.El Ministerio también pidió fortalecer la vigilancia epidemiológica, informar a la ciudadanía sobre síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal y ojos rojos, y activar planes de respuesta antes, durante y después del evento deportivo.La evaluación de riesgo realizada en febrero por la autoridad sanitaria regional concluyó que la probabilidad de propagación del sarampión en América es muy alta, debido a brotes activos, casos importados y baja cobertura de vacunación en algunos grupos
Después del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, disputado anoche y que terminó 2-1 a favor del equipo antioqueño, surgió una nueva polémica por una carta enviada por Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente de Independiente Santa Fe, a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.La carta de Santa Fe sobre los árbitrosSe trata de una comunicación en la que Santa Fe solicita que se remita “urgentemente a la FIFA y al señor Gianni Infantino el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR” del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga. El documento señala, en tono irónico, que estos jueces podrían ser tenidos en cuenta incluso “para dirigir la final” de la próxima Copa del Mundo.Además, el club afirma que asume que “el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros vs. Medellín”.El texto también incluye un comentario sarcástico en el que se señala que, si estos árbitros son considerados para el Mundial, tendrían que ser citados con un mes de anticipación, lo que impediría que la Liga colombiana pudiera contar con ellos durante ese periodo.La carta, que se ha vuelto viral y ha sido replicada por varias voces del fútbol colombiano, tiene un claro tono irónico. Luis Eduardo Méndez recurre a este recurso para expresar su inconformidad con el arbitraje del partido y manifestar su protesta ante la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.El comunicado no menciona por nombre a los árbitros del encuentro, sino que se refiere de manera general al árbitro central y a la terna del VAR.Santa Fe jugó por la quinta fecha de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional en un partido que había sido aplazado. Actualmente, el equipo es duodécimo en la tabla de posiciones con diez puntos. Su próximo partido será el 5 de marzo frente a Deportes Tolima en Ibagué.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
El Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido con el paso de los años lo han convertido en una de las alternativas preferidas por quienes prueban su suerte todos los días.Número ganador del Dorado TardeEl número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 26 de febrero de 2026 es el 8890 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 8890Dos últimas cifras: 90Tres últimas: 890La quinta: 4Modalidades de juego y premios disponiblesEl Dorado Tarde ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a cada participante elegir cómo jugar según su presupuesto y estrategia. El valor del premio depende tanto del monto apostado como del tipo de acierto.Según el plan oficial de premios, por cada peso apostado se puede ganar:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una actualización que amplió las opciones de obtener premios adicionales y aumentó el interés entre los apostadores frecuentes.Cómo reclamar un premio del Dorado TardeEl proceso de cobro está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.Para completar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y segura, garantizando que los ganadores reciban su premio sin inconvenientes.Gracias a sus múltiples modalidades de apuesta, premios atractivos y resultados confiables, el Dorado Tarde sigue posicionándose como uno de los chances más consultados por los colombianos que buscan conocer rápidamente si su número resultó ganador.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno no descarta la hipótesis de un posible “fuego amigo” en los casos de seguimientos y presuntos actos de espionaje denunciados por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Idárraga señaló que, aunque las investigaciones están en curso, la sofisticación de los hechos obliga a contemplar todos los escenarios, incluido el de participación de actores internos del Estado.