El invierno dejó de ser una advertencia y pasó a convertirse en una emergencia de alcance departamental. Las autoridades del Tolima declararon alerta general ante el recrudecimiento de la temporada de lluvias, luego de confirmar que el 100 % del territorio presenta algún tipo de afectación , con deslizamientos, desbordamientos de ríos, vías colapsadas y comunidades en riesgo.La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas. Según el balance oficial, el departamento pasó de tener cerca del 80 % de sus municipios afectados a un escenario de impacto total, lo que obligó a activar un monitoreo permanente y medidas de respuesta inmediata.Actualmente, 22 municipios se encuentran en alerta naranja por amenaza de deslizamientos, mientras que nueve están en alerta roja , el nivel más alto de riesgo. Estos son: Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Purificación, Mariquita, Santa Isabel y Venadillo.Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que la declaratoria no es un trámite administrativo, sino una fase de reacción activa ante la magnitud de la emergencia.“Desde la Gobernación del Tolima estamos realizando un monitoreo permanente y una respuesta acorde a la actual temporada de lluvias. En las últimas horas, a través de nuestro centro de monitoreo y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, hemos atendido emergencias en varios municipios”, señaló la funcionaria en diálogo con Blu Radio.Mayorquín detalló que en Dolores se reportó una vivienda afectada en el casco urbano. En Villahermosa , un deslizamiento bloqueó la vía que conduce a la vereda Yarumal; y en Ataco , se presentó un hundimiento de terreno en la carretera hacia la vereda La Reforma.“Tenemos 22 municipios en alerta naranja y nueve en alerta roja por deslizamientos. En estos territorios el riesgo es alto y se requiere máxima precaución por parte de la comunidad”, recalcó.Las autoridades advirtieron que, de continuar las lluvias con la misma intensidad, no se descartan evacuaciones preventivas , especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a ríos y laderas inestables. El llamado a la ciudadanía es a evitar transitar por vías afectadas, no intentar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a la información oficial.La emergencia invernal también tuvo impacto en otros frentes abordados durante el consejo. En materia de salud pública , se reforzó el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla y se anunció una estrategia para aliviar la crisis en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Entre las medidas está la habilitación del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, como punto alterno, con el fin de evitar largas filas a la intemperie en medio de las lluvias.Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen en alistamiento permanente y el departamento continúa bajo vigilancia diaria, en un invierno que ya dejó de ser estacional para convertirse en una amenaza constante.
La Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Huila les hace seguimiento a los municipios aguas abajo del río Magdalena por aumento de su caudal a raíz de las fuertes lluvias que no cesan en la región y como consecuencia de la apertura de las compuertas de la represa de Betania por parte de la empresa Enel Colombia.Asimismo, en Neiva los organismos de socorro activaron un plan de contingencia desde la noche anterior, quienes han venido monitoreando el comportamiento del río Magdalena situación que podría afectar a las comunidades ribereñas tanto urbanas como rurales.Nancy Trujillo Monje, jefe de la oficina de gestión de riesgo de Neiva dijo que tras los comunicados notificados de manera oficial desde la empresa Enel Colombia, fue necesario activar la sala de crisis como medida preventiva para evitar afectaciones graves a las comunidades ribereñas.“Teniendo en cuenta la apertura de compuertas de la hidroeléctrica de Betania el río Magdalena va a tener un caudal de 975 metros cúbicos por segundo y es así que la oficina de gestión de riesgo del municipio toma medidas sobre lo informado por Enel hemos activado la sala de crisis para monitorear el comportamiento del río Magdalena y de las fuentes hídricas como el río Las Ceibas que abastece de agua al acueducto municipal” señaló Trujillo Monje.Recomendaciones a las comunidades ribereñas• Mantenerse informada a través de los canales oficiales de la alcaldía y los organismos de socorro.• Evitar acercarse a las orillas del río Magdalena y a zonas ribereñas, especialmente, durante periodos de lluvias intensas.• No realizar actividades recreativas, de pesca o navegación en el río mientras se mantiene la alerta.• Reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo, inundación o afectación a las autoridades competentes.Emergencias por lluvias en la vía Neiva – PitalitoEntre tanto, en los municipios de Hobo, Oporapa, Campoalegre, Gigante, Garzón y La Plata, también se registraron emergencias en sus áreas urbanas y rurales como consecuencia de las lluvias como caída de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.Asimismo, la concesionaria Ruta al Sur con maquinaria amarilla y los organismos de socorro continúan con la remoción de piedras y lodo de los derrumbes que se registraron en el sector de Los Altares entre los municipios de Hobo y Gigante sobre la Ruta 45 que comunica a Neiva con el sur del Huila.Es importante anotar, que desde la noche anterior las autoridades dieron paso a un carril donde se presentaron las emergencias, sin embargo, se recomienda conductores y transportadores respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad teniendo en cuenta la situación climatológica en la región.
