El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que durante el consejo de ministros de este martes no firmó la convocatoria para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro.Desde Cartagena, donde participa en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), el Minjusticia señaló que se trata de algo casi “anecdótico”, que ya había hablado en su momento con el Presidente, y que considera que es un tema “político” y “polémico”, del que prefiere “blindar” la agenda técnica del Ministerio de Justicia.“Le planteé mis observaciones, no manifestó mayor inquietud y ahora que ya inició el proceso, pues yo he manifestado mi opinión de que no acompaño, digamos, el proceso como tal, pero no es que sea un tema de que estoy enfrentado con el presidente y con el resto de compañeros de gabinete por eso. No, no ha habido ninguna instrucción de que hay que firmar el formulario. El ministro Sanguino, en el contexto de un consejo de ministros, hizo la petición y no hay ninguna instrucción de que haya que firmar; yo creo que el Presidente nos ha enviado el mensaje de que eso cada quien lo hace, porque ahí se firma en ejercicio de ciudadano, no se firma como ministro”, explicó.El recientemente designado jefe de la cartera de Justicia también aseguró que ha expresado su punto de vista con tranquilidad.“Yo expresé mi punto de vista sin que eso se convierta en un conflicto al interior del Gobierno; se ha tomado con muchísima naturalidad y tranquilidad e, incluso, yo creo que habla bien del Gobierno y del presidente que haya distintas posturas sobre un tema complejo”, sostuvo.El ministro Cuervo asimismo dejó claro que esta decisión no significa que esté en desacuerdo con el presidente Petro y sus políticas de Gobierno: “Yo creo que incluso le viene bien al Gobierno que se entienda que puede haber personas del gabinete que pueden no estar de acuerdo con algunas cosas. En lo que yo sí tengo plena afinidad con el presidente es con las políticas del Gobierno; con eso sí, yo, por decirlo de alguna manera, cumplo mis deberes institucionales y sigo la línea directriz de política del presidente en lo que tiene que ver con el sector Justicia”, puntualizó.Por otro lado, el ministro de Justicia también habló del momento que atraviesa en el Congreso la Ley de Jurisdicción Agraria, que podría hundirse de no aprobarse en esta legislatura.Explicó que ya han identificado un “cuello de botella”, entre ellos el rol de la Agencia Nacional de Tierras y de los jueces frente a las situaciones de clarificación de la propiedad.“Estamos abiertos a un buen texto, un texto en el que salga muy bien el tema. No tenemos unas líneas rojas muy claras, estamos dispuestos a escuchar y a ceder, pero también un poco en la idea de que los otros también entiendan. Yo creo que si se aprueba la jurisdicción agraria gana el país”.
El precandidato presidencial Roy Barreras se desmarcó del presidente Gustavo Petro y cuestionó la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo desde Valledupar, donde adelanta su agenda de campaña, al referirse a lo ocurrido durante el consejo de ministros realizado en Cartagena.En ese encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tomó la iniciativa de poner a firmar a los integrantes del gabinete una de las planillas con las que un grupo de ciudadanos, impulsados por el mandatario, inició el proceso para convocar una Asamblea Constituyente. Barreras criticó esta decisión y defendió los logros alcanzados con la Constitución Política de Colombia de 1991.“Entiendo la frustración del presidente Petro porque el Congreso no ha aprobado las demás reformas sociales que son justas. Yo las haré aprobar. Yo no necesito una constituyente. Pero, en cambio, me parece un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia abrir un debate sobre una constituyente que podría echar atrás logros progresistas que alcanzamos en la Constitución del 91, como la tutela, por ejemplo. Creo que el país lo que está clamando ahora es estabilidad, seguridad y certezas”, afirmó.La planilla fue firmada por los ministros de Educación, Defensa, Vivienda y Cultura, entre otros miembros del gabinete. Sin embargo, el ministro de Justicia Jorge Cuervo no firmó ni firmará, pues, según se conoció, desde que se reunió con el presidente Petro le manifestó su desacuerdo con la convocatoria.Mientras Barreras continúa su campaña, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, anunció nuevas adhesiones de integrantes de las principales centrales sindicales del país. Se trata de 112 miembros de las seccionales de Barrancabermeja y Bolívar de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol. Esto ocurre en medio de la disputa con Barreras por el respaldo de estas bases, luego de que la dirección nacional de la USO se adhiriera días atrás a su candidatura.Por el lado de la Gran Consulta, Paloma Valencia también recorre el país junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante un evento revivió el debate sobre la posibilidad de que expresidentes puedan aspirar a la Vicepresidencia y se refirió a una eventual fórmula con Uribe.