Desde el próximo 1 de abril comenzará a implementarse en Colombia el nuevo modelo de pasaportes. El anuncio se hizo en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, y otros funcionarios presentaron las nuevas libretas que empezarán a ser expedidas.El proceso de producción tendrá cuatro fases. El documento es elaborado inicialmente por la Casa de la Moneda de Portugal. Luego es trasladado a Colombia y, en virtud de un contrato por 13.000 millones de pesos firmado por la Imprenta Nacional, las libretas son transportadas desde el Aeropuerto El Dorado hasta la sede de la entidad. Allí cada pasaporte es cosido y personalizado con los datos biográficos y biométricos de los ciudadanos, además del respectivo grabado de seguridad. Posteriormente, en el marco del contrato de transporte, son distribuidos a los distintos puntos de entrega en el país.El secretario jurídico de la Cancillería, Uberney Marín, se refirió al estado legal del convenio para la elaboración de los documentos y aseguró que el proceso avanza sin inconvenientes. “En este momento se adelanta el proceso sin ningún contratiempo y jurídicamente ya están en ejecución los contratos, son válidos y están en perfecta ejecución”, afirmó.Según lo pactado en el acuerdo con Portugal, en un plazo de diez años la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, incorporando la tecnología y el conocimiento transferido por ese país europeo.Con este nuevo esquema, después de más de una década, la empresa Thomas Greg & Sons dejará de producir estos documentos. La compañía ha estado en el centro de una controversia con el Gobierno, en medio de cuestionamientos del presidente Petro, quien ha señalado a la firma en el marco de presuntas irregularidades electorales.La canciller Rosa Villavicencio aclaró que los pasaportes actualmente vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los ciudadanos no deberán cambiar el documento de manera inmediata, salvo que esté próximo a expirar.
Roy Barreras abre su camino para las elecciones del próximo 8 de marzo y, en su charla con el panel de Blu Radio, el candidato habló sobre el problema de las drogas en el país y la difícil situación diplomática que enfrentó Colombia con Estados Unidos tras los rifirrafes entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.Barreras fue tajante y afirmó que se presentaron contradicciones en el escenario internacional. Su postura busca combatir a las mafias con la fuerza del Estado, pero primero es necesario revisar una guerra que por décadas ha dejado miles de muertos y ha fracasado.Barreras afirma que EE.UU. debe tener gesto con ColombiaColombia ha enfrentado meses difíciles, donde la disputa en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump puso al país contra las cuerdas y no es para menos, pues Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha contra las drogas.Para Estados Unidos, el gobierno de Petro no hizo más que permitir que el narcotráfico creciera sin control y eso llevó a Trump a imponer sanciones contra Colombia y su presidente, entre ellas incluir a Petro en la lista Clinton.Ante eso, Barreras defendió una postura pragmática con Estados Unidos, misma que espera esté basada en respeto y en canales diplomáticos, y no en redes sociales como ocurrió anteriormente. De hecho, criticó que al presidente colombiano se le haya vinculado con señalamientos sin derecho a la defensa y apuntó: “Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton”.De acuerdo con Barreras, la soberanía es una línea roja que no se debe cruzar; aun así, insistió en que Colombia debe mantener relaciones inteligentes con EE.UU., China, Europa y Asia. “No por Twitter ni por agresiones verbales”, dijo, al subrayar que la prioridad debe ser el bienestar de los colombianos.Roy Barreras aclara su postura sobre las drogasBarreras fue tajante al referirse a la relación entre política y crimen. “Cualquier político que reciba plata de la mafia es cómplice de los crímenes de los narcotraficantes”, afirmó. Para él, el narcotráfico es “una maldición que destruye todo lo que toca” y no puede seguir siendo tratado como un mal inevitable.En ese escenario, defendió una respuesta fuerte del Estado: persecución directa a las organizaciones criminales, fortalecimiento de la capacidad operativa y leyes de sometimiento a la justicia. “Ojalá se sometan, pero si no, el Estado tiene que ser capaz de someterlos por la fuerza”, dijo, aclarando que no se trata de acuerdos de paz, sino de autoridad legítima.Al mismo tiempo, planteó la necesidad de regular la hoja de coca para quitarles el negocio a las mafias y darle usos medicinales y farmacéuticos. “Ellos ponen la nariz y nosotros ponemos los muertos”, resumió al criticar la hipocresía de los países consumidores.
