El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
Cartagena de Indias se prepara para recibir a 9.500 corredores de 15 países en la novena edición de la Media Maratón del Mar 2026, programada para el próximo domingo, 22 de febrero. Con este evento, la ciudad heroica abrirá el calendario del running en Colombia mezclando deporte, turismo y proyección internacional.Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros. El flujo de visitantes convierte la carrera en una prueba logística para la capital de Bolívar.Recorrido Media Maratón del Mar 2026El recorrido partirá desde el Puerto de Cartagena y atravesará corredores urbanos y turísticos emblemáticos. Es una de las pocas competencias de media maratón en el mundo que inicia en un entorno portuario, un rasgo que refuerza su identidad.Logística, Expo y movimiento económicoLos días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí se entregarán los kits oficiales y participarán cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar.La organización espera alrededor de 20.000 visitantes durante la feria, lo que impactará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La carrera se consolida como un motor de turismo deportivo en temporada alta.El evento también incluye la MMM Kids, con recorridos de 1 y 2 kilómetros para niños y niñas. La apuesta amplía el alcance familiar y fortalece la cultura del running en la ciudad.Medalla, camisetas y presencia éliteLa edición 2026 presentó su medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena, símbolo de guía y perseverancia. El diseño integra elementos gráficos asociados al mar Caribe y al movimiento.Las camisetas oficiales fueron desarrolladas por ASICS, aliado técnico del evento durante los últimos cuatro años. La marca también tendrá en competencia a figuras como Kellys Arias y David Gómez González.El reto del clima y la preparación médicaMás allá del número de participantes, el principal desafío será el clima cálido y la alta humedad de Cartagena. La dirección médica recomendó llegar con al menos 48 horas de anticipación, priorizar la hidratación y evitar esfuerzos intensos previos.Durante la carrera, síntomas como mareos, náuseas o visión borrosa deben tomarse como señales de alerta. El operativo contará con ambulancias medicalizadas, desfibriladores y personal de atención prehospitalaria en distintos puntos del recorrido.
Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
En la madrugada de este miércoles, hacia las 12:25 a. m., la Concesionaria Ruta Bogotá Norte informó que la fuga de gas registrada en la Autopista Norte, en el tramo Chía–Bogotá, fue controlada y que la movilidad en este corredor se encuentra habilitada en ese sentido. De acuerdo con el reporte, personal técnico de la empresa Vanti atendió la emergencia y logró contener la situación, lo que permitió restablecer el tránsito vehicular sobre la autopista sin que se reportaran nuevos incidentes asociados a la red de gas.La concesionaria explicó que, pese a la reapertura, en el punto permanece personal especializado de Vanti adelantando labores de verificación y aseguramiento de la tubería afectada, en coordinación con equipos de obra que trabajan en excavación e instalación de nuevas tuberías para facilitar la evacuación de agua en la zona. Estas tareas se ejecutan bajo protocolos de seguridad para reducir cualquier riesgo de nuevas filtraciones, explosiones o acumulación de gas, escenarios que, según lineamientos de la propia compañía y de las autoridades, exigen controles estrictos cuando se intervienen redes subterráneas.Las autoridades de tránsito y la propia concesionaria recomendaron a los conductores transitar con precaución por el corredor norte, acatar la señalización provisional instalada y seguir las indicaciones del personal ubicado en la vía. El llamado se dirige especialmente a quienes se desplazan en horas de baja visibilidad, como la madrugada y el amanecer, cuando se mantiene maquinaria en operación y hay presencia de operarios en calzada y berma mientras avanzan las obras complementarias derivadas de la emergencia.Calle 209 continúa cerrada por labores técnicasAunque la movilidad fue restablecida sobre la Autopista Norte en sentido Chía–Bogotá, la entrada y salida por la calle 209 continúa cerrada en ambos sentidos. La