La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno, tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país.Según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de siete millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos.Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la reubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia.Durante la agenda de trabajo se revisó la aplicación de la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internamente (CONPES 4180), que incorpora el desplazamiento como un asunto de desarrollo y de política pública. La delegación sostuvo encuentros con entidades del Gobierno, organismos de control y representantes de la sociedad civil.Las visitas incluyeron recorridos por Bogotá, Medellín y Quibdó, donde se presentaron programas relacionados con integración urbana, vivienda y regularización de asentamientos. En estos espacios se recopilaron testimonios de comunidades afectadas por el desplazamiento.La delegación indicó que las acciones también se articulan con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y con estrategias para atender desplazamientos asociados a fenómenos climáticos y desastres. La organización informó que continuará el trabajo conjunto con instituciones nacionales y autoridades territoriales para la ejecución de estas medidas.
La inusual ola invernal continúa generando afectaciones en todo el país, incluidas las vías. En este momento se registran 31 cierres en diferentes corredores del país, de los cuales 25 son parciales y 6 totales, según confirmó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño. Los daños obedecen principalmente a pérdida de banca, fracturas estructurales y colapso de puentes.¿Cuáles son los cierres totales de vías por lluvias?NariñoEn el municipio de Tangua permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.Urabá (Antioquia)Se registran dos cierres totales:Vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), por afectación del Puente Mulatos. No hay vía alterna.Vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por afectación en la cabecera de puente. Tampoco cuenta con paso alterno.CórdobaLos Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.MagdalenaVía Santa Marta–Palomino (Km 37+700), por colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.Las afectaciones viales se dan en medio de un panorama más amplio de emergencia por lluvias. Al menos 13 personas murieron esta semana en distintas zonas del país como consecuencia de las intensas precipitaciones, de acuerdo con balances oficiales conocidos este domingo.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano incrementó en enero las lluvias en más de un 64 % frente al promedio histórico nacional.La entidad señaló que este comportamiento se presenta “en el marco de una crisis climática”, lo que ha derivado en crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura vial en diferentes regiones.La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene monitoreo permanente sobre los puntos críticos y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías.
En la mañana de este viernes, 13 de febrero de 2026, los habitantes de diversas regiones del occidente y centro de Colombia fueron sorprendidos por un evento sísmico de magnitud considerable. Según el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:40 hora local, ubicando su epicentro a tan solo 17 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.7. Un dato crucial para entender el impacto de este fenómeno es su profundidad de 105 kilómetros. Generalmente, los sismos con una profundidad mayor a 70 km se clasifican como de profundidad intermedia, lo que permite que la energía se disipe de una manera que suele ampliar el área donde se percibe, aunque reduciendo la intensidad destructiva en el epicentro inmediato en comparación con los sismos superficiales.Regiones donde se percibió el movimientoPese a que el epicentro se situó en la geografía chocoana, la energía liberada se sintió con claridad en varios departamentos vecinos, especialmente debido a la consolidación de las ondas sísmicas a través de la cordillera. Las autoridades locales y reportes ciudadanos confirmaron que el sismo fue perceptible en:Chocó: Principalmente en la zona del epicentro y Quibdó.Eje Cafetero: Con reportes significativos en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío).Valle del Cauca: Se registraron reportes en Cali y municipios del norte del departamento.Antioquia: El movimiento se sintió en la ciudad de Medellín y el suroeste antioqueño.Otras zonas: También se recibieron reportes desde Ibagué (Tolima) y algunas localidades del Huila.Contexto geológico y antecedentesColombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de varias placas tectónicas, como la de Nazca, Sudamericana y la del Caribe. La región del Chocó, en particular, se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica donde el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera eventos recurrentes.A diferencia de los sismos superficiales (menores a 30 km de profundidad), que suelen causar daños estructurales severos pero en áreas muy localizadas, los sismos de profundidad intermedia como el de hoy tienden a ser sentidos en un radio geográfico mucho más amplio, lo que explica por qué departamentos tan distantes como Huila y Antioquia reportaron el evento simultáneamente.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.
