Momentos de incertidumbre y angustia se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz este martes cuando cientos de pasajeros de un vuelo de la aerolínea Avianca debieron ser evacuados de emergencia por la supuesta presencia de explosivos cerca de la Torre de control.El momento de la evacuación y angustia de los pasajeros quedaron captados en varios videos que rápidamente empezaron a circular vía redes sociales.La aeronave, que tenía programada su salida hacia la ciudad de Bogotá a la 1:20 de la tarde, se vio obligada a interrumpir su operación habitual ante una alerta de seguridad crítica. El protocolo de evacuación se activó de inmediato tras reportarse la amenaza y varios minutos después, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte descartaron la presencia de explosivos en la zona.Vea el video aquí:
La Aeronáutica Civil informó que, tras completar rigurosos protocolos de verificación, fue descartada la presencia de artefactos explosivos en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Según la autoridad aeronáutica, gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a la oportuna intervención de las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, se confirmó que el objeto reportado por el equipo canino no representaba riesgo para la comunidad aeroportuaria.Debido a esto, luego de confirmarse que no había presencia de explosivos, fue autorizado el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones del aeropuerto, quienes permanecieron por cerca de una hora en el parqueadero de la terminal como parte del protocolo de seguridad.Asimismo, personal de la torre de control retomó sus funciones para normalizar de manera gradual los servicios de tránsito aéreo.Tras ser superada la emergencia, la Aeronáutica Civil informó que el Ernesto Cortissoz nuevamente se encuentra operativo, sin embargo, la programación de los vuelos podría presentar variaciones.“Reiterar a los pasajeros la importancia de mantener contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones”, indicaron en un comunicado.
Una alerta de evacuación fue generada hacia el mediodía de este martes en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de que dos perros de la Policía detectaran la presencia de posibles explosivos al interior de unas maletas que procedían de un vuelo internacional. Por esto, de inmediato se ordenó la evacuación tanto a viajeros como a trabajadores de la terminal aérea, dejando incluso sin personal la torre de control, debido a que la aeronave en la que presuntamente estaban los explosivos estaba próxima a esta área. El personal fue enviado hacia la zona de parqueadero, a varios kilómetros de distancia de la pista de aterrizaje, con el fin de colocarlos a salvaguarda mientras llegaban los refuerzos de Policía anti explosivos. No obstante, la alerta se generó justo cuando ya estaba listo para despegar un vuelo de Avianca, que iba a cubrir la ruta Barranquilla- Bogotá, por lo que las personas tuvieron que ser avisadas de la urgente evacuación, llevándolos hacia la zona más lejana de la pista de aterrizaje. "Estamos con bastante temor por esta situación. Nos desalojaron de inmediato del avión en el que íbamos a salir por la amenaza de bomba en la torre de control. Los pasajeros no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo. Todos íbamos bajando sin entender. Nos dieron una sombrilla por la alta temperatura que hay en la pista, que supera los 35°", indicó Juan Carlos Viloria, uno de los viajeros afectados. A pesar de que el aeropuerto fue evacuado en su totalidad, ellos son los únicos que permanecen al interior del mismo, debido a que la falta de información sobre la situación no han establecido si lo más seguro es permanecer allí o usar las rutas de evacuación. Por esto, se ordenó que temporalmente fueran desviados los vuelos hacia el aeropuerto de la ciudad de Cartagena.
De los 120.430 usuarios que tiene Nueva EPS en La Guajira, cerca del 80% pertenece a la etnia wayuu y son ellos los que hoy expresan su preocupación frente a la posibilidad de que a partir de abril solo puedan ser atendidos en los 16 hospitales públicos del departamento y no en las 14 IPS indígenas que hace 20 años también han estado brindando sus servicios médicos a esta población.Laura Andriolis Freyle, autoridad tradicional del pueblo wayuu y usuaria de Nueva EPS, afirma que esta sería una decisión del agente interventor de la entidad, Luis Oscar Gálvez, y que pone en riesgo la atención en salud de su población, pues son las IPS indígenas las que “históricamente han identificado, ubicado y acompañado a estas comunidades en el territorio, muchas de las cuales no se encuentran plenamente georreferenciadas por la Nueva EPS”.Andriolis afirma que las autoridades wayuu conocieron esta medida hace una semana y desde entonces están pidiendo un espacio de concertación con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para advertirles que los hospitales públicos de La Guajira no darán abasto para atender a 120 mil pacientes adicionales y que eso ya quedó demostrado en el pasado."Antes había insuficiencia en la atención dentro de las comunidades indígenas y por eso nacen las IPS indígenas, para prestar ese servicio de salud en territorio y también en las zonas urbanas. Entonces, se hace necesario hacer un diálogo y una concertación con las autoridades tradicionales, pero no se nos ha dado respuesta de esa solicitud formal", expresó Andriolis.La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a la terminación unilateral de contratos con las IPS indígenas en La Guajira, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra y dada la autonomía que tienen los pueblos indígenas, cualquier medida de esta índole debe ser concertada con ellos.Advierten que la liquidación de los contratos con las IPS indígenas también “afectaría la continuidad e integralidad de los servicios de salud, especialmente para los usuarios que actualmente se encuentran en tratamientos médicos, seguimientos clínicos o procesos de atención continuada”.