Las fuertes lluvias que se han registrado en el Huila han ocasionado emergencias en ocho municipios principalmente deslizamientos de tierra, vías rurales colapsadas, viviendas afectadas y crecientes súbitas del ríos y quebradas que han destruido cultivos de plátano y café.Asimismo, en el río Suaza dos operarios de maquinaria amarrilla que adelantaban trabajos de canalización quedaron atrapados en medio de una creciente súbita del afluente, quienes finalmente fueron rescatados sanos y salvos por unidades de la Defensa Civil.Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila, informó que los municipios de Timaná, Teruel, Tello, Algeciras, La Argentina, Pitalito, Campoalegre y Suaza, han reportado emergencias por cuenta de las intensas lluvias que se han presentando en las últimas horas en todo el departamento.“Las lluvias se nos han intensificado en estos últimos cinco días y de las precipitaciones que se han registrado desde la noche anterior han ocasionado emergencias en ocho municipios del Huila. Tenemos reportes de viviendas afectadas y vías rurales colapsadas en Tello, Algeciras, La Argentina, Timaná. Una de las emergencias a la que le hemos dado prioridad ha sido los derrumbes en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadasEl reciente informe entregado por la Oficina de Atención de Desastres en el Huila da cuenta de que hay afectaciones en infraestructura en tres instituciones educativas en los municipios de Neiva, Íquira y La Plata; entre tanto, en Teruel y Campoalegre, dos familias campesinas fueron evacuadas por averías en sus viviendas.Cabe mencionar, que, según el reporte de los organismos de socorro del departamento, en lo corrido del año 2026 hay un registro de 21 municipios que han presentado emergencias por deslizamientos de tierras, afectaciones en acueductos veredales, puentes vehiculares y viviendas averiadas; también crecientes súbitas, que han destruido cultivos de plátano.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026(01 de enero de 2026 a la fecha)● Total de emergencias registradas: 77● Municipios afectados: 21● Tipo de eventos:○ Deslizamientos: 48○ Crecientes súbitas: 12○ Inundaciones: 6○ Caída de árboles: 5○ Hundimientos: 1
Desde Washington, tras una reunión preparatoria para el encuentro bilateral Petro–Trump, el embajador Daniel García-Peña reconoció que la reunión es impredecible, pero aseguró que las garantías brindadas al mandatario colombiano para llegar a Estados Unidos son una buena señal.“Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte. Aquí no está en juego una reunión entre un presidente, sino un momento fundamental para el país, una reunión de estas no se sabe qué puede pasar, pero las garantías que el gobierno Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras”, dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó la extradición de Pipe Tulua para mañana. “El presidente de la República dio una orden clara: el criminal Pipe Tulua debe llegar lo más rápido posible, extraditado de Colombia a EE. UU.”La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo, de máxima importancia para nuestro país”, afirmó.La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. La visita incluirá reuniones con congresistas, estudiantes, empresarios y connacionales.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
Los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el Consejo Nacional electoral (CNE) son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). El conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres). Los conjueces fueron elegidos por sorteo con la presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación.Vale recordar que el CNE es la entidad encargada de determinar si Iván Cepeda, Roy Barrera y Camilo Romero cumplen o no los requisitos para participar de la consulta con la que la izquierda espera elegir el 8 de marzo un candidato único para la primera vuelta presidencial .Los tres candidatos inscribieron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero la semana pasada su coalición denominada 'Frente por la Vida' ante la Registraduría, conformada por el Pacto Histórico, Partido La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.Sin embargo, en su resolución, la entidad electoral rechazó la postulación de Quintero porque ya "participó en una consulta en la que fue derrotado", haciendo referencia al hecho de que el exalcalde, aunque declinó su participación días antes de la elección, apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que ya ganó Cepeda el 29 de octubre pasado.En octubre pasado, el senador izquierdista se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, a la exminsitra de Salud Carolina Corcho.La consulta de la izquierda del 8 de marzo, denominada 'Frente por la Vida', coincidirá con otra similar convocada por sectores de la derecha y con las elecciones legislativas donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio.
El presidente Gustavo Petro viajó este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada 'lista Clinton', Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara."Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara", escribió Petro en su cuenta de X.En la publicación el presidente colombiano se sumó, sin mencionarlo, a la convocatoria que había hecho la tarde de este domingo el senador Iván Cepeda, candidato presidencial izquierdista del oficialista Pacto Histórico, que pidió a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá mientras Petro se reúne con Trump.Reunión después de varios rocesLa reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.Otros temas en la agendaSegún la Presidencia de Colombia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.La agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.
