Tras la realización de una mesa de trabajo a la que asistieron los secretarios de Salud municipales y gerentes de hospitales de Galapa, Santo Tomás, Ponedera, Candelaria, Sabanalarga, Puerto Colombia, Juan de Acosta y Soledad, la Gobernación del Atlántico declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en este territorio para atender las emergencias que se registren hasta el próximo 19 de febrero, en el marco de las festividades de Carnaval y precarnaval.Según el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, la orden entregada es que las IPS, tanto públicas como privadas, deberán actualizar sus planes de contingencia y reportar de forma inmediata intoxicaciones, lesiones, accidentes de tránsito y demás infortunios.“Revisamos los planes de contingencia de cada municipio y cada hospital, todo esto en aras de garantizar una atención oportuna a cualquier evento que se presente durante estas fiestas de carnestolendas. Los hospitales deben contar con todo el personal de urgencias perfectamente equipado, bancos de sangre, imagenología y transporte en ambulancia”, señaló el funcionario.Debido a la gran afluencia de asistentes esperada, especialmente en municipios como Santo Tomás, el gerente de la ESE del hospital local, Carlos Alberto Henríquez, informó que ya se adelanta la socialización de la información asistencial y la preparación del personal para atender posibles urgencias y emergencias durante este evento masivo.Desde Puerto Colombia, la secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez, aseguró que la red hospitalaria se encuentra activa y en articulación con el departamento. “Le estamos garantizando a propios y visitantes que tenemos la red hospitalaria activa para atender cualquier eventualidad que se presente”, indicó.La declaratoria de Alerta Amarilla coincide con el inicio de la Ruta de la Tradición, que contempla 15 eventos emblemáticos en diferentes puntos del Atlántico, por lo que se autorizó priorizar la vigilancia en municipios como Santo Tomás, Ponedera, Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga, al ser los que más público congregan.La lupa de las autoridades también estará sobre citas como las corralejas, el Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia (del 29 al 31 de enero) y la Batalla de Flores de Santo Tomás, el próximo 7 de febrero.
Atemorizados están los habitantes del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, debido al triple homicidio que se registró en un barrio conocido como Altos del Progreso.Al parecer, los hechos fueron perpetrados por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada o Pachencas, de los cuales uno fue capturado y otro abatido, luego de protagonizar una balacera en su intento de escape. Por lo menos, así fue informado por el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar.“El 26 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las 9:50 de la noche, se presentó un hecho de homicidio múltiple en zona rural del municipio de San Alberto. De acuerdo con la información recolectada, este hecho habría dejado como resultado tres personas gravemente lesionadas. Dos de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada al hospital local, donde, posteriormente, perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas”, dijo el comandante en un comunicado de las autoridades.“Los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo al corregimiento La Pedregosa, en jurisdicción de Norte de Santander. En este sector, unidades del grupo de operaciones especiales GOES, que adelantaba labor de control y verificación, sostuvieron un intercambio de disparos con los individuos, logrando como resultado un presunto delincuente neutralizado y otro capturado”, añadió.“Según información, los presuntos responsables harían parte del grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada”, también alcanzó a decir.La Policía rechazó de manera contundente estos hechos y afirmó estar comprometida con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Del mismo modo, abrieron sus canales institucionales para recibir información que permita el esclarecimiento de esta matanza.Hay que decir que, hasta el momento, solo dos de las víctimas fatales han sido identificadas plenamente. Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años, y Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27. Del tercer fallecido se ha mencionado que sería un supuesto habitante de calle.Asimismo, en la balacera quedó herida a Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, hoy bajo observación médica en el Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara.“Lamentamos profundamente que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro municipio. Uno de ellos era de nacionalidad venezolana y los otros dos eran hijos de nuestro pueblo. Al parecer, en el lugar se estaba presentando consumo de estupefacientes. Esto generó pánico no solo entre los jóvenes que lograron huir del sector, sino también en comunidades como Primero de Abril y Alto del Progreso”, fueron las palabras del alcalde municipal, Edgar Ricardo Díaz.
Nelson Javier Vasquez, quien recientemente renunció al cargo como agente interventor de Air-e tras estar seis meses en el cargo, no habría dejado la mejor de las impresiones por su gerencia en la empresa. La falta de inversiones, las caídas en los recaudos y el poco acompañamiento a varios proceso de la compañía se habrían convertido en una queja constante que solo terminó alentando su salida del puesto. El asunto es que ahora solo hay expectativa sobre quién llegará a liderar este proceso de intervención. Blu Radio conoció que todo apunta a que muy posiblemente sería alguien cercano al ministro de Minas y Energía Edwin Palma. Al menos tres nombres se barajan entre las opciones, sin embargo, todavía no hay confirmación sobre quién arribará. Entre estos se encuentra la exviceministra Karen Shutt, quien recientemente renunció a su cargo como viceministra de Energía. Ella es una figura que conoce más que nadie la realidad de la compañía, siendo que en el pasado trabajó para Electricaribe. No obstante, también es probable que vaya como comisionada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras la renuncia presentada por Orlando Velandia. Otro de los nombres que se barajan es el de Miguel Varela, primo del diputado del Atlántico, Alfredo Varela, y quien se desempeñó como gerente de relaciones laborales cuando Palma Egea fue agente interventor de Air-e. Un tercer nombre que está en el sonajero es el de Germán Londoño, quien ocupó el cargo de jefe División de Ventas y Comercio de la empresa Air-e durante un breve periodo, cuando Palma también estuvo al frente del manejo de la compañía. Aunque su nombramiento generó incomodidades en algunos sectores, debido a su cercanía en el pasado con Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Solicitud del sindicatoAl respecto, desde el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico de Colombia, Sintraelecol, es importante que se configure una gerencia estable que ayude a mejorar el servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajira. Incluso, enviaron una propuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos para que sean los trabajadores, a través del sindicato, quienes se encarguen del manejo de la compañía.
