La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, por presuntamente engañar a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos 2024.El funcionario deberá responder por el delito de fraude procesal tras ser señalado de haber acreditado ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada, para que su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública.De acuerdo con la investigación, "el entonces director seccional no era padre de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos. En ese sentido, obtuvo un beneficio indebido".El procesado no aceptó el cargo en su contra y, en diálogo con BLU Radio, afirmó que "jamás" presentó información que "no fuera cierta y verificable"."Jamás dije ser padre cabeza de familia en mi declaración, ni soltero. Solo manifesté la dependencia económica de mi hijo y el pago de sus estudios. Esto es un ataque de mis detractores de la dirección y asumiré con responsabilidad mi defensa", aseveró.
La intolerancia sigue cobrando vidas. En plena celebración de Nochebuena, una discusión terminó en tragedia en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.En medio de una discusión entre varias personas, en plena vía pública, un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Jhon Jairo Ángulo, un ayudante de obra de 40 años, causándole la muerte.En el mismo hecho, una joven de 23 años y un niño de tan solo 7 años, que se encontraban en el lugar, resultaron heridos.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el agresor, quien fue capturado tras el hecho, disparó en varias ocasiones, causando la muerte de la víctima.“Se habría presentado una discusión entre varias personas que se encontraban departiendo, donde el hoy capturado dispara en varias ocasiones contra el hoy occiso. De forma colateral, una mujer de 23 años y un menor de 7 años resultaron con una herida en la pierna, quienes se encuentran fuera de peligro y recuperándose en un centro asistencial”, indicaron.Durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre en Cartagena se registraron dos muertes por riñas y se atendieron más de 25 casos.“Durante Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre se atendieron más de 300 llamadas a la línea de emergencia 123 por diferentes motivos. Entre ellas, 25 por riña y 11 por perturbación a la tranquilidad, reportando una disminución en estos comportamientos respecto al año anterior”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.Estas cifras, de acuerdo con la Policía, representan una reducción del 74 % en lesiones personales, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir del 29 de diciembre en Cartagena, joya turística de Colombia, informó el alcalde local el viernes.Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas. Pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales."Bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal", dijo el alcalde Dumek Turbay en X.El gobernante prohibió por decreto y "bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico" de esta ciudad de casi un millón de habitantes.Turbay también anunció que en Cartagena circulará un "primer lote de coches eléctricos", regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas."NO habrá espacio para carruajes eléctricos 'piratas'", añadió.El gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.En el pasado el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.En mayo de 2024 los legisladores prohibieron las corridas de toros a partir de 2027.
Con emoción fue recibido el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el que dio a conocer que esta ciudad le apunta a la construcción de su propio a Movistar Arena, un escenario con el que se le apuntará a ingresar con fuerza a la industria del entretenimiento y atraer todo tipo de conciertos.El proyecto expuesto en medio de la rendición de cuentas adelantada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, tuvo muchos más aplausos al escuchar que su ubicación estratégica sería justo al lado del monumento de la Ventana de Campeones, presente en el sector turístico del Gran Malecón.El mandatario no entregó muchos detalles sobre cuándo iniciarán las obras de este escenario multipropósito, hasta ahora, con capacidad para 13.000 espectadores, pero especificó que será operado por el mismo equipo que administra el Movistar Arena en Bogotá, hoy sede de grandes eventos. Esta iniciativa va en relación con la gran apuesta de Barranquilla y su administración de la ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Esas obras, de hecho, ya están en marcha según lo mostrado por el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.Muestra de ello es la noticia de que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, cita que venía trabajándose desde hace varios meses y generaría un movimiento económico cercano a los 60 millones de dólares durante la cita futbolera."Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
En medio del anuncio del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil sobre un eventual control a los precios de los tiquetes aéreos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que imponer techos tarifarios podría ir en contravía de los beneficios que hoy reciben los usuarios en Colombia.Así lo explicó en Mañanas Blu 10:30 Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, al señalar que el transporte aéreo es un mercado que, tanto en el país como en el mundo, ha demostrado que la libertad tarifaria y la competencia son los mecanismos más eficientes para mantener precios razonables.Cómo se definen los precios de los tiquetes aéreos en ColombiaBernal recordó que Colombia ya tuvo un esquema de control de precios. “Hasta el año 2012 existía un piso y un techo tarifario. A partir de la liberalización de las tarifas, lo que ha pasado es que año a año las tarifas han bajado más de 3 %, tanto en el mercado doméstico como en el internacional”, explicó. Según la IATA, esa tendencia se ha mantenido pese a que otros costos del sector no han disminuido en la misma proporción.La directiva aclaró que, hoy en día, no existe un régimen general de techos tarifarios en el país. Lo que sí hay es la facultad de la Aeronáutica Civil para congelar precios en situaciones excepcionales, como cierres de vías terrestres por derrumbes, con el fin de garantizar la conectividad de las regiones que se quedan sin alternativas de transporte. “Esas disposiciones siempre se han acatado”, indicó.Frente a las quejas frecuentes de los usuarios por alzas en temporadas altas como diciembre, Bernal sostuvo que estos comportamientos responden a la lógica de la oferta y la demanda. “Las temporadas altas son planeadas con anticipación, tanto por aerolíneas como por los usuarios. En este mercado, como en otros, el precio lo regula la oferta y la demanda”, afirmó, insistiendo en que la competencia es la que termina presionando los precios a la baja.Desde la IATA también se hizo un llamado a que el debate no se centre únicamente en los precios finales de los tiquetes, sino en los costos estructurales que enfrenta el sector aéreo en Colombia. Bernal puso como ejemplo el esquema tributario: “Este es el único servicio de transporte público que paga un IVA del 19 %, no solo sobre el tiquete, sino también sobre el combustible de aviación”. A su juicio, revisar impuestos, tasas aeronáuticas y costos del combustible permitiría mejorar aún más los precios para los usuarios.La representante del gremio enfatizó que, desde 2012, la liberalización tarifaria ha incentivado la llegada de más aerolíneas al país, aumentando la competencia y ampliando la oferta de rutas. “Esa competencia es lo que hace que al final los usuarios puedan percibir mejores precios”, reiteró.Finalmente, Bernal aseguró que la IATA comparte el objetivo del Gobierno de buscar mejores condiciones para los viajeros, pero insistió en que ese propósito se logra manteniendo la libertad tarifaria y fortaleciendo la competitividad del sector. “Entre más aerolíneas haya y más competitivo sea el mercado, los beneficios se ven en los usuarios”, concluyó.
Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a implementar desde este viernes una nueva medida que contempla la toma de fotografías a todos los extranjeros y la recolección de datos biométricos de algunos de ellos al ingresar o salir del país por vía aérea, terrestre o marítima, tras la entrada en vigor de una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).La regulación, anunciada en octubre pasado, autoriza al DHS a recopilar información biométrica, como huellas dactilares y rasgos faciales, de los ciudadanos extranjeros en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos al momento de su salida del territorio estadounidense.Entre los cambios más relevantes, la norma también habilita el uso de reconocimiento facial en menores de 14 años y en personas mayores de 79, grupos que hasta ahora estaban exentos de este tipo de controles.La disposición aplica a todos los no ciudadanos, incluidos residentes permanentes con ‘green card’, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.De acuerdo con el DHS, la implementación de este sistema busca “abordar preocupaciones de seguridad nacional”. Entre las amenazas señaladas por el Gobierno para justificar la medida se encuentran el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobreestadía de visitantes y la entrega de información incorrecta o incompleta por parte de los viajeros.“El sistema permitirá confirmar de forma más precisa la identidad de los extranjeros que solicitan ingresar a Estados Unidos y verificar su salida del país”, explicó el DHS en el documento oficial.No obstante, la iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que expresan preocupación por el manejo de los datos personales, el tiempo de almacenamiento de la información y las posibles consecuencias ante errores o confusiones en el sistema.A estas medidas se suma otra propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump, presentada el pasado 10 de diciembre, que plantea exigir a los turistas de 42 países, entre ellos España, la entrega del historial de sus redes sociales de los últimos cinco años como requisito para ingresar a Estados Unidos.Esta exigencia aplicaría a los viajeros que acceden al país mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), programa que incluye a ciudadanos de países como España, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
La celebración de la Navidad en el Atlántico trajo consigo el reporte de cinco nuevos lesionados por el uso de pólvora, todos ocurridos en el municipio de Soledad y teniendo entre uno de sus afectados a un menor de 11 años.Así las cosas, la cifra total de lesionados durante diciembre asciende a 41 personas (10 menores de edad y 31 adultos), nueve casos más que los 32 reportados a la misma fecha del año anterior, según declaró la secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking Páez.“Hacemos un llamado insistente a los padres de familia y adultos. El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol”, enfatizó Wehedeking, quien dijo que 21 de los adultos lesionados este año estaban bajo los efectos del alcohol.La estadística de quemados ascendería a 76 en todo el departamento si se incluyen los 35 quemados que hasta el momento hay en Barranquilla, pese a que no hubo nuevos reportes durante la Nochebuena, a corte de las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.La titular de esta dependencia, Stephanie Araujo Blanco, decidió seguir con las campañas para la prevención del uso de la pólvora y la estricta vigilancia hacia los negocios que expenden licores, pólvora y alimentos en este fin de año.En la capital del Atlántico hubo un doble homicidio en el barrio La Sierrita, al parecer, por una posible venganza, y una tercera muerte tuvo lugar en Ponedera, hecho bajo investigación que según las autoridades no estuvo relacionado con las festividades navideñas.Sin embargo, la Policía en Barranquilla reportó nueve capturas por diferentes delitos, la incautación de 1 arma de fuego y el traslado de 89 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.Del mismo modo, se efectuaron 14.506 consultas de antecedentes y se impusieron 108 comparendos, al tiempo que fueron atendidas 196 llamadas relacionadas con riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública.En cuanto a la accidentalidad, se reportó un lamentable hecho en el municipio de Manatí el 24 de diciembre, donde un motociclista falleció tras colisionar con un semoviente; el acompañante resultó lesionado.Todas las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados negativos y se movilizaron un total de 29.101 vehículos por las vías del departamento, con un ingreso de 15.039 automotores y la salida de 14.062.El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el impacto de las acciones preventivas. “Este balance es el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales, pero sobre todo del compromiso de la ciudadanía, que entendió que celebrar también es cuidarnos entre todos”.
