Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
La Casa de Nariño reveló detalles sobre la llamada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. Los temas clave fueron: frontera, energía, agua, seguridad y producción. La comunicación duró 15 minutos y se acordó trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos. La fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de Cancillerías.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás Maduro, planteó que Colombia fuera mediador de un diálogo tripartito para buscar una solución a la situación del vecino país. Incluso, parte de la conversación que tuvo con Donald Trump incluyó que el país tuviera un papel clave en la reactivación de Venezuela, a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros.Según el presidente Gustavo Petro, su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo en que las sanciones al régimen no han sido efectivas y que deben levantarse para lograr una recuperación de la economía. En ese contexto se dará la reunión entre el presidente colombiano y la encargada de Venezuela.El viernes 13 de febrero la canciller Rosa Villavicencio se refirió a dicho encuentro asegurando que "es posible" que Rodríguez viaje a Colombia en estos días. Agregó que esperaba tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita, que tras la llamada, quedó acordada.
La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica emitió una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Congreso de la República de Colombia, la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública, en la que expone una situación relacionada con el acceso a tratamientos para niños y adolescentes con hemofilia y otras coagulopatías.Según la organización, en el país hay más de 6.000 personas diagnosticadas con estos trastornos, entre ellas más de 3.200 pacientes con hemofilia, y se han presentado casos de interrupciones en la entrega de factores de coagulación, medicamentos necesarios para prevenir hemorragias y otras complicaciones.En el documento, la asociación señala que la falta de suministro oportuno de estos tratamientos se ha asociado con hospitalizaciones, daños articulares y episodios de sangrado en menores de edad.Por ello, solicita a las autoridades garantizar la entrega continua de los medicamentos, reforzar las labores de inspección y control a las EPS, priorizar a esta población dentro de las estrategias de aseguramiento y establecer mesas técnicas de trabajo con participación de sociedades científicas y asociaciones de pacientes para identificar causas y proponer soluciones.
El candidato independiente en las presidenciales Daniel Palacios, que se encuentra en EE.UU. promoviendo su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico en su país, realizó una petición a la Fiscalía estadounidense para que investiguen las menciones del también candidado Iván Cepeda en los computadores del abatido 'Raúl Reyes'.Palacios asegura que está en Washington para presentar una solicitud formal a la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, para que revise las menciones del hoy candidato del oficialismo a la presidencia, Iván Cepeda (al que él califica "como heredero de las FARC"), en los computadores del guerrillero Édgar Devia, alias Raúl Reyes, fallecido en una operación militar en 2008.El político considera que esos computadores "en Colombia fueron decretados inadmisibles por la Corte Suprema de Justicia, pero aquí en EE.UU. hacen parte y son pieza fundamental de la acusación federal (por narcoterrorismo y conspiración) contra (el expresidente venezolano) Nicolás Maduro" y por ello podrían ameritar una investigación formal contra Cepeda.Promesa de mano duraEn entrevista con EFE aseguró que, si resulta elegido, Bogotá y Washington pueden desarrollar los lazos más sólidos de su historia común gracias a sus intereses compartidos.El candidato responsabiliza enteramente al presidente Gustavo Petro del distanciamiento bilateral que se ha dado desde el retorno al poder en EE.UU. de Donald Trump en enero de 2025 y considera que más allá "insultar" o "criticar" políticas del republicano, el mandatario suramericano no ha cumplido a la hora de combatir la criminalidad a nivel interno y transfronterizo.La relación con Washington según Palacios, que entre 2020 y 2022 fue ministro del Interior bajo la presidencia de Iván Duque, "podría tener el mejor momento de la historia de Colombia porque se alinearían los intereses de EE.UU. con los intereses de Colombia en una presidencia de Daniel Palacio".El primer objetivo compartido es, según él, "derrotar a la criminalidad, derrotar al narcotráfico, perseguir el terrorismo y hacer una migración ordenada y regulada".Además de tener en Bogotá a "un aliado comercial estratégico fundamental", Palacios señala otro interés común, que es el de lograr que la inversión que se va a hacer en Venezuela a partir de la venta de crudo gestionada por EE.UU. se "reinvierta" en las regiones fronterizas que Colombia comparte con el país caribeño.Palacios cree que esta inyección a ambos lados de la divisoria podría superar los 6 billones de dólares y que debe centrarse en "tener fronteras seguras, para poder derrotar a los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en esas zonas", pero también "en infraestructura, en zonas de comercio, en temas de hidrocarburos tan importantes para las dos naciones".El que fuera exsecretario personal del expresidente Álvaro Uribe cree que también debe invertirse parte de ese dinero en "una operación de retorno