Desde algunos sectores políticos están pidiendo la renuncia de Ricardo Roa a Ecopetrol, después de que la Fiscalía anunciara que lo imputará por presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022, y por presunto tráfico de influencias; este último delito está relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá."Yo espero que termine en la cárcel, porque realmente han violado las normas electorales y, obviamente, con impacto penal a nivel nacional. Si al señor Roa le queda un milímetro de vergüenza, debería renunciar de manera inmediata", dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinal.Desde otros sectores se refirieron tanto a esta decisión como a otra que también tomó hoy la Fiscalía: imputar a Juliana Guerrero, quien iba a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos por parte de la Fundación Universitaria San José."Yo me pregunto, ¿dónde quedó esa promesa de que la diferencia entre este gobierno y los anteriores, frente a los escándalos de corrupción, era que el presidente Petro supuestamente iba a apartar de sus cargos a quienes estuvieron denunciados por casos de corrupción? Parece ser que entre más corruptos, más los atornillan en sus puestos", dijo la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.Por su parte, el candidato al Senado de Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo que Roa "no puede seguir en cabeza de Ecopetrol. Debe salir ya. Qué vergüenza. Llevamos años denunciando a este personaje y hasta ahora les da por hacer lo debido".
Ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue presentada una solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal. El argumento es que las congresistas habrían incurrido, presuntamente, en doble militancia.Lo que dicen los solicitantes es que ellas fueron elegidas como representantes a la Cámara, para el periodo 2022-2026, por el partido Colombia Humana y ahora se inscribieron a la lista a la Cámara avaladas por el Pacto Histórico."Ambas ciudadanas ostentan actualmente la calidad de Representantes a la Cámara por Bogotá por el partido Colombia Humana, colectividad política distinta al Pacto Histórico en cuanto a personería jurídica y régimen de afiliación. En tal condición, su inclusión en una lista electoral de otro partido político vulnera de manera directa lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política, el cual establece que los miembros de corporaciones públicas no podrán pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, ni apoyar candidaturas distintas a las del partido por el cual resultaron elegidos, y en caso de hacerlo, debe haberse efectuado la renuncia al cargo que ostentan dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la inscripción", dice el documento presentado al CNE.Es importante recordar que el CNE revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá y se ordenó reordenarla, un proceso que ese movimiento realizó durante este fin de semana.
Tras los recientes bombardeos contra campamentos del ELN en la zona rural de Tibú y El Tarra, las autoridades revelaron que uno de los equipos tecnológicos más avanzados incautados al grupo criminal fue adquirido en Venezuela, según información de inteligencia militar recopilada en los últimos días.Durante la operación ofensiva, que incluyó un bombardeo, fue decomisado un sistema antidrones portátil Skyfend CUAS Spoofer, diseñado para detectar, interferir y desorientar aeronaves no tripuladas, incluso redirigiéndolas para engañar a sus operadores. El hallazgo fue confirmado por el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares.El aparato, de fabricación china, funciona como una plataforma móvil de guerra electrónica capaz de bloquear la vigilancia aérea de la fuerza pública y proteger campamentos y rutas ilegales. Equipado en formato tipo mochila, el dispositivo se convirtió en uno de los principales hallazgos tecnológicos del arsenal incautado al ELN en territorio nortesantandereano.El Skyfend CUAS es parte de los sistemas antidrones diseñados para detectar, interferir y neutralizar drones hostiles en escenarios de seguridad, defensa y protección de infraestructura crítica. Su módulo spoofer, el equipo incautado, permite manipular señales GPS, con efectos que van desde engañar al dron haciéndole creer que está en otra ubicación, hasta forzarlo a regresar al punto de origen o aterrizar de manera programada.El área en la que se adquirió el sistema antidrones es conocida como una extensa red de veredas, trochas y corredores de movilidad ilegal que comprende zonas rurales de San Calixto, Hacarí, El Tarra y Teorama. Esta región, caracterizada por su difícil acceso montañoso y selvático, ha sido usada tradicionalmente por el ELN como retaguardia, zona de repliegue y corredor de paso hacia Venezuela, lo que facilita la movilización de hombres, armas y economías ilícitas.
