Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Seis meses después de que la Procuraduría General ordenara la apertura de una indagación disciplinaria por presuntos malos manejos del fondo fijo o caja menor asignada al despacho del alcalde de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, el ente de control parece apretar el paso en las acciones.Así quedó reflejado a través de una constancia del estado de este proceso donde la Procuraduría delegada para la Economía y la Hacienda Pública indica que avanza la recolección de pruebas dentro del caso donde se ha denunciado un posible detrimento patrimonial de hasta 117 millones de pesos en gastos de ese fondo que no cumplirían con los requisitos de urgencia, necesidad o imprevistos exigidos por la ley.De acuerdo a las facturas con las que se soportaron los gastos de la caja menor y reveladas en su momento por el entonces concejal de la ciudad, Alfredo Ramos, hubo consumos en establecimientos como supermercados, panaderías, restaurantes, verdulerías e, incluso, tiendas para mascotas que no respondían a los fines para los cuales estaba destinado el fondo.Además de Quintero. en la investigación abierta por la Procuraduría desde julio de 2025 también está vinculada María Camila Villamizar, una de sus funcionarias más cercanas durante su periodo de Gobierno y quien se desempeñó como secretaria Privada de la Alcaldía."Convirtieron la Alcaldía de Medellín en su billetera personal. No fue un gobierno, fue una banda dedicada a desfalcar a Medellín. El tiempo y las pruebas nos siguen dando la razón. A Medellín la saquearon, y hoy la justicia le respira en la nuca", asguró el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.El escándalo del fondo fijo también derivó, sobre el final del periodo de gobierno de Quintero, en la declaratoria de insubsistente en el mismo cargo de Juan David Duque por parte del Concejo de Medellín.El sucesor de Villamizar fue citado en múltiples ocasiones en la corporación para explicar los presuntos malos manejos de estos recursos, pero no asistió a muchas de ellas y en varias no presentó excusa, lo que reforzó la percepción de que no estaba dando explicaciones que estaba obligado a entregar sobre el caso.
Un juez de la República condenó a 36 meses de prisión a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘El Negro Ober’, por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, luego de intimidar de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las amenazas estarían relacionadas con el proceso que adelantaba la funcionaria judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada, en el que figuraba como indiciada la esposa del hoy sentenciado.El material probatorio presentado por el ente acusador permitió que Martínez Gutiérrez aceptara su responsabilidad de manera libre, voluntaria y con la asesoría de su abogado, lo que dio paso a un preacuerdo con la Fiscalía, posteriormente avalado por un juez de control de garantías.Como resultado, el despacho judicial impuso una condena de 36 meses de prisión y una multa equivalente a 8,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando alias ‘El Negro Ober’, desde la Palogordocárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, grabó un video que posteriormente divulgó en redes sociales.En la publicación, el hombre amenazó de muerte a la fiscal encargada del caso contra su esposa y exigía su liberación inmediata, advirtiendo que, de no hacerlo, le quitaría la vida a la funcionaria judicial.Las autoridades señalaron que este no sería un hecho aislado, pues alias ‘El Negro Ober’ se ha hecho conocido por difundir videos intimidatorios desde centros penitenciarios, en los que no solo ha amenazado a funcionarios judiciales, sino también a comerciantes, periodistas y autoridades, evidenciando que continuaba delinquiendo pese a estar privado de la libertad.La Fiscalía General de la Nación reiteró que las amenazas contra servidores públicos constituyen un delito grave que atenta contra la administración de justicia y la integridad de quienes ejercen funciones judiciales.“El mensaje es claro: las intimidaciones, incluso, cuando se realizan desde centros carcelarios, tienen consecuencias penales y no quedarán en la impunidad”, indicó el ente acusador.El fallo quedó en firme tras la aprobación del preacuerdo y contra esta decisión procede únicamente el recurso de apelación.
Díaz, delantero estrella de la Selección Colombia, fue sancionado el pasado 4 de noviembre en el Parc des Princes frente al Paris Saint Germain. En ese partido, el jugador marcó dos goles importantes para el Bayern, pero fue expulsado del campo de juego y recibió una sanción de tres fechas. El equipo alemán presentó un recurso de apelación a la medida interpuesta, el cual fue resuelto a favor de Díaz, reduciendo la sanción a dos fechas.Las ilusiones de volver a jugar del delantero guajiro de 29 años se mezclan con la aspiración de mejorar sus registros como goleador en la Liga de Campeones de la UEFA.El Bayern Múnich, dirigido por el belga Vincent Kompany, está muy cerca de asegurar su paso a los octavos de final de la Champions League. Mañana, a las 3 de la tarde, hora colombiana, y en la séptima y penúltima jornada, el Bayern jugará contra el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica. Por su parte, el Union Saint-Gilloise perdió su último partido frente al equipo francés Olympique de Marseille y se ubica en el puesto 30 de la clasificación general.
Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.El accidente ha sucedido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Este choque sucede en una joranda de intensas precipitaciones en toda la región.El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 20 de enero de 2026:En la primera fecha de la Liga BetPlay, Cúcuta Deportivo cayó ante Once Caldas 2 - 1 como local, marcando su regreso a la primera división.Vasco da Gama le ganó las negociaciones a Boca Juniors de Argentina por el futbolista colombiano Marino Hinestroza, tras corresponder totalmente a las disposiciones de Atlético Nacional para su traspaso al equipo.El defensa central uruguayo Édgar Elizalde fue presentado por Millonarios como su nuevo jugador, quien ageadeció a los hinchas por los mensajes de recibimiento.Jorge Ramínez, analista arbitral, se pronunció sobre la decisión del VAR del penalti que pitó a favor de Llaneros en su compromiso con Palmeira.Escuche el programa completo aquí:
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Luego de entregar los requerimientos legales pendientes y, también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada en la mañana de este martes 20 de enero la realización de las corralejas de Sincelejo que iniciarán desde esta tarde hasta el próximo domingo.El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello.Sin embargo, a partir de la realización de los trámites por parte de los privados que estaban encargados del montaje de los palcos y las graderías, se logró terminar la construcción de la estructura mientras se tramitaba la documentación requerida para garantizar la seguridad a los asistentes.Esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrarían en vigor las prohibiciones establecidas en la ley 2385 de 2024. Esta ley prohíbe las peleas de gallos, corralejas, coleos y toda clase de actividad de entretenimiento que implique el uso de animales.Por lo pronto, desde el equipo de la Defensa Civil en Sucre aseguran estar listos para atender las emergencias que se puedan generar a partir de estas fiestas.“La Defensa Civil desde sus capacidades operativas y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en este caso para las corralejas de este año, hemos analizado todas las actividades que se van a desarrollar. Se dieron las recomendaciones de las medidas preventivas que esperamos que los promotores de este evento de afluencia masiva las ejecuten para evitar situaciones especiales”, dijo el mayor Mauricio Rodriguez Ardila, director de la dependencia.“Se dispondrá un dispositivo en terreno de dos equipos de respuesta y un funcionario dentro del puesto de mando unificado que será instalado en el sector de las corralejas. odo esto para la coordinación de apoyos en camilla o actividades de atención que se requieran dentro del desarrollo de esta actividad. Habrá disponibilidad operativa en coordinación con la Cruz Roja”, agregó.Para este año se espera la asistencia de por lo menos 7.000 espectadores, mientras que se tiene previsto que el primer toro salga al ruedo desde las 2:00 de la tarde.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Consejería Comisionada de Paz recordó que el próximo 20 de enero vence el plazo acordado entre los cabecillas de las bandas criminales ‘Los pepes’, y ‘Los Costeños’ para que dichas estructuras desacelerar los actos de violencia urbanas como gestos de paz, razón por la cual el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para dar continuidad al proceso.Entre las determinaciones anunciadas, se destaca la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el respaldo del sacerdote católico Cyrillus Swinne, reconocido por su labor comunitaria en el Atlántico, con quien concertó una agenda de trabajo social con epicentro en el barrio La Paz del suroccidente de Barranquilla.La continuidad de Pineda en el cargo estuvo cuestionada luego de que se frenaran, por el momento, los traslados a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, ‘el Negro Ober’ y otros lideres de zona de Los Costeños.“El Gobierno indica que avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana”.Enfatizó que las medidas de traslados de los integrantes de “Los Costeños” se mantienen aplazadas, sin embargo el proceso de exploración sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de "Los Pepes".Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía en Barranquilla y el Atlántico para reforzar el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, subrayando la importancia de garantizar tranquilidad ciudadana de cara a la celebración de los Carnavales.
