Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
Una fuerte emergencia por lluvias tiene en vilo al municipio de Facatativá, donde desde la madrugada del día anterior se registraron precipitaciones de alta intensidad que provocaron inundaciones en varios sectores residenciales. DDe acuerdo con las autoridades locales, al menos 2.500 familias resultaron afectadas y 15 barrios permanecen bajo el agua.La situación se extendió durante toda la noche, obligando a cientos de habitantes a permanecer en vela mientras intentaban contener el ingreso del agua a sus viviendas o evacuar lo poco que podían salvar. En distintas zonas del municipio, el nivel del agua alcanzó el primer piso de las casas, especialmente en conjuntos residenciales con sótanos, donde se reportan daños estructurales.Desde la administración municipal se advirtió que se trata de un evento sin precedentes recientes. Tanto el alcalde como la comunidad coinciden en que no se registraban lluvias de esta magnitud desde hace al menos dos décadas, lo que ha agravado el impacto de la emergencia.En medio de la situación, los testimonios de los habitantes reflejan la dimensión de las pérdidas. “Triste, duele, duele porque es el trabajo de muchas familias, duele porque tiene uno sus vecinos, duele”, señaló uno de los afectados a Blu Radio.Otro residente agregó: “Nada, nada, solamente pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, es lo único. Llovió muy duro, bastante duro”.Las labores de atención se han concentrado en los sectores más comprometidos, con la presencia de múltiples organismos de socorro. En la zona hacen presencia unidades de bomberos, junto con la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional y el Ejército, que apoyan tanto en la atención de la emergencia como en la seguridad.Las autoridades también han desplegado controles en los alrededores de los conjuntos afectados, debido a que varios vehículos quedaron fuera de las viviendas y existe preocupación por posibles hechos de inseguridad.Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan a la espera de que disminuya el nivel del agua para iniciar las labores de limpieza y recuperación. La prioridad, según indicaron, es evitar incidentes mayores y permitir que las familias puedan regresar a sus viviendas en condiciones seguras una vez baje el caudal que terminó ingresando a las casas.Escuche el informe completo en el audio adjunto:
La intensa temporada de lluvias en Colombia continúa generando graves estragos en varias regiones del país. Los departamentos de Cundinamarca y Santander enfrentan una de las emergencias más complejas de los últimos años, con miles de damnificados, vías colapsadas y comunidades enteras afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, más de 10.000 personas han resultado afectadas, especialmente en el municipio de Facatativá, donde el desbordamiento del río Botello ha provocado inundaciones sin precedentes en al menos dos décadas.“Facatativá sin duda es el municipio que representa mayor grado de criticidad”, afirmó el mandatario departamental en entrevista con Mañanas Blu, al tiempo que confirmó que ya son más de 14 municipios impactados por la emergencia invernal.Facatativá, bajo el agua: barrios enteros inundadosLa situación en Facatativá es crítica. Barrios como Girardot, Villas de Manjú y San Benito amanecieron completamente anegados, obligando a cientos de familias a evacuar o a intentar salvar sus pertenencias en medio del agua.El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, describió el panorama tras una noche de atención a la emergencia: “Gran parte del comercio de este sector está inundado… hay un conjunto de unas 600 casas que está completamente afectado”.El mandatario local explicó que el desbordamiento se produjo por la acumulación de agua proveniente de zonas altas y la obstrucción del cauce por material vegetal. “Estamos esperando maquinaria para dragar el buchón que está impidiendo que el agua fluya rápidamente y el nivel pueda bajar”, indicó.En total, se reportan al menos 15 barrios afectados y más de 2.500 familias damnificadas solo en este municipio. Las autoridades han desplegado ayudas humanitarias que incluyen mercados, colchonetas y frazadas para quienes lo perdieron todo.Infraestructura y movilidad, gravemente afectadasLas lluvias no solo han impactado viviendas, sino también la infraestructura vial del departamento. El gobernador Rey detalló múltiples afectaciones en corredores clave, como la vía Bogotá–Villeta, donde deslizamientos de tierra han obligado a restringir el paso vehicular.“Tuvimos un desprendimiento de material que taponó la vía. En este momento trabajamos con paso a un carril mientras se restablece completamente el tránsito”, explicó.En municipios como Pacho, la situación es aún más delicada. “Se perdió casi el 70% de la banca de la vía del Río Negro, que es la única conexión departamental”, señaló el gobernador, advirtiendo el impacto directo sobre el sector agropecuario. Asimismo, en San Francisco se reportan desbordamientos de fuentes hídricas y nuevos derrumbes que dificultan la movilidad en la provincia del Gualivá. Actualmente, el departamento tiene maquinaria operando en al menos 56 puntos críticos para atender las emergencias.Lluvias persistentes y riesgo prolongadoEl origen de la emergencia está relacionado con un aumento inusual de las precipitaciones. Según el gobernador Rey, un nuevo frente frío ha intensificado las lluvias en la región durante las últimas semanas.