Un atentado contra la Subestación de Policía de Guamalito, en Norte de Santander, dejó como saldo la muerte del subintendente Andrés Felipe de la Hoz, quien fue alcanzado por un disparo de francotirador mientras cumplía con sus funciones. La Policía Nacional rechazó de manera contundente este ataque, catalogado como un acto de extrema violencia que vulnera la seguridad de los uniformados en la región.Según información oficial, el subintendente fue atendido de inmediato por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que le aplicó primeros auxilios tras recibir el proyectil en la espalda. A pesar del esfuerzo por salvarle la vida, la gravedad de la herida provocó su fallecimiento, lo que generó conmoción entre sus compañeros y la comunidad local.Hombres armados del ELN atacaron a disparos un helicóptero que intentaba entrar al corregimiento para evacuar al policía herido. La institución aseguró que se activaron todas las capacidades de investigación y despliegue operativo para dar con los responsables del ataque, con el objetivo de llevarlos ante la justicia. Asimismo, se manifestó solidaridad con la familia del uniformado, destacando que su entrega y compromiso con la seguridad ciudadana serán recordados como un ejemplo de valentía y servicio al país."Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en este difícil momento, y honramos la memoria de nuestro héroe que ofrendó su vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la seguridad de los colombianos", indicó la Policía.
El Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga programó para este 9 de febrero a las 8:30 de la mañana la audiencia de sentido de fallo contra Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, procesado por presuntos delitos sexuales contra deportistas.De acuerdo con la citación judicial, Vega Blanco deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos relacionados con denuncias presentadas por varias atletas que aseguraron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.Durante el proceso, las deportistas señalaron que el entrenador habría aprovechado su posición de autoridad para cometer abusos y mantenerlas bajo amenazas. El caso ya había tenido antecedentes disciplinarios: en 2022 la Federación Colombiana de Atletismo lo sancionó con cinco años de suspensión, tras hallarlo responsable de conductas de violencia sexual, física y de género.Puesto que aprovechaba su posición de autoridad para cometer abusos repetidos, manteniendo a las jóvenes bajo amenazas y manipulación. Las denuncias fueron presentadas por varias atletas, entre ellas Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes relataron episodios de tocamientos indebidos y violencia durante entrenamientos y competencias nacionales e internacionalesSin embargo, en la justicia penal el trámite ha estado marcado por demoras. Según las víctimas, la audiencia de juicio fue aplazada en repetidas ocasiones, lo que prolongó la espera por una decisión judicial. “Nos han dejado completamente solas y él sigue dilatando los juicios”, expresó una de las denunciantes.Una de las víctimas, tras recibir la citación para la audiencia programada este 9 de febrero, afirmó: “Lo único que pido es que se haga justicia y que el acompañamiento lo brinden la Procuraduría y la Defensoría, como se habían comprometido. A él lo vemos en la calle, en supermercados, como si nada, y supuestamente tiene casa por cárcel, mientras nosotras sí llevamos años de traumas y tratamientos por culpa de él”.La diligencia de este lunes corresponde al sentido de fallo, etapa en la que el juez anuncia si el acusado es condenado o absuelto con base en las pruebas y testimonios presentados durante el juicio. Posteriormente, de ser hallado culpable, se fijará la pena en una audiencia de lectura de sentencia.Las víctimas y sus familias esperan que esta decisión marque un paso definitivo hacia la justicia y la reparación.El caso sigue generando polémica y preocupación en el deporte colombiano, al evidenciar la brecha entre sanciones disciplinarias en federaciones y la efectividad de la justicia penal, así como la vulnerabilidad de las atletas frente a abusos cometidos por entrenadores. Las víctimas y organizaciones defensoras del deporte seguro continúan exigiendo una sentencia judicial que garantice justicia y reparación integral.