El sur de Santander vuelve a estar en alerta por la violencia que golpea a las comunidades rurales. El ganadero Rubiel Cáceres Marín, de 53 años y ampliamente reconocido en el municipio de Coromoro, fue hallado sin vida en la vereda El Guadual, luego de haber sido reportado como secuestrado desde el pasado viernes.De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado este domingo en un sector rural ubicado sobre la vía que comunica las veredas Pueblo Viejo y El Guadual, a cerca de dos horas del casco urbano. Campesinos de la zona alertaron sobre el hallazgo, lo que motivó el desplazamiento de unidades de la Policía Nacional para adelantar los actos urgentes.Según el relato de sus familiares, Cáceres Marín fue interceptado por hombres armados el viernes hacia las 2:00 de la tarde, cuando se movilizaba en motocicleta entre las veredas La Zúñiga y La Mina, mientras trasladaba ganado hacia otra zona del municipio. En ese momento, lo acompañaba un familiar con discapacidad auditiva, quien fue dejado en libertad y logró dar aviso a las autoridades.Durante la reacción policial ese mismo día, uniformados se encontraron con tres hombres que se movilizaban en motocicletas, uno de ellos conduciendo el vehículo del ganadero. En medio del procedimiento se registró un intercambio de disparos y los sospechosos huyeron hacia una zona boscosa, abandonando las motocicletas. Desde entonces, unidades del Gaula, la Policía y el Ejército Nacional adelantaban operativos de búsqueda en el sector.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, lamentó el crimen y expresó su solidaridad con los allegados de la víctima. “Lamentamos este homicidio del señor Rubiel Cáceres, reconocido ganadero de Coromoro. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, que hoy enfrentan un profundo dolor ante este hecho que enluta al departamento”, señaló el funcionario.Hernández agregó que se mantiene activa la investigación para esclarecer los hechos y reiteró el llamado a la comunidad para aportar información. “Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier dato que permita avanzar en las investigaciones, garantizando absoluta reserva”, indicó.De manera preliminar, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con extorsiones que, según denuncias de habitantes, comerciantes y productores rurales, se han venido incrementando en esta zona del departamento. La familia del ganadero aseguró que la víctima habría sido presionada económicamente por grupos armados ilegales y pidió a las autoridades esclarecer el caso, advirtiendo que situaciones similares se estarían presentando en la región.En los últimos meses, la presencia de estructuras del ELN ha sido señalada de forma reiterada en el sur de Santander, generando preocupación por el aumento de homicidios, amenazas y extorsiones que afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas.
Esta es la ponencia presentada por los magistrados del CNE Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que pide permitir la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo. En el documento, los magistrados sostienen que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue de carácter partidista del Polo Democrático Alternativo y que su participación como precandidato del Pacto Histórico no constituye doble militancia ni genera doble gasto público.La ponencia fue radicada en la noche del domingo 1 de febrero y solicita permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo. La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, y será discutida este lunes a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará una decisión sobre la controversia que rodea la precandidatura de Cepeda.La noticia se conoce luego de una carta enviada por el Pacto Histórico este lunes 26 de enero a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, al sostener que no existe ningún impedimento legal para que Cepeda compita en la consulta. La coalición argumentó que su participación hace parte de una estrategia transparente orientada a consolidar una candidatura única a la Presidencia de la República.“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se lee en el documento.