A pocos minutos de lo que había sido el inicio de la jornada laboral para un grupo de cinco personas en una de las bodegas ubicada dentro del centro logístico Stock Caribe, a las afueras de Barranquilla, un fuego repentino se expandió sin control entre icopor y plástico y dejó a estos trabajadores atrapados en el sitio.Los gritos de auxilio alertaron a los trabajadores de las bodegas contiguas, los cuales llamaron al cuerpo de bomberos mientras abrían un hueco en la pared para rescatar a los operarios atrapados. La misión afortunadamente se cumplió.En total fueron tres máquinas del cuerpo de Bomberos de Barranquilla y otras dos del municipio de Galapa las que trabajaron en el control de este incendio de grandes proporciones.El incendio, según la primera versión recibida por los Bomberos, se habría generado por un derrame de cloro, sustancia que si bien no es inflamable por sí misma, sí resulta en combustión al contacto con otro tipo de elementos.En el local había gran cantidad de icopor el cuál rápidamente quedó envuelto en llamas, ocasionando que el fuego alcanzara varios metros de altura y generara una espesa nube de humo, explicó el comandante de bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco."Ahí se quemaron rollos de papel, se quemaron arrume de icopor. Precisamente ahí en las afuera se ve una máquina que es la que procesa ese producto. En el sitio, por un derrame de cloro, según la información que tengo del oficial de servicio, se generó el incendio como tal, pero lo que se quemó fueron pilas de icopor que se encontraban almacenados, obviamente ya producto terminado para ser despachado", indicó Pacheco. En la emergencia no hubo personas heridas. Por el momento las autoridades aún están en la evaluación de los daños. Este es el segundo incendio estructural que se registra al interior de una empresa en el municipio de Galapa, en las últimas 24 horas.
El sector de las edificaciones en Colombia, que ya acumula más de dos años en una persistente recesión técnica según cifras del DANE, se enfrenta a un nuevo desafío regulatorio que podría profundizar su crisis. El pasado 10 de enero de 2026, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) publicó un proyecto de decreto que propone cambios estructurales en las reglas de juego para la Vivienda de Interés Social (VIS), generando una alerta inmediata en el gremio constructor.De acuerdo con el informe "Datos que construyen" de Camacol, liderado por la Directora Económica y de Información, Lizeth Gabriela Bonilla Botia, y el Jefe Económico, Nikolas Sebastián Buitrago Vargas, la implementación de esta normativa impactaría directamente a 132.000 unidades de vivienda en todo el país.Los cambios que preocupan al gremioEl proyecto de decreto busca centralizar y simplificar los topes de precio, pero a un costo que Camacol considera elevado. Entre los puntos más críticos identificados por la entidad se encuentran:Eliminación de topes diferenciales: Se suprimiría el tope excepcional de 150 salarios mínimos (SMMLV) y el de renovación urbana, que permitía proyectos de hasta 175 SMMLV.Precios en pesos: La normativa obligaría a fijar el precio de la vivienda en pesos desde el momento de la separación, eliminando la indexación al salario mínimo.Sanciones por omisión: Se tipificaría como una "práctica abusiva" no fijar el precio en pesos desde el inicio del proceso.Incertidumbre jurídica: Camacol señala que el régimen de transición propuesto no es claro, lo que genera dudas sobre el futuro de los proyectos actualmente en desarrollo.Un impacto de $27 billones en la economíaLa magnitud de la afectación es considerable. Según los cálculos del gremio, la eliminación de los topes excepcionales afectaría a unas 76.000 unidades (20% del mercado), mientras que la supresión de los beneficios para renovación urbana impactaría a otras 56.000 viviendas (15% del mercado). En total, esto representa una inversión en riesgo de 27 billones de pesos.Históricamente, los topes de 150 SMMLV se han aplicado bajo criterios de sostenibilidad, en ciudades con más de 300.000 habitantes o en aglomeraciones urbanas de difícil acceso. La importancia de estos techos de precio es evidente en los datos: al corte de noviembre de 2025, el 26% de las entregas VIS tuvieron un precio superior a los 135 SMMLV.El golpe a la renovación urbanaUno de los puntos más sensibles es el impacto en el centro de las ciudades. El análisis de Camacol, realizado en nueve ciudades principales —incluyendo Bogotá, Medellín y Cali—, revela que el 68% de las viviendas VIP o VIS en zonas de renovación urbana superan los topes generales de 90 o 135 SMMLV. Sin los topes diferenciados actuales (110 SMMLV para VIP y 175 SMMLV para VIS en renovación), estos proyectos dejarían de ser viables bajo la categoría de vivienda social.Ante este panorama, la Dirección de Estudios Económicos e Información de Camacol insiste en que, dada la recesión que atraviesa el sector, las políticas públicas deberían enfocarse en "promover la construcción de vivienda VIS mediante condiciones claras y estabilidad normativa que brinden seguridad jurídica". La inversión privada, motor clave de la reactivación, depende hoy de que estos incentivos no desaparezcan abruptamente.