“No se puede descartar ninguna hipótesis. Puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado”, expresó el ministro en diálogo con Néstor Morales, tras afirmar que la Fiscalía deberá esclarecer los responsables de los seguimientos y de la supuesta instalación del software espía Pegasus en el teléfono de Benedetti.Idárraga recordó que “en un gobierno democrático la inteligencia no puede estar prestándose para la política”, y añadió que la administración Petro ha insistido en la necesidad de depurar los sistemas de inteligencia para garantizar su legitimidad y su orientación hacia la protección del Estado y el interés público.Los casos: seguimientos, robo dirigido y presunto espionajeLas denuncias surgieron tras dos episodios ocurridos en menos de una semana. En primer lugar, Rodríguez denunció un ingreso irregular a la casa de sus padres por parte de cinco personas que actuaron con precisión, rostros cubiertos y guantes. No hubo hurto de objetos de valor; únicamente desaparecieron documentos personales de la exdirectora. Para Idárraga, este detalle resulta determinante: “Es muy sofisticado para creer que fue un robo común”, afirmó.En segundo lugar, Benedetti aseguró haber sido blanco de espionaje mediante Pegasus, un potente software utilizado históricamente en investigaciones sensibles. Aunque en gobiernos anteriores se aseguró que el programa había sido desactivado o retirado del país, Idárraga fue claro: “Es la hora que no sabemos quién tiene Pegasus, si está vivo, si no está vivo”.El ministro también señaló que la próxima semana se dará a conocer un tercer caso que podría estar relacionado con estos hechos y que “se suma a estas dos situaciones”, lo que aumenta la preocupación del Gobierno frente a un posible patrón de ataques dirigidos contra altos funcionarios.¿Uso político de la inteligencia?Uno de los puntos más sensibles, según Idárraga, es la posibilidad de que organismos de inteligencia estén actuando con fines políticos. Ante la pregunta de a cuál entidad se refería—Policía, DNI o inteligencia militar—el ministro fue enfático: “A todas. No podemos descartar ninguna”.El ministro también recordó que estas prácticas han sido rechazadas históricamente y que el propio presidente Petro ha insistido en que la inteligencia debe orientarse exclusivamente a la protección del Estado y la investigación de delitos que afecten la soberanía nacional o los recursos públicos.Proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo en ColombiaDurante la misma entrevista, Idárraga abordó otro asunto clave para el Gobierno: el proyecto de ley que busca penalizar la producción y el transporte de fentanilo, un opioide que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.Aunque Colombia no enfrenta aún un problema de consumo o producción, el ministro explicó que el país debe actuar antes de que organizaciones criminales trasladen laboratorios desde México o Estados Unidos: “No podemos esperar a que suceda la situación para tomar acciones”.El proyecto se complementa con controles administrativos implementados en el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre cuatro precursores químicos: ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno. “Tenemos que evitar que esto termine en un mercado ilegal”, indicó.Idárraga aclaró que no se criminaliza el uso médico del fentanilo, pues sigue siendo un analgésico esencial en tratamientos de dolor severo, cirugías y cáncer. Lo que se busca es cerrar la puerta a su desvío hacia el narcotráfico.
La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes para que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos al Congreso de la República para el periodo 2026-2030.El proceso de inscripción, que está abierto desde el pasado 8 de noviembre, puede adelantarse tanto de manera virtual como presencial. La entidad recordó que las agrupaciones políticas tienen habilitada la plataforma dispuesta en la página web oficial www.registraduria.gov.co, donde pueden cargar documentos y formalizar postulaciones sin necesidad de desplazamientos. Para quienes opten por el trámite presencial, están disponibles las delegaciones departamentales de la Registraduría, el pabellón 7 de Corferias en Bogotá y, en el caso de la circunscripción internacional, las embajadas y consulados de Colombia.Las delegaciones departamentales, encargadas de recibir inscripciones al Senado de la República ,en sus circunscripciones nacional e indígena y a la Cámara de Representantes en las circunscripciones territorial, indígena, afrodescendiente y de paz, prestarán servicio entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y el lunes festivo, en horario extendido hasta las 6:00 p.m.En Bogotá, la Registraduría Distrital y la Delegación de Cundinamarca concentrarán la atención del proceso en el Pabellón 7 de Corferias, donde se reciben las inscripciones para la Cámara por Bogotá y para el Senado y Cámara en las distintas circunscripciones mencionadas. Allí también se aplicarán los mismos horarios especiales establecidos.La autoridad electoral reiteró la importancia de evitar congestiones durante la jornada final. Además, insistió en que la inscripción oportuna garantiza una revisión adecuada de documentos y reduce el riesgo de errores que puedan impedir la participación de los candidatos en los comicios legislativos de 2026.