En zona montañosa del municipio de Tuluá, en el corregimiento de Santa Lucía, Valle del Cauca, cuatro mujeres que se movilizaban en una motocicleta fueron arrastradas por la creciente de una quebrada. El hecho ocurrió cuando intentaban cruzar el afluente, momento en el que perdieron el control del vehículo y cayeron al agua.Como consecuencia de la emergencia, una madre y sus dos hijas, de 3 y 6 años de edad, fueron halladas sin vida por la comunidad y kilómetros más abajo fue encontrada la cuarta mujer, quien presentaba varias lesiones, la cual posteriormente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial.“Son unos lamentables hechos producto de un accidente ocurrido a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente, el resultado es fatal. Inicialmente fue hallado el cuerpo de la madre de las dos niñas y posteriormente, hacia las 6:00 de la tarde, fueron encontrados los cuerpos de las menores, los cuales fueron trasladados al centro poblado de Santa Lucía, específicamente al templo parroquial. En este accidente también resultó lesionada la otra acompañante que se movilizaba en la motocicleta”, dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.La madre de las menores fue identificada como Adriana Ante, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Olga Lucía Sánchez, quien se recupera de las heridas en un centro hospitalario de Tuluá. Las autoridades del municipio adelantan las labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.“Activamos de inmediato los protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia. El alcalde ordenó que la administración municipal asuma la totalidad de los gastos fúnebres de las víctimas, cuyos cuerpos están siendo trasladados desde Santa Lucía hasta la cabecera municipal. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantarán los actos urgentes para la inspección técnica de los cuerpos”, agregó Hincapié.Cabe señalar que, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el río Tuluá también se desbordó, generando múltiples emergencias en la cabecera municipal, con vías inundadas, barrios y viviendas afectadas.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos homicidios de mujeres registrados en el municipio de San José de Pare, Boyacá, en límites con Santander, hechos que han generado conmoción entre la comunidad debido a que ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y presentan similitudes en los signos de violencia.El primer caso se registró el 29 de enero en la vereda Balsa, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con evidentes signos de violencia. Al día siguiente, el 30 de enero, las autoridades encontraron a otra mujer asesinada en un cafetal de la vereda Resguardo, con características similares en las lesiones, situación que es materia de análisis por parte de los organismos judiciales para establecer si ambos crímenes están relacionados.Las víctimas fueron identificadas como María Elvia González y María Rosalía Díaz Tamayo.Frente a estos hechos, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Luisa Rodríguez, expresó un mensaje de solidaridad y rechazo contundente a la violencia contra las mujeres.“Desde la Secretaría de Integración Social le enviamos un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a la comunidad de San José de Pare, del departamento de Boyacá, por los hechos ocurridos que enlutan nuestros corazones. Rechazamos cualquier tipo de acto violento que agreda la integridad de nuestras mujeres. Instamos a las autoridades locales y departamentales a que se articulen para generar celeridad y esclarecimiento de los hechos”, señaló la funcionaria.Las autoridades continúan con las labores investigativas y de recolección de pruebas para dar con los responsables de estos homicidios y determinar si existe conexión entre ambos casos.
En la mañana de este lunes, varios movimientos al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) modificaron lo que parecía un panorama desfavorable para el futuro del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la llamada Consulta del Frente por la Vida.Aunque inicialmente se tenía previsto que la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico (Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez), que avala la participación del senador en la consulta, sería derrotada con seis votos contra tres, al final no se alcanzó la mayoría reglamentaria para adoptar la decisión, y esta debió ser aplazada.Al final, frente a la ponencia, cinco magistrados salvaron el voto (Cristian Quiroz, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Alfonso Campo), tres magistrados avalaron la ponencia (Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry), y un magistrado (Altus Baquero) aclaró el voto, es decir, vota a favor de la ponencia pero con reparos.Ante este hecho, se designaron dos conjueces principales y un suplente para que estudien la ponencia y emitan su voto hasta alcanzar los seis necesarios y así poder adoptar cualquier decisión.Se espera que esta votación se realice a más tardar el próximo miércoles, ya que la fecha límite para dejar en firme la inscripción de las consultas, hacer el sorteo de las posiciones en el tarjetón y autorizar su impresión es el viernes 6 de febrero.
Un combate entre tropas de las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, se registró en la mañana de este martes en zona rural del municipio de La Montañita, Caquetá. La operación estuvo dirigida contra la comisión principal de finanzas de la Estructura Rodrigo Cadete, cuyo objetivo principal es el cabecilla encargado de las finanzas de esa organización ilegal.De acuerdo con el reporte inicial, el enfrentamiento comenzó hacia las 7:30 de la mañana en la vereda El Temblón, donde unidades del grupo adelantaron un ataque planeado contra los integrantes de esta estructura armada. Durante la maniobra, las autoridades reportaron la captura de dos personas, entre ellas una mujer identificada como la compañera sentimental del cabecilla principal de finanzas, y otro criminal que sería integrante de la red armada de la organización.En el lugar fueron incautados al menos cuatro fusiles, además de panfletos extorsivos, teléfonos celulares y material de intendencia. El conteo exacto de municiones, explosivos y demás elementos quedó pendiente a la llegada de la Policía Judicial, que adelanta las labores técnicas en la zona.Durante el desarrollo de la operación se contó con apoyo aéreo, mediante el ingreso de un helicóptero UH-1N para fuego de apoyo y el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), junto al Batallón de Fuerzas Urbanas número 6, transportados en helicóptero Black Hawk.Las autoridades informaron que la operación continúa en desarrollo, con maniobras de registro y búsqueda del cabecilla principal de finanzas de esta estructura armada ilegal, señalado de manejar recursos provenientes de economías ilícitas y extorsiones en el departamento del Caquetá. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados finales del operativo.
El Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas en la frontera con Ecuador, afirma la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, para justificar la imposición de aranceles del 30 % a los productos importados de este país."Nosotros discrepamos de esa afirmación porque si hay un país que está luchando de forma efectiva y muy decidida contra el narcotráfico es Colombia", manifestó Miranda en una entrevista telefónica con la agencia EFE antes de viajar a Washington, donde el martes acompañará al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.Los aranceles de Ecuador, a los que Colombia respondió invocando el principio de reciprocidad, entraron en vigencia este domingo 1 de febrero, luego de que los dos Gobiernos no se pusieran de acuerdo para evitar la guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicaría el arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, versión que contesta el Gobierno de Petro.En ese sentido, Miranda subrayó que para este año el Gobierno tiene como meta la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, la mitad de ellas en el departamento de Nariño, que junto con el de Putumayo es limítrofe con Ecuador, ambos con grandes extensiones de siembras de coca.A eso se suma el decomiso de 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro que comenzó el 7 de agosto de 2022 y que, según el mandatario, puede subir a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato, en agosto próximo."Tenemos 30.000 hectáreas en proceso de sustitución, más de 2.800 toneladas de cocaína incautadas y nuestros esfuerzos en sustitución se enfocan sobre todo en Putumayo y Nariño, que son la frontera con Ecuador", añadió Miranda.El pasado 23 de enero, Petro y Miranda encabezaron en el caserío de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), un acto en el que campesinos y comunidades indígenas erradicaron de forma colectiva cultivos ilícitos para dar paso a economías legales y sostenibles.Miranda reconoció que en todos los procesos de sustitución de cultivos ilícitos hay quienes vuelven a sembrar coca, pero calculó que ese porcentaje "tiene que ser menos del 5 %"."Siempre hay esos casos en todas las políticas del gobierno, siempre hay gente que no está dispuesta a cumplir, pero ese porcentaje es muy bajo cuando es sustitución porque de por sí la gente es la que pide entrar al programa, entonces son muy pocos los casos en los que la gente entra e incumple", concluyó.
El personero del municipio de Íquira, Huila, Jarvi Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blu Radio, advirtió que desde que inició el año 2026 la Nueva EPS no ha suscrito el convenio para la prestación de servicios de salud con la ESE María Auxiliadora de esa localidad.Señaló el representante del ministerio público, que la cartera morosa de la Nueva EPS con el hospital municipal supera los 700 millones de pesos, situación que tiene perjudicados a más de 5.000 usuarios sin poder recibir los servicios básicos de salud como laboratorio clínico y entrega de medicamentos.“En nuestro municipio se está presentando un grave problema porque la Nueva EPS no ha suscrito el contrato de convenio con la ESE Local María Auxiliadora y este problema ha ocasionado que más de 5.000 afiliados de esta EPS no estén recibiendo los servicios de salud. Como personería tuvimos una reunión reciente y la ESE María Auxiliadora nos informa que la deuda que tiene la Nueva EPS es de más de 700 millones de pesos, pero a la fecha no se ha fijado para el pago de esa deuda” mencionó el personero municipal.Para el personero Jarvi Sanchez, esta situación es muy compleja y grave, que a la fecha se les esté vulnerando los derechos de salud a la población en general de ese municipio, al indicar que en Íquira solo existe un hospital para garantizarles los servicios básicos a miles de usuarios.“Por ejemplo los más de cinco afiliados de la Nueva EPS no están recibiendo los servicios ambulatorios, no están recibiendo los servicios de laboratorios, de medicamentos esenciales, solo están atendiendo servicios de urgencias, cuando llegan pacientes muy delicados y por lo general los remiten a Neiva” sostuvo Sánchez Calderón.Teniendo en cuenta la grave crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud en el Huila, el personero municipal les hizo un llamado urgente a las entidades territoriales, a las EPS, a la Supersalud y al mismo ministerio de la Salud, reaccionar ante esta situación que hoy tiene en jaque a miles de usuarios y pacientes del departamento.