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este martes que las salvaguardias impuestas a Colombia por la supuesta " falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico, "no es un ataque a un país hermano".La guerra comercial entre ambos países comenzó el pasado miércoles, cuando Noboa anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, y en respuesta, Bogotá señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.Además, Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), en "reciprocidad" a la decisión de Bogotá de suspender la venta de energía.En una entrevista con el diario Metro publicada este martes, Noboa dijo que aplicó las salvaguardias "porque no podemos seguir esperando"."El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico. Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando", sostuvo.Añadió que esta "inacción obligó al Estado a invertir más recursos en la zona. El narcotráfico trajo violencia y muerte. Actuamos para proteger al país"."No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza", recalcó.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico.Esta semana podría concretarse una posible reunión entre Ecuador y Colombia para analizar la situación, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteara, en principio, la reunión para el pasado domingo. Colombia acusa a Ecuador de responder "con agresiones" a propuestas de diálogo bilateralEl ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, acusó este martes al Gobierno de Ecuador de "responder con agresiones" a los intentos de un diálogo de Bogotá en medio de la crisis bilateral por la guerra arancelaria en la que están enfrascados."Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir", sostuvo Palma en X.El pasado miércoles, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que a partir del 1 de febrero su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
El pasado fin de semana, Oscar Arévalo y Juan Diego Arévalo, padre e hijo, murieron tras la detonación de un explosivo del ELN mientras se movilizaba por zona rural de Pailitas, Cesar, exactamente en la vereda La Paz. De acuerdo con las autoridades, este ataque del ELN, presuntamente, tenía como blanco original a la Fuerza Pública.Las víctimas eran oriundos de Ocaña, Norte de Santander, pero poseían una propiedad ganadera en la zona desde hace más de 15 años. Al momento de la explosión, se desplazaban hacia su finca para realizar labores de supervisión durante el fin de semana.El alcalde del municipio, Alexander Toro, entregó declaraciones clave sobre los detalles del ataque y la identidad de las víctimas en Blu radio."Lamentamos la situación que aconteció el día sábado en horas de la noche, donde dos ciudadanos fueron víctimas de un atentado terrorista originado por grupos al margen de la ley. Tenían propiedad ahí en la vereda, iban hacia hacia su finca a supervisar su propiedad y la explotación ganadera que tenían en el sitio hace mucho rato, ya más de 10, 15 años, tenían esa propiedad aquí en el municipio donde venían con frecuencia", indicó Toro. El "error" en el blanco terroristaAunque se presume que el objetivo era la Fuerza Pública, el alcalde aclaró que no había uniformados cerca en ese momento."Fuerza pública no había por ahí en esos momentos no sé por qué pasó esa situación, no sé, de pronto hubo alguna confusión ahí con la gente que estaba pendiente de esa situación", informó el mandatario. A pesar de que no había patrullas del Ejército o la policía en el sector al momento del estallido, el alcalde Toro señaló que la zona es objeto de patrullajes frecuentes ,debido a la presencia de infraestructura del poliducto Galán, donde se suelen cometer extracciones ilícitas de combustible. Se presume que los atacantes detonaron la carga por una confusión, debido a la oscuridad de la noche, pensando que se trataba de un vehículo oficial."Eso no es un hecho de desconocerse aquí porque estamos muy cerca del Catatumbo. Entre los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya, pues es un corredor fuerte de este grupo subversivo",aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Las fuertes lluvias que se han presentado recientemente provocaron emergencias en al menos seis municipios del Huila dejando veredas incomunicadas, viviendas averiadas, cultivos de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Asimismo, Bomberos voluntarios y la comunidad lograron rescatar sanos y salvos a una mujer y un menor de edad que habían quedado atrapados por un derrumbe, cuando se movilizaban en una motocicleta entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco en el sur del departamento.“El municipio con mayor número de eventos es Oporapa, donde se reportan nueve deslizamientos que mantienen cerradas varias vías secundarias y terciarias, afectando la movilidad rural. En el municipio de Saladoblanco, se registran deslizamientos en la vía hacia Oritoguaz y en la vía Saladoblanco–Pitalito, con cierres totales en varios tramos. También una mujer y un menor quedaron atrapados por un deslizamiento, sin que se presentaran heridas de gravedad”, informó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.Entre tanto, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra. Es importante mencionar, que en lo corrido del mes de enero van 17 familias damnificadas por afectaciones en sus viviendas y cinco personas lesionadas.Puntualizó el coordinador para la atención de Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo que los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente, en el comportamiento de ríos y quebradas y le hace un llamado a la comunidad a transitar con precaución, especialmente en zonas rurales y vías afectadas por deslizamientos, así como a reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.