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el principal testigo en el proceso contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha recibido amenazas de muerte, en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias. Se trata de Luis Enrique Rojas, presidente de la filial Hocol, cuya declaración es considerada clave dentro del expediente.De acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo, ya se activaron los protocolos institucionales para evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección. En ese sentido señaló: “En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía que ha sido amenazado. El programa de protección de testigos de la Fiscalía está haciendo en este momento la evaluación de riesgo y qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”.El caso en el que Rojas figura como testigo se relaciona con la imputación realizada por la Fiscalía contra Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias, en un proceso que tiene origen en la negociación para la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.Según el ente acusador, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas favorecer a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio en Hocol. Específicamente, la Fiscalía sostiene que se buscaba adjudicar un proyecto de regasificación a la empresa GAXI, de propiedad de Mancera.La investigación también señala que la supuesta influencia ejercida por Roa habría estado orientada a beneficiar intereses particulares, en un contexto en el que existía una relación comercial entre él y Mancera. Ambos habrían participado en la compraventa del apartamento 901, operación en la que, según la Fiscalía, el actual presidente de Ecopetrol resultó favorecido tanto en el precio como en las condiciones de pago.En ese sentido, el ente acusador ha indicado que el inmueble fue adquirido por un valor inferior al del mercado. De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, el precio pactado se ubicó un 34 % por debajo del valor comercial, lo que representa una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
Blu Radio pudo confirmar con la familia del ingeniero de petróleos David Felipe Acosta Botina, de 27 años, que el joven apareció tras permanecer 16 días desaparecido, luego de haber salido de un casino en la zona T de Bogotá.El rastro del ingeniero se había perdido el pasado 1 de marzo hacia las 2:00 de la madrugada. Según cámaras de seguridad del sector, en ese momento salió del establecimiento con una suma de dinero y algunas joyas de alto valor. Desde entonces, no se tenía información sobre su paradero.Aunque aún no se conocen con claridad las circunstancias de lo ocurrido, Blu Radio estableció, tras conversar con Piedad Botina, madre del joven, que él se comunicó recientemente para informarle que se encontraba con vida. De acuerdo con su testimonio, Acosta Botina apareció en otro departamento, fuera de Cundinamarca, aunque no se ha precisado el lugar exacto. La mujer aseguró que su hijo fue “llevado en una camioneta” y que fue golpeado fuertemente.Además, indicó que el joven recibió ayuda y, aunque no existe un parte médico oficial, se encuentra estable.Cabe recordar que horas antes, el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que, según las primeras indagaciones, el caso podría estar relacionado con deudas y problemas en casinos. “Parece que jugaba mucho y esto se convirtió en un problema. Los dineros que debía podrían estar relacionados con un posible ajuste de cuentas”, explicó.El oficial también precisó que se descartan hipótesis como el paseo millonario y el secuestro extorsivo, al no existir llamadas exigiendo dinero.
Cerca de 1.000 mineros continúan participando de manera activa en las manifestaciones que hasta el momento dejan cierre total en los sectores de La Rotonda y Campoalegre en el departamento de Antioquia y en Puerto Libertador y La Y en el departamento de Córdoba, todo esto producto de los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno nacional.Aunque ya el paro minero ha causado afectaciones a la movilidad, sigue siendo una medida indefinida hasta que el Gobierno nacional no llegue al Bajo Cauca antioqueño para hablar sobre los pedidos para que paren los procedimientos contra lo que denominan son mineros informales. Según explicó el alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes, hasta este sitio llegarían un total de 8.000 protestantes entre los que son de Antioquia y los del vecino departamento de Córdoba."Tenemos establecido un puesto de mando unificado manejando el control de este sector. Es cierto de que ha sido desatendido el gobierno nacional, porque es lo que están pidiendo los mineros hoy que sean atendidos, porque del 25 de octubre del 2024 se instaló una mesa en la cual no se han cumplido con esos protocolos que es lo que solicitan los mineros. Por supuesto se encuentra bloqueada la vía de Caucasia, la que comunica hacia la costa en Puerto Libertador, Campo Alegre y hacia la sede de Caucasia, hacia el Bagre. Estos pasos han sido intermitentes y le hemos solicitado a la fuerza pública el acompañamiento para garantizar el flujo constante de esto", detalló el mandatario.Por su parte, Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Pasajeros de Pasajeros, aseguró que hay serias afectaciones para el gremio, teniendo en cuenta que por los bloqueos, los desvíos pueden tardar hasta cinco horas más de recorrido de Medellín hacia la costa."Son 150 operaciones que tenemos en ambos sentidos, entre Medellín, es decir, Antioquia y la costa atlántica, esos departamentos del Caribe. Nosotros tenemos una afectación de 6.300 usuarios que tienen hoy origen y destino desde Medellín y estamos disminuyendo en un 70% nuestra operación debido a los bloqueos que se están presentando en el municipio de Caucasia", señaló. Por ahora, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba le hizo un llamado a los manifestantes para mantener el carácter pacífico y organizado de las protestas, mientras reiteraron el llamado al Gobierno nacional para que haga presencia y se instale una mesa de diálogos efectiva.