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El candidato a la Presidencia, David Luna, hizo una denuncia en las últimas horas, según la cual desde el Gobierno se estarían promoviendo montajes para difamar a dirigentes de la oposición, utilizando portales que se financiarían con recursos públicos. Luna se refirió a un debate que citó en el Senado, en junio de 2024, al hoy prófugo exdirector de la DNI, Carlos Ramón González. En ese debate se habló sobre supuestas interceptaciones ilegales contra opositores y periodistas.“El funcionario negó los hechos en el Congreso. Sin embargo, meses después —incluso a partir de una denuncia del propio ministro de Justicia de este gobierno— quedó probado que lo que denuncié era cierto. Hoy, ese exdirector enfrenta procesos judiciales y se encuentra fuera del país”, dijo Luna.Después de ese debate, en febrero de 2025, le advirtieron que algunos funcionarios estarían tratando de vincularlo, falsamente, con actividades relacionadas con el narcotráfico, y justamente hace unas semanas apareció en la revista Raya una publicación sobre el tema.“Estos señalamientos no provienen de un medio independiente, sino de portales digitales que, según denuncias, reciben recursos del sistema de medios públicos, con pagos mensuales cercanos a los 70 millones de pesos. Recursos públicos que, aseguró, estarían siendo utilizados para fabricar falsos positivos informativos y atacar políticamente a la oposición”, dijo Luna.Además, el exsenador y candidato explicó que en febrero de 2025 envió oficios a la Fiscalía y a la Procuraduría solicitando que se verificara si existía alguna actuación en su contra.“Nunca se abrió investigación en mi contra porque no existió prueba, indicio ni duda razonable sobre mi conducta. Jamás he tenido relación alguna con la persona mencionada. No me voy a distraer ni a intimidar. Con más fuerza seguiré haciendo oposición y campaña, porque este país no puede aceptar que el aparato del Estado se use para atacar a quienes piensan distinto”, agregó Luna.
En Colombia se ha encendido un debate en torno a un nuevo proyecto de política pública del Gobierno Nacional que busca reglamentar los bancos de leche humana en el país.Según denunció Ángela María Muñoz, abogada y especialista en duelo perinatal, este documento excluye de manera expresa a las mujeres cuyos hijos han fallecido, estableciendo como requisito de inclusión tener un hijo vivo y estar amamantando.Argumentos del Gobierno vs. Evidencia CientíficaEl Ministerio de Salud plantea que esta restricción busca proteger la salud mental de la mujer; sin embargo, Muñoz sostiene que la mujer en duelo no debe ser "patologizable" y posee plena capacidad para decidir sobre su cuerpo. Desde el punto de vista nutricional, no existe evidencia de que la leche de una madre en duelo pierda propiedades o represente un riesgo, incluso ante niveles altos de cortisol. Por el contrario, la leche materna es considerada "oro puro" para los neonatos en cuidados intensivos, y los 15 bancos de leche del país enfrentan una alta escasez.La "Ley Brazos Vacíos" y el derecho a la autonomíaLa controversia también tiene un trasfondo jurídico. En 2023 se expidió la Ley Brazos Vacíos, la cual garantiza el principio de autonomía de las mujeres en duelo. Muñoz argumenta que el proyecto actual va en contravía de esta ley y de los propios lineamientos técnicos del Ministerio, como la resolución 2623 de 2024. "Por estar en duelo yo no pierdo mis derechos y mi capacidad de decidir cómo resignifico mi proceso", enfatizó la experta, quien recordó su propia experiencia dolorosa al tener que tirar su leche al inodoro tras la muerte de su hijo hace diez años.Beneficios psicológicos de la donaciónContrario a la postura gubernamental, investigaciones en España y el Reino Unido indican que la donación voluntaria actúa como un factor protector. Permitir que la madre done su leche ayuda a resignificar la pérdida y a integrar el duelo de forma más tranquila al darle un propósito al dolor.Actualmente, instituciones como el Hospital de Kennedy en Bogotá y el Hospital Universitario del Valle ya realizan recolecciones domiciliarias exitosas a madres en esta condición, demostrando que el sistema puede ser compasivo y eficiente.Escuche aquí la entrevista:
