Al menos 45 personas fueron víctimas de un presunto esquema de estafa inmobiliaria en Duitama, Boyacá. Tres integrantes de una misma familia fueron judicializados por apropiarse, según las autoridades, de alrededor de 1.536 millones de pesos mediante proyectos de vivienda inexistentes o sin licencias de construcción.Los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, así como su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, habrían estructurado un esquema para ofrecer inmuebles con facilidades de pago que resultaban atractivas para los compradores.Entre 2018 y 2024, los señalados persuadieron a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de supuestos apartamentos o casas, respaldando las negociaciones con promesas de compraventa que finalmente no se concretaban.La Fiscalía reveló que cada integrante del núcleo familiar cumplía un rol específico para dar apariencia de legalidad al negocio. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba predios donde supuestamente se desarrollarían los proyectos urbanísticos y firmaba los contratos, reforzando la imagen de legitimidad.Por su parte, su esposa e hijo presuntamente exhibían planos de las unidades habitacionales y aseguraban que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes, lo que generaba confianza en las víctimas.Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados. Un juez impuso medida de aseguramiento en la cárcel contra Nelson Guarín Dueñas, mientras que Yolanda Divantoque deberá cumplir la medida de casa por cárcel.
Con fisura en el cráneo terminó un estudiante de la Institución Educativa Las Mercedes de Nátaga, en el Huila, tras recibir un golpe por parte de uno de sus compañeros durante una práctica deportiva al interior del plantel.En un video, al parecer grabado por otro estudiante, se observa cómo esta actividad, promovida por el docente de educación física, se habría realizado sin las condiciones mínimas de seguridad y protección.“Mi hijo llegó a la casa mareado. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo: ‘Mamá, hoy estuve en una pelea en el colegio y un compañero me golpeó. Caí al suelo y quedé inconsciente por varios minutos’. Al ver que seguía muy mareado y con dolor de cabeza, lo llevé inmediatamente al hospital y de ahí fue trasladado a Neiva, donde aún nos encontramos”, señaló Floralba Ramos, madre del estudiante.De acuerdo con el relato de la madre, la pelea de boxeo en la que participó su hijo no fue la única organizada ese día. Además, indicó que incluso niñas estarían participando en estas prácticas deportivas.“El profesor, según lo que me indicó mi hijo, pasaba por cada uno de los salones preguntando quién quería pelear. Me parece terrible que practiquen eso del boxeo así, de esa manera; eso no es boxeo, y no entiendo cómo ponen a los niños a pelear como si fueran gallos finos en el mismo colegio”, denunció la madre.El menor, de 15 años, permanece recluido en un centro hospitalario de Neiva, a donde fue remitido debido a la gravedad de las lesiones. Según informó su madre, el adolescente fue trasladado desde el municipio tras presentar fuertes mareos y dolor de cabeza, y actualmente permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su evolución y determinan el tratamiento a seguir.“Lo traje a Neiva, a la clínica de Emcosalud, donde le practicaron una tomografía y un TAC. El médico general me explicó que tiene una fisura en el cráneo y una pequeña hemorragia. Estoy a la espera de que el neurólogo lo revise y me indique qué van a hacer”, relató la madre.Ante estas actividades deportivas, realizadas sin condiciones pedagógicas ni de seguridad adecuadas y que ponen en peligro la vida de los estudiantes, el secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, indicó que ya se inició la respectiva investigación.“La Secretaría de Educación lamenta profundamente la situación ocurrida en una institución educativa oficial del departamento, en la que un estudiante resultó lesionado durante una práctica de boxeo organizada en condiciones pedagógicas y de seguridad inadecuadas, hechos que actualmente se encuentran en investigación, según lo exigido para el desarrollo seguro de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, puntualizó.Asimismo, el funcionario fue enfático en advertir que la práctica deportiva escolar no puede desnaturalizarse hacia actividades que impliquen riesgos no controlados, ausencia de supervisión o falta de elementos de protección adecuados.“A partir del conocimiento de estos hechos, como secretario de Educación he ordenado la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos, acompañar psicosocial y académicamente al estudiante afectado, revisar los planes de área de educación física en las instituciones educativas del departamento y emitir orientaciones complementarias sobre prácticas deportivas de contacto en el entorno escolar”, puntualizó el funcionario.