Las autoridades confirmaron que un hombre, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías. El criminal, de acuerdo con la denuncia, habría abusado de una niña de apenas dos años, por lo que la conducta fue catalogada como agravada por el vínculo de confianza y la edad de la víctima.Los hechos ocurrieron entre la noche del 7 de febrero y la madrugada del 8 de febrero de 2026, en un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón. Según el reporte de la Fiscalía, la madre de la menor de dos años, quien convivía con el hoy procesado, descubrió la situación al regresar a su vivienda tras un breve periodo de ausencia.De acuerdo con el relato de las autoridades, la madre de la niña halló a la menor en condiciones de vulnerabilidad extrema y con signos evidentes de violencia física y sexual. Al confrontar al hombre, este intentó disuadirla de dar aviso a las autoridades; sin embargo, la mujer logró contactar a la Policía, permitiendo el ingreso de los uniformados al domicilio donde se produjo la captura en flagrancia.El dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal fue determinante para el proceso, confirmando lesiones graves y recientes que evidencian la magnitud de la agresión sufrida por la infante.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación formuló la imputación de cargos. Pese a la contundencia del material probatorio presentado. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.Este hombre permanecerá bajo custodia carcelaria mientras avanza el proceso penal en su contra. Por su parte, la menor se encuentra bajo el cuidado de las entidades correspondientes para garantizar su restablecimiento de derechos y asistencia médica especializada.
Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), mientras el segundo accedió minutos más tarde.México anunció este envío como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria" en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El Isla holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que su país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos barcos militares a su país.Previamente aclaró que contaban con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas” a Cuba. México ha sostenido programas de cooperación con la isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.El Gobierno cubano, por su parte, ha agradecido a México su apoyo en estas circunstancias. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y ha evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado “Periodo Especial” de los años noventa.El paquete incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte, hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.
Se acerca San Valentín 2026 y, como cada año, muchas personas buscan una forma especial de sorprender a su pareja, amigos o familiares, sin que el presupuesto sea un obstáculo. Aunque los regalos tradicionales siguen marcando la pauta, este año una alternativa sencilla, emotiva y completamente gratuita se perfila como uno de los gestos más significativos: enviar una carta escrita a mano a cualquier lugar de Colombia.En una época dominada por la inmediatez de los mensajes digitales, volver al papel y al esfero se convierte en un acto cargado de intención. Una carta no solo se lee, también se guarda, se relee y se atesora con el tiempo. Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), junto a 4-72, lanzó una campaña que invita a los colombianos a revivir esta tradición durante la celebración del Día de San Valentín.La ministra TIC, Carina Murcia Yela, destacó que esta iniciativa busca demostrar que el amor no tiene barreras geográficas ni económicas, pues incluso los mensajes enviados a zonas apartadas del país podrán viajar gratis, fortaleciendo además el valor del servicio postal en Colombia.¿Cómo enviar una carta gratis este San Valentín?Entre el 11 y el 14 de febrero, cualquier persona podrá acercarse a los puntos de atención de 4-72 en todo el país para enviar su carta sin pagar el valor del envío. La dinámica es sencilla, pero es importante tener en cuenta algunos requisitos:Se permitirá una carta por persona.La misiva debe tener máximo una hoja.No se aceptarán paquetes, regalos ni alimentos.Es obligatorio registrar los datos completos del remitente y del destinatario.Esta estrategia busca facilitar que más colombianos puedan expresar sus sentimientos de manera auténtica, sin importar la distancia.Más allá del romanticismo propio del 14 de febrero, esta iniciativa resalta el papel fundamental que cumple el sector postal en el país. En Colombia, el correo sigue siendo un canal clave para conectar personas, empresas y comunidades, especialmente en regiones donde otras formas de comunicación no son tan accesibles.San Valentín no solo será una fecha para celebrar el amor de pareja, sino también una ocasión para reencontrarse con los buzones, las cartas y la emoción de recibir un sobre con palabras escritas a mano. En un mundo donde todo parece efímero, una carta puede convertirse en un recuerdo duradero y profundamente significativo.Así, escribir y enviar una misiva se perfila como el detalle perfecto para San Valentín en Colombia: un gesto gratuito, auténtico y cargado de emoción para decirle a quien más quiere que sigue estando presente, incluso a la distancia.
El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue favorecido en este tradicional juego.Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 12 de febrero de 2026, es el 7697 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.Número ganador: 7697Dos últimas cifras: 97Tres últimas cifras: 697La quinta: 5Último sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana11 febrero 20267973 - 9Dorado Mañana10 febrero 20264492 - 4Dorado Mañana9 febrero 20261950 - 7Dorado Mañana7 febrero 20264848 - 7Dorado Mañana6 febrero 20265554 - 7Dorado Mañana5 febrero 20266073 - 6Dorado Mañana4 febrero 20265146 - 3Dorado Mañana3 febrero 20268537 - 8Dorado Mañana2 febrero 20269801 - 6Dorado Mañana31 enero 20260909 - 9Dorado Mañana30 enero 20268632 - 7¿Cuánto paga el Dorado Mañana?Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con otras cifras del resultado oficial, generando mayores oportunidades para los apostadores.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.No hay sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que es importante tener en cuenta este calendario antes de realizar la apuesta.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estos requisitos permite que el proceso de pago se realice de manera ágil y segura, garantizando transparencia y confianza para quienes resultan ganadores en este reconocido sorteo de chance en Colombia.
