A la espera de resultados finales está la Procuraduría General de la Nación con respecto a las 39 investigaciones que en estos momentos tiene abiertas contra distintos funcionarios en el país por participación indebida en política, de acuerdo a lo confirmado por el mismo procurador general, Gregorio Eljach, desde Barranquilla.Justo antes de participar en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Eljach indicó que algunas son preliminares pero que otras ya están cerca de entregar sanciones disciplinarias.“Nosotros estamos adelantando 39 averiguaciones, unas en investigación preliminar y otras en investigación disciplinaria. No hay resultados finales, son unos procesos lentos en donde hay plenas garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite. Plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento. No toda participación es censurable”, dijo a Blu Radio.El procurador aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios que incurran en estas acciones y que no se pronunciará más sobre una posible participación indebida del presidente Gustavo Petro, pues el control hacia él es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones.“El señor presidente es objeto de control por parte de la comisión de acusaciones. Él tiene un control constitucional integral privativo y solo desde allí se puede proceder en esos casos. El procurador no tiene competencia sobre eso”, agregó.Su mensaje principal desde Barranquilla fue que “sí hay garantías para las elecciones presidenciales” y que ya están trabajando para sacarlas adelante.“Venimos atendiendo personalmente el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema. Y hemos tenido realmente, y hay que decirlo, la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno Nacional, a la UNP que también ha prestado sus servicios, y creemos que en el momento no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente. Vamos a sacar adelante las elecciones, Colombia va a tener elecciones y vamos a quedar todos bien”, apuntó.La Procuraduría también mantiene investigaciones sobre la empresa Air-e Intervenida para verificar si hay irregularidades en sus procesos de contratación y en la operación que adelantan para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.Además, aprovechó su presencia en la ciudad para hablar de la inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. Al respecto, mencionó que será un tema al que le prestará principal atención cuando le entreguen los informes de gestión de las autoridades distritales y departamentales.
Como parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en la mañana de este viernes se desarrolló un allanamiento en la residencia del investigado excongresista, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, como parte del proceso por presunta corrupción con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Se trata del edificio K-62, en el que, según declaró Sneyder Pinilla, fue realizada la entrega de al menos 1.000 millones de pesos por el entonces subdirector nacional de la UNGRD. Le puede interesar: Sneyder Pinilla habla desde la cárcel por primera vez sobre el entramado de corrupción de la UNGRDEs de recordar que estos recursos iban a ser presuntamente entregados a Calle, entonces presidente de la cámara baja, para que impulsara reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz, dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, dijo Sneyder Pinilla en junio de 2024 en medio de su proceso de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según le confirmaron a Blu Radio se trató de una verificación de las instalaciones del edificio, siendo que desde la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia fue comisionado un magistrado auxiliar para practicar inspección y recolección de evidencia física que tengan que ver con los hechos atribuidos a Andrés Calle e Iván Name. Lo anterior, debido a que también se adelantará una inspección a la residencia de Iván Leonidas Name, por su vinculación al caso por la presunta recepción de dinero cuando era presidente del Senado de la República.
Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
En medio de un contexto de creciente tensión en varias regiones del país, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, lanzó una seria advertencia sobre el impacto que las decisiones de grupos armados ilegales podrían tener tanto en la vida de las comunidades como en el desarrollo de las próximas elecciones.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, González rechazó de manera contundente el anuncio atribuido a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, que busca restringir el ingreso de instituciones estatales y organismos internacionales a zonas bajo su influencia. “Es una lástima que tengan este discurso especialmente de restricción a la acción humanitaria”, afirmó, subrayando que los principales afectados no son las entidades, sino las comunidades.El director de Indepaz enfatizó que estas limitaciones golpean directamente a poblaciones vulnerables que dependen del acompañamiento institucional en materia de derechos humanos. “La afectación más que a las mismas instituciones es a las comunidades, que son las que están hoy sin un garante”, señaló, haciendo referencia a entidades como la Defensoría del Pueblo.Según González, la presencia de estos grupos armados —entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y diversas disidencias— se extiende por departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Caquetá, donde ejercen lo que calificó como una “gobernanza armada criminal”. Esta dinámica, explicó, implica la imposición de normas ilegales sobre la población civil, incluyendo la manipulación del comportamiento electoral. “Le dicen a la gente por quién votar, por quién no votar, y obligan a las personas a ser parte de movilizaciones”, denunció.En ese sentido, advirtió que el panorama electoral podría verse seriamente comprometido. “Una de las garantías para las elecciones es que sean libres, y los grupos armados tienen una clara intención de que no lo sean”, afirmó. Incluso, mencionó que estas organizaciones podrían buscar impedir la participación ciudadana o favorecer determinados intereses, aunque aclaró que no hay evidencia de respaldo explícito a candidatos específicos.Frente a las posibles causas del fortalecimiento de estas estructuras, González descartó que se deba exclusivamente a la política de “paz total”. “El crecimiento se da por diversas causas, no es por la paz total”, explicó, diferenciando entre los procesos de diálogo y las responsabilidades en materia de seguridad.Finalmente, hizo un llamado urgente a respetar la labor de las misiones humanitarias y a proteger a las comunidades afectadas. “Es necesario exigir el respeto de estas instituciones que han venido acompañando la defensa de los derechos humanos”, concluyó.La situación, según Indepaz, no solo representa un desafío en términos de seguridad, sino una amenaza directa a la institucionalidad democrática en Colombia.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 20 de marzo de 2026:Abel García, exfiscal de New York, habló sobre la información de The New York Times según la cual el presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por fiscales federales de EE. UU. por presuntos vínculos con narcotraficantes y posibles aportes ilegales a su campaña. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se refirió sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz en la economía internacional, que ha presionado los precios de los combustibles. Leonardo González, director de INDEPAZ, habló sobre el anuncio de la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, de restringir el ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios.Paola Ximena Hernández, gerente de Sostenibilidad de Homecenter, se refirió sobre la campaña de la empresa que evidencia los estereotipos de género en oficios de la construcción, basada en la percepción de niños de 7 a 10 años.Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre su postura política actual y el progreso de diversas iniciativas legislativas bajo su supervisión.Escuche el programa completo aquí:
La emergencia por las intensas lluvias en el municipio de Lebrija sigue generando afectaciones en el suministro de agua potable, especialmente en la parte alta, donde decenas de familias permanecen sin acceso al servicio.De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, aunque el acueducto ha adelantado trabajos para reparar las redes afectadas, la baja presión en el sistema impide que el agua llegue de manera continua y suficiente a todos los usuarios.Ante este panorama, las autoridades departamentales anunciaron el envío de carrotanques como medida inmediata para garantizar el abastecimiento en los sectores más afectados, mientras avanzan las labores técnicas para normalizar el servicio.El director de la entidad, Eduard Sánchez, explicó que la atención a la emergencia incluye varias acciones coordinadas: "Se está haciendo la articulación y documentación correspondiente para llegar con maquinaria amarilla, recuperar la movilidad, enviar carrotanques y brindar asistencia en alimentación y alojamiento a las familias que tienen esta problemática producto de las fuertes lluvias”.Además del desabastecimiento de agua, las lluvias han generado dificultades en la movilidad debido al deterioro de algunas vías rurales, lo que ha complicado el acceso a ciertas veredas. Por ello, se contempla el despliegue de maquinaria amarilla para remover material y habilitar el paso en los puntos críticos.Las autoridades también avanzan en la entrega de ayudas humanitarias, especialmente para las familias que han resultado más afectadas por la temporada invernal, incluyendo apoyo en alimentación y, en algunos casos, alojamiento temporal.Entre tanto, se mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas y del estado de la infraestructura del acueducto, con el objetivo de restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible y evitar nuevas emergencias en el municipio.