En un momento clave para la estabilidad institucional y la seguridad en las regiones, el Ejército ascendió a 604 nuevos suboficiales que asumirán responsabilidades operacionales en distintas zonas del país, con el objetivo de fortalecer el control territorial y enfrentar las amenazas que afectan la gobernabilidad.La promoción está integrada por 463 hombres y 141 mujeres del Curso N.º 113 Sargento Primero José María Caballero, quienes culminaron dos años de exigente formación militar y académica enfocada en liderazgo en terreno, conducción de tropas, manejo de recursos y respuesta frente a estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.Con su ascenso al grado de cabo tercero, los nuevos suboficiales serán desplegados en regiones priorizadas, donde deberán contribuir a neutralizar factores de inestabilidad, proteger a la población civil y respaldar la presencia efectiva del Estado en zonas con alta complejidad en materia de orden público.Durante la ceremonia, el segundo comandante del Ejército, mayor general Jaime Alonso Galindo, destacó que esta nueva generación está altamente entrenada para asumir operaciones en escenarios complejos. Según señaló, la misión será servir con profesionalismo y firmeza, actuando bajo la Constitución y la ley, garantizando el respeto por los derechos de los ciudadanos mientras cumplen tareas orientadas a restablecer condiciones de seguridad y estabilidad.El acto oficial de ascenso al grado de cabo tercero se realizará este viernes 27 de febrero y será presidido por el comandante del Ejército, quien impondrá las insignias a los uniformados. Con este paso, los nuevos suboficiales iniciarán oficialmente su despliegue en diferentes regiones del territorio nacional, donde asumirán su primera línea de liderazgo.
El comandante general de las fuerzas militares, Hugo López, confirmó a través de su cuenta en X la recuperación de tres menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en zona rural de Florencia, en el departamento de Caquetá.De acuerdo con el comandante de las FFMM, el resultado fue logrado por tropas de la Sexta División del Ejército y representa un golpe directo contra la estructura residual Rodrigo Cadete, señalada de mantener presencia en esta región del sur del país y de instrumentalizar a niños y adolescentes en el conflicto armado.En su mensaje, el general advirtió que los grupos armados ilegales continúan vulnerando gravemente los derechos de la niñez colombiana, sometiendo a menores a condiciones degradantes y apartándolos de sus familias y entornos protectores. “Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la protección de la niñez colombiana”, señaló.El alto oficial también rechazó de manera contundente el reclutamiento ilícito de menores, al que calificó como un crimen atroz que constituye una grave violación a los derechos humanos y una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.Tras la recuperación, las menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes para iniciar los procesos de restablecimiento de derechos, mientras continúan las operaciones militares para debilitar a las estructuras responsables de este delito en el sur del país.
A pocos días de las consultas interpartidistas, la encuesta más reciente de Invamer revela un resultado contundente en la consulta del Frente por la Vida: Daniel Quintero aparece con una ventaja amplia sobre Roy Barreras en intención de voto. Según el sondeo analizado en Blu Radio, el exalcalde de Medellín triplica al exsenador y se perfila como el virtual ganador dentro de este bloque político.De acuerdo con los resultados, Quintero registra el 68,1 % de la intención de voto, mientras Roy Barreras alcanza el 23 %. Los demás candidatos quedan muy rezagados: Edison Lucio Torres con 4,2 %, Marta Viviana Bernal con 2,7 % y Héctor Elías Pineda con 2 %. Este escenario posiciona a Quintero como el claro favorito en una consulta que podría convocar cerca de 830.000 votantes, según las proyecciones derivadas de la encuesta.El voto de opinión, principal fortaleza de Daniel QuinteroUno de los factores clave que explican la ventaja de Daniel Quintero es el peso del voto de opinión. Según explicó el gerente de Invamer, Martín Orozco, las encuestas reflejan principalmente la intención de voto de ciudadanos, no la influencia de las estructuras políticas o maquinarias.Esto significa que, en el terreno de la percepción ciudadana, Quintero tiene una ventaja significativa. Su perfil, asociado a un liderazgo más reciente y con fuerte presencia mediática, parece conectar con un segmento importante del electorado que participaría en la consulta.Además, el balance entre imagen favorable y desfavorable también juega a su favor. Mientras Quintero tiene una percepción relativamente equilibrada (19 % favorable frente a 20 % desfavorable), Roy Barreras enfrenta una situación más compleja: su imagen desfavorable alcanza el 34 %, frente a solo un 12 % de favorabilidad. Este contraste sugiere que Barreras genera mayor rechazo relativo entre los votantes.Otro elemento que influye en los resultados es la percepción sobre la trayectoria política de Roy Barreras. Analistas señalan que su paso por diferentes sectores políticos podría estar afectando su credibilidad ante una parte del electorado.Este fenómeno, conocido popularmente como “voltearepismo”, ha sido históricamente castigado por los votantes colombianos. La percepción de falta de coherencia ideológica puede generar desconfianza, especialmente en consultas donde predomina el voto de opinión y no el voto disciplinado por partidos.En contraste, Quintero parece capitalizar una imagen más definida dentro de su electorado potencial, lo que le permite consolidar un apoyo más sólido en la encuesta.A pesar de la ventaja de Quintero, el panorama aún no está completamente definido. La encuesta muestra que cerca del 44 % de