Cerca de un 30 % de los 125 municipios que conforman Antioquia registra alertas electorales, lo que evidencia condiciones críticas para el desarrollo del proceso democrático en estas zonas, según el índice compuesto presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón en la Federación Nacional de Departamentos.De acuerdo con el informe, 11 municipios (8,8 %) se encuentran en nivel extraordinario, considerado el más alto, mientras que otros 25 municipios (20 %) fueron ubicados en nivel relevante. En conjunto, estas dos categorías suman 36 municipios con mayor vulnerabilidad electoral en el departamento, mientras que 60 municipios están en nivel potencial de riesgo (un 48%) y los otros 32 en nivel moderado (23.2 %).El índice también señala que el mayor nivel de riesgo se concentra en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se identifican condiciones asociadas a la presencia de grupos ilegales, factor que sin duda podría afectar el normal desarrollo de las elecciones. "Contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante. Cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, Clan del Golfo, ELN, disidencias, con la presencia de cultivos ilícitos de minería ilegal, encuentra una plena coincidencia", dijo Rendón.En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.Vale la pena mencionar que la clasificación forma parte del análisis de riesgo electoral que se realiza en Colombia para identificar territorios que requieren especial atención institucional durante el desarrollo de los procesos electorales.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Dos ciudadanos de República Dominicana que intentaban salir del país con documentación falsa hacia Europa fueron expulsados por Migración Colombia durante un control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los extranjeros habían ingresado al país como turistas con pasaporte dominicano auténtico y, dos días después, pretendían viajar a España.Durante la entrevista migratoria se detectaron inconsistencias en su itinerario y en el propósito del viaje. Tras verificar la documentación de soporte presentada por los viajeros, las autoridades establecieron que las residencias españolas aportadas eran falsas, de acuerdo con el informe del Grupo de Grafología y Documentología de la entidad.Esta expulsión se llevó a cabo en un vuelo de Avianca con destino a Santo Domingo. El caso se suma a las alertas que ha emitido Migración Colombia frente a un fenómeno que, según la entidad, se ha venido presentando de manera sistemática con ciudadanos de República Dominicana.De acuerdo con la directora general de la autoridad migratoria, Gloria Esperanza Arriero López, organizaciones criminales continúan intentando vulnerar el sistema de identificación colombiano para obtener documentos de manera irregular y beneficiarse de la exención de visado que tienen los colombianos para ingresar libremente a otros países.Entre 2021 y lo corrido de 2026 se han registrado 965 casos de obtención fraudulenta de documentación colombiana. De ese total, más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos y 118 a personas de otras nacionalidades, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Líbano.Solo en lo corrido de 2025 se han presentado 182 casos de documentación fraudulenta, de los cuales 136 fueron protagonizados por ciudadanos dominicanos. Según Migración, el esquema utilizado por estas organizaciones criminales consiste en obtener la identidad colombiana mediante la presentación de padres y testigos falsos para tramitar un Registro Civil de Nacimiento Colombiano. Posteriormente, gestionan la cédula de ciudadanía y, con ella, acceden al pasaporte colombiano.Esta modalidad permite que ciudadanos extranjeros viajen como si fueran nacionales colombianos, sin restricción de visa hacia países de la Unión Europea y otros destinos internacionales. De acuerdo con Migración Colombia, estas prácticas estarían relacionadas con estructuras dedicadas al tráfico de migrantes y otros delitos transnacionales.
Una densa columna de humo que se elevó sobre el noroccidente de la capital encendió las alarmas en la tarde de este viernes 20 de febrero. El origen de la emergencia fue el reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la calle 71A con carrera 30, en la localidad de Barrios Unidos, donde se registró un incendio estructural que obligó a la rápida intervención de los organismos de socorro.De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas comenzaron en el sistema de ductos del establecimiento, especialmente en la zona de cocina. Desde el primer momento, los equipos realizaron un ataque directo al fuego y aplicaron ventilación mecánica para evacuar el humo acumulado en el interior del local.La magnitud de la humareda generó preocupación entre residentes y comerciantes del sector, quienes compartieron videos en redes sociales donde se observa la espesa nube gris saliendo del inmueble. Sin embargo, pese a lo aparatoso de la escena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni durante el incendio ni en las labores posteriores de control.Para atender la emergencia fue necesaria la movilización de tres máquinas y 25 unidades del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego se propagara a construcciones vecinas. La rápida reacción fue clave para contener la conflagración en el punto de origen y minimizar los daños.Horas después, los Bomberos difundieron nuevas imágenes del interior del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. En las fotografías se aprecia a los uniformados inspeccionando los ductos y las áreas de preparación de alimentos, mientras utensilios y superficies aparecen cubiertos de hollín y residuos producto de la combustión. A pesar del impacto visual, la estructura general del establecimiento no presenta afectaciones de gran magnitud.En su balance final, la entidad reiteró que la situación fue controlada sin víctimas y destacó el compromiso institucional con la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes para establecer con precisión las causas que desencadenaron el incendio en el sistema de extracción.