En una ofensiva coordinada que abarcó el Pacífico, el Caribe y el suroccidente del país, las Fuerzas Militares lograron afectar de manera contundente las economías ilícitas del narcotráfico, consideradas la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados. Así lo confirmó el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FF. MM., al destacar que estos resultados son producto de “la inteligencia estratégica, la acción conjunta y la interoperabilidad que nos permiten debilitar sus capacidades y proteger a los colombianos”.La primera operación se desarrolló en zona rural de Tumaco, Nariño, donde unidades del Comando Contra Amenazas Transnacionales del Ejército localizaron y destruyeron un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Allí fueron halladas cerca de tres toneladas de droga, además de insumos sólidos y líquidos, maquinaria y elementos empleados para la producción de droga. Según el almirante Cubides, el complejo pertenecía a las disidencias de las Farc, estructura que viene siendo presionada por las tropas en este corredor estratégico del Pacífico.Al mismo tiempo, en el suroccidente del país, tropas de la Tercera División del Ejército interceptaron en Ginebra, Valle del Cauca, dos vehículos en los que tres sujetos transportaban más de media tonelada de marihuana. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para establecer su rol dentro de las redes de tráfico en la región.Entre tanto, en el Caribe, una operación de interdicción marítima ejecutada por la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de agencias internacionales, permitió detener una lancha rápida que movilizaba más de 2,6 toneladas de cocaína. En la embarcación fueron capturados tres colombianos, dos venezolanos y un ciudadano jamaiquino, quienes pretendían transportar la droga hacia Centroamérica.El almirante Cubides resaltó que estos contundentes golpes se suman al esfuerzo sostenido de soldados, marinos y aviadores que, solo en lo corrido del año, han logrado la incautación de más de 622 toneladas de clorhidrato de cocaína. “Este esfuerzo representa vidas protegidas, recursos ilícitos arrebatados a los criminales y condiciones favorables para el control institucional del territorio”, señaló el comandante general.Finalmente, Cubides envió un mensaje de reconocimiento a las tropas desplegadas en todo el país: “Todo mi reconocimiento a quienes, con honor, disciplina y carácter, aportan día a día a la lucha contra los delitos transnacionales. Seguimos avanzando, fortaleciendo la acción conjunta y manteniendo la presión permanente sobre las estructuras criminales. Vamos por más”, concluyó.
En su plan para defender la compra de los aviones Gripen para reemplazar la flota de aviones Kfir, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este miércoles una mesa de trabajo con la Procuraduría para socializar la estructuración del proceso de contratación con el fabricante sueco, Saab.Si bien el Ministerio Público no tiene ninguna actuación vigente sobre este contrato, que rodea los $16,5 billones, el ministerio pidió su acompañamiento para mantener los estándares de transparencia en la adquisición de las 17 aeronaves y los servicios complementarios.Durante la sesión, el ministro y su equipo reiteraron que cada fase del proyecto ha sido abordada con rigurosidad técnica y siguiendo protocolos de planeación previamente establecidos. Asimismo, subrayaron que toda la información relacionada con la compra ha sido puesta a disposición de los organismos competentes, atendiendo a los principios de transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, considerados por la entidad como sagrados.El encuentro se da previo al que tendrá este jueves el ministro Sánchez con la Contraloría, que sí ha emitido varias alertas por la falta de información sobre el proceso previo y la firma del contrato, del que no se tienen mayores detalles.Y es que el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que su dependencia no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa.La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2:00 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad, pues en una primera solicitud la respuesta fue que los datos tienen “carácter de reserva”.El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos y por eso ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de liquidez.Esta misma semana la multinacional sueca Saab defendió la transparencia del contrato firmado con el Gobierno colombiano, afirmando que no hubo intermediarios ni personas externas en el proceso y pide no comparar la oferta hecha a Colombia con la realizada a otros países, aunque no reveló los números fijos detrás de este.
En estas vacaciones de fin de año, algunos de los visitantes de Salento que vayan en sus vehículos serán atendidos por 24 cuidadores, la mayoría adultos mayores, que se prepararon en seguridad y turismo gracias a un programa de economía popular de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.En las calles de Salento, 24 personas, la mayoría adultos mayores, entre los 60 y los 85 años, cuidan los carros de algunos de los miles de visitantes que recorren este turístico municipio. Uno de ellos es Nelson Hoyos, que preside la Asociación de Zonas Azules del municipio de Salento, Quindio: "Estamos sectorizados en diferentes calles del municipio, en la Plaza principal, nos toca estar pendientes cuando están ingresando vehículos, recibir a los turistas, ayudarlos a estacionar; informarles sitios para visitar".¿En qué consiste el programa?En el caso de Salento, el presidente de la entidad, Rodrigo Estrada Reveiz, explicó en qué consiste su formación: "Es un programa que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con capacitación con ellos. Estamos capacitándolos en temas de seguridad, tema de turismo, tema de bienestar, tema de tecnología".