quienes participarían en las consultas interpartidistas todavía no saben por quién votar. Este grupo será determinante en el resultado final.En términos absolutos, si votan cerca de 830.000 personas en esta consulta, las proyecciones indican que Quintero podría obtener entre 600.000 y 650.000 votos, mientras Barreras alcanzaría cerca de 200.000. Sin embargo, expertos advierten que estos números podrían cambiar dependiendo del impacto de las campañas en los días previos y del funcionamiento de las maquinarias políticas.La maquinaria política, el principal reto para QuinteroA diferencia de Quintero, Roy Barreras cuenta con una amplia trayectoria política y redes en diferentes regiones del país. Estas estructuras podrían movilizar votantes el día de la consulta, un factor que las encuestas no logran medir completamente.Barreras tiene aliados políticos con presencia en departamentos clave como Atlántico, Valle del Cauca y La Guajira, lo que podría aumentar su votación real frente a la intención registrada en el sondeo.Sin embargo, el hecho de que el propio impulsor de la consulta esté en segundo lugar refleja una debilidad significativa en el terreno del respaldo ciudadano espontáneo.El resultado de esta consulta será decisivo para definir el liderazgo dentro del Frente por la Vida y el rumbo político de este sector. Si se mantienen las tendencias actuales, Daniel Quintero no solo ganaría la consulta, sino que consolidaría su posición como figura principal dentro de este bloque.No obstante, el alto número de indecisos y el peso de las maquinarias políticas dejan abierta la posibilidad de cambios en el resultado final. Por ahora, la encuesta de Invamer ofrece una fotografía clara: Daniel Quintero lidera ampliamente la intención de voto, mientras Roy Barreras enfrenta el desafío de revertir una desventaja significativa en el terreno del voto de opinión.Las consultas, como coinciden los analistas, son apenas la primera etapa de una carrera política que apenas comienza a definirse.
A medida que se acerca la cita en las urnas del próximo 31 de mayo, el panorama político en Colombia comienza a despejarse. Según los resultados de la más reciente encuesta de la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio el senador Iván Cepeda, figura central del Pacto Histórico, no solo se mantiene a la cabeza, sino que ha logrado ampliar significativamente su margen de favoritismo.El estudio, realizado entre el 11 y el 22 de febrero, muestra que la intención de voto por Cepeda ascendió del 31,9 % registrado en noviembre al 37,1 % actual. Este crecimiento de 5,2 puntos porcentuales lo sitúa en una posición de fuerza frente a sus competidores, consolidando el respaldo hacia la continuidad del proyecto político iniciado por el presidente Gustavo Petro.Análisis encuesta Invamer en Mañanas BluEn la otra orilla del espectro político, el abogado Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, parece haber alcanzado un techo temprano. De la Espriella pasó del 18,2 % al 18,9 %, un crecimiento marginal que lo deja con una brecha de 18,2 puntos porcentuales respecto al líder de las encuestas.Sin embargo, las noticias más disruptivas del sondeo provienen de los ascensos meteóricos en el tercer y cuarto lugar:Claudia López: la exalcaldesa de Bogotá y candidata de Imparables, dio un salto cuantitativo al pasar del 4,1 % al 11,7 %. Su discurso de centro-izquierda parece estar capitalizando el descontento de sectores moderados.Paloma Valencia: la senadora del Centro Democrático logró una de las recuperaciones más notables, escalando del 1,1 % en noviembre a un sólido 10 % en febrero.Por el contrario, el gran damnificado de la jornada es Sergio Fajardo. El referente del centro político continúa perdiendo tracción, descendiendo del 8,5 % al 6,6 %, lo que lo desplaza a la quinta posición y pone en duda la viabilidad de una coalición de centro fortalecida.Proyecciones para una eventual segunda vueltaA pesar del dominio de Cepeda, los números actuales indican que ningún candidato alcanzaría la mayoría absoluta (50 % más uno) en la primera vuelta. Bajo este escenario, Colombia tendría que definir a su próximo mandatario en un balotaje el 21 de junio.En un hipotético enfrentamiento directo, los datos de Invamer son contundentes: Cepeda obtendría el 59,4 % de los votos frente al 37,4 % de De la Espriella. Esta diferencia de 22 puntos se ha mantenido estable desde finales del año pasado, sugiriendo que la polarización entre ambos modelos de país sigue siendo el eje vertebrador de la campaña.Encuesta y ficha técnica del estudio
El pasado 20 de febrero, cuatro hombres fueron citados en zona rural del municipio de Tuchín, Córdoba. Desde ese momento, sus familias perdieron contacto con ellos y comenzaron a reportarlos como desaparecidos.La madrugada del domingo 22 de febrero se conoció el primer hallazgo de un cuerpo. En Sincelejo, Sucre, sobre las 6:10 de la mañana, fue encontrado sin vida Camilo Villegas, con heridas por arma cortopunzante.Horas más tarde, ese mismo día, en una vía de San Antonio de Palmito, en Sucre, fue localizado el cuerpo de Cristian Bohórquez.Un día después, el lunes 23 de febrero, en zona rural de San Andrés de Sotavento, Córdoba, fue hallado el tercer cuerpo, con heridas de arma de fuego. Se trataba de Jhonatan Villegas Ramírez.Los tres hombres hacían parte de un grupo de cobradiarios en la zona. Mientras tanto, persiste la incertidumbre por el paradero de David Anaya, el cuarto hombre que salió con el grupo y que hasta ahora no ha sido localizado.Indepaz recordó que estos municipios están incluidos en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados ilegales que disputan control territorial e imponen normas en varias zonas rurales. Según la organización, en el área operan el Clan del Golfo y bandas de carácter local, lo que mantiene en riesgo a la población civil.