de migrantes venezolanos (que están actualmente en suelo colombiano) a Venezuela que se haga de manera ordenada, segura y humana, porque en esa reconstrucción de Venezuela, muchos venezolanos van a querer regresar".Candidatura de PalaciosPalacios concurrirá como independiente tras recolectar 1,3 millones de firmas ya avaladas y abandonar en enero la Gran Consulta por Colombia, el bloque de centro‑derecha que escogerá el 8 de marzo candidato único para primera vuelta, que se celebra en mayo.El exiministro, de 43 años, insiste en que "a algunos de esos candidatos les pareció que yo era muy de derecha y que entonces no debía participar en esa consulta"."Yo he dicho que si mi firmeza en contra de la criminalidad, si mi firmeza en contra del Gobierno de Gustavo Petro, me descalifican de estar en esa consulta, pues que nos descalifiquen", explica, insistiendo en que su propuesta de mano dura en materia de seguridad o su negativa a sentarse a dialogar con grupos armados son innegociables.Palacios insiste en que no va a ser un obstáculo si más adelante "hay una candidatura que se consolide y tenga mayor chance de derrotar al candidato de Petro y lo que representa el continuismo de Gustavo Petro".
A meses de que se ponga en funcionamiento el esperado Túnel del Toyo, nuevamente hay confrontaciones entre las autoridades antioqueñas y el Gobierno nacional.Esta vez, porque la Nación está retrasando la instalación de los equipos electromecánicos a pesar de que, aparentemente, los requisitos ya se cumplieron hace varios meses.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el compromiso de la instalación estaba desde la presidencia de Iván Duque y el Gobierno nacional estaba en la obligación de comprar e instalar los equipos electromecánicos una vez se culminaran las obras del primer tramo, mismas que finalizaron el año pasado y ahora todo se enredó."Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno nacional. Esos equipos están embodegados desde hace mucho más de un año, tal vez año y medio, un poco más, pero no hay razón alguna para que ellos se rehúsen a poner los equipos electromecánicos en el setenta y cinco por ciento del trayecto", indicó Rendón.Ahora, y ante esta decisión que podría retrasar la apertura del Túnel del Toyo, el mandatario departamental aseguró que enviarán un oficio ante la Contraloría General de la República porque había un compromiso desde mediados de 2025 y al no entregar los equipamientos podría estar recurriendo en un detrimento al patrimonio. Ante esta situación desde la Gobernación se ha buscado una solución para no seguir postergando la inauguración.Rendón explicó que se necesitan 170.000 millones de pesos, de los cuales solo hay aproximadamente 50.000 millones de pesos y el Gobierno nacional ya le habría indicado a la empresa encargada de la instalación que sí dará los recursos pero entre 2027 y 2028, por lo que el mandatario propuso una alternativa."Los 120.000 restantes, la Nación se los puso en el 2027, les puso como 90.000 millones y el resto se los ponen en el 2028. Ayer en Consejo de Gobierno decidimos, hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la idea le ponga esos 120.000 que necesita ya, pueda instalar los equipos electromecánicos y la gobernación asume el costo financiero", explicó el gobernador de Antioquia.A la espera que se haga la reunión entre Gobernación y contratista y así se pueda definir el camino a seguir, otro que mostró su voz de rechazo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato en todo el país del producto infantil Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, destinado a bebés y niños, correspondiente al lote 2506022, tras evidenciar una alteración microbiológica. La decisión fue informada este 17 de febrero de 2026 en Bogotá, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control y del programa institucional “Demuestra la Calidad”.Según la entidad, los análisis realizados por su laboratorio detectaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, de acuerdo con lo establecido en la Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia mediante la Resolución 2120 de 2019. Por esta razón, el lote fue clasificado como Producto Alterado (Alterado 2) y se ordenó su retiro del mercado.El registro sanitario del producto pertenece a la empresa ECOTU S.A.S. y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A.. De acuerdo con el comunicado, no se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote involucrado en la alerta.Como parte de las medidas preventivas, el Invima recomendó a la ciudadanía suspender de inmediato el uso del producto y reportar a la entidad o a las autoridades territoriales de salud los lugares donde se esté distribuyendo o comercializando. También pidió informar cualquier evento no esperado relacionado con su aplicación a través de sus canales oficiales.A las secretarías de salud les solicitó reforzar las labores de inspección en establecimientos donde pueda encontrarse el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes, así como notificar a la autoridad en caso de hallarlo. A los establecimientos comerciales les advirtió que deben abstenerse de distribuir o vender el lote señalado, ya que podrían ser objeto de sanciones.La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima indicó que estas acciones hacen parte de las estrategias para proteger la salud pública y asegurar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