Siguen las emergencias por lluvias en Antioquia en medio del complejo panorama que ya dejan más de 13 familias damnificadas, especialmente en la subregión de Urabá. Sin embargo, la más reciente se produjo en el Suroeste.Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso de buena parte de la red de alcantarillado en zona urbana produciendo inundaciones en viviendas y vías públicas de barrios como Moravia, La Plazuela, El Aleu y Buenos Aires.En este último sector también cedió un muro de la base militar. El capitán Julián Durango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, indicó que cerca de 14 unidades atendieron la situación priorizando los puntos más críticos."Hemos priorizado los puntos más críticos, donde se genera, digamos estas emergencias, donde debe de ser priorizada la acción. Entiendo que todo el mundo necesita también la atención oportuna. Y también tenemos desplegados unas estrategias de monitoreo constante en algunos afluentes donde se nos están presentando crecientes súbitas", añadió Durango.Por su parte, el alcalde Nilson Barrera, solicitó a la ciudadanía mayor responsabilidad con la disposición de basuras y el cuidado de las zonas de drenaje de aguas en zonas comunes."Cuidar las alcantarillas, mantenerlas limpias, no arrojar basuras en la calle, porque miren que esto puede colapsar también el sistema de alcantarillado de un municipio. Entonces es cuidarnos entre todos. Vamos a estar muy atentos. El Comité Municipal del Riesgo está activo", señaló el mandatario.Tras la atención prioritaria de la emergencia, se espera que en las próximas horas se consolide el registro de damnificados y daños estructurales, así como las acciones a implementar para mitigar los impactos por la situación.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Sesenta años después de su muerte en combate, el nombre de Camilo Torres Restrepo volvió al centro del debate público. La confirmación sobre el paradero de sus restos, anunciada esta semana, cerró una de las búsquedas más largas y simbólicas del conflicto colombiano.En entrevista con El Radar, de Blu Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero, fue contundente al despejar cualquier sospecha: “Para nosotros, para el equipo forense y para expertos internacionales, no hay ninguna duda de que se trata del padre Camilo Torres”.La entrega digna y el cierre de una búsqueda históricaForero explicó que la entrega digna realizada este fin de semana no fue un acto improvisado ni simbólico sin sustento técnico. Al contrario, fue el punto final de un proceso investigativo largo y complejo que incluyó trabajo de campo, análisis forenses, antropológicos y validaciones internacionales.“La entrega digna es el culmen de la búsqueda. Es un momento de dignificación y de memoria”, afirmó. Aclaró además que, según los protocolos de la Unidad, estos actos no son públicos y se realizan con las personas buscadoras, en este caso la llamada “familia social” del sacerdote.Camilo Torres y una historia marcada por la polémicaCamilo Torres Restrepo murió en 1966, en su primer combate tras unirse al Ejército de Liberación Nacional. Desde entonces, surgieron múltiples versiones sobre su muerte y, sobre todo, sobre el destino de su cuerpo. Durante décadas, esa incertidumbre alimentó una leyenda que mezcló fe, política y revolución.Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Torres fue una figura profundamente influyente, tanto por su pensamiento social como por la controversia de haber optado por la lucha armada.Ciencia, expertos y una frase que marcó el procesoUno de los momentos clave de la entrevista fue cuando Forero defendió el rigor del trabajo adelantado: “Los cuerpos nos hablan, los cuerpos nos cuentan historias, y leer esas historias toma tiempo”. La directora detalló que incluso participaron expertos internacionales, entre ellos forenses con experiencia en identificaciones emblemáticas en otros países.Aunque el proceso enfrentó enormes dificultades —como la degradación del material genético tras 60 años—, la acumulación de evidencias permitió llegar a una certeza plena. “Esto no fue una sola prueba, fue una línea robusta de evidencias”, insistió.Con la entrega digna, la Unidad dio por concluida su misión. Lo que venga ahora, dijo Forero, pertenece al terreno de la memoria histórica y del debate social. Pero una cosa quedó clara: la búsqueda terminó y la duda, finalmente, se cerró.