“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que, después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Ustedes qué piensan”, dijo.En esa misma consulta está el precandidato Juan Carlos Pinzón, quien desde Ocaña se refirió a la situación de orden público en esa región. "El Catatumbo es una zona rica en materia ambiental, acuífera, minera y con un potencial agroindustrial como pocas en el país; yo vengo a jugármela por eso. Claro que el que ose enfrentar el estado no va a terminar bien; termina acostado o en una cárcel, pero no van a terminar sometiendo al pueblo como pasa hoy. A mí, por eso muchos de ellos no quieren que Juan Carlos Pinzón sea presidente, me lo han dicho".En otro sector político, el candidato Abelardo de la Espriella continúa su gira por varias regiones del país. Desde ayer recorre el Eje Cafetero y hoy estará en Manizales en un evento en el Teatro Los Fundadores. Además, se conoció un video del futbolista colombiano Dayro Moreno en el que menciona la icónica frase de su campaña: “Firmes por la patria”.Cabe mencionar que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, anunció que hará campaña por Abelardo de la Espriella tras renunciar al Centro Democrático, debido a diferencias surgidas durante la escogencia del candidato presidencial de esa colectividad.Por su parte, Sergio Fajardo se encuentra en gira por el Caribe y estuvo en Barranquilla dialogando con comunidades sobre las tarifas de energía. Finalmente, el exministro Mauricio Lizcano acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribirse formalmente como candidato presidencial con el aval del Partido Alianza Social Independiente (ASI) y el respaldo de las firmas validadas para su aspiración.
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a la pregunta de quién sería su vicepresidente. Valencia aclaró que, aunque aún no ha tomado esa decisión, considera que Álvaro Uribe Vélez sería la mejor opción.“Todo el mundo me anda preguntando que quién va a ser mi vicepresidente, yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas, todavía nos falta ganar esa consulta”, dijo Valencia.La senadora agregó que “lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”.Es importante recordar que la senadora Paloma Valencia irá a la Gran Consulta por Colombia, una coalición que cuenta con nueve candidatos.El acuerdo que han hecho en la Gran Consulta es que el ganador del 8 de marzo será apoyado por todos los otros candidatos en la primera vuelta.En esta coalición están:Mauricio CárdenasDavid LunaVicky DávilaJuan Manuel GalánPaloma ValenciaJuan Carlos PinzónAníbal GaviriaEnrique PeñalosaJuan Daniel Oviedo
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
El Servicio Nacional de Aprendizaje volvió a mover el mercado laboral con una convocatoria que llama la atención por el lugar donde se desempeñarían las labores y por el salario. Por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE), la entidad lanzó el programa TEAM 6.1, iniciativa cuyo nombre se traduce como Trabajadores Colombianos Especializados para Alemania.El objetivo es claro: conectar el talento nacional con vacantes formales en Alemania, bajo un esquema de migración legal y organizada. La apuesta no es masiva, pero sí busca ser estratégica y enfocarse en perfiles altamente calificados.Perfiles para TEAM 6.1: estas son las vacantesEn esta oportunidad, el programa ofrece cuatro vacantes para profesionales en enfermería que deseen radicarse en Berlín. El perfil requerido incluye:Título profesional en enfermería.Diploma de grado y tarjeta profesional vigente.Mínimo 24 meses de experiencia laboral.Las condiciones contractuales también están definidas:Contrato: término fijo durante el proceso de homologación y luego indefinido.Salario inicial: 2.828 euros brutos mensuales (aproximadamente $12,3 millones).Salario con título homologado: 3.600,40 euros brutos (cerca de $15,6 millones).Jornada: 38,5 horas semanales.Las funciones estarán centradas en el apoyo al cuidado de pacientes, bajo supervisión y en coordinación con equipos médicos alemanes. Entre las tareas se encuentran:Recolección de información clínica.Observación de signos vitales y estado físico y psíquico.Apoyo en la planificación y ejecución de cuidados.Participación en la evaluación de los tratamientos.Cómo aplicar a la convocatoria del SENAEl proceso de postulación se realiza únicamente por medio de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Los pasos son:Registrar la hoja de vida en la plataforma oficial.Postularse a la vacante específica en TEAM 6.1.Cabe señalar que solo pueden aplicar personas que vivan en Colombia. Los preseleccionados serán citados a entrevista presencial en Bogotá entre el 19 y el 29 de mayo de 2026; los resultados serán publicados el 5 de junio.Quienes superen el proceso deberán iniciar formación en idioma alemán antes de su traslado, previsto para 2028. En un contexto donde miles de profesionales buscan mejores oportunidades, esta convocatoria representa una opción formal, estructurada y con respaldo institucional.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