Un inspector de policía murió y otras trece personas resultaron heridas al desplomarse una atracción mecánica en una feria del norte de la India, de la que el agente intentaba rescatar a los pasajeros atrapados, informaron fuentes oficiales."El inspector falleció mientras rescataba a personas. Los heridos están siendo atendidos en el hospital. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables", dijo a los medios el jefe del distrito, Ayush Sinha, tras ordenar la evacuación inmediata y el cierre del área de atracciones.La tragedia ocurrió la noche del sábado en el estado de Haryana cuando la atracción, conocida como "Tsunami" y en la que viajaban unas 19 personas, se atascó en las alturas antes de precipitarse al vacío.Según vídeos difundidos por testigos en redes sociales, el aparato comenzó a moverse a una velocidad inusual tras quedar bloqueado, para finalmente desprenderse de sus soportes y estrellarse contra el suelo.El fallecido se encontraba coordinando las labores de evacuación de los pasajeros atrapados cuando la estructura cedió por completo del otro extremo y se desplomó sobre él, según informó la policía.Este es el videoEl oficial, que estaba a punto de jubilarse tras 36 años de servicio, sufrió heridas mortales en el rostro y la cabeza mientras intentaba poner a salvo a los ocupantes."El columpio se atascó arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomara sobre los que quedaban y sobre el inspector", contó un testigo al medio local Bhaskar English.Apenas una hora antes del accidente de la atracción, el colapso de una de las puertas principales del recinto ya causó heridas a otras dos personas, entre ellas un menor. Los trece heridos en el doble incidente fueron trasladados a hospitales cercanos, donde reciben tratamiento por diversas lesiones.Las autoridades de Faridabad, una ciudad satélite de Nueva Delhi, han iniciado una investigación criminal contra los operadores de la feria por negligencia técnica, mientras el Gobierno regional de Haryana ha prometido asistencia económica a las familias de las víctimas.
La repentina muerte de un joven deportista dentro de un gimnasio en el noroccidente de Bogotá tiene consternada a la comunidad y ha generado múltiples interrogantes. El hecho ocurrió en la sede de Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba, mientras la víctima realizaba su rutina habitual de entrenamiento con pesas.El fallecido fue identificado como Juan Sebastián Anzola Quintero, conocido entre sus allegados como “Sebas”, un fisicoculturista que compartía de forma constante su proceso deportivo en redes sociales y era reconocido por su disciplina y constancia en el gimnasio. Según testigos, el joven se descompensó de manera súbita y cayó al suelo frente a otros usuarios, lo que generó momentos de angustia y confusión en el lugar.Varias personas intentaron auxiliarlo mientras se alertaba al personal del establecimiento para que activara los protocolos de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos iniciales, Juan Sebastián falleció dentro de las instalaciones, antes de poder ser trasladado a un centro médico.Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre lo ocurrido, algunas de ellas cuestionando la respuesta del gimnasio. Uno de los testimonios más difundidos fue el de Andrés Montoya, fisicoculturista y amigo cercano del joven, quien publicó un video en Instagram en el que expresó su inconformidad con la atención brindada. En su pronunciamiento, aseguró que durante varios minutos se intentó auxiliarlo sin que se autorizara su traslado inmediato a un hospital cercano, lo que —según él— pudo haber marcado una diferencia, aunque aclaró que no se puede afirmar con certeza que el desenlace hubiera sido distinto.Montoya también criticó que el establecimiento retomara actividades al día siguiente sin emitir un comunicado público, una situación que fue replicada por varios usuarios en redes sociales. En medio del debate, surgieron reflexiones sobre los riesgos del alto rendimiento físico, la exigencia extrema en los entrenamientos y el uso de suplementos sin acompañamiento médico.¿Qué dijo Smart Fit al respecto?Ante la polémica, Smart Fit Colombia emitió un comunicado oficial en el que informó que Juan Sebastián sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba. Según la empresa, brigadistas certificados del gimnasio actuaron de inmediato, aplicaron maniobras de reanimación, utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) y activaron los protocolos de emergencia establecidos. No obstante, el joven falleció antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.La cadena expresó sus condolencias a la familia y amigos del deportista y reiteró su compromiso con la seguridad de sus usuarios. Mientras tanto, seres queridos y compañeros se preparan para despedir a Juan Sebastián en Bogotá, recordándolo no solo por su fortaleza física y disciplina, sino también por su calidad humana y cercanía con quienes lo rodeaban.