Las Fuerzas Militares investigan el hallazgo de un artefacto explosivo de 200 kilos en Putumayo, tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntos bombardeos desde Ecuador. Aunque el mandatario afirmó que se trataría de ataques lanzados desde aeronaves extranjeras, informaciones preliminares de inteligencia sugieren que el elemento podría ser antiguo y no haber detonado en su momento.Hallazgo de artefacto explosivo en zona selvática del PutumayoEl dispositivo fue localizado en una zona apartada del departamento de Putumayo, a 10 kilómetros de una base del Ejército Nacional. A diferencia de las versiones iniciales que ubicaban el evento en Nariño, las autoridades confirmaron que el punto exacto se encuentra en plena selva putumayense.Fotografías obtenidas por Meridiano Blu muestran que la estructura presenta restos de tierra, lo que fortalece la hipótesis de que estaba enterrado o fue desenterrado recientemente. Expertos antiexplosivos de la Fuerza Aérea y el Ejército se desplazan al sitio para determinar la antigüedad y el origen técnico del material.Pese a que el presidente Petro mencionó en su cuenta de X la existencia de 27 personas fallecidas en un supuesto bombardeo, la fuerza pública negó tener reportes oficiales al respecto. Las autoridades señalaron que el evento más cercano fue el incendio de dos laboratorios de cocaína en Nariño hace meses, donde murieron 13 personas.Por su parte, el presidente de Ecuador manifestó en diálogo con medios que cualquier operación militar ha ocurrido estrictamente en territorio ecuatoriano.Ante el riesgo de una escalada, Petro confirmó que solicitó la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que "llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".
La reciente decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto la suspensión de orden de captura para los principales cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, ya empieza a generar reacciones por parte de algunos sectores sociales en zonas de influencia del grupo armado.Este es el caso del Urabá chocoano donde en las últimas horas el Congreso Autónomo y Constituyente Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, se pronunció sobre la situación que podría desencadenar un nuevo ciclo violento en la región que ha sido de interés estratégico para el grupo armado con actividades como el narcotráfico.Así lo manifestó Emigdio Pertuz, uno de los voceros de la institución, quien expresó la incertidumbre que hay en la población civil ante la determinación del Gobierno nacional y la no materialización del traslado a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta."Nos pone en riesgo a todos los que estamos en el territorio, todos los campesinos, todos los negros, todos los indígenas, toda la comunidad hoy tan nerviosa, presidente, porque no sabemos qué puede pasar en el territorio", manifestó Pertuz.Inclusive el líder social de esta región advirtió que una de las posibles consecuencias que puede traer el delicado panorama que ahora atraviesa la relación del Gobierno con el grupo armado es el desplazamiento forzado.Esto, pese a la voluntad, que destaca Pertuz, de muchos miembros del Clan del Golfo en la región de concentrarse, tal cual se pactó en los diálogos de Catar."Presidente, es que usted está invitando prácticamente a la comunidad a movilizarse, a desplazarse, a generar una confrontación que es absolutamente innecesaria, porque se ha expresado de distintas maneras la voluntad de paz del Ejército Gaitanista, y usted también lo había hecho", aseguró el vocero.Desde el Congreso solicitaron al Gobierno nacional reconsiderar la decisión y establecer cuanto antes un nuevo cronograma para la llegada de los combatientes a las zonas pactadas.Según el Gobierno los tiempos fijados para el 1 de marzo no se cumplieron por asuntos como las emergencias ocasionadas por las lluvias, la muerte de alias ‘Gonzalito’ en un accidente fluvial y la suspensión temporal de las conversaciones socio-jurídicas.
La temporada turística de fin de año y enero registró resultados históricos para el sector turístico y hotelero de Santa Marta. A pesar de las torrenciales lluvias que dificultaron la movilidad de los turistas el pasado fin de semana, la ciudad se consolidó como uno de los destinos más visitados del país, alcanzando un promedio de ocupación hotelera superior al 95 %.Desde el 26 de diciembre, la ocupación osciló entre el 70 % y el 90 %. Se estima que, en las últimas dos semanas, más de 250.000 visitantes llegaron a Santa Marta, procedentes de diversas regiones del país. Este flujo ha dinamizado tanto la oferta formal, representada por hoteles, hostales y glamping, como la hotelería paralela, que incluye un promedio de 6.000 propiedades disponibles en casas de amigos, familiares y a través de plataformas digitales.Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, entregó un balance de lo que fue esta temporada y destacó que la última semana de diciembre y la primera de enero fueron las de mayor flujo de turistas en la ciudad."Esta temporada evidencia el potencial de Santa Marta como un destino líder, pero también nos invita a reflexionar sobre la sostenibilidad. Aunque hemos registrado cifras alentadoras, el fenómeno climático ha impactado negativamente a la zona rural, como Minca, Don Diego, Guachaca, Buritaca, Taganga, el Parque Tayrona, Playa Blanca, entre otros sectores, afectando a prestadores de servicios y familias que dependen del turismo", expresó García.El líder turístico también resaltó que el mes de enero termina siendo mejor que diciembre para el sector turístico de Santa Marta. Según las proyecciones de Cotelco Magdalena, se espera que la ocupación hotelera esté entre el 70 % y el 80 % en las próximas semanas.La cadena turística de la ciudad confía en que mejore el clima, especialmente para los operadores ubicados en la zona rural de Santa Marta, lo que permitiría aprovechar al máximo una temporada que promete ser buena en los días restantes.
La empresa Cerrejón confirmó un nuevo ataque registrado contra su vía férrea en jurisdicción del municipio de Maicao. El hecho se habría presentado luego de que desconocidos activaran una carga de explosivos que ocasionó graves afectaciones en la línea ferroviaria."Se perpetró un nuevo atentado con explosivos contra nuestra infraestructura ferroviaria en el kilómetro 51, municipio de Maicao. Este es el segundo atentado en menos de 15 días", manifestó la empresa a través de un comunicado.Aunque las autoridades no han dado detalles sobre este hecho, se conoció que una comisión de la Policía y el CTI está haciéndole seguimiento a este incidente, que está generando temor entre la población guajira.Hasta ahora, las autoridades desconocen qué grupo armado o banda delincuencial estaría detrás de estos ataques que interrumpen los procesos operativos de la empresa Cerrejón.Cabe recordar que esta vía férrea es la misma por donde transita el tren de Cerrejón con hasta 150 vagones y una carga de hasta 110 toneladas de carbón. El transporte de carbón se realiza por esa vía férrea desde la mina en Albania hasta Puerto Bolívar en Uribia.