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Los resultados de la más reciente encuesta de Invamer de noviembre de 2025, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, arrojan una considerable preocupación entre la población colombiana respecto al rumbo económico y social del país. A la frase: "Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento" así respondieron los colombianos.De acuerdo con los datos, el 51,7% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que indica que, si bien una parte significativa no ve un paralelismo directo o inminente con la crisis venezolana, una considerable porción del país, el 45,0%, sí expresó estar de acuerdo con el temor de una posible "Venezualización" del país. Este balance de opiniones subraya la polarización y la ansiedad existente en el debate público nacional sobre la estabilidad económica y democrática.Desaprobación a estrategias antinarcóticos y diplomáticasEl estudio también consultó la opinión de los ciudadanos sobre dos temas sensibles en la agenda política y de seguridad: el combate al narcotráfico y la política exterior del presidente Gustavo Petro.En cuanto a la estrategia para combatir el narcotráfico, específicamente sobre la frase: "Con la estrategia de Estados Unidos de bombardear lanchas en aguas internacionales como mecanismo para combatir el narcotráfico", el 58,3% de los colombianos encuestados se mostró en desacuerdo. Solo el 36,2% expresó estar de acuerdo con la posible implementación de una medida de seguridad de esta naturaleza. El amplio rechazo a una medida tan drástica puede interpretarse como una postura que prioriza soluciones menos bélicas o un escepticismo sobre la efectividad de tales acciones en aguas internacionales.Por otra parte, la gestión de las relaciones bilaterales con el régimen venezolano de Nicolás Maduro por parte del gobierno del presidente Petro también fue objeto de un fuerte escrutinio. La frase: "Con el manejo que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela" obtuvo una contundente desaprobación. El 75,4% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la manera en que se ha gestionado este tema, mientras que solo el 17,7% expresó estar de acuerdo. Este dato sugiere un amplio descontento con el enfoque diplomático adoptado, el cual ha estado marcado por la normalización de las relaciones tras años de tensión y ruptura.Cuestionamiento al manejo de gabinete y viajes presidencialesOtros puntos de coyuntura evaluados reflejan una crítica ciudadana hacia la estabilidad del gabinete y la actividad internacional del jefe de Estado.El cambio permanente de ministros, que ya suma más de 60 durante los más de 3 años de gobierno de Gustavo Petro, es una situación que genera una percepción negativa generalizada. Al consultarse sobre la frase: "Con el cambio permanente de ministros, que ya suma más de 60 durante los más de 3 años del gobierno de Gustavo Petro", el 68,8% de los encuestados se declaró en desacuerdo, frente a un escaso 24,6% que manifestó estar de acuerdo. Esta cifra resalta una preocupación por la inestabilidad en las carteras ministeriales y la falta de continuidad en las políticas públicas.Similarmente, la frase sobre los viajes al exterior del presidente, aunque no entra en detalles sobre su costo o frecuencia, indica una recepción crítica. El 58,6% está en desacuerdo con los "viajes del presidente Gustavo Petro al exterior", contra un 34,6% que está de acuerdo.Finalmente, una de las mayores desaprobaciones se concentra en el episodio en el que supuestamente el presidente habría salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedecieran a su presidente Donald Trump. La afirmación: "Con que el presidente Gustavo Petro haya salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedezcan a su presidente Donald Trump" obtuvo un 78,4% de desacuerdo, la cifra más alta de todo el sondeo, y solo un 15,4% de acuerdo. El sondeo de Invamer se realizó con una base de 3.800 encuestas y presenta un margen de error del 1,81%; proporciona una fotografía robusta y actualizada del sentir de los colombianos sobre los temas que marcan la agenda política nacional e internacional en noviembre de 2025.