Al menos doce personas murieron, entre ellas varios niños, y otras tres resultaron heridas al despeñarse el microbús en el que viajaban por un barranco en el noreste de Afganistán, informaron este domingo fuentes oficiales."Tras un accidente de tráfico ocurrido ayer en el distrito de Arghanjkhwah, en la provincia de Badakhshan, al menos 12 personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas de gravedad", confirmó a EFE el portavoz del Departamento provincial de Información y Cultura, Zabihullah Amiri.El siniestro se produjo el sábado en la zona de Samdar. Amiri detalló que entre los fallecidos hay civiles de todas las edades y señaló que "las víctimas incluyen a hombres, mujeres y niños".Según las autoridades, el accidente ocurrió cuando un vehículo de pasajeros tipo "Flancoach", una furgoneta habitual en zonas rurales, perdió el control por el mal estado de la calzada, se salió de la ruta y se precipitó por un barranco mientras circulaba desde la ciudad de Faizabad hacia el centro del distrito.Las autoridades locales informaron de que los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir tratamiento y añadieron que varios de ellos se encuentran en estado crítico.Los accidentes de tráfico son un problema persistente en Afganistán, donde la falta de carreteras estandarizadas, la escasez de señales de tráfico y la negligencia de los conductores contribuyen frecuentemente a siniestros mortales.
Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein."La decisión de nombrar a Peter Mandelson (en febrero de 2025) fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", dijo McSweeney, hasta ahora jefe de personal en Dowing Street."Cuando me consultaron, aconsejé al primer ministro que realizara ese nombramiento y asumo plena responsabilidad por ello", explicó en un comunicado McSweeney, considerado artífice de la victoria electoral de Starmer en las elecciones generales de julio de 2024.El militante laborista, cuya dimisión reclamaron en los últimos días incluso algunos de sus correligionarios, dijo que continúa apoyando al primer ministro, que "trabaja cada día para reconstruir la confianza, restaurar los estándares públicos y servir al Reino Unido".McSweeney también reconoció en su nota que hay que mejorar el proceso de selección de cargos públicos e instó a recordar sobre todo a las víctimas de Epstein, muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.En los últimos días, numerosos diputados laboristas pidieron el cese del influyente activista, a quien responsabilizan de cometer un error catastrófico al abogar por el nombramiento del exministro Peter Mandelson como embajador en Washington cuando ya se conocía la existencia de su relación con el pederasta estadounidense.La Policía investiga actualmente al también excomisario europeo de Comercio para determinar si delinquió al filtrar a Epstein en 2009 información confidencial del Ejecutivo del entonces primer ministro laborista Gordon Brown.El independentista Partido Nacional Escocés (SNP) y el Partido Verde, así como políticos de todas las formaciones, han pedido además la dimisión de Starmer, quien el viernes aseguró que se mantendrá en el puesto para cumplir su mandato.Según un sondeo de la firma demoscópica Opinium difundido este domingo, un 55 % de los británicos cree que el primer ministro debería dimitir, si bien varios ministros salieron hoy en su defensa y presumiblemente Downing Street espera que la marcha de McSweeny le proteja por ahora en el cargo.
