En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte continúan bajo estricta vigilancia médica dos de los tres turistas extranjeros atacados a tiros la noche del pasado domingo, cuando disfrutaban del ambiente de Carnaval en una esquina del barrio Montecristo de Barranquilla.Uno de los hospitalizados es el joven francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien fue impactado en el pecho, el abdomen, brazos y piernas, inclusive, las balas le causaron algunas fracturas, por lo que debió ser sometido a una cirugía y está a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sus padres viajaron de emergencia a Barranquilla y están acompañándolo en su proceso de recuperación.El otro herido que sigue en UCI es Teo María Starostenko, joven italiano de 24 años, quien fue baleado en la espalda y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax. Tras el procedimiento, permanece estable.Hipótesis de la comunidadEntretanto, en el barrio donde ocurrió el ataque aún persiste el medio. Testigos contaron a Blu Radio que esa noche, los pistoleros parecieron descargar sus armas, pues las balas resonaron una y otra vez como si fuera pirotecnia amenizando un baile de Carnaval.El atentado es materia de investigación por parte de la Policía, pero los habitantes de la zona apuntan a que este pudo ser un ataque de bandas extorsionistas en contra de la tienda donde se encontraban departiendo los turistas.La tienda no volvió abrir sus puertas desde aquel trágico hecho y, aunque los propietarios del negocio les han dicho a sus vecinos que no estaban siendo extorsionados, la gente no descarta esta hipótesis.
La entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS en Barranquilla se está demorando tanto que la desesperación de los pacientes por empezar sus tratamientos los está llevando hacia el mercado negro, un punto en el centro de esta ciudad en el que se revenden fármacos sin tratamiento previo, permisos, ni control de fechas de vencimiento u autenticidad.Allí, no solo hay medicinas que dejaron de ser usadas por otras personas, sino también de contrabando, pues en julio del año anterior fueron incautadas, precisamente en el centro de Barranquilla, más de 58.000 unidades de antibióticos, antivirales y analgésicos distribuidos por una red que se lucraba de alrededor de 520 millones de pesos.Una de las tantas madres que desde este año se vio obligada a comprar en este lugar, debido a que Nueva EPS no le entrega medicamentos a su hija desde octubre del 2025, dice que esta menor tiene una enfermedad huérfana llamada Síndrome de Rett, la cual genera degeneración, epilepsia, desnutrición, atrofia muscular y hasta parálisis cerebral, y de la que hace 20 meses tampoco le mandan soporte nutricional.“Uno siempre va con el miedo de comprar unas pastillas a las que le hayan falsificado una fecha y estén vencidas, nunca se me va. ¿Qué más podemos hacer? Una mamá cabeza de familia que no cuenta ni con un salario mínimo estable, no puede tener un trabajo firme por la situación de ella. No hay a quien acudir, ni hay alguna fundación que respalde a esos niños”, declaró esta mujer que prefirió no dar su identidad.Le puede interesar: Más de 63.000 medicamentos no entregados en Manizales: crisis de Nueva EPS se repite en todo el paísAlega esta mujer que para ella los recibos de la luz son más caros que el arriendo dado a que su hija es oxigeno dependiente y que el costo total de las medicinas junto con el plan nutricional supera los dos millones de pesos.No tiene con qué responder, tampoco logró graduarse de auxiliar de enfermería, así que le manda un mensaje al presidente Gustavo Petro para que ayude con la entrega de medicamentos a pacientes de enfermedades huérfanas.“Ya está bueno, deberían tomar decisiones, ¿hasta cuándo van a tener al pueblo así muriéndose? hay padres de familia pasando un dolor tan grande, no saben la agonía de no saber qué le estamos dando a nuestros hijos. Nada garantiza comprar algo que esté vencido o que no sea el medicamento que usted cree que es. ¿Hacia dónde va este país?”, dijo además.Esta es la única niña que padece este Síndrome en el Atlántico y, debido a los retrasos en su tratamiento, comenta su madre que, según los médicos, ya pasó a la última fase de vida.