A través de un video publicado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde es docente el barranquillero Leonardo Escobar Barrios, quien estuvo desaparecido 16 días después de llegar al aeropuerto internacional de Monterrey, en un vuelo procedente de la ciudad de Bogotá, donde estuvo con su familia, el maestro entregó detalles del calvario que vivió.Leonardo contó que aunque solo debía estar 3 horas en el aeropuerto, en medio de una escala, antes de salir hacia la Ciudad de México, por razones que desconoce la Guardia nacional lo retuvo tres días en una celda del municipio de Apodaca, donde lo golpearon y le partieron varias costillas."Durante tres días estuve en una celda en el municipio de La Pochaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo que me genera una fractura de tres costillas (…) lo que ha sido comprobado médicamente", afirmó.Luego de eso cuenta que lo dejaron en libertad pero salió muy desorientado, y allí lo robaron, lo dejaron indocumentado y no le permitieron volver a entrar al aeropuerto de Monterrey por lo que empezó a deambular las calles, en plena indigencia."Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco (…) la Policía me alejó más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero y sin nada me llevó a una situación totalmente vulnerable", relató.El profesor universitario contó que se vio obligado a refugiarse entre la maleza para evadir el sol durante varios días, sin comer ni tomar agua, al borde de la muerte, hasta que una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, al confundirlo con un habitante de calle y lo llevó a un centro médico en el municipio de Juárez donde permaneció 10 días inconsciente, sin hablar.Solo hasta el 15 de enero pudo entregar datos sobre su identidad hasta que fue rescatado por la Fiscalía que ya lo estaba buscando.El barranquillero, quien lleva 10 años viviendo y trabajando en México, cuestionó que no exista registro de su detención, lo que evidentemente constituye una irregularidad. Así mismo asegura que le negaron el derecho a comunicarse con su familia y no le brindaron asistencia médica.El docente indicó que su detención arbitraria obedece a un acto de discriminación: “Lo que yo vivo creo que se trata de una condición discriminatoria”, expresó.
Según el Ministro del Interior Armando Benedetti, Leyton Barrios estaría a punto de ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico, tras haber interpuesto una acción de tutela en la que alega ser padre cabeza de familia.Benedetti recordó que sobre Barrios pesan señalamientos graves, entre ellos la presunta falsificación de certificados para acreditar su experiencia laboral, razón que llevó al Ministerio de Educación a retirarlo del cargo el pasado mes de diciembre, es decir, es decir, un mes y medio después de que fuera nombrado en el puesto.“Está a punto de volver ahora por una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdame a recordar esto. Entonces, no se debe volver”, insistió Benedetti.El ministro insistió en que detrás de este proceso existirían intereses de carácter político y fue enfático al señalar que Barrios no debería regresar al cargo.El 27 de octubre de 2025 el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025–2029, sin embargo, ante las denuncias de presunto fraude con documentos anexos a su hoja de vida, el ministerio de Educación resolvió separarlo del cargo y posteriormente nombrar como rector encargado a Rafael Ángel Castillo Pacheco.
La terrible combinación de velocidad y alcohol sería el detonante de una tragedia que enlutó este fin de semana a una familia en Cartagena. Boris Eduardo Ramos, un domiciliario de 46 años, fue arrollado por una chiva rumbera cuando se disponía a entregar un pedido.El siniestro vial, que le causó la muerte al domiciliario, se registró cuando el hombre se movilizaba en una bicicleta sobre el Puente Román, en sentido hacia la calle Larga, en el barrio Getsemaní.De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), el conductor de la chiva rumbera resultó positivo en la prueba de alcoholemia.“El vehículo era conducido por el señor Germán Chico Ríos, a quien se le practicó la respectiva prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo en grado cero. Debido a esta situación, que dejó sin vida al ciclista, y al agravante correspondiente, la Policía procedió a la captura del conductor de la chiva, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el DATT.Asimismo, el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que, tras la captura, el conductor de la chiva fue presentado ante un juez de control de garantías para que se defina su situación judicial.“La Policía Nacional se solidariza con este hecho que enluta a una familia y a todo un gremio que se ve afectado. La Policía acude a una situación en la que la Secretaría de Tránsito atiende un caso de accidente, donde una chiva efectivamente arrolla a una persona que se desplazaba en bicicleta. Una vez los agentes de tránsito realizan el procedimiento, se efectúa la captura y, en este momento, esta persona que conducía el vehículo está enfrentando las audiencias correspondientes de legalización de captura, ya que, según el dictamen, presenta resultado positivo en la prueba de alcoholemia”, informó el oficial.Entretanto, las autoridades de tránsito de Cartagena hicieron un llamado a los actores viales a conducir sin consumir bebidas alcohólicas, respetar las normas de tránsito y mantener una actitud responsable al volante.