En medio del aumento de la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por el anuncio de aranceles impuestos por el Gobierno ecuatoriano, bajo el argumento de una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Militares colombianas revelaron los resultados operacionales de los últimos 30 días en la zona fronteriza. De acuerdo con el balance oficial, las operaciones se han concentrado en golpear de manera directa las economías ilegales que operan en corredores estratégicos del sur del país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la estrategia ha sido clara: cerrarle el paso al narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Según el jefe de la cartera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional lograron la destrucción de 39 laboratorios de cocaína ubicados en áreas limítrofes con Ecuador, como parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales que operan en esa región.Para reforzar el control territorial, el Gobierno desplegó más de 11.000 hombres a lo largo de la frontera, una de las más complejas por su geografía y por la presencia histórica de grupos armados organizados ilegales. El ministro destacó, además, que se avanza en coordinación con las Fuerzas Militares ecuatorianas para desarrollar las denominadas “operaciones espejo”, una estrategia conjunta que busca presionar simultáneamente a las organizaciones narcotraficantes a ambos lados de la línea fronteriza y reducir su capacidad de reacción.Desde el componente operacional, la Tercera División del Ejército precisó que los 39 laboratorios destruidos estaban destinados al procesamiento de pasta base de coca y se encontraban principalmente en el Pacífico sur del departamento de Nariño, una de las principales zonas de producción y salida de drogas hacia mercados internacionales. Estas acciones, según el reporte militar, generaron una afectación económica superior a los mil millones de pesos a las finanzas de los grupos ilegales.Las autoridades señalaron que este tipo de resultados impactan directamente la cadena del narcotráfico, al cortar eslabones clave en la producción de estupefacientes, y contribuyen a debilitar el control armado que estas estructuras ejercen sobre comunidades rurales del suroccidente del país. El Ejército sostuvo que las operaciones también buscan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población civil en zonas históricamente golpeadas por la violencia.A este balance se suma una operación adelantada por la Policía Nacional, en articulación con la DEA, en la zona fronteriza del Putumayo, donde se obtuvo, según el Ministerio de Defensa, un resultado de alto impacto contra el narcotráfico. Las autoridades indicaron que los detalles serán revelados una vez concluyan los procedimientos judiciales correspondientes.
En la mañana de este lunes, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Sofía Araujo, denunció un grave caso de hostigamiento, violencia sexual y de género, así como amenazas contra su vida, en el marco del ejercicio de su campaña en Bogotá.En un video publicado en sus redes sociales y en diálogo con BLU Radio, Araujo señaló que el día de ayer, domingo 1 de febrero, mientras se trasladaba en un taxi para cumplir su agenda en diferentes localidades de la capital, comenzó a recibir distintos mensajes en su cuenta de WhatsApp provenientes de un número desconocido.Estos mensajes incluían contenido pornográfico explícito (videos y fotografías), así como mensajes escritos y notas de voz acosando sexualmente a la aspirante y amenazando con violarla y luego matarla. “Mi madre, le pego una violada y después la asesino, oyó sapa”, “Boba, deje de ser tan estúpida que te voy a violar y lo sabes”, son algunos de los fuertes mensajes recibidos.“Recibo unos mensajes de agresión, hablándome de mis partes íntimas, de acoso sexual, de violencia sexual, mandándome pornografía, diciéndome que me va a matar, que me va a violar, que sabe dónde vivo, que sabe mis datos, haciéndome todo tipo de amenazas y mandándome todo tipo de obscenidades, de cuchillos y demás, amenazas graves”, sostuvo Araujo en diálogo con Blu Radio.La candidata sostiene que incluso lograron contactar al presunto agresor y pudieron identificar su rostro y su voz, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades para que se activen todos los protocolos de seguridad y protección a la mujer, en especial por su condición de dirigente política, así como para que se adelanten las investigaciones que permitan que esta persona responda ante la justicia.“Estoy esperando que lleguen para recoger los datos de la denuncia. Ya he estado en conversaciones con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer. Estamos activando todos los protocolos y, por supuesto, necesito seguridad, necesito protección, porque realmente una persona que tiene mis datos personales y que me amenaza de muerte… ya hemos visto que en Colombia eso no es una broma y no es una amenaza más, puede materializarse en cualquier momento, y no soy yo la única”, aseguró la aspirante.Araujo terminó su denuncia haciendo un llamado al Gobierno para que garantice la protección de las candidatas mujeres y jóvenes, especialmente de la oposición. Sostiene que este ataque en su contra tiene origen en sus posiciones ideológicas y que en el pasado se ha evidenciado el riesgo de un desenlace trágico si no se actúa de manera contundente frente a estos hechos de violencia.