A Nelson Estiven Ortega Rojas, de 24 años, su asesino lo llegó buscando a su casa en el barrio Villa Carmen II, del municipio de Soledad. El joven estaba al interior de su vivienda cuando el sicario se acercó hasta la puerta y lo llamó varias veces por su nombre, hasta que al verlo le dio un disparo que le entró por un costado del pecho.Nelson alcanzó a ser llevado al hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, pero allí dio su último respiro mientras médicos hacían lo imposible para salvarlo.Allegados a la víctima contaron a las autoridades que el joven, quien se ganaba la vida como albañil trabajando como ayudante de su papá, había sido amenazado semanas atrás por presuntos miembros de la banda Los Costeños, quienes le exigían que colaborara con ellos en la estructura criminal, realizando cobros de extorsiones y la venta de estupefacientes.Pese a su resistencia a vincularse con la actividad criminal, los delincuentes no cesaron en las intimidaciones hasta acabar con su vida.Otros casos En el barrio, suroccidente de Barranquilla un joven de 19 años fue asesinado mientras se encontraba visitando a su novia.La víctima es Anthony De Jesús Frías Pérez, quien fue baleado de cinco tiros cuando se encontraba en la terraza de una casa hablando con su joven pareja. Posteriormente fue llevado hasta el P.A.S.O El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas.
Cartagena de Indias se alista para despedir a Salvo Basile, el italiano más cartagenero que algún día bromeó en vida con ser enterrado en la isla del Pirata, ubicada en la Isla del Rosario, con una pepa de mango entre las piernas en una ceremonia muy íntima y privada. Para esto, la familia comunicó que a partir de las 8:00 de la mañana iniciará la velación en la sala número 4 de Jardínes de Cartagena. De acuerdo con la información entregada, hacia las 4:00 de la tarde será realizada la ceremonia de exequias, mientras que el servicio de inhumación será en el cementerio Jardínes de Cartagena a las 4:30 de la tarde. Este actor y gestor cultural que falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero, a los 85 años, generó un profundo vínculo con esta ciudad que adoptó como hogar. Incluso tan cartagenero se volvió que en algún momento intentó ser concejal de esta ciudad. Todo como parte de un amor y un agradecimiento que en vida siempre Salvo profesó por el país.Se sabe que en vida pidió que fuera una ceremonia muy íntima y discreta, tal y como lo pidió en varias ocasiones a través de diferentes entrevistas que entregó. Como parte de los homenajes póstumos, Cartagena le rendirá un tributo especial en el marco de la versión 65 del Festival de Cine, el cual se desarrollará entre el 14 y 19 de abril. Precisamente, fue Salvo quien impulsó por muchos años el desarrollo cinematográfico para esta ciudad siendo una de las caras visibles del festival, liderando procesos de desarrollo de pensamiento crítico y transformación social a través del cine.
Como Yosman Herazo fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por la Policía en Córdoba, luego de protagonizar una persecución en su contra por ser el presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental, Yuliana Martínez.De acuerdo con los reportes de las autoridades competentes, ambos habrían tenido una discusión, al parecer, por el proceso de separación que estaban adelantando, por lo que el hombre optó por degollarla en una vivienda del barrio San José, en el municipio cordobés de Sahagún.El hombre, relata la Policía de esa jurisdicción, se dio a la huida en un Chevrolet Sail negro, de placas ZXW-442, con rumbo hacia el departamento de Sucre, donde luego fue interceptado mediante un plan candado de las autoridades, que también buscaban proteger la vida de su hija de tres años, a quien aparentemente obligó a marcharse con él.El alcalde de Sahagún, Jairo Andrés Balmaceda, rechazó lo sucedido por medio de un comunicado en sus redes sociales y envió sus condolencias a los familiares.“Desde la administración municipal lamentamos la muerte de Yuliana Martínez, una madre, una hija, una emprendedora que, a manos de un feminicida, hoy partió antes de tiempo. Nos solidarizamos con los familiares de Yuliana, que hoy lloran su partida, y le pedimos al Todopoderoso que los acompañe en este dolor”, dijo en un video el mandatario.“Este atroz hecho enluta a toda la comunidad, que hoy se solidariza con la familia de la víctima en la búsqueda de consuelo y justicia. En medio de la consternación, el Gobierno local emite un parte de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se ha logrado la captura del presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por sus actos”, se escribió allí.El hombre capturado se encuentra actualmente en poder de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta su judicialización por los delitos de feminicidio agravado y secuestro de una menor de edad.Mientras tanto, la niña de solo tres años recibió valoración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y luego fue entregada a sus familiares.