Al gestor cultural Johan Parra se le cumplió el sueño de tomarse una foto con Shakira en el barrio por el que tanto trabaja para que se proyecte el talento de su gente. Él, quien es conocido por ser un líder del barrio Abajo, logró conocer a la artista mientras participaba en la logística del rodaje que esta realizó el pasado miércoles 19 de febrero. Aunque Parra cuenta que llegó hasta allí a trabajar, no perdió la esperanza de poder hacerse a la fotografía con una artista. "Estábamos en el trabajo. Dios nos regaló esta oportunidad de estar con ella. Feliz porque ahora todo el mundo hablando del barrio Abajo y viniendo a visitarnos", contó. Le puede interesar: Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas localesA lo que se refiere Parra es al efecto que generó la visita de Shakira y Beéle, siendo que los turistas quieren llegar al 'Museo a cielo abierto' a conocer el mural en el que grabaron el video. "Yo vine al Carnaval y estaba disfrutando la ciudad. Hoy cuando me levanté y vi lo de Shakira, enseguida busqué para venir y conocer el sitio. Ahora me voy más contenta todavía para el aeropuerto", contó una caleña de visita en el sector.
Un nuevo hecho de violencia enluta al género de música urbana luego de que un joven intérprete fuera asesinado en un atentado sicarial ocurrido en la noche del lunes 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, al sur de Cartagena. El crimen se registró en vía pública y ha generado conmoción entre residentes del sector y seguidores del género urbano, que ven con preocupación cómo la violencia vuelve a impactar a talentos emergentes.La víctima fue identificada como Andrés Manjarrés Álvarez, de 22 años, quien era conocido en el mundo artístico como ‘Felo Millones’. El joven se abría paso en el género del trap y, según personas cercanas, se encontraba trabajando en nuevos proyectos musicales con los que buscaba consolidar su carrera.De acuerdo con versiones entregadas por testigos, el ataque ocurrió hacia las 7:40 de la noche, cuando el artista caminaba por la zona tras salir de un establecimiento comercial. En ese momento, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Uno de los sujetos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra el joven, causándole la muerte en el lugar.El cuerpo quedó tendido sobre la calle, mientras habitantes del sector alertaban a las autoridades. En redes sociales comenzaron a circular imagenes que muestran la escena minutos después del atentado, lo que generó aún más impacto entre la comunidad y sus seguidores.Al sitio acudieron uniformados de la Policía Nacional de Colombia, junto con investigadores de la SIJÍN, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.Las autoridades confirmaron que el joven registraba una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), relacionada con un caso de porte ilegal de arma de fuego en 2022. Sin embargo, los móviles del crimen aún son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis.Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigos, colegas y seguidores lamentaron la muerte del joven cartagenero, destacando su disciplina y compromiso con la música. Según allegados, recientemente había participado en la grabación de una nueva canción y en la producción de un video musical, lo que representaba un avance importante en su carrera.Personas cercanas señalaron que el artista estaba enfocado en su crecimiento profesional y veía en la música una oportunidad para cambiar su realidad.