La Registraduría informó que debido a los hostigamientos de los grupos armados contra el comando de Policía de Río de Oro, Cesar, se tuvo que suspender el proceso de capacitación de jurado de votación.“La Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, explicó la Registraduría.En este momento las autoridades evalúan la posibilidad de citar a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, para evaluar las medidas que se deben tomar para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo.“Es de señalar que, hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, la Registraduría Nacional del Estado Civil no podrá asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, agrega la Registraduría.
Un hombre en Montenegro, Quindío, en medio de una discusión con una mujer, agredió a un perro de raza pequeña. El hecho quedó grabado en video y se evidencia en las imágenes que le propinó una fuerte patada que generó el lamento del animal. Sobre este hecho de agresión, el alcalde de Montenegro, Quindío, Gustavo Pava, confirmó la muerte del perro y la búsqueda del agresor."Un hombre agrede a un perro, el cual posteriormente muere. Por lo sucedido, le dimos instrucciones a nuestro comandante de estación y a nuestro secretario de Gobierno para que tomen las medidas y hagan un llamado a la Fiscalía para que esta persona pague lo que hizo. En Montenegro se deben de espetar los animales, se deben proteger".Fuentes del municipio de Montenegro, Quindío, indicaron que el presunto agresor ya está ubicado y se espera la orden de captura emitida por un juzgado para iniciar su proceso.
Un operativo militar terminó en tragedia en el corregimiento de Itabe, municipio de Páez, en el departamento del Cauca, luego de que una asonada se desatara tras la captura en flagrancia de un hombre señalado de ser integrante de las disidencias de las Farc.Según la información oficial, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 y del Grupo de Caballería Liviana N.° 11 detuvieron al hombre en la mañana, luego de hallarle material explosivo en su poder. Durante el procedimiento, varias personas se congregaron en el lugar con la intención de obstaculizar la acción y evitar que el capturado fuera trasladado por las autoridades.Ante la tensión en la zona y con el fin de evitar enfrentamientos, los uniformados iniciaron un repliegue a bordo de vehículos militares, uno de ellos blindado. Sin embargo, en medio del desplazamiento se produjo el desprendimiento de un tramo de la vía, lo que ocasionó un accidente en el que se vio involucrado uno de los automotores oficiales.En el siniestro perdió la vida el subteniente César Alberto Sierra Mercado, quien se movilizaba en el vehículo afectado.Los heridos, quienes fueron evacuados por personal médico y bomberos de Paicol, fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua, en el municipio de La Plata, donde reciben atención médica especializada.“El día de hoy, en horas de la mañana, fueron trasladados a la institución varios heridos pertenecientes al Ejército Nacional. En total ingresaron 15 soldados: 14 heridos y uno fallecido. De los 14 lesionados, cuatro ya fueron dados de alta y 10 permanecen en observación médica”, confirmó el doctor José Antonio Muñoz, gerente del Hospital San Antonio de Padua de La Plata.Señaló además que, entre los traumas observados en los soldados que aún permanecen hospitalizados, se encuentran fractura de clavícula, heridas en la cabeza, traumatismos múltiples en miembros inferiores, trauma toracoabdominal, contusiones de tórax y contusiones de rodilla.
Hoy en la Registraduría se inscribió el empresario Santiago Botero como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones. Su fórmula a la vicepresidencia será Carlos Fernando Cuevas.“Hoy no solo nos inscribimos, hoy iniciamos la batalla formal contra la impunidad que tiene secuestrado este país. Nuestra lucha es por justicia social real: balín para los bandidos, oportunidades para los trabajadores y dignidad para los 27 millones de colombianos que el sistema olvidó”, afirmó Botero.Por su parte, Carlos Fernando Cuevas hizo campaña por el “No” al plebiscito en su universidad y ha sido asesor de diferentes políticos. Anteriormente integró la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, donde fue coordinador nacional electoral.Es importante recordar que ya otros candidatos se han inscrito a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia, es el caso de la senadora Clara López y del exministro TIC Mauricio Lizcano. El próximo 8 de marzo se harán las consultas interpartidistas y ahí también se definirán otros candidatos a la presidencia.Otros candidatos que irán a la primera vuelta son Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella.