La canciller Rosa Villavicencio está en Washington y desde allí, en conversación con Blu radio, reveló detalles de la reunión con el presidente de EE.UU Donald Trump y lo conversado en torno a Venezuela.Blu Radio: canciller, el balance de la reunión fue positivo, ¿pero, qué sigue ahora?Canciller: En esto como en una operación los más importante es el postoperatorio, ya que lograr el objetivo de que todo se encauce y vaya por buen camino. De todo lo que se habló lo más importante es que las sanciones a Venezuela no han producido ningún efecto positivo y han parado la economía en ese país. En este momento se trata de reactivar su economía para llevar bienestar a la población y aprovechar las oportunidades de hidrocarburos. Sobre esa necesidad de levantar sanciones se habló y yo le debo hacer el seguimiento dado que hay un acuerdo tácito de que no es beneficioso para el objetivo que se persigue.Blu radio: ¿Cómo se va a manejar la relación con Venezuela, hubo alguna instrucción?Vamos a hablar con Delcy Rodríguez y vamos a procurar un encuentro personal. Hay una conexión para gas que debe ser restablecida.Blu radio: ¿Colombia va a tener algún papel en una transición en el vecino país?Todo depende de los acuerdos que hagan internamente las diferentes fuerzas políticas. En este momento este tema no se ha planteado, hay estabilidad en el ejecutivo.Blu radio: ¿habrá una visita oficial de la presidenta encargada de ese país?En este momento no, pero está pendiente concretarla porque acepto la invitación del presidente.Blu radio: ¿Ve posible una visita de Trump a Colombia tras la invitación del presidente Petro?El presidente Trump no conoce América latina, creo que tiene muchas ideas de lo que le cuentan y él preguntó mucho por el tema de la violencia, le explicamos que fue crítico pero hoy en día se ha ido controlando. A la invitación del presidente se quedó pensando pero no ha dicho nada, ni que sí ni que no, esperamos que pueda venirBlu radio: ¿Qué va a pasar con su visa?Tengo que ir a Nueva York al consejo de seguridad, por ahora tengo la visa para un tiempo mucho más largo que nos permite terminar el periodo de gobierno y venir las veces que sea necesario. Después de eso no sabemos qué pasará.Blu radio: a propósito de Venezuela, ¿cuál es la propuesta sobre Ecopetrol y Monómeros?Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene restricciones y sanciones, fue cuando se planteó por parte de Trump que era necesario levantar restricciones y esperamos que en estos meses se logre esa solución y se puedan hacer los planes de trabajo porque hay que restablecer tubería y demás, quizás en un año eso sea una realidadBlu radio: el presidente Petro ayer insistió en que no está de acuerdo con ninguna invasión, ¿Colombia insiste en que la captura de Nicolás Maduro fue un secuestro?Seguimos defendiendo la soberanía de los pueblos, el trato entre iguales y hechos como esos constituyen sobrepasar el DIH. Pero de eso no hablamos en la reunión, fue una mirada hacia adelante, ver cómo podemos activar el diálogo y restablecer las relaciones.