En un consejo de ministros realizado este martes, el Gobierno presentó cinco decretos regulatorios en el marco de la emergencia económica declarada por las lluvias que afectan a ocho departamentos del país. La sesión fue liderada por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó a los jefes de cartera por la demora en la expedición de las medidas.Los documentos aún están pendientes de la firma de un ministro para ser numerados y posteriormente publicados. El primero de los decretos, presentado por el Ministerio de Hacienda, adopta un impuesto al patrimonio para “atender gastos del Presupuesto General de la Nación”.Según explicó la directora del Dapre, Nohra Mondragón, el tributo aplicará en 2026 para personas jurídicas cuyo patrimonio líquido, al 1 de marzo de este año, sea igual o superior a 200.000 UVT. El ministro de Hacienda precisó que habrá una tarifa diferencial: las empresas del sector financiero y mineroenergético pagarían el 1,6 %, mientras que las demás compañías tributarían el 0,5 %.El ministro de Hacienda también se refirió al recaudo de $8 billones de pesos, asegurando que podría no alcanzar para atender la emergencia y, por ende, no se descartarían nuevas medidas. Durante la sesión también se presentaron dos decretos del Ministerio de Agricultura: uno enfocado en la reubicación de unidades productivas agropecuarias y otro que contempla medidas de financiamiento, acceso a crédito, alivio de pasivos y reactivación del sector rural.Por su parte, el Ministerio de Ambiente planteó un decreto que prioriza instrumentos de ordenamiento ambiental y crea un Centro Regional de Monitoreo. Dentro de las medidas se establece que “las empresas generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas ubicadas u operando en cuencas afectadas transferirán el 2 % adicional de las ventas brutas de energía por generación propia durante 6 meses”, explicó la ministra (e), Irene Vélez.Finalmente, el Ministerio de Educación presentó un decreto para adoptar medidas relacionadas con el calendario académico y el suministro del Programa de Alimentación Escolar.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió a los propósitos generales y a las reglas de conversación que debemos tener en la sociedad para poder tramitar las diferencias.“¿Cómo es posible que no hayamos podido ponernos de acuerdo alrededor de la paz? Es decir, ¿Colombia quería o no quiere tener paz? Uno pensaría que sí, pero evidentemente hubo gente que, y lo vimos aquí, hubo gente que además tenía dolores adentro, que no había sanado y que no había, de alguna forma, superado y que no le permitió, digamos, de alguna forma actuar, y hubo gente que lo utilizó también en contra para hacer campañas políticas, hubo de todo”, empezó señalando Mac Master.El presidente de la ANDI entregó las declaraciones en el foro ‘Para la polarización, la conversación’, un espacio para hablar sobre la manera en la que los diferentes sectores de la sociedad deben tramitar las diferencias.“Pero dicho eso, uno lo que sí se encuentra es que tendríamos que tener ese ejemplo de propósito general, ese ejemplo de reglas para la conversación, ese ejemplo de reglas para el respeto por el otro que nos permitirá a nosotros realmente poder tramitar las diferencias que las tenemos”, agregó Mac Master.En el mismo foro con Mac Master estuvo María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval, quien se refirió al aporte que hacen los empresarios a la sociedad.“El empresariado colombiano, pymes, grandes empresarios, somos los que invertimos, generamos empleo, hacemos inversión social. Y creo que ese es el rol del empresariado. Como estamos hablando de conversaciones, de una vez contesto otra pregunta, pero me parece interesante mencionarla ya. Y es no caer en las conversaciones de la incertidumbre y el corto plazo, porque me parece que le hacemos juego a unas conversaciones que pierden el foco de lo que hacen los empresarios. Lo que hacemos en las empresas es invertir, generar empleo, generar confianza sobre el país, pero si nos metemos en estas discusiones en las que nos meten del cortoplacismo, de los odios, pues estamos perdiendo el foco de lo que somos como empresarios”, agregó Gutiérrez.