El proceso judicial por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, dio un nuevo paso este 18 de febrero, luego de que la Fiscalía acusara formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro como presuntos coautores del delito de homicidio agravado.Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía dejó claro que no se logró ningún tipo de preacuerdo con los procesados. “Se intentó, a través de la Unidad de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General, realizar el acercamiento, pero finalmente no se pudo llegar a ningún preacuerdo”, enfatizó la fiscal del caso.Para la Fiscalía, las pruebas recopiladas permiten concluir que los acusados actuaron con dolo, al dirigir reiteradamente los golpes a una zona vital del cuerpo humano cuando la víctima se encontraba en completa indefensión. Por esta razón, Suárez y González fueron acusados por homicidio agravado, una conducta que contempla penas de entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años de cárcel.Durante la diligencia judicial, ambos procesados manifestaron su disposición a aceptar cargos, pero únicamente por el delito de homicidio preterintencional, una figura penal menos grave que la imputada por la Fiscalía. Sin embargo, esa posibilidad no fue avalada por el ente acusador, por lo que el caso continuará en la etapa de juicio.La acusación se sustenta en múltiples elementos materiales probatorios, entre ellos testimonios de testigos presenciales, videos captados por celulares y cámaras de seguridad del sector, informes del CTI, dictámenes forenses y registros médicos de la atención de urgencias que recibió la víctima antes de fallecer.El proceso judicial continuará el próximo 17 de marzo, a las 9:00 de la mañana, cuando un juez penal deberá evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad de los acusados en la muerte del joven universitario.Cabe recordar que Jaime Esteban Moreno murió después de que, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, fuera golpeado en múltiples ocasiones por Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quien presuntamente le dio una patada por la espalda cuando Moreno intentaba incorporarse, dejándolo en total estado de indefensión.Como consecuencia directa de la golpiza, Moreno sufrió múltiples fracturas en el cráneo. El dictamen de Medicina Legal determinó que se trató de una muerte violenta tipo homicidio.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
En diálogo con Blu Radio, Marcela García Cifuentes, explicó las razones que la llevaron a interponer una acción de tutela en defensa de Yudy Katherine Pico, madre del menor Kevin Acosta que falleció en medio de la controversia por la entrega de un medicamento.García indicó que su decisión obedece a una postura que, según dijo, ha mantenido de tiempo atrás en defensa de mujeres cabeza de hogar. “Yo creo que soy muy coherente y desde siempre he defendido mucho a las mujeres que con esfuerzo sacan adelante a sus hijos. Esta mañana estaba oyendo la entrevista de ella en la radio y me afectó muchísimo que, además de estar pasando por el dolor de perder a su hijo, tenga que defenderse de señalamientos que vienen desde el más alto poder”, afirmó.Según explicó, le generó indignación escuchar que desde la Presidencia se señalara a la madre como responsable de la muerte del niño por permitirle montar bicicleta pese a su condición médica. “La vi tan vulnerable, tan triste, que dije: esto no puede estar pasando. Eso fue lo que me motivó, junto con mi equipo, a interponer esta tutela”, señaló.García aclaró que no conoce personalmente a Yudy Katherine Pico y que actúa como agente oficiosa, figura que permite a cualquier ciudadano defender derechos fundamentales de otra persona cuando esta se encuentra en imposibilidad real de hacerlo por sí misma. “Hoy ella debería estar viviendo su duelo con su familia y no enfrentando señalamientos públicos”, sostuvo.En la acción judicial, explicó, están solicitando tres medidas concretas: primero, que cesen los señalamientos públicos contra la madre y su familia; segundo, que se retiren los datos médicos divulgados sin autorización; y tercero, que se haga una rectificación en condiciones de equidad, es decir, con la misma difusión que tuvieron las declaraciones iniciales.La abogada también indicó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra el ministro de Salud por la presunta divulgación de información clínica reservada, así como una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, para que se investiguen las declaraciones emitidas en este caso.Durante la entrevista insistió en que, más allá del debate sobre el sistema de salud, el centro de la discusión debe ser la protección de los derechos fundamentales. “Acá murió un niño y han muerto muchos más en medio de esta crisis. Esto no es un tema de pelea contra las EPS, es un tema de la vida de los colombianos”, concluyó.