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras siete personas vinculadas a la investigación.Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de la Interpol.La medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá. En esa oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.Según la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que indicarían que Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo de la UNGRD, presuntamente a cambio de que contratos derivados de ese acuerdo fueran cedidos a personas sugeridas por él.Con la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, mientras avanzan las actuaciones judiciales y continúan las labores para dar con el paradero del exfuncionario.
A diez días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, la más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol traza una “fotografía” del panorama electoral. En entrevista en Mañanas Blu, el gerente de la firma, Martín Orozco, advirtió que los resultados pueden cambiar, pero permiten entender cómo están hoy las fuerzas políticas de cara a las consultas de la derecha, el centro y la izquierda.Alta intención de participación, pero con muchos indecisosSegún el sondeo, el 46 % de los consultados afirma que definitivamente votará el 8 de marzo y un 20,1 % dice que probablemente lo hará. Históricamente, explicó Orozco, la suma de estos dos segmentos es la que más se aproxima a la participación real, lo que podría ubicar la votación total entre el 50 % y el 55 % del censo electoral.De quienes aseguran que acudirán a las urnas, el 62,6 % afirma que pedirá el tarjetón de consulta. Sin embargo, hay un dato clave: del total que participaría en esas consultas, el 44 % aún no sabe por cuál candidato votar. “Ese porcentaje es más alto que el de la consulta que hoy aparece como la más votada”, subrayó Orozco, al advertir que el comportamiento final de ese grupo será determinante.La derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventajaEn la consulta de la derecha —que reúne a nueve aspirantes— la favorita es la senadora Paloma Valencia, con el 41,6 % de la intención de voto.Le siguen Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, y el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, con el 10,4 %.De acuerdo con la encuesta, esta sería la consulta más votada, identificada ideológicamente con sectores de centro derecha. No obstante, el amplio número de indecisos deja margen para movimientos en los días previos a la elección.El centro: así está el panorama para Claudia LópezEn la consulta del centro, donde solo hay dos inscritos, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López obtiene un contundente 92,9 % de intención de voto, frente al 7,1 % de Leonardo Huerta.El resultado muestra una competencia prácticamente definida, aunque la participación efectiva dependerá de cuántos electores decidan finalmente pedir ese tarjetón.La izquierda: sorpresa con Daniel QuinteroEn la consulta de la izquierda, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle encabeza la intención de voto con el 68,1 %.El dato resulta sorpresivo porque en esa misma consulta participa el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido apoyos recientes de dirigentes y sindicatos, pero marca 23 % en el sondeo.Orozco hizo una precisión relevante: dentro del 44 % de indecisos hay una proporción significativa de votantes identificados con la izquierda. Parte de esa incertidumbre, explicó, podría estar relacionada con la exclusión del senador Iván Cepeda por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como con el llamado del presidente Gustavo Petro a no participar en esa consulta.Una elección abiertaEn Mañanas Blu, Orozco insistió en que la encuesta es una herramienta y una fotografía del momento. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, y el comportamiento de los indecisos —casi la mitad de quienes participarían en consultas— podría alterar los resultados proyectados.Con tres bloques en competencia y la posibilidad de que millones de colombianos pidan el tarjetón, las consultas interpartidistas del 8 de marzo se perfilan como el primer gran pulso político rumbo a la elección presidencial.
Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional denominada Paz Electoral, una iniciativa orientada a fortalecer la confianza ciudadana y blindar el proceso democrático frente a riesgos que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la legitimidad de los comicios.Como parte de esta campaña institucional, equipos del Ministerio Público se desplegaron en los principales accesos viales de las ciudades capitales para recibir a miles de colombianos que regresaban de sus vacaciones de inicio de año. Allí, los funcionarios entregaron mensajes pedagógicos e invitaron a los ciudadanos a asumir un papel activo en la protección de la democracia mediante el ejercicio responsable del voto.La iniciativa es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde finales del año pasado inició un recorrido por distintas regiones del país con el propósito de sensibilizar a instituciones, sectores productivos, líderes sociales y ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar unas elecciones libres y respetadas por todos.Jornadas clave de elecciones en Colombia 2026El contexto electoral de este año incluye tres jornadas decisivas: el 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio, de ser necesario, se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir al jefe de Estado. Este panorama ha motivado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas.La estrategia surgió en medio de preocupaciones expresadas desde distintos sectores sobre posibles amenazas al proceso electoral. Incluso, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó en varios escenarios públicos que existían inquietudes ciudadanas sobre la realización de las elecciones. Frente a este panorama, la Procuraduría asumió como una prioridad institucional la defensa del orden democrático y el cumplimiento del calendario electoral.En este esfuerzo, la Procuraduría trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, entidades que han reiterado su compromiso conjunto para garantizar la transparencia del proceso. Esta alianza busca prevenir irregularidades, vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que los funcionarios no interfieran indebidamente en política.Entre los principales riesgos identificados por las autoridades se encuentran la posible incidencia de grupos armados ilegales, la difusión de desinformación y eventuales ciberataques. Ante estos desafíos, el Ministerio Público ha enfatizado la necesidad de mantener una vigilancia permanente y una participación activa de todos los sectores del Estado y la sociedad.Además de promover el voto libre y consciente, Paz Electoral también busca asegurar que los candidatos desarrollen sus campañas con garantías y responsabilidad, y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con plena confianza en el sistema electoral.La Procuraduría continuará con jornadas pedagógicas y presencia territorial durante todo el año, en lo que ha denominado una cátedra pública permanente sobre la importancia de proteger la democracia. El objetivo final es que, una vez concluido el proceso electoral, el país cuente con instituciones fortalecidas y con resultados legítimos, respaldados por la voluntad soberana de los colombianos.