Tras el cruce público entre el presidente Gustavo Petro y el procurador Gregorio Eljach por las denuncias de posible fraude electoral, el Gobierno y los organismos de control sostuvieron un primer cara a cara en la sede de la Procuraduría, en Bogotá, para revisar garantías de cara a las elecciones del 8 de marzo.En la reunión participaron el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa; la cúpula militar y policial; así como el procurador Gregorio Eljach, el registrador nacional Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez. El eje del encuentro fue el Plan Democracia y la transparencia del sistema electoral, luego de que el mandatario cuestionara la entrega del código fuente del software y el papel de los entes de control.Al término, Eljach aseguró que las reuniones han sido “armónicas y provechosas” y anunció una conclusión clave: “Buscaremos manejar un mismo lenguaje en todo lo que se trate de temas técnicos”, al defender que el preconteo y el diligenciamiento de los formularios E-14 hacen parte fundamental del proceso.“Estas reuniones han resultado armónicas y provechosas. Buscaremos manejar un mismo lenguaje en todo lo que se trate de temas técnicos. No es cierto que el preconteo no sirva; el diligenciamiento del E-14 es la prueba material física de lo que dijo el jurado que cuenta los votos”, indicó el procurador.El ministro Armando Benedetti afirmó que el objetivo es evitar que “ese manto de duda no vaya a existir para el día de elección” y dijo estar satisfecho con los espacios de diálogo abiertos para resolver las inquietudes planteadas por el presidente.“Esta reunión tiene muchísimo que ver con que ese manto de duda no vaya a existir para el día de elección. Estoy satisfecho con estos encuentros porque están buscando los canales de comunicación para resolver las interrogantes con base en lo que ha dicho el presidente y lo que ha respondido el registrador”, dijo el ministro Benedetti.Por su parte, el registrador Penagos aseguró que la firma ASD ya no hace parte de la unión temporal y que los softwares de preconteo están siendo auditados. “El preconteo presenta datos preliminares, pero es el escrutinio el que valida los resultados”, enfatizó.“La firma ASD no hace parte hoy de la unión temporal. Los softwares de preconteo están siendo auditados y permiten entregar datos preliminares desde el cierre de votaciones, pero es el escrutinio, con los E-14 y los jueces, el que valida legalmente los resultados”, añadió.Las partes acordaron una nueva reunión antes de los comicios, en un intento por bajar la tensión institucional y unificar criterios técnicos de cara a la jornada electoral.
Un avión de American Airlines que cubría la ruta entre Medellín y Miami aterrizó con perforaciones de bala en una de sus alas, detectadas durante una inspección rutinaria posterior en Estados Unidos, un hecho sobre el cual la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia aseguró que no ha recibido una notificación formal.La autoridad explicó en un comunicado que, según los reportes conocidos, "tras el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado lunes, una inspección rutinaria detectó perforaciones en el plano derecho de la misma".Sin embargo, precisó que hasta el momento "no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ni de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos", entidades competentes en ese país.Según los datos del sitio web de seguimiento Flightradar24, la aeronave, un Boeing 737 MAX 8, voló de Miami a Medellín el domingo y regresó a la ciudad estadounidense el lunes por la mañana.Ese trayecto se realizó sobre el mar Caribe, una zona donde actualmente se desarrolla la Operación Lanza del Sur, un operativo estadounidense contra el narcotráfico.La aerolínea señaló a la cadena CBS News que "encontraron una perforación en el exterior de una de sus aeronaves durante una inspección de rutina", por lo que "fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación", y que "colaborarán con las autoridades" para esclarecer lo ocurrido. EFE
