Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir del 29 de diciembre en Cartagena, joya turística de Colombia, informó el alcalde local el viernes.Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas. Pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales."Bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal", dijo el alcalde Dumek Turbay en X.El gobernante prohibió por decreto y "bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico" de esta ciudad de casi un millón de habitantes.Turbay también anunció que en Cartagena circulará un "primer lote de coches eléctricos", regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas."NO habrá espacio para carruajes eléctricos 'piratas'", añadió.El gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.En el pasado el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.En mayo de 2024 los legisladores prohibieron las corridas de toros a partir de 2027.
Con emoción fue recibido el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el que dio a conocer que esta ciudad le apunta a la construcción de su propio a Movistar Arena, un escenario con el que se le apuntará a ingresar con fuerza a la industria del entretenimiento y atraer todo tipo de conciertos.El proyecto expuesto en medio de la rendición de cuentas adelantada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, tuvo muchos más aplausos al escuchar que su ubicación estratégica sería justo al lado del monumento de la Ventana de Campeones, presente en el sector turístico del Gran Malecón.El mandatario no entregó muchos detalles sobre cuándo iniciarán las obras de este escenario multipropósito, hasta ahora, con capacidad para 13.000 espectadores, pero especificó que será operado por el mismo equipo que administra el Movistar Arena en Bogotá, hoy sede de grandes eventos. Esta iniciativa va en relación con la gran apuesta de Barranquilla y su administración de la ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Esas obras, de hecho, ya están en marcha según lo mostrado por el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.Muestra de ello es la noticia de que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, cita que venía trabajándose desde hace varios meses y generaría un movimiento económico cercano a los 60 millones de dólares durante la cita futbolera."Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.
La celebración de la Navidad en el Atlántico trajo consigo el reporte de cinco nuevos lesionados por el uso de pólvora, todos ocurridos en el municipio de Soledad y teniendo entre uno de sus afectados a un menor de 11 años.Así las cosas, la cifra total de lesionados durante diciembre asciende a 41 personas (10 menores de edad y 31 adultos), nueve casos más que los 32 reportados a la misma fecha del año anterior, según declaró la secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking Páez.“Hacemos un llamado insistente a los padres de familia y adultos. El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol”, enfatizó Wehedeking, quien dijo que 21 de los adultos lesionados este año estaban bajo los efectos del alcohol.La estadística de quemados ascendería a 76 en todo el departamento si se incluyen los 35 quemados que hasta el momento hay en Barranquilla, pese a que no hubo nuevos reportes durante la Nochebuena, a corte de las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.La titular de esta dependencia, Stephanie Araujo Blanco, decidió seguir con las campañas para la prevención del uso de la pólvora y la estricta vigilancia hacia los negocios que expenden licores, pólvora y alimentos en este fin de año.En la capital del Atlántico hubo un doble homicidio en el barrio La Sierrita, al parecer, por una posible venganza, y una tercera muerte tuvo lugar en Ponedera, hecho bajo investigación que según las autoridades no estuvo relacionado con las festividades navideñas.Sin embargo, la Policía en Barranquilla reportó nueve capturas por diferentes delitos, la incautación de 1 arma de fuego y el traslado de 89 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.Del mismo modo, se efectuaron 14.506 consultas de antecedentes y se impusieron 108 comparendos, al tiempo que fueron atendidas 196 llamadas relacionadas con riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública.En cuanto a la accidentalidad, se reportó un lamentable hecho en el municipio de Manatí el 24 de diciembre, donde un motociclista falleció tras colisionar con un semoviente; el acompañante resultó lesionado.Todas las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados negativos y se movilizaron un total de 29.101 vehículos por las vías del departamento, con un ingreso de 15.039 automotores y la salida de 14.062.El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el impacto de las acciones preventivas. “Este balance es el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales, pero sobre todo del compromiso de la ciudadanía, que entendió que celebrar también es cuidarnos entre todos”.