El jefe del Ministerio Público aseguró que no existen pruebas de irregularidades en el software ni en el escrutinio de las elecciones parlamentarias. Anunció vigilancia técnica y jurídica al código fuente y pidió “paz electoral” a 10 días de los comicios.A diez días de las elecciones parlamentarias en Colombia, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existe evidencia de irregularidades en ningún componente del proceso electoral, incluyendo el sistema electrónico de escrutinio. La declaración se dio en entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, en el marco del lanzamiento del Plan Democracia, estrategia interinstitucional para garantizar la transparencia y seguridad en los comicios del 8 de marzo.“Hasta hoy, hasta este momento que estamos hablando, yo no puedo decir que se haya evidenciado alguna anomalía o alguna alteración de todos los componentes, incluyendo el electrónico del proceso electoral”, afirmó el procurador, al referirse a las denuncias y dudas que han circulado sobre el software electoral y el código fuente.Plan Democracia: vigilancia en 288 puntos críticosEl pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se produjo tras una reunión con altas autoridades militares, de Policía, el registrador nacional y representantes del Gobierno, en la que se revisaron los avances del Plan Democracia. Según explicó, se han identificado 288 puntos estratégicos en el territorio nacional donde podrían presentarse alteraciones al orden público que afecten el desarrollo normal de la jornada.“No estamos midiendo por municipio ni por veredas, sino puntos donde suceden cosas en el territorio que podrían ocasionar alguna perturbación con violencia sobre el proceso electoral. Hacia ese punto específico llegamos”, detalló Eljach.El objetivo, precisó, es garantizar que en cada mesa y puesto de votación los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin intimidaciones ni contratiempos. “Parece fácil decirlo, pero implica una logística compleja de preparación y reacción inmediata”, agregó.En cuanto a la posible reubicación de mesas por razones de seguridad, el procurador indicó que, hasta el momento, solo se ha contemplado el traslado de algunos puestos en el departamento de Córdoba debido a afectaciones por inundaciones, mas no por amenazas de grupos ilegales. “No se ha informado que haya habido necesidad de reubicar puestos o cerrar mesas por temas de orden público”, señaló.Software electoral y código fuente bajo lupaUno de los puntos más sensibles del debate público ha sido el funcionamiento del software de escrutinio y el acceso al código fuente, tema sobre el cual el presidente Gustavo Petro ha expresado reparos. Frente a esto, Eljach anunció la designación de dos delegadas nacionales —una técnica y otra jurídica— para acompañar la revisión del sistema.“Ya se empezó desde ayer la vigilancia in situ donde la Registraduría convoca para hacer la llamada apertura de los códigos. Ahí están los nuestros, como están los de los partidos y los de las campañas. Eso es público”, sostuvo.El procurador explicó que el proceso contempla una etapa técnica en la que expertos en auditoría de software examinarán el funcionamiento del sistema electrónico, posterior al diligenciamiento manual de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación.“Cosa que es posterior a llenar los E-14, el formulario a mano presencial con el votante allí y con el jurado firmando de carne y hueso, de tal manera que se podrían comparar las dos cosas”, precisó.Asimismo, confirmó la vinculación de dos nuevos expertos en auditoría tecnológica para fortalecer el seguimiento. No obstante, fue enfático en señalar que cualquier conclusión deberá esperar a que termine el proceso de revisión.“Cuando termine toda esta etapa, sabremos realmente qué había, si era mito, si era sospecha, si era una acusación infundada, o si sí era fundada. Por lo tanto, no se puede afirmar categórica y definitivamente nada hasta que termine ese paso”, puntualizó.Llamado a la “paz electoral” y respeto institucionalEn medio de un clima político tensionado por las acusaciones de posible fraude electoral, Eljach hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a promover la calma y la confianza institucional.“Tenemos que aprender a vivir en paz, y en las elecciones tenemos que hacer paz electoral”, expresó al inicio de la entrevista.Consultado sobre declaraciones previas en las que cuestionó el “estado mental” del presidente Petro tras señalamientos contra los órganos de control, el procurador aclaró que su comentario aludía a estados emocionales como la preocupación o la angustia, y no a una descalificación personal.“El estado mental de las personas es una cosa múltiple (…) Al ver que nos señaló directamente de hacer trampa, de mentir, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así que el procurador miente? ¿Cómo así que el contralor miente?”, manifestó.A pesar de las diferencias, aseguró que la relación con el Gobierno es “cordial” y basada en el respeto institucional. “Con cariño, con respeto, pero también con firmeza y en defensa de mi buen nombre y de mi ejercicio, que es autónomo y no depende del gobierno”, subrayó.