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 20 de marzo de 2026:En Montería, autoridades allanan un apartamento que pertenecería al expresidente de la Cámara Andrés Calle, donde presuntamente habría recibido mil millones de pesos en efectivo vinculados al Gobierno de Gustavo Petro.The New York Times reveló que fiscales en Nueva York adelantan una investigación preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con narcotraficantes.El expresidente de Hocol Luis Enrique Rojas emitió un comunicado en el que se perfila como testigo en la investigación por presunto tráfico de influencias contra Ricardo Roa.Continúan las afectaciones por inundaciones en Facatativá: más de 15 barrios siguen impactados tras el desbordamiento del río Botello, con más de 10.000 personas damnificadas.Escuche el programa completo aquí:
En un escrito de más de 30 páginas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Augusto Ocampo, quien es el secretario jurídico de la presidencia, le pidió a la Corte Constitucional anular el auto que fue publicado hace tan solo unos días sobre la suspensión provisional de la emergencia económica decretada en diciembre del año pasado y sobre la cual la Corte aplicó la figura de la medida cautelar para “evitar daños irreparables”.Blu Radio conoció en primicia el escrito con los argumentos de la presidencia, con el que busca anular el auto en donde, además, la Corte Constitucional expone punto por punto por qué sí podía suspender provisionalmente el decreto hasta que se tome una decisión de fondo.“Bajo este entendido, la creación de jurisprudencia de potestades cautelares en el marco del control automático de constitucionalidad no puede entenderse como un desarrollo interpretativo de competencias existentes, sino como la incorporación de una facultad no prevista en el ordenamiento”, se lee en el documento de la presidencia.Además, señala el documento que las reglas sobre estados de excepción solo pueden ser modificadas por el Congreso de la República mediante ley estatutaria, por lo que el tribunal no podría crear nuevos mecanismos de control por vía jurisprudencial.Mientras el gobierno nacional sigue dando la pelea allí en el alto tribunal por la suspensión provisional del decreto 1390 de 2025, en otro despacho reposa la nueva emergencia económica decretada por la ola invernal que azotó a más de 8 departamentos en el país.Sobre la decretada en diciembre, se espera que los magistrados se reúnan la próxima semana para debatir la ponencia que ya radicó el magistrado Carlos Camargo sobre la constitucionalidad del decreto.
La empresa Triple A reconoció quela emergencia en el barrio Las Nieves de Barranquilla se trató de un caso complejo y, por eso, a la par de los trabajos de adecuación del terreno y reparación de la tubería partida, activó un plan de contingencia para restablecer poco a poco el servicio de agua potable hacia los diferentes sectores afectados.El mismo domingo, a partir de las 11 a.m. y hasta las 8 p.m. se estará habilitando el servicio hacia 62 barrios que hacen parte de Zona 3 y Zona 5, comprendidas desde la carrera 10 hasta la carrera 38, entre las calles 45 y 68. Así mismo, el cuadrante de la calle 79A y calle 120 entre las carreras 27 y carreras 51B.Sin embargo, en este lapso seguirán sin agua otros 20 sectores de las zonas 2 y 4, comprendidas entre las calles 70 y 94 entre las carreras 38 y 91.Entre tanto, personal de la Alcaldía de Barranquilla y el equipo social del contratista encargado de la pavimentación avanzan en el censo de las casas afectadas en el barrio Las Nieves, donde hasta ahora se han identificado siete viviendas con daños en bienes muebles, los cuales recibirán una compensación.La Triple A informó, además, que la misma noche del sábado se atendió una familia afectada por inundación total de su vivienda y daño total de sus bienes.La emergenciaEn total, 83 barrios de Barranquilla y 31 sectores del municipio de Soledad quedaron sin agua potable desde la noche del sábado, luego de que la empresa Triple A debió suspender el suministro hacia estas zonas para reparar una enorme fuga que se registró en el sur oriente de la capital del Atlántico.La empresa de acueducto informó que la emergencia se debió a la ruptura de una tubería de conducción en la calle 23 con carrera 18, provocada por una retroexcavadora empleada para labores de pavimentación el barrio, obras que son adelantadas por un contratista externo y ajeno a la Triple A.