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
Durante el foro ‘Para la Polarización, la conversación’, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, se refirió a la situación que vive el país y reconoció que en distintos sectores existen angustias e incertidumbres que requieren un proceso común de sanación.“Tenemos angustias, incertidumbres, tenemos narrativas que se han construido a veces distorsionando también la realidad, pero narrativas que nos llevan a identificar esas cosas profundas, que son necesidades de sanación. Yo creo que somos un pueblo que requerimos seguir sanando”, señaló Henao.Desde la Iglesia Católica también indicaron que es necesario mantener la esperanza, pese a las incertidumbres que puedan existir en el contexto nacional.“Requerimos avanzar en nuestra capacidad de superar esas narrativas y somos un pueblo que definitivamente tenemos dentro de toda esa historia profunda que hay, a veces no narrada, de cómo se conformaron las ciudades, cómo se conformaron las regiones, cómo se conformaron distintos ámbitos. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza y de mantener viva la visión hacia adelante”, agregó el monseñor.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
La fractura en la izquierda colombiana quedó más expuesta tras la decisión de Carlos Caicedo de no participar en la consulta presidencial impulsada por sectores afines al Gobierno. En entrevista con Recap Blu, el exgobernador del Magdalena explicó que su retiro responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio, espacio que agrupa principalmente a figuras que han sido ministros, embajadores o congresistas del presidente Gustavo Petro.Caicedo intentó construir una consulta alternativa junto a Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería. Sin embargo, el proceso no avanzó por falta de avales y requisitos formales. Aunque él logró recoger cerca de 2,6 millones de firmas, los otros precandidatos no contaban con el respaldo necesario, lo que obligó a tomar una decisión antes del plazo legal.Las "incoherencias" para CaicedoEl exmandatario también confirmó que recibió una invitación directa del senador Iván Cepeda para sumarse al Pacto Amplio, propuesta que declinó tras una llamada ocurrida días atrás. Según Caicedo, participar en esa consulta implicaba respaldar sin matices al actual Gobierno, algo incompatible con su postura crítica. "Estar en una consulta de lo que llaman el Pacto Amplio es la consulta de todos los sectores que han sido o senadores, gracias al presidente Petro, o ministros o embajadores y les corresponde hacer una defensa a ultranza del Gobierno (...) Se la pasaron saltando de partido en partido, porque más que progresistas son gobernistas y son hoy inclusive los portavoces del propio Gobierno", afirmó.En sus declaraciones, Caicedo fue más allá y cuestionó alianzas recientes del Gobierno en escenarios regionales, particularmente en el Magdalena, donde denunció acuerdos con sectores tradicionales como Cambio Radical y el Centro Democrático. Para él, estas decisiones contradicen el discurso progresista del Ejecutivo y explican por qué muchas reformas no han avanzado. "El pueblo colombiano votó por el cambio y ese cambio para que fuera posible necesitaba coherencia al momento de integrar el gabinete y de impulsar las diversas iniciativas de gobierno y por eso, en buena medida, es que no ha podido avanzar y se ha quedado en buena parte en discursos que son absolutamente plausibles”, sostuvo, al tiempo que criticó el centralismo del Gobierno y la falta de resultados concretos en las regiones.Finalmente, Caicedo defendió su propuesta como la de una “izquierda diferente”, enfocada más en resultados que en discursos. Aseguró que, aunque valora algunos logros del actual Gobierno, Colombia no puede quedarse en lo que llamó “una transición inconclusa”. Por eso, reiteró que seguirá adelante con su candidatura presidencial, abierto a eventuales coincidencias programáticas con otros sectores, pero firme en su decisión de no “maquillar errores ni legitimar falsas unidades” dentro de la izquierda.