El Servicio Geológico Colombiano hizo una importante aclaración sobre la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, luego de que el evento fuera confirmado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad enfatizó que estos fenómenos no corresponden a volcanes magmáticos y que su comportamiento es sustancialmente diferente.“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC en un mensaje público. Con esta precisión, el organismo técnico buscó evitar interpretaciones erróneas frente a la magnitud del evento registrado durante la noche del miércoles en el municipio del Urabá antioqueño.Cabe recordar que, de acuerdo con lo que detalló por su parte la UNGRD, la erupción repentina del volcán en San Juan de Urabá se dio por un fenómeno geológico conocido como diapirismo, según explicó esta entidad nacional, "en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por presión interna".¿Cuántos volcanes de lodo hay en Colombia?El Servicio Geológico también recordó que en Colombia existen más de 100 volcanes de lodo, ubicados principalmente en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe. Además, señaló que hay cientos de salidas adicionales de lodo que no conforman volcanes propiamente dichos.¿Se monitorean los volcanes de lodo en Colombia?Frente al monitoreo, la entidad indicó que “establecer un sistema para cada uno de ellos no es viable”, debido a que con frecuencia surgen nuevas manifestaciones. Esta condición geológica hace que la vigilancia permanente, como ocurre con volcanes activos magmáticos, no sea aplicable en estos casos.¿Cuáles son los riesgos de los volcanes de lodo?En cuanto a los riesgos, el SGC detalló que la amenaza se relaciona con flujos de lodo hacia cultivos y viviendas, agrietamientos del terreno y una eventual explosividad asociada a gases como el metano. No obstante, precisó de forma indirecta que los eventos explosivos documentados en el país se han presentado en zonas con baja densidad poblacional.Finalmente, el organismo reiteró que su competencia es técnica e informativa, mientras que la atención de emergencias corresponde a las autoridades locales y regionales coordinadas por la UNGRD. El Servicio Geológico Colombiano aseguró que comunicará oportunamente cualquier novedad e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.
Colombia muestra una "persistencia del conflicto armado", según el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgado este jueves, que registró en 2025 el asesinato de 99 defensores de DD.HH. y 53 masacres."La persistencia de la violencia y del conflicto armado en varios territorios, junto con el afianzamiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, sigue afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas", señala el informe.El documento también advierte sobre un aumento de los ataques de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública, "con graves afectaciones en la población civil que pueden calificarse de ataques indiscriminados y desproporcionados".
A través del convenio 9677 suscrito por 20.000 millones de pesos entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Gobernación del Huila, entró en operación el nuevo kit de maquinaria amarilla para atender las emergencias ocasionadas por el invierno que se presentaron en el transcurso del año 2025.La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Huila, Isabel Hernández, confirmó en Blu Radio que la maquinaria recibida por el gobierno departamental inicia con la recuperación de vías secundarias y rurales afectadas por deslizamientos de tierra, entre otras necesidades de las comunidades campesinas.“En esta oportunidad se entregaron cinco vibrocompactadoras, tres retroexcavadoras, una motoniveladora, dos retroexcavadoras de llantas y dos volquetas, con esta nueva entrega se suma tres kits más que hicieron gobiernos anteriores para el departamento. Estas nuevas máquinas y demás equipamiento van a fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier emergencia, también se va a realizar mantenimiento preventivo y recuperación de vías rurales que se encuentran obstruidas por las temporadas de lluvias”, explicó Isabel de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.Por su parte, Sebastián Azuero, asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el Huila, afirmó que la adquisición de esta maquinaria amarilla se realizó a través del aplicativo ‘Colombia compra Eficiente’ con el fin de garantizar la calidad de las máquinas para que tengan uso por largo tiempo.“En esta administración le hemos entregado al Huila un total de 32.800 millones de pesos en proyectos y maquinaria amarilla como esta que estamos entregando. Se fortalece, además, el banco de maquinaria amarilla del departamento, la cual permanece a disposición de los municipios para la atención de la gestión del riesgo” dijo.De acuerdo con las cifras de la Oficina de Gestión de Riesgo, durante el año 2025 las dos temporadas de lluvias en el Huila dejaron alrededor de 620 familias damnificadas, vías rurales obstruidas, puentes averiados, acueductos regionales destruidos, cerca de 90 viviendas afectadas y cuatro personas fallecidas, entre otras emergencias que en su momento fueron atendidas por el gobierno departamental y las alcaldías municipales.