Con una inversión superior a los 64.000 millones de pesos con recursos de sistema general de regalías y del Ministerio de Educación Nacional, se inició el primer periodo académico del 2026 con la cobertura en un 90% del programa de alimentación escolar que beneficia a 100.000 estudiantes en las 1.440 sedes educativas del Huila.“Estos recursos iniciales garantiza un total de 111 días calendario escolar y permite a la entidad prestar el servicio hasta finales del mes de julio para este PAE convencional, que cubre las cinco subregiones del departamento”, dijo el secretario de educación Edgar Martín Lara.Explicó el secretario Lara que aún está pendiente la asignación de más recursos, por parte del ministerio, a través de la Unidad Especial de Alimentación Escolar UAPA para garantizar el programa durante todo el año lectivo 2026.“Estamos prestando la operación de este vital servicio sin ningún contratiempo en nuestras instituciones educativas oficiales, en las cinco sub regiones, la norte, sur, occidente, oriente y centro. Este importante programa tuvo el respaldo para la presente vigencia 2026, por la Asamblea del Huila que aprobó la disponibilidad de recursos para beneficiar a cerca de 100.000 estudiantes del área rural y urbana del territorio departamental” declaró el secretario.Puntualizó el funcionario que el programa PAE para la población escolar indígena del Huila está totalmente garantizado y para este primer periodo del presente año tuvo una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Huila y el Consejo Regional Indígena CRIHU.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa y factores de riesgo electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026. El estudio fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.Una de las principales alarmas que se encienden es la identificación de 170 municipios en los que coinciden factores indicativos de fraude electoral y violencia física. Este panorama representa un incremento del 29.77 % en comparación con los comicios nacionales de 2022, evidenciando lo que los expertos califican como un deterioro cualitativo de la integridad democrática en los territorios.También se presenta un aumento de municipios con riesgo extremo. Esta categoría, donde la amenaza es máxima, pasó de 49 municipios en el periodo anterior a 81 para las próximas elecciones, lo que supone un crecimiento del 65.31 %. Departamentos como Cauca (19 municipios) y Antioquia (18 municipios) se consolidan como los epicentros de este panorama negativo, seguidos por zonas críticas en Bolívar, Chocó y Nariño.Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca (Arauquita, Fortul, Saravena), Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano (33 municipios tienen riesgo extremo), Norte del Cauca, Suroriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.El riesgo identificado por la MOE no es unidimensional. Por un lado, las variables de fraude analizan atipicidades estadísticas como niveles inusuales de participación, votos nulos y el dominio electoral de ciertos grupos. En total, 383 municipios presentan riesgos para la Cámara de Representantes y 334 para el Senado, con repuntes significativos de anomalías en regiones como la Amazonía (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el Pacífico caucano.Por otro lado, la violencia condiciona la libertad del voto en 339 municipios. La injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades y la violencia contra liderazgos políticos y periodistas han creado escenarios de “gobernanza criminal”. Estas dinámicas se ven agravadas por la inestabilidad en las negociaciones de la Paz Total, que en algunos casos ha intensificado las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.La recomendación central es priorizar la presencia institucional y las Comisiones de Seguimiento Electoral en estos 170 territorios para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni manipulaciones estadísticas.
De acuerdo con el reporte del Ideam, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suan, sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas; mientras que en la estación Calamar, que se halla en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros.Las mediciones anteriores activan las alarmas, si se tiene en cuenta que los niveles del río en su paso por esta zona hacia el Canal del Dique tienden a ubicarse entre los 2 y 3 metros durante esta época, días en los que más bien suele preocupar la sequía por estos bajos niveles, tanto así, que en algunos puntos a duras penas la corriente alcanza el metro de altura.Uriel Ávila, líder de la zona, afirma que la situación de nuevo pone en riesgo de inundaciones a las comunidades de Atlántico y Bolívar, mientras el Gobierno sigue poniendo trabas a la inversión que se requiere para llevar a cabo el megaproyecto del Canal del Dique."¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Pues que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al Gobierno nacional su intervención, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del Gobierno, no vemos una voluntad de las autoridades público administrativas y queremos que inicien cuanto antes las obras de mitigación", expresó Ávila.Las comunidades advierten que por los altos niveles que se están dando, se podría dar un desbordamiento inminente del canal cuando se presenten las lluvias habituales, pues la zona no tiene dónde recibir más caudal para aliviar la presión del Magdalena.