De acuerdo con información de inteligencia, los hombres que aparecen en las imágenes del momento exacto del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado 5 de febrero en zona rural de Fortul, Arauca, pertenecerían al frente Domingo Laín Sáenz del ELN, una estructura que delinque en esta región del país.Según las autoridades, estos criminales, responsables del asesinato de dos de los escoltas del senador, acostumbran combatir vestidos de civil. Esta modalidad, explican los informes, busca que, en caso de ser dados de baja sus integrantes, se les retire el armamento y sean presentados como campesinos ajusticiados, dificultando la atribución directa de responsabilidades al grupo armado.En el video, analizado por investigadores judiciales y de inteligencia, se observa el ataque indiscriminado contra el vehículo blindado en el que se movilizaba el esquema de seguridad del senador. En las imágenes se alcanza a contar al menos cinco hombres armados, quienes disparan de manera directa contra el automotor en plena vía pública.Una de las escenas más relevantes del video permite identificar parcialmente el rostro de uno de los atacantes, quien aparece con un fusil en la mano, sonriendo, vestido con camisa negra y gorra negra, mientras participa del ataque. En otra imagen se observa a otro de los hombres de espaldas, vistiendo camisa naranja y un chaleco verde de uso militar, con munición visible.Los hechos se registraron cuando el vehículo atacado, junto con otro automotor en el que se desplazaban tres asesores del senador Castellanos, se dirigían hacia Yopal, Casanare, con el fin de recoger al congresista, quien se encontraba realizando actividades políticas en la región. Durante el mismo episodio, los tres asesores fueron retenidos por varias horas y posteriormente liberados en la tarde de ese mismo día, sin que se reportaran lesiones.Tras conocerse el hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló a través de su cuenta de X que el atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
El presidente Gustavo Petro viajará a Montería para encabezar un consejo de ministros en el que se analizará y proyectará un decreto de emergencia económica, social y ambiental, con el fin de atender las afectaciones generadas por el frente frío que ha dejado múltiples emergencias en varias regiones del país. El decreto aún no está listo y por ello será discutido junto a todo su gabinete.El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X, donde además señaló que las juntas directivas de las hidroeléctricas de Urrá e Hidroituango, tanto públicas como privadas, deben responder por no haber acatado, según él, la directriz de aplicar anticipadamente la nueva fórmula tarifaria para la energía. Petro afirmó que dio esa orden hace cuatro meses a las generadoras públicas, pese a que la fórmula será obligatoria a partir de 2027, y exigió a la Superintendencia de Servicios Públicos y al ministro de Minas, Edwin Palma, explicar por qué no se cumplió.De acuerdo con el presidente, si la nueva fórmula se hubiera aplicado, la hidroeléctrica de Urrá no estaría actualmente llena, las tarifas de energía habrían bajado más y el impacto de la emergencia sería menor. En ese contexto, criticó también a la Alcaldía de Medellín y a la junta directiva de EPM por el manejo de la situación.Frente a las acciones del Gobierno, Petro informó que se atenderá la emergencia con la entrega de ayudas alimentarias, la compra de alimentos en las regiones afectadas y la expedición de decretos en el marco de la emergencia. El consejo de ministros en Montería será clave para definir estas medidas.Finalmente, el mandatario arremetió contra la represa de Urrá, al señalar que habría beneficiado a terratenientes vinculados al despojo y a hechos de violencia contra comunidades indígenas.
El senador Jairo Castellanos manifestó su profundo dolor y desconcierto tras el sepelio de Wilmir y Manrique, los dos integrantes de su esquema de seguridad que fueron asesinados la semana pasada en un ataque perpetrado por el Eln en la región de Arauca. En diálogo con Mañanas Blu, el congresista calificó el hecho como un acto de "inhumanidad indescriptible" y una "barbarie", resaltando la crueldad con la que actuaron los atacantes.Una emboscada milimétrica y despiadadaDe acuerdo con el relato del senador, el incidente no fue un retén fortuito, sino una operación coordinada para cerrar el paso a su caravana. Tres camionetas interceptaron los vehículos: una se posicionó adelante, otra en medio y una más atrás, bloqueando cualquier ruta de escape.Mientras que los ocupantes de uno de los vehículos fueron retenidos, los dos escoltas que se encontraban en la camioneta blindada se negaron a bajar, lo que desencadenó una lluvia de fuego. Castellanos describió, basado en videos del ataque, cómo cerca de 20 personas armadas y "desquiciadas" dispararon a quemarropa contra el vehículo con total sevicia, celebrando mientras cometían el crimen contra "gente humilde".Atacantes vestidos de civil y confirmación del ElnUno de los puntos que más ha generado interrogantes es que los perpetradores no portaban uniformes camuflados, sino que estaban vestidos de civil, algo inusual en los patrullajes de la zona según la experiencia del senador. Sin embargo, la autoría del grupo guerrillero fue confirmada por el equipo de campaña que fue secuestrado durante el mismo evento.Los sobrevivientes relataron que, tras ser vendados y trasladados a un paraje desconocido para investigar si pertenecían a la fuerza pública, los captores se identificaron explícitamente como miembros del Eln antes de liberarlos cerca de las 7:30 de la noche.