La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas) anunció formalmente que renunciará a la representación jurídica de 127 víctimas de la fuerza pública acreditadas ante la JEP, al denunciar falta de garantías para su participación en el Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc.La organización aseguró que la decisión obedece a una “vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva” y a la ausencia de respaldo institucional para ejercer una defensa digna.En una comunicación dirigida al procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos Támara, la corporación afirmó que durante más de ocho años ha ejercido labores de manera gratuita, sin financiación estatal ni cooperación internacional.Actualmente, MilVíctimas representa a 127 personas acreditadas en el Macrocaso 01, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas. Según la organización, han acompañado audiencias de versiones voluntarias, presentado observaciones, preparado a las víctimas en el componente psicosocial y participado en decisiones clave como Sentencias y Autos relacionados con los bloques Oriental y Sur.Sin embargo, denuncian que han enfrentado “serias limitaciones institucionales” que afectan el ejercicio de la representación, entre ellas dificultades en la convocatoria y concentración de las víctimas, entrega tardía de información, falta de espacios adecuados para la socialización de decisiones y ausencia de acompañamiento logístico mínimo.“Estas dificultades se ven agravadas por un fenómeno persistente de estigmatización hacia las víctimas de la Fuerza Pública, quienes continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, desconociendo su condición de víctimas y profundizando procesos de revictimización institucional”, aseguran en el documento.La organización también alertó sobre la falta de enfoque diferencial, el reconocimiento limitado y la débil articulación institucional, factores que, en su concepto, vulneran el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la participación real de sus representados.“En consecuencia, la Corporación MilVíctimas anuncia formalmente su decisión de renunciar a la representación jurídica de las 127 víctimas acreditadas en el Macrocaso 01, por la imposibilidad material, jurídica y operativa de continuar ejerciendo una representación digna, eficaz y respetuosa de sus derechos”, afirmaron.Señalaron además que la renuncia “no obedece a falta de compromiso”, “sino que constituye una consecuencia directa de la vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva de las víctimas militares y policiales”.“Advertimos respetuosamente que esta renuncia forzada dejaría en estado de indefensión a más de un centenar de víctimas, si no se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades competentes”, agregaron.
Un informe de inteligencia militar y policial encendió las alarmas en el norte del departamento del Caquetá. Según información recopilada por agencias desplegadas en el sur del país, un integrante de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ estaría planeando ejecutar una acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública en área general del municipio de Puerto Rico.De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el señalado es alias 'Esneider', identificado como Esneider Suárez, quien presuntamente tendría la intención de perpetrar un atentado en una zona frecuentada cotidianamente por habitantes del municipio, con el objetivo de generar afectación indiscriminada y enviar un mensaje de intimidación en medio de la ofensiva militar que se desarrolla en la región.Las líneas de acción criminal que estarían bajo análisis incluyen el uso de explosivos acondicionados en drones, vehículos cargados con artefactos explosivos y el lanzamiento de “tatucos” mediante rampas artesanales. Este tipo de métodos ya han sido utilizados por estructuras armadas ilegales en otras zonas del país y representan un alto riesgo tanto para uniformados como para la comunidad civil.Las autoridades consideran que estos posibles hechos serían una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada en los últimos días por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras de las disidencias en el departamento.Alias ‘Esneider’ pertenece a la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, especialmente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas. En esa zona, según la inteligencia, estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con el sostenimiento económico de la organización.Información suministrada por fuente humana indica que actualmente se encontraría en zona rural de San Vicente del Caguán, en el sector El Pato, área limítrofe entre Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese punto para apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes y la estructura Teófilo Forero de la llamada Segunda Marquetalia.En el plano judicial, las autoridades adelantan labores para lograr la plena identificación y judicialización de este actor armado. Además, se tiene conocimiento de que estaría ejerciendo presiones y coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro para forzar la salida del Ejército y la Policía de esa jurisdicción, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.Alias ‘Esneider Suárez’ actuaría bajo órdenes de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como cabecilla principal de la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de ‘Calarcá’. Por este último, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.Desde los diferentes niveles del mando policial y militar se ordenó alertar a las unidades en la región para fortalecer los dispositivos de seguridad, activar planes de reacción y contraataque, y reforzar la red de fuentes humanas con el fin de anticipar y neutralizar cualquier intento de acción terrorista en el departamento del Caquetá.