El departamento del Magdalena vivió un violento puente festivo de Reyes Magos. De acuerdo con Medicina Legal, ocho personas murieron atacadas con armas de fuego, dos más tomaron la fatal decisión de quitarse la vida y otra persona falleció en un accidente de tránsito.De esas once muertes violentas, cuatro ocurrieron en Santa Marta, dos de las cuales fueron homicidios mediante el uso de armas de fuego. Los otros seis casos se presentaron en los municipios de Ciénaga, Fundación, Pivijay, Zona Bananera y Nueva Granada.Conforme a las cifras, en lo que va de este 2025, el Magdalena registra un promedio de un homicidio diario. Según datos suministrados por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada (PDHAL), el Magdalena alcanzó un total de 573 asesinatos en 2024, de los cuales 206 se registraron en Santa Marta.Este número tan elevado no solo pone en evidencia la magnitud del problema, sino que también subraya lo expresado por los defensores de derechos humanos sobre el urgente reto que enfrenta la región para implementar una estrategia que permita contrarrestar la criminalidad.Ante este escenario, la presidenta de la Asamblea Departamental, Ángela Cedeño Ruiz, hizo un llamado urgente a la colaboración entre el gobierno departamental y las fuerzas de seguridad para abordar de manera integral este flagelo. “Esperamos que en este 2025 exista un compromiso real y un trabajo articulado con las autoridades para cuidar y proteger la vida de los magdalenenses”, afirmó.Toda esta situación ocurre en medio de los avances de los diálogos sociojurídicos que el Gobierno Nacional busca adelantar con las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra y el Clan del Golfo, grupos paramilitares que operan en Santa Marta y el Magdalena.
Este fin de semana se registró la muerte de Camilo Ponce, un joven de 23 años que se dedicaba a crear contenidos de humor en sus redes sociales, donde acumulaba más de 78.000 seguidores, por cuenta de una complicación tras un contagio de dengue grave que lo llevó a ser hospitalizado el pasado viernes 3 de enero en la clínica San Martín de Barranquilla.Su fallecimiento, el cual se dio el sábado en horas de la madrugada, despertó en redes sociales miles de conversaciones en torno a los altos contagios que se están produciendo por la picadura del aedes aegypti, lo que fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud, al revelar que hay alarma por “alta transmisión” en Barranquilla y municipios del Atlántico, tras haber acumulado durante el 2024 unos 5.230 casos, siendo que para las últimas semanas del año se presentó un incremento por encima del 30 % en los contagios en este territorio frente a otras ciudades del país.El joven, quien falleció tras sufrir un paro cardiorespiratorio, se encontraba debilitado debido a la pérdida de plaquetas que venía presentando y a los intensos picos febriles que el virus le estaba ocasionando. Aunque no se tienen claras las condiciones en las que se dio su contagio, las autoridades están movilizando campañas en torno al retiro de recipientes que puedan ser potenciales criaderos del mosquito. El dengue genera preocupación en Soledad, AtlánticoEn el municipio de Soledad existe especial preocupación, debido a que ya van 485 casos de dengue registrados en las últimas semanas, a causa del aumento de lluvias atípicas en la región Caribe que se han presentado por encima del 80%.Edison Barrera, secretario de salud municipal, señaló que se debe estar alerta ante los síntomas de contagio. Explicó que el hecho de que la ciudad se encuentre ante un brote tipo dos de dengue, significa la necesidad de extremar las medidas de prevención y frenar la posible expansión del vector transmisor, de vuelo diurno y desarrollo en aguas limpias, como las que se usan en floreros y las que se acumulan en las viviendas para el consumo humano.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias y elementos materiales probatorios que dan cuenta de irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado de Becerril (Cesar), que a la fecha no se ha terminado ni ha entrado en operación.En ese sentido, fueron presentados ante un juez de control de garantías el exalcalde de la población, Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira. Un fiscal de la Seccional Cesar les imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados.Los hechos investigados iniciaron con la celebración de un contrato en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos.La Fiscalía estableció que el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra.De esta manera, fueron pagados algo más de 1.449 millones de pesos por concepto del cambio total de la tubería. En las verificaciones se constató que sólo fue instalada el 75% de la red, por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los 269 millones de pesos. Asimismo, se detectaron pagos por 142 millones de pesos por excavaciones que no se adelantaron.En total, fueron entregados 411’236.063 de pesos al contratista por acciones no ejecutadas.De otra parte, fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo.En la actualidad, el contrato lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento como la estación de bombeo, líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Las pruebas que permiten inferir su presunta responsabilidad en el doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, la gravedad de los delitos cometidos, el peligro que podría representar para la comunidad y el riesgo de fuga o no comparecencia en el proceso son las razones por las que el juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Crisanto Rhenals Correa, ordenó enviar a la Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla, al joven Juan David Taboada, de 19 años.El juez consideró que, en este caso, no era posible contemplar ninguna otra medida preventiva que le permitiera seguir libre a alias ‘Tata’, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos narrados, tanto por uno de los confesos asesinos como por un testigo, los cuales apuntan a que este joven habría sido quien degolló a la mayor de las hermanas y ayudó a sepultar ambos cuerpos para mantenerlos ocultos."Es por la gravedad del delito, la modalidad. Además, era una menor, era su novia o por lo menos estaba saliendo con ella, e hizo que saliera de su casa a divertirse", argumentó el juez."Además de la frialdad con que la mata el amigo, también él (Tata) colaboró en esta situación y no tuvo ninguna reacción. Al contrario, lo que hizo fue colaborar de manera activa", agregó el togado.A pesar de que la defensa de ‘Tata’ pidió rechazar el testimonio de uno de los principales testigos del caso, el juez le dio validez al considerar que sí es posible que una persona con problemas judiciales pueda dirigirse a la Policía y testificar en un caso, tal como lo hizo dicho testigo, quien decidió contactar a un investigador que en el pasado lo había capturado y contarle todo lo sucedido con las adolescentes.Un ejemplo de su validez, según dijo el juez, es que hay delincuentes que se convierten en informantes. “No podemos descartar este testimonio, ya será en la etapa de juicio que se determine si su declaración es o no verdadera”, insistió el juez.Vale recordar que, según las investigaciones, las hermanas de 14 y 17 años fueron asesinadas el 18 de febrero, es decir, horas después de salir de su casa en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, para asistir a una fiesta en Malambo con alias ‘Tata’ y Fabián, con quienes ellas mantenían una relación sentimental.En ese encuentro, las hermanas fueron señaladas de traidoras y de supuestamente pretender entregar al joven Fabián a Los Costeños para que esta banda delincuencial lo matara. Bajo esta idea, ambas adolescentes fueron asesinadas y, no conforme con esto, los homicidas llamaron a la mamá de las víctimas para extorsionarla, pidiéndole entre 5 y 50 millones de pesos a cambio de devolverlas con vida, siendo que ambas ya habían sido enterradas en un patio de Malambo.Así, la medida, que acaba de ser impuesta por un juez de control de garantías, fue aceptada por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público, pero apelada por la defensa.
Los estudiantes de las instituciones rurales ubicadas en los corregimientos de Riohacha y los centros etnoeducativos, viven un panorama difícil ante la falta de contratación del transporte escolar que debería garantizar la Alcaldía de Riohacha.Según el secretario de educación, iniciaron un plan de contingencia para garantizar que los niños de las instituciones educativas rurales vayan a clase con su transporte escolar, mientras avanza el proceso de licitación para la contratación final de dicho transporte.“Hemos tomado medidas transitorias mientras contratamos el servicio de transporte escolar; medidas transitorias como enviarle recursos a los fondos educativos de la parte mayoritaria para que ellos se encarguen de la contratación, pero cuando hablamos con los rectores nos dimos cuenta que tenían sus cuentas inactivas para que estos recursos llegaran con ese destino, sin embargo, ya los rectores han tratado de activar esas cuentas especiales”, dijo Alberto Mario Cuan, secretario de Educación de Riohacha.Sobre proceso de licitación para transporte escolarDe acuerdo al funcionario, ya han iniciado el proceso de licitación para contratar el transporte escolar y evitar que los niños caminen por caminos destapados o por la Troncal del Caribe para llegar a sus instituciones educativas.“El proceso licitatorio avanza porque eso demora una cantidad de días y por eso fue que tomamos la medida transitoria para que los niños no tuvieran esta afectación en materia de transporte escolar", indicó el funcionario.En varias instituciones rurales, los mismo docentes buscan a los estudiantes y o llevan a los centros educativos, con la finalidad de evitar la deserción.
Un ciudadano estadounidense, que se encontraba en Barranquilla como interventor de una marca de carros, fue capturado en un hotel del norte de la ciudad, junto a una joven de 19 años, para que respondan por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.Los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en la carrera 53 con calle 100, donde uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia fueron alertados sobre un presunto caso de hurto ocurrido al interior de una de las habitaciones.Al llegar al lugar, los policías observaron al extranjero en medio de una discusión con una adolescente de 16 años de edad que le reclamaba la entrega de un dinero que le había ofrecido y que horas antes había ingresado al sitio haciéndose pasar por mayor de edad. De acuerdo con lo expresado por la menor a la Policía, el contacto se habría hecho a través de una joven de 19 años que presuntamente facilitó el encuentro, sin embargo, la discusión se generó luego de que, según la misma adolescente, este el hombre inclumpliera.Fueron los mismos trabajadores del hotel los que dieron aviso a las autoridades una vez quedó expuesto el caso.En medio del procedimiento, la Policía incautó tres celulares, elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo.