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una estrategia de atención reforzada para acompañar a las comunidades afectadas. La entidad desplegó 14 Unidades Móviles en nueve municipios, integradas por equipos de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas que brindan atención directa, apoyo emocional y orientación a las familias. Este operativo se complementa con el uso de 18 vehículos institucionales para facilitar la llegada de la ayuda a las zonas priorizadas.Como parte de la respuesta en seguridad alimentaria, el ICBF dispuso 136.800 unidades de Bienestarina líquida y cerca de 1,3 toneladas de Bienestarina en polvo, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niños, niñas y sus cuidadores. Además, la entidad ha garantizado la entrega de cerca de 40 toneladas de alimentos en 23 municipios priorizados y programó el envío de más de 19 toneladas adicionales al municipio de Tierralta.Con estas acciones, el respaldo nutricional alcanza cerca de 60 toneladas de ayuda, en una intervención sostenida que busca proteger a la niñez y apoyar a las familias en medio de la contingencia. El ICBF señaló que mantendrá la presencia institucional en el territorio para asegurar la continuidad de la atención integral durante la emergencia.
La Oficina de Gestión del Riesgo informó que las lluvias del fin de semana dejan emergencias en 13 municipios del Huila con deslizamientos de tierra en vías rurales, viviendas averiadas e inundadas por desbordamientos de fuentes hídricas, puentes vehiculares colapsados y cultivos de café destruidos.De acuerdo con el reporte oficial, en el municipio de La Plata se desbordó la quebrada La Azufrada y dejó más de cien viviendas inundadas en el barrio San Antonio con, al menos, 50 familias damnificadas quienes perdieron todos sus enseres, situación que obligó al alcalde municipal declarar la calamidad pública.“Tenemos afectaciones por vías terciarias obstruidas en los municipios de Oporapa y Saladoblanco, por inundaciones tenemos al menos 50 familias damnificadas en el municipio de La Plata, también tenemos emergencias en el municipio de Timaná donde colapsó el sistema de alcantarillado y dejó más de 20 viviendas inundadas y 10 locales de comercio en el casco urbano”, dijo Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina para la Atención de Desastres del Huila.Asimismo, los municipios de Saladoblanco, Elías, Íquira, Algeciras, Guadalupe, Agrado y Gigante han reportado múltiples deslizamientos de tierra que han generado cierres totales y parciales en vías departamentales y terciarias, afectando la movilidad de las comunidades campesinas. En Pitalito, varias viviendas resultaron afectadas por vendavales.Emergencias en La Plata, HuilaLa alcaldía municipal declaró la calamidad pública a raíz de las graves emergencias que provocaron el desbordamiento de las quebradas La Azufrada y Museñas, dejando más de 50 familias damnificadas con pérdida total de enseres y varios vehículos afectados por las inundaciones.El alcalde Camilo Ospina, con el apoyo de la Oficina de Gestión del Huila, los cuerpos de Bomberos de varios municipios, la Cruz Roja, la Defensa Civil, adelantaron el respectivo censo de las familias afectadas, viviendas averiadas tanto urbanas como rurales y un puente destruido por desbordamiento de la quebrada Museñas.Entre tanto, la administración municipal, con la ayuda del Gobernación del Huila, el sector comercio y entidades privadas entregaron alimentos y ayudas de primera necesidad como colchonetas, frazadas, cobijas, ropa a las familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.Balance de emergencias 2026 en HuilaEn lo que va corrido del año 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro de los municipios, reportan 117 familias damnificadas, 135 viviendas urbanas y rurales averiadas, tres sedes educativas afectadas, 99 deslizamientos de tierras en vías principales y terciarias.Según reporte del Ideam, en el Huila los municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Paicol, Rivera, Guadalupe, Agrado, Saladoblanco, Elías, se encuentran en alerta roja por eventuales emergencias y deslizamientos de tierra, mientras que, en alerta naranja, están: Acevedo, Algeciras, Campoalegre, Hobo, La Plata, Nátaga, Palestina, Pital, Pitalito, San Agustín, Teruel, Tesalia, Yaguará e Íquira.