Mientras el país habla de mundiales y sueña con goles en otro continente, en el corregimiento El Obligado, zona rural de San Pelayo, se juega otro partido. Aquí no hay camisetas numeradas ni árbitros. Hay lluvia persistente, botas hundidas en el lodo y un río crecido que amenaza con meterse en las viviendas y arrasar con cultivos, enseres y años de trabajo.Once ingenieros militares, entre ellos una mujer que comanda el pelotón, trabajando hombro a hombro con más de 200 habitantes de San Pelayo y Cereté. La tarea: levantar un muro de contención superior a los dos metros de altura para intentar frenar el avance del agua y ganar tiempo frente a una emergencia que no da tregua.No es una metáfora exagerada llamarlos “selección”. Flórez, Lugo, Vargas, Ortiz, Palmera, Hernández, Martínez, Cogollo, Cardona, Jiménez y la subteniente Isabel Rodríguez coordinan movimientos como si se tratara de una estrategia ensayada. Mientras unos llenan bultos de arena sin pausa, otros los organizan de forma escalonada, construyendo una barrera flexible que resiste la presión del río. Cada saco pesa, cada viaje agota, pero el ritmo no se detiene.La técnica es simple y efectiva: arena compactada, apilada con precisión para reducir filtraciones y absorber el impacto de la corriente. No es concreto ni acero, pero es una solución inmediata que protege viviendas y evita que el cauce se desborde hacia el caserío. Es ingeniería de emergencia ejecutada bajo presión, en tiempo real y con el agua avanzando a pocos metros.El muro todavía no termina. Deberá extenderse por más de dos kilómetros. La amenaza sigue ahí, latente, y la emergencia no es un titular pasajero: es la angustia de familias que han visto el nivel del río acercarse a sus puertas.El alcalde de San Pelayo, William Cavadia Hernández, destacó el trabajo articulado con la comunidad y calificó al grupo como una “selección de rescatistas” preparada para este tipo de situaciones. En el terreno, el soldado profesional Jesús Flórez lo resume desde la experiencia: están apoyando con bultos de arena y madera para evitar que el río pierda su cauce, en un esfuerzo que, dice, asume con gratitud y vocación de servicio.A su lado, la subteniente Rodríguez insiste en el valor del trabajo en equipo. Observa a sus soldados empapados, exhaustos, pero firmes. Habla de disciplina, de unión con la comunidad y de la importancia de mantenerse coordinados para responder a la emergencia.La escena se repite en otros puntos del departamento y en municipios como Montería, mientras las lluvias mantienen en alerta a varias regiones del país. Pero en El Obligado, por ahora, eran once los que disputaban el partido más difícil: contener el agua, proteger los hogares y sostener la dignidad de comunidades golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Un partido que no se juega con balón, sino con cada bulto de arena levantado bajo la lluvia.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó que la estrategia comercial de Estados Unidos, basada en acuerdos arancelarios selectivos con algunos países de la región, podría generar una desventaja competitiva directa para Colombia. Esta advertencia surge especialmente por los segmentos de exportación que aún enfrentan un arancel del 10 %.Según la asociación, este arancel impacta al 28 % de la canasta exportadora colombiana, por lo que el país debería acelerar una agenda comercial que permita reducir este porcentaje para evitar quedar rezagado frente a economías que ya avanzan o podrían avanzar en esquemas preferenciales. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que, en cuanto a los riesgos regionales, Guatemala y El Salvador, se presentan como fuertes competidores para Colombia.Lacouture advirtió que Guatemala podría desplazar a Colombia en sectores como la agroindustria y las manufacturas ligeras, especialmente en azúcares y confitería, bebidas y licores, calzado, cuero y marroquinería, fibras sintéticas e insumos industriales. En el caso de El Salvador, señaló una consolidación de ventajas en sectores intensivos en mano de obra, como confecciones y la cadena textil, así como en preparaciones alimenticias, bebidas, azúcares y confitería.Incluso presentan desventajas productos exentos de arancel, como el café, ese país gana certidumbre regulatoria y comercial para posicionarse como proveedor regional. Sin embargo, más allá de Guatemala y El Salvador, AmCham señaló que los acuerdos preferenciales que Estados Unidos estaría avanzando con otros países, como Argentina y Ecuador, pueden deteriorar el trato preferencial relativo de Colombia, al pasar de un entorno neutral a uno asimétrico.A este escenario se suma el ajuste de costos de las empresas estadounidenses previsto para 2026. Lacouture explicó que, aunque en 2025 el impacto del arancel fue absorbido en un 88 % por empresas y