En una fosa cavada en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, fue encontrado boca abajo el cuerpo sin vida de Natalia Castrillo Benjumea, mujer a la que sus familiares le perdieron el rastro desde el pasado sábado 20 de diciembre.Las investigaciones alrededor de este posible feminicidio se priorizaron desde este martes 23 de diciembre, cuando sus familiares y conocidos bloquearon la vía que de su población lleva hacia Valledupar para lograr la atención de las autoridades.Sin embargo, su hallazgo al parecer se dio gracias a la ayuda de un familiar del hombre con el que Natalia fue vista por última vez, precisamente de camino hacia Llerasca, aunque no había orden de captura en su contra por falta de pruebas.El cuerpo de la víctima fue llevado hacia Medicina Legal para determinar las formas de su fallecimiento, mientras que a la deriva quedarán sus hijos de 7 y 2 años, que por lo pronto se quedarán al cuidado de sus abuelos maternos.El alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, rechazó de manera contundente lo ocurrido, pidió la mayor celeridad posible en las investigaciones y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.“El alcalde Hernán Eduardo Baquero y la gestora social Claudina Díaz lamentan el fallecimiento de Natalia Castrillo. Rechazamos de manera contundente todo acto de violencia. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, expresaron en un comunicado.“Este crimen atroz nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza. Nada justifica arrebatarle la vida a una mujer ni sembrar el terror en nuestra comunidad”, agregaron.Otro casoPor otro lado, en pleno sector de Caracolí, en el corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, se registró un violento choque entre dos motocicletas que acabó con la vida de tres personas y dejó a una mujer herida, la cual hoy está bajo observación en un centro asistencial.El suceso ocurrió hacia la madrugada de este jueves 25 diciembre, sin embargo aún no se saben los detalles de cómo o qué ocasionó la tragedia en este sector.Solo una de las víctimas fatales alcanzó a ser identificada siendo su nombre Fair López, aunque conocido al igual bajo el apoyo de ‘Verruga’.El accidente coincide con otro siniestro vial, pero este en jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, donde falleció Ovidio Enrique Cabrera Acuña cuando manejaba su motocicleta y se llevó por delante a un animal que se le atravesó en la vía.
Como una presunta venganza de la banda criminal Los Pepes es investigado hasta el momento el doble homicidio que se registró durante la noche de navidad en el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla.Justo en ese punto se encontraban departiendo en plena vía pública Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa, cuando casi a medianoche fueron ultimados con arma de fuego por tres hombres desconocidos que los abordaron en dos motocicletas.Pese a que en medio de las indagaciones lideradas por agentes del CTI de la Fiscalía se conoció que ninguno de los occisos presenta anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, sí aclaró la Policía Metropolitana que, al parecer, uno de ellos es señalado de participar en la muerte del hermano de alias 'Sombra', respetado integrante de la banda Los Pepes, grupo que hoy está en conversaciones con el Gobierno Nacional para evaluar la posibilidad de entablar una mesa de paz urbana de la que también harían parte Los Costeños de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'.En dicha celebración, afirman reportes, estaban otras tres personas más que se salvaron de ser alcanzadas por las balas perpetradas.Mientras tanto, en la madrugada del jueves 25 de diciembre, se reportó la muerte de Francisco Alberto Cantillo Ferrer, de 27 años, momentos en los que también departía en el barrio Centro del municipio de Ponedera.El principal sospechoso de su muerte es un adolescente de 17 años que, gracias a la descripción de la comunidad, fue aprehendido por las autoridades en ese municipio y puesto a disposición de la autoridad competente, la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Cantillo Ferrer alcanzó a ser auxiliado por la comunidad y trasladado hasta la clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.Vale la pena destacar que, durante los operativos de seguridad de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de la Nochebuena, fue capturado Victor Alfonso Muñoz Nuñez, requerido por la autoridad judicial por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en el municipio de Soledad.“El procedimiento se desarrolló en el barrio Villa Estadio, donde uniformados de la Policía realizaban verificación de antecedentes a personas. Durante este proceso, fue identificado un sujeto de 40 años de edad, a quien, tras la consulta en el dispositivo tecnológico institucional, le figuraba una orden de captura vigente. De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo es solicitado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado. Una vez confirmada la orden judicial, fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad, donde quedó a disposición de la autoridad competente”, informó la institución armada.
La cuenta regresiva ya está en marcha para lo que será la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá lugar en Barranquilla, por lo que en esta ciudad comenzaron las obras para ampliar y modernizar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, actual casa del Junior y de la selección Colombia.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.El mandatario publicó un video en sus redes sociales diciendo que este será un escenario “de talla mundial”, teniendo en cuenta que las obras fueron adjudicadas esta semana por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.El ‘Metro’ tendrá una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED y un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.Aunque ya están en marchas estas remodelaciones, el recinto abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, el próximo 15 de enero, lo que fue descrito por Char como un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a los otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.