“Este segundo frente frío nos ha perjudicado drásticamente… tenemos más de 56 emergencias que estamos atendiendo”, afirmó. Además, el IDEAM ha advertido que la temporada de lluvias se extenderá hasta abril, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevas emergencias.Santander también en alerta: Lebrija declara calamidad públicaLa situación no es exclusiva de Cundinamarca. En el departamento de Santander, el municipio de Lebrija enfrenta una emergencia similar tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula.El balance preliminar indica que al menos 72 familias han perdido prácticamente todas sus pertenencias. Viviendas inundadas, daños en enseres y afectaciones en vías hacen parte del panorama actual. Ante la magnitud de la crisis, la Alcaldía declaró la calamidad pública y activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención.Las autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida, aunque advierten que la capacidad de respuesta podría verse superada si continúan las lluvias.
En la vereda La Florida de Duitama (Boyacá), por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue capturado Mario Hernando Reyes Zambrano, un sacerdote quien habría agredido sexualmente a un menor de 13 años en medio de una misión católica.De acuerdo con la investigación, Reyes Zambrano, quien en su momento se desempeñaba como rector de un colegio en Duitama, Boyacá, organizó en diciembre de 2015 una misión católica a zona rural del municipio de Santa Helena del Opón en Santander, a la que asistieron varios acólitos y personal de la institución educativa.“El material probatorio recopiado en la investigación estableció que el sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad, e ingresó a la habitación en la que se encontraba la víctima sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales”, según dio a conocer la Fiscalía en un comunicado.Por estos hechos, una fiscal de la seccional Santander le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado y fue privado de la libertad con detención domiciliaria.También se conoció que Reyes Zambrano tenía una suspensión al interior de la comunidad religiosa a la que pertenece.Cabe recodar que, en abril de 2025 en Moniquirá, Boyacá, se llevó a cabo el juicio oral contra el sacerdote Jaime Vargas Ruiz, quien fue denunciado por presunto abuso sexual contra un joven de 16 años. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en el año 2007 en una finca de la sacerdote ubicada en el municipio de Chitaraque, también en Boyacá.El proceso judicial, fue el resultado de una denuncia penal interpuesta en 2020 por la víctima, quien hoy tiene 33 años y asegura haber guardado silencio durante más de una década por temor y vergüenza.Blu Radio conoció que además de la investigación penal, el caso fue sometido a un juicio canónico en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Bogotá. Como resultado, el pasado 8 de agosto de 2024, la Iglesia Católica notificó que el sacerdote Vargas Ruiz fue declarado culpable de abuso sexual a menor de edad, según el derecho canónico, y fue expulsado del estado clerical.
Una tragedia pudo evitarse en las últimas horas en Bucaramanga, luego de que una familia conformada por padres y cuatro hijos menores de edad evacuara a tiempo su vivienda en el sector La Gracia de Dios, en la vereda Angelinos, antes de que una gigantesca roca se desprendiera por las fuertes lluvias y destruyera parte de la fachada del inmueble.Según se conoció, la familia ya se encontraba en alerta tras varias visitas previas de la Alcaldía, que había advertido sobre el riesgo que representaba un talud intervenido durante la construcción de la vivienda, ubicado a pocos metros del lugar. La amenaza finalmente se materializó con el desprendimiento de la roca, aunque, por fortuna, no dejó personas lesionadas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, confirmó que la emergencia fue uno de los casos más relevantes tras el monitoreo realizado en diferentes sectores de la ciudad. “Una piedra de gran dimensión impacta contra una vivienda. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, solo daños materiales”, señaló el funcionario.Rodríguez explicó que desde el año 2025 la Oficina de Gestión del Riesgo había realizado visitas técnicas al predio, advirtiendo sobre el peligro asociado a la alteración del talud durante la construcción. En ese sentido, reiteró que la normativa vigente en gestión del riesgo establece principios de corresponsabilidad, autoprotección y autocuidado por parte de la comunidad.“Es un llamado a no poner en riesgo la vida cuando se realizan construcciones sin cumplir los parámetros mínimos que establece la ley”, agregó.Las intensas lluvias también han generado otras afectaciones en la ciudad. En el sector de Bavaria II, al norte de Bucaramanga, al menos seis familias resultaron afectadas por inundaciones al interior de sus viviendas. Equipos de la Alcaldía fueron desplegados para realizar visitas técnicas y evaluar la entrega de ayudas humanitarias.Las autoridades indicaron que se mantienen en alerta ante cerca de 30 reportes de emergencias por lluvias en distintas comunas de la ciudad, con el objetivo de realizar las valoraciones correspondientes y brindar apoyo oportuno a las familias afectadas.
