El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que el proyecto Escudo Nacional Antidrones avanza sin injerencias externas ni favorecimientos y que, hasta la fecha, 74 empresas de 20 países han manifestado su interés en participar en esta iniciativa estratégica, considerada una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para enfrentar la amenaza de ataques con drones en el país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó a través de su cuenta en X que este amplio interés internacional fortalece el estudio de mercado que actualmente se adelanta como parte de la fase precontractual. Según explicó, esta etapa es clave para estructurar los estudios previos y garantizar que el proceso sea sólido, técnico y transparente.De acuerdo con la cartera de Defensa, cerca de 9.000 intentos de ataques con drones fueron detectados en 2025. Aunque aproximadamente el 96 % de estos fueron inhibidos, el 4 % restante dejó como saldo la muerte de varios uniformados y civiles, además de más de un centenar de heridos.Para el Ministerio, esta realidad evidencia la urgencia de poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto valorado en 6,7 billones de pesos. La primera fase, que comenzará a desarrollarse en 2026, tendrá un presupuesto cercano a un billón de pesos.El proyecto fue anunciado oficialmente el 10 de enero de 2026 y responde, según el Gobierno, al uso cada vez más sofisticado de drones por parte de grupos armados ilegales y organizaciones narcoterroristas, que los emplean para ataques con explosivos, espionaje y vigilancia ilegal.La entidad precisó que actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de estudio de mercado, dentro de la fase precontractual. En esta fase participan comités estructuradores de cada Fuerza —Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía—, además de los equipos evaluadores y la Dirección de Contratación del Ministerio.El Ministerio subrayó que ninguna persona ajena a la entidad hace parte del proceso y que este cuenta con el acompañamiento del Grupo de Transparencia de la cartera, así como con interacción permanente con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el marco del principio de colaboración armónica.Uno de los criterios definidos por el Gobierno es que la contratación se realizará de manera directa entre el Estado colombiano y los fabricantes de la tecnología o sus representantes legales, con acompañamiento de las embajadas de los países involucrados. No se aceptarán intermediarios.En diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que acudiría a la figura de urgencia manifiesta para acelerar la compra inicial de sistemas antidrones, tras un ataque a una base militar en Aguachica, Cesar, que dejó seis militares muertos y al menos 26 heridos.
Momentos de angustia vivieron los habitantes de Iquira, en el departamento del Huila, luego de que tropas del Ejército detectaran el sobrevuelo de un dron mientras realizaban el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Ante este hecho, los soldados, al intentar neutralizar la amenaza que ponía en riesgo a la población civil y al personal militar, dispararon contra la aeronave no tripulada, lo que generó temor entre los habitantes de la localidad.“En el desarrollo de operaciones militares, hacia la medianoche, al término de una tarea táctica adelantada por el Grupo de Caballería Liviano N.° 11 en la zona urbana del municipio de Íquira, donde se realizó el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, nuestras tropas detectaron el sobrevuelo de un dron en el área intervenida. Los soldados reaccionaron mediante disparos como medida para neutralizar la amenaza”, confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Asimismo, el alto oficial reiteró que el compromiso de las unidades militares y de Policía es garantizar la seguridad y tranquilidad de los huilenses.“Cada decisión que se toma en el desarrollo de nuestras operaciones tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila. Actuamos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, con profesionalismo, experiencia y pleno respeto por los derechos humanos”, indicó el comandante de la Novena Brigada.Finalmente, aclaró que estas operaciones tácticas tienen como objetivo neutralizar las acciones terroristas de los grupos disidentes que operan en la región.