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó la segunda rendición de cuentas de su actual administración, un informe de puertas abiertas a los habitantes que dio cuenta de los avances de estos dos años de gobierno en el trabajo emprendido para recuperar a la ciudad en temas como seguridad y convivencia; empleo y reducción de la pobreza; salud física y mental; educación y cultura; infraestructura; confianza ciudadana e inversión transparente de los recursos públicos.En medio de los retos sociales, el mandatario local destacó que la ciudad va por buen camino y que ya se superó la meta propuesta a la fecha en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. En mitad del actual gobierno, la ejecución avanza en un 56 %.“Hay tres instrucciones muy claras. Austeridad al 100 transparencia al 100 y eficiencia en el gasto. Nos quedan dos años más de gobierno, vamos por encima de las metas, pero tienen que ser mucho mejores los indicadores, tenemos que generar más empleo, más condiciones de vida, para que más personas salgan de la pobreza, como ya lo han hecho tantas familias”, expresó el alcalde.Este logro tuvo una importante influencia de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública y se evidencia en el pago de impuesto predial y de industria y comercio. De igual forma, se redujeron los fondos fijos de alrededor de $289 millones en 2023 a $1,2 millones en 2025, un 99.7 % menos.“Logramos estabilizar la ciudad del desastre que la recibimos, hay transparencia, recorte en el gasto de funcionamiento, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre todo hay confianza. Más del 80 % de los ciudadanos de Medellín hoy se sienten orgullosos de su ciudad”, agregó el mandatario local.La apuesta por la inversión transparente y eficiente de los recursos para aumentar el bienestar de las familias ha dado buenos resultados. Medellín reporta la tasa con la menor desocupación en el país, con 6,7 % en el corte de agosto a octubre, según cifras del Dane. En el Distrito se han realizado 136 Ferias de Oportunidades, 50.000 personas han sido acompañadas para la generación de ingresos y 41.390 han iniciado la ruta de la empleabilidad. Esto se suma a la recuperación del trabajo conjunto con el sector privado, que genera el 97 % de los empleos.La Administración Distrital ha fortalecido el ecosistema emprendedor con 12 programas y 2.600 emprendedores acompañados, lo que ha derivado en un 59 % de crecimiento en sus ventas y un 49 % de aumento en empleos desde este sector. De igual forma, en los cinco corregimientos se implementaron 15 proyectos de inversión y se han beneficiado 1.650 productores campesinos con ventas de $20.878 millones en Mercados Campesinos, un 21 % más frente a 2024.En este año que cierra el Distrito se consolidó como epicentro de grandes eventos, que dejaron una derrama económica de 365 millones de dólares, beneficiaron a 4.254 emprendedores, generaron 169.000 empleos directos e indirectos y aumentaron las ventas en un 26 % frente a 2024. A esto se suman 23 ruedas de negocio nacionales e internacionales que han dejado expectativas de negocios de 168 millones de dólares.Movilidad social: reducción del hambre y la pobreza En su segundo año de mandato, el alcalde Gutiérrez Zuluaga resaltó los logros en materia social, con resultados tan importantes como la reducción de la pobreza del 27 % al 22 % y la disminución del hambre del 28 % al 19 %, lo que se traduce en un descenso de personas que comen menos de tres comidas al día.La primera infancia ha sido prioridad. Se impulsaron estrategias como Buen Comienzo 365, que aumentó sin precedentes los días de atención a niñas y niños, así como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que acompaña a 18.000 menores de 5 años, a mujeres gestantes y lactantes; además, permitió la entrega de 197.000 paquetes alimentarios.Esto ha contribuido a una reducción histórica en los índices de desnutrición, al pasar del 1.1 % al 0.4 % en la actualidad, que se suman a cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025, cuando en 2023 se registraron cuatro.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también creció su cobertura y llegó a 244.000 estudiantes, mientras que la Alianza Medellín Cero Hambre permitió la entrega de 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios a las familias más vulnerables, en una apuesta que reúne al sector privado y social y que hoy cuenta con 200 madrinas aliadas.Por otro lado, Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, presenta avances significativos en el acompañamiento de las familias para reducir los niveles de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y promover la crianza amorosa. 76.169 personas fueron orientadas con talleres para fortalecer los vínculos en los hogares, 2.334 participaron en la Gran Escuela para la Familia y 2.800 menores de edad víctimas de violencias sexuales fueron atendidos con un modelo renovado en los hogares de protección. La formación se extendió a empresas de transporte, instituciones educativas y al sector privado.En materia social también se abrieron nueve círculos de cuidado, se brindaron oportunidades de empleo y becas a 8.000 mujeres y se entregará el primer centro de lavado comunitario en Manrique, que permitirá ahorrar cada semana al menos seis horas en tareas de lavado, secado y doblado de ropa, una apuesta que se extenderá a otras comunas.En estos dos años, la Administración Distrital ha entregado 1.630 subsidios para compra de vivienda, ha invertido $6.000 millones para compra de crédito hipotecario, $16.164 millones para subsidios de cuota inicial y $124.000 millones en mejoramientos. A la par de facilitar un techo digno, con el programa Unidos por el Agua se avanzó en el acceso de 7.257 hogares a agua potable y alcantarillado.Además, en estos dos años, Medellín registra un hito en protección y bienestar animal. Solo en 2025, el número de adopciones de perros y gatos se incrementó en un 21 %, con lo cual se superó la meta propuesta.Educación, juventud y culturaProgramas como Parceros y Referentes dan un voto de confianza a las nuevas generaciones. El primero ha formado a 8.041 jóvenes en la meta de llegar a 15.000 en el cuatrienio, todo con el fin de que aquellos que están en mayor riesgo de ser reclutados por estructuras criminales tengan opciones de empleo y educación para construir sus proyectos de vida. Con Referentes, 50 jóvenes han sido certificados en liderazgo público en la Universidad EIA.En este segundo año de gobierno, se logró la tasa de deserción más baja en 20 años, con 2,5 % frente a 3,18 % en 2024 y 5,40 % en 2023; esto se traduce en 5.000 estudiantes que regresaron al sistema educativo, gracias a estrategias como 238 recorridos de búsquedas activas en los barrios, 10.742 beneficiarios con transporte escolar gratuito y 11.960 estudiantes en riesgo de deserción beneficiados con modelos flexibles.A esto se suman las oportunidades de estudio con los programas de Sapiencia, Matrícula Cero y Ruta N, además de las posibilidades que se les brindan a los docentes de realizar posgrados formados desde Mova. Este año, Medellín logró que más jóvenes ingresaran a la educación superior, con alrededor de 31.200 beneficios de Matrícula Cero.Adicionalmente, 16.912 personas fueron formadas en habilidades digitales con Estud-IA, otras 21.000 en inglés y más de 96.000 se matricularon en programas