No da tregua la guerra que le ha declarado el Clan del Golfo a la empresa Supergiros, a tal punto que este domingo sus locales ubicados en el municipio de Baranoa (Atlántico) amanecieron invadidos de panfletos amenazantes, que los obligó a bajar sus esteras y suspender de manera indefinida sus servicios, tal como ha ocurrido en más de 3.000 puntos de atención a lo largo de la región Caribe.La empresa asegura que sus oficinas se han convertido en el blanco de más de 50 ataques durante las últimas dos semanas, siendo aún más crítica la situación en zonas como el Golfo de Morrosquillo, la Mojana sucreña, Magdalena, Cesar, La Guajira y algunos municipios del Atlántico, donde no hay garantías de seguridad.Jhony Batalla Mena, asesor legal de Supergiros, explicó que han preferido cerrar para proteger a las trabajadoras que están a cargo de la atención al cliente, pues son ellas las principales víctimas de los atentados."Afecta notablemente a nuestras colocadoras independientes, más que todo ellas están sufriendo las amenazas, las agresiones contra su integridad física y, sobre todo, la falta de poder ejercer su proyecto de vida. Nosotros preferimos cerrar los puntos antes de que su vida corra riesgo", expresó.Ataques recientes en AtlánticoSolo este fin de semana se registraron dos atentados a bala contra la empresa Supergiros en Atlántico, dejando como resultado una trabajadora gravemente herida.El hecho más reciente se registró durante la mañana de este sábado en el barrio La Victoria, sur de Barranquilla, luego de que hombres armados abrieron fuego contra la fachada de un punto de atención ubicado en la zona, en inmediaciones a la Avenida Murillo.Sin embargo, pese a que en ese momento una trabajadora se encontraba laborando, logró resguardarse de dos balazos que finalmente terminaron impactando la ventana del mismo.Por otra parte, Merly Salas Rodríguez, de 32 años, sigue bajo pronóstico reservado en una clínica de Sabanalarga, Atlántico, tras recibir un disparo por hombres motorizados que la dejó gravemente herida, mientras se encontraba laborando en el punto de atención ubicado en Luruaco, Atlántico, en el sector conocido como La Puntica.
Las fuertes lluvias que se han presentado en La Guajira en los últimos días han generado que campesinos perdieran sus cultivos y su sustento. "Está crítica, crítica, porque todo el mundo ha perdido el cultivo; yo por allá tengo una 'finquita', también perdí media hectárea de yuca y media hectárea de plátano y todo se ha perdido; a comenzar otra vez desde cero y el estado qué puede dar, el estado quedaron de dar y no han dado nada", dijo Ariel Pimienta, un campesino del municipio de Dibulla.Dicen los campesinos que de este invierno, a diferencia de otros, no pudieron salvar nada. La zona rural de Riohacha y Dibulla son los sectores agrícolas más afectados, según las autoridades. Las recientes lluvias y desbordamiento de ríos ha provocado pérdidas en cultivos de banano, plátano, yuca y maíz."Se ha acabado todo, el plátano y la yuca, todo se ha acabado, nosotros teníamos una hectárea de yuca y todo ese se perdió, animales también que se han ahogado, gallinas y cerdos", dijo Yonilson Mercado, un campesino que perdió varios animales.Según las autoridades son más de 300 hectáreas de cultivos que se han perdido en toda La Guajira.