En una fosa cavada en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, fue encontrado boca abajo el cuerpo sin vida de Natalia Castrillo Benjumea, mujer a la que sus familiares le perdieron el rastro desde el pasado sábado 20 de diciembre.Las investigaciones alrededor de este posible feminicidio se priorizaron desde este martes 23 de diciembre, cuando sus familiares y conocidos bloquearon la vía que de su población lleva hacia Valledupar para lograr la atención de las autoridades.Sin embargo, su hallazgo al parecer se dio gracias a la ayuda de un familiar del hombre con el que Natalia fue vista por última vez, precisamente de camino hacia Llerasca, aunque no había orden de captura en su contra por falta de pruebas.El cuerpo de la víctima fue llevado hacia Medicina Legal para determinar las formas de su fallecimiento, mientras que a la deriva quedarán sus hijos de 7 y 2 años, que por lo pronto se quedarán al cuidado de sus abuelos maternos.El alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, rechazó de manera contundente lo ocurrido, pidió la mayor celeridad posible en las investigaciones y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.“El alcalde Hernán Eduardo Baquero y la gestora social Claudina Díaz lamentan el fallecimiento de Natalia Castrillo. Rechazamos de manera contundente todo acto de violencia. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, expresaron en un comunicado.“Este crimen atroz nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza. Nada justifica arrebatarle la vida a una mujer ni sembrar el terror en nuestra comunidad”, agregaron.Otro casoPor otro lado, en pleno sector de Caracolí, en el corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, se registró un violento choque entre dos motocicletas que acabó con la vida de tres personas y dejó a una mujer herida, la cual hoy está bajo observación en un centro asistencial.El suceso ocurrió hacia la madrugada de este jueves 25 diciembre, sin embargo aún no se saben los detalles de cómo o qué ocasionó la tragedia en este sector.Solo una de las víctimas fatales alcanzó a ser identificada siendo su nombre Fair López, aunque conocido al igual bajo el apoyo de ‘Verruga’.El accidente coincide con otro siniestro vial, pero este en jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, donde falleció Ovidio Enrique Cabrera Acuña cuando manejaba su motocicleta y se llevó por delante a un animal que se le atravesó en la vía.
Durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre, se registró en jurisdicción del municipio de Coromoro, Santander, una avenida torrencial en la quebrada La Pie, aportante del río Ture que se desemboca en el río Fonce.El evento fue reportado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de que habitantes del sector alertaran sobre el desbordamiento repentino de la quebrada, provocado por un represamiento generado, al parecer, por un deslizamiento de tierra. Al superar su cota máxima, la creciente afectó cultivos de trucha y algunos pastizales destinados a la ganadería.De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se registran personas lesionadas ni desaparecidas. Asimismo, se confirmó que en la zona no se presentaron lluvias, por lo que el fenómeno estaría asociado a causas geológicas y no a precipitaciones.La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander informó que mantiene comunicación permanente con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coromoro y que se realiza seguimiento a la situación.Las autoridades departamentales anunciaron que permanecerán en alerta durante el fin de semana, junto con los organismos operativos y de socorro, con el fin de atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse por fenómenos naturales o antrópicos en Santander.Otra de las emergencias registradas recientemente se presentó en el municipio de Sabana de Torres donde un incendio consumió dos viviendas del asentamiento humano La Unión. La oportuna respuesta del Cuerpo de Bomberos del municipio y la Policía Nacional permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros hogares. Por fortuna no hubo víctimas fatales.Pedro Conde, de la oficina de Gestión del Riesgo, informó que “las causas de este incendio son indeterminadas, pero se cree que estas situaciones se presentan por corto circuitos o velas encendidas”.
Como Marcela Cano fue identificada la mujer de 40 años de edad que fue asesinada con arma blanca en la madrugada de este 25 de diciembre en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia, en un hecho que, según la Policía, estuvo relacionado con intolerancia y consumo de licor.De acuerdo con el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, el homicidio ocurrió en zona urbana, en el barrio Nariño, luego de una discusión entre la víctima y su pareja sentimental, un hombre de 26 años con quien convivía desde hacía aproximadamente seis meses.Según explicó el oficial, la pareja sostuvo una riña en horas de la madrugada y, en medio del altercado, el hombre atacó a la mujer con un arma blanca, causándole la muerte. El presunto agresor fue capturado posteriormente por la Policía, tras labores de verificación en el municipio, y quedó a disposición de las autoridades judiciales para su proceso de judicialización, que podría ser por el delito de feminicidio."Ya será motivo de ampliación posterior frente a a la situación, si habían denuncias anteriores o hechos, pues, que se habían presentado de forma relevante o de afectación hacia la integridad de esta persona. Como lo menciono, venían conviviendo hace seis meses aproximadamente. La señora es del municipio de Betulia, y el capturado, en este caso, el presunto agresor es del municipio de Bello", indicó Muñoz. Este caso hace parte del balance preliminar de hechos violentos atendidos por las autoridades durante la celebración de la Navidad en el departamento, en el que también se registraron seis casos de violencia intrafamiliar.Otros homicidios reportados en Antioquia durante NavidadEl coronel Muñoz informó que el 24 de diciembre se cerró con dos homicidios en Antioquia. El primero ocurrió en zona rural del municipio de Hispania, donde un hombre fue asesinado con arma blanca. El segundo caso se registró hacia las 9:00 de la noche, al parecer por arma de fuego, en jurisdicción del municipio de Heliconia, en vía hacia el municipio de Armenia. Debido a la complejidad del hecho, las autoridades no pudieron realizar de inmediato la inspección técnica del cadáver, procedimiento que se encontraba en verificación.Para este 25 de diciembre, además del homicidio de la mujer en Betulia, la Policía reportó otros dos casos: uno en zona rural del municipio de Andes, hasta donde se desplazaban unidades policiales debido a que el lugar se encuentra a unos 40 minutos del casco urbano, y otro en zona rural del municipio de San Luis, donde una persona fue hallada sin vida con arma blanca.El balance preliminar entregado por la Policía Antioquia da cuenta, además, de cuatro personas lesionadas con arma blanca, quienes no presentan heridas de gravedad, en medio de múltiples riñas registradas entre vecinos y familiares durante las celebraciones.
