Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
El 2026 será un año importante para la Selección Colombia, más allá de la participación en el Mundial de la FIFA, pues muchos de sus futbolistas le pondrán fin a su etapa en la Tricolor y comenzará un verdadero cambio generacional de cara a la Copa del Mundo del 2030. Pero entre los cambios ha comenzado a sonar la salida del técnico argentino Néstor Lorenzo, de hecho, en DirecTV Sports aseguraron que Boca Juniors ha sido uno de los más interesados en hacerse con los servicios del entrenador y que este tampoco ha visto con malos ojos dicha propuesta, que podría darse una vez termine el Mundial 2026."El técnico que le encanta a Juan Román Riquelme para que dirija a Boca en algún momento, y si es posible después del Mundial, es un técnico argentino que jugará el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca, es Néstor Lorenzo", dijo el periodista Roberto Leto. La Selección Colombia tendría el reemplazo de Néstor LorenzoAnte este rumor y con la necesidad de un cambio generacional, comenzó a crecer otro rumor en torno al nombre de Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, quien sería del agrado de la Federación Colombiana de Fútbol para tomar el mando de la Tricolor en su próximo ciclo.Entrenador que conoce de Colombia y su fútbol gracias a Daniel Muñoz y Lerma, además con experiencia en títulos como la FA Cup y la Community Shield, llevando al Crystal Palace a disputar torneo internacionales de la UEFA, como la Europa League. O cuando conquistó ese mismo torneo con el Frankfurt de Rafael Santos Borré, otro colombiano que dirigió en el pasado. Por ahora es muy pronto para dar por hecho sobre el futuro de la Tricolor, pues el enfoque en la FCF y el propio técnico ha sido el Mundial, de hacer una buena presentación y por qué no traer por primera vez el trofeo.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
El Ministerio de Educación Nacional aseguró que acatará el fallo que ordena el restablecimiento de José Ismael Peña, como rector de la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, señaló que no está de acuerdo con esta decisión y que desde la entidad defienden la autonomía universitaria.El pronunciamiento se da en medio de la controversia jurídica e institucional que rodea la elección del rector de la principal universidad pública del país, una disputa que ha generado interpretaciones encontradas entre el Gobierno, la comunidad académica y los organismos judiciales.El Ministerio anunció que, aunque esté acatando el fallo, le solicitó a la Corte Constitucional que revise el caso y brinde claridad jurídica sobre el alcance de la decisión, con el fin de garantizar seguridad institucional y evitar interpretaciones contradictorias frente a la autonomía universitaria.Estos hechos se presentan luego de la determinación por parte de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que antes de las 4 de la tarde del jueves, 19 de febrero, fuera reintegrado José Ismael Peña como rector de la institución.Desde la entidad reiteraron que el Gobierno continuará actuando conforme a la Constitución y a la autonomía universitaria, al tiempo que insistieron en que el debate sobre la rectoría debe resolverse respetando los principios democráticos y la participación de la comunidad académica.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El nuevo Gobierno de transición de Perú, que debe presidir el legislador izquierdista José Balcázar hasta el próximo 28 de julio, anunció este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) presentara una solicitud en ese sentido."Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República de Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señaló un comunicado oficial.La Presidencia agregó que hace esa aclaración "con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido" por Balcázar cuando juró como nuevo presidente de transición, el pasado miércoles, en reemplazo del también legislador derechista José Jerí, quien fue destituido por el Congreso."Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", enfatizó la comunicación difundida por las redes sociales oficiales del Ejecutivo.El expresidente Castillo solicitó este jueves el indulto a Balcázar, quien también es congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.La solicitud de indulto fue remitida a la oficina presidencial con la firma de Castillo y tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, "bajo el principio de humanidad" y para honrar "la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido como gobernante por el Congreso había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.En diciembre pasado, Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión al haber protagonizado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, en el que dio un mensaje a la nación ordenando la disolución del Parlamento, la intervención de la Judicatura y un gobierno por decretos.Lo hizo para evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su Administración que lo involucraban directamente a él.Durante el juicio en su contra, Castillo ha rechazado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política, al incidir en que fue detenido cuando todavía ejercía la jefatura del Estado y contaba con la inmunidad del cargo.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez condenó a 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias 'El Obrero', por su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. Los hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.De acuerdo con la investigación, alias 'El Obrero' hizo parte de una red sicarial conocida como “Las Especiales” o “Urbanos”, una estructura criminal que actuaba al servicio de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo se encargaba de ejecutar homicidios selectivos como parte de un plan para atacar a personas que eran señaladas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados ilegales o de representar un supuesto riesgo para la convivencia.Las víctimas fueron tres hombres y un adolescente, asesinados en distintos puntos del departamento. Según la investigación, los crímenes se cometieron en la vía Tunja, Arcabuco, en el alto de Cucaita, entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector conocido como Las Gemelas, sobre la vía Tunja, Paipa.Durante el proceso judicial se estableció que el hombre se hacía pasar como vendedor de minutos de celular para acercarse a las víctimas y facilitar la comisión de los homicidios. Para la justicia, estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia criminal organizada.El hombre fue condenado por el delito de homicidio agravado y la sentencia ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias 'El Obrero' permanece privado de la libertad por otros procesos.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El cantante de música popular Miguel Ayala, hijo de la leyenda Giovanny Ayala, fue liberado este martes 2 de diciembre de 2025 junto a su mánager, Nicolás Pantoja, poniendo fin a casi 20 días en cautiverio. La operación de rescate, catalogada como una "ejecución impecable" por el ministro de Defensa, se concentró en una zona montañosa del departamento del CaucaTodo comenzó el pasado 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana. Las víctimas se movilizaban desde Popayán con destino al aeropuerto de Cali cuando fueron obligados a desviarse hacia el norte del Cauca, donde permanecieron retenidos en condiciones deplorables.El ministro Pedro Sanchez confirmó que los delincuentes mantuvieron a los secuestrados en "carpas improvisadas" a la intemperie, sometiéndolos a "condiciones prácticamente infrahumanas" durante su retención. La exigencia por la vida de los artistas era de aproximadamente $7.500 millones, bajo la amenaza de asesinarlos si no se concretaba el pago.La liberación fue el resultado de una operación conjunta de alta precisión entre el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los dos hombres fueron hallados con vida en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra, Cauca. Sánchez fue el encargado de entregar la noticia a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica, asegurándole que su hijo se encontraba "vivo" y en "perfectas condiciones" de salud, destacando que la prioridad de la Fuerza Pública siempre fue la vida de los secuestrados por encima de la extorsión. En el marco de este operativo, las autoridades confirmaron la captura de una persona que estaría directamente vinculada al secuestro.Según el Gaula, "los secuestradores serían integrantes del Frente 'Carlos Patiño' del Estado Mayor Central". Por su parte, se confirmó que el sujeto capturado es integrante de una banda al servicio de las disidencias de las Farc y su función era custodiar zona.