El barrio El Carmen de Barranquilla aún no sale de la conmoción por el brutal asesinato de cuatro hombres que se encontraban departiendo en una esquina hasta que delincuentes armados los acribillaron por razones que aún no están claras. Lo que hasta ahora sí se ha podido establecer es que las víctimas eran socios de una empresa dedicada al mantenimiento e instalación de sonidos profesionales, por lo que no se descarta que, tal vez, un millonario negocio haya sido la causa del crimen.Los asesinados fueron identificados como Andrés Felipe Berdugo de La Cruz, Edwin Horacio Pérez Plata, Felipe Andrés De Las Salas y Víctor Danilo Olivera Ortiz, mientras que los heridos responden a los nombres de Jean Carlos Philips Celis y Jorge Luis Noguera Rivadeneira, continúan siendo atendidos en un centro asistencial.Era tal la hermandad entre las víctimas que minutos antes de ser atacadas a tiros, se les vio en videos cantando y festejando alegremente a las afueras de un billar.Pero el festejo acabó cuando irrumpieron varios hombres armados que, a bordo de un carro y de una moto, dispararon en por lo menos 16 ocasiones, teniendo en cuenta que este mismo número de vainillas calibre 9 milímetros fueron halladas por las autoridades en el lugar de los hechos. En total las balas alcanzaron a seis hombres, cuatro de ellos murieron y dos más permanecen heridos. De hecho, una de las víctimas mortales, tras ser impactada, intentó huir en un carro, pero la gravedad de la herida no lo dejó conducir bien y metros más adelante se estrelló contra una casa y murió.Por la masacre, la Policía mantiene una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de los responsables.Entre tanto, el personero distrital Miguel Alzate exigió "medidas urgentes para controlar la ola de crímenes que afecta de manera preocupante la tranquilidad de Barranquilla". "Hay que actuar unidos contra la violencia", afirmó tras la masacre del barrio El Carmen.
Un amplio operativo es el que se ha desplegado este domingo en Aguachica, Cesar, en aras de garantizar la seguridad de las elecciones atípicas que se han convocado para escoger a un nuevo alcalde municipal, luego del fallecimiento del joven mandatario Víctor Roqueme Quiñónez, quien estuvo en el cargo hasta el mes de agosto.Con un censo electoral de 77.815 personas, de los cuales 37.791 son hombres y 40.024 son mujeres, alrededor de 212 mesas fueron habilitadas a partir de las 8:00 de la mañana: 180 de ellas distribuidas en el casco urbano y 32 en zona rural de este municipio.El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía del Cesar, confirmó que más de 300 policías estarán prestando el acompañamiento necesario en el casco urbano, mientras que el Ejército vigilará los puestos habilitados en veredas y corregimientos."Con este dispositivo buscamos reforzar y prestar la seguridad de todos los puestos de votación y que la jornada electoral se desarrolle normalmente, hemos dispuesto servicio en cada una de las sedes políticas, acompañamiento a los candidatos y servicio en los puestos de votación", dijo Chamorro."Adicional a eso, también escoltaremos el material electoral, tanto en su llegada como en la salida, y el sitio de los escrutinios una vez finalice la votación", agregó.Asimismo, mediante el decreto 206 del 13 de noviembre de 2024, se estableció ley seca desde las 6:00 de la tarde de este sábado, 23 de noviembre, hasta las 6:00 de la mañana de este lunes.Los candidatos que se sumaron a esta carrera por la Alcaldía Municipal son: Armando Pérez Villalba, del partido Comunes; Greisy Tatiana Roqueme Ropero, de la coalición ‘Unidos por un Legado’ de los partidos Conservador, Cambio Radical y La U; Israel Obregón Ropero, del partido Verde Oxígeno; Carlos Andrés Londoño, por el partido Liberal; y Camilo Ernesto Rincón por la coalición ‘Aguachica Rincón de Paz’.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
A la fecha, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud, donde se recibieron las muestras para análisis de laboratorio y por lo menos tres resultaron negativos, pero los otros dos aún se encuentran en observación y a la espera de los resultados.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Teniendo en cuenta esto, la secretaria de Salud de Barranquilla, Stephany Araújo, pide a la ciudadanía, en especial a aquellos que tienen planes de viajar en la próxima Semana Santa, que revisen sus esquemas de vacunación para prevenir enfermedades como esta y la fiebre amarilla."Aquí en el Distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de Mi Red y la red privada del Distrito. La prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y triple viral", dijo la secretaria.La funcionaria indicó que en lo que va del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubéola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente sarampión rubéola.Agregó que en el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.Los niños entre los 6 y 18 meses deben tener la primera dosis; niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, mientras que viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal, deben aplicársela 15 días antes del viaje.Así mismo, talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado debe iniciar su esquema.