Un mes y medio después de un terrible siniestro náutico que dejó en estado crítico a un turista italiano; un día de playa volvió a terminar en tragedia para un grupo de turistas en la zona insular de Cartagena.La víctima del accidente marítimo, cuyas circunstancias son investigados por las autoridades, es Julie Bohórquez Romero, una medica bogotana, radicada en el departamento de Caquetá, quien habría sido arrollada por una embarcación cuando disfrutaba de una actividad náutica en un sector conocido como Agua Azul, en la isla de Barú.Según el relato de los familiares, la especialista en Ginecología y Obstetricia, había llegado a Cartagena a participar de un congreso de medicina, y el pasado domingo 15 de marzo, una vez terminada las actividades académicas, decidió ir de paseo con un tres de sus colegas médicos.“La información que nosotros tenemos es que ella se encontraba departiendo con unos amigos y estaban haciendo uso de esta atracción que es alada por una lancha, más conocida como una dona, en la que las persona se suben, las arrastra una lancha y pues el objetivo es que las personas se vuelquen o se caigan al agua. Ella cae, junto con las otras dos personas que estaban en la atracción, y en la caída cuando regresa la lancha como a sacarlos, pues al parecer, la lancha la golpea de una forma demasiado fuerte, al parecer, de acuerdo a lo que manifiesta la otra persona que estaba allí, la lancha se acerca demasiado a ella, le corta su brazo, pero además le genera unas lesiones a nivel del tórax y del abdomen, que pues al parecer fue lo que lo que resultó determinante para su deceso”, relató en diálogo con BLU Radio, Andrea Chacón, prima de la médico fallecida.Y aunque, la especialista de 42 años fue auxiliada por sus compañeros médicos y trasladada a un hospital de la ciudad de Cartagena, no fue posible salvarle la vida.“Enviemos nuestra voz de condolencia a toda su familia. El reporte indica que se intervino, se aplicaron medidas como tubo de tórax, se reanimó. Salió de manera inicial de este paro cardiorrespiratorio, pero lastimosamente, falleció por las heridas múltiples que tuvo, como contusión en el tórax, traumas, heridas penetrantes en miembros superiores”, explicó el director del Departamento de Salud de Cartagena, Rafael Navarro.Familia pide mayor regulación a actividades náuticasEn medio del dolor y mientras avanzan los trámites para trasladar el cuerpo de la médico, la familia pidió mayor regulación y control para este tipo de actividades que siguen causando accidentes fatales en la zona insular.“Lo que se ruega es el control a este tipo de actividades, no sé la capacitación de las personas que las realizan, la conciencia frente al riesgo que se asume al ejecutar este tipo de acciones porque cuando pasan estas cosas ya no hay marcha atrás, ya el resultado se dio y ya solo nos queda el dolor de no tenerla, pero si de repente esta tragedia sirve para evitar que otras personas, pues tengan que sufrir la misma suerte o situaciones similares, pues se haga lo que corresponde”, agregó la prima de la médico.Asimismo, aseguraron que se abrió una investigación penal que esperan tengan resultados lo más pronto posible.“Ya hay aperturada una investigación penal por los hechos, las personas que estaban con ella ya ya han rendido, y están rindiendo sus declaraciones, y pues nosotros estamos gestionando todo lo posible para retornarla a su casa”.Por su parte, el secretario de turismo (e), Milton Pereira, señaló que se investigan en las circunstancias en las que se dio el siniestro.“Estamos trabajando articuladamente con Guardacostas para determinar con precisión cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió este siniestro en la zona de Agua Azul. Preliminarmente, estamos determinando cuáles fueron las circunstancias para efectos de que el operador, que es un privado, pueda dar las explicaciones correspondientes y que la autoridad marítima determine qué sucedió en el siniestro”, dijo el funcionario.Bohórquez Romero, quien deja dos hijas de 2 y 7 años, se desempeñó como médico de la unidad de ginecobstetricia del Hospital Departamental María Inmaculada de Caquetá durante 13 años.La Gobernación del Caquetá lamentó fallecimiento el fallecimiento de la profesional de la salud. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a todo el equipo del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza y consuelo para quienes hoy sienten su partida. Su vocación de servicio y compromiso con la vida dejarán una huella imborrable en la región”.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, confirmó que la instalación del puente militar en el sector de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, avanzaría para quedar habilitada antes de la temporada de Semana Santa, una de las más importantes para el turismo en la región.Durante una visita de inspección al sitio de las obras, la mandataria verificó los trabajos que se adelantan en este punto de la vía que conecta a Santa Marta con el departamento de La Guajira.Según explicó, actualmente se realizan labores de demolición de la estructura colapsada, paso necesario para iniciar el montaje del puente militar que permitirá restablecer el tránsito vehicular en este corredor.“Hacemos seguimiento al puente militar en compañía del batallón de ingenieros. Vamos por muy buen camino y esperamos instalarlo aproximadamente el 30 de marzo, para contar con paso habilitado en la época de Semana Santa”, señaló la gobernadora.Mientras avanzan los trabajos, en la zona funciona un paso provisional, que ha permitido mantener parcialmente la movilidad de residentes, transportadores y turistas, aunque con restricciones para algunos vehículos de transporte de pasajeros y carga.El corredor donde se adelanta la intervención es uno de los más importantes del Caribe colombiano, ya que conecta al Magdalena con La Guajira y facilita el acceso a destinos turísticos como el Parque Tayrona, Palomino y varias playas del norte del país.La gobernadora destacó además la articulación entre el Gobierno nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para avanzar con rapidez en la instalación del puente militar, mientras se proyecta una solución definitiva para esta vía estratégica de la región.