consumidores en Estados Unidos, esa capacidad se está agotando y la presión se está trasladando a los proveedores, mediante renegociaciones de precios, solicitudes de descuentos, rediseños de producto, cambios de origen y, en algunos casos, sustitución de proveedores. Para la asociación, mientras 2025 fue un año de resiliencia, 2026 estará marcado por procesos de renegociación.Otro componente que eleva la advertencia de la asociación, es el uso de la política de la seguridad nacional como marco operativo de la política comercial estadounidense. En este contexto, Estados Unidos prioriza sectores como infraestructura estratégica, energía, datos y redes, minerales críticos y esquemas de nearshoring y friendshoring, factores que inciden tanto en inversión como en decisiones de compra y que pueden generar fricciones si no existen estándares, control de riesgos y trazabilidad.Finalmente, AmCham identificó oportunidades para Colombia en sectores como cacao, café y sus derivados, preparaciones alimenticias, frutas y preparaciones de hortalizas, material eléctrico y plásticos, así como en autopartes, textiles y confecciones, componentes para energías renovables y servicios TI, BPO y KPO, siempre que el país fortalezca el cumplimiento de estándares, la calidad, la continuidad de la oferta y las entregas a tiempo.
Entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %. De acuerdo con el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico durante 2025 se han verificado 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país.Además, entre 2019 y 2024 más de 1.200 menores fueron sacados de sus hogares y colegios para ser utilizados en la guerra.El reclutamiento ya no ocurre únicamente en zonas rurales. La práctica se ha transformado y hoy también se traslada a redes sociales como TikTok y Facebook, que se han convertido en canales de captación.“En general vemos un aumento de más del 300% entre 2024 y 2025 y específicamente por las nuevas modalidades que hoy utilizan todos los grupos. Se han detectado más de 675 cuentas que tienen incluso alcances en algunos casos de 4,5 visualizaciones en donde los niños son manipulados con falsas expectativas a través de cirugías, oportunidades económicas y que luego terminan encontrándose con una trampa”, asegura Felipe Cortés, director de incidencia de Save the Children.La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo un llamado directo a los grupos armados para devuelvan a los más de 700 niños, que según señala, aún permanecen en sus filas.“A los frentes de Alberto Ramos, a Jaime Martínez, a los que todavía continúan en el conflicto armado con base en unos criterios de comercio ilegal también, que entreguen los niños, o sea, hacemos el llamado no solo para que nos recluten, que es el llamado de toda la manada, como lo hemos llamado, cuando la manada se une, la guerra se detiene, sino para que nos devuelvan los que tienen”.Luz Amanda Guzmán, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá asegura que el riesgo no es solo en las zonas rurales. Está problemática no es ajena a la capital del país.“Bogotá tiene en su sistema alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, tiene alertadas las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, pero también zonas céntricas como Los Mártires y Santa Fe. Entonces, toda nuestra actividad distrital se concentra en priorizar estos puntos y brindar toda la oferta, reflexión, pero también las rutas de atención a niños y niñas para que conozcan que esto es un delito”, aseguró.Distintas organizaciones advierten que, aunque hay acciones del Gobierno, no han sido suficientes.“El gobierno, ha hecho sus esfuerzos para contribuir, pero vemos que es un flagelo que sigue afectando a los niños y a las niñas. Entonces, debemos seguir uniendo fuerzas, seguir trabajando, llegar a esos sitios más distantes en la ruralidad, que es donde más se ven afectados”, subraya Fedra Rubio, gerente de advocacy de World Vision Colombia.Desde el Gobierno nacional, Lourdes Castro, consejera presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconoce que permitir que los niños sigan en la guerra es perpetuar el conflicto.“Una sociedad que no logre y un Estado trabajando en conjunto que no logremos arrebatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de las dinámicas de violencia y de conflicto armado, seguiremos perpetuando el conflicto y no lograremos ese tránsito a la paz que anhelamos todos y todas las colombianas. Por eso hoy tenemos que decir duro, a voz en cuello, desde todos los rincones del país, alto hay nunca más niños y niñas reclutados en Colombia.Las manos pintadas de rojo que hoy se levantaron en el centro de Bogotá representan la urgencia de frenar una realidad que sigue arrebatándole la infancia a cientos de menores en distintas regiones del país.
Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
Información de inteligencia de las Fuerzas Militares advierte que estructuras guerrilleras estarían reforzándose en el Catatumbo para quedarse con el control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela. Esta situación podría aumentar los enfrentamientos con disidencias de las Farc y ataques contra la fuerza pública.El caso fue dado a conocer por el alto consejero de paz, Luis Fernando Niño.“La Fuerza Pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente, por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander. En este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela, y ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”, explicó.El funcionario indicó que, desde los espacios de diálogo, se busca evitar una escalada violenta en la región.“Lo que estamos tratando de evitar desde las mesas que aún quedan en diálogo, en el caso de la estructura del Frente 33 de las Farc, y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio y que, en vez de reforzarse, lo que estemos es planteando la posibilidad de no atacar a la población civil, de disminuir las acciones de ataque y por supuesto de poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto. Se acaba de decir algo muy importante, población civil”, agregó.Las alertas se concentran en municipios como El Carmen, Tibú y El Tarra, donde estarían llegando integrantes de estos grupos armados y donde ya se registran hechos violentos. Las autoridades mantienen operativos para contener la situación y proteger a la población civil.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado la designación del abogado y académico Jorge Iván Cuervo como el nuevo ministro de Justicia, poniendo fin a cuatro meses de interinidad en la cartera. Cuervo se convierte así en el quinto ministro en ocupar este cargo en menos de cuatro años de administración. Un perfil académico para una cartera en "turbulenciaA pesar de la alta rotación en el ministerio, que ha pasado por las manos de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre (en calidad de asesor de agenda) y Andrés Idárraga (encargado), el nuevo ministro asegura que existe una continuidad institucional mayor a la esperada. Cuervo, abogado de la Universidad Externado con más de 20 años de experiencia en el estudio de políticas públicas de justicia, llega con la premisa de ser un "articulador" técnico más que una figura política."Mi nombramiento es del presidente. No le debo mi nombramiento a ningún político ni a ninguna persona dentro del gobierno", enfatizó Cuervo, quien se define como un hombre de ideas liberales y progresistas. Ante los rumores de divisiones internas en la Casa de Nariño, el funcionario fue claro en señalar que no llega a tomar partido por ningún bando, sino a trabajar para que el sector justicia culmine con éxito el periodo presidencial."Yo llego con una agenda, puede sonar a cliché, una agenda técnica, es decir, una agenda de alguien que es un académico que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años", dijo el nuevo ministro de Justicia. Con solo seis meses por delante, la hoja de ruta de Cuervo se centra en dar cierre a procesos iniciados por sus antecesores. Sus prioridades incluyen: plan nacional de política criminal, plan decenal de justicia (2028-2038, descongestión judicial, extradiciones y política carcelaria.En materia de seguridad y relaciones internacionales, el ministro confirmó que la línea de extradición no ha cambiado. Según cifras citadas por el funcionario, este gobierno ha concretado más de 814 extradiciones."La línea de política no ha cambiado. Las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado", dijo. Finalmente, respecto a la crisis carcelaria, Cuervo se mostró abierto a explorar alianzas público-privadas (APP) para la administración de centros de reclusión, especialmente para perfiles de baja peligrosidad o mujeres cabeza de familia, diferenciando este modelo de una "privatización radical". "Hay que perderle el miedo a esos escenarios que podrían ser eficientes y garantistas de los derechos", concluyó.Escuche la entrevista:
Otra cadena de supermercados se suma a la difícil lista de marcas que no lograron sostenerse en el competitivo mercado colombiano. En esta oportunidad se trata de Spid, un formato joven que apostó por la rapidez, la cercanía y las entregas exprés, pero que finalmente se despedirá del país.El anuncio deja en evidencia que sobrevivir en el sector de supermercados y tiendas de conveniencia no es una tarea sencilla. La fuerte presencia de D1, Ara y Oxxo, sumada a un consumidor cada vez más exigente y sensible al precio, terminó por frenar la expansión de este modelo.Spid se va del país: cierre de supermercados en ColombiaEl grupo chileno Cencosud confirmó que su cadena de supermercados Spid dejará de operar en Colombia. La compañía explicó que la decisión responde a un ajuste estratégico para concentrarse en sus marcas principales, las cuales ya cuentan con mayor posicionamiento en el país.“Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país”, señaló Cencosud, al indicar que el foco estará en fortalecer Jumbo, Easy y Metro. La apuesta es clara: competir con mayor solidez frente a gigantes del sector como Éxito y Olímpica, que dominan una amplia porción del mercado.Spid llegó a Colombia en 2021 como una propuesta innovadora dentro del negocio de tiendas de cercanía. Su principal atractivo era la promesa de compras rápidas y entregas a domicilio en menos de 30 minutos, pensadas para zonas urbanas con alto flujo de personas.Sin embargo, el formato no logró diferenciarse frente a cadenas de bajo costo como D1 o Ara, que han ganado terreno gracias a precios competitivos y una red de tiendas bien distribuida a nivel nacional. Pese a su propuesta, Spid no alcanzó el volumen necesario para sostener su operación.Qué pasará con los empleados y las marcas de CencosudUno de los puntos que más atención genera tras el anuncio es el futuro de los trabajadores. Según confirmó la multinacional, más del 90 % de los empleados de Spid fueron reubicados en otras áreas del grupo, lo que reduce el impacto laboral del cierre.En cuanto a su presencia en el país, Spid operaba principalmente en Bogotá, ocupando locales que anteriormente funcionaban como Metro Express. A solo cuatro años de su llegada, Cencosud decidió dar un paso al costado con este formato y concentrarse en las marcas que hoy representan su mayor fortaleza en Colombia.