La más reciente encuesta Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol en noviembre de 2025, muestra un panorama marcado por la preocupación ciudadana frente a la seguridad y la viabilidad del proyecto de Paz Total del Gobierno Nacional. Los datos evidencian un aumento en la percepción de inseguridad y un temor creciente de que el país pueda volver a los niveles de violencia vividos en décadas pasadas.Según el estudio, el 61,5% de los colombianos cree que el país está muy cerca de regresar a la violencia del pasado, una percepción que, si bien disminuyó frente al 67% registrado en agosto, continúa siendo mayoritaria. Solo el 32% considera que Colombia está mejorando y alejándose de esa violencia, mientras que un 4% afirma que ninguna de las dos afirmaciones refleja su opinión.En materia de seguridad ciudadana, la encuesta señala que el 28,6% de los encuestados fue víctima de algún delito en los últimos 12 meses, cifra similar a mediciones anteriores. El 71,4% dijo no haber sido víctima, lo que mantiene estable la tendencia observada durante los meses previos. Entre los delitos reportados se incluyen hurto, extorsión, riñas, violencia intrafamiliar, amenazas, entre otros.La confianza en la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados también registra preocupación. Frente a la pregunta sobre si las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan estructuras ilegales, el 73,7% respondió que sí han perdido el control, mientras que solo el 21,6% considera que no lo han perdido.Aunque la mayoría de colombianos continúa creyendo que las Fuerzas Militares sí tienen la capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla —un 61,9% en esta medición—, este porcentaje registra una ligera disminución frente a marzo, cuando alcanzó el 65%.En cuanto a la Paz Total, los resultados muestran un amplio escepticismo. El 64,9% opina que el proyecto va por mal camino, mientras que solo el 28,5% considera que va por buen camino. Además, el 66,2% afirma que dicha política los ha hecho sentir más inseguros, frente a un 26,5% que dice sentirse más seguro.Al consultar sobre los resultados que podría tener la Paz Total en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro, los encuestados expresaron expectativas bajas: solo el 21,8% cree que habrá un resultado positivo, mientras el 24% anticipa uno negativo y el 50,8% estima que no habrá ningún resultado.La encuesta, realizada a 3.800 personas, tiene un margen de error cercano al 1,7% en la mayoría de los módulos. Los resultados evidencian que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que persiste un clima de desconfianza frente a las políticas gubernamentales en esta materia.
Una reciente encuesta de percepción país, llevada a cabo por Invamer, ha arrojado luz sobre las principales inquietudes de los ciudadanos colombianos en el corte de noviembre de 2023. Los resultados indican un cambio significativo en la jerarquía de los problemas que, a juicio de los encuestados, afronta la nación. El orden público y la inseguridad han escalado a la primera posición. Son señalados por el 35,3% de los consultados como el principal problema de Colombia en este momento.Este dato no solo subraya una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y el conflicto armado, sino que también marca un hito en la serie histórica de la medición. Al observar la evolución de la percepción desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2023, la variable de "Orden público" (línea roja) muestra un repunte sostenido en los últimos meses de 2023, alcanzando su pico en la medición más reciente.Históricamente, el binomio Desempleo/Economía (línea azul) se había mantenido como la inquietud dominante, especialmente en períodos de desaceleración económica o crisis. No obstante, en esta última medición, la preocupación por el estado de la economía y el desempleo se sitúa en el segundo lugar, con un 19,2% de las menciones. Pese a que esta cifra representa una disminución frente a mediciones anteriores (llegando a superar el 41% en abril de 2022), el porcentaje sigue siendo considerable y refleja las dificultades que atraviesa un sector de la población para acceder a oportunidades laborales estables o enfrentar el costo de vida.Corrupción y Gestión de Gobierno en el Foco de la CríticaDetrás de la inseguridad y la economía, otros problemas estructurales mantienen su relevancia en el panorama nacional. La corrupción (línea morada), que en momentos previos llegó a ser la principal preocupación, se ubica ahora en un tercer lugar con el 11,8%. Este porcentaje, si bien ha descendido de sus máximos históricos, indica que la desconfianza en la transparencia de la gestión pública sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía.Así mismo, la mala función del gobierno/Sistema político (línea morada) concentra el 9,4% de las respuestas, cerrando la lista de las problemáticas que superan la barrera del 9% de menciones. Esta variable, que refleja el descontento con la eficacia