En la noche de este martes, haciendo uso del derecho contemplado en el Estatuto de la Oposición, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático realizaron la réplica a la alocución del presidente Gustavo Petro realizada el pasado domingo 16 de febrero en el que defendió el incremento del salario mínimo a un 23,7 %.La réplica de Cambio Radical estuvo representada por el senador cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, y el representante Julio César Triana, quienes denunciaron una profunda inestabilidad institucional y una falta de seguridad jurídica que mantiene al país en la incertidumbre.Desde Cali, el senador Motoa señaló que el Gobierno ha sumido a la nación en un “limbo jurídico” debido a su falta de respeto por la Constitución y la ley. Según Motoa, el Ejecutivo ha demostrado ser “incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales”.El senador también cuestionó el rol actual del mandatario, afirmando que Petro “no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos”, sino que actúa como “jefe de debate de un candidato presidencial que es aún más fanático que él”, posiblemente refiriéndose al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.“Colombia merece certeza, estabilidad y un liderazgo amplio que gobierne para la totalidad, no para una base política. Desde la oposición al Gobierno nacional tenemos una invitación clara: no coman cuento ni traguen entero. Si a Petro le interesara el pueblo colombiano tomaría decisiones con vocación de permanencia, en vez de decisiones pensadas para agitar a sus adeptos”, aseguró Motoa.Por su parte, el representante Julio César Triana centró su intervención en la indignación ciudadana frente a lo que calificó como un Gobierno de imposiciones populistas. Triana exigió que el ingreso digno se busque “bajo la concertación y el diálogo” y no mediante la confrontación.Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el cuestionamiento sobre la movilización social: “Presidente, la pregunta que hoy nos formulamos miles de colombianos es: ¿por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno?”.El representante recordó escándalos protagonizados por funcionarios de este gobierno como el de la Unidad para la Gestión de Riesgo, en donde dice, se robaron más de $8 billones de pesos de recursos necesarios para atender a los damnificados por la ola invernal en departamentos como Córdoba.Triana también mencionó otros escándalos, incluyendo el cartel de títulos, la financiación irregular de la campaña y contratos millonarios para servicios de maquillaje y fotografía para la exprimera dama, señalando que estos hechos son los que realmente le duelen al pueblo colombiano.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y diferentes suministros para refugios temporales en Córdoba, tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.Desde el Departamento aseguran que este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas de las más de 250.000 familias y alrededor de 72.000 viviendas afectadas.Sin embargo, señalaron que esta asistencia humanitaria está dirigida a más de 1.400 hogares en Córdoba.Asimismo, la agencia destacó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Colombia, pues el país recibe más del 30 % de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica con este propósito.Finalmente, aseguraron que parte de esta asistencia estratégica se hace con el objetivo de fomentar la estabilidad y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia.Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitasPese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que durante esta semana se esperan continúen las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del departamento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.Es importante destacar que en el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias durante esta semana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión."Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", escribió en Telegram.El objetivo, prosiguió, es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países"."Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó la líder chavista.El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que "es posible" que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.Villavicencio sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Valencia asegura que hay un deterioro del sistema de salud que ha generado graves consecuencias como la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años de edad que murió esperando un medicamento para la hemofilia.“Las EPS intervenidas por el gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y prestacionales. Deben más plata, tienen más quejas y mayor siniestralidad. Además, en este Gobierno se dispararon las tutelas por salud. El Ministerio de Salud deliberadamente incumplió la orden de la Corte Constitucional de aumentar la UPC, al punto que le abrieron desacato. Esto afectó la sostenibilidad financiera del sistema. Acemi calcula el rezago en 33 billones de pesos”, dijo Valencia sobre las razones para presentar la queja disciplinaria.Además la candidata aseguró que todas las personas con hemofilia pueden hacer ejercicio, teniendo en cuenta que desde el Gobierno aseguraron que la familia de Kevin debía tomar medidas preventivas pues el menor había tenido un accidente en bicicleta.“Todas las publicaciones científicas afirman que los pacientes con hemofilia pueden hacer ejercicio. Es más, se recomienda que lo hagan para fortalecer músculos y huesos. Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, agregó Valencia.