Confianza total tiene el precandidato presidencial Roy Barreras de cara a las elecciones interpartidistas del próximo 8 de marzo para ir a la contienda de la primera vuelta por la Presidencia de la República y, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró tendría listo el gabinete en caso de ser elegido por los colombianos.Su objetivo será continuar el progresismo que “comenzó con el Gobierno de Gustavo Petro”, del cual hizo parte. Para él su gabinete estaría conformado por diferentes ideales, entre esos, entraría Armando Benedetti, ministro del Interior, a quien considera “un hombre inteligente”. “Me parece que es un gran constructor. No, yo creo que es un hombre que tiene mucho que ofrecer en una campaña, pero no puede porque está de ministro del Interior. Ojalá estuviera en mi campaña”, dijo.Así sería el gabinete de Roy Barreras de ser elegido presidente“El gabinete próximo tiene que ser un gabinete, y será un gabinete de expertos, un experto en hacienda pública. Hay que recuperar la economía, expertos en salud, en educación, hay gente muy buena. Pero le doy dos datos de los perfiles: el 60, no el 50, el 60 % de mi gabinete serán mujeres, porque la brecha de género es enorme. En el consejo de Popayán, por ejemplo, en el consejo de Pasto hay 18 concejales, 17 hombres y una sola mujer. En el eje cafetero hay casi medio centenar de alcaldes, 47 hombres, una sola mujer. Esa brecha de género hay que cerrarla. Y empecemos por darle más espacios de poder a las mujeres en el alto Gobierno”, dijo.Además, que su gabinete será parte de la continuidad del progresismo, pues, bajo su Gobierno, saldrá a flote: reforma agraria, Transición energética, inclusión social, entre otros proyectos.¿Petro sería su vicepresidente?Sí. De acuerdo con Roy Barreras, la persona perfecta para este rol sería el presidente, quien sería capaz de equilibrar y unir, que, además, la ley se lo permite y hasta ahora “no le ha dicho que no”.“¿Quién mejor para representar el legado de Gustavo Petro que Gustavo Petro? Y no está inhabilitado. ¿Usted va a insistir en esa tesis? Claro, porque no está impedido y no me ha dicho que no. Y yo creo que le daría garantía a, a las mayorías y al pueblo petrista de que hay un sello de, de inclusión social con un, con un Gobierno equilibrado de centro”, puntualizó.
Luego de pasar por el Gobierno como presidente del Senado de la República y como embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras entró a la carrera electoral por la Presidencia para tomar el lugar de Gustavo Petro en la Casa de Nariño en este 2026.En diálogo con Recap de Blu Radio, Barreras aseguró que será el encargado de continuar el progresismo que, hasta ahora, ha hecho el Gobierno actual y aseguró que derrotará “la consulta uribista” para convertirse en el encargado de unir nuevamente el país y crear un puente que “acabe con las diferencias”.“Los liberales progresistas, los verdes progresistas, los independientes, la gente que marchó conmigo en defensa del plebiscito por la paz, los que tuvimos plebitusa, no hemos ido a las urnas. Yo voy el 8 de marzo a las urnas convocando a los colombianos a unir al país porque no estamos condenados al radicalismo, ni a los extremos, ni a la opción violenta que propone la extrema derecha. Voy a ir además a derrotar a la consulta uribista”, dijo.De acuerdo con Roy Barreras, él es un candidato de centro y buscará que “en su Gobierno se acabe de la violencia”, por eso, seguirá el legado que ha puesto el presidente Gustavo Petro y por eso buscará reunirse con Iván Cepeda el 9 de marzo, día en el que, según él, habrá ganado la consulta y podrá llegar “un nuevo pacto”.“Yo espero que el 9 de marzo tengan voluntad de diálogo. Han estado muy agresivos injustamente, muy nerviosos tal vez. Han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Muhammad, que yo estoy dividiendo la izquierda. Yo no soy de izquierda, voy a dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista de centro socialdemócrata, eso ha sido toda la vida. Y por supuesto quiero que este país tenga un gobierno de centro moderado, estable, que avance hacia el cambio”, puntualizó.Por otro lado, en medio de la controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia electoral y el llamado de sectores del Pacto Histórico a no participar en la consulta, Barreras marca distancia y fija postura. “Confío totalmente en el sistema electoral. No es perfecto, pero funciona”, sostuvo, recordando que con el mismo mecanismo han ganado y perdido distintos sectores políticos en los últimos años.“Un país desunido no logra avanzar. No le aprobaron las reformas al presidente por la confrontación permanente”, señaló.De cara al 8 de marzo, el exsenador confía en que el voto de opinión —más que “las maquinarias”— definirá el resultado. “La ola que crece es la de quienes no quieren polarización. Esa es la que va a ganar”, afirmó.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
El grupo armado ilegal ELN anunció este 23 de febrero un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, informó el grupo insurgente.En el pronunciamiento, el ELN reiteró su propuesta de un “acuerdo nacional”, el cual —según indicó— estaría abierto a ser discutido “con todo el país, así como también con el próximo Presidente y el nuevo poder Legislativo”. La organización sostuvo que Colombia requiere construir “soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”."Ante el fracaso de la paz total" y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza». Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una «paz electoral"", dice el comunicado.Diálogos con el ELNEl Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela. La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de 2025 tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander.