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte continúan bajo estricta vigilancia médica dos de los tres turistas extranjeros atacados a tiros la noche del pasado domingo, cuando disfrutaban del ambiente de Carnaval en una esquina del barrio Montecristo de Barranquilla.Uno de los hospitalizados es el joven francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien fue impactado en el pecho, el abdomen, brazos y piernas, inclusive, las balas le causaron algunas fracturas, por lo que debió ser sometido a una cirugía y está a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sus padres viajaron de emergencia a Barranquilla y están acompañándolo en su proceso de recuperación.El otro herido que sigue en UCI es Teo María Starostenko, joven italiano de 24 años, quien fue baleado en la espalda y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax. Tras el procedimiento, permanece estable.Entretanto, en el barrio donde ocurrió el ataque aún persiste el medio. Testigos contaron a BLU Radio que esa noche los pistoleros parecieron descargar sus armas, pues las balas resonaron una y otra vez como si fuera pirotecnia amenizando un baile de Carnaval."Estaba acostado y oí una ráfaga como de siete tiros. Pensé que eran totes, pero en realidad eran balas como de un calibre pequeño. Cuando yo vi pasar la patrulla, fue que salí y vi a los tres tipos ahí que todavía no los habían auxiliado. Estaban sangrando, pero vivos", narró un testigo.El atentado es materia de investigación por parte de la Policía, pero los habitantes de la zona apuntan a que este pudo ser un ataque de bandas extorsionistas en contra de la tienda donde se encontraban departiendo los turistas.La tienda no volvió abrir sus puertas desde aquel trágico hecho y, aunque los propietarios del negocio les han dicho a sus vecinos que no estaban siendo extorsionados, la gente no descarta esta hipótesis."Porque aquí en este barrio han pasado varios casos en los que tirotean a los negocios. Supongo que el negocio que no paga, enseguida tirotean. Ese es un problema que tenemos acá en este barrio de Montecristo y en el Barrio Abajo", dijo un habitante de la zona.En el lugar de los hechos los policías encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros que son analizadas para encontrar el arma de la que fueron disparadas.Vale decir que la tercera víctima del mencionado ataque es un joven británico de 23 años, identificado como Jacob Benjamín Sedgwick, a quien una bala lo rozó en el cuero cabelludo y habría sido dado de alta.
Tras casi un año y medio de seguimiento, las autoridades en Bolívar confirmaron la captura de dos integrantes de la banda 'Los Promax', señalados de cometer múltiples hurtos a pasajeros y conductores en el corredor vial que comunica las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en la vía La Cordialidad.De acuerdo con la Policía de Bolívar, los capturados intimidaban con armas de fuego a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias y, posteriormente, descendían de los vehículos en zonas rurales y huían hacia barrios periféricos de Cartagena para evadir a las autoridades.Durante el proceso investigativo se identificaron 15 víctimas, con pérdidas económicas cercanas a los 17 millones de pesos.“De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2024 los señalados venían afectando la seguridad en el corredor vial entre Cartagena y Barranquilla, especialmente en jurisdicción de Bayunca, Clemencia y Santa Rosa, donde abordaban buses intermunicipales”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de Policía de Bolívar.El oficial, a su vez, explicó que los dos capturados suman 30 registros judiciales, entre ellos por hurto y acceso carnal violento.“Los detenidos fueron identificados como Yeison Andrés Palacio Córdoba, quien registra 15 anotaciones judiciales por delitos como hurto, hurto calificado, porte ilegal de armas y acceso carnal violento, y Luis José Pérez Villareal, notificado en centro carcelario, con 15 anotaciones por tráfico de estupefacientes, hurto agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas”, detalló.Ambos fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías.
Total rechazo hay en el Atlántico tras el asesinato de una mujer llamada Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, y el de un niño que solo tenía en dos años, en hechos ocurrido en la noche de este miércoles en el municipio de Ponedera, y en los que otra persona más resultó herida.Según las autoridades, en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco, varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar, y uno de ellos descendió y accionó un arma de fuego contra las personas que se encontraban en el interior del inmueble. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.El hecho fue catalogado por el gobernador Eduardo Verano De la Rosa como “cobarde y cruel”: Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de un menor de tan solo dos años ocurrido en el municipio de Ponedera. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel.“Nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia. Hechos como este no pueden ni deben volver a ocurrir en el Atlántico”, agregó.Por tal motivo, ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para todos aquellos que brinden información clave que identifique y permita la captura de los responsables.Por redes sociales se han hecho virales varios videos en los que se muestra a la comunidad sufriendo por este caso a las afueras del centro asistencial municipal. Allí aún permanece la mujer que resultó herida recibiendo atención médica especializada. Más homicidios Cómo Devinson José Barrios Franco y Amaury Altamar fueron identificadas las otras dos víctimas que fueron blanco de atentados en las últimas horas en el departamento del Atlántico.El primero de ellos fue atacado cuando se movilizaba en su motocicleta en el sector de La Cruz, cercanías al municipio de Sabanagrande. Según las autoridades, un hombre le había solicitado un servicio y en medio de él sacó un arma para dispararle.El agresor huyó en otro vehículo similar que lo esperaba, mientras que de la víctima se supo que había recibido amenazas por parte de bandas criminales.Un par de horas después, pero en Baranoa, fue abordado Devinson José Barrios Franco, a quien hombres armados le abrieron fuego en plena calle.Las autoridades indicaron que desde hace tiempo no residía en esta población y que contaba con seis anotaciones judiciales por diferentes delitos.