La empresa Mario Hernández anunció el lanzamiento de una campaña nacional para apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba. La iniciativa se desarrolla en respaldo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad encargada de coordinar la entrega de las ayudas humanitarias.Bajo el mensaje “Estamos juntos por Córdoba”, la campaña invita a los ciudadanos a participar mediante la adquisición de un kit solidario con un valor de $100.000. La compra se realiza a través de un código QR habilitado por la organización, mecanismo que permitirá canalizar los recursos directamente hacia la Cruz Roja para la distribución de mercados en las zonas afectadas.Según lo informado, la meta establecida es la entrega de 2.000 kits de ayuda humanitaria. Como parte del inicio de la campaña, los primeros 100 kits salieron desde la organización y ya se encuentran en proceso de traslado para su entrega en Córdoba, bajo la coordinación de la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja.La iniciativa contempla el suministro de alimentos y artículos de apoyo básico para las familias damnificadas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es promover una acción colectiva que permita atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia climática en la región.La organización hizo un llamado a los colombianos para sumarse a la campaña, indicando que cada aporte contribuirá al cumplimiento de la meta fijada. Asimismo, reiteró que el proceso de donación se realiza mediante el código QR oficial, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las comunidades afectadas.La campaña permanecerá activa mientras se alcanza el objetivo propuesto de 2.000 kits destinados a las familias impactadas por la temporada invernal en Córdoba.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.
Viajar al exterior exige algo más que tiquetes y reservas, pues el pasaporte es la llave que abre fronteras y certifica la identidad de millones de personas en el mundo. Para ello, la actualización de este documento se ha convertido en una prioridad para quienes viajan constantemente.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el diseño del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que estará entre los cuatro más seguros a nivel mundial. Durante un consejo de ministros, el mandatario mostró la primera imagen de la libreta y explicó que la renovación se debe a una reestructuración profunda del modelo de contratación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la soberanía tecnológica.“Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”, indicó Petro indicando que el eje central de esta nueva versión será la protección avanzada de los datos personales.Además, según el Gobierno, el nivel de seguridad del nuevo documento permitirá que Colombia escale posiciones en estándares internacionales de identificación migratoria.Este nuevo modelo de pasaporte entrará en vigor en abril; no obstante, muchos ciudadanos se preguntan qué pasará con los pasaportes actuales que aún siguen vigentes.¿Seguirá siendo válido el pasaporte actual? Esto dice la CancilleríaLa Cancillería de Colombia aclaró que, a partir del 1 de abril de 2026, entrará en vigor el nuevo modelo de pasaporte, pero los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.Es decir, quienes ya tengan pasaporte ordinario o ejecutivo podrán continuar usándolo sin inconvenientes después de la fecha de implementación del nuevo diseño.La entidad recordó que en Colombia estos pasaportes tienen una vigencia de 10 años contados desde su expedición. Sin embargo, recomienda verificar con anticipación la fecha de expiración antes de planear un viaje internacional y renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento.Así lucirá el nuevo pasaporte colombianoEl presidente presentó la primera imagen del documento, aunque no entregó mayores detalles sobre sus características. Este fue el video del momento.