Luego del operativo encabezado por fuerzas del Ejército mexicano que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, aseguró que el municipio no tenía conocimiento de la presencia del capo en la zona.En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el alcalde subrayó que la localidad —de poco más de 20 mil habitantes y reconocida por su vocación turística— vive momentos de aparente calma, aunque bajo un ambiente de tensión tras los hechos que impactaron no solo a Jalisco, sino a otras entidades del país.“Aquí en Tapalpa ya la situación está en aparente calma; se respira un ambiente tranquilo, pero un tanto tenso después de este operativo con fuerzas del Ejército mexicano”, declaró el alcalde, al referirse al despliegue que se realizó en la zona poniente del municipio, específicamente en el área conocida como el Country Club, a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal.Tapalpa, destino turístico en el centro de la noticiaTapalpa es considerado uno de los destinos de montaña más importantes de México. Ubicado en la Sierra Occidental y a aproximadamente dos horas y media de Guadalajara, el municipio recibe miles de visitantes nacionales e internacionales cada semana.En ese contexto, el alcalde Antonio Morales enfatizó que la naturaleza turística del lugar dificulta conocer la identidad de quienes arriban al municipio. “Recibimos miles de visitantes. Definitivamente no sabemos las personas que arriban aquí, que pernoctan, que se quedan a descansar. Desconocemos quiénes son las personas que de pronto vienen a visitarnos”, afirmó.Sobre si “El Mencho” residía en Tapalpa o solo estaba de paso, el presidente municipal consideró que se trataba de una estancia temporal. “Son personajes que no radican de manera permanente en un lugar, sino que se están moviendo constantemente; seguramente este fin de semana estaba de paso descansando en algún lugar en el bosque”, puntualizó.Efectos colaterales en Jalisco y otros estadosTras la muerte del líder del CJNG, se registraron bloqueos, quema de vehículos y actos de violencia en distintos puntos de Jalisco y en al menos nueve estados del país, incluidos Michoacán, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.Morales reconoció que el impacto fue significativo: “Los efectos colaterales fueron muy complicados, con bloqueo con vehículos, quema de algunos negocios, mucha tensión por parte de la ciudadanía, pero en este momento creo que la parte más difícil ya ha quedado superada”.El edil aceptó que la influencia del CJNG se extiende por diversas regiones del país. “Como en casi todo el país, lamentablemente, hay una influencia visible”, dijo, aunque sostuvo que en Tapalpa no se identificaba una presencia permanente o abierta del grupo criminal en las calles.Seguridad y posible infiltración institucionalUno de los cuestionamientos más sensibles giró en torno a la posible infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas. Sobre un audio que circuló en redes sociales, donde presuntamente “El Mencho” amenazaba a autoridades, el alcalde aclaró que correspondía a otro municipio.Sin embargo, reconoció que un grupo criminal de tal magnitud puede intentar permear instituciones públicas. “Un grupo criminal tan importante como este seguramente permea en las instituciones públicas. Negarlo sería poco creíble”, sostuvo.No obstante, aseguró que desde el inicio de su administración, en octubre de 2024, se han reforzado los controles internos. “He sido muy cuidadoso con el tema de las evaluaciones, capacitaciones y exámenes de control y confianza. Prácticamente todos los elementos cuentan con estos exámenes”, explicó, destacando que la prioridad es mantener a la policía municipal del lado de la ciudadanía.Reacomodos y escenario incierto tras la caída de El MenchoLa muerte del líder del CJNG abre un periodo de incertidumbre en Jalisco y en las zonas donde el grupo criminal tiene presencia. Analistas advierten sobre posibles reacomodos internos y disputas por el control territorial.El alcalde Morales no descartó un escenario complejo: “Estamos a la espera de que ocurran reacomodos dentro del grupo, y seguramente las reacciones van a ser un tanto hostiles, un tanto violentas”, anticipó.Ante ello, señaló que el municipio se mantendrá atento a las indicaciones de las autoridades federales y estatales, al tiempo que buscará transmitir calma a la población. “Nosotros aquí atentos desde nuestro municipio para estar muy vigilantes de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es salir adelante, hacer nuestra vida normal y seguir buscando la forma de que nuestro municipio siga progresando”, concluyó.
La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha conmocionado a México y América Latina, comparándose su relevancia con la muerte de Pablo Escobar en 1993. En medio del caos generado por su abatimiento, ha resurgido una grabación que revela la extrema soberbia y el poder de intimidación que el capo ejercía sobre las autoridades mexicanas a través de llamadas telefónicas directas.El audio de las amenazas: "Soy Mencho, güey"Uno de los registros más impactantes que demuestra la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad ante el CJNG es una llamada dirigida a un capitán de la policía, identificado como "Delta Uno". En la grabación, se escucha a un hombre con voz autoritaria y cargada de insultos decir: "Mira bien hijo de tu puta madre, soy Mencho, güey. Relaja a tu puta gente... si no, te voy a partir tu madre".Durante la conversación, 'El Mencho' demostró tener un nivel de inteligencia superior al de las propias autoridades, afirmando tener identificados a 30 efectivos y advirtiendo que, si no cesaban sus operativos, mataría incluso a sus perros. La respuesta del oficial, lejos de ser desafiante, fue de sumisión, aceptando las órdenes del criminal con un "Ya está, señor, ahorita los bajo", lo que evidencia el control territorial y psicológico que el narco mantenía en zonas como Jalisco.La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EEUUMéxico enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.