En una semana marcada por expectativas diplomáticas y movimientos políticos internos, la atención se centra en la histórica reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump. El analista político Pedro Viveros, en diálogo con Sala de Prensa, ofreció un panorama detallado sobre los alcances de este encuentro y las implicaciones para Colombia.“Lo curioso es que nos está llevando Gustavo Petro al final de su Gobierno a ponerle atención a ver qué va a pasar con las relaciones con Estados Unidos. Creo que es la primera vez que un presidente deja una interrogante tan grande sobre la relación bilateral justo cuando termina su mandato”, señaló Viveros, resaltando la singularidad de esta cita diplomática.Según el analista, la iniciativa de la reunión no partió de Trump, sino del propio presidente Petro, quien gestionó la cita “por todas las vías diplomáticas”. Viveros subraya que la posición de Estados Unidos es estratégica: “Cuando uno busca de esa manera desesperada una reunión, quiere decir que quien está del otro lado de la mesa juega con toda la reunión a su favor. ¿Quién va a sacar ventaja? Para mí, el Gobierno de Estados Unidos y no Colombia”.Entre los temas centrales que se esperan en la agenda están la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela. Viveros explica que el Gobierno colombiano ya ha tomado medidas anticipatorias, como fumigaciones con glifosato, para demostrar su compromiso. Sobre Venezuela, comenta que “es un tema donde podrían no encontrar acuerdo, sobre todo considerando los recientes comentarios del presidente Petro ante sus seguidores, que parecían más una forma de ‘electrizar’ a su base antes de la reunión”.El experto también puso en perspectiva el alcance de la cita: será de apenas 30 minutos, sin prensa y con un número limitado de funcionarios. “No es una reunión como la de Zelensky, que tiene un peso internacional gigantesco. Petro busca cerrar su Gobierno y salvar lo que pueda de la relación con Estados Unidos, después de un manejo diplomático complicado en los últimos años”, explicó.Por otro lado, Viveros abordó los movimientos internos del centro político colombiano, particularmente la posible participación de Sergio Fajardo en la consulta interpartidista. “Él tiene una marca muy grande y limpieza política, no estuvo con Petro ni con Duque, lo que puede favorecerlo. Pero entrar en la consulta tiene un costo, porque se encasilla con sectores petristas o con candidatos que ya tienen desgaste político”, afirmó.
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió por primera vez a los retos que enfrentará durante los seis meses que restan del gobierno del presidente Gustavo Petro, en una declaración a Blu Radio. Cuervo aseguró que su principal objetivo será contribuir a una adecuada administración de justicia y avanzar en los compromisos ya definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.“Esa es la idea, ayudar a que haya buena administración de justicia en Colombia”, afirmó el nuevo ministro, al reconocer que el tiempo disponible representa una dificultad para impulsar cambios de fondo. Según explicó, “el sentido común indica que seis meses es muy poco para trabajar”, especialmente por las restricciones administrativas vigentes en el periodo preelectoral.Cuervo señaló que una de las principales limitaciones será la conformación de su equipo de trabajo, debido a la aplicación de la ley de garantías. “Es difícil armar equipo porque no hay ley de garantía, entonces hay restricciones”, dijo, al tiempo que indicó que estas condiciones obligan a concentrarse en una agenda previamente definida.Pese a ese escenario, el nuevo ministro aseguró contar con el respaldo del jefe de Estado para avanzar en los temas prioritarios del sector. “Todo el conocimiento y todo el apoyo del presidente para sacar adelante una agenda de justicia que está en el plan de desarrollo”, señaló, al subrayar que su gestión estará orientada a dar continuidad a las políticas ya trazadas.Cuervo concluyó que su paso por el Ministerio de Justicia estará marcado por una línea de trabajo basada en “serenidad, firmeza y convicciones”, con el objetivo de cerrar el periodo gubernamental con avances concretos dentro de las competencias de la cartera.
Las autoridades adelantan verificaciones sobre la presunta muerte por ahogamiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, señalado como uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, en hechos ocurridos en el municipio de Tierralta, Córdoba. De acuerdo con el reporte inicial, la lancha en la que se movilizaba habría sufrido un accidente mientras se dirigía hacia la zona de ubicación temporal, en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional.Según la información preliminar, la embarcación se habría volcado cuando cruzaba un río, lo que provocó la caída de sus ocupantes al agua. En ese hecho, alias ‘Gonzalito’ habría fallecido por ahogamiento, versión que aún está siendo corroborada por las autoridades competentes.Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Clan del Golfo, confirmó que la información conocida hasta ahora apunta a un accidente. “La información que tenemos es que, al parecer, murió, de acuerdo a la información, murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado. Esa es la información que tenemos”, señaló.Jiménez explicó que el reporte fue recibido inicialmente por canales de la propia delegación del grupo armado y que se está a la espera de confirmaciones oficiales. “Estamos esperando, nosotros recibimos esa información de la delegación de ellos. Sí. Porque, digamos, estamos en este momento en todo el proceso de trabajo y preparación para la instalación. Entonces, estamos como pendientes de reconfirmaciones y demás”, indicó.Alias ‘Gonzalito’ es señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo y jefe del bloque que delinque en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sobre él pesan órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.La Séptima División del Ejército Nacional adelanta las respectivas verificaciones en la zona para establecer con certeza lo ocurrido y confirmar la identidad de la persona fallecida.