La emergencia por inundaciones en Córdoba sigue dejando miles de damnificados. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 17.000 familias en 17 municipios del departamento han resultado afectadas tras el aumento en los caudales de los ríos, provocado por un frente frío atípico que se ha visto intensificado por los efectos del cambio climático.Las lluvias persistentes han generado desbordamientos, pérdida de viviendas, daños en vías y serias afectaciones a comunidades rurales y urbanas. Uno de los puntos críticos es el municipio de San Pelayo, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria en medio de un panorama marcado por el barro, el agua estancada y el riesgo constante.En ese escenario, las operaciones en terreno son lideradas por la subteniente Isabel Rodríguez Arcila, una oficial de 25 años que está al frente de un pelotón de 30 soldados rescatistas desplegados para atender a la población afectada. Rodríguez, oriunda de Envigado, Antioquia, comanda las maniobras en una de las emergencias climáticas más complejas que ha vivido la región en los últimos años.Desde las zonas inundadas, la oficial coordina rescates, supervisa trabajos de remoción de lodo y escombros y acompaña de manera permanente a su personal, en jornadas que se extienden durante horas bajo la lluvia. Su pelotón cuenta con formación en rescate acuático, apoyo en alojamientos temporales y labores de ingeniería básica, claves para mitigar el impacto de la emergencia.“Estar al mando de este pelotón representa un honor y una gran responsabilidad. Nuestra misión es apoyar a la comunidad y responder en los momentos más difíciles”, señaló la subteniente, mientras continúan las labores en el municipio.El caso de San Pelayo refleja no solo la magnitud de la emergencia que enfrenta Córdoba, sino también el papel que vienen asumiendo mujeres en operaciones de alto riesgo y responsabilidad, especialmente en contextos humanitarios.Mientras las lluvias siguen afectando distintas regiones del país, las autoridades mantienen activos los planes de atención y respuesta, en una carrera contrarreloj para evitar nuevas tragedias y atender a las comunidades que hoy permanecen rodeadas por el agua.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, quedando en 2 millones de pesos.La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.En esa acción de tutela se argumentó que había una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley.Según la tutela, el aumento que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 tendría efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y los trabajadores informales.La petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar.Otro de los argumentos para que el juzgado negara la suspensión provisional del decreto es que en la tutela ni en sus anexos se demostraron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la suspensión.
Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.Por su parte Sofia Gaviria Correa, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, aseguró que esta apelación era un “descaro”, de los comparecientes.“Las víctimas no podemos quedarnos calladas. Yo invito a los colombianos a que rechacemos esta indignación. El Pacto de La Habana es generoso para los victimarios y ha negado a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas las formas de lucha las están utilizando las Farc en este momento y esta es una prueba de que efectivamente pretenden negar la atrocidad que cometieron”, dijo Gaviria.
El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra de los 19 ministros del Gobierno nacional, por la dilación en que estarían incurriendo para evitar la realización del debate de control político al decreto de emergencia económica expedido a finales de diciembre de 2025.“El Gobierno nacional, que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la ‘emergencia’ económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para después pedir prórrogas”, sostuvo Motoa en su cuenta de X.Cabe recordar que, según lo revelado por Blu Radio, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negó a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado el pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas y que para ello contaban legalmente hasta el 31 de diciembre.Sin embargo, tanto el 31 de diciembre como el 9 de diciembre pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta dos solicitudes de prórrogas, bajo la excusa de que las distintas dependencias del gabinete nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate.“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos… todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la @PGN_Col: porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, afirmó Motoa.El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción, así como del Decreto 1479, que establece medidas tributarias extraordinarias orientadas a incrementar el recaudo y financiar el presupuesto general de la Nación, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso y en el que se incluyen impuestos a compras por internet, aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %, IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, entre otros.