La red pública hospitalaria de Santander comenzó a recibir recursos adeudados por la atención en salud a población migrante, luego de varios años en los que no se habían auditado ni girado completamente estos dineros por parte del Ministerio de Salud.Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, quien explicó que al inicio de la actual administración encontraron rezagos significativos en la revisión de cuentas correspondientes a vigencias anteriores.“Durante las vigencias 2022 y 2023 no habían auditado las cuentas de migrantes correspondientes a parte de 2021 y todo el 2024. Además, no teníamos presupuesto en 2024 para hacer esas auditorías”, indicó el funcionario.Según Prada, fue solo hasta 2025, gracias a recursos asignados por la Gobernación de Santander, que se pudo adelantar el proceso de auditoría de estas cuentas, lo que permitió gestionar los pagos ante el Ministerio de Salud.Como resultado, al cierre del año anterior el departamento recibió $94.000 millones, a los que se suman otros $17.000 millones girados recientemente, para un total de $111.000 millones destinados a la red pública hospitalaria.Estos recursos, explicó el secretario, llegaron en un momento clave para las instituciones de salud del departamento, que han asumido la mayor carga en la atención de población migrante.Una de las entidades beneficiadas con estos giros fue el Hospital Universitario de Santander, que recibió cerca de $66.000 millones correspondientes a deudas acumuladas por la atención a migrantes.De acuerdo con el secretario, este desembolso permitió aliviar la situación financiera del hospital y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.Prada recordó que, en muchos casos, las instituciones privadas no atienden a población migrante, por lo que la red pública ha asumido esta responsabilidad.El secretario de Salud aseguró que el departamento continuará con el proceso de auditoría de cuentas para gestionar ante el Ministerio de Salud el pago de los recursos que aún están pendientes. "Seguiremos auditando estos recursos para que el Ministerio nos ayude con los pagos a la red pública que todavía le deben”, puntualizó.
Roy Barreras, candidato a la Presidencia 2026-2030, habló sin titubeos sobre lo que sería su gobierno de ser elegido presidente de Colombia y, aunque todavía espera tener un encuentro con Iván Cepeda en las urnas, también señaló que espera cumplir las promesas que ha sostenido el progresismo durante el gobierno de Gustavo Petro y que no se han concretado por la oposición.Ante esto, Roy Barreras afirmó que el actual gobierno ha dado el primer paso hacia una inclusión social adecuada, dándoles voz a los más vulnerables y, según el candidato, “Colombia es de todos, también del vendedor ambulante, de la madre jefe de hogar, de la madre comunitaria, del desempleado, del campesino, del indígena”; además, sostuvo que Colombia por décadas ha sido un país que ha mantenido en el olvido y en la negación a los más pobres.Y es que, según Barreras, Colombia es el tercer país más injusto del mundo, por lo que el avance que ha tenido el gobierno ha sido clave para establecer cambios en favor de las personas más pobres. Pese a ello, aseguró que su tarea será cumplir lo que no se ha logrado en cuatro años del gobierno de Petro.Roy Barreras cumplirá con lo que Petro no pudoRoy Barreras señaló que, en el primer año en que presidió el Congreso, bajo ese criterio hubo una coalición estable, donde se aprobaron las reformas. Pero tras su salida se han presentado varias confrontaciones entre el Congreso, los gobernadores, los alcaldes e incluso con las cortes, por lo que considera que “un país desunido no funciona. No le aprobaron las reformas al presidente por la polarización”.Ante ello, señaló: “Yo voy a hacer aprobar esas reformas y voy a avanzar en esas reformas sociales, pero también en la reactivación de la economía”.Así mismo, afirmó que respalda el subsidio a los adultos mayores y considera necesario formalizar a las madres comunitarias, y que incluso dará un subsidio de vivienda.Y finalmente indicó que, bajo su presidencia, el campesinado estará protegido, pues va a “reconstruir el Idema como centro de acopio para los campesinos”, con el objetivo de poner a Colombia a producir, dejando claro que, si hay dinero en el país, se podrá pagar la deuda social y poner fin a la desigualdad.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera jornada laboral de este 2026 en Colombia. Ese día millones de colombianos, específicamente 41.287.084, participarán en las consultas interpartidistas y elegirán el nuevo Congreso de la República en todos los puestos de votación que pondrá a disposición la Registraduría en todo el país.Asimismo, cientos de colombianos son elegidos por la Registraduría para hacer el rol de jurado de votación, que, de incumplirse, traerá fuertes sanciones y por eso es importante verificar si usted es o no parte de eso.“Ser jurado es una responsabilidad clave para garantizar elecciones transparentes en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya designó más de 862.000 ciudadanos como jurados para los comicios al Congreso y consultas populares del próximo 8 de marzo de 2026”, indicó el Senado de la República en un comunicado.Link para consultar si es jurado de votaciónSaber si usted fue designado para la jornada electoral no es difícil, de hecho, puede hacerlo a través de su celular en cuestión de minutos con los siguientes pasos:Ingrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.¿Cuál es la multa por no cumplir?De acuerdo con la Registraduría, el que incumpla con esta norma deberá pagar una multa de hasta 10 salario mínimo legales vigentes y pueden perder su trabajo en caso de ser servidores públicos.“En caso de las elecciones de Consejos de Juventud, el joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas”, explicaron.
