Toda una polémica se ha desatado en el Atlántico luego de la decisión en segunda instancia de un juez del Circuito de Soledad, quien otorgó la libertad por vencimiento de términos a Edgar Jair Aguilar Soto, hombres que estaba siendo investigado por el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, en hecho ocurrido en abril del año anterior en el barrio El Sinaí, suroccidente de Barranquilla.Aunque la Fiscalía afirmó que el procesado habría atacado a la mujer con un martillo dentro de la vivienda, el fallo sostuvo que el escrito de acusación fue presentado hace más de 100 días y no, aún no hay una fecha establecida para el inicio del juicio oral.Por tanto, la directora del movimiento amplio de mujeres, Ruth Pareja, rechazó la decisión y dice que desde las autoridades ya deben colocarle la lupa a los funcionarios que generan impunidad.“Con una enorme preocