La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera jornada laboral de este 2026 en Colombia. Ese día millones de colombianos, específicamente 41.287.084, participarán en las consultas interpartidistas y elegirán el nuevo Congreso de la República en todos los puestos de votación que pondrá a disposición la Registraduría en todo el país.Asimismo, cientos de colombianos son elegidos por la Registraduría para hacer el rol de jurado de votación, que, de incumplirse, traerá fuertes sanciones y por eso es importante verificar si usted es o no parte de eso.“Ser jurado es una responsabilidad clave para garantizar elecciones transparentes en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya designó más de 862.000 ciudadanos como jurados para los comicios al Congreso y consultas populares del próximo 8 de marzo de 2026”, indicó el Senado de la República en un comunicado.Link para consultar si es jurado de votaciónSaber si usted fue designado para la jornada electoral no es difícil, de hecho, puede hacerlo a través de su celular en cuestión de minutos con los siguientes pasos:Ingrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.¿Cuál es la multa por no cumplir?De acuerdo con la Registraduría, el que incumpla con esta norma deberá pagar una multa de hasta 10 salario mínimo legales vigentes y pueden perder su trabajo en caso de ser servidores públicos.“En caso de las elecciones de Consejos de Juventud, el joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas”, explicaron.
La Registraduría Nacional realizó una prueba técnica para verificar el funcionamiento de los bolígrafos que se utilizarán en las elecciones del Congreso y en la consulta de precandidatos a la Presidencia el próximo 8 de marzo.La jornada se llevó a cabo en Bogotá con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y auditorías internacionales como IIDH y CAPEL.Durante la prueba, los asistentes marcaron tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta con bolígrafos de tinta negra y morada. Luego sometieron las tarjetas a diferentes pruebas: aplicaron agua, alcohol, thinner, borrador, fuego y aire caliente. También doblaron las tarjetas para revisar si la tinta se traspasaba o manchaba.El resultado, según las autoridades y observadores, fue claro: la tinta no se borra, no se corre y no traspasa el papel. Con esto, la Registraduría busca despejar dudas que han circulado en redes sociales sobre una posible desaparición de las marcas hechas por los votantes.El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que los bolígrafos son de buena calidad y que incluso los ciudadanos pueden usar su propio esfero si así lo desean. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que las pruebas demostraron que la tinta permanece intacta después de aplicar distintos elementos.La Registraduría anunció que esta prueba también se realizará con representantes de las agrupaciones políticas como parte de las acciones para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó este domingo que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para desarrollar el operativo en el que se dio de baja a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, corroboró en un mensaje en su cuenta de X que el gobierno estadounidense ayudó en la redada en la que terminó abatido el Mencho en Talpalpa, una ciudad del estado mexicano de Jalisco.“'El Mencho' era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, agregó Leavitt sobre el líder abatido.Según los datos compartidos por la Casa Blanca, tres miembros más del cartel fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.Un funcionario de defensa estadounidense había adelantado al Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recién conformada bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, había sido clave para el operativo en el que murió el líder la CJNG.Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, recalcó la vocera en su mensaje.Además, Leavitt dijo que la Casa Blanca “elogia y agradece” al ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo.Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.Washington incluyó el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.
En medio de la emoción de familiares, amigos y seguidores, el cantante de música popular Jhonny Rivera y Jenny López contrajeron matrimonio este domingo 22 de febrero de 2026 en el corregimiento de Arabia, zona rural de Pereira. La ceremonia, que inicialmente estaba pensada como un encuentro íntimo, terminó convirtiéndose en uno de los eventos sociales más comentados este domingo 22 de febrero.La boda reunió a cerca de 300 invitados, entre familiares, colegas del género popular y figuras cercanas a la pareja. El lugar escogido no fue casual: Arabia es considerado el hogar del artista, y por ello quiso compartir este momento especial en el territorio que lo vio crecer. Desde tempranas horas, habitantes del sector se acercaron a los alrededores del sitio para saludar al cantante, felicitarlo y ser testigos de la celebración.Videos compartidos en redes sociales mostraron algunos de los momentos más emotivos de la jornada. En las imágenes se observa la llegada de los novios, el intercambio de votos y la reacción de los asistentes, quienes acompañaron con aplausos y expresiones de cariño. La pareja lució visiblemente emocionada al oficializar su unión, luego de más de tres años de relación sentimental.La historia entre Rivera y López comenzó en 2023 y, aunque en sus primeras etapas fue discreta, con el paso del tiempo se consolidó públicamente. Ambos empezaron a compartir detalles de su vida juntos en redes sociales y medios de comunicación, lo que fortaleció el vínculo con sus seguidores. La boda representa, según han manifestado en varias ocasiones, un paso natural en su proyecto de vida en común.Además del significado personal, el matrimonio generó gran expectativa en el público. La presencia de invitados del ámbito artístico y la difusión de videos en plataformas digitales convirtieron el evento en tendencia durante el fin de semana, reflejando la popularidad del intérprete y el interés que despierta su vida personal.¿Cómo será la luna de miel?Tras la celebración, la pareja ya tiene planes definidos para su luna de miel. Entre los destinos contemplados se encuentran las paradisíacas playas de Maldivas, así como un recorrido por Kenia, donde esperan visitar la ciudad de Nairobi y vivir la experiencia de un safari.El itinerario también incluiría una parada en Dubái, reconocido por su arquitectura moderna, y un viaje a Capadocia, en Turquía, famosa por sus paisajes y recorridos en globo aerostático.
En la noche de este domingo 22 de febrero un hecho de gran magnitud llamó la atención en Girón, pues un incendio afectó el patio de Metrolínea, servicio público que opera en Bucaramanga y su área metropolitana, la cual incluye los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.En total resultaron calcinados 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con siete máquinas para extinguir el fuego.Frente a esto, la empresa Metrolínea S.A. informó que el incendio ocurrió al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón.De acuerdo con el comunicado emitido, el hecho fue atendido de manera inmediata por los organismos de socorro y no dejó personas lesionadas ni daños en la infraestructura principal.Según los reportes preliminares de las autoridades, el incendio afectó algunos vehículos antiguos que se encontraban en el portal y que pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.La entidad destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una respuesta coordinada entre el Cuerpo de Bomberos y los organismos de control. La oportuna intervención evitó la propagación de las llamas.De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron daños estructurales en el portal ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades continúan verificando lo ocurrido con el fin de esclarecer las causas del incendio, establecer posibles responsabilidades y cuantificar los daños materiales.Por último la compañía de transporte público expresó su agradecimiento al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades locales y a los equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia.Y, finalmente, la entidad hizo un llamado a los municipios que integran el área metropolitana para “fortalecer el trabajo conjunto en favor de la sostenibilidad y viabilidad del sistema de transporte público, garantizando la seguridad, la continuidad y la calidad del servicio para los usuarios”.
Óscar Ojeda Erazo, alias ‘Leopoldo’, jefe negociador de las disidencias de alias ‘Calarcá’, fue dejado en libertad luego de su captura registrada en Puerto Concordia, Meta, hacia las 5:00 de la tarde del 22 de febrero.La detención se produjo cuando el vehículo de la UNP en el que se transportaba fue requerido por la Policía en un puesto de control. Durante la verificación de antecedentes, las autoridades encontraron una circular azul de Interpol, ya que alias “Leopoldo” es requerido para responder ante la justicia colombiana por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas.Sin embargo, la Fiscalía, a través de la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos, impartió instrucciones para levantar el acta correspondiente y autorizar la continuación del recorrido de alias “Leopoldo”, quien quedó en libertad.Previamente, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habían informado a las autoridades que Ojeda cuenta con amparo presidencial y suspensión de orden de captura, según una resolución de la Fiscalía, al estar vinculado a un proceso de paz como representante y coordinador de la delegación EMBF.
México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.En respuesta a la acción, comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales el lunes.La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.Vuelos cancelados, suspensión de clases, bloqueos vialesEn Puerto Vallarta (Jalisco), uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026.Hasta ahora, al menos 16 estados han reportados bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur).Además de los siete sicarios abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez. También se suman 22 detenidos, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales.Mientras que las clases han sido oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Itsmo de Oaxaca.En el resto del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no suspendió clases, aunque informó que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan presentarse por "problemas de movilidad" en algunas regiones y facultades.La alerta se extendió a la capital mexicana con el traslado al final de la tarde del cuerpo de El Mencho desde el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), escoltado por fuerzas federales hacia los servicios forenses de la dependencia en Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse "informada y en calma" y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.La Defensa mexicana confirmó que la operación contó con "información complementaria" de EE.UU., en el "marco de coordinación y cooperación bilateral".El abatimiento de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los cárteles mexicanos el año pasado declaró como "terroristas". Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.
El incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras cruzarse en trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ha generado preocupación en el sector.El Sindicato de Trabajadores Aéreos en Colombia (Sintratac) emitió un comunicado en el que advierte sobre problemas estructurales que, según la organización, representan riesgos para la seguridad operacional y la sostenibilidad del sistema aéreo nacional.Daniel Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que actualmente el país cuenta con 799 controladores aéreos a nivel nacional. Sin embargo, el sindicato estima que, para soportar la capacidad aérea actual y el crecimiento proyectado, se requerirían entre 1.000 y 1.200 profesionales.“Cualquier desbalance entre la demanda operativa y la disponibilidad de controladores representa un riesgo para la seguridad, la eficiencia, la estabilidad y la operatividad del sistema”, se lee en el comunicado. El sindicato sostiene que el fortalecimiento de la planta de controladores es una condición indispensable para garantizar las operaciones, especialmente en aeropuertos con alta demanda.El sindicato también alertó sobre la creciente concentración de operaciones en aeropuertos como Cartagena, Medellín (Rionegro) y Cali, que enfrentan limitaciones logísticas y operativas para absorber un mayor flujo de vuelos.Según Gallo, la congestión no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado con el aumento del tráfico aéreo y con la coexistencia de operaciones civiles y militares en El Dorado. “Tenemos un aeropuerto militar dentro de un aeropuerto civil, y cuando hay operaciones de orden público, eso congestiona aún más la operación”, explicó.Entre las medidas que el sindicato considera necesarias están la implementación de radares terrestres para el control de superficie, el fortalecimiento de los sistemas de aeronavegación y, nuevamente, la contratación de más controladores.Otro de los puntos de preocupación del sindicato es la posible modificación del sistema de asignación de slots, es decir, las franjas horarias para despegues y aterrizajes, por parte de la Aeronáutica Civil.Gallo confirmó que ya hubo una reunión con la autoridad aeronáutica en la que se les informó que no existe aún un borrador formal, pero que el tema está en estudio. El sindicato insiste en que, más que cambiar el modelo, se debe reforzar el monitoreo y el control sobre el uso de los slots. “Nos preocupa a quién se le van a asignar los nuevos slots, cuál es la capacidad máxima real de aterrizajes y despegues y, sobre todo, qué pasará con las franjas prime”, indicó.Advierten que una supervisión insuficiente puede incrementar la congestión, afectar la previsibilidad del sistema y generar impactos tanto para los usuarios como para los trabajadores.En su comunicado, Sintratac también expresó inquietud frente a la expansión de modelos operativos basados en esquemas de tercerización. Según Gallo, ya existen aerolíneas emergentes que estarían reduciendo costos a través de la precarización laboral.Para la organización, la seguridad y confiabilidad del sistema dependen de personal calificado, con experiencia y condiciones laborales estables. “Fragmentar responsabilidades y debilitar las condiciones de trabajo también impacta la calidad de las operaciones”, advierte el comunicado, a la vez que insiste en que la transferencia de conocimiento a personal no calificado es limitada.El sindicato reiteró su disposición a participar en mesas técnicas con la Aeronáutica Civil para buscar soluciones que fortalezcan la capacidad operativa y la seguridad aérea en el país.
Ya casi termina el segundo mes del año 2026; sin embargo, el calendario llegó con buenas y malas noticias para los trabajadores del país. Si bien Colombia sigue siendo uno de los países con más festivos en la región, dos puentes tradicionales ya no serían tal y como los conocemos, lo que representaría un golpe para las temporadas altas.En el país existe una norma llamada Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, que obliga a que la mayoría de festivos se trasladen al lunes para incentivar el descanso y darle un impulso al turismo.De hecho, según lo revelado por Bloomberg, Colombia lidera en número de festivos en Latinoamérica, superando a países como Chile (17), Argentina (16) y Perú (16). Por lo tanto, en Colombia habrá 18 festivos, uno más que en 2025. Sin embargo, los festivos de alta importancia histórica o religiosa no pueden ser movidos y se debe respetar el día en que caen; esto evita que se presenten los fines de semana largos.Dos puentes en 2026 sufrirán fuerte cambio ¿Qué pasó?Para 2026 se presentarán ajustes en dos fechas importantes que, por tradición, han sido de las más aprovechadas por los colombianos para descansar:Día de la Ascensión: en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. En 2026 será el lunes 18 de mayo. Aunque sigue siendo puente, cae en un periodo ordinario, lo que podría reducir su impacto turístico.Día de las Velitas (Inmaculada Concepción): en 2025 permitió descanso el 6, 7 y 8 de diciembre al caer lunes. En 2026 será martes, eliminando el puente largo de inicio de Navidad.El primero de los puentes afecta las vacaciones de mitad de año, mientras que el segundo impacta las fechas de fin de año, usadas por millones de colombianos para el descanso familiar.¿Cuáles son los meses con más descanso en 2026?Este año, de los 18 festivos que se celebran en Colombia, 11 se moverán al lunes, por lo que el panorama de puentes largos sería el siguiente:Marzo: lunes 23 (San José).Abril: jueves 2 y viernes 3 (Semana Santa).Mayo: viernes 1 (Día del Trabajo) y lunes 18 (Ascensión).Junio: tres puentes consecutivos.Julio: lunes 20 (Independencia de Colombia), regresa el puente tras siete años.Agosto: lunes 10 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción).Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).Noviembre: lunes 2 (Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).Diciembre: viernes 25 (Navidad), que se une al fin de semana.Mayo, junio y agosto concentran la mayor cantidad de pausas. En contraste, febrero y septiembre no tienen ningún festivo.Por lo tanto, este año habrá más oportunidades de descanso; sin embargo, dos puentes que muchos colombianos suelen aprovechar perderán protagonismo, por lo que deben tener en cuenta los cambios que se presentarán debido a estos ajustes en el calendario.
Desde Cartagena, el procurador Gregorio Eljach rechazó las recientes declaraciones y publicaciones en las que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la legalidad y transparencia de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales programadas para este 8 de marzo.Para Eljach, no hay respeto ni derecho a cuestionar, además, a las entidades de control que acompañan el proceso."Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento", aseveró Eljach.El jefe del Ministerio Público contó que este miércoles tendrá una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para evaluar las tareas alrededor de la jornada electoral."Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan, está bien, decimos que está bien", detalló.Más temprano, Eljach dijo que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades o fraude, como lo ha mencionado Petro en varias ocasiones.Por su parte, Penagos, la semana pasada, también había pedido respeto por el trabajo de las entidades que, insistió, son independientes."Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera", afirmó el funcionario.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
El viceministro de Comercio Exterior, Tito Yepes, se refirió a las negociaciones con Ecuador en el marco de la guerra arancelaria y el decreto del Gobierno colombiano que responde recíprocamente a los aranceles anunciados por el presidente de ese país, Daniel Noboa.“Ya se iba a firmar por el presidente, pero se revisó para blindar jurídicamente al Estado, ahora estamos a la espera. Hemos hecho demandas ante la Comunidad Andina. Ecuador se inventó esa tasa de seguridad y eso es un arancel y está prohibido dentro de lo acordado. Hemos hecho dos demandas de diferente tipo y ya fueron aceptadas por el tribunal para su estudio. Son procesos largos y estamos esperando señales positivas de Ecuador para que dialoguen de nuevo con nosotros”, dijo.Cabe mencionar que Ecuador respondió a las demandas anunciando tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Argumentan “vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional” y agregan que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.Colombia aplicó aranceles del 30 % a 23 líneas de productos provenientes de Ecuador, entre ellos arroz, fríjol, plátano y pescado. El Gobierno también anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia ese país.Ahora será la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) la encargada de evaluar si estas decisiones contravienen lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, que contempla el libre comercio intracomunitario con arancel cero. En caso de encontrar irregularidades, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podría ordenar que se retiren los gravámenes e incluso habilitar la imposición de sanciones comerciales.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que apenas tres de las 23 medidas técnicas recomendadas a la Aeronáutica Civil han sido implementadas para aumentar la capacidad de operaciones por hora en la principal terminal aérea del país.El origen de esta discusión se remonta a 2023, cuando un monitoreo técnico concluyó que, si se aplicaban 23 acciones de corto, mediano y largo plazo, el Aeropuerto Internacional El Dorado podría alcanzar hasta 100 operaciones por hora. Esto significaría un aumento del 47 % en su capacidad, una cifra clave para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Colombia.Sin embargo, según la IATA, el avance ha sido mínimo: además de las tres medidas ya ejecutadas, solo seis más están en proceso, mientras que el resto no registra progresos concretos. Para el gremio, que representa a más de 360 aerolíneas y cerca del 85 % del tráfico aéreo mundial, la operación actual es insuficiente frente al panorama operativo que enfrenta el aeropuerto.Uno de los puntos más sensibles es la gestión de los llamados “slots”, es decir, las franjas horarias de despegue y aterrizaje. La IATA insiste en que se debe implementar un sistema de monitoreo alineado con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), utilizados globalmente para organizar la operación en aeropuertos congestionados.Sin embargo, antes de tener en cuenta las medidas, la Aerocivil anunció que trabaja en una nueva política para la asignación de slots en El Dorado, decisión que ha generado inquietud en el sector aéreo, lo que representaría consecuencias directas para los viajeros y la economía del país."La demanda para el transporte aéreo en Colombia sigue siendo fuerte, pero la capacidad en los principales aeropuertos, especialmente en Bogotá, sigue estando severamente limitada. Existen medidas claras que pueden mejorar la eficiencia de inmediato en El Dorado, e instamos a las autoridades y al operador aeroportuario a actuar con antelación. El cumplimiento integral de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) por parte del gobierno sigue siendo esencial, incluyendo los procesos de monitoreo de slots”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.Entre los riesgos señalados están menos opciones de vuelo, lo que limitaría rutas disponibles; aumento en los precios de los tiquetes debido a una menor oferta; debilitamiento de los enlaces comerciales, especialmente en el transporte de carga como flores y productos perecederos; y una posible caída del turismo.Además, la IATA aseguró que el hecho de que se presente una menor conectividad podría restarle competitividad a Colombia frente a otros centros regionales como Panamá o São Paulo. En 2025, más de 47 millones de pasajeros viajaron por Colombia, consolidando al país como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica y un centro creciente de comercio e inversión.
Las autoridades encontraron este lunes a los tres soldados colombianos que desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de las Farc en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos."Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados", detalló el Ejército en un comunicado.Los uniformados desaparecieron tras los enfrentamientos en la vereda (aldea) Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.Una vez fueron hallados, el Ejército le informó a las familias de los soldados, que "estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos".En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.El EMBF, entre tanto, surgió de la ruptura de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.
La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.
Luego de 25 años, se cierra un capítulo de una larga y prolongada espera en la búsqueda de Orfanid Torres Collo por parte de su familia, que nunca perdió la esperanza de encontrar a su ser querido en Huila.Hoy esa incertidumbre terminó para esta familia oriunda del municipio de La Plata, en el occidente del Huila, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) les hiciera entrega digna del cuerpo de su hija y hermana.“En el marco de la investigación humanitaria extrajudicial que se adelantó en la quinta fase de intervención sobre el Cementerio Central de Neiva, en sitios en tierra, se tenía conocimiento del caso de Orfanid Torres Collo. Este caso fue un reto para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, territorial Huila, por las complejidades de su identificación”, señaló Ángela Patricia Cordon Quintero, investigadora de la UBPD – Huila.Según el testimonio de su familia, Orfanid salió muy joven de su hogar en La Plata y mantuvo comunicación ocasional hasta el año 2000. Desde entonces, no volvieron a tener noticias ciertas sobre su paradero.Durante la cuarta fase de intervención en el Cementerio Central de Neiva, desarrollada entre el 9 y el 21 de diciembre de 2024, con el acompañamiento de personas firmantes del Acuerdo de Paz, se recuperó el cuerpo de Orfanid, quien había sido sepultada como persona no identificada en este camposanto.Para su identificación fue fundamental el trabajo previo de investigación con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros y las familias buscadoras, así como el proceso técnico y forense adelantado por la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, que permitió confirmar plenamente su identidad.“Este resultado fue posible gracias a la articulación interinstitucional que permitió llevar a cabo la entrega digna, junto con el apoyo de entidades municipales, para que la familia pudiera cerrar este ciclo de zozobra al conocer qué ocurrió con su ser querido”, indicó la profesional de la UBPD.A la fecha, en siete intervenciones realizadas en el Cementerio Central de Neiva, se han recuperado al menos 97 cuerpos de personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en medio del conflicto armado.
En un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se declaró responsable al Estado por la tragedia de Mocoa que dejó un trágico saldo de 700 personas muertas y arrasó 17 barrios, además de daños incalculables en viviendas, infraestructura y medios de subsistencia. En ese sentido, señaló el Tribunal que era presivible y evitable y que varias autoridades estatales omitieron adoptar medidas de prevención.Aquí el tribunal fue tajante y declaró responsable de manera solidaria a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corpoamazonía, al Departamento del Putumayo y al municipio de Mocoa porque para el Tribunal incurrieron en una "omisión multiple y concurrente" al no ejecutar acciones de forma adecuada de la gestión del riesgo e implementar sistemas de aleta temprada ante una eventual calamidad."El fallo resalta que, pese a que distintas entidades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, el Tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos", se lee en el fallo.Ahora, en términos de dinero, la millonaria indemnización que deberán pagar la UNGRD y las demás entidades asciende a más de 89.000 millones de pesos.Según el fallo del Tribunal, "se debe pagar una indemnización de sesenta y tres mil ciento cuarenta y ocho (63.148) salarios mínimos legales mensuales vigentes al grupo afectado".Esta sentencia reconoció los perjuicios morales y materiales para las cientos de víctimas que enlutó al país entero en 2017, por ello, el Tribunal acogió el criteiro de indemnización colecitva fundamentato principalmente en la gravedad del suceso.Esta acción de grupo accede a las pretensiones y ordena la reparación de los daños que sufrieron las víctimas, sin embargo, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca viene conociendo e igualmente a condenado al Estado por fallas en el sistema de alertas tempranas, instauradas por las personas afectadas por la avalancha.
La Cooperativa de Caficultores de los Andes, una de las organizaciones solidarias más importantes del suroeste antioqueño, retomará sus operaciones. La decisión habilita a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para firmar y acompañar el acuerdo de acreedores que garantiza el rescate de la entidad, después de casi seis años en proceso de liquidación.La reapertura se da tras meses de trabajo técnico y jurídico entre los ministerios de Hacienda, Agricultura, la Superintendencia de Economía Solidaria y la FNC. Fruto de ese proceso, el Gobierno nacional dio viabilidad al acuerdo de acreedores que ahora será tramitado ante la Asamblea correspondiente, para firmar un acuerdo final.María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, indicó que es un acuerdo histórico pues, por primera vez, un sector solidario sale de un proceso de liquidación. “Esta decisión recupera el sistema cooperativo cafetero para los pequeños productores y devuelve la gobernanza a sus verdaderos dueños”, aseguró.El acuerdo garantiza que los caficultores, especialmente los pequeños, que representan el 79 % de las 3.907 familias protegidas, no perderán sus tierras ni enfrentarán embargos derivados de decisiones ajenas a ellos. Además, preserva el patrimonio, la infraestructura y el futuro de la entidad.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y aseguró que el Estado acompañará el proceso para garantizar total transparencia en la ejecución del acuerdo y la reactivación administrativa de la cooperativa.“Este acuerdo protege a casi 4.000 familias cafeteras y asegura que la tierra y la gobernanza regresen a quienes producen el café”, afirmó.De igual forma, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó el hito como un logro para la dignificación del trabajo cafetero y la protección de las comunidades rurales. “Este es un logro de la política pública del Gobierno Nacional en defensa de las comunidades rurales, de la protección del productor y de la dignificación del trabajo cafetero en Antioquia y en todo el país. Hoy se da un paso decisivo para rescatar un activo social fundamental y devolver la tranquilidad a miles de familias que viven del café”, señaló la ministra.Lo que sigue para los caficultoresCon la luz verde del Comité Nacional de Cafeteros, el proceso entra ahora en su fase operativa: ejecución del acuerdo económico, restablecimiento de actividades y reactivación completa de la cooperativa.Tras años de incertidumbre, la reapertura permitirá recuperar beneficios, estabilidad comercial y acompañamiento técnico para miles de familias cuya economía depende del café.La Cooperativa de Andes, fundada en 1961, vuelve así a ponerse en pie como un eje solidario clave para la caficultura regional y un símbolo de que es posible recuperar las organizaciones construidas por las comunidades campesinas.
Más de 200.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado serán desplegados en Colombia para brindar garantías de seguridad para el proceso electoral del 2026, que incluye las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República.Así lo aseguró este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en una reunión con la Procuraduría, la Registraduría Nacional —encargada de la organización de los comicios— y altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía.Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda que tendrá lugar el 21 de junio en caso de ser necesaria.En ese sentido, Sánchez reiteró hoy el compromiso del Estado con la protección del proceso democrático, por lo que dijo que más de 130.000 integrantes de las Fuerzas Militares y cerca de 70.000 de la Policía estarán desplegados en el marco del 'Plan Democracia'."La fuerza pública es la columna vertebral moral de la democracia. La garantía de ello es la legitimidad y es lo que nos diferencia de los ilegales", afirmó el jefe de la cartera de Defensa, citado en un comunicado de su despacho.Las entidades participantes subrayaron la necesidad de fortalecer la denuncia ciudadana y enfrentar los fenómenos que afectan la transparencia electoral, así como las amenazas de organizaciones criminales que buscan influir en la participación."Alias 'Mordisco' amenazó a la democracia. Dijo que no iba a permitir que los colombianos (…) pudieran ejercer el derecho al voto. Por ello, la invitación es a que nos suministren información para llevarlo a la justicia", agregó.La semana pasada, el jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', reapareció en un video en el que amenazó con interferir en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en las regiones donde el EMC tiene presencia."Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas", afirmó.En su mensaje, el jefe guerrillero acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de "declarar la guerra contra las FARC", de perseguir a líderes sociales y de gobernar "con la derecha", pese a liderar un gobierno de izquierdas.
El presidente Gustavo Petro ofreció este martes 25 de noviembre una rectificación pública y disculpas por la frase que pronunció durante un consejo de ministros, cuando aseguró: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlos, pues será una gran mujer”. Sus palabras habían generado fuertes críticas por parte de organizaciones de mujeres, sectores políticos y ciudadanía.“Rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada pero científica y que al hacerlo di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse, la grandeza integral de las mujeres”, dijo.Petro ofreció disculpas directas a Tatiana Echavarría Arango, quien interpuso la acción judicial que motivó el pronunciamiento, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas. “Presento mis excusas. (...) Siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”, expresó.El mandatario reiteró que su convicción es que ninguna mujer debe ser valorada de manera fragmentada.“Quiero que quede claro mi convicción profunda en que ninguna mujer debe ser mirada, tratada ni valorada de forma fragmentada. Ninguna es solo su cuerpo, ninguna es solo su mente. (...) Cada mujer es un universo entero y merece que se la nombre como un ser total, digno y libre”, agregó el presidente.Por otro lado, en el consejo de ministros de este martes, el mandatario anunció que realizará un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias, revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.“Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, afirmó durante el consejo de ministros.
El presidente Gustavo Petro insistió en que Ecopetrol debe vender rápidamente el negocio de fracking en Estados Unidos, porque, si ese país incluye a la petrolera estatal en la Lista Clinton, Oxy podría quedarse con la totalidad del Permian.La alerta la hizo ante los dirigentes sindicales de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, el mandatario defendió su propuesta de vender el Permian, ese negocio de fracking, pues, además de las razones ambientales, tiene razones prácticas.Sugiere el presidente que Ecopetrol está en riesgo de perder esas inversiones en medio de lo que ha significado su inclusión en la lista Clinton, o lista Ofac.“La señora ya debe estar mirando el tema Trump; entonces, si a Ecopetrol lo sancionaran, si pasaran a hacer lo de Venezuela ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso. Creo que la señora de Oxy que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian ganando”, dijo.La señora de Oxy a la que se refiere es Vicky Hollub, la CEO de Occidental Petroleum, socio de Ecopetrol en el negocio del Permian; ella criticó duramente al presidente Gustavo Petro cuando la compañía se bajó del proyecto Oslo, en el que Ecopetrol y Oxy iban a comprar los activos de una compañía de fracking en Estados Unidos que se llama CrownRock.El presidente Gustavo Petro vetó la transacción y eso terminó con la salida de cuatro miembros de la junta directiva, entre ellos Mónica de Greiff.“Ahí hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema Ofac. Antes también, porque nosotros ya no recuperamos la inversión, ya no vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió: los 1.500 millones de dólares ya no lo vamos a tener”, reiteró Petro.El pasado 20 de noviembre, BLU Radio reveló que un sector de la USO se reunió con el presidente Gustavo Petro para impulsar esa propuesta de que Ecopetrol venda su participación en el campo de fracking Permian, en Estados Unidos.Ese grupo entregó a Petro un informe crítico sobre el negocio, el mismo que él ha usado públicamente para argumentar que el Permian sería poco rentable. La reunión también mostró la cercanía entre esa facción sindical y movimientos antifracking que respaldaron a Petro en campaña.
El Banco Agrario es el sexto con más utilidades del país y el público con más activos. Ha sido presidido por Hernando Chica Zuccardi desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, quien ya había trabajado durante su Alcaldía de Bogotá como vicepresidente de ETB.Pero el vínculo más antiguo y estrecho de Chica con el círculo de poder del presidente ha sido por el lado Alcocer. Tiene una vieja amistad con Verónica Alcocer. A ambos, nacidos en Sincelejo, los unen puentes entre parientes que han hecho política en el departamento de Sucre. En ese contexto, la primera dama fue la gran promotora de su desembarco en el Banco Agrario en 2022.El contenido de esta investigación demandaba iniciar necesariamente con este vínculo, pues es la semilla que explicaría los hechos y la documentación que Mañanas Blu 10:30 encontró del Banco Agrario y la familia Alcocer.Verónica tiene dos hermanos: María Teresa Alcocer y Juan Carlos Alcocer. Ellos son los principales dueños de unas empresas que solicitaron varios créditos al banco y fueron beneficiados con un contrato de arrendamiento de una sucursal bancaria. Al menos, uno de los créditos sabemos que fue desembolsado y los otros están estancados porque funcionarios del banco se han negado a aprobarlos, a pesar de las presiones que habría habido para hacerlo.Los créditos que no han sido aprobados son porque hay personas que tienen claro que son negocios que suponen un alto riesgo reputacional para el banco. Así lo reflejan documentos que lo concluyen y consigan antecedentes cuestionables en el marco de aprobar créditos que hallaron de María Teresa Alcocer y su esposo Carlos Gutiérrez.Un negocio inmobiliario de 8.000 millonesConocimos un mail del 23 de noviembre del 2022 que Andrés Niño Castrillón, quien en esa fecha era el jefe de alianzas estratégicas de la vicepresidencia de banca agropecuaria, le manda a Jairo Humberto Avellaneda, jefe de estructuración de negocios de la misma vicepresidencia, y a otros funcionarios. El mail describe con detalle un negocio que se estructuraría con empresas de la familia Alcocer financiado con dos créditos.Niño manda el mail un día después de una reunión que habría tenido con "Luis Eduardo", como él mismo lo cuenta. El "Luis Eduardo" del correo sería Luis Eduardo Olmos, gerente de ventas de banca agropecuaria, quien era su jefe directo.El negocio se diseñó con dos créditos: uno de 4,236 millones para PRAGA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. y otro de 3,767 millones para FEMA REFORESTACIONES S.A.S. En esa fecha, según documentos de Cámara y Comercio, los hermanos Alcocer (María Teresa y Juan Carlos) tenían el 89,8 % de las acciones de PRAGA y María Teresa el 25% de las de FEMA y otro 25% su esposo Carlos Gutiérrez.El esquema consiste en crear una fiducia con activos de dichas empresas que servirían como garante de los créditos. A su vez, FEMA y PRAGA tienen contratos de comodato con CENTUM BUSINESS BUILDING, otra empresa de la familia Alcocer. En el edificio donde queda CENTUM, estas empresas (FEMA y PRAGA) son dueñas de unos pisos que se alquilan. Los contratos de esos alquileres los administra INALCA COLOMBIA S.A.S.En todo este enroque entre empresas, el Banco Agrario se aseguraría el pago del capital y los intereses porque el flujo de dichos arriendos entraría directamente al banco. En el mail se puede apreciar y entender de manera concreta el esquema que Andrés Niño describe con el cuadro y los pasos de la operación.En principio, aprobar estos créditos en sí mismo no representa ningún delito. Hasta ahora, el mayor reparo sería reflexionar si es ético aprobar un apalancamiento inmobiliario para familiares del presidente a través de la banca pública, y si esta no debería ser siempre fiel a su misionalidad de ser un banco de fomento agropecuario y no para negocios inmobiliarios en el norte de Bogotá.Hasta el día de hoy, confirmamos que estos dos créditos no han sido desembolsados, mientras hay otro que sí fue aprobado y desembolsado para una de estas empresas. Varios funcionarios se han negado a darles la aprobación final por el alto riesgo reputacional que implicaría para el banco.Crédito de 5.000 millones para FEMATenemos otro mail con un patrón similar al anterior. Solo que se trata de una operación menos compleja. Es un correo del 14 de marzo del 2023 que llega al área de Estructuración de Créditos, y hace parte de los pasos para "darle viabilidad técnica y financiera" a la solicitud de un crédito de 5.000 millones para AFORESTAR SAS, FEMA REFORESTACIONES SAS y Nelson Eduardo Silva. El plazo de pago sería de 72 meses y tendría la participación de Finagro en la financiación.FEMA, como ya lo explicamos, es de la familia Alcocer, y es dueña del 90 % de AFORESTAR SAS. Es decir, este crédito también tendría como principales beneficiarios a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer.De este crédito no tenemos la certeza de si a la fecha ha sido aprobado o no. Lo que es claro es que se solicitó y que surtió pasos entre varios funcionarios para ser estructurado y analizado.Crédito aprobado de 898 millones para los AlcocerEn el sistema interno del Banco Agrario llamado Cobis, que es