La Registraduría Nacional realizó una prueba técnica para verificar el funcionamiento de los bolígrafos que se utilizarán en las elecciones del Congreso y en la consulta de precandidatos a la Presidencia el próximo 8 de marzo.La jornada se llevó a cabo en Bogotá con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y auditorías internacionales como IIDH y CAPEL.Durante la prueba, los asistentes marcaron tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta con bolígrafos de tinta negra y morada. Luego sometieron las tarjetas a diferentes pruebas: aplicaron agua, alcohol, thinner, borrador, fuego y aire caliente. También doblaron las tarjetas para revisar si la tinta se traspasaba o manchaba.El resultado, según las autoridades y observadores, fue claro: la tinta no se borra, no se corre y no traspasa el papel. Con esto, la Registraduría busca despejar dudas que han circulado en redes sociales sobre una posible desaparición de las marcas hechas por los votantes.El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que los bolígrafos son de buena calidad y que incluso los ciudadanos pueden usar su propio esfero si así lo desean. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que las pruebas demostraron que la tinta permanece intacta después de aplicar distintos elementos.La Registraduría anunció que esta prueba también se realizará con representantes de las agrupaciones políticas como parte de las acciones para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras cruzarse en trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ha generado preocupación en el sector.El Sindicato de Trabajadores Aéreos en Colombia (Sintratac) emitió un comunicado en el que advierte sobre problemas estructurales que, según la organización, representan riesgos para la seguridad operacional y la sostenibilidad del sistema aéreo nacional.Daniel Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que actualmente el país cuenta con 799 controladores aéreos a nivel nacional. Sin embargo, el sindicato estima que, para soportar la capacidad aérea actual y el crecimiento proyectado, se requerirían entre 1.000 y 1.200 profesionales.“Cualquier desbalance entre la demanda operativa y la disponibilidad de controladores representa un riesgo para la seguridad, la eficiencia, la estabilidad y la operatividad del sistema”, se lee en el comunicado. El sindicato sostiene que el fortalecimiento de la planta de controladores es una condición indispensable para garantizar las operaciones, especialmente en aeropuertos con alta demanda.El sindicato también alertó sobre la creciente concentración de operaciones en aeropuertos como Cartagena, Medellín (Rionegro) y Cali, que enfrentan limitaciones logísticas y operativas para absorber un mayor flujo de vuelos.Según Gallo, la congestión no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado con el aumento del tráfico aéreo y con la coexistencia de operaciones civiles y militares en El Dorado. “Tenemos un aeropuerto militar dentro de un aeropuerto civil, y cuando hay operaciones de orden público, eso congestiona aún más la operación”, explicó.Entre las medidas que el sindicato considera necesarias están la implementación de radares terrestres para el control de superficie, el fortalecimiento de los sistemas de aeronavegación y, nuevamente, la contratación de más controladores.Otro de los puntos de preocupación del sindicato es la posible modificación del sistema de asignación de slots, es decir, las franjas horarias para despegues y aterrizajes, por parte de la Aeronáutica Civil.Gallo confirmó que ya hubo una reunión con la autoridad aeronáutica en la que se les informó que no existe aún un borrador formal, pero que el tema está en estudio. El sindicato insiste en que, más que cambiar el modelo, se debe reforzar el monitoreo y el control sobre el uso de los slots. “Nos preocupa a quién se le van a asignar los nuevos slots, cuál es la capacidad máxima real de aterrizajes y despegues y, sobre todo, qué pasará con las franjas prime”, indicó.Advierten que una supervisión insuficiente puede incrementar la congestión, afectar la previsibilidad del sistema y generar impactos tanto para los usuarios como para los trabajadores.En su comunicado, Sintratac también expresó inquietud frente a la expansión de modelos operativos basados en esquemas de tercerización. Según Gallo, ya existen aerolíneas emergentes que estarían reduciendo costos a través de la precarización laboral.Para la organización, la seguridad y confiabilidad del sistema dependen de personal calificado, con experiencia y condiciones laborales estables. “Fragmentar responsabilidades y debilitar las condiciones de trabajo también impacta la calidad de las operaciones”, advierte el comunicado, a la vez que insiste en que la transferencia de conocimiento a personal no calificado es limitada.El sindicato reiteró su disposición a participar en mesas técnicas con la Aeronáutica Civil para buscar soluciones que fortalezcan la capacidad operativa y la seguridad aérea en el país.
Ya casi termina el segundo mes del año 2026; sin embargo, el calendario llegó con buenas y malas noticias para los trabajadores del país. Si bien Colombia sigue siendo uno de los países con más festivos en la región, dos puentes tradicionales ya no serían tal y como los conocemos, lo que representaría un golpe para las temporadas altas.En el país existe una norma llamada Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, que obliga a que la mayoría de festivos se trasladen al lunes para incentivar el descanso y darle un impulso al turismo.De hecho, según lo revelado por Bloomberg, Colombia lidera en número de festivos en Latinoamérica, superando a países como Chile (17), Argentina (16) y Perú (16). Por lo tanto, en Colombia habrá 18 festivos, uno más que en 2025. Sin embargo, los festivos de alta importancia histórica o religiosa no pueden ser movidos y se debe respetar el día en que caen; esto evita que se presenten los fines de semana largos.Dos puentes en 2026 sufrirán fuerte cambio ¿Qué pasó?Para 2026 se presentarán ajustes en dos fechas importantes que, por tradición, han sido de las más aprovechadas por los colombianos para descansar:Día de la Ascensión: en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. En 2026 será el lunes 18 de mayo. Aunque sigue siendo puente, cae en un periodo ordinario, lo que podría reducir su impacto turístico.Día de las Velitas (Inmaculada Concepción): en 2025 permitió descanso el 6, 7 y 8 de diciembre al caer lunes. En 2026 será martes, eliminando el puente largo de inicio de Navidad.El primero de los puentes afecta las vacaciones de mitad de año, mientras que el segundo impacta las fechas de fin de año, usadas por millones de colombianos para el descanso familiar.¿Cuáles son los meses con más descanso en 2026?Este año, de los 18 festivos que se celebran en Colombia, 11 se moverán al lunes, por lo que el panorama de puentes largos sería el siguiente:Marzo: lunes 23 (San José).Abril: jueves 2 y viernes 3 (Semana Santa).Mayo: viernes 1 (Día del Trabajo) y lunes 18 (Ascensión).Junio: tres puentes consecutivos.Julio: lunes 20 (Independencia de Colombia), regresa el puente tras siete años.Agosto: lunes 10 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción).Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).Noviembre: lunes 2 (Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).Diciembre: viernes 25 (Navidad), que se une al fin de semana.Mayo, junio y agosto concentran la mayor cantidad de pausas. En contraste, febrero y septiembre no tienen ningún festivo.Por lo tanto, este año habrá más oportunidades de descanso; sin embargo, dos puentes que muchos colombianos suelen aprovechar perderán protagonismo, por lo que deben tener en cuenta los cambios que se presentarán debido a estos ajustes en el calendario.
Desde Cartagena, el procurador Gregorio Eljach rechazó las recientes declaraciones y publicaciones en las que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la legalidad y transparencia de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales programadas para este 8 de marzo.Para Eljach, no hay respeto ni derecho a cuestionar, además, a las entidades de control que acompañan el proceso."Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento", aseveró Eljach.El jefe del Ministerio Público contó que este miércoles tendrá una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para evaluar las tareas alrededor de la jornada electoral."Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan, está bien, decimos que está bien", detalló.Más temprano, Eljach dijo que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades o fraude, como lo ha mencionado Petro en varias ocasiones.Por su parte, Penagos, la semana pasada, también había pedido respeto por el trabajo de las entidades que, insistió, son independientes."Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera", afirmó el funcionario.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, tiene estremecido al país. El joven, de tan solo 21 años, fue interceptado el pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, en el Cauca, luego de una presentación musical. De acuerdo con el reporte inicial, hombres armados obligaron a Miguel y a su mánager a bajarse de la camioneta en la que se movilizaban. Sin embargo, el conductor fue quien logró escapar y posteriormente alertar a las autoridades.Desde ese momento, la incertidumbre sobre el bienestar del también joven artista no ha dado tregua. A pesar de los esfuerzos de la familia Ayala y de los mensajes de solidaridad, aún no se conocen detalles sobre su liberación. Giovanny Ayala, notablemente afectado, se ha aferrado a las oraciones y a la esperanza de ver a su hijo sano y salvo.En medio de este escenario, varias voces ajenas a la familia se han pronunciado. Sin embargo, una de ellas generó especial revuelo al asegurar que tenía información sensible sobre el estado actual del joven.Qué dijo la vidente sobre el secuestro de Miguel AyalaSofía del Guercio, conocida en redes sociales como “La bruja más poderosa de Colombia”, realizó una lectura de tarot que dejó un fuerte sinsabor entre sus seguidores. Según la mujer, las cartas mostraron signos de alerta que señalaban peligro y riesgo para la vida del joven.De acuerdo con Del Guercio, aparecieron figuras como La Torre, La Serpiente y El Colgado, símbolos que —según explicó— representan situaciones extremas. “El muchacho está en verdadero riesgo… está en riesgo de ser ejecutado”, afirmó. Además, señaló que el tarot revelaba la participación de las disidencias de las Farc, en especial del grupo Jaime Martínez, tal como lo han indicado las autoridades en sus reportes preliminares.La vidente también habló de un “juicio” en curso, usando cartas como El Juicio y El Diablo para reforzar su lectura. Según ella, Miguel estaría enfrentando un proceso interno por parte de sus captores, lo que haría urgente cualquier gestión de la familia. Sin embargo, mencionó la presencia de una fuerza protectora: “Salió el Padre Eterno… hay algo espiritual cuidándolo”.Del Guercio sugirió que la motivación del secuestro sería principalmente económica, apoyándose en la aparición repetida de la carta de La Rueda de la Fortuna. Aseguró que no se trataría de un ajuste de cuentas, sino de un secuestro con fines extorsivos.Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Miguel. Por su parte, la familia Ayala mantiene la esperanza de que el joven regrese pronto y que el caso no tenga un desenlace lamentable.
La incertidumbre sobre la reforma pensional se prolonga hasta el próximo año luego de que la votación en la Corte Constitucional terminara en empate, forzando la designación de un conjuez (juez temporal) para definir si la ley es declarada exequible (constitucional) o inexequible. Esta dilación se produce después de que la Corte esperara más de un año para tomar una decisión, un tiempo que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, considera que excede el plazo definido por la norma interna de la institución.El empate en la Corte y el nombramiento del conjuezDussán sugirió que existe una marcada "definición política" en este debate, originada por la confrontación entre los sectores representados por el presidente Petro y la oposición, que ha demandado la reforma en múltiples ocasiones. Además, indicó que el magistrado Ibáñez, cuya ponencia inicial pedía declarar la ley inexequible, tiene una "postura política" y ha actuado como vocero de un sector, enfocándose en el procedimiento y no en el texto de la ley, el cual no ha cambiado ni una coma.La Incertidumbre de los traslados y la alerta de AsofondosA pesar de la dilación, el Artículo 76 de la Ley 100 sigue vigente por decisión de la Corte (9-0), permitiendo que las personas se trasladen tranquilamente entre fondos privados y Colpensiones. Al respecto, Colpensiones está preparado para recibir más afiliados y ha visto un aumento en las cotizaciones y la afiliación de jóvenes y mujeres.No obstante, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, expresó preocupación por el efecto de estos movimientos. Al cierre de octubre, cerca de 110,000 personas se habían trasladado de fondos privados a Colpensiones, movilizando aproximadamente 25 billones de pesos. Asofondos ha enviado dos cartas a la Corte Constitucional solicitando la modulación del fallo, independientemente de su dirección.Velasco explicó que si la reforma se declara inexequible, el único piso legal vigente es la Ley 100, la cual obligaría a que estos recursos trasladados se envíen a Colpensiones. Esta situación es alarmante para Asofondos porque Colpensiones es un "vehículo de recursos" que no ahorra, y transferir estos 25 billones de pesos para pagar pensiones actuales "desfinancia las pensiones futuras", generando un aumento en el pasivo pensional y mayor insostenibilidad fiscal. Aunque el monto es grande, Velasco aclara que no implica un riesgo de quiebra para los fondos, cuyos activos totales superan los 500 billones de pesos.El bono solidarioRespecto al bono solidario prometido por el gobierno para 3 millones de adultos mayores en pobreza extrema ($230,000 - $240,000 pesos al día), Andrés Velasco aclaró que este programa no depende de la reforma pensional. El bono es un programa de gobierno cuyo costo anual es de 7 billones de pesos, de los cuales 6 billones provienen directamente del Presupuesto General de la Nación asignado al Departamento de Prosperidad Social.Jaime Dussán confirmó que, si la ley llegara a ser constitucional, parte de los recursos para este auxilio saldrían del pilar solidario, pero también afirmó que ya se hicieron los "contracréditos" necesarios en el presupuesto para pagar la pensión a partir de noviembre a 3.2 millones de personas.Escuche aquí la entrevista:
La Armada incautó 3,5 toneladas de cemento en el Golfo de Urabá, una carga que, aunque a primera vista parece inofensiva, es uno de los insumos más utilizados por las organizaciones narcotraficantes para la producción y camuflaje de cocaína. El material, avaluado en unos 8,7 millones de pesos, era transportado sin la documentación exigida y en una embarcación que no cumplía los requisitos de la autoridad marítima.El cemento es una sustancia altamente vigilada en las zonas donde operan laboratorios de droga. Su función dentro de la cadena del narcotráfico es doble: sirve como agente para compactar grandes cantidades de droga durante el proceso de cristalización del clorhidrato de cocaína y, además, es usado para camuflar cargamentos, mezclarlo con la droga y dificultar su detección por parte de las autoridades. Por eso su transporte irregular en grandes volúmenes es un indicio recurrente de abastecimiento para laboratorios ilegales.La incautación se produjo durante operaciones de registro y control marítimo adelantadas por unidades de Guardacostas de Urabá. Al inspeccionar la embarcación, los uniformados evidenciaron que no tenía certificado de navegación, matrícula ni identificación visible en su casco. Además, transportaba una cantidad de cemento superior a la permitida, lo que encendió las alertas por su posible uso como insumo químico destinado a estructuras dedicadas al procesamiento de cocaína.Los tres hombres que movilizaban la carga, todos de nacionalidad colombiana, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con el material y la embarcación. La Armada indicó que reforzará las operaciones de control marítimo y fluvial en el Golfo de Urabá, una zona que históricamente ha sido corredor de insumos y sustancias sometidas a especial vigilancia por su conexión con la cadena del narcotráfico.La institución reiteró que estas acciones buscan cerrar los canales de abastecimiento de los laboratorios ilegales y proteger los intereses marítimos del país, atacando no solo la droga final, sino también los materiales que permiten su producción y camuflaje en las rutas del Caribe.
El presidente Gustavo Petro, por medio de su abogado Pedro Alejandro Carranza, solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia que impuso controles a las alocuciones presidenciales y que otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de autorizar y supervisar sus intervenciones en televisión.Según la defensa del mandatario, esta decisión convierte a la CRC en un “censor previo” de las declaraciones del presidente, a su consideración, incompatible tanto con la Constitución Política como con la Convención Americana de Derechos Humanos.En el recurso presentado, el abogado sostiene que la sentencia condiciona el ejercicio de la libertad de expresión del presidente a la autorización previa de un órgano administrativo y lo expone “al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica”. A juicio de la defensa, el fallo termina sometiendo una función esencial del —comunicar, explicar y rendir cuentas al país— al permiso de una autoridad no elegida por voto popular.La defensa también cuestiona que el fallo se sustente en un presunto “uso desmedido” de las alocuciones presidenciales, sin aportar estudios comparativos, antecedentes históricos o análisis sobre el ecosistema informativo actual que respalden dicha afirmación.Asegura que no está demostrado que las intervenciones del presidente hayan afectado el pluralismo informativo, ni que la CRC tenga competencias para determinar límites o autorizaciones sobre contenidos de carácter político.“No está demostrado que conferir a la CRC poderes de veto previo e interrupción en vivo sea un medio idóneo para garantizar pluralismo. Por el contrario, el riesgo de que la entidad se convierta en un árbitro del contenido político es evidente, y nada indica que ello aumente la pluralidad de fuentes; puede, incluso, mermarla si desestimula el uso del canal institucional por temor a la censura”, asegura el documento presentado por el abogado Carranza.