y la dirección de las políticas estatales y la clase dirigente, ha mostrado fluctuaciones notables a lo largo de los años, reflejando el pulso político del país. En el periodo analizado, las Necesidades básicas se mencionaron por el 10,9% de los encuestados y Otras problemáticas por el 10,6%.Persistencia del pesimismo sobre el rumbo del paísEn paralelo a la identificación de los principales problemas, la encuesta también exploró la percepción general de los colombianos sobre el rumbo que está tomando el país. La pregunta clave, "¿En general, cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?", revela un panorama de persistente pesimismo.La opción "Mal Camino" (línea roja punteada) predominó significativamente con el 59,8% de las respuestas. Aunque esta cifra representa una mejora frente a los picos de desazón observados en momentos críticos (llegando al 79,2% en noviembre de 2021), el hecho de que casi seis de cada diez colombianos crean que el país va por una dirección equivocada es un indicador de la desaprobación de la situación actual.Por otro lado, la percepción de que las cosas van por "Buen Camino" (línea azul punteada) se sitúa en el 34,4%, mostrando una ligera variación positiva respecto a la medición anterior. El 5,7% restante se distribuye entre quienes "No saben/No responden".Los datos históricos de esta serie muestran que la percepción de que el país va por "Mal Camino" ha sido la predominante a lo largo de casi todo el período entre mayo de 2017 y noviembre de 2023, con la excepción de un breve periodo al inicio del segundo semestre de 2018. Esto sugiere que, independientemente del gobierno de turno, existe una base de crítica ciudadana a la gestión de los desafíos nacionales.La encuesta se realizó con una base de 3.800 encuestados y un margen de error reportado de 1,73% para la medición de problemas y 1,81% para la percepción del camino del país, lo que confiere a los resultados un alto nivel de confiabilidad estadística. Los resultados de este sondeo son fundamentales para entender las prioridades ciudadanas y orientar el debate público en el país.
En diálogo con Sala de Prensa Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras presentó los pilares de su propuesta para las elecciones de 2026, centrada —según dijo— en la urgencia de recuperar la seguridad y fortalecer la protección social en el país. El excongresista afirmó que, tras recorrer varias regiones, dos inquietudes dominan entre los ciudadanos: la exigencia de “seguridad total” y las dificultades del sistema de salud.Barreras explicó que su iniciativa de Seguridad Total abarca seguridad física en ciudades y zonas rurales, seguridad jurídica para promover la inversión y seguridad social. Además, advirtió sobre la infiltración criminal en las instituciones del Estado e insistió en la necesidad de ejercer autoridad con firmeza.“El Estado prevalece siempre frente a la criminalidad, pero no puede ocurrir que se permita esa infiltración. Ya ha ocurrido en Colombia: acuérdese que hubo cerca de 40 o 50 senadores narcoparapolíticos y que recientemente, en el gobierno anterior, también estaban el Ñeñe y Matamba. La mafia siempre pretende infiltrar al Estado para sacar provecho. Por eso un jefe de Estado tiene que tomar decisiones con carácter y atacarlos con todo”, señaló.Críticas al enfoque de Paz TotalEl expresidente del Congreso cuestionó la estrategia de paz del actual gobierno y aseguró que los procesos de diálogo han fallado por falta de método. Aseguró que no se puede ofrecer justicia transicional a organizaciones dedicadas al narcotráfico y criticó la apertura de múltiples mesas de negociación en paralelo.“Fue un error, sin duda de buena fe, haber arrancado 20 mesas de diálogo con todo tipo de delincuentes, desde el ELN hasta bandas urbanas en Medellín o Buenaventura, como si se tratara de los mismos fenómenos. Falta de método, de rigor… probablemente falta de experiencia. Pero no basta la buena voluntad porque fracasan los procesos”, afirmó.Barreras reiteró que las mafias deben someterse a la justicia y propuso ajustes normativos para equilibrar las garantías, asegurando que “800 de cada 1.000 delincuentes capturados en flagrancia son liberados al día siguiente”.Panorama electoral 2026: “Solo habrá dos sillas en segunda vuelta”Sobre el escenario político para 2026, Barreras aseguró que la contienda presidencial se definirá entre dos proyectos: uno de derecha y el suyo, que calificó como una propuesta “que una al país”. Dijo identificarse con un centro liberal de corte socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos.Al referirse a su distancia con la izquierda pura, mencionó al senador Iván Cepeda como representante legítimo de ese sector, pero aclaró que él proviene de otra orilla política.“Iván Cepeda representa una cosa absolutamente respetable y legítima: es el candidato de la izquierda pura o de las izquierdas. Yo lo hago desde la orilla liberal de centro, donde he estado toda la vida, desde hace 16 años”, afirmó.