En medio de la polémica por las listas del Pacto Histórico al Congreso, Mañanas Blu 10:30 retomó la conversación con el exregistrador delegado electoral Nicolás Farfán y con el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quienes expusieron posiciones opuestas sobre las demandas y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).Farfán explicó que presentó 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional, cada una con causales específicas.“Yo presenté en total 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional. Eso sí, cada una con una causal específica, de las cuales 8 de ellas versan sobre la violación del artículo 262 de la Constitución Política por haber superado el 15% del umbral”.Sobre su motivación, aseguró que no actúa por encargo político. “A mí no me está pagando nadie, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie. Yo estoy haciendo esto para que se cumpla la Constitución”.Según el exregistrador, el problema de fondo es que se pretende desconocer la Constitución dependiendo de la conveniencia política.“En Colombia no puede seguir echando camino que la Constitución y la ley está de adorno y que se acomoda según la conveniencia del operador político”.En cuanto a las decisiones del CNE, detalló que en San Andrés y Nariño los fallos fueron definitivos en su contra; en Caldas, la decisión inicial también fue negativa, pero interpuso recurso de reposición; mientras que en Valle del Cauca el fallo fue a su favor, aunque está pendiente de revisión.Farfán explicó que las decisiones varían según la causal analizada y defendió la postura del CNE cuando falla en contra del Pacto Histórico, al tiempo que criticó que se cuestione al organismo solo cuando las decisiones no son favorables.“Las instituciones y las autoridades que toman decisiones no pueden catalogarse como buenas o malas según como le fallan”.Sobre el caso de Bogotá, afirmó que guarda similitudes con el del Valle del Cauca y que, si el CNE mantiene la misma línea jurídica, la lista también debería ser revocada.“La Constitución en ningún lado señala que cuando uno tiene una fuerza electoral importante o mayoritaria, está facultado o autorizado para violar la Constitución”.Agregó que permitir ese tipo de situaciones sería más grave para la democracia. “Yo creo que es muy grave para la democracia colombiana que una fuerza política viole la Constitución (…) Claramente a mí me parece más grave permitirlo que no permitirlo”.Farfán también se refirió a la recusación presentada contra el magistrado Álvaro Echeverry y a la participación de Iván Cepeda en la consulta, señalando que el trámite no se ajustó a lo establecido en el reglamento del CNE.“Sorprendentemente el Consejo Nacional Electoral no le dio el trámite que establece el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral”.Por su parte, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó los argumentos del exregistrador y sostuvo que se trata de una acción política coordinada en contra de su colectividad.“Esto es el arte del engaño. Aquí no es un tema en derecho”. Ocampo aseguró que el CNE ha puesto obstáculos desde hace meses y cuestionó directamente a Farfán. “Esto viene armado desde adentro”.También afirmó que existe una intención de impedir que el Pacto Histórico participe con listas fuertes en departamentos como el Valle del Cauca. “Esto no es un tema político. El que presenta el fallo es el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático”.Frente a los escenarios jurídicos, Ocampo explicó que evalúan modificar las listas o presentar recursos, de acuerdo con lo permitido por la ley. “La 1475 dice que cuando hay revocatorias (…) tenemos hasta un mes antes de las elecciones para modificar la lista”.
Un grupo de peligrosos integrantes de ‘Los Mesa’, con amplio historial criminal, quedaría en libertad luego de que se adoptaran por parte de la justicia decisiones que dejaron en entredicho uno de los operativos más importantes contra esta estructura que delinque en Bello, Antioquia, y tiene expansión en Bogotá.Las capturas se produjeron el jueves 29 de enero, luego de que el mismo juzgado avalara 23 órdenes de captura por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. En el operativo fueron detenidas 20 personas, entre ellas alias ‘Tavo’, señalado cabecilla, así como sicarios y financieros de la organización.Sin embargo, durante las audiencias concentradas se declararon ilegales cuatro puntos de las órdenes de allanamiento, argumentando falta de motivos fundados y una supuesta invasión grave a la intimidad, pese a que se trataba de una sola orden que cobijaba todos los inmuebles, sustentada en el mismo contexto criminal y probatorio.Entre los inmuebles afectados por la decisión judicial se encuentran aquellos donde fueron capturados alias ‘Tavo’, señalado de coordinar homicidios selectivos y ajustes de cuentas, y alias ‘Nías’, jefe de sicarios de la estructura, quien además se encontraba prófugo desde 2023 y es vinculado a múltiples asesinatos bajo la modalidad de sicariato en la localidad de Suba.También podría quedar libre alias ‘Panadero’, identificado como uno de los principales expendedores y recaudadores del microtráfico, cuya actividad fue documentada mediante agentes encubiertos, y que operaba en zonas residenciales, parques y entornos cercanos a instituciones educativas.La Fiscalía cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos, el extenso prontuario criminal de los capturados y el impacto histórico de ‘Los Mesa’ en la seguridad ciudadana, se hayan prolongado las audiencias sin resolver la situación jurídica, dejando abierta la posibilidad de que criminales de alta peligrosidad regresen a las calles. La diligencia fue nuevamente suspendida para este 4 de febrero, sin que hasta ahora se haya definido la legalidad de las capturas.