Dos policías fueron asesinados en la salida hacia El Paujil, en Cartagena del Chairá, Caquetá. Se trata del subintendente Luis Alfonso Flórez y del patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, quienes fueron atacados con ráfagas de fusil mientras realizaban labores de control y verificación en la zona, informó el director de la Policía Nacional, general William Rincón.El ataque, atribuido a presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques de alias ‘Calarcá’, también dejó a dos mandos heridos.Se trata del intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y el subintendente John Ferney Suárez Taborda. Ambos fueron trasladados de urgencia vía aérea a la clínica Medilaser de Florencia debido a la gravedad de sus lesiones.La Policía indicó que el 22 de diciembre de 2025 se había emitido una alerta de inteligencia sobre intenciones de afectar a la Fuerza Pública en Cartagena del Chairá. Las autoridades habían identificado a estas estructuras criminales como responsables de varios ataques recientes en la región.El hecho se produce horas después de que las autoridades ejercieran presión sobre las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, entre ellos, la operación ofensiva en Amazonas contra Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.Esa operación dejó tres muertos, cuatro capturados y tres menores de edad recuperados, además de la incautación de armamento de alto poder, munición y medios fluviales utilizados para cometer delitos.
El candidato presidencial Sergio Fajardo envió una carta a Gustavo Petro y a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, en la que hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía de Colombia.Reconoció que existen “profundos desacuerdos” entre las distintas fuerzas políticas, pero subrayó que estos no deben interferir cuando está en juego un principio fundamental: la soberanía nacional y la protección de los intereses del Estado colombiano.El candidato definió como “inaceptable insinuación” el comentario del presidente Donald Trump de estar de acuerdo con una acción militar contra Petro, a quien el jefe de Estado norteamericano define como un “enfermo” que tiene “fábricas de cocaína”.Esas palabras las considera una “amenaza de transgredir nuestra integridad territorial”.Fajardo solicitó a Petro que, en su condición de jefe de Estado, convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, prevista en el artículo 225 de la Constitución. Asimismo, pidió “respetuosamente” a los expresidentes asistir a dicha instancia como un gesto de responsabilidad institucional.Dejó claro que la política exterior del país debe guiarse por la Constitución, la cual establece que las relaciones internacionales se fundamentan en “la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional aceptado por Colombia”; por ello, es importante que se reúna la comisión que está integrada por los expresidentes del país para hacer recomendaciones al mandatario en ejercicio.En su mensaje, rechazó de manera categórica cualquier tipo de injerencia externa. “Los problemas de Colombia los resolvemos nosotros, en democracia”, afirmó, al tiempo que pidió honrar el compromiso constitucional de anteponer los intereses del país por encima de agendas políticas o electorales.Sobre la caída de MaduroEl candidato advirtió que los efectos de la captura del régimen de Nicolás Maduro representan desafíos para Colombia en materia de seguridad, migración y relaciones exteriores, los cuales deben abordarse con una “diplomacia profesional” y no mediante una “diplomacia de micrófono” ni decisiones aisladas.“La unidad nacional no es una opción: es una obligación patriótica en momentos de crisis”, dijo Fajardo.Insiste en que “el Estado colombiano debe hablar con una sola voz” y que la experiencia de los expresidentes es clave para enfrentar la actual coyuntura.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rechazó de manera contundente las “reiteradas amenazas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro, “elegido democráticamente por el pueblo colombiano”. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta oficial en X.“Estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional”, afirmó Márquez, al advertir sobre el impacto que este tipo de declaraciones pueden tener en la estabilidad política del país y en las relaciones entre Estados.La vicepresidenta defendió el mandato ciudadano que llevó al actual gobierno al poder y recordó que “el pueblo colombiano eligió a este Gobierno para liderar a nuestro pueblo hacia la justicia social, la equidad, el cuidado de la vida, la dignidad y la paz”.En ese mismo mensaje, Márquez fue enfática al señalar que “este mandato popular, bajo ninguna circunstancia, puede ser transgredido por intereses políticos y económicos extranjeros”, en alusión a posibles presiones externas sobre Colombia.El pronunciamiento de la vicepresidenta se da en medio de un escenario de crecientes tensiones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, agravadas tras la reciente captura de Nicolás Maduro. En ese contexto, el mandatario estadounidense advirtió que no descarta acciones similares a las ejecutadas en Caracas el pasado 3 de enero, además de lanzar descalificaciones contra el jefe de Estado colombiano.Finalmente, la vicepresidenta hizo un llamado directo a la ciudadanía y al escenario global: “Hago un llamado al pueblo colombiano y a la comunidad internacional a defender nuestra soberanía”. Cerró su mensaje con una frase que ya ha marcado su discurso político: “Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre”.