donde se registra la relación, las obligaciones y el estado actual de los clientes con la entidad, es posible evidenciar qué tipo de servicios o créditos existen.La empresa ALIADOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS SAS ZOMAC registra un endeudamiento (crédito) con el banco por 898 millones. Es decir, hablamos de un crédito que fue desembolsado. Y como consta en el acta de Asamblea de Accionistas del 2023 de la empresa, sabemos que el 100 % de las acciones de ALIADOS son de FEMA REFORESTACIONES SAS. Nuevamente, es una empresa de los Alcocer.A esta altura, es evidente que existe un enroque contractual y accionario entre las mismas empresas y personas que posibilita el fraccionamiento de créditos y servicios financieros con el banco. Sea deliberado o no, es más probable obtener créditos si lo solicitan varias empresas y por menos montos que una por uno demasiado grande.El área comercial levantó alertasTenemos documentos elaborados por una dirección comercial y otros funcionarios del banco que advierten al área de Sarlaft sobre antecedentes de la familia Alcocer y el riesgo reputacional para el banco que puede suponer aprobar el crédito de 8 mil millones para FEMA y PRAGA.En uno de ellos, el funcionario del banco describe la composición accionaria de las empresas y anota el monto de su capital social. A continuación, explica que ¨procedió a realizar una búsqueda de información de las personas, empresas, accionistas, grupo de relacionados, etc., encontrando una serie de noticias que inquietan tanto desde el punto de vista comercial como desde la ampliación de riesgo reputacional para el banco¨.El documento contiene links de noticias y escándalos en los que estuvieron involucrados María Teresa Alcocer y Carlos Gutiérrez:Hay una columna de Daniel Coronell en SEMANA sobre un proyecto La Conejera.Hay información y links relacionados de empresas que salieron de la lista de los Panamá Papers y habrían tenido a María Teresa Alcocer cómo "gestionadora de red de empresas".Hay una investigación de Armando Info en el que relaciona a Carlos Gutiérrez con Alex Saab.El funcionario remata su informe dejando clara su postura: "Basado en la información relacionada le solicito a la gerencia de Sarlaft la Matriz de Riesgo Reputacional (...) de parte de esta Dirección Comercial se deja constancia del riesgo reputacional en que puede incurrir el banco, razón más que suficiente para abstenerse de emitir un concepto comercial favorable para la presentación del negocio¨. El documento es contundente: no se debería aprobar el crédito.Acá se debe hacer dos precisiones importantes. Una, los hechos que el documento relaciona no comprometen ni vinculan a estas personas con delito alguno. Es solo un instrumento interno que tienen los bancos para conocer a fondo al cliente. Dos, este ejercicio de alerta no significa que el crédito no debe ser aprobado. Es un mecanismo de alerta y un concepto que le llega a las áreas de control y análisis de los créditos para ser aprobados.Publicamos también otros informes internos de funcionarios distintos que van en la misma dirección al detallado anteriormente. Hay otro informe que define el riesgo reputacional del negocio como "alto" para el banco.Todo esto adquiere un matiz y un cuidado especial porque estamos hablando de PEPs. Los Peps son Personas Expuestas Políticamente (PEPs), individuos con posiciones influyentes y de riesgo de corrupción. Individuos que ocupan o han ocupado altos cargos públicos (políticos, militares, funcionarios de bancos centrales, familiares cercanos) y, por lo tanto, son más susceptibles a estar involucrados en corrupción.¿Por qué son importantes? El sistema financiero y otras entidades deben someterlas a un tratamiento especial para prevenir delitos de corrupción y lavado de dinero. En conclusión, los hermanos de Verónica Alcocer claramente entran en esa categoría y deben ser sometidos a controles mucho más estrictos que a los demás.Arriendo de una sucursal del banco para los AlcocerEl interés de la familia Alcocer con el Banco Agrario durante este gobierno no se limitó a tener productos financieros y solicitar créditos. Lograron un contrato de 3,669 millones de arrendamiento por diez años. El banco trasladó, con la firma de Álvaro Fernando Arias, la sucursal que había en la calle 100 con carrera 17 en Bogotá y la pasó en marzo del 2025 a la calle 100 con carrera 49.Esta sede se encuentra en el primer piso de un edificio grande y moderno abajo de la autopista en el costado sur de la calle 100. Es el mismo edificio donde están las oficinas de CENTUM BUILDING BUSINESS. Allí mismo, FEMA y PRAGA tienen varios pisos que alquilan.Uno de esos locales se los arrienda CENTUM al Banco Agrario por un canon de 30 millones al mes, a través de INALCA que administra los contratos. Como ya lo contamos, en todas estas empresas aparecen María Teresa y Juan Carlos Alcocer como mayores accionistas.Es decir, en el mismo edificio (CENTUM) con el que se diseñó el negocio inmobiliario de 8.000 millones a través de dos créditos y varias empresas de los Alcocer se relocalizó una sucursal del Banco Agrario y se firmó un contrato por diez años de 3,669 millones.