Tras el alivio que recibieron las familias del cantante Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja al confirmarse la liberación luego de estar dos semanas privados de su libertad, se conocieron nuevas imágenes tras la operación que acabó con el secuestro que sufrieron en el departamento del Cauca.En las nuevas imágenes, que fueron captadas momentos después del rescate de Miguel Ayala -hijo del cantante Giovany Ayala- y su mánager, se les puede ver con chalecos y gorras del Gaula de la Policía Nacional, así como caminando abrazados de agentes de la institución mientras sonreían al asimilar que habían vuelto a la libertad.Después, en un lugar cerrado, un agente le pasa un celular a Miguel para que hablara con su familia y se evidencia el emotivo momento en el que el joven cantante no puede evitar contener las lágrimas al volver a escuchar las voces de sus seres queridos tras 15 días de incertidumbre.Vale recordar que el rescate se dio en Chorritos, municipio de La Sierra, departamento del Cauca en una acción conjunta liderada por unidades del Gaula de la Policía.Detalles del secuestro de Miguel AyalaSegún información del Gaula de la Policía, los captores habrían exigido cerca de $7.500 millones a cambio de la liberación de las víctimas. Además, habrían fijado un límite de 72 horas para el pago, bajo la amenaza de asesinarlos en caso de incumplimiento. Aunque estas versiones apuntan a una extorsión millonaria, las autoridades aclararon que varios aspectos del caso aún están siendo investigados para determinar con precisión quiénes participaron y si existen intereses adicionales detrás del secuestro.La confirmación del rescate llegó en la mañana de este martes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la operación fue “impecable” y exaltó el compromiso de los “héroes de la patria” que hicieron posible la intervención. En la intervención participaron el Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), fuerzas conjuntas que permitieron sorprender a los responsables y asegurar el área para la extracción segura de las víctimas.Durante la acción, las autoridades reportaron la captura de uno de los presuntos implicados en el secuestro y la incautación de una pistola calibre 9 mm, elemento clave para avanzar en la investigación y esclarecer el rol de cada persona involucrada en el crimen. Las labores continúan para identificar a los demás responsables y desmantelar cualquier estructura detrás del hecho.Finalmente, el ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, destacando su fortaleza y la decisión de no ceder ante las presiones criminales. Celebró, además, que Miguel Ayala haya sido encontrado con vida, permitiendo su pronto reencuentro con su padre.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno activó un proceso interno de verificación y control frente a las actuaciones del general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, luego de que la Procuraduría General de la Nación profiriera un fallo disciplinario que lo suspende por presuntos vínculos con las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’.Sánchez explicó que, una vez el fallo fue remitido al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, como autoridad directamente implicada, se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Este proceso implica la recolección de elementos probatorios, así como la revisión formal de cada escalón institucional: el Comando del Ejército, el Comando General, el Ministerio de Defensa y, finalmente, la Presidencia de la República.Según el ministro, el presidente Gustavo Petro ya dio la instrucción de adelantar sin demoras todos los trámites necesarios para cumplir la decisión disciplinaria y producir la suspensión.Sin embargo, el ministro aclaró que este proceso administrativo corre paralelo a una medida adicional: la orden de realizar una inspección detallada sobre la gestión del general Huertas durante su permanencia en el cargo.La revisión abarcará todos los procedimientos bajo su responsabilidad desde agosto de este año, fecha en la que asumió funciones, hasta la actualidad. El objetivo, indicó Sánchez, es verificar la integridad de cada actuación y ofrecer garantías de que todo se desarrolló conforme a los protocolos establecidos dentro de la institución.La inspección será adelantada por equipos técnicos del sector Defensa y tendrá un carácter exhaustivo, con el fin de despejar cualquier duda sobre posibles irregularidades en la administración del Comando de Personal. Según el ministro, esta verificación busca no solo cumplir con los lineamientos legales tras el fallo de la Procuraduría, sino también brindar transparencia y tranquilidad institucional en un momento en el que el caso ha generado preocupación dentro de las Fuerzas Militares.