Tras una paciente labor de inteligencia y luego de recibir información de una fuente humana, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, lograron la ubicación de un depósito ilegal para almacenar morfina, la cual posteriormente era enviada a Ecuador y, de allí, a los mercados negros de Centroamérica y Estados Unidos.El comandante de esa unidad militar, general Juan José Guzmán Ramírez, dijo a Blu Radio que la acción militar y de Policía se cumplió en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en el norte de Nariño, límites con el sur del Cauca.El oficial advirtió que en esta zona hay una amplia presencia del frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN y que no se descarta que esta bodega haya sido vigilada por los subversivos. Además, se investiga si el cargamento de más de un millón 800 mil dosis de morfina que estaban listas para ser transportadas hasta Ecuador pertenecería a esa agrupación ilegal.Según el oficial, la operación se desarrolló mientras las unidades adelantaban tareas ofensivas y de control militar de área en zona rural del mencionado municipio. Gracias a labores de inteligencia militar, se localizó el depósito clandestino, en el que fueron hallados 26 kilogramos de opiáceos (morfina), distribuidos en dos bultos conformados por paquetes de diferentes tamaños, los cuales contenían una sustancia de color café claro, con características similares a la morfina y sus derivados.De acuerdo con la información obtenida, este alcaloide pertenecería al frente Manuel Vásquez Castaño del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y tendría como finalidad ser transportado desde zonas de producción en Nariño hacia la frontera colombo-ecuatoriana para su posterior procesamiento en heroína y distribución en mercados ilícitos de Centroamérica y Estados Unidos, en articulación con carteles internacionales.Señaló el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional que la incautación de este depósito ilegal de morfina, avaluado en más de 7 millones de dólares, representa un duro golpe a las finanzas del grupo armado ELN que opera en esa región del suroccidente de Colombia.Dijo Guzmán que, con esta incautación, se evitó la potencial comercialización de 1,8 millones de dosis de heroína que pretendían ser distribuidas por carteles internacionales en mercados de Centroamérica y Estados Unidos.
La directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés, quien lideraba una apuesta de transformación institucional con enfoque de reparación histórica, murió de causas naturales, este sábado en Bogotá, informó hoy el Ministerio de las Culturas."Desde el Ministerio, con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz", expresó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, en un mensaje en X este domingo.Angulo Cortés, artista plástica, gestora cultural e investigadora que fue reconocida por una trayectoria artística e investigativa centrada en la memoria, la identidad y la resistencia de las comunidades afrodescendientes en Colombia.Su obra plástica y su trabajo como curadora la convirtieron en un referente para artistas, investigadores y procesos comunitarios, antes de asumir la dirección del Museo Nacional, desde donde impulsó una revisión crítica de las narrativas históricas y una apertura institucional hacia miradas diversas.El Ministerio destacó que en la dirección del Museo Nacional "impulsó un proceso de transformación institucional desde la perspectiva decolonial y la reparación histórica" y subrayó que su legado permanecerá como un testimonio de memoria y reconocimiento para las poblaciones afrocolombianas.El Museo de Arte Moderno de Medellín expresó también su "profunda tristeza" por la muerte de Angulo y recordó su participación en las exposiculturiones 'La buena vida' y 'Desafiar. Atravesar el sol hacia un gran Pacífico'.La institución destacó que su trabajo, centrado en la memoria, la identidad y las construcciones de género en comunidades afrodescendientes, "abrió nuevas preguntas y caminos" en el arte contemporáneo colombiano, y subrayó que sus esculturas, performances, videos y series fotográficas dejaron una huella crítica frente a las estructuras sociales.
Estos menores entre los 14 y 17 años de edad lograron escapar del centro de entrenamiento que las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ tienen en el sector del Naya, zona rural de Jamundí. Tras un recorrido de más de ocho días, lograron bajar de las montañas y encontrarse con el puesto del Ejército ubicado en el puente Valencia, que conecta a los departamentos de Valle y Cauca.Los jóvenes pidieron la ayuda de los soldados, asegurando que habían sido reclutados desde hacía más de un año, y que decidieron escapar cuando les anunciaron que serían enviados al Guaviare para apoyar a los frentes disidentes de esa región.Tres de estos menores fueron reclutados en Cali, y el cuarto fue sacado de una comunidad indígena del departamento del Cauca, con falsas promesas, donde les aseguraban iban a ganar hasta cinco millones de pesos. Sin embargo, al llegar al Naya, les quitaban los celulares y por varios días los dejaban sin comer."Inicialmente ellos vienen en buen estado de salud, ya nosotros los dejamos a disposición del Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia que son las entidades encargadas de restablecer sus derechos. Ya están haciéndoles los chequeos médicos", señaló general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército.La Fuerza Pública en el suroccidente se encuentra en alerta ante el incremento de menores reclutados por las disidencias de mordisco, según el Ejército, el 70% de estos jóvenes provienen de las zonas vulnerables de Cali como el oriente y la ladera, además de Popayán, Jamundí y Suárez."Desafortunadamente esta estructura no limita región para el reclutamiento de menores, lo hace con niños en el Cauca, lo hace en el Valle, especialmente sobre el sector del Naya", añadió el general Africano.
Hay consternación en el corregimiento de San Cristóbal tras el macabro hallazgo en las últimas horas del cuerpo de una persona al interior de un costal.Los hechos ocurrieron en un sector del barrio La Loma conocido como ‘La Y de los Locos’, sobre la antigua vía al mar, donde ciudadanos reportaron a las autoridades el avistamiento de este contenedor.Según el informe oficial, tras la inspección policial a la zona, se identificó el costal blanco y con rastros de sangre que quedó en poder de las autoridades judiciales y forenses para determinar el sexo y la plena identidad de la víctima.No se descarta que este tipo de acciones estén relacionadas con casos de ajuste de cuentas entre grupos criminales, una de las hipótesis en la que ya trabajan las respectivas entidades para esclarecer lo ocurrido.Con este caso ya son 35 las muertes violentas en lo corrido del año en Medellín, un caso menos que durante el mismo periodo de 2025. De ese total, dos hechos se han registrado en el corregimiento de San Cristóbal.De igual manera, se trata de al menos el quinto caso de cuerpos sin vida hallados en algún tipo de contenedor durante lo que va del año en Antioquia. Los primeros cuatro se habían reportado a inicios de enero en municipios como Bello, Támesis y Copacabana.
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo han posicionado como una de las alternativas favoritas para quienes prueban su suerte diariamente.Número ganador del Dorado Tarde hoy, sábado 21 de febrero de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 21 de febrero de 2026 es el 8365 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 8365Dos últimas cifras: 65Tres últimas: 365La quinta: 9Últimos sorteos de Dorado TardeSorteoFechaResultadoDorado Tarde20 febrero 20266059 - 8Dorado Tarde19 febrero 20268046 - 0Dorado Tarde18 febrero 20262148 - 3Dorado Tarde17 febrero 20261606 - 5Dorado Tarde16 febrero 20260973 - 5Dorado Tarde14 febrero 20262071 - 9Dorado Tarde13 febrero 20262700 - 0Dorado Tarde12 febrero 20264181 - 5Dorado Tarde11 febrero 20265369 - 2Dorado Tarde10 febrero 20266084 - 4Dorado Tarde9 febrero 20263703 - 6Modalidades de juego y plan de premiosEl Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y presupuestos. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado.De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplió las posibilidades de ganar premios adicionales y aumentó el interés de los participantes.Cómo reclamar un premio del Dorado TardeEl proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.Para reclamar el premio, el ganador debe cumplir con estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
La AmCham Colombia señaló que esta herramienta le permitiría al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles temporales de hasta el 15 %, según lo anunció el presidente Donald Trump, durante un periodo inicial de 150 días, bajo el argumento de corregir desequilibrios en la balanza de pagos.Aunque se trata de una medida transitoria, el gremio advirtió que su eventual aplicación podría generar impactos relevantes en el comercio bilateral. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y destino clave para exportaciones no minero-energéticas, por lo que cualquier incremento arancelario podría traducirse en mayores costos de ingreso, pérdida de competitividad y ajustes en contratos comerciales.Sectores como el agroindustrial, manufacturas, alimentos procesados y algunos bienes industriales serían especialmente sensibles a este tipo de decisiones, ya que compiten en precio dentro del mercado estadounidense.AmCham explicó que, más allá del porcentaje del arancel, el principal efecto inmediato sería la incertidumbre. Las empresas podrían aplazar inversiones, renegociar acuerdos o replantear proyecciones de exportación ante un entorno menos predecible.El gremio también subrayó que, en este contexto, cobra mayor relevancia el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, así como la necesidad de fortalecer la diplomacia comercial y avanzar en la diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo destino.
Al menos 45 personas fueron víctimas de un presunto esquema de estafa inmobiliaria en Duitama, Boyacá. Tres integrantes de una misma familia fueron judicializados por apropiarse, según las autoridades, de alrededor de 1.536 millones de pesos mediante proyectos de vivienda inexistentes o sin licencias de construcción.Los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, así como su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, habrían estructurado un esquema para ofrecer inmuebles con facilidades de pago que resultaban atractivas para los compradores.Entre 2018 y 2024, los señalados persuadieron a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de supuestos apartamentos o casas, respaldando las negociaciones con promesas de compraventa que finalmente no se concretaban.La Fiscalía reveló que cada integrante del núcleo familiar cumplía un rol específico para dar apariencia de legalidad al negocio. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba predios donde supuestamente se desarrollarían los proyectos urbanísticos y firmaba los contratos, reforzando la imagen de legitimidad.Por su parte, su esposa e hijo presuntamente exhibían planos de las unidades habitacionales y aseguraban que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes, lo que generaba confianza en las víctimas.Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados. Un juez impuso medida de aseguramiento en la cárcel contra Nelson Guarín Dueñas, mientras que Yolanda Divantoque deberá cumplir la medida de casa por cárcel.
Con fisura en el cráneo terminó un estudiante de la Institución Educativa Las Mercedes de Nátaga, en el Huila, tras recibir un golpe por parte de uno de sus compañeros durante una práctica deportiva al interior del plantel.En un video, al parecer grabado por otro estudiante, se observa cómo esta actividad, promovida por el docente de educación física, se habría realizado sin las condiciones mínimas de seguridad y protección.“Mi hijo llegó a la casa mareado. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo: ‘Mamá, hoy estuve en una pelea en el colegio y un compañero me golpeó. Caí al suelo y quedé inconsciente por varios minutos’. Al ver que seguía muy mareado y con dolor de cabeza, lo llevé inmediatamente al hospital y de ahí fue trasladado a Neiva, donde aún nos encontramos”, señaló Floralba Ramos, madre del estudiante.De acuerdo con el relato de la madre, la pelea de boxeo en la que participó su hijo no fue la única organizada ese día. Además, indicó que incluso niñas estarían participando en estas prácticas deportivas.“El profesor, según lo que me indicó mi hijo, pasaba por cada uno de los salones preguntando quién quería pelear. Me parece terrible que practiquen eso del boxeo así, de esa manera; eso no es boxeo, y no entiendo cómo ponen a los niños a pelear como si fueran gallos finos en el mismo colegio”, denunció la madre.El menor, de 15 años, permanece recluido en un centro hospitalario de Neiva, a donde fue remitido debido a la gravedad de las lesiones. Según informó su madre, el adolescente fue trasladado desde el municipio tras presentar fuertes mareos y dolor de cabeza, y actualmente permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su evolución y determinan el tratamiento a seguir.“Lo traje a Neiva, a la clínica de Emcosalud, donde le practicaron una tomografía y un TAC. El médico general me explicó que tiene una fisura en el cráneo y una pequeña hemorragia. Estoy a la espera de que el neurólogo lo revise y me indique qué van a hacer”, relató la madre.Ante estas actividades deportivas, realizadas sin condiciones pedagógicas ni de seguridad adecuadas y que ponen en peligro la vida de los estudiantes, el secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, indicó que ya se inició la respectiva investigación.“La Secretaría de Educación lamenta profundamente la situación ocurrida en una institución educativa oficial del departamento, en la que un estudiante resultó lesionado durante una práctica de boxeo organizada en condiciones pedagógicas y de seguridad inadecuadas, hechos que actualmente se encuentran en investigación, según lo exigido para el desarrollo seguro de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, puntualizó.Asimismo, el funcionario fue enfático en advertir que la práctica deportiva escolar no puede desnaturalizarse hacia actividades que impliquen riesgos no controlados, ausencia de supervisión o falta de elementos de protección adecuados.“A partir del conocimiento de estos hechos, como secretario de Educación he ordenado la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos, acompañar psicosocial y académicamente al estudiante afectado, revisar los planes de área de educación física en las instituciones educativas del departamento y emitir orientaciones complementarias sobre prácticas deportivas de contacto en el entorno escolar”, puntualizó el funcionario.