En medio de una situación crítica por las lluvias en el Caribe, ha surgido una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y los líderes regionales respecto a la recepción de ayuda internacional. Mientras la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitieron un comunicado asegurando que la atención en Córdoba está garantizada y que no se requiere apoyo del exterior, los gobernadores de la región sostienen que cualquier recurso es vital para enfrentar la magnitud del desastre.El drama en Bolívar y la necesidad de soluciones definitivasEn diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, habló de la calamidad pública en los 45 municipios de su departamento, con 15 de ellos en emergencia crítica. Las cifras son alarmantes: más de 3,000 familias damnificadas, con niveles de inundación que han alcanzado los dos metros de altura en zonas como Montecristo. Arana enfatizó que, aunque se han entregado kits de alimentación y aseo, la solución real no es paliativa.Para el mandatario de Bolívar, la ayuda internacional es vista como una "bendición", especialmente porque el departamento no cuenta con los recursos suficientes para la reubicación definitiva de al menos 25 poblaciones que sufren inundaciones recurrentes. "Nos podemos gastar millones haciendo dragados, pero si no los reubicamos van a tener el mismo problema", advirtió, subrayando que se requieren obras estructurales de gran envergadura.Córdoba: 200.000 afectados y la polémica con Estados UnidosPor su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reportó una situación devastadora con 25 de los 30 municipios afectados y más de 200.000 personas damnificadas. Los daños incluyen la pérdida de cultivos, animales, caída de puentes y afectaciones en puestos de salud y escuelas.La polémica se intensificó tras un mensaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreciendo asistencia humanitaria. Aunque Zuleta agradeció el gesto públicamente, el Gobierno Nacional descalificó la necesidad de dicha ayuda. El gobernador de Córdoba defendió su posición afirmando que "cualquier ayuda, por pequeñita que sea, le cambia la vida a una familia" y que la fase de reconstrucción y reactivación económica demandará esfuerzos que superan la capacidad local.Escuche aquí la entrevista:
En una entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Anastasio Moscote, gobernador de un cabildo indígena que participó en la reapertura del Parque Tayrona, negó tener necesidad alguna de protección por parte del Estado y aseguró que ese es uno de los motivos por el cual las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, reabrieron el ingreso al turístico sitio del departamento del Magdalena."No necesitamos que nos protejan", aseguró, al defender la autonomía de las comunidades sobre su territorio ancestral y rechazar la intervención que, según afirma, desconoce su autoridad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, sostuvo que la manifestación es pacífica y previamente conocida por las autoridades ambientales. “Hemos tenido muchas situaciones de atropello, no es solo lo que pase en el Tayrona, sino en la Sierra. Parques ya sabía que íbamos a hacer esa manifestación pacífica”, declaró.Moscote enfatizó que el Parque Tayrona es parte esencial de la historia y la identidad de los pueblos indígenas. “Es nuestro territorio, Tayrona es nuestra historia viva, nuestra esencia. En eso también tenemos que tener decisión, la cual se nos desconoce”, afirmó, al insistir en el derecho a participar en la toma de decisiones.En ese sentido, planteó la necesidad de una coadministración con la autoridad ambiental. “Se quiere la co-administración de Parques Tayrona, Parques es autoridad ambiental, pero es nuestro territorio ancestral, en eso tenemos que compartir la administración de los parques”, explicó.Preguntado sobre un eventual secuestro dentro del área protegida, que fue cerrada a turistas por motivos de seguridad, el gobernador descartó cualquier riesgo de ese tipo: “Eso no va a pasar, en el territorio tenemos que ejercer nuestra autoridad como indígenas. El Parque Tayrona es seguro, ahí está la Policía, no hemos tenido en el parque ninguna situación de esa naturaleza”, señaló.El líder también cuestionó lo que calificó como atropellos contra la comunidad indígena y defendió el ejercicio de la autoridad propia en el territorio. Sobre el dinero solicitado a los visitantes del Parque, Moscote aclaró que se trata de una donación voluntaria de 50.000 pesos. Según explicó, estos recursos buscan cubrir gastos operativos del parque y destinar excedentes a mejoras en zonas que se encuentran en condiciones deficientes, especialmente en infraestructura básica."No es cobrar, es una donación que se pide voluntaria a los turistas. Esa donación, de 50.000 pesos, va para cubrir los gastos que se están generando en el Parque y después toca mirar lo que quede para distribuir en beneficio de las comunidades, que nunca hemos recibido nada de las taquillas", detalló.