La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más relevante de la industria del petróleo en Colombia, ha solicitado formalmente que Ricardo Roa sea apartado de la presidencia de Ecopetrol. Martín Ravelo, actual presidente de la USO, manifestó que esta exigencia responde a un "clamor" y un "sentir creciente" entre los trabajadores de los campos de producción, el sistema de transporte y las refinerías. Según el líder sindical, la permanencia de Roa se ha vuelto insostenible debido a los crecientes cuestionamientos jurídicos y reputacionales que rodean su figura.Riesgo reputacional y sostenibilidad de la compañíaEl argumento central del sindicato radica en la necesidad de proteger la estabilidad y la imagen de la empresa más importante de los colombianos. Ravelo subrayó que, al cotizar Ecopetrol en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York, la confianza de los mercados es fundamental para su sostenibilidad.El sindicato considera que Ricardo Roa debe "dar un paso a un costado" para concentrarse en ejercer su defensa técnica y sus derechos fundamentales al debido proceso y la presunción de inocencia, permitiendo que la junta directiva designe a una persona que se enfoque exclusivamente en el fortalecimiento del negocio original y la búsqueda de hidrocarburos.De aliados estratégicos a críticos de la gestiónLa postura de la USO marca un giro significativo, dado que la organización apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual Roa fue gerente, e inicialmente respaldó su ejecución administrativa en Ecopetrol. Sin embargo, Ravelo explicó que, aunque han logrado avances en materia laboral, los problemas de carácter jurídico contra Roa se han exacerbado en los últimos meses, haciendo que su permanencia en la cabeza de la compañía sea inviable para los intereses de los trabajadoresAnte las críticas por no haber actuado antes frente a informes de consultoras internacionales que advertían riesgos, el presidente del sindicato afirmó que no tuvieron acceso a esos documentos de manera oportuna.Amenaza de movilización y huelga nacionalLa USO ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados si la junta directiva de Ecopetrol decide ratificar a Roa en su cargo. Ravelo advirtió que la organización está dispuesta a utilizar todas sus herramientas legales y sindicales, incluyendo la movilización y la huelga, para defender el patrimonio público. "No vamos a vacilar si la permanencia del Ricardo Roa le genera una inestabilidad a nuestra empresa", afirmó, señalando que el sindicato nació precisamente para defender la estabilidad de Ecopetrol.El ambiente de tensión ya ha tenido repercusiones directas en las relaciones laborales. Tras el comunicado del sindicato exigiendo la salida de Roa, la administración de la petrolera canceló el acto protocolario de instalación de la mesa de negociación de la convención colectiva que estaba previsto para esta semana. A pesar de esta cancelación, la USO anunció que presentará su pliego de peticiones de manera autónoma para dar inicio formal al conflicto colectivo laboral, buscando mejorar las condiciones de miles de trabajadores en todo el país.Escuche aquí la entrevista:
Las balas causaron terror en la víspera de la celebración del Día de Velitas en el departamento de Bolívar. Dos ataques sicariales aislados la noche de este sábado, 7 de diciembre, uno en el barrio Villa de Sol, en la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco; y otro en el municipio de Arjona, dejaron cuatro muertos y tres heridos más.El primero de estos ataque sicariales se registró sobre las 8:20 de la noche en una tienda en el barrio Villa de Sol. Las víctimas son dos hombres, de 30 y 69 años, que se encontraban en el establecimiento público hasta donde llegó un sujeto armado, que sin mediar palabra, empezó a disparar en repetidas ocasiones.La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que una de las víctimas de este hecho identificada como Jhon Montes, de 30 años, registra anotaciones judiciales.