Cerca de un 30 % de los 125 municipios que conforman Antioquia registra alertas electorales, lo que evidencia condiciones críticas para el desarrollo del proceso democrático en estas zonas, según el índice compuesto presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón en la Federación Nacional de Departamentos.De acuerdo con el informe, 11 municipios (8,8 %) se encuentran en nivel extraordinario, considerado el más alto, mientras que otros 25 municipios (20 %) fueron ubicados en nivel relevante. En conjunto, estas dos categorías suman 36 municipios con mayor vulnerabilidad electoral en el departamento, mientras que 60 municipios están en nivel potencial de riesgo (un 48%) y los otros 32 en nivel moderado (23.2 %).El índice también señala que el mayor nivel de riesgo se concentra en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se identifican condiciones asociadas a la presencia de grupos ilegales, factor que sin duda podría afectar el normal desarrollo de las elecciones. "Contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante. Cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, Clan del Golfo, ELN, disidencias, con la presencia de cultivos ilícitos de minería ilegal, encuentra una plena coincidencia", dijo Rendón.En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.Vale la pena mencionar que la clasificación forma parte del análisis de riesgo electoral que se realiza en Colombia para identificar territorios que requieren especial atención institucional durante el desarrollo de los procesos electorales.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería de Colombia se pronunció ante las recientes declaraciones de Estados Unidos de cerrar por completo el espacio aéreo de Venezuela, atribuyendo la decisión a las actividades militares que se realizan en el Pacífico.La entidad advierte que el reciente NOTAM emitido por Washington se hizo sin coordinar con la autoridad venezolana competente. Según los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Convenio de Chicago, cualquier decisión que afecte un espacio aéreo debe gestionarse con el Estado responsable. Saltarse este procedimiento, señala la Cancillería, genera incertidumbre operativa y pone en riesgo la seguridad de la aviación civil internacional.El comunicado también recalca que América Latina y el Caribe son una región de paz. Por ello, las medidas unilaterales de carácter militar o con impacto sobre la navegación aérea elevan tensiones, afectan la estabilidad y contradicen el espíritu de cooperación y respeto entre los Estados.El país aseguró que seguirá monitoreando la situación y liderará en los espacios multilaterales el llamado a respetar las normas internacionales, la soberanía y la solución pacífica de controversias, pilares esenciales para proteger la seguridad aérea en toda la región.Ante este hecho, también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien, por medio de su cuenta de X, cuestionó la legalidad del cierre del espacio aéreo venezolano y pidió que la Organización de Aviación Civil Internacional analice de inmediato la situación.El mandatario también llamó a preservar el orden internacional y recordó que las decisiones sobre la democracia en Venezuela corresponden a sus propias instituciones y a su población.