El próximo 22 de febrero el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, será el escenario de una jornada solidaria para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en los departamentos de Córdoba y la región de Urabá, que han dejado miles de familias con pérdidas en vivienda, cultivos y acceso a servicios básicos.Bajo el nombre de Cultura Solidaria, el evento se realizará el próximo domingo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. La iniciativa reunirá a artistas como Cabas, César Mora, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce y María Fuell, además del Coro Nacional de Colombia, entre otros invitados.De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, que convocó este evento, las emergencias por lluvias han generado afectaciones significativas en varias comunidades que requieren apoyo en agua potable, salud, albergue temporal y recuperación de medios de vida.El concierto contará con asistencia presencial en Bogotá, pero también permitirá donaciones desde cualquier lugar del país o del mundo. Las entradas y aportes se gestionarán a través de la plataforma Tuboleta, mientras que la transmisión se hará a través del Sistema de Medios Públicos.La totalidad de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente las acciones humanitarias en territorio. Posteriormente, la organización entregará un reporte sobre la destinación de los fondos y las comunidades beneficiadas.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
La preocupación se tomó este miércoles las puertas del Ministerio de Minas y Energía, donde desde muy temprano llegaron trabajadores del sector cañero y palmero del Cauca y el Valle del Cauca. La razón: una crisis que, según los sindicatos, ya golpea la rentabilidad del sector y amenaza directamente el empleo.El tema fue explicado en Mañanas Blu, donde Johnson Torres, directivo nacional de Asintragro y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó una advertencia directa: “Si no hay una solución, empiezan a acabarse los contratos”.Crisis del etanol: importaciones y cambios en la fórmulaTorres explicó que el problema se originó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno modificó la fórmula para calcular el precio del etanol y el biodiésel. Esa decisión, aseguró, redujo la rentabilidad del productor nacional y no tuvo en cuenta el impacto de las importaciones.“El 55 % del etanol que entra al país viene de Estados Unidos y es altamente subsidiado”, dijo. Según el dirigente sindical, los grandes comercializadores han preferido comprar ese etanol importado, dejando represada la producción nacional.Hoy, el sector enfrenta un panorama crítico: “Hay represados 51 millones de litros de etanol, un stock del 300 %. Estamos a puertas de que los ingenios paren”, afirmó Torres al aire.Empleo en riesgo y contratos en pausaEl impacto no es solo industrial. La acumulación de etanol ha frenado la compra de caña y palma, afectando a productores, transportadores y trabajadores de toda la cadena. “Cuando no se puede vender ni producir más, cesan los contratos de trabajo o empiezan las licencias no remuneradas”, advirtió el vocero sindical.Aunque parte de la caña podría destinarse a la producción de azúcar, Torres explicó que ese camino también tiene límites. Colombia ya produce más azúcar de la que consume, lo que obliga a exportar excedentes y genera presiones adicionales sobre precios y pequeños productores, como los paneleros.La propuesta al Gobierno y la reunión claveLos trabajadores no piden cerrar las importaciones, sino una salida técnica. “Si el Gobierno incrementa la mezcla de etanol del 10 % al 12 % o al 15 %, nosotros podemos vender nuestra producción y el país seguiría importando lo que haga falta”, explicó Torres.La decisión está en manos del Ministerio de Minas y Energía, con quien los manifestantes sostuvieron una reunión este miércoles. Mientras tanto, el mensaje del sector es claro: sin una solución de corto plazo, el empleo rural y agroindustrial empezará a resentirse con fuerza.