restricción se mantendrá mientras se completan las labores técnicas sobre el terreno y la infraestructura de servicios públicos en este punto, que forma parte del área de influencia del proyecto de ampliación de la Autopista Norte adjudicado años atrás para mejorar la conexión entre Bogotá y municipios como Chía y Cajicá.Según el reporte de la concesionaria, en el sector se adelantan trabajos de excavación y reemplazo de tubería, tanto para garantizar la evacuación de agua como para blindar la red de gas ante futuras contingencias. En situaciones de este tipo, los protocolos de Vanti y de las autoridades contemplan mantener cierres viales parciales o totales hasta que las pruebas de seguridad confirmen que no existen filtraciones ni concentraciones de gas y que el terreno es estable para el tránsito de vehículos y peatones.bogota.La medida implica desvíos y cambios en los recorridos habituales de quienes usan la calle 209 como acceso y salida de la capital. Por ello, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento mientras persistan las restricciones, siguiendo también las recomendaciones que habitualmente emite la Secretaría de Movilidad cuando se presentan fugas de gas o cierres por emergencias en corredores troncales de ingreso y salida de Bogotá.bogota.Otro incidente de gas en Álamos Norte, EngativáParalelamente a la emergencia en la Autopista Norte, en el sector de Álamos Norte, en la localidad de Engativá, se presentó otra fuga de gas que también fue controlada por personal especializado. En esta zona residencial se activaron protocolos de seguridad que incluyen cierre de accesos, restricción de tránsito y evacuaciones preventivas en casos de riesgo, procedimientos similares a los aplicados en otras emergencias recientes por fugas de gas en Bogotá.YouTubebogota.Aunque la fuga ya fue contenida, en Álamos Norte se mantienen restricciones de seguridad en una amplia área habitada mientras se concluyen las revisiones de la red, se descarta la presencia de nuevas filtraciones y se certifica la estabilidad de la infraestructura.
El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo presidente interino del país andino después de que este martes haya destituido al derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales."Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.Agregó que la elección del nuevo presidente se realizará en pleno del Congreso el miércoles y detalló que el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las propuestas de candidatos vence este martes 17 de febrero, a las 18:00 hora local (23:00 GMT).Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.Así, durante las próximas horas, las bancadas del Congreso tendrán que ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos, para que este miércoles se debatan las opciones.Pero al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas.De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y muchos cuentan con investigaciones o cuestionamientos por diversos temas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo.Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 17 de febrero de 2026 su sorteo número 3140, uno de los más esperados por miles de apostadores en el país.En esta jornada estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – 17 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 6420 de la serie 312. Este resultado corresponde al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para la verificación de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial, redes sociales o en la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes montos. Estos fueron los números ganadores oficiales:SECO DE $200 MILLONES6361 – Serie 250SECO DE $100 MILLONES1342 – Serie 183SECO DE $50 MILLONES2740 – Serie 0218806 – Serie 176SECO DE $30 MILLONES5169 – Serie 2709563 – Serie 2713351 – Serie 1035771 – Serie 2477745 – Serie 2064533 – Serie 141SECO DE $20 MILLONES0036 – Serie 1817339 – Serie 2495831 – Serie 2142241 – Serie 2281950 – Serie 1420230 – Serie 2225646 – Serie 3099397 – Serie 2064922 – Serie 1744169 – Serie 0259293 – Serie 2415342 – Serie 2898443 – Serie 1691336 – Serie 1414587 – Serie 175SECO DE $10 MILLONES0527 – Serie 3040934 – Serie 2831098 – Serie 0147324 – Serie 1737826 – Serie 0530119 – Serie 1580789 – Serie 2998265 – Serie 1544843 – Serie 0598612 – Serie 1343356 – Serie 2958951 – Serie 1482190 – Serie 2268900 – Serie 2246880 – Serie 0197512 – Serie 0693022 – Serie 2708204 – Serie 1508282 – Serie 2654219 – Serie 310Se recomienda comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial publicada por la Lotería de la Cruz Roja para confirmar cualquier premio.