La zozobra en la que se encuentran los habitantes del suroccidente de Barranquilla, a causa de las amenazas que los obligaron a quitar las publicidades políticas que tenían en las fachadas de sus casas, al parecer no vendría de bandas criminales, sino de grupos políticos, según la más reciente denuncia de Estefanel Gutiérrez, exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.El aspirante aseguró que está siendo víctima de presiones e intimidaciones sistemáticas para afectar el desarrollo de su campaña política.“Hay unos indicios muy claros por las formas y los mensajes que también me han llegado personalmente. Les molesta el discurso y que digamos lo que estamos haciendo, que llevemos un mensaje a Barranquilla. En muchos de ellos me dicen ‘negro vendido’, me quieren obligar a que yo piense distinto”, dijo a Blu Radio.Del mismo modo, indicó que ya elevó el clamor ante la Policía para garantizar la seguridad, tanto suya como de la comunidad.“El mensaje es claro para todas las autoridades. Le hemos pedido acompañamiento a la Policía, a las autoridades locales y nacionales para que brinden todas las garantías. Estamos frente a una de las decisiones más importantes de nuestro país. Se toma el próximo 8 de marzo. Necesitamos que brinden las garantías; no se pueden volver a repetir episodios de violencia en los que el Estado no pudo ni siquiera garantizar la seguridad a un senador de la República, como Miguel Uribe Turbay. Hay que dejar que la gente vote libremente, que escuche las propuestas y decida a quién va a acompañar”, agregó.Cabe recordar que las amenazas mencionadas en Barranquilla tomaron relevancia este fin de semana, cuando residentes de barrios como La Manga, Me Quejo y Las Malvinas, entre muchos otros, escucharon audios en los que eran declarados objetivo militar por tener en las fachadas de sus viviendas publicidad política.Según los involucrados, la única forma de mantenerlas era mediante el pago de dos millones de pesos como “multa” o, de lo contrario, matarían “hasta al más pequeño de sus casas”.
Una pareja conformada por hombre y una mujer, de 37 y 24 años años, respectivamente, fueron capturados en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a España con más de cuatro kilos de cocaína.De acuerdo a la Policía Metropolitana de Cartagena, actividades de vigilancia y perfilamiento de pasajeros permitieron detectar a la pareja que tenía escondidas las cuatro láminas de estupefacientes en dos maletas.“Nuevamente la Policía Nacional, gracias a sus controles en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cartagena, capturan a dos personas oriundas del departamento de Santander, los cuales, en dos maletas, pretendían engañar los controles y sacar del país en unas maletas de doble fondo hacia España dos kilos de cocaína cada uno en dos maletas, para un total de cuatro kilos de cocaína”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.El oficial también señaló que se investiga si estas personas ya habían realizado este tipo de prácticas, pues al hombre le registra un viaje a Brasil.“Estas personas son capturadas por la Policía Nacional y puestas a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía por el tráfico de estupefacientes. En este momento están enfrentando las respectivas audiencias para la legalización de su captura y definir su situación jurídica”, agregó.Según la Policía, con este este resultado se logra evitar la comercialización de más de 10.000 dosis de cocaína, que está avaluada en 156.000 dólares, unos 560 millones de pesos en el mercado internacional.
Con más dificultades para acceder a citas y a medicamentos están los usuarios del sector salud en Colombia, de acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, tras revisar registros de quejas y reclamos durante el último año, donde “la falta de oportunidad para acceder a medicamentos” se convierte en el indicador con mayor alza al presentar un aumento del 227%, pasando de 6.136 quejas en enero de 2024 a 20.067 a enero de 2025.Es decir, 13.000 casos más en un año en el que coincidencialmente se han registrado intervenciones a las EPS que más usuarios reúnen.Este escenario, según Anuar Rodríguez, vicepresidente de salud de Andi, es resultado de problemas en flujo de caja, por un desfinanciamiento del sistema que está sintiendo el “estrés” por problemas en la rotación de cajera.“A medida que la insuficiencia o falta de recursos dentro del sistema se vuelve más generalizada, quienes empiezan a sufrir son los otros actores. Ya también se está empezando a ver con los usuarios. Estamos viendo cómo llegaríamos a un estado donde no tenemos caja para operar y esto afecta a los pacientes y usuarios”, dijo Rodríguez, refiriéndose a que la ampliación de los plazos empleados para los pagos está generando una insuficiencia que acelera la crisis por falta de recursos.Sus declaraciones fueron entregadas en medio de la convención nacional del retail farmacéutico que se realizó en el hotel Dann Carlton de Barranquilla.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, se sumó a este encuentro en el que aseguró que hoy cualquier indicador de la cadena de salud está deteriorado.Aseguró que hoy cerca del 60% de los pacientes son atendidos por EPS intervenidas, pero se desconoce dónde está el flujo de recursos de los que habla el Gobierno. Incluso aseguró que hoy los medicamentos no llegan, pero no porque haya desabastecimiento, sino más bien una desfinanciación.De esta manera extendió la invitación a buscar nuevos mecanismos de financiación y un sistema más eficiente, advirtiendo que los enfrentamientos solo agravan el problema.