Dos nuevos golpes al narcotráfico se dieron desde el Caribe, donde la Armada Nacional interceptó más de 1,6 kilogramos de cocaína en el norte de Bocas de Ceniza, en Barranquilla, y en Puerto Bolívar, a la altura de La Guajira. Estos resultados se suman a las acciones de esta autoridad, que durante el presente año ha incautado más de 160 toneladas de droga, generando pérdidas para varios grupos criminales de hasta 7,6 mil millones de dólares.Así lo informó el capitán de corbeta Juan Ricardo Ortegón, comandante de la Estación de Guardacostas de Barranquilla, quien señaló que el material incautado, la embarcación inmovilizada y las cuatro personas capturadas fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.“En una primera operación, desarrollada al norte de Bocas de Ceniza, en Barranquilla, departamento del Atlántico, unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla detectaron e interceptaron una lancha tipo Go Fast, que se movilizaba de forma sospechosa y a alta velocidad. En su interior fueron hallados 1.675 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como cuatro sujetos mayores de edad, tres colombianos y un jamaiquino, que fueron capturados en flagrancia durante el procedimiento de interdicción”, indicó por medio de un comunicado.“De manera paralela, en Puerto Bolívar, en La Guajira, durante una inspección a una motonave de alto bordo, de bandera extranjera, que tenía como siguiente destino una ciudad en España, tripulantes de la Estación de Guardacostas de Santa Marta hallaron e incautaron 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que se encontraban ocultos en uno de los compartimientos de la embarcación. Durante esta operación no se presentaron capturas”, agregó.La incautación de estos alijos representa, según la autoridad, una afectación de más de 81 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evitó la distribución de cerca de 4,2 millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo.En otro operativo, esta vez de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), fueron capturados cinco señalados narcotraficantes solicitados por las cortes distritales de Georgia (Estados Unidos) y Puerto Rico.El tráfico de estupefacientes lo realizaban mediante una red que contaminaba contenedores y embarcaciones en zonas portuarias no solo de Barranquilla, sino también de Santa Marta, según el reporte entregado a este medio.Asimismo, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, informó a través de su cuenta en X que los detenidos presuntamente forman parte de “una organización criminal vinculada al ‘Clan del Golfo’ y al grupo delincuencial ‘Los Pepes’”.Uno de los extraditables fue identificado como Armando Suárez Calvo. A los otros se les conoce con los alias de ‘El Viejo’, ‘Supervisor’, ‘Armando’, ‘Primo’ y ‘Guachupita’.El alto oficial expresó que, con estas capturas, se asestó un golpe a las finanzas de esta estructura criminal de más de 50 millones de dólares y se evitó la comercialización de 3,7 millones de dosis de cocaína.
Un insólito caso se registró en el centro de detención transitorio de Bellavista, en Cartagena, donde un abogado fue capturado porque pretendía ingresarle droga a su defendido.Según dio a conocer la Policía Metropolitana de Cartagena, el penalista solicitó ingresar al centro de detención para entrevistar a un detenido que se encontraba en el lugar y, al ser requisado, le fueron encontradas en sus bolsillos seis cápsulas que en su interior contenían marihuana.“Al momento en que se le practica un registro a la persona como protocolo para el ingreso al CDT, los uniformados le hallan en el interior de uno de los bolsillos de su pantalón un vapeador y una bolsa prensada de color negro, la cual, al ser verificada, contiene seis cápsulas esféricas con aproximadamente 100 gramos de marihuana”, explicó el coronel Carlos Julio Esteban, subcomandante de la Policía en Cartagena.El oficial, además, señaló que en lo corrido del año se han capturado seis personas intentando ingresar sustancias alucinógenas a este mismo centro de detención y que, a su vez, se han incautado más de 11 millones de pesos en estupefacientes.El abogado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares.