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.Para el premio mayor y los premios secos, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de haber ganado el premio mayor de $10.000 millones, se deben tener en cuenta los descuentos establecidos por la ley:17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.La recomendación final para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales y revisar con detalle el billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Tiendas D1 continúa consolidándose como uno de los lugares favoritos de los colombianos no solo por sus alimentos económicos, sino también por su línea de productos de aseo que combinan efectividad y bajo precio. En esta ocasión, un artículo que cuesta menos de $3.000 pesos se ha convertido en tendencia entre los compradores por su capacidad para eliminar la grasa acumulada en la cocina en cuestión de minutos.Se trata del desinfectante de baño de la marca Brilla King, un producto que, aunque fue diseñado inicialmente para la limpieza de sanitarios y superficies del baño, ha demostrado ser altamente eficaz para remover la grasa incrustada en gabinetes, paredes y otras áreas de la cocina donde suelen acumularse residuos difíciles de quitar.Un aliado económico para la limpieza de la cocinaUno de los mayores problemas en los hogares es la acumulación de grasa en la cocina, especialmente en zonas que no se limpian con frecuencia. Con el paso del tiempo, estas superficies pueden adquirir una capa pegajosa que resulta complicada de eliminar con productos convencionales o solo con agua y jabón.En este contexto, el desinfectante Brilla King, que se consigue por aproximadamente $2.990 pesos en tiendas D1, ha ganado popularidad por ofrecer resultados rápidos sin necesidad de aplicar fuerza o utilizar múltiples productos. Su fórmula permite desprender la grasa adherida, facilitando la limpieza y reduciendo el tiempo invertido en esta tarea doméstica.Consumidores han destacado que este tipo de soluciones económicas son clave para mantener el hogar en buenas condiciones sin afectar el bolsillo, especialmente en un contexto donde muchas familias buscan optimizar sus gastos.Cómo usar el desinfectante Brilla King para eliminar la grasaEl proceso de uso es sencillo y no requiere herramientas especiales. Para lograr los mejores resultados, se recomienda seguir estos pasos:Aplicar el producto directamente sobre la superficie con grasa, como gabinetes, azulejos o paredes.Dejar actuar el desinfectante durante al menos cinco minutos para que la fórmula ablande la suciedad acumulada.Limpiar con un trapo húmedo o una esponja, retirando los residuos sin necesidad de frotar intensamente.Tras este procedimiento, la superficie queda visiblemente más limpia y libre de grasa, lo que facilita el mantenimiento regular de la cocina.Por qué es importante eliminar la grasa de la cocinaMantener la cocina libre de grasa no solo mejora la apariencia del hogar, sino que también contribuye a la higiene y la salud. La grasa acumulada puede convertirse en un foco de bacterias y malos olores, además de atraer insectos.Por esta razón, expertos recomiendan implementar rutinas de limpieza periódicas y utilizar productos adecuados que permitan remover la suciedad de manera eficiente.Consejos prácticos para evitar la acumulación de grasaAdemás del uso de productos de limpieza como el Brilla King, existen varias recomendaciones que pueden ayudar a prevenir la acumulación excesiva de grasa:Realizar limpiezas frecuentes: Limpiar las superficies al menos una vez por semana evita que la grasa se adhiera con fuerza.Usar extractores de aire: Estos dispositivos reducen la cantidad de grasa que circula en el ambiente mientras se cocina.Cubrir los alimentos durante la cocción: Utilizar tapas ayuda a disminuir las salpicaduras de aceite.Actuar rápidamente ante las manchas: Limpiar los residuos recientes facilita su eliminación y evita que se endurezcan.