El gobierno de Colombia hizo un llamado al respeto del orden jurídico internacional y a la preservación de la seguridad aérea en la región, luego de que se conocieran advertencias desde el exterior, específicamente del gobierno americano, sobre el cierre del espacio aéreo venezolano.El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil aclararon que, tras verificaciones técnicas, el espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela “permanece abierto, operativo y sin restricciones que afecten a la navegación aérea civil” y, que no existe ninguna situación que comprometa la seguridad operacional.“Estas señales, divulgadas a nivel internacional, no tienen validez dentro del marco del Convenio de Chicago ni de los estándares de la OACI, y generan confusión e incertidumbre entre operadores y usuarios. Solo el Estado responsable puede declarar restricciones en su espacio aéreo, y Venezuela no ha emitido ninguna”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Transporte.En ese sentido, recuerdan que el presidente Gustavo Petro reiteró que cualquier intento externo de declarar un cierre carece de sustento legal, pues no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado estadounidense para medidas de carácter militar o intervenciones aéreas. Además, ordenó a todas las aerolíneas a no acatar instrucciones ajenas a la normatividad internacional, asegurando que en Colombia las empresas deben operar únicamente bajo las directrices de la OACI y de la autoridad aeronáutica nacional.El país respaldó el llamado presidencial para que la OACI convoque de inmediato a su asamblea, con el fin de evaluar la situación; que la Unión Europea normalice los vuelos hacia Venezuela y adopte medidas frente a aerolíneas que desconocen la normativa internacional y; que los países de América Latina y el Caribe mantengan sus operaciones con normalidad.“Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil seguirán monitoreando la situación y reiteraron que la seguridad operacional y el respeto al orden jurídico internacional son esenciales para un sistema aéreo seguro, confiable y abierto al mundo.
En medio de un momento clave para el pulso político del país, y con la salida del presidente Gustavo Petro a seis meses de la primera vuelta presidencial de 2026, la firma Invamer dio a conocer los resultados de su más reciente Encuesta Colombia Opina, en alianza con Blu Radio y Noticias Caracol.El estudio, realizado entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, aplicó una de las muestras más grandes de los últimos años: 3.800 encuestados en 148 municipios, incluidos 26 capitales de departamento. La medición se desarrolló bajo la nueva normativa electoral, que según Martín Orozco, gerente de Invamer, en Noticias Caracol, obligó a triplicar el tamaño de la muestra y los costos, pero que a la vez limitó la posibilidad de entregar resultados segmentados por región o edad. Según Invamer, el ejercicio estadístico cuenta con un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %.Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta InvamerLos resultados confirman un panorama definido en la intención de voto presidencial. Iván Cepeda encabeza la medición con un 31,9 %. En el segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2 %, mientras que Sergio Fajardo se ubica más abajo con un 8,5 %. Entre los demás aspirantes figuran Miguel Uribe Londoño (4,2 %), Claudia López (4,1 %) y Vicky Dávila (3,7 %). La encuesta se publica en un momento determinante, justo cuando los partidos ultiman las listas al Congreso para las elecciones legislativas de 2026. Desaprobación de Gustavo Petro se mantieneLa encuesta también midió la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Según explicó Orozco, no se registraron variaciones significativas frente a mediciones anteriores.Un 37,7 % de los colombianos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprueba. En agosto, fecha de la última encuesta realizada por Invamer bajo la nueva ley, Petro registró un 37,0 % de aprobación y un 57,8 % de desaprobación.En cuanto al pesimismo y optimismo de los ciudadanos, el estudio muestra que un 34,4 % considera que el país va por buen camino, mientras que un 59,8 % opina que va por mal camino.La firma aclaró que esta medición alcanzó a cubrir solo algunos días después del escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, revelados por Noticias Caracol, donde se exponen presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y las disidencias.