La celebración de la Nochebuena y las primeras horas de Navidad dejaron 19 personas lesionadas por pólvora en Antioquia, según reportes de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validados con el Instituto Nacional de Salud. Con estos nuevos casos, el departamento acumula 115 lesionados, lo que representa un aumento cercano al 10 % frente a los 104 casos registrados a la misma fecha en 2024.La Gobernación de Antioquia expresó su preocupación porque 35 de los casos acumulados corresponden a menores de edad. En particular, entre el 24 de diciembre y las primeras horas del 25 se reportaron siete niños y adolescentes quemados, en hechos ocurridos en distintos municipios del departamento. "Ya llevamos 10% por encima del año anterior y lo lamentable es que el día de ayer sumamos siete menores de edad lesionados por pólvora y entre ellos uno con amputación de sus dedos, un joven de 16 años. Insistimos en la racionalidad, en la responsabilidad que como personas tenemos que tener evitando quemar pólvora y cuidando a nuestros menores", indicó la secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego.Durante este periodo se registraron casos en Medellín, Remedios, Sonsón, San Luis, El Carmen de Viboral, Itagüí, Puerto Nare, El Peñol, San Vicente y Puerto Triunfo. Las lesiones se produjeron tanto por manipulación directa de pólvora, como totes, papeletas, tacos, voladores, luces de bengala y truenos, como en personas que se encontraban como observadoras. Entre las afectaciones reportadas hay quemaduras de primer, segundo y tercer grado, laceraciones, contusiones, daño ocular y amputación de dedos.Las autoridades de salud alertaron que la ocupación de las unidades de quemados, tanto de adultos como de niños, se encuentra actualmente al 100 % en Antioquia, por ello reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora y a extremar las medidas de prevención para proteger la vida y la integridad, especialmente de los menores de edad.Incautan pólvoraJustamente durante estas celebraciones, la Policía Antioquia incautó 150 kilogramos de pólvora en el municipio de La Ceja, Oriente del departamento. El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en el departamento, destacó que allí, tras un reporte ciudadano, investigadores de la Sijín ubicaron y desmantelaron una polvorera artesanal que operaba en zona urbana, dedicada a la producción, distribución y comercialización ilegal de pólvora y juegos pirotécnicos.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 200 voladores, 1.500 churrillos, 240 kilogramos de pólvora negra, 400 metros de mecha lenta, 500 tacos, 200 metros de recámara y 1.000 papeletas para voladores.
El escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, provocó el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, quienes se han visto obligadas a huir de sus hogares para proteger sus vidas en plena temporada de fin de año.Según información del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y de autoridades locales, las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados.Ante este panorama, el NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia, a pesar de contar con recursos limitados, y pidió al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los grupos armados.“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia.De acuerdo con datos de OCHA, durante 2025 al menos 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en varios municipios del Catatumbo, lo que representa el 53 % de la población de esta subregión.Las organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a la solidaridad nacional e internacional, para acompañar a las familias que hoy enfrentan el desplazamiento forzado y la violencia, justo en una de las épocas más sensibles del año.