Este martes 2 de diciembre, una noticia le alegró la Navidad a la familia del cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de confirmarse que su hijo y también cantante, Miguel Ayala, había sido liberado.Cabe recordar que Miguel Ayala fue secuestrado en el Cauca el pasado 18 de noviembre, después de un concierto. Ese día, el vehículo en el que el joven artista se movilizaba desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali fue interceptado por hombres armados, quienes se lo llevaron junto a su mánager.Ante esto, el ministro de Defensa fue el encargado de confirmarle a Giovanny Ayala la liberación de su hijo y le aseguró que “está en buenas manos y está bien”, lo que le dio tranquilidad a la familia del artista y la esperanza de tenerlo en casa en las fiestas decembrinas.Liberación de Miguel Ayala: ministro de Defensa entregó detallesTras varios días de incertidumbre por el bienestar del joven cantante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que Miguel Ayala y su mánager fueron rescatados y ahora están bajo la protección del Gaula Militar.Después de casi 20 días en cautiverio, finalmente Miguel Ayala podrá reencontrarse con su familia. Aunque en las primeras hipótesis se señaló que los responsables serían los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, grupos de disidencias de las Farc que operan en el Cauca, la información oficial tomó otro rumbo.Durante la llamada entre el ministro Pedro Sánchez y Giovanny Ayala, el jefe de la cartera de Defensa le manifestó al artista que “lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo y va a estar pronto abrazándolo a usted”. Además, destacó que la salud de los dos secuestrados era óptima: “Están perfectos, están en perfectas condiciones”, afirmó.Secuestro de Miguel Ayala: cómo fue el rescate y quiénes serían los responsablesEn su conversación, Pedro Sánchez anunció que se revelarán imágenes del estado en el que estaban los dos secuestrados. Señaló que los mantenían en “unas condiciones prácticamente infrahumanas” y que sus vidas corrían peligro, pues los amenazaban con asesinarlos si no pagaban el dinero exigido.De acuerdo con información revelada en Mañanas Blu de 10:30, ambos permanecían retenidos en zona montañosa del Cauca y la operación de rescate fue adelantada por el Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sin embargo, el ministro desmintió que los responsables fueran disidencias de las Farc.“Los delincuentes… por ahora la información que tenemos es que es delincuencia común”, explicó Sánchez, y añadió que estaban pidiendo $7.500 millones por la liberación. En el operativo fue capturada una persona. Ahora solo resta que Miguel Ayala y su mánager regresen a sus hogares para reencontrarse con sus seres queridos.
La incertidumbre sobre el paradero de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, se extendió por dos semanas luego de su desaparición la noche del 18 de noviembre.Ambos fueron secuestrados cuando se movilizaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. El secuestro ocurrió en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en zona rural de Cajibío, Cauca. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se desplazaban en dos vehículos interceptaron a las víctimas sobre las 10:45 p. m., obligándolas a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor del automóvil fue dejado en libertad en el lugar.Tras conocerse la alerta, unidades del Gaula Militar y de la Policía activaron un operativo de búsqueda. Aunque inicialmente se señaló que el secuestro podría tener relación con las disidencias de las Farc, especialmente los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, las investigaciones confirmaron que los responsables pertenecen al Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central.Según información del Gaula de la Policía, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja permanecieron en cautiverio cerca de 15 días. Presuntamente, los motivos del secuestro fueron económicos, pues los captores exigieron un pago de aproximadamente $7.500 millones por su liberación y habían fijado un plazo de 72 horas para ejecutar la extorsión, bajo la amenaza de asesinar a ambos, sin embargo, aún sigue siendo materia de investigación. La mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se confirmó finalmente el rescate. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la operación fue “impecable” y destacó el trabajo de los “héroes de la patria” que participaron en la intervención.El operativo se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca, con la participación del Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante la acción se capturó a uno de los presuntos responsables y se incautó una pistola calibre 9 mm.El ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, resaltando que no cedieron ante las presiones criminales y celebrando que Miguel Ayala fuera encontrado con vida para reencontrarse con su padre.
Las primeras imágenes del rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, fueron dadas a conocer este martes 2 de diciembre. Las fotografías muestran a los dos hombres acompañados por unidades de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, después de permanecer 15 días en cautiverio.La operación se desarrolló en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra (Cauca), donde los uniformados lograron ubicar el punto de retención e ingresar para asegurar la liberación de las víctimas. Ambos fueron encontrados con vida en medio de un campamento improvisado.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó directamente la noticia a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica a la que tuvo acceso Blu Radio. “Está en buenas manos y está bien”, le aseguró el funcionario, mientras el artista, visiblemente conmovido, respondió entre lágrimas: “Ministro, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia”.Sánchez destacó el trabajo conjunto de las instituciones que participaron en la operación y afirmó que el mánager también fue liberado sin daños. “Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes”, expresó.Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del secuestro serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de los dos hombres. Incluso se había impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.El ministro también entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que se encontraban. “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo”, señaló.