Un nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano, lo cual seguirá provocando fuertes vientos y alto oleaje en la costa norte, donde ya se ha elevado bandera roja en playas para advertir el riesgo a los bañistas.Vientos de más de 45 km/h y olas de hasta tres metros de altura mantienen en alerta naranja a Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como al departamento de La Guajira, donde se registran condiciones similares en su zona marítima.Este fuerte oleaje e intensidad del viento, por los que inclusive las autoridades han instalado banderas rojas en playas del Atlántico, persistirán en los próximos días, debido a la entrada de un nuevo frente frío proveniente de Norteamérica, que si bien no provocará intensas lluvias, sí amenaza con traer mucha brisa y grandes olas en el mar.Una de las zonas donde se está en alerta por estas condiciones es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde tres menores de edad por poco pierden la vida en el mar tras ser arrastrados por las olas cuando disfrutaban de un baño.Los menores alcanzaron a ser rescatados por el cuerpo de salvavidas del municipio, indicó la coordinadora de este organismo de socorro, Linda Goenaga."Estos tres menores de edad, de 10, 13 y 14 años, no acataron las recomendaciones del socorrista y fueron arrastrados por la corriente. Pero digamos que el llamado es sobre todo a los padres, porque la responsabilidad es de ellos a la hora de estar en playa, ya que nos encontramos en bandera roja", dijo Goenaga.Goenaga recordó así a los bañistas ser prudentes a la hora de ingresar al mar, pues justamente la presencia de bandera roja en todas las playas de esta población advierte que no es conveniente alejarse de la orilla ni bañarse cerca de los espolones.Vale mencionar que por fuerte viento y alto oleaje también hay alerta amarilla en los departamentos de Córdoba, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En Córdoba se confirmó que el cuerpo que se halló enterrado en una vivienda corresponde al de una adolescente, de 14 años, que residía en Montería. Familiares contaron que la menor había estado recibiendo atención psicológica y contaba con acompañamiento del ICBF, pero escapó de casa. En el barrio Los Robles II de Montería, la familia de Victoria Luz Moreño Romero recibió la noticia que ninguno quería oír: tal como se había especulado, el cuerpo que apareció sepultado en el patio de una vivienda del municipio de Sahagún (Córdoba) efectivamente corresponde al de esta adolescente, de 14 años, a quien le habían perdido el rastro hacía una semana.Todavía son una incógnita la forma como la menor llegó a ese municipio y cómo terminó muerta y enterrada en una casa, sin embargo, el avanzado estado de descomposición en el que se halló su cuerpo apunta a que la habrían sepultado desde hacía ocho días, luego de que ella escapó de su casa y no volvió a comunicarse con su familia.En diálogo con medios locales, una hermana de la víctima contó que ella apenas tenía unos días de haber regresado a casa, cuando decidió marcharse de nuevo; pues antes, la menor había decidido irse a vivir junto a un muchacho, pero luego él la devolvió a su familia, asegurando que no podía hacerse cargo de ella, porque apenas era una niña.Sin embargo, Victoria decidió irse otra vez y no le dieron chance alguno de volver, pues la asesinaron y hasta pretendieron mantener oculto su cadáver."En la parte de atrás de donde ella dormía hay una puerta y ella se voló por ahí. Eso fue todo lo que supimos hasta hasta que nos dieron la triste y lamentable noticia, y queremos que se haga justicia porque no queremos que le vuelva a pasar esto a otra familia", contó la hermana.Su madre también clama a las autoridades que esclarezcan pronto este crimen y den con el responsable."¿Por qué le hicieron eso a mi niña? ¿Por qué le hicieron eso? Yo no me explico, yo estaba esperándola, pero no llegó. Llegó fue la noticia que mi hija está muerta. Eso es lo que yo sé. Yo la estaba esperando todos los días aquí en mi ranchito humilde, daba la vida por ella y le daba lo mejor, yo la quise mucho", expresó su madre entre el llanto.No se descarta que la adolescente, quien estaba bajo un proceso de acompañamiento con el ICBF y en su momento debió ser internada para recibir atención psicológica, haya sido víctima de un feminicidio, pues el principal sospechoso es un hombre que vivía arrendado en la casa donde se encontró el cuerpo.
La empresa Ecopetrol informó este domingo 15 de marzo sobre una falla en el suministro de energía eléctrica que provocó el apagado temporal de varias unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, Reficar.De acuerdo con la compañía, luego de que se registrara la situación, se activaron los protocolos de contingencia para restablecer las operaciones de forma segura. Actualmente, las unidades de proceso se encuentran en modo seguro y energizadas, mientras continúan las labores para normalizar el funcionamiento de la refinería.Ecopetrol aseguró que, pese al incidente, no se verá afectado el abastecimiento de combustibles en la región Caribe ni en el resto del país, ya que la refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para atender la demanda nacional. La empresa también señaló que no se reportaron personas lesionadas ni daños en la infraestructura como consecuencia del evento dentro de la refinería. Finalmente, indicó que las causas de la falla eléctrica son objeto de investigación para así determinar el origen del incidente y evitar que este se repita.Comunicado de EcopetrolEcopetrol informó que el domingo 15 de marzo de 2026 se presentó una afectación en el suministro de energía eléctrica en la Refinería de Cartagena, lo que ocasionó el apagado de las unidades de proceso.Según la compañía, este hecho no afecta el abastecimiento de combustibles en el país ni el suministro en la región Caribe. La refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para atender la demanda nacional.Una vez se reportó la situación, la empresa activó su plan de contingencia con el objetivo de atender oportunamente el evento y avanzar en el restablecimiento de las unidades que quedaron fuera de servicio.Ecopetrol indicó que, por ahora, las unidades de proceso se encuentran en modo seguro y energizadas mientras continúan las labores para normalizar la operación.La compañía también informó que las causas del evento serán objeto de investigación. Además, precisó que el hecho no generó afectaciones a personas ni daños en la infraestructura de la refinería.