Los capturados fueron identificados como Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez, quienes fueron detenidos en Sabanalarga, Atlántico; San Pedro, Sucre; y en la vía San Onofre–Cartagena, en Bolívar.De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Rodríguez Burgos aceptó cargos tras ser señalado como el hombre que interceptó al fiscal en el parqueadero de un centro comercial, lo intimidó y golpeó para robarle un maletín con 128 millones de pesos recién retirados de un banco. En medio del forcejeo le arrebató el dinero y le disparó en dos oportunidades, ocasionándole la muerte.Por su parte, Arroyo Fernández habría participado en la huida del atacante a bordo de una motocicleta, mientras que Quiroz Rodríguez habría realizado labores de seguimiento para identificar el vehículo del fiscal y alertar sobre sus movimientos.Las investigaciones también establecieron que la mujer que presuntamente facilitó el arma utilizada y recibió el dinero hurtado fue posteriormente asesinada. La Fiscalía indaga si Los Viajeros están vinculados a este hecho.Además, las autoridades tienen evidencias que vinculan a esta red con al menos 36 fleteos cometidos en Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío, Antioquia y Cundinamarca. En estos casos, los asaltantes ingresaban a las entidades financieras haciéndose pasar por clientes y detectaban, por el sonido de las contadoras de billetes, a quienes retiraban altas sumas de dinero. A esas personas las identificaban, seguían y posteriormente interceptaban para arrebatarles de manera violenta sus recursos.Un fiscal de la Seccional Cundinamarca los presentó ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Los procesados también serán imputados en los próximos días por cuatro hechos adicionales.
La crisis del sector salud del departamento del Cesar toca fondo para las IPS que operan allí, en medio de deudas que alcanzan los $350 mil millones de pesos, por lo que ya se ha dado el cierre de al menos 222 camas en los últimos meses, lo que incluye camas pediátricas, de Unidades de Cuidados Intensivos y materno infantiles. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tres de cada cuatro usuarios en el departamento, pertenecen al sector subsidiado, lo que ha generado una alta dependencia de las clínicas y hospitales frente a los giros de las EPS, especialmente las que se encuentran bajo intervención del Gobierno. En medio de este difícil escenario, fue convocado un debate de control político en la Asamblea departamental del Cesar, en la que la gerente de la Clínica del Cesar, Lina Lima, rompió en llanto y aseguró que el sistema ya colapsó y que no hay con qué pagar a los trabajadores ni a los proveedores. "No podemos seguir hablando de una crisis cuando ya no es de decisión de las clínicas, decir, "Suspendo el servicio por que no me pagan." Y ahorita la decisión es "Suspendo el servicio porque no tengo con qué pagar." No tengo", manifestó al momento de su intervención. "Ustedes en estos momentos llegan a ver mi chat y se van a dar cuenta que hay miles de proveedores. Miles cobrando porque no se ha pagado. Esa es la realidad. No hay con qué pagar. Los empleados ya no nos ven como líderes que llevamos una administración para mejorar un servicio", expresó con la voz entrecortada y las lágrimas en sus ojos.