El Gobierno iraní aprobó un decreto que autoriza la expedición de permisos de conducir motocicletas a mujeres, lo que pone fin a una prohibición que se remonta a la fundación de la República Islámica hace 47 años.El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, firmó el decreto que "ordena a la Policía de la República Islámica emitir permisos de conducir para mujeres", informó este miércoles la agencia ISNA.El decreto establece además que la Policía debe formar a las aspirantes a conductoras, así como llevar a cabo los exámenes para obtener el permiso.¿Por qué las mujeres no podían conducir moto? La aprobación de la medida se produce tras meses de debates en el país acerca de si se debía permitir a las mujeres conducir motos, algo que en realidad ya ocurriría con numerosas féminas haciendo uso de los vehículos de dos ruedas aunque en la práctica era ilegal.El motivo oficial era que el artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a "hombres" en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas y ello ha llevado a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora.Hace una semana, la vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció que esto cambiaría en los próximos días y explicó que las mujeres deberán atender cursos impartidos por instructoras féminas y "en caso de escasez de personal, por hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas".La aprobación de la medida se produce tras las protestas más violentas en la historia de la República Islámica, que comenzaron por motivos económicos a finales de diciembre pero pronto pasaron a pedir el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales han causado 3.117 muertos, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúa la cifra en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.En su informe anual emitido hoy, Human Rights Watch denunció que en la República Islámica las mujeres y las niñas continúan haciendo frente a una grave discriminación y violencia, debido a leyes que les niegan derechos iguales a los de los hombres, en el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, y las relegan a ser ciudadanas de segunda clase.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo en Blu Radio que no habrá una extensión adicional del acuerdo con la empresa Thomas Greg & Sons y que, en consecuencia, el nuevo modelo de pasaportes entrará en operación el 1 de abril como estaba previsto desde hace meses. “No. El cronograma que hemos establecido desde el año pasado va marchando sobre los tiempos y tendremos el pasaporte nuevo y con garantías a partir de abril”, dijo.Esta declaración se da en medio de la preocupación que ha generado el nuevo modelo de pasaportes que deja por fuera del proceso a la compañía que llevaba más de una década a cargo.El Gobierno Petro firmó un convenio con la Imprenta Nacional y la casa de la moneda de Portugal para asumir la producción de estos documentos, que aseguran será mejor. Este esquema pretende que Colombia, a largo plazo, pueda fabricar sus propios documentos con tecnología y conocimiento adquirido del actor extranjero, pero en el proceso, para evitar el desabastecimiento de pasaportes se han dado múltiples prórrogas y declaratorias de urgencia manifiesta para mantener a Thomas Greg operando hasta marzo de 2026.Por su parte, la Contraloría ha advertido riesgos en el proceso, señalando que los retrasos, la falta de claridad en el cronograma y posibles problemas financieros podrían poner en entredicho la implementación oportuna del nuevo modelo.La ministra insistió en que, pese a esas preocupaciones, todo saldrá como está previsto por el Gobierno nacional.