Por tercera ocasión, y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde, de estos, hoy se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos, por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era, entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.Esta vez, y en medio del último recurso para enviar a la cárcel al exdirector Juan David Palacio Cardona, el fiscal 40 para delitos contra la administración pública fue insistente en la división de roles que hubo al interior de la entidad, mencionando a un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle. De esto, este lo llamó “coordinador” de todo lo que sucedió con este caso en la entidad."El ciudadano Miguel Quintero, al parecer, operaba como coordinador externo impartidor de instrucciones y presuntos beneficiarios. Esta sofisticación de los mecanismos de comisión demuestra el dolo de los delitos imputados, donde hubo planificación y capacidad organizativa", dijo el delegado de la Fiscalía.Recordemos que en otra diligencia de finales de enero, en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Palacio, y las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones.De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero. Por su parte, el procurador José Luis Ochoa Escobar se sumó a las menciones al hermano del exalcalde."En la parte relativa a la contratación, quienes ponen el candidato para agilizar y así se escuchó en los audios para agilizar el aspecto contractual es justamente el hermano del señor alcalde de la ciudad del área metropolitana, que es quien postuló a Juan David para el cargo, que es quien postula también a las personas que van a ejercer la actividad de firmar los contratos, justificar la contratación, firmar los contratos y auditar los contratos", argumentó Ochoa.Además, reveló el fiscal que, durante el tiempo de administración de Palacio Cardona, se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en que por el mismo rol de Miguel Quintero es que el director debe ser enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial."Claro que fue el que nombró a esa persona, pero por instrucción de terceros, el hermano del exalcalde que fue el que ordenó que pusieran a la persona para el tema de direccionamiento de contrato, las pruebas están, son demasiado claras y como lo dijo la directora del Área, el juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro", declaró el alcalde.Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.
Una verdadera pesadilla vivieron en la mitad del mar dos turistas mexicanos que denunciaron ser víctimas de una estafa durante un paseo en lancha a la zona insular de Cartagena.Según el relato de los visitantes, todo inició cuando se encontraban en las playas de Bocagrande y fueron contactados por dos operadores turísticos que les ofrecieron llevarlos a una playa en la isla de Tierrabomba, en donde solo debían pagar por el consumo que hicieran en el lugar, y el transporte de la lancha cuyo valor era de 80.000 pesos ida y regreso.Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, y justo cuando venían de regreso a la ciudad tras permanecer una hora y 30 minutos en una playa conocida como ‘Paraíso de sol’, en pleno viaje en la mitad del mar y bajo amenazas, los conductores de la embarcación y otras tres personas que se subieron a la misma, les obligaron a pagar $1.800.000 por el supuesto uso de las instalaciones de la playa. Algo que, aseguran, nunca estuvo pactado en la negociación inicial.“En el regreso de la isla Paraíso del sol, una las persona que nos acompañó durante todo el trayecto nos indico que subiéramos otra embarcación llamada Shaddai, porque esa sería la embarcación que íbamos a usar para el regreso a Cartagena (...) Durante el trayecto de retorno realizaron una escala a un muelle secundario para que subieran otras tres personas, que fueron cómplices, entre ellos una mujer que llegó con un datáfono. De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los club de playa de la isla de Tierrabomba, el cual tenía un costo de 1,800,000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio; yo amablemente les ofrecí los 60.000 pesos, que fue el valor del consumo que ya habíamos pagado en el lugar por tres cervezas de las cuales dos fueron consumidas por nosotros y una persona de la lancha”, contó en diálogo con Blu Radio, Gretel Miranda, la mexicana afectada.La situación, de acuerdo a la turista, rápidamente se convirtió en un momento de pánico, pues le exigieron el pago completo para poder llevarlos de regreso a Cartagena.“Prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a dejar bajar, se pusieron muy agresivos, sino le pagamos esa suma (...) y solo insistían que eso era una isla y que teníamos que pagar el precio. Nos empezaron a intimidar, a ser muy groseros, muy agresivos, obviamente es una situación muy tensionante, y a mí solo se me ocurrió entregar mi tarjeta, y la chica que estaba ahí me la arrancó de la mano, y la pasó por el datáfono. Después de eso, esperaron como un minuto más, y arrancaron la lancha; al llegar no nos dejaron en el Laguito sino más adelante, y nosotros lo único que hicimos fue correr y buscar ayuda de la Policía porque teníamos mucho miedo”, relató.Tras llegar a la ciudad, los dos visitantes instauraron una denuncia y pidieron apoyo de las autoridades, pues aseguran que estas personas no solo los estafaron, sino que pusieron en riesgo su vida.“Esto es algo que no se puede permitir, ese tipo de fraudes, de extorsiones, de secuestros, porque eso es un secuestro, estar en medio de altamar y que condicionen que no te van a dejar bajar, imagínate si no hubiera pasado mi tarjeta que me hubiera pasado a mi y mi amigo (...) Nos roban, nos quitan todo, nos avientan al mar, la verdad no sé, es una situación terrible; ojalá las autoridades, el alcalde haga algo para que estas personas no sigan haciendo esas fechorías”, dijo visiblemente afectada la mujer.Hasta el momento, las autoridades distritales no se han pronunciado sobre si tienen identificados a estos operadores turísticos, pues los extranjeros aportaron vídeos de la embarcación y sus tripulantes, fotos del lugar que visitaron y hasta el recibo del comercio en el que se hizo el pago de la tarjeta de crédito.