Con sorpresa fue tomado hasta por el mismo sacerdote Cyrillus Swinne el anuncio del presidente Gustavo Petro de su llegada como mediador para la mesa de diálogo que se quiere instalar con las bandas de Barranquilla, la cual hoy está en su momento más inestable, debido a la cancelación de los traslados de sus cabecillas hacia el Atlántico.El padre Cirilo, como es conocido en la ciudad, es un sacerdote holandés que desde hace más de 40 años ayuda con trabajo social a los barrios más vulnerables del suroccidente de Barranquilla.Él, desde el año anterior, junto con su equipo de trabajo, estaba dialogando con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el fin de crear un proyecto que aleje a los jóvenes de la violencia en Barranquilla y Soledad, aunque en su tiempo no se pudo concretar por temas presupuestales. Explicó que el pasado viernes, se volvió a tocar el tema y, dada su cercanía con el alcalde Alejandro Char, pensaron en su nombre para mediar en este proceso de paz urbana.“Llegó, montamos todo, le explicamos lo que hacíamos junto a mi equipo y después Otty se fue. Después de una media hora, recibí una llamada de un amigo que es muy cercano al presidente Gustavo Petro para preguntarme si estaba dispuesto a acompañarlos en este proceso de paz como mediador y dije que era un padrecito, pero que si así lo querían con mucho gusto”, dijo inicialmente.Cyrillus sostiene que no aceptó el cargo por política, sino porque siendo sacerdote ha evidenciado la miseria de la comunidad. Por eso, confía en que puede trabajar de la mano con el Alcalde Char, tal como lo hacen en proyectos como el Hogar San Camilo y la Biblioteca Popular La Paz, aunque ahora mismo el mandatario no está muy convencido.“Con Alex (Char) tenemos siempre un muy buen entendimiento, trato respetuoso también. Esa buena relación que hemos tenido puede ayudar a que de pronto se solucionen esas dificultades que hay en la mediación. Eso claro, depende de que el alcalde así lo quiera”, agregó.Finalmente, el sacerdote envió un mensaje de paz hacia estas estructuras armadas, teniendo en cuenta que en 24 horas se acabará la tregua delictiva que pactaron el año anterior.“En este momento crucial, que estamos entre todos buscando la paz, mi mensaje es para los actores de esta realidad colombiana difícil. Invito a que pensemos en el futuro que queremos dejar para nuestros hijos o nietos. Tratemos de salir de esa espiral de violencia que nos acerca más a la muerte. Hay que dejar de mirar hacia atrás y construir. No busquemos vencedores ni vencidos, de eso no se trata”, declaró a Blu Radio.“Demos una señal de esperanza para nuestros niños y nuestros jóvenes. Busquemos por ahí la paz que tanto necesitamos, que Dios los acompañe”, concluyó.
Bajo investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla están tres homicidios que se registraron este domingo en la jurisdicción, las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como Carlos Enrique Rojas Ávila, Wanderley Alberto Gallardo Llanos y Breisler Edwin Villa Guerrero, todos en hechos aislados.Carlos Enrique Rojas recibió varios disparos cuando criminales intentaron robarle su celular y su cadena de oro en la cancha del barrio El Carmen, justo cuando observaba el juego de fútbol de su hijo.Del mismo modo, otra tragedia ocurrió en el barrio Bajo Valle, donde Wanderley Alberto Gallardo Llanos falleció, al parecer, a manos de su primo Jhon Luis Suárez Barrios, Alias Jhonson, por motivos que aún se desconocen.Los reportes indican que el victimario, presunto integrante de la banda Los Costeños, llegó armado a su casa y le interrumpió la reunión que tenía con varios amigos.Asimismo, una aparente discusión fue lo que propició la muerte de Breisler Edwin Villa Guerrero, alias Corosito, cuando ingería bebidas alcohólicas en el barrio Simón Bolívar de la ciudad.De acuerdo a los reportes de la Policía, la víctima era mototaxi y en el lugar donde ocurrieron los hechos tiene influencia alias Gordo 40, cabecilla de la banda Los Costeños.La Policía Metropolitana también dio a conocer su balance operativo de este fin de semana. Allí se logró la captura de 63 personas, de las cuales 55 fueron en flagrancia y 8 mediante orden judicial. Al tiempo, se realizó la incautación de 10 armas de fuego y 274 armas blancas.La Policía logró la recuperación de 2 vehículos y 7 motocicletas que habían sido hurtadas, así como se inmovilizaron 71 motocicletas y 4 vehículos por diversas infracciones.El Centro Automático de Despacho (CAD) recibió un total de 6.358 llamadas, de las cuales 425 estuvieron relacionadas con riñas y 495 por alteraciones a la tranquilidad pública. Ocho estructuras tipo pick-up fueron desmontadas.Por eso, la Policía impuso 625 comparendos, y 233 personas fueron trasladadas por comportamientos contrarios a la convivencia.En materia de tránsito, se registraron 527 comparendos.