En una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron un golpe contundente contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Este operativo marca un hito en la política de defensa actual, siendo el primer bombardeo directo contra este grupo guerrillero en los últimos cinco años y el primero durante el mandato del presidente Gustavo Petro.Inteligencia y planificación de precisiónLa operación, descrita por el general Hugo López, en Mañanas Blu, como fruto de una "inteligencia dominante", no fue un evento fortuito. El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, se combinaron labores de inteligencia técnica y humana, complementadas con la observación constante de aviones de reconocimiento especializados que permitieron fijar el blanco de manera exacta.A pesar de la coincidencia temporal con encuentros diplomáticos internacionales, el alto mando militar enfatizó que se trató de una operación planificada detalladamente y ejecutada el pasado 4 de febrero a la medianoche. La decisión final para la aplicación de la fuerza aérea sobre este objetivo estratégico fue autorizada directamente por el presidente de la República.Golpes a la estructura del Frente de Guerra NororientalEl objetivo primordial del ataque fue una estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes que delinquían en la vereda Arangalia. Como resultado del bombardeo y los combates posteriores en tierra, se confirmó la muerte de siete combatientes, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera. Además, se logró la captura de un sujeto conocido como alias 'Elías'.En el lugar, las tropas hallaron un arsenal significativo que incluía 15 fusiles, armas cortas, abundante munición y más de 200 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI para determinar su procedencia y especificaciones técnicas.Ante las preocupaciones sobre la presencia de menores de edad en el campamento, el general López aseguró que la operación se planeó bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario para evitar afectaciones a la población civil. Aunque se reconoce que el ELN realiza reclutamiento forzoso de menores, los dictámenes preliminares de Medicina Legal no han reportado menores de edad entre los fallecidos hasta el momento.Finalmente, las fuerzas militares confirmaron que, aunque este operativo no tenía como blanco a alias 'Pablito', máximo cabecilla del ELN, las labores de inteligencia para dar con su paradero continúan de manera intensa. Se sospecha que este cabecilla podría encontrarse en territorio venezolano, por lo que se mantienen desplegadas más de 12,000 tropas en la zona fronteriza del Catatumbo para asegurar la soberanía nacional.Escuche aquí la entrevista:
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Susto en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava , actual defensor del exministro Ricardo Bonilla y Nicolás Dupont Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución presidencial que dio origen a estas zonas y la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.La demanda cuestiona la Resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026.Según el documento radicado, estas zonas fueron acordadas el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, durante las conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del Clan del Golfo, en el marco del documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”. Allí se pactó la creación de las ZUT como parte del proceso de conversación sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal.No obstante, los demandantes sostienen que, aunque la paz es un objetivo constitucional, no puede construirse al margen del orden jurídico. En el texto de la demanda se advierte que “la paz es un fin constitucional irrenunciable, pero no puede construirse al margen del orden constitucional. Cuando el Ejecutivo actúa sin sujeción a la ley, incluso con fines legítimos, se compromete el propio Estado de Derecho”. Con base en ese argumento, solicitan que se declare la nulidad de la Resolución por infracción de las normas en que debía fundarse y por falta de competencia.Uno de los ejes centrales de la acción judicial es que la creación de las ZUT y los beneficios asociados , como la suspensión de órdenes de captura para integrantes, no estaría respaldada por el andamiaje jurídico de la política de “paz total”, aprobada por el Congreso y avalada de manera parcial por la Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.La demanda recuerda que, para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de Ley de Sometimiento, que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de Zonas de Ubicación Temporal como las pactadas en Doha, menos aún en regiones como Chocó y Córdoba, que han sido históricamente epicentro de la acción criminal y del control armado del Clan del Golfo.“El Congreso de la República, y no el Ejecutivo, es el llamado a definir el marco normativo del sometimiento a la justicia y las condiciones bajo las cuales pueden establecerse Zonas de Ubicación Temporal”, señala el escrito. Y agrega que, al expedir la resolución sin ese respaldo legal, el presidente habría invadido una competencia exclusiva del legislador, actuando “en ausencia total de la ley habilitante requerida”.Ahora será el Consejo de Estado el encargado de analizar los argumentos de la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se resuelve de fondo la legalidad de las ZUT.
En menos de 24 horas, unidades del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada de ocho artefactos explosivos de alto poder en varias zonas estratégicas del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el uso de explosivos improvisados.Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales de los municipios de El Tarra, Tibú y Teorama, donde tropas especializadas en explosivos y desminado adelantaron maniobras para neutralizar los artefactos que habían sido instalados en corredores utilizados por la población civil y por las FF. MM.En Teorama, mientras se adelantaban las labores de verificación y destrucción, las tropas fueron hostigadas por integrantes del ELN, lo que derivó en un combate que se prolongó por cerca de una hora. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron afectaciones ni bajas en las filas del Ejército, y las operaciones continuaron una vez se aseguró el área.Según las autoridades, los artefactos destruidos corresponden a explosivos de fabricación artesanal y alto poder destructivo, diseñados para ser activados al paso de personas o vehículos, una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que operan en la región.Las Fuerzas Militares indicaron que las maniobras de control territorial y desminado continúan en el Catatumbo, con el objetivo de ubicar y destruir de forma controlada otros artefactos que habrían sido instalados recientemente, ante el riesgo permanente que representan para la población civil.Estas operaciones se intensificaron tras el reciente caso ocurrido en área rural de Tibú, donde un menor de edad resultó gravemente herido al pisar un campo minado, perdiendo sus extremidades, un hecho que volvió a encender las alertas sobre el impacto humanitario del uso indiscriminado de explosivos en esta zona del país.