El Gobierno nacional está construyendo el decreto de orden público con las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, día en el cual los colombianos elegirán a sus congresistas para el periodo 2026-2030, además, ese día se harán las consultas interpartidistas.Entre las medidas que tomará el Gobierno está la ley seca desde el 7 de marzo y el cierre de fronteras."La ley seca desde el 7 de marzo a las 6 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m. Cierran las fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p.m. pero hay que estudiar porque si se hace desde las 6 p.m. como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio hasta el lunes 9 de marzo 6 a.m", dijo el ministro del interior, Armando Benedetti.Por otro lado, el Gobierno convocó para el 4 de marzo en Bogotá a última comisión de seguimiento electoral."Al mismo tiempo el PMU de las elecciones internacionales o en el exterior empiezan desde el lunes desde el domingo al mediodía. Estaremos con el señor Procurador y el señor Registrador o sus delegados para juntar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes vamos a juntarlos también", explicó Benedetti.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Chicago el próximo 7 de marzo para asistir al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, fallecido hace diez días a los 84 años."Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos", afirmó el mandatario en X sobre este viaje, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia.El mandatario no explicó cómo viajará a Chicago, ya que el Gobierno estadounidense le retiró el visado en septiembre pasado y este mes le expidió un permiso de cinco días para que pudiera asistir a la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca.Petro destacó su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su "amigo y compañero en varias luchas comunes", y a quien conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.En su mensaje, el presidente también felicitó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, por su trabajo en la reconstrucción de apoyos a comunidades étnicas y en el fortalecimiento de las relaciones con aliados en el Congreso estadounidense.Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).Las honras fúnebres comenzaron esta semana en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuarán en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto en esa ciudad del estado de Illinois.
La decisión fue adoptada debido a una deuda que, según la gerencia del hospital, supera los 7.500 millones de pesos. El gerente, Willintong Arriaga, explicó que, pese a los acercamientos y acuerdos con el nuevo interventor de la EPS, hasta el momento no han recibido una solución concreta.“A los usuarios les pedimos disculpas, pero también que se pongan en nuestros zapatos. Debemos pagar salarios, comprar medicamentos, combustible y cubrir remisiones. Un traslado de Solano a Florencia puede costar alrededor de cinco millones de pesos. Si no contamos con gasolina, no podemos movilizar las ambulancias”, manifestó el directivo.De acuerdo con Arriaga, hace aproximadamente diez días Asmetsalud habría realizado pagos a otras entidades de salud del departamento, pero no a la ESE Fabio Jaramillo, lo que obligó a suspender la atención regular y mantener únicamente el servicio de urgencias.La situación ha encendido las alertas en el ámbito departamental. El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que la deuda de las EPS intervenidas con la red pública y privada del departamento continúa en aumento.“Se suponía que con la intervención la deuda iba a disminuir, pero ocurre lo contrario. Hoy estamos hablando de casi medio billón de pesos que estas EPS le adeudan a la red de salud del Caquetá”, indicó el mandatario.Aunque la crisis del sistema de salud se presenta a nivel nacional, las autoridades locales esperan que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y evitar afectaciones mayores a los usuarios.
Ana Livia Guetio, líder indígena y candidata a la Cámara por las circunscripciones especiales de paz (Curules de Paz), rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de haber sido secuestrada durante 17 horas en el municipio de El Tambo, Cauca. En un relato estremecedor, la lideresa detalló las razones detrás de su retención y denunció la crítica situación de seguridad que enfrentan las mujeres que aspiran a cargos de elección popular en territorios de conflicto.