Inconformes están en San Andrés y Providencia con el trato que han recibido los pacientes afiliados a Nueva EPS, algunos de ellos remitidos desde el archipiélago por la complejidad de su estado de salud, según lo denunciado por la misma Gobernación.Es por ello que fue convocada esta mesa de trabajo, dice la Gobernación bajo las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud y en la que pedirán asegurar la atención prioritaria para los isleños, especialmente aquellos que quieren un tratamiento especializado fuera del departamento.“La Gobernación departamental, a través de la Secretaría de Salud, manifiesta su profunda preocupación por la crisis que atraviesa la nueva EPS a nivel nacional, la cual ha afectado directamente a pacientes del archipiélago remitidos hacia el interior del país, quienes en muchos casos no han recibido atención prioritaria de acuerdo con la complejidad de su estado de salud”, se lee en un comunicado.“Hemos impartido instrucciones precisas a la Secretaría de Salud para que adelante las gestiones pertinentes y convoque mesas de trabajo con las EPS que tienen presencia en el territorio, bajo la coordinación y directrices de la Superintendencia Nacional de Salud. El objetivo es asegurar una atención oportuna, digna y adecuada para todos los pacientes isleños, especialmente aquellos cuya condición médica requiere tratamiento especializado fuera del departamento”, añaden.De hecho, por redes sociales se conoció una denuncia en el que pacientes afirman estarlos “devolviendo a la isla para morir”“Hay una urgencia ahora mismo. Estamos como para decir todo en rojo. Los pacientes de la Nueva EPS estamos totalmente en la calle. ¿Por qué les digo esto? La agencia de viajes que tiene el contrato con la Nueva EPS ya notificó a todos que tenemos hasta el día quince de agosto de estar aquí en el Hotel Fontamar (Barranquilla). Hay pacientes que les están haciendo rayos, quimioterapia. Ese servicio no lo hay en San Andrés. Están violando el derecho de los pacientes. ¿Dónde vamos a ir?”, denuncia una de las afectadas en un video que se hizo viral.“Hay pacientes que no pueden viajar en avión comercial, tienen que ir en avión ambulancia. ¿Qué va a pasar? Me da pesar desde mi corazón decir esto, pero pacientes volviendo a San Andrés, donde no hay su servicio, los están mandando a morir”, también denunció.Pese a que aún no hay una fecha asignada para la mesa, la Gobernación anunció un seguimiento especial al tema.
En un hogar de paso en Valledupar, Cesar, bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentran en estos momentos los cinco menores de edad que fueron rescatados por la Policía Metropolitana de esta jurisdicción, tras su estado de abandono en una vivienda ubicada en el barrio Tierra Prometida.El mayor Pedro Pinzón, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Valledupar, declaró que el rescate se propició por “la oportuna información suministrada por la comunidad y la rápida acción de los uniformados”.“Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y la rápida acción de los uniformados, se procedió a forzar el ingreso al inmueble, rompiendo el candado y la cadena que impedían el acceso, con el fin de salvaguardar la integridad de los menores”, se puede leer en un comunicado de la institución armada.“El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, informó que los niños fueron trasladados de inmediato al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibieron valoración médica completa. Los exámenes realizados permitieron descartar cualquier signo de violencia sexual o física. Posteriormente, los menores fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y llevados al Hogar de Paso del municipio, donde recibirán atención especializada”, agregan.La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier situación que atente contra sus derechos fundamentales.