ofrecidos en @Medellín.Además, aumentó la participación en los eventos culturales de la ciudad, principalmente en los estratos 1 y 2; han sido invertidos más de $430.000 millones en cultura: conciertos, ,visitas a centros históricos, museos, galerías, cines, proyecciones y asistencia a musicales. El talento juvenil también se fortaleció: en 2025, 316 jóvenes accedieron a formación gratuita en industria musical y creativa, a través de Music Lab.Salud física y mentalEntre 2024 y 2025, se invirtieron más de $77.600 millones en salud mental en la ciudad, que permitieron atender a 45.596 personas en los 21 Centros de Escucha, orientar a 17.673 en la Línea Amiga, capacitar a 643 profesionales de salud, consolidar 71 Escuchaderos en la ciudad y brindar 165.001 intervenciones psicológicas.Esto va de la mano del fortalecimiento de la red pública de salud, con una inversión de $383.000 millones entre 2024 y 2025, de los cuales $183.618 millones se destinaron este año. Solo en el Hospital General de Medellín, que esta administración recibió en una crítica situación, se invirtieron en los dos años $197.788 millones. Esto permitió logros como el aumento en un 46 % de ayudas diagnósticas, un 39 % en atenciones de urgencias y un 31 % en las cirugías. Por su lado, para la recuperación de la red deMetrosalud se invirtieron $174.047 millones en ambos años, y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, $11.296 millones. Seguridad y reducción de delitos Medellín registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, alrededor de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, se registró reducción en todas las modalidades de hurto y en la extorsión. Los resultados también se han visto reflejados en golpes a las estructuras criminales, incautaciones, personas capturadas y vehículos recuperados. Asimismo, se fortaleció el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad, al llegar a un total de 3.261.Este año, se desarrollaron 962 allanamientos, se aplicó extinción de dominio a 34 bienes de estructuras criminales avaluados en más de $15.000 millones, se capturaron 16 cabecillas, 85 coordinadores y 286 integrantes. Igualmente, se fortaleció la capacidad de la Fuerza Pública: se invirtieron alrededor de $36.700 millones para dotar de parque automotor a la Policía, Fiscalía y Ejército.Medellín es la primera ciudad no capital en contar con una oficina de Interpol, que ha dejado importantes resultados en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 131 personas han sido capturadas por este delito, entre ellos alias ‘Lili’, condenada a 21 años por proxeneta, y siete extranjeros. Además, se hicieron 63 inadmisiones por alertas migratorias y del sistema Angel Watch, lo que representa un aumento del 52 % frente al año anterior.Grandes proyectos estratégicos de infraestructura Medellín cierra 2025 con avances cruciales en uno de los hitos de ciudad: la mayor inversión en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura física, una de las apuestas primordiales del alcalde Gutiérrez Zuluaga. Son casi $8 billones para infraestructura educativa de calidad, espacio público renovado, mejores escenarios deportivos y recreativos, obras de impacto que mejoran la calidad de vida de los habitantes y aportan a la equidad.La ciudad tiene más de 1.800 obras activas, entre las que se destacan la intervención de todas las sedes educativas oficiales de la ciudad, la construcción de 10 nuevos megacolegios y siete jardines infantiles de Buen Comienzo; la renovación de 282 escenarios deportivos solo este año con la meta de llegar a 1.044 antes de finalizar 2027.La ciudad también tendrá siete nuevos ReCreo Deportivos y cinco ReCreo Culturales. El compromiso con la generación de más espacio público para el disfrute de los medellinenses abarca la construcción de dos grandes parques para la ciudad. El Parque Primavera Norte, que beneficiará a casi un millón de personas, y el Gran Parque Medellín, que tendrá un área de 21 hectáreas para agrupar escenarios deportivos que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento; así como el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que va a dar paso a un complejo de piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas. Todo esto sumado a zonas verdes, espacios de recreación y lagunas artificiales para que las familias disfruten juntas.El estadio Atanasio Girardot tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina: aumentará su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha y una fachada novedosa.“Vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, a seguir administrando bien la ciudad y a seguir trabajando. Yo estoy dedicado a que a la ciudad le vaya bien. No estamos en discusiones de izquierdas, derecha o centro, estamos enfocados a hacer que las cosas pasen y que la gente viva bien”, concluyó el alcalde.*Información tomada de la Alcaladía de Medellín por acuerdo comercial con Blu Radio
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, Colombia celebrará tres consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, los resultados anticipan un panorama con claras ventajas en cada bloque político.Consulta de la derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventajaEn la denominada “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a nueve aspirantes, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza la intención de voto con el 41,6 %.En segundo lugar aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, seguido por el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien registra 10,4 %.La medición muestra una ventaja considerable de Valencia frente a sus competidores, consolidándola como favorita para quedarse con el aval de ese sector político en la carrera presidencial.Consulta del centro: Claudia López sin rivalEn la consulta del centro solo se inscribieron dos candidatos. Según el sondeo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López concentra el 92,9 % de la intención de voto, mientras que Leonardo Huerta alcanza el 7,1 %.Las cifras reflejan un dominio prácticamente absoluto de López en este bloque, lo que la perfila como la virtual ganadora de la consulta centrista.Consulta de la izquierda: Daniel Quintero sorprendeEn la consulta del llamado “Frente por la Vida”, donde participan cinco aspirantes y de la cual el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda por un tecnicismo jurídico, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle lidera con el 68,1 % de la intención de voto.El resultado representa una sorpresa política, ya que el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido en semanas recientes importantes respaldos de dirigentes y sindicatos, obtiene el 23 % del apoyo entre los electores de izquierda.Participación y contexto electoralLa encuesta también señala que una parte significativa del electorado aún no define si solicitará el tarjetón de las consultas interpartidistas, un factor que podría incidir en los resultados finales.Las consultas del 8 de marzo serán determinantes para configurar el tablero de la primera vuelta presidencial, pues los ganadores de cada bloque se sumarán a otros candidatos que competirán directamente por la Casa de Nariño.Con estos resultados, el escenario electoral empieza a tomar forma, aunque la dinámica política de las próximas semanas podría modificar las tendencias registradas por Invamer.