Una nueva jornada de combates entre el Ejército Nacional y disidentes de las FARC, pertenecientes al grupo de alias Calarcá, estremeció el pasado fin de semana al municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. En medio de la tensión y los reportes iniciales de crisis humanitaria, el alcalde Juan Andrés Gómez aseguró que no se registraron víctimas ni desaparecidos civiles, pese a la cercanía de los enfrentamientos con zonas pobladas.“Gracias a Dios no tuvimos ningún civil muerto, no hubo ningún desaparecido. Se tenía información al respecto, pero las personas fueron encontradas. El balance ha sido positivo porque los campesinos se encuentran bien”, afirmó Gómez en diálogo con Mañanas Blu.Combates en la vereda LaurelSegún el mandatario, los enfrentamientos se registraron en la vereda Laurel, una zona rural ubicada a tres horas del casco urbano de Vistahermosa. Allí se produjeron choques entre las tropas del Ejército y las disidencias del frente de Calarcá, dejando como resultado dos muertos pertenecientes a ese grupo armado.Durante varias horas de la noche del viernes, habitantes de la vereda grabaron y difundieron videos que mostraban la intensidad de los combates y el temor generalizado entre la población. Gómez explicó que “las balas pasaban por los techos de las viviendas”, lo que llevó a muchos campesinos a resguardarse mientras se escuchaban helicópteros y detonaciones.“El enfrentamiento duró un par de horas en la noche. Las personas estaban muy asustadas, llamaban preocupadas por los ruidos y los sobrevuelos. Pero, como reitero, no hubo civiles afectados”, insistió el mandatario local.Investigación y presencia militar en la zonaEl alcalde Gómez señaló que al día siguiente de los combates, el Ejército permanecía en la zona a la espera de una orden de allanamiento para ingresar a una finca donde, según versiones, podría encontrarse un cabecilla de las disidencias. Sin embargo, la operación no se concretó.“La Fiscalía no dio la orden de manera oportuna, por lo que el Ejército tuvo que retirarse del lugar”, explicó. Añadió que campesinos de la zona se acercaron con preocupación al sitio, lo que aumentó la tensión entre la comunidad y las fuerzas militares.Gómez aclaró que, tras los hechos, el orden público fue restablecido y que no se registró confinamiento de la población rural. “Dimos un consejo de seguridad con presencia del coronel encargado de la misión y se confirmó que no hubo heridos ni civiles afectados”, aseguró.Reaparición de las disidencias de CalarcáEl alcalde reconoció que la presencia de las disidencias en el sur del municipio no es nueva. Vistahermosa, antigua zona de distensión durante las negociaciones de paz del gobierno Pastrana con las FARC, ha sido históricamente escenario del conflicto armado.“En estos momentos, en el casco urbano no tenemos presencia de grupos armados, pero en la zona sur —que comunica con La Macarena— siempre ha habido presencia de disidencias”, explicó.El mandatario aprovechó la entrevista para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. “Necesitamos que el Estado mire hacia Vistahermosa. Aquí en el casco urbano contamos con apenas 15 policías y en la zona rural el número de tropas es muy reducido. Nos toca con lo poquito que tenemos hacer presencia y proteger a la comunidad”, dijo Gómez.Temor y resiliencia entre los campesinosAunque la calma ha retornado momentáneamente a la vereda Laurel, el miedo persiste entre los habitantes rurales, quienes viven con la incertidumbre de nuevos enfrentamientos. El alcalde reconoció el sentimiento de zozobra, pero destacó la valentía de la población campesina que, a pesar de las amenazas históricas del conflicto, permanece en su territorio.