El exministro Alejandro Gaviria cuestionó si en realidad ha sido él y su paso por el Gobierno el peor que error que ha cometido el presidente Gustavo Petro, tal como el mismo mandatario lo ha manifestado.El exfuncionario se preguntó si acaso él ha sido "peor que Olmedo y la corrupción, peor que los escándalos alrededor de Benedetti, peor que lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo".Gaviria aseguró que él solo fue "una persona de buena voluntad" que creyó "en la idea de que podía haber un gabinete plural, donde diferentes voces e ideas sobre la sociedad podían conversar, pero él (Petro) rápidamente dijo que no y que quería a todos sus funcionarios obedeciendo simplemente".Aseguró que es "decepcionarte ver que este país no puede llegar a acuerdos parciales, no puede buscar consensos"."El ejercicio del Gobierno, por parte del presidente Petro primero era una suerte de paranoia de buscar culpables, ahora se está volviendo insultos, no solo a mí, y yo creo que hay cierto respeto institucional. En la vida, como todos lo sabemos, todos interactuamos y las palabras importan, y las palabras violentas anteceden a la violencia, y eso está mal por parte de un presidente de la República", dijo.Gaviria aseguró que él entró al Gobierno "con la idea de que Colombia sí necesitaba un cambio, pero el cambio no ha sido tal, sino más bien un simulacro".
La Policía ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que lleve a la captura de los asesinos de los patrulleros Belén Durán y Edwin Mercado, quienes estaban en servicio en el municipio de Simití, Bolívar cuando fueron atacados por criminales que les dispararon con fusiles. En el sitio otro uniformado resultó herido.Según el general Carlos Triana, director de la institución, ya hay un equipo especializado de la Dijin para llevar a cabo la investigación con la Fiscalía para dar con el paradero de los homicidas, e hizo un llamado a la comunidad a suministrar información que permita anticipar intenciones criminales del Clan del Golfo, ELN y disidencias contra policías y soldados.“Como director de la Policía Nacional de Colombia, quiero enviar un mensaje de solidaridad y condolencia para las familias de nuestros patrulleros Belén Durán Ortiz y Edwin Feria Mercado, quienes fueron asesinados cobardemente y a traición mientras prestaban su servicio a la comunidad de Simití, Bolívar”, indicó.El general Triana hizo un llamado solidario a la comunidad para que, mediante información oportuna, le permita a la Policía anticipar las intenciones criminales del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, pero también del ELN, en contra de los policías y soldados.Este es el segundo ataque contra uniformados de la Policía en Cartagena, teniendo en cuenta que el domingo pasado, en el corregimiento de Pasacaballos, dos policías también fueron asesinados mientras adelantaban labores de de vigilancia tras un atentado que se le atribuyó al Clan del Golfo.
El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, respondió desde Barranquilla a la agresión verbal del presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario trató de "HP".En medio del Foro de Seguridad Energética desarrollado este viernes en la capital del Atlántico, insinuó que Petro era el presidente que había llegado con menos mérito a este cargo."Nunca antes con tan pocos méritos llegó a la Presidencia. Nunca la democracia le confirió tanto poder a alguien con tan poco respeto por ella. Nunca los constituyentes imaginaron que las instituciones quedarían en manos de alguien con tan poco sentido de la legalidad, la tolerancia, la dignidad", indicó el senador.En un trino, el pasado 24 de abril, Cepeda también se habría referido al calificativo que lanzó el presidente Petro en su contra."El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP", escribió en su cuenta de X.Tensión entre Petro y Efraín Cepeda llega a su punto máximoHay que recordar que Cepeda el más reciente conflicto presentado entre Cepeda y Petro corre por cuenta de las críticas realizadas por el presidente del Senado a las preguntas de la consulta popular, las cuales hacen parte de un texto que será radicado en el Senado el próximo 1 de mayo.A su vez, no es un secreto que el presidente Gustavo Petro reveló que, durante dos años, intentó reunirse con Efraín Cepeda para avanzar en las reformas, pero asegura que el senador "llegaba a la plenaria y las hundía". Además, el mandatario de los colombianos había denunciado que Cepeda trataba las propuestas del Gobierno "como si fueran basura".