A partir de 2026, el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las iniciativas más importantes para la formación de posgrado de colombianos en el exterior. Así lo confirmó la propia fundación a través de un comunicado oficial y mensajes publicados en sus redes sociales, en los que aclaró que la promoción 2025 será la última en recibir recursos públicos.La decisión marca el cierre de una alianza que se mantuvo durante dos décadas ininterrumpidas y que permitió que miles de colombianos accedieran a estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en todo el mundo, con el compromiso de regresar al país y aportar al desarrollo nacional.En su comunicado, Colfuturo explicó que, aunque el convenio con el Estado llega a su fin, la organización continuará operando de manera independiente y ya trabaja en un rediseño del programa para garantizar su sostenibilidad financiera a partir de 2026. Sin embargo, no será hasta los primeros meses del próximo año que se anuncie cómo funcionará el programa.El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como el más grande de su tipo en América Latina, de acuerdo con la fundación, que registra que gracias a la cooperación entre el Estado y Colfuturo, cerca de 25.000 colombianos y colombianas pudieron adelantar estudios de posgrado en el exterior.Durante estos 20 años, el Gobierno nacional y Colfuturo comprometieron 892 millones de dólares. “El objetivo siempre fue que los beneficiarios regresaran al país para contribuir con sus conocimientos al desarrollo económico, científico y social de Colombia”, señaló Colfuturo en el documento firmado por su director, Jerónimo Castro.La finalización del convenio implica que Colfuturo no contará con recursos del Gobierno nacional para nuevas cohortes a partir de 2026. Sin embargo, la fundación fue enfática en señalar que esta decisión no afecta a los estudiantes que ya fueron seleccionados ni a quienes están próximos a iniciar sus estudios.Según explicó la organización, todas las personas beneficiarias que actualmente están estudiando o que comenzarán su posgrado mantendrán las condiciones pactadas al momento de su selección, y los recursos necesarios para cumplir esos compromisos están garantizados.“La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno Nacional, pero Colfuturo tiene asegurados los fondos para cumplir cabalmente con todos los compromisos adquiridos”, indicó Castro.Ante este nuevo escenario, Colfuturo anunció que desde hace varios meses trabaja en el diseño de nuevas condiciones para el Programa Crédito Beca y en la gestión de fuentes de financiación adicionales.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Este miércoles se desarrolló el foro ‘Para la polarización, la conversación’, una iniciativa en la que líderes de distintos sectores reflexionaron sobre la necesidad de dialogar entre diferentes, incluso frente a temas que, en ocasiones, dividen al país.La rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, aseguró que Colombia tiene un futuro esperanzador, pero advirtió que es necesario aprender a hablar y escucharse en medio de las diferencias.“La gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Lo que nos une es lo más profundamente humano: el perdón, la reconciliación, el amor”, señaló la rectora.Bernal hizo énfasis en el papel fundamental de la educación como herramienta para fortalecer el diálogo y la construcción colectiva en el país.“Por eso las universidades somos tan importantes, somos los que formamos esos ciudadanos que pueden hablar, que son compasivos, que son empáticos, que pueden tejer esas conversaciones de una manera en que el otro no es un antagonista, sino es una persona diferente, a la que yo puedo al menos escuchar activamente”, agregó.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Tras gestiones de la Cancillería colombiana con el gobierno de Estados Unidos, regresará al país Rafael Vergara, el joven de 22 años e hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hace 20 días.Según su madre, el joven estaba a la espera de que se definiera su situación legal, contaba con permiso de trabajo y número de seguro social, y no tenía asuntos pendientes con la justicia en ese país.“La situación cada día va un poco peor, deteriorando su salud física, mental, pero sobre todo las condiciones en las que ellos se encuentran allá. Hace unos dos días hablamos y en la celda donde él se encuentra habían 70 personas. Hoy ya superaron las 80 personas en un estado de hacinamiento que obviamente no se les pueden garantizar unas buenas condiciones”, contó la congresista.En las próximas horas, la canciller Rosa Villavicencio se reunirá con la congresista en Cartagena. El tiquete aéreo para el regreso del joven ya fue adquirido: viajará mañana desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente a Bogotá, con llegada prevista a las 11:00 de la noche.Cabe mencionar que la representante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano denunció la detención de su hijo a través de su cuenta de X.“Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”, explicó.En ese momento, Vergara solicitó apoyo del Gobierno nacional y de la Cancillería para su retorno. “Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el regreso, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”, concluyó.
A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral en la que los colombianos elegirán senadores, representantes a la Cámara y a tres candidatos presidenciales.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que la empresa Thomas Greg and Sons y la empresa ASD formen parte de la Unión Temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental.Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas, está vinculada a procesos electorales en Colombia desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, su participación en la Unión Temporal que provee dicha herramienta tecnológica, tras una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras.Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154 mil millones de pesos.Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la Registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar.Hay un asunto de fondo, clave del que poco habla el gobierno: del constreñimiento electoral por parte de grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el Registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos dos flagelos, que sin duda van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.