“La ciudadanía manifestó que se acercó un sujeto, quien acciona un arma de fuego y atenta contra la humanidad de los hoy occisos, posteriormente se marcha del lugar con otra persona que lo esperaba en una motocicleta con rumbo desconocido. Jhon Montes, una de las victimas de este lamentable hecho, presenta una anotación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones”, señalaron en el reporte de estas muertes, al tiempo que señalan que adelantan labores investigativas para dar con los responsables del hecho.Según han indicado vecinos de este sector, al parecer el ataque iba dirigido contra Jhon Montes; y Luis Alfredo Román Castro, de 69 años, se convirtió en una víctima colateral de una bala perdida. Al igual que otro hombre de 34 años, que también se encontraba en el lugar y resultó herido.Entretanto, en el municipio de Arjona, sobre las 9:00 de la noche, un sujeto armado llegó hasta donde se encontraban un grupo de jóvenes departiendo las gradas de una cancha y les disparó sin mediar palabras.En este ataque a bala resultaron muertos Jesús David Pardo, de 20 años, y Andrés Eduardo Medina, de 18 años. Además, también resultaron heridos otros dos jóvenes de 18 años que están estables y fuera de peligro.“De acuerdo a información suministrada por fuente humana, nos manifiestan de que llega un sujeto caminando, el cual tenía un casco y una pistola en la mano, sin mediar palabras empieza a disparar”, señaló por su parte la Policía de Bolívar en su reporte sobre este ataque sicarial.
La cifra de homicidios en Santa Marta continúa en ascenso, pues en lo que va de diciembre se han registrado 9 homicidios, lo que genera preocupación y zozobra entre la ciudadanía. Por esta razón, la consejera de paz y posconflicto del Distrito, Jennifer del Toro, se refirió a la importancia de monitorear los Derechos Humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta para buscar desescalar la violencia en el territorio en búsqueda de la paz.“La defensora del Pueblo, la doctora Iris Marín, ha confirmado la solicitud que hicimos sobre la importancia de monitorear y observar el cumplimiento de los derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de los diálogos sociojurídicos de Paz”, afirmó Del Toro.La consejera agregó que para lograr la paz en el territorio es importante que los grupos como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra hagan gestos de paz y aporten a desescalar el conflicto. “Hemos insistido desde el Gobierno Distrital, en cabeza del alcalde Carlos Pinedo, que el proceso de paz que le sirve a esta ciudad es un proceso que disminuye los indicadores de delitos de alto impacto asociados a homicidios, extorsión, que transforma el territorio y supera la desigualdad”, aseguró del Toro.En medio de estas acciones, la Defensoría del Pueblo también se comprometió a convocar una sesión interinstitucional para el monitoreo de las alertas tempranas en Santa Marta (CIPRAT), que logre revisar cómo las distintas entidades del estado cumplen con las recomendaciones de la Defensoría en las distintas alertas tempranas que están activas en el territorio.Desde el Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo abordará las afectaciones a la población civil y las medidas de orden no solo a través de los acuerdos y diálogos promovidos por el Gobierno nacional, sino también mediante las recomendaciones derivadas de las alertas tempranas, enfocadas en la violación de derechos humanos por parte de grupos al margen de la ley.Se espera que en las próximas semanas se avance en estas acciones, para así en 2025 Santa Marta se convierta en un epicentro de diálogos de paz que le brinde garantías a todos los actores del conflicto, especialmente de la ciudadanía.