Antes de su viaje a Washington, el presidente Gustavo Petro está trinando sobre las elecciones de este año y también sobre la expectativa en Colombia por la decisión que tomará el Consejo Nacional Electoral sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, el 8 de marzo. De ser aceptado, podría sumarse a Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. El presidente parece anticiparse a que le nieguen dicha participación y por eso escribió:“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones, de manera libre y garantizada”.Los entes de control pidieron a los magistrados que se pronuncien sobre la vinculación de Cepeda en esta consulta, y el problema radica en que el 26 de octubre del año pasado él participó en otra consulta y quedó como el ganador en la contienda con Carolina Corcho, exministra de Salud, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien renunció a esa aspiración fuera de los tiempos y, por ello, sus votos fueron contados.En medio del debate jurídico, el mandatario llegará a Washington esta noche para su visita oficial a la Casa Blanca, en su primer cara a cara con Donald Trump. Viene acompañado de los ministros de Defensa, el comisionado de Paz, la canciller y otros altos funcionarios, y comenzará su agenda mañana con encuentros con la comunidad colombiana.
La Fiscalía General de la Nación logró la condena de José Antonio Hernández Pérez, conocido como alias ‘Zamir’, cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, a 24 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en una serie de asesinatos ocurridos en el departamento de Casanare entre 2020 y 2021.Alias ‘Zamir’ fue señalado como el autor intelectual de al menos 21 homicidios cometidos en municipios como Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué. Según la Fiscalía, estos crímenes tenían como objetivo demostrar el control territorial de la organización criminal en la región y generar miedo entre la población.Entre los hechos más conocidos está el asesinato de Julio Velásquez Martínez, líder social y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Paso Cusiana, en Tauramena. El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2020, cuando Velásquez se encontraba en un taller de ornamentación y varios hombres llegaron en motocicleta y le dispararon, acabando con su vida. Según la investigación, el asesinato se habría producido porque la víctima se negó a trabajar con el grupo criminal.Otro hecho violento ocurrió el 9 de mayo de 2021 en Orocué, donde hombres bajo las órdenes de alias ‘Zamir’ dispararon repetidamente a un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. Varios casos similares se registraron en otros municipios del departamento, lo que dejó como consecuencia una ola de violencia causada por esta subestructura del Clan del Golfo en Casanare durante esos años.A José Antonio Hernández Pérez se le imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas, todos agravados. La condena se logró luego de que alias ‘Zamir’ aceptara su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía.
Desde este fin de semana, Villavicencio y el departamento del Meta se convierten en el epicentro de una de las ferias agroindustriales más relevantes de Colombia con la realización de Expomalocas 2026, un evento que reúne los sectores bovino, equino, agroindustrial y turístico, y que proyecta la capacidad productiva de la región a nivel nacional.La feria, que se desarrolla en un escenario de 35 hectáreas con nueve pabellones, espera la llegada de más de 250.000 visitantes, lo que representa una importante dinamización económica para el departamento. De acuerdo con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, el impacto económico estimado oscila entre 90.000 y 110.000 millones de pesos, derivados de actividades como la gastronomía, la hotelería, el turismo, la logística, el comercio y los conciertos programados durante los cinco días del evento.“Esta es la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante del país. Aquí le estamos mostrando a Colombia cómo el Meta, como hermano mayor de la Amazonía y la Orinoquía, viene creciendo en productividad y generación de riqueza”, señaló la mandataria, al destacar el tránsito del departamento de una economía basada en los hidrocarburos hacia la agroindustria y la producción de alimentos.Expomalocas también se presenta como una vitrina para el desarrollo sostenible, con espacios académicos, muestras de ganadería sostenible, extensión agropecuaria y políticas departamentales orientadas a una producción amigable con el medio ambiente. A esto se suma una agenda cultural y musical que, según la Gobernación, fortalece el consumo y la actividad turística en la región.En el marco del evento, la gobernadora confirmó, además, la articulación entre 32 regiones del país, destacando la visita del gobernador de Antioquia y la firma de acuerdos de entendimiento en materia de seguridad, infraestructura y fortalecimiento de la fuerza pública. Según Cortés, esta cooperación interregional busca generar condiciones que incentiven la inversión y reduzcan las brechas de desigualdad.