El presidente Gustavo Petro, manifestó este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyas diferencias dieron pie a la imposición de aranceles del 30 % en el comercio bilateral."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.El mandatario colombiano agregó que "los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo".El mensaje de Petro se produce en momentos en que los dos países están también a la espera de una posible reunión la próxima semana de las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.El mandatario ecuatoriano anunció el miércoles que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Resultados en guerra contra las drogasPetro insiste, con cifras en la mano, en que no ha bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico, cuyas bandas "crecen en Ecuador" y "han sumido a nuestro hermano país en la violencia", según dijo hoy, y añadió que hay que "establecer un férreo control" sobre los insumos para la producción de fentanilo que entran por los puertos del Pacífico."El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína", agregó.En ese sentido, el mandatario colombiano recordó que su Gobierno se ha esforzado para que haya "una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías, y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia".Según datos del Gobierno, las incautaciones de cocaína hechas en conjunto con Ecuador pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024 y subieron a 195.862 en 2025."Me reuní con la delegada del Gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa", recordó hoy Petro sobre el encuentro que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en esa ciudad brasileña, con motivo de la apertura del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía.Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros, y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa.
La relación de Colombia con Estados Unidos cumple un año de crisis y sobresaltos por diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en diversos aspectos y con la expectativa de una mejora a partir de la reunión que sostendrán el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.El segundo mandato de Trump no tuvo luna de miel con Petro porque el 26 de enero de 2025, tan solo seis días después de la investidura del republicano, el presidente colombiano no permitió la entrada al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos bajo el argumento de que, al venir esposados, no recibían un trato "digno".Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes."El 2025 dejó una conclusión clara: la relación Colombia-Estados Unidos es estratégica y resiliente; las tensiones hacen ruido, pero no rompieron los cimientos. El episodio del 26 de enero confirmó precisamente eso: cuando hay fricción, lo determinante es que existan canales formales, interlocución y capacidad de desescalar para que lo político no termine afectando lo económico", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Mantener una buena relación con Estados Unidos es fundamental para Colombia ya que ese país es su principal aliado en materia de seguridad y defensa y su mayor socio comercial, con el que desde mayo de 2012 tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC).En 2024 el intercambio de bienes y servicios ascendió a 53.300 millones de dólares, producto de exportaciones estadounidenses por 28.300 millones de dólares e importaciones desde Colombia de 25.000 millones de dólares, para un superávit de 3.300 millones de dólares a favor de EE.UU., según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos."Entre enero y noviembre de 2025, Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial, con exportaciones colombianas por 13.498,8 millones de dólares (30 % del total), y se mantuvo como el principal inversionista histórico, con 3.375,4 millones de inversión a tercer trimestre (37 % del total recibido en el periodo)", agregó Lacouture.Críticas y sancionesSin embargo, tras la crisis del 26 de enero, la relación, lejos de mejorar, enfrentó nuevas turbulencias por las constantes críticas de Petro a Trump sobre diversos asuntos, desde la campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, hasta el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro, pasando por diferencias sobre la guerra en Gaza y la cuestión palestina.A mediados de septiembre, por diferencias sobre los resultados de la guerra contra las drogas, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, comúnmente llamada 'certificación', y días después le retiró el visado a Petro.La razón fue la participación del mandatario colombiano en una manifestación propalestina en Nueva York donde, según el Departamento de Estado, "se dirigió a los soldados estadounidenses (...) instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".El mayor golpe a Petro, calificado por Trump como "líder del narcotráfico", se lo dio el Departamento del Tesoro el 24 de octubre al incluirlo junto a su esposa Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y el ministro colombiano de Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'.El tono de la discusión entre los mandatarios aumentó tras la captura de Maduro y, cuando parecía que todo iba a peor, el pasado 7 de enero Trump aceptó una llamada telefónica de Petro que rebajó la tensión y acordaron una reunión el mes próximo en la Casa Blanca, la primera entre ambos."Tenemos mucha esperanza de que esta reunión del 3 de febrero salga bien para beneficio de Colombia y de los Estados Unidos y que normalicemos nuestro relación diplomática, política y comercial, y podamos contribuir a resolver los problemas y combatir el enemigo común, que es el narcotráfico", dijo a EFE el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina.Ese encuentro ha provocado mucha expectación en Colombia, donde la prensa y la opinión pública se preguntan qué puede plantear Trump a Petro en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, garantías democráticas y de apoyo a su campaña en Venezuela, y al mismo tiempo qué pedirá el mandatario colombiano, sobre todo para salir de las sanciones que pesan sobre él.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, conversó el pasado viernes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para preparar la reunión de los mandatarios, "valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos", indicó."La relación va más allá de los gobiernos: requiere una gestión permanente con múltiples actores —sector privado, Congreso, agencias técnicas y centros de pensamiento— para mantener abiertos los canales, proteger la confianza y separar lo político de lo económico", concluyó Lacouture.