“Principalmente me manifiestan que en la zona donde yo estaba, al parecer, no se permite la participación de políticos, porque han entrado muchos solamente por el voto de las comunidades y no vuelven más”, explicó la candidata.Los captores le expresaron un profundo descontento hacia los políticos tradicionales, a quienes acusan de buscar votos cada cuatro años para luego dejar a las comunidades en el olvido, sin carreteras ni servicios básicos. Le puede interesar: UNP confirma que candidata Ana Guetio ya apareció y que su vehículo fue robadoGuetio intentó explicarles que las Curules de Paz no representan a partidos tradicionales, sino a organizaciones de víctimas, pero notó un gran desconocimiento de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y de la naturaleza de estas circunscripciones especiales."Se está vulnerando los derechos a la misma ley de víctimas y están vulnerando el conocimiento al derecho de la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado", dijo la líder indígena. Por otro lado, Guetio señaló que existe una fuerte resistencia y "celos políticos" cuando una mujer encabeza listas de votación, como es su caso en el Cauca. “Cuando ven una mujer que quiere participar en la política, en su mayoría de veces hemos sido más afectadas con estas persecuciones”, afirmó, tras mencionar que ha recibido constantes amenazas en el pasadoRescatada por la Guardia IndígenaLa liberación de Ana Guetio no fue producto de operativos estatales, sino de la presión y acción directa de su comunidad. “Esta liberación más que todo lo hizo la Guardia Indígena. Dicen que fue la Policía, que fue el Ejército, pero no; con la única persona que yo me encontré fue con la guardia”, sentenció la candidata.Escuche la entrevista:
La liberación del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, tras permanecer 36 horas retenido en el municipio de Pelaya, Cesar, ha generado una fuerte controversia nacional. En entrevista concedida a Mañanas Blu, el aspirante aseguró que sus captores le exigieron frenar las denuncias públicas que viene realizando contra la organización Sayco Acinpro, entidad encargada del recaudo de derechos de autor en Colombia.Las declaraciones del candidato desataron una inmediata reacción de la Organización Sayco - Acinpro (OSA), que a través de un comunicado oficial rechazó de manera categórica cualquier vinculación con los hechos y anunció que pedirá una investigación exhaustiva.El relato de la retención en PelayaSegún narró Vásquez, el hecho ocurrió a las 5:10 de la mañana cuando salía de su vivienda con destino a una emisora local. “Prendí el carro y se me acercó una persona, me colocó un arma y me dijo: ‘no te voy a asesinar, súbete en la moto que vamos a hablar algo contigo y te traemos’”, relató en la entrevista radial.El candidato aseguró que fue trasladado a una vivienda dentro del mismo municipio, donde permaneció con los ojos vendados y sentado en una silla durante toda la retención. “Fueron 36 horas que me mantuvieron ahí retenido. Pasé toda la noche en una silla”, afirmó.De acuerdo con su testimonio, los captores le indicaron que el acto tenía un carácter “preventivo” y que el objetivo era enviarle un mensaje directo: “Me manifestaron que no querían que yo siguiera con las denuncias contra la empresa privada Sayco y Acinpro”.Vásquez fue enfático al reiterar que esa fue la motivación expresada por quienes lo retuvieron: “Los secuestradores me dijeron que me tenían retenido por un tema preventivo y que no querían que yo siguiera las denuncias contra Sayco y Acinpro en Colombia. Es correcto y lo ratifico”.Denuncias contra Sayco Acinpro y proyecto de leyEl aspirante al Senado ha sido un crítico recurrente del modelo de recaudo de derechos de autor en Colombia. En la entrevista explicó que desde hace una década asesora a comerciantes frente al pago de tarifas, las cuales considera “arbitrarias”.“Esta empresa privada ha venido atropellando a los comerciantes de Colombia, imponiéndoles tarifas totalmente arbitrarias”, sostuvo, agregando que la Superintendencia de Industria y Comercio habría impuesto sanciones recientes a la organización.Además, vinculó el episodio con el debate legislativo del Proyecto de Ley 258, que según indicó busca convertir en obligación legal el pago a estas entidades recaudadoras. “El principal objetivo de ellos es que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso para que sea una obligación pagarles por ley. A eso le tienen miedo, que yo llegue al Senado y exponga los argumentos jurídicos”, manifestó.Cuando fue cuestionado sobre la responsabilidad de señalar indirectamente a una organización como Sayco Acinpro en un hecho criminal, Vásquez aclaró: “Yo no lo estoy vinculando. Usted me pregunta qué me dijeron los captores. Ellos manifestaron que me retenían para que dejara las acusaciones contra la empresa privada”.Sin embargo, también anunció que interpondrá una denuncia pública contra Rafael Manjarres, compositor y presidente de Sayco, por declaraciones que, según él, lo señalarían de actuar ilegalmente en el negocio de asesoría sobre derechos de autor.Sayco Acinpro rechaza insinuacionesEn respuesta a las declaraciones del candidato, la Organización Sayco - Acinpro emitió un boletín fechado el 27 de febrero de 2026 en el que “registra como hecho positivo el regreso del señor Andrés Vásquez” y recalca que la libertad es un valor superior en el Estado Social de Derecho.No obstante, la entidad fue contundente en rechazar cualquier insinuación que