La escalada de tensiones en torno a Venezuela volvió a generar reacciones en el escenario internacional, esta vez desde Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó un fuerte rechazo a las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos contra Caracas y reclamó respeto por el derecho internacional, especialmente en lo relacionado con la navegación marítima. Según la funcionaria, las acciones impulsadas por Washington en el Caribe representan una situación preocupante que amenaza la estabilidad regional. Zajárova calificó los acontecimientos recientes como un “desorden jurídico” que revive prácticas que, a su juicio, pertenecen al pasado. Entre ellas mencionó la incautación de bienes, la interferencia en actividades marítimas y métodos que comparó con actos de piratería y bandidaje, los cuales, afirmó, vulneran principios básicos del derecho internacional. Las declaraciones rusas se producen luego de que el Gobierno estadounidense reforzara su política de presión contra Venezuela. La semana anterior, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que ingresan o salen del país sudamericano, con el objetivo de afectar su principal fuente de ingresos. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro respondió señalando que estas medidas constituyen una amenaza directa tanto al orden jurídico internacional como a la seguridad global. En los últimos días, Washington fue aún más lejos al advertir sobre la imposición de sanciones adicionales “al máximo”, intensificando una estrategia que busca aislar económicamente al gobierno venezolano. Frente a este escenario, la diplomacia rusa insistió en la necesidad de reducir la tensión y promover un clima de previsibilidad. Moscú afirmó que apuesta por el diálogo y exhortó a Estados Unidos a actuar con pragmatismo y racionalidad, siempre dentro del marco de las normas internacionales vigentes. La fricción entre Estados Unidos y Venezuela se ha incrementado desde septiembre, cuando fuerzas militares estadounidenses realizaron operaciones contra embarcaciones que, según Washington, estarían vinculadas al tráfico de drogas. Sin embargo, el Gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones y sostiene que no se han presentado pruebas que respalden tales señalamientos. Para Caracas, estas acciones encubren un intento de forzar un cambio político en el país. Mientras tanto, el respaldo de Rusia a Venezuela quedó nuevamente en evidencia a través de un mensaje enviado por el presidente Vladimir Putin a su homólogo Nicolás Maduro, con motivo de las celebraciones de fin de año. El contenido fue difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, quien destacó el tono solidario del mensaje. Putin subrayó que el último año fue positivo para la relación bilateral, especialmente tras la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre ambos países. En el mensaje, el mandatario ruso afirmó que Venezuela atraviesa una presión externa “sin precedentes” y reiteró el apoyo constante de Moscú al pueblo venezolano. El jefe del Kremlin también manifestó la disposición de Rusia a continuar trabajando de manera conjunta con Venezuela en temas clave de la agenda internacional y bilateral. En un contexto de creciente confrontación geopolítica, estas declaraciones refuerzan el alineamiento entre ambos países y anticipan que el tema venezolano seguirá siendo un punto de fricción en la política global.
Como una presunta venganza de la banda criminal Los Pepes es investigado hasta el momento el doble homicidio que se registró durante la noche de navidad en el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla.Justo en ese punto se encontraban departiendo en plena vía pública Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa, cuando casi a medianoche fueron ultimados con arma de fuego por tres hombres desconocidos que los abordaron en dos motocicletas.Pese a que en medio de las indagaciones lideradas por agentes del CTI de la Fiscalía se conoció que ninguno de los occisos presenta anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, sí aclaró la Policía Metropolitana que, al parecer, uno de ellos es señalado de participar en la muerte del hermano de alias 'Sombra', respetado integrante de la banda Los Pepes, grupo que hoy está en conversaciones con el Gobierno Nacional para evaluar la posibilidad de entablar una mesa de paz urbana de la que también harían parte Los Costeños de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'.En dicha celebración, afirman reportes, estaban otras tres personas más que se salvaron de ser alcanzadas por las balas perpetradas.Mientras tanto, en la madrugada del jueves 25 de diciembre, se reportó la muerte de Francisco Alberto Cantillo Ferrer, de 27 años, momentos en los que también departía en el barrio Centro del municipio de Ponedera.El principal sospechoso de su muerte es un adolescente de 17 años que, gracias a la descripción de la comunidad, fue aprehendido por las autoridades en ese municipio y puesto a disposición de la autoridad competente, la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Cantillo Ferrer alcanzó a ser auxiliado por la comunidad y trasladado hasta la clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.Vale la pena destacar que, durante los operativos de seguridad de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de la Nochebuena, fue capturado Victor Alfonso Muñoz Nuñez, requerido por la autoridad judicial por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en el municipio de Soledad.“El procedimiento se desarrolló en el barrio Villa Estadio, donde uniformados de la Policía realizaban verificación de antecedentes a personas. Durante este proceso, fue identificado un sujeto de 40 años de edad, a quien, tras la consulta en el dispositivo tecnológico institucional, le figuraba una orden de captura vigente. De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo es solicitado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado. Una vez confirmada la orden judicial, fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad, donde quedó a disposición de la autoridad competente”, informó la institución armada.
La cuenta regresiva ya está en marcha para lo que será la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá lugar en Barranquilla, por lo que en esta ciudad comenzaron las obras para ampliar y modernizar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, actual casa del Junior y de la selección Colombia.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.El mandatario publicó un video en sus redes sociales diciendo que este será un escenario “de talla mundial”, teniendo en cuenta que las obras fueron adjudicadas esta semana por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.El ‘Metro’ tendrá una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED y un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.Aunque ya están en marchas estas remodelaciones, el recinto abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, el próximo 15 de enero, lo que fue descrito por Char como un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a los otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.