Una operación conjunta en zona rural de Ricaurte, Nariño, permitió a tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 2 del Ejército, junto con unidades de la Policía, ubicar y destruir un laboratorio clandestino destinado a la producción de clorhidrato de cocaína. El complejo, escondido entre la espesura de la selva nariñense, operaba como uno de los centros de procesamiento más importantes de la región, según informaron las autoridades tras el operativo.Al ingresar al punto, los uniformados encontraron estructuras acondicionadas para el procesamiento químico del alcaloide, así como insumos, maquinaria, pozos de decantación y hornos que permitían sostener una producción constante. Entre lo incautado se halló una carga de estupefacientes avaluada en más de 3.380 millones de pesos, lista para ser enviada a través de rutas clandestinas que conectan con Centroamérica y los Estados Unidos.De acuerdo con la información recopilada, el laboratorio pertenecía al grupo armado organizado residual Coordinadora Guerrillera Nacional Bolivariana, que utiliza estos corredores para financiar su actividad criminal. La magnitud de la infraestructura evidencia la capacidad logística de la organización, que mantenía un flujo de producción sostenido destinado a mercados internacionales.La destrucción de laboratorios de esta escala no solo afecta la producción inmediata, sino que interrumpe la cadena de distribución, incrementa los costos operativos de los grupos ilegales y limita su capacidad de expansión territorial.Las autoridades resaltaron que este tipo de operaciones continuarán en la zona fronteriza de Nariño, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico en el Pacífico. Aseguraron, además, que el objetivo es desmantelar las economías ilícitas que sostienen a las organizaciones armadas y reducir el riesgo para las comunidades rurales, que suelen ser las más afectadas por la presencia de estos laboratorios.
El exministro del Interior y actual candidato presidencial, Daniel Palacios, ha lanzado una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro por la reintegración del general Juan Miguel Huertas al servicio activo, solicitando que el mandatario lo llame inmediatamente a calificar servicios. Palacios enfatizó que la presencia de Huertas en puestos de responsabilidad, como el comando de personal, pone en riesgo la seguridad operacional y la vida de los miembros del Ejército Nacional.Pérdida de confianza y nexos criminalesDurante la entrevista, Palacios recordó que la salida inicial del general Huertas del Ejército se produjo en mayo de 2022, durante el gobierno del presidente Duque, mediante la discrecionalidad de llamar a calificar servicios. Esta decisión fue tomada después de que se recibiera información "muy muy preocupante" por parte de una agencia internacional.La información apuntaba a sospechas de nexos con grupos criminales o disidencias de las Farc. Según Palacios, la sospecha de traición a la patria o de trabajar con el enemigo, pasando información y poniendo en riesgo las operaciones, fue suficiente para determinar una pérdida de confianza. En ese momento, el general Huertas era el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, operando en la zona de Arauca. Mantenerlo en el cargo no solo ponía en riesgo las operaciones, sino también el trabajo con agencias de inteligencia que se manejaban responsablemente.El reintegro cuestionadoPalacios manifestó su incredulidad ante el criterio del actual gobierno, especialmente porque el presidente Petro "confirmó que agencias internacionales tenían una información muy muy preocupante sobre este general". A pesar de esto, el general Huertas fue reintegrado e incluso propuesto para cargos de alta responsabilidad.El exministro se preguntó cómo un oficial cuestionado por agencias de inteligencia es reintegrado y recibe una posición de responsabilidad como la Dirección de Personal del Ejército Nacional, un cargo que ofrece acceso a información sensible y reservada. Palacios tachó la decisión de irresponsable, indicando que el presidente parece desestimar la información de inteligencia a favor del "capricho del primer mandatario".Huertas no solo ocupa hoy el comando de personal, sino que también fue considerado para comandante del ejército e, inclusive, para director de inteligencia del Ejército Nacional. Palacios sostiene que el riesgo de que este general pase información a grupos terroristas, poniendo en peligro la vida de miles de miembros del Ejército, es inaceptable y debería ser superior a "traer a un general que ya había salido mal del Ejército Nacional".Al abordar el tema de la reintegración de oficiales, Palacios trazó una diferencia "gigante" entre casos excepcionales históricos, como el de Teodoro Campo en 2002, y lo que, a su juicio, es hoy la "regla general": reintegrar a oficiales retirados.El problema, según el exministro, radica en que este gobierno ha priorizado el reintegro de oficiales cuestionados o que salieron por pérdida de confianza, mientras saca a oficiales con experiencia y resultados contra grupos criminales. Palacios también resaltó la diferencia entre salir de las fuerzas para hacer política, versus salir para hacer política y luego regresar a la fuerza.Señaló que generales como Huertas y Salamanca fueron fichas claves en la campaña de Petro. Si bien Palacios afirmó que hacer política después de salir del servicio no es inherentemente malo, lo inadmisible es reintegrar a oficiales cuestionados sobre quienes ya existían reportes de inteligencia.El exministro reiteró que la sospecha de traición a la patria ya existía, por lo que el presidente debería llamar a calificar servicios a Huertas para evitar que la seguridad operacional y la vida de los miembros de las fuerzas militares sigan en riesgo.