El huracán Erin no llegará directamente a la región Caribe, pero sí está golpeando de manera indirecta esta parte del país con fuertes vientos y tormentas eléctricas, lo que ya generó emergencias en varios departamentos en las últimas horas y traerá más precipitaciones para este domingo en La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y San Andrés y Providencia, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.De hecho, las autoridades de socorro están desplegadas en Córdoba, Santa Marta, Atlántico y Cesar para tener un censo de los daños y necesidades, así como estar atentos a cualquier eventualidad.Henry Licona, director departamental de ambiente y gestión del riesgo en Córdoba, habló acerca de las graves inundaciones que se registraron en varios de sus municipios, donde al menos hay 20.000 damnificados si solo se cuentan los residentes en Montería.“Las inundaciones fueron muy graves. Las aguas en ciertos sectores de estos municipios subieron más de un metro y las lluvias afectaron a Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Pelayo, Sahagún, entre otras poblaciones. En la capital de Córdoba, se pudo ver como en el centro de la ciudad quedaron carros flotando”, dijo a Blu Radio.De la misma manera, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, recomendó no transitar por calles inundadas, no bañarse en canales ni cuerpos de agua y evitar zonas con árboles, más que todo a los barrios en cercanías al río Sinú.La situación mejora un poco en Santa Marta, donde la intervención de la Alcaldía para recoger 13.000 toneladas de lodo evitó que se sumarán más afectados a los ya 13.000 residentes. Alex Velásquez, jefe de la oficina Gestión del Riesgo municipal, sostiene que hay especial vigilancia para los puntos críticos.“Tenemos puntos críticos como Pescadito, San Fernando, Bastidas y el sector de 11 de noviembre, El Pando, son los barrios más afectados. Allí hemos concentrado la mayor atención. Junto con el alcalde de Santa Marta, recorremos las calles para entregar ayudas, colchonetas y alimentos no perecederos”, agregó.El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció la suspensión de una media maratón que fue agendada en este territorio para este domingo, luego de una reunión con los organizadores del evento en la que se acordó que su realización estaba sujeta a las condiciones meteorológicas.En Barranquilla no hubo emergencias y en Cesar sólo atienden la inundación de un corregimiento llamado Nuevas Flores, jurisdicción del municipio de San Diego.
Unidades de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la Seccional de Inteligencia Sipol, lograron dar en las últimas horas con el paradero de un adolescente, quien es señalado como el presunto responsable del atentado extorsivo hace unos días contra la tienda “San Miguel” en el Barrio Lucero en Barranquilla, cuyo propietario hoy lucha por su vida tras recibir dos disparos, uno de ellos en su rostro.Según lo conocido en primicia por Blu Radio, el joven de solo 17 años trataba de esconderse de las autoridades en una vivienda ubicada en la carrera 38 con calle 37, centro de Barranquilla, donde además las autoridades le incautaron un arma de fuego, ocho municiones calibre 5.56 y cinco panfletos más alusivos a la banda Los Costeños.La diligencia de registro y allanamiento permitió recolectar los elementos necesarios para una posible judicialización por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas, teniendo en cuenta que el aprehendido está próximo a cumplir su mayoría de edad.El registro de las cámaras de seguridad fue clave para determinar su ruta de escape de esta personas, al tiempo de que los investigadores a cargo del caso lo relacionaron con otro episodio en el que dejó panfletos amenazantes en otra tienda, justamente en una ubicación muy cercana a donde se realizó el atentado.El menor será puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras que la víctima José Alfredo Bueno intenta recuperarse de un disparo en su cabeza y otro en su espalda.El presidente de Undeco en Atlántico, Orlando Jiménez, rechazó este reciente ataque a bala contra el tendero Bueno y confirmó que en los últimos 24 meses alrededor del 30% de los negocios extorsionados han cerrado sus puertas definitivamente."Desde Undeco lamentamos que ocurran esta clase de situaciones, sobre todo porque son comerciantes que están ahí buscando una mejor calidad de vida, sacar adelante a su familia, generando uno, dos o tres empleos, fraccionando los productos a cómo el bolsillo del cliente alcance", expresó.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.