El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático y aspirante al Senado en la lista cerrada de esa colectividad, expuso sus principales propuestas legislativas de cara a las elecciones del 8 de marzo. En entrevista con Recap Blu habló sobre seguridad energética, salud, reforma política y la postura frente a una eventual Asamblea Nacional Constituyente.Seguridad energética como política de EstadoEspinal aseguró que su principal bandera ha sido la defensa de la seguridad energética. “Ya llevo 8 años defendiendo la seguridad energética. Solo con seguridad energética Colombia no se apaga”, afirmó. Advirtió que la demanda energética crece por encima del 4% y que actualmente solo un proyecto entraría al sistema, al referirse a Hidroituango.Entre sus propuestas planteó tres ejes: “Primero, que la seguridad energética sea declarada como una política de Estado, elevado a derecho de tercera generación. Segundo, disminuir los tiempos de licenciamiento ambiental y los permisos ambientales (…) especialmente mineroenergético. Y tercero, Silvia, se hace urgente la reglamentación de la consulta previa en nuestro país”.“No rotundo” a la constituyenteFrente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre presentar un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente al nuevo Congreso, Espinal fue enfático: “Nosotros desde el Centro Democrático le decimos no a una asamblea constituyente”. Agregó que el mandatario “falta a la verdad” y sostuvo que su posición es un “no rotundo a la constituyente de Gustavo Petro”.Salud y crisis del sistemaSobre la situación del sistema de salud en Colombia, el congresista afirmó: “Yo creo que eso no se trata de reformar la salud. Acá, gracias a Dios, tenemos el marco normativo de la Ley 100”. Señaló que el sistema “resistió, por ejemplo, la pandemia” y que el problema actual es “más económico”. En ese sentido, indicó que el próximo Congreso deberá “sentarse con todas las EPS a nivel nacional para replantear y fondear la UPC”.Reforma fiscal y tamaño del EstadoEn materia fiscal, propuso “hacer una reforma fiscal estructural” y sostuvo que “nosotros necesitamos que el Estado sea más pequeño”. También se mostró dispuesto a apoyar reformas estructurales: “Sí necesitamos reformas estructurales, la reforma política y la justicia”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
El próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar por las listas al Senado y Cámara que conformarán el próximo Gobierno en el Congreso de la República. Por parte del Partido de la U encabeza el senador Juan Felipe Lemos, que aspira volver a tener su curul para “avanzar en temas que beneficien a los colombianos”.“Soy un congresista dedicado única y exclusivamente a este ejercicio político. Formado en los temas públicos, particularmente en Hacienda Pública, en las económicas. Y el Congreso requiere voces autorizadas, respetadas, que den el debate con argumentos, con seriedad, con rigor técnico. Eso es lo que he hecho durante estos últimos 16 años de mi vida, y quiero hacer este último periodo porque veo que el país no va bien, porque habrá que llegar a hacer una reforma a la salud, porque habrá que llegar a reformar la seguridad, porque habrá que llegar a devolverle el orden económico al país, y para eso se necesita gente experimentada con la capacidad de incidir a través del debate, la discusión, el respeto que ya nos hemos ganado en la toma de decisiones que beneficien a los colombianos”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.¿Cuáles son las propuestas de Juan Felipe Lemos en el Congreso?Primero fue enfático al mencionar que seria uno de los principales opositores de quienes intenten impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y que en el Congreso trabajará para tramitar reformas estructurales.Uno de los puntos centrales de su agenda legislativa es la reforma tributaria. Lemos afirmó que el país necesita una nueva reforma, pero con un enfoque distinto al implementado recientemente. Criticó el aumento de la carga tributaria al sector productivo, que pasó del 32 % al 35 %, ubicándose, según indicó, por encima del promedio de los países de la OCDE.“El país tiene una deuda con el sector rural. Yo quiero impulsar la creación del sector agropecuario. Hay 5 millones de trabajadores en el país que son los trabajadores de la tierra, los que producen el café, la caña, el arroz, el algodón, en fin, todos los productos que hoy estamos exportando. La gran mayoría de esos trabajadores están en la informalidad. La tasa de informalidad en el sector rural de Colombia es del 83 % comparada con la tasa de informalidad en el sector urbano. ¿Qué queremos nosotros? Crear una figura de contratación especial de los trabajadores del campo que atienda las realidades de ese sector”, puntualizó.Por eso, puso sobra la mesa la creación de la “primera banca agropecuaria en la historia”, para fortalecer la economía rural. Destacó que Colombia cuenta con más de 20 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos.“Estos años de incertidumbre han mostrado que la producción agropecuaria ha crecido de manera significativa. Tenemos un gran potencial, siempre y cuando el Estado y el Congreso direccionen su mirada hacia el campo”, afirmó.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.