La polémica por la muerte de dos niñas envenenadas con talio sigue generando preguntas y nuevas revelaciones. A ocho meses de los hechos, la Fiscalía General de la Nación mantiene como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, señalada de ser la presunta responsable del crimen ocurrido el 4 de abril en Bogotá.Con el avance del proceso, han surgido detalles que complejizan el caso. El abogado de la familia Forero, Majer Abushihab, explicó que el análisis de los elementos probatorios ha permitido a la Fiscalía llegar a conclusiones preliminares, aunque la investigación continúa en curso.Uno de los puntos clave tiene que ver con el domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas con el metal tóxico. Según Abushihab, esta persona habría sido instrumentalizada. Su participación, ya esclarecida por las autoridades, permitió seguir una línea que condujo inicialmente a una mujer de cabello rojo y, posteriormente, a Zulma Guzmán, quien hoy concentra la atención del ente acusador.Caso de las niñas envenenadas con talio: nuevas pistas de la FiscalíaDe acuerdo con la versión del abogado, la Fiscalía logró establecer cómo se dio la entrega del producto contaminado y la forma en que el mensajero actuó siguiendo instrucciones telefónicas. Este elemento resultó determinante para reconstruir la cadena de hechos y descartar la responsabilidad directa del domiciliario.La investigación también abrió la puerta a examinar los vínculos personales de los adultos cercanos a las menores, así como episodios del pasado que podrían ayudar a entender el contexto del caso. Aunque no hay imputación formal, la Fiscalía sigue recolectando pruebas técnicas y testimoniales.Zulma Guzmán le pusó un GPS al carro de Juan de BedoutEn medio del proceso judicial, Zulma Guzmán concedió una entrevista a Focus Noticias en la que se defendió de las acusaciones y aseguró tener pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención de la opinión pública y de los investigadores.Durante la conversación, Guzmán reconoció que años atrás decidió instalar un GPS en el vehículo de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, con quien sostuvo una relación extramatrimonial. Según explicó, la decisión estuvo motivada por celos y desconfianza durante ese vínculo sentimental.“Yo cometí un error hace muchísimos años, precisamente cuando estaba en la relación con Juan”, afirmó. Relató que, tras una discusión, él la retó a que no sería capaz de saber su ubicación exacta, lo que la llevó a buscar la forma de instalar el dispositivo.Guzmán agregó que el episodio ocurrió cuando visitaron un apartamento relacionado con un familiar de su exesposo, inmueble que estaba siendo remodelado para su venta. Allí, dijo, se le ocurrió colocar el GPS en el carro. Aseguró que Bedout se dio cuenta tiempo después y que el hecho se tomó de manera jocosa, aunque para ella fue vergonzoso, motivo por el cual pidió disculpas y aseguró no haber vuelto a repetir una conducta similar.Mientras tanto, la Fiscalía continúa evaluando todas las declaraciones y pruebas recopiladas. El caso, que conmocionó al país, sigue abierto y bajo estricta reserva, a la espera de decisiones que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
En las últimas horas se confirmó la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Linero Pinto, alias ‘Calvo’, y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, alias ‘Hernando’, señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes en el Caribe colombiano. La operación fue coordinada entre la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e Interpol Colombia.Los dos hombres habían sido capturados el 30 de noviembre de 2023, durante una operación interagencial en la que participaron la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia. La investigación, liderada por Inteligencia Naval, permitió establecer su presunta participación directa en actividades ilícitas que comprometían la seguridad marítima y exponían a los migrantes a graves riesgos durante su tránsito irregular.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Calvo’ cumplía un rol clave dentro de la organización. Estaría encargado de acercarse a integrantes de la Institución Naval para obtener información sensible que facilitara el movimiento ilegal de embarcaciones. Además, coordinaba la salida de lanchas con migrantes irregulares desde San Andrés con destino a Nicaragua, articulándose directamente con el cabecilla de la estructura criminal.Por su parte, alias ‘Hernando’ es señalado como el principal líder de la red. Su función habría sido la de coordinador y guía, encargado de captar migrantes y ofrecerles rutas clandestinas tanto por el archipiélago de San Andrés como a través de la selva del Darién, con destino final en Nicaragua. Dentro de la organización, sería uno de los responsables de la logística, planificación y direccionamiento de estas operaciones ilegales.Las autoridades destacaron que esta extradición marca un precedente judicial en Colombia, al tratarse de los primeros ciudadanos colombianos enviados a Estados Unidos por el delito de tráfico de migrantes. El caso refuerza los mecanismos de cooperación internacional y envía un mensaje contundente a las redes criminales que lucran poniendo en riesgo la vida de personas en condición de migración irregular.