Tras terminarse el foro en la mañana de este sábado 7 de diciembre llamado “Reforma a la Justicia: ¿Cuál es su importancia para los colombianos?, realizado en Barranquilla y donde se habló de los beneficios que traería el agilizar los procesos judiciales en el país, la procuradora Margarita Cabello dio su opinión sobre el tema de las rebajas a las condenas de los abusadores sexuales de niños.Las rebajas de hecho eran una posibilidad hablada hasta el mes anterior, cuando cuyo artículo dentro de la reforma a la justicia fue eliminado por parte del Congreso de la República. Lo cierto es que para Cabello no iba acorde a la realidad del territorio nacional.“El artículo no era malo, lo que pasa es que en el momento del país no era prudente”, apuntó tajantemente.La procuradora aseguró que, como representantes de la infancia y la adolescencia, ya había dado a conocer su preocupación por la situación de Colombia al momento de librarse ese debate agregando que fue una buena decisión a la que se llegó en consenso.De la misma manera, se mostró a favor de la reducción de penas para las personas privadas de la libertad.“Es mejor menos para obtener más, porque un proceso penal que puede durar 10 o 15 años y que cuando el resultado se da ya tiene todo perdido es una prueba de la impunidad que reclama la ciudadanía. De pronto, con una decisión de acuerdos mucho más rápida para llegar a una pena disminuida, ojo no quitada, yo creo que puede darle una sensación de tranquilidad y de seguridad a la ciudadanía”, afirmó.Un tema similar fue tratado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en su intervención dentro del evento insistió en la importancia de agilizar los mecanismos como la justicia negociada para lograr un impacto considerable en delitos como la extorsión, difíciles de contener de manera individual.“Así nosotros luego de detener esos primeros eslabones de una organización criminal, que son los que realizan los actos, podríamos escalar hacia la estructura verdadera, que es el corazón de las organizaciones que están dedicadas a la extorsión”, argumentó la fiscal.Finalmente, es importante referenciar que, a su turno, el presidente del Senado Efraín Cepeda confirmó que durante el 2024 se han registrado al menos 1.9 millones de noticias criminales, de las cuales el 57 % de ellas fueron archivadas en etapa de indagación. En otras palabras, más del 80 % de dichas denuncias no han tenido avances en sus judicializaciones.Recordemos que la reforma a la justicia fue aprobada recientemente en segundo debate por el Senado y próximamente pasará a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Los samarios y turistas se programan para que hoy, luego de la puesta de sol en la Bahía de Santa Marta, pasadas las 6:00 de la tarde, se encendiera el alumbrado navideño en la capital del Magdalena. La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar E.S.P.) informó que destinó una inversión superior a los $2.500 millones para embellecer la ciudad con un alumbrado navideño que iluminará sectores emblemáticos y turísticos de la Perla de América.Isis Navarro, agente especial de Essmar, entregó detalles de lo que será el encendido navideño de este 2024. “Vamos a embellecer la ciudad con un alumbrado navideño que iluminará sectores como el Camellón de la Bahía, el Parque de Bolívar, la Plaza de la Catedral y el Parque Los Trupillos, entre otros”, aseguró.Además, Navarro agregó que el objetivo principal de este alumbrado es que se convierta en un nuevo plan para los samarios y turistas durante esta época del año. “Queremos que estas decoraciones especiales realcen la belleza de nuestros espacios públicos y se conviertan en un punto de encuentro para locales y visitantes”, resaltó.Frente a los fuertes vientos que han afectado algunas estructuras navideñas que se han instalado en la ciudad, Navarro aseguró que los responsables del montaje están trabajando en medidas correctivas para garantizar la seguridad y el disfrute de los asistentes.Además de esta iniciativa, Essmar destacó una jornada de limpieza simultánea en playas como El Rodadero, Playa Blanca, Taganga y Playa Grande, la cuales se han venido realizando en colaboración con entidades públicas, empresas privadas y la comunidad. Según Navarro, estas acciones buscan preparar las playas para recibir a los más de 800.000 turistas que se esperan que lleguen a Santa Marta durante las fiestas de fin de año y el puente de Reyes en enero.