Cerca de cinco mujeres, todas trabajadoras en el sector salud en el norte de Barranquilla, han sido víctimas de abusos sexuales perpetrados por dos hombres que al parecer estarían utilizando plataformas digitales para fingir ser mototaxistas y luego llevarlas hacia una zona apartada en la que pueden someterlas con armas de fuego.Blu Radio conoció en primicia que uno de ellos sería colombiano y otro venezolano. Ambos están siendo buscados por las autoridades competentes y la investigación ya fue asignada a una fiscal especializada, debido a que varios casos ya completan un año sin justicia.Precisamente, habló el allegado de una de las víctimas, quien en reserva de su identidad mostró su preocupación por las demoras para la captura de estos hombres. Dice que cada día que pasa puede sumarse otra mujer más al número de abusadas.“Esos individuos han seguido haciendo sus fechorías y nadie ha dicho nada. Nosotros le mandamos un mensaje a la Presidencia de la República, a la Alcaldía de Barranquilla y hasta a la que supo ser fiscal general (Martha Janeth Mancera). Nos respondieron que sí, que iban a proceder lo más pronto y mire cuánto tiempo ha pasado y todavía nada”, declaró.Esta persona indicó que a su familiar además le robaron sus pertenencias en una zona limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia; y la dejaron en el sitio a altas horas de la noche. Afortunadamente, un conductor que pasaba por la vía la auxilió y la llevó hasta un centro asistencial.“Estaba laborando (la víctima), salió de su trabajo a las 9:30 de la noche. Iba a pedir un inDriver, sin embargo, iba pasando una moto y le dijo que si quería que le hiciera la carrera. Como nadie le ofrecía nada, accedió. En el camino esta persona hablaba mucho por el celular y mi familiar le advirtió que estuviera más pendiente, que se iban a estrellar. Aquel hombre le dijo tranquila, y cuando estaba cerca a la clínica Portoazul se desvió hacia un monte”, contó inicialmente.“Allí salió otro muchacho con un arma apuntándole, le dijo que se quedara quieta o si no la mataba. Quedó en shock. Abusaron de ella. Con la Policía fuimos al lugar al día siguiente y encontramos sus cosas, su maquillaje, su bolso”, añadió.En manos de la Fiscalía están las descripciones y la placa de la motocicleta utilizada para los hechos. Asimismo, los abusadores tendrían anotaciones también por delitos sexuales.
La vida de Lorena Saray Barrios Lara en Barranquilla cambió en menos de dos meses, debido a las complicaciones de salud que la llevaron a una UCI de la clínica Bonnadona el pasado 2 de febrero, de donde salió esta semana sin sus brazos y piernas.Esta madre de tres hijos manifiesta que, aunque le fue detectado un avanzado cáncer de mama, solo llegó hasta esa clínica por una fiebre que tuvo luego de su tercera quimioterapia. Al despertar, relata que ya tenía los pies ennegrecidos, sus carnes dañadas y una orden inevitable de amputación.“Yo entré caminando y tenía que salir caminando, es muy difícil para todos. Incluso hay gente que no ha querido venir a verme porque le da dolor verme así. Una situación horrible para todo el mundo”, declaró la mujer, indicando que espera tomar acciones legales y que uno de sus hijos “tuvo que salirse de sus estudios para cuidarla a tiempo completo”.Ante la ola de críticas en redes sociales, la clínica Bonnadona explicó que debieron actuar con rapidez para salvar su vida, pues se agravó en su cáncer y tuvo trombosis séptica, lo que implica que se dejaron de suministrar oxígeno y nutrientes a sus tejidos.La clínica dice que su pronóstico fue tan crítico que llegó a tener una probabilidad de muerte de 85%. En los diagnósticos además le encontraron una neumonía adquirida.“El 2 de febrero de 2025, la paciente ingresó al servicio de urgencias presentando fiebre de aproximadamente dos semanas de evolución. Fue valorada de manera inmediata por el equipo médico, diagnosticando neutropenia febril, condición grave que puede presentarse en pacientes con enfermedades oncológicas y que requiere manejo urgente según protocolos médicos establecidos”, escribieron en un comunicado.“Durante su evolución clínica, en menos de 48 horas, la paciente presentó choque séptico y falla orgánica múltiple, en el contexto de neutropenia febril y neumonía adquirida en la comunidad, por lo cual requirió traslado y manejo a la unidad de cuidados intensivos de adultos, con soporte ventilatorio y manejo hemodinámico intensivo mediante vasopresores. Las escalas de severidad aplicadas en ese momento indicaban un pronóstico crítico con mortalidad estimada superior al 85%”, añadieron.“En el curso de su hospitalización en la UCI, la paciente presentó diversas complicaciones asociadas a su condición clínica, entre ellas falla renal aguda que requirió hemodiálisis, episodios de fibrilación auricular, así como alteraciones de la coagulación compatibles con la coagulación intravascular, todas manejadas con un equipo médico multidisciplinario especializado”, también alcanzaron a decir.“Adicionalmente, la paciente desarrolló alteraciones severas en la perfusión de sus extremidades asociadas a fenómenos de trombosis séptica y a su enfermedad oncológica avanzada. A pesar de las intervenciones médicas realizadas y de los esfuerzos terapéuticos desplegados, esta condición no logró revertirse, por lo cual fue necesario realizar procedimientos de amputación múltiple de extremidades como medida extrema orientada a preservar la vida de la paciente”, concluyeron.Bonnadona se solidarizó hacia la paciente y su familia y aclaró que “durante todo el proceso asistencial las decisiones médicas adoptadas fueron explicadas de manera clara y oportuna por los especialistas tratantes”.