En el casco urbano del municipio de Íquira, en el occidente del Huila, la Policía detuvo a un vehículo tipo camioneta platón que, tras inspeccionarla, encontraron cerca de una tonelada de marihuana que había sido camuflada en rollos de plásticos proveniente de los grupos armados residuales del Cauca.De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo se encontraba en una estación de servicio abasteciéndose de combustible y, al notar la presencia de la Policía, intentó escapar del lugar, pero fue interceptado por los uniformados.El comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez, explicó que para evadir sospecha de las autoridades y para neutralizar el olor del alucinógeno los rollos donde iban camuflados los paquetes, les habían aplicado polvo asfáltico y vaselina.“En las calles del municipio de Íquira nuestros hombres de la policía incautaron cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en una camioneta tipo platón carpada. Este alijo, avaluado en más de 600 millones de pesos, tenía como destino final la ciudad de Bogotá, evitando así la comercialización de cerca de un millón doscientas mil dosis en el mercado ilegal”, señaló el coronel Carlos Téllez, comandante de Policía Huila.Según reporte oficial de las autoridades, en lo corrido del año 2025, van 26 toneladas de marihuana y también base de coca incautadas en las carreteras del Huila, alucinógeno en su mayoría proveniente del Cauca.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
En medio de las tensiones que sacuden al Gobierno nacional por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación y la UNGRD, el director de esta última entidad, Carlos Carrillo, lanzó una de sus declaraciones más contundentes hasta ahora: “Si el presidente no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”. La afirmación fue hecha durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que el funcionario respondió a los señalamientos impulsados desde la Casa de Nariño y defendió su papel dentro del proyecto político del presidente Gustavo Petro.Carrillo aseguró que, lejos de ser un funcionario cuestionado por falta de transparencia o incompetencia, ha asumido uno de los retos más complejos del actual gobierno: enfrentar el que calificó como “el peor escándalo de corrupción de esta administración”. En ese contexto, afirmó que ha actuado con rigor técnico y que ha trasladado múltiples denuncias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, tanto desde la UNGRD como durante su paso por la gerencia del Fondo de Adaptación.“Yo he hecho sinnúmero de denuncias, he dado muchos traslados a los entes de control y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de Presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario”, señaló.Choque interno y críticas desde PresidenciaEl director de la UNGRD cuestionó duramente la actuación de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a quien acusó de utilizar los canales institucionales de la Presidencia para hacer denuncias públicas sin haber agotado previamente los mecanismos internos. Según Carrillo, esa estrategia no solo generó desgaste al Gobierno, sino que también afectó su buen nombre.“Ella abusó de la institución presidencial y armó un show mediático que lo único que busca es hacerle daño a mi reputación y poner en entredicho un trabajo que he hecho con compromiso durante más de 20 años”, afirmó.Carrillo sostuvo que, desde el momento en que Rodríguez fue designada como gerente encargada del Fondo de Adaptación, él se puso a disposición para realizar un empalme adecuado y advertir sobre riesgos de corrupción, particularmente en el contrato conocido como la Ruta del Arroz, adjudicado a la Fundación San José. Sin embargo, aseguró que nunca fue recibido.La polémica por la ejecución de los contratosUno de los puntos más álgidos de la entrevista giró en torno a las cifras de ejecución de varios contratos estratégicos, especialmente el proyecto de Dinámicas Hídricas en La Mojana, cuyo avance fue señalado por Presidencia como inferior al 3%.Carrillo negó de manera categórica esas afirmaciones y explicó que se trata de un proyecto plurianual de más de 1,2 billones de pesos, heredado del gobierno anterior y que aún no ha sido contratado debido a fallas en la estructuración inicial.“¿Cómo se va a ejecutar un proyecto que no ha sido contratado? Decir que está en 3% de ejecución es mentirle al país o demostrar desconocimiento total de cómo funciona la contratación pública”, sostuvo. El funcionario explicó que la consultoría previa, valorada en 56 mil millones de pesos, se cayó porque ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos, y que posteriormente el proceso se vio frenado por decisiones políticas que impidieron avanzar en la ingeniería básica necesaria para adjudicar una obra de esa magnitud.La Ruta del Arroz y responsabilidades compartidasSobre el contrato de la Ruta del Arroz, Carrillo aclaró que el gerente general del Fondo de Adaptación no es ordenador del gasto, y que la estructuración y adjudicación del proyecto estuvo a cargo de la subgerencia de regiones.“Si hay dudas sobre ese contrato, ¿por qué se mantiene en su cargo al subgerente que lo estructuró y lo adjudicó?”, cuestionó, al tiempo que recordó que el caso ya está bajo investigación de la Procuraduría y la Contraloría.“No estoy atornillado al cargo”Ante la insistencia sobre una posible falta de respaldo del presidente Petro, Carrillo fue enfático en señalar que no tiene apego al cargo y que renunciaría de inmediato si el mandatario así se lo solicita.“Yo no voy a hacer lo de otros exfuncionarios. No voy a salir a hablar mal del Presidente. Si me pide la renuncia, se la entrego inmediatamente”, aseguró. Finalmente, el director de la UNGRD afirmó que continúa en el cargo por convicción política y por lealtad al proyecto del presidente Petro, al que dijo querer proteger, especialmente en regiones vulnerables como La Mojana, afectadas históricamente por el abandono estatal.