En poder de las autoridades competentes ya están los tres presuntos responsables del atentado en el que, este fin de semana, perdieron la vida los primos Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 48, cuando estaban en la terraza de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Plinio Cedeño, luego de un consejo de seguridad extraordinario en el que se acordó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reforzar la seguridad en la población.“Gracias a Dios y a la acción inmediata por parte de la Policía Nacional y por la institucionalidad de Puerto Colombia, se logró la captura de tres personas y la incautación de una motocicleta donde se cometió el hecho. Avanzan las labores de investigación y hoy las autoridades pertinentes tienen los elementos materiales probatorios para sacar adelante esta investigación”, dijo inicialmente el mandatario.“Queremos enviarle un parte de tranquilidad que junto a las autoridades aquí presentes continuamos trabajando de manera ardua, de manera permanente para que prevalezca la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos porteños. Estén tranquilos que seguimos trabajando de manera ordenada y articulada con todas las fuerzas para la tranquilidad de todas las familias”, agregó Cedeño.Los capturados fueron ubicados, según conoció Blu Radio, en el sector invasivo de Villa Caracas. Sin embargo, aún la Policía no ha revelado sus identidades.Sobre estos hechos se analiza la hipótesis de que al parecer estarían relacionados con la reciente muerte de otro hombre en Puerto Colombia identificado como Javier Carrillo Mieles. No obstante, los investigadores no quieren descartar otras líneas de indagación.La Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que en 2025 se lograron 251 capturas, siendo 238 de ellas en flagrancia y 8 relacionadas con el delito de homicidio. Además, 34 armas de fuego quedaron en poder de las autoridades.
Este martes 27 de enero, la JEP llevará a cabo la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón ‘La Popa’.Según la acusación, estos hechos dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 de tortura.La diligencia, que se realizará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, será clave para definir el curso del proceso, pues el tribunal deberá establecer si Figueroa mantiene su negativa frente a los cargos o si decide aceptar responsabilidad.No obstante, en los días previos a la audiencia, la defensa del excomandante remitió un escrito a la JEP en el que manifestó la disposición del compareciente de aceptar responsabilidad.En el documento, María Paulina Gómez, abogada del exoficial, sostiene que su inasistencia a diligencias anteriores no obedeció a falta de voluntad, sino a que se encontraba fuera del país y no tuvo conocimiento oportuno de las citaciones.“En aquel escrito informé que el coronel Figueroa Suárez se encontraba fuera del país y que, precisamente por esa razón, no tuvo conocimiento de las citaciones anteriores”, indicó la abogada del exoficial, María Paulina Gómez, en un documento enviado a la JEP.La defensa también aseguró que Figueroa Suárez está dispuesto a suministrar información “exhaustiva, veraz y útil” y a “reconocer las responsabilidades que le correspondan”, reiterando su voluntad de colaborar con el proceso de justicia transicional y con las víctimas.La audiencia preparatoria permitirá a los magistrados definir el conjunto de pruebas que serán debatidas, la participación de las víctimas y el calendario de las siguientes sesiones. Además, se evaluará el alcance procesal de la manifestación presentada por la defensa y si esta tiene efectos inmediatos dentro del trámite.Este proceso contra Figueroa hace parte del caso 03, que investiga los falsos positivos. Por estos mismos hechos, la JEP ya impuso una sanción de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que reconocieron responsabilidad y condenó a 20 años de prisión al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue antecesor de Figueroa en el mando de la unidad y negó su participación en los crímenes.
Una insólita situación se vivió este lunes 26 de enero en Barranquilla, previo a que decenas de usuarios de la Nueva EPS se encontraran para desarrollar una manifestación a las afueras de una de las sedes de la entidad. A pesar que, durante el fin de semana habían coordinado su salida a la calle, finalmente ninguno de los líderes pudo seguir con el proceso, pues gran parte de ellos y de los asistentes amanecieron con problemas de salud. "Hablé con mis compañeros y unos están de urgencia. Yo estoy en la cama sin aliento para hablar y otros compañeros dijeron sentirse demasiado débiles", contó una de las líderes a Blu Radio. De acuerdo con ella, esto se debe al retraso en la entrega de medicamentos, lo que los tiene afectados desde hace cinco meses, pero con el agravante de que hace un mes no tienen dispensario en el cual reclamar sus medicinas en Barranquilla ni en ningún municipio del Atlántico. "Los pacientes que requerimos medicamentos por tener enfermedades de alto riesgo tenemos llenas las urgencias. Nos estamos descompensando hasta por falta de pastillas para la presión, es inhumano lo que nos están haciendo", contó Andrés Meza, otro paciente afectado por esta crisis. La protesta, que quedó postergada, aún no tiene fecha de realización, sin embargo, los usuarios alertan que esto es efecto de la crisis que golpea especialmente a pacientes con cáncer, a los transplantados y a quienes tienen enfermedades de alto riesgo.