la vincule con la retención. En el comunicado, la organización “recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano”.Conunicado de Sayco AcinproSAYCO - ACINPRO REGISTRA POSITIVA LIBERACIÓN DE ANDRÉS VÁSQUEZ Y RECRIMINA SUS INSINUACIONES QUE RELACIONAN A LA ENTIDADBogotá, Febrero 27 de 2026La Organización Sayco - Acinpro, OSA, registra como hecho positivo el regreso del Señor Andrés Vásquez, presuntamente retenido en el municipio de Pelaya (Cesar), por cuanto la libertad, como valor superior de cualquier colombiano es un bien para proteger y un derecho de orden mayor en un Estado Social de Derecho, que tutela la constitución colombiana.La Organización Sayco - Acinpro, OSA, recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano porque como ciudadanos de bien, es en los estrados judiciales en donde hemos venido enfrentando la labor delictuosa que adelanta el Señor Vásquez, trabajando para empresas de dudosa reputación, apropiándose de los derechos de los autores con maniobras amañadas y sin amparo legal alguno, acción que continuaremos enfrentando encumplimiento de nuestros lineamientos estatutarios y en defensa del conglomerado cultural que representamos.Reiteramos que nada tiene que ver nuestra organización con este hecho que no deja de presentar características muy particulares, y exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva que descarte un posible montaje, simulacro u autosecuestro.
La precandidata presidencial Paloma Valencia calificó como “preocupante” el nivel de hostigamiento contra su colectividad, luego de que una mujer fuera capturada con un arma de fuego en medio de un acto político realizado en el municipio de Honda, Tolima. El hecho ocurrió durante una actividad de campaña en la que también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En entrevista con Mañanas Blu, la también senadora explicó que el episodio fue detectado por el equipo de seguridad mientras ella intervenía ante la ciudadanía. “Yo no vi la señora ni vi los episodios. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación, que como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando”, relató.Mujer armada a pocos metros de la tarimaSegún la versión entregada por Valencia, la actitud de la mujer despertó sospechas entre los uniformados. Aunque simulaba grabar el evento, su mirada estaba dirigida hacia otros puntos del lugar. “La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba como poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación”, afirmó.El esquema de seguridad decidió realizar una requisa preventiva. Fue entonces cuando se encontró en su morral una pistola y, según indicó la precandidata, un paquete con una sustancia que sería Tusi. La mujer fue conducida por las autoridades y posteriormente se conoció que se trataría de una dragoneante del INPEC, quien, de acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, asistió al evento “en una actuación estrictamente personal e individual”.Valencia señaló que la mujer se encontraba a una distancia aproximada de cuatro a cinco metros de la tarima. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, expresó.Investigación en curso y posibles delitosDe acuerdo con la senadora, el país se encuentra bajo un decreto que restringe el porte de armas, por lo que la mujer podría estar incursa en el delito de porte ilegal. “No sé si su pistola tenía o no tenía salvoconducto. De todas maneras, hay que recordar que está rigiendo un decreto que prohíbe el transporte de armas”, indicó.Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades analicen el contenido del celular incautado. “Me imagino que lo lógico que debiera pasar es que su celular y toda la información que ella tenía esté siendo evaluada para determinar cuál era la razón por la que lleva un arma a un evento político”, sostuvo.El caso ha generado inquietud en el contexto electoral, a pocos días de las votaciones previstas para el 8 de marzo, en medio de una intensa agenda de campaña en distintas regiones del país.“El nivel de hostigamiento es preocupante”Más allá del hecho puntual en Honda, Paloma Valencia denunció una serie de situaciones que, según dijo, evidencian un clima adverso para el Centro Democrático en varias zonas del país.“La verdad, el nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas es preocupante”, afirmó. Recordó que en el Cauca uno de sus candidatos fue declarado “objetivo militar”, que en municipios como Santander de Quilichao han aparecido vallas atribuidas a grupos ilegales advirtiendo que su partido no puede ingresar, y que en Neiva fue vandalizada una sede política.También mencionó episodios en Soacha y Duitama donde, según su versión, simpatizantes fueron agredidos. “La gente llorando después de que la apedrearan y la gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar”, narró.En ese sentido, exigió garantías al Gobierno Nacional. “Nosotros exigimos garantías y exigimos que este gobierno nos deje hacer la política”, puntualizó.