Once personas que habían sido secuestradas por el ELN desde inicios de este año, en medio de la guerra que enfrentan con las disidencias de las Farc desde el 16 de enero, fueron liberadas tras 10 meses y 15 días de cautiverio.En total son, nueve hombres, uno de ellos firmante de paz y dos mujeres quienes fueron entregados a una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.Las víctimas, en su mayoría habitantes de zonas rurales pertenecientes a los municipios de Tibú y El Tarra, corazón del Catatumbo, regresaron con sus familias. Sin embargo en medio de la entrega no se dieron a conocer mayores detalles sobre las razones del secuestro.En el territorio permanecen más personas en poder de los grupos armados y se espera que en los próximos días se puedan presentar otras liberaciones.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de las operaciones militares realizadas en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Guaymaral en las que fueron capturadas dos personas, una de ellas resultó herida. Además, un civil murió producto de los combates, situación que se encuentra en investigación.“En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia menciona que pueden existir carteles del narcotráfico o grupos criminales. Por ello, en operaciones militares nuestro Ejército, sostuvo combate contra integrantes del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Calarca’, que delinquen en esta zona del país”, indicó el jefe de cartera a través de X.Mientras avanzaba la maniobra de retiro de las tropas del Ejército, un civil fue herido en un punto cercano donde varias personas se habían agrupado para intentar interrumpir la operación militar. La persona fue trasladada, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El Ejército confirmó que se abrió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.En el lugar también fue incautado material de guerra e intendencia que pertenecería a esa organización, lo que según el ministro, afecta directamente su capacidad logística.
La Policía ecuatoriana detuvo este sábado a un hombre que transportaba en un camión "grandes cantidades de material explosivo de alto poder destructivo" que provenía de Perú y que tenía como destino final Colombia, señaló el ministro del Interior, John Reimberg.El hombre fue detenido en el municipio de Ibarra, de la provincia norteña de Imbabura, y, según explicó Reimberg, la modalidad de adquisición de dichos explosivos está dentro de "un esquema de tráfico internacional ilícito de armas, municiones y explosivos no autorizados".Los explosivos son ingresados clandestinamente a Ecuador desde Perú y posteriormente cruzan todo el país hacia la provincia norteña de Carchi, en la frontera con Colombia."Finalmente (van) a territorio colombiano, donde serían empleados por grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas", precisó el ministro en su cuenta de la red social X.Al hombre se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como "explosivo inestable y de alta peligrosidad", según indicó el ministro, que agregó que el detenido fue llevado ante la justicia para su debido procesamiento.Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino.Estos grupos están dedicados principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años han diversificado sus operaciones hacia las extorsiones, los secuestros, la minería ilegal y el tráfico de armas y explosivos.
El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, inició una fase crítica dentro de su plan de gestión del riesgo luego del incremento reciente de actividad volcánica en el macizo Puracé, clasificado en alerta Naranja.El Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, reconocida como área de amenaza alta, debido a movimientos sísmicos frecuentes, emisiones significativas de gases y presencia constante de ceniza en distintos puntos del territorio.En ese sector viven cerca de 70 personas, quienes recibieron comunicación directa de las autoridades municipales para emprender una salida ordenada y preventiva. La responsabilidad de emitir esa orden recae exclusivamente en el municipio, siguiendo los lineamientos que cobijan su autonomía administrativa frente a situaciones de este tipo.Gobierno central y entidades de respuesta activan protocolos Mientras el municipio implementa su plan de acción, el Gobierno nacional junto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres inició un proceso de alistamiento y preposicionamiento de recursos para atender cualquier escenario posible. Equipos operativos, logísticos y técnicos se mantienen en estado de disponibilidad para fortalecer la respuesta local si el comportamiento del volcán muestra variaciones adicionales.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enviará una comisión técnica especializada con el propósito de reforzar el monitoreo directo, estudiar el entorno y revisar necesidades inmediatas relacionadas con rutas de evacuación, puntos seguros, comunicación comunitaria y medidas de protección.Recomendaciones para la comunidadNo acercarse al cráter ni a zonas de amenaza alta.Usar tapabocas y proteger ojos y piel ante caída de ceniza.Cubrir fuentes de agua.Consultar y seguir únicamente fuentes oficiales.Atender indicaciones del SGC, la UNGRD y autoridades locales.Tener listo el kit de emergencias.