La Fiscalía General de la Nación expuso ante una jueza de control de garantías el sofisticado esquema de una red delictiva acusada de suplantar personas y cometer fraudes bancarios en varias ciudades del norte del país, como Santa Marta y Barranquilla.Según la investigación, esta organización habría logrado apropiarse de más de 3.088 millones de pesos, afectando principalmente a víctimas de la Costa Atlántica.El modus operandi de la red involucraba a tres grupos con roles definidos. Primero, los llamados “reclutadores” se encargaban de contactar a ciudadanos y ofrecerles 100.000 pesos a cambio de sus datos personales, huellas y fotografías, que luego eran utilizados para abrir cuentas bancarias fraudulentas.El siguiente paso lo realizaba otro grupo, señalado de crear falsos establecimientos comerciales para justificar la adquisición de datáfonos. Estos dispositivos se usaban para aparentar transacciones legítimas y respaldar los movimientos financieros.Finalmente, un tercer grupo, que incluiría a empleados bancarios, utilizaba de manera ilícita las bases de datos de los bancos para emitir tarjetas de crédito. Estos plásticos eran cargados con fondos que la organización empleaba en los datáfonos obtenidos previamente, simulando compras y transacciones que las víctimas solo descubrían al revisar sus estados de cuenta.Las pruebas recabadas llevaron a la imputación de delitos como concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales a nueve presuntos integrantes de esta red. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.El esquema, descrito por la Fiscalía como un “andamiaje criminal”, permitió a la organización operar sin ser detectada durante meses, causando graves perjuicios económicos.Las investigaciones continúan para determinar si existen más involucrados o víctimas en otras regiones del país.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
A la fecha, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud, donde se recibieron las muestras para análisis de laboratorio y por lo menos tres resultaron negativos, pero los otros dos aún se encuentran en observación y a la espera de los resultados.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Teniendo en cuenta esto, la secretaria de Salud de Barranquilla, Stephany Araújo, pide a la ciudadanía, en especial a aquellos que tienen planes de viajar en la próxima Semana Santa, que revisen sus esquemas de vacunación para prevenir enfermedades como esta y la fiebre amarilla."Aquí en el Distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de Mi Red y la red privada del Distrito. La prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y triple viral", dijo la secretaria.La funcionaria indicó que en lo que va del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubéola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente sarampión rubéola.Agregó que en el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.Los niños entre los 6 y 18 meses deben tener la primera dosis; niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, mientras que viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal, deben aplicársela 15 días antes del viaje.Así mismo, talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado debe iniciar su esquema.
Más de 24 horas completan en protesta un grupo de habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde se han tomado la vía nacional entre la capital del Cesar y el municipio de Bosconia, la cual conecta con Santa Marta y Barranquilla, para exigir mejoras en la prestación de servicios públicos.La protesta empezó por fallas en la energía desde el pasado lunes; sin embargo, la Alcaldía reporta que el servicio ya fue restablecido y que la comunidad ahora reclama reducción en las tarifas por consideran que los precios siguen elevados. A su vez, la gente estaría reclamando el envío de carrotanques para compensar la intermitencia con la que se presta el servicio de agua potable.Dada la situación, la Alcaldía de Valledupar activó un puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana, donde el mandatario Ernesto Orozco informó que desde este martes ha intentado dialogar con los manifestantes pero no ha sido posible conocer formalmente sus peticiones ni mucho menos llegar a un acuerdo.El alcalde sostuvo que este miércoles irá él mismo junto a una comisión a hablar con los manifestantes, pero si no logra un acuerdo, entonces intervendrá la Fuerza Pública."Acabamos de enviar una comisión como última instancia para seguir con los diálogos y si no, ya nos veremos obligados a usar la fuerza. Nosotros no hemos encontrado un líder o un vocero, hay diferentes peticiones, pero tampoco hay como un pliego de peticiones concordantes. Nosotros el año pasado tuvimos una situación similar donde hicimos unos compromisos que hemos venido cumpliendo", manifestó Orozco.El alcalde sostiene que a través de su administración han ido desarrollando proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida en Aguas Blancas y que están dispuestos a escuchar a la comunidad, siempre y cuando ésta exprese con claridad, a través del diálogo, sus necesidades.
La Policía Metropolitana de Barranquilla creó un grupo interdisciplinario para la recaptura de tres hombres que se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque recientemente y a quienes ahora persiguen con un amplio operativo de búsqueda.La fuga se dio hacia las 5:30 de la tarde de este martes, cuando los señalados delincuentes escaparon con la ayuda de una cuerda que dejaron caer a través de la garita de vigilancia privada de la cárcel.Tras un reconteo de los privados de la libertad en este centro de detención, las autoridades identificaron a los prófugos y ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita recapturarlos.Le puede interesar: Tensión en Santa Marta por fuga masiva en centro de reclusión: por lo menos 35 presos se escaparonLos fugados fueron identificados como Gabriel Garcelan del Castillo, procesado por amenaza, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y fuga de presos, Abel Moisés Ramos Jiménez, quien tiene cuatro anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y dos por hurto, y Carlos Andrés Sosa Hernández, al que también le figuran cuatro anotaciones por hurto, dos por porte ilegal de armas, una violencia intrafamiliar y una más por constreñimiento.La Alcaldía de Barranquilla, a cargo de la administración de esta cárcel, informó que como parte de la misión de búsqueda ha coordinado “acciones con la Fuerza Pública para realizar un 'Plan Candado' en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”.