Diez años después, Shakira volvió a grabar en Barranquilla un video musical, luego de hacerlo en 2016 con Carlos Vives para la canción La bicicleta. La sorpresa la dio a sus seguidores en la noche de este miércoles en el sector del barrio Abajo, donde un área a la redonda de al menos seis calles fue clausurado al paso por un dispositivo de seguridad que buscaba permitir la ubicación de las cámaras, las luces y el personal para la grabación del videoclip que está bajo la dirección de Jaime de la Iguana y la producción de Keityn.En realidad, se trataba de la segunda jornada de grabación, pues la noche anterior, Shakira logró un despliegue de su equipo de producción, en el sector del Malecón, empleando locaciones como el Pabellón de Cristal y el Puerta de Oro, sin ser notada por sus seguidores.Pero esto fue inevitable este miércoles al ubicarse en el conocido museo a cielo abierto, en pleno corazón del barrio Abajo, donde hay varios murales alusivos a la cultura barranquillera. Hasta allí llegó el alcalde Alejandro Char a saludarla y agradecerle por su visita."Me encanta saludarte, ¿cómo has visto a tu Barranquilla?", le preguntó el mandatario. A lo que la artista respondió "Divina... lo que has hecho es uff". Para el rodaje del video llamó la atención que fue empleado un bus que tenía un letrero que decía Barranquilla en la zona frontal. Este era arrastrado por una grúa, mientras Shakira estaba al volante, junto a Beéle, recorriendo la zona del museo a cielo abierto. Además, fueron invitados los miembros de conocidos grupos folclóricos de la ciudad, así como miembros de las marimondas del Barrio Abajo, del Rumbón Normalista, el Congo Grande, entre otros, quienes tenían a cargo un momento de baile. Esto motivó a muchos a especular que juntos podrían estar haciendo una nueva versión del tema Te Olvidé, pero en realidad se trataría de un tema musical inédito. Ahora, sus seguidores cuestionan si el video que Beéle publicó con Shakira en el que la llamó “Coletica” sería una pista del contenido de la nueva letra. "Estoy aquí con mi coletica. Se está poniendo brilli mi coletica. Va a salir a bembear conmigo, mira allá va, allá viene", dice Beéle, mientras Shakira ríe. Coletica, una palabra que se relaciona con un asunto de identidad cultural para hacer referencia al estilo de vida en los barrios populares, es una expresión que el artista ha popularizado en los últimos meses, para lo que incluso utiliza en sus gorras letreros como "La coletera los hará libres". La grabación se extendió hasta las 5 de la mañana, luego de que la artista aterrizara en el sitio hacia las 10:50 de la mañana. Esta sería la última jornada, para lo que Shakira se prepara para descansar, junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes están junto con ella y sus padres.
El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
Cartagena de Indias se prepara para recibir a 9.500 corredores de 15 países en la novena edición de la Media Maratón del Mar 2026, programada para el próximo domingo, 22 de febrero. Con este evento, la ciudad heroica abrirá el calendario del running en Colombia mezclando deporte, turismo y proyección internacional.Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros. El flujo de visitantes convierte la carrera en una prueba logística para la capital de Bolívar.Recorrido Media Maratón del Mar 2026El recorrido partirá desde el Puerto de Cartagena y atravesará corredores urbanos y turísticos emblemáticos. Es una de las pocas competencias de media maratón en el mundo que inicia en un entorno portuario, un rasgo que refuerza su identidad.Logística, Expo y movimiento económicoLos días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí se entregarán los kits oficiales y participarán cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar.La organización espera alrededor de 20.000 visitantes durante la feria, lo que impactará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La carrera se consolida como un motor de turismo deportivo en temporada alta.El evento también incluye la MMM Kids, con recorridos de 1 y 2 kilómetros para niños y niñas. La apuesta amplía el alcance familiar y fortalece la cultura del running en la ciudad.Medalla, camisetas y presencia éliteLa edición 2026 presentó su medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena, símbolo de guía y perseverancia. El diseño integra elementos gráficos asociados al mar Caribe y al movimiento.Las camisetas oficiales fueron desarrolladas por ASICS, aliado técnico del evento durante los últimos cuatro años. La marca también tendrá en competencia a figuras como Kellys Arias y David Gómez González.El reto del clima y la preparación médicaMás allá del número de participantes, el principal desafío será el clima cálido y la alta humedad de Cartagena. La dirección médica recomendó llegar con al menos 48 horas de anticipación, priorizar la hidratación y evitar esfuerzos intensos previos.Durante la carrera, síntomas como mareos, náuseas o visión borrosa deben tomarse como señales de alerta. El operativo contará con ambulancias medicalizadas, desfibriladores y personal de atención prehospitalaria en distintos puntos del recorrido.
Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.