Santa Marta volvió a llenarse de uniformes, bolsos escolares y filas a la entrada de los colegios. Este lunes, más de 90 mil estudiantes regresaron a clases en las 182 sedes oficiales del Distrito, dando inicio al calendario académico 2026 en medio de un dispositivo especial de seguridad y con una novedad clave: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) empezó a operar desde el primer día.La secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz, aseguró que la jornada arrancó sin contratiempos y resaltó que este año la instrucción fue no esperar semanas para poner en marcha el Plan de Alimentación Escolar que supera una inversión de 56.000 millones de pesos.“La directriz de nuestro alcalde Carlos Pinedo ha sido clara de mejorar la calidad educativa, y garantizar la alimentación escolar es parte de poder brindarles a nuestros niños y jovenes mayores garantías para aprender y permanecer en el colegio, ”, explicó la funcionaria, al destacar que el objetivo es que los estudiantes encuentren en los colegios un entorno más seguro y con garantías básicas desde el inicio del año escolar.El regreso a clases estuvo acompañado por un despliegue de más de 200 policías en los alrededores de los colegios, como parte del plan de seguridad “Regreso a Clases”, articulado entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía. Uniformados de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Gaula y otros grupos especializados realizaron controles antes, durante y después de la jornada para prevenir delitos, riñas, consumo de sustancias y situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, protección y bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de Santa Marta”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante operativo de la Policía Metropolitana. Las autoridades insistieron además en recomendaciones básicas para padres y estudiantes: acompañar los recorridos, no aceptar ayuda de desconocidos, cuidar la información que se comparte en redes y mantener una comunicación cercana en casa.Sin embargo, no todo es tranquilidad. En instituciones como el colegio San Fernando, sede San Jorge, la comunidad educativa prendió las alarmas: llevan tres meses sin servicio de agua, lo que pone en riesgo la higiene, el funcionamiento de los baños y, en últimas, el normal desarrollo del calendario académico si no se soluciona en el corto plazo. Blu Radio se comunicó con la Empresa de Servicios Públicos Essmar, pero no entregaron declaraciones sobre esta situación.Entretanto, muchos padres de familia recibieron el regreso a clases con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperan que 2026 sea un año más estable, sin la cadena de paros de maestros y suspensiones que, año tras año, terminan afectando el aprendizaje de los estudiantes.Santa Marta empieza un nuevo año escolar con salones llenos, vigilancia reforzada y la promesa institucional de garantizar alimentación y seguridad. El reto será que esas garantías se mantengan durante todo el calendario y que problemas como la falta de agua no terminen pasando la cuenta de cobro a miles de niños y jóvenes del Distrito.
Al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le abrió la Procuraduría una investigación disciplinaria por presuntamente no cumplir con una suspensión de cuatro meses que le fue ordenada por el Ministerio Público en febrero de 2025, tras un fallo en segunda instancia. Al parecer, Castillo Pacheco asumió el cargo como rector, a pesar de que debía primero cumplir con la sanción antes de ejercer cualquier cargo dentro de la misma universidad que fuera diferente al de docente. Sin embargo, no queda claro si este cumplió con la suspensión de sus funciones durante cuatro meses, sin que hubiese sido suspendido el pago de su salario ni notificado el Ministerio Público. "La entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios", expone la Procuraduría en un comunicado. En caso tal, la Procuraduría insiste que Castillo no debió asumir el cargo si tenía vigente la sanción, lo que podría dar lugar a una segunda amonestación. "La Procuraduría señaló que, mediante estas investigaciones, verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados", indica la entidad. NombramientoRafael Castillo Pacheco llegó al cargo de rector encargado de la Universidad del Atlántico el pasado 17 de diciembre, tras la suspensión de Leyton Barrios del cargo, a partir de un proceso de vigilancia especial que el Ministerio de Educación declaró, ante los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el plantel por un paro indefinido que realizaron los estudiantes. Castillo podrá estar durante un año en el cargo, siendo que ya es la segunda vez que él ocupa este cargo. Precisamente, fue en 2023 cuando estuvo en una situación similar y se extralimitó en sus funciones al autorizar una comisión de servicio remunerada a un docente de la facultad de ciencias económicas para que viajara a Argentina a cursar estudios de doctorado. Según la Procuraduría, esta conducta fue objeto de la sanción que actualmente tiene al funcionario bajo la mira.
Con la noticia de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Vásquez al cargo de agente especial de la empresa Air-e, aumenta la preocupación en los más de 5 millones de usuarios que tiene la compañía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.Para Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, con esta renuncia el Gobierno sigue dando tumbos en el manejo de la empresa, que ha empeorado su situación financiera, aumentando la deuda con las generadoras de 500 mil millones de pesos a 2,5 billones, y el paso de cuatro agentes interventores en solo un año y medio desde que el Gobierno Nacional tomó el control de la compañía.“Esto le sube otro grado de incertidumbre a la situación eléctrica en la Región Caribe, particularmente donde atiende Air-e: Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde hay más de 5 millones de caribeños”.Alarcón agregó que la renuncia de Nelson Vásquez “se da en un momento en que el Gobierno pretende aumentar las cargas de los usuarios de todo el país a través de una tasa de 8 pesos por kilovatio”, que desde la Liga de Usuarios han “rechazado de manera rotunda”.Se conoció que la renuncia de Nelson Vásquez, que tomó por sorpresa a muchos empleados de la empresa, fue formalizada mediante una resolución firmada por el superintendente Felipe Durán Carrón.Por el cargo que dejó vacante Vásquez pasaron en un año Carlos Diago, el actual ministro de Minas, Edwin Palma, y Diana Bustamante. Vásquez se mantendrá en el cargo hasta el próximo 29 de enero.