La reforma laboral vuelve a encender el debate entre empresas y trabajadores colombianos. Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, muchas prácticas que durante años fueron comunes ya no serían avaladas por el Estado, en especial el uso de los llamados contratos por prestación de servicios para cargos que, en la práctica, funcionan como empleos formales.La nueva normativa no solo modificó recargos, jornadas y pagos adicionales, sino que también dejó un mensaje claro: cuando hay subordinación, horarios y órdenes directas, no se puede hablar de independencia. Este cambio obliga a las empresas a revisar con detenimiento sus esquemas de contratación.Reforma laboral y contratos por prestación de servicios en ColombiaLa ley endureció las reglas y ajustó el marco de contratación en el país. Los contratos a término fijo no podrán extenderse por más de tres años; de hacerlo, se convertirían automáticamente en indefinidos. Además, el Código Sustantivo del Trabajo reafirma que la prestación de servicios no admite subordinación ni cumplimiento de horarios.En ese sentido, Lina Rood, especialista en seguridad social, señaló que existen cargos que, por su naturaleza, no pueden vincularse bajo esta modalidad. Entre ellos se encuentran:ConductoresPersonal de enfermeríaMédicos generalesTrabajadores de servicios generalesEstilistasMasajistasSegún explica la experta, estas labores suelen exigir turnos, continuidad y órdenes directas, lo que configura claramente una relación laboral.Empresas bajo la lupa del Ministerio del TrabajoRood también advirtió que muchos contratos que se presentan como “independientes” no lo son en la práctica, pues existe subordinación, horarios definidos y dependencia económica, aspectos que ahora serán revisados caso por caso.Y no se trata solo de una advertencia. El Ministerio del Trabajo ya ha realizado visitas sorpresa a varias empresas, incluidas grandes cadenas de supermercados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley y ajustar aquellas prácticas que no se alinean con la nueva reforma laboral.
El inicio del 2026 estuvo marcado por un grave hecho de violencia en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde tres personas fueron asesinadas en dos hechos consecutivos que, por su continuidad y conexión, configuran la primera masacre del año en el país.El primer ataque ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial del municipio y dispararon en repetidas ocasiones contra Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar. La víctima falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.Horas más tarde, durante el velorio de Erazo Reina, hombres armados regresaron y abrieron fuego contra los asistentes, persiguiendo a dos de ellos que intentaron huir. En el ataque fueron asesinadas Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años, lo que elevó a tres el número total de víctimas mortales.De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el municipio de Santander de Quilichao ya había sido incluido en la Alerta Temprana 013 de 2025, la cual advertía sobre el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos por la imposición de normas y control social por parte de grupos armados ilegales. A su vez, la Alerta Temprana 036 de 2025 también había señalado la presencia y confrontación de disidencias de las Farc en la zona, especialmente del Frente Dagoberto Ramos, en disputas por el control territorial y las economías ilícitas.En este territorio hacen presencia los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas locales que mantienen disputas por corredores estratégicos de narcotráfico. La jurisdicción militar en la zona corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional, que ha sido alertada sobre el aumento de los hechos violentos en el norte del Cauca.Esta masacre, registrada en los primeros días del año, evidencia la persistencia de la violencia armada en una región históricamente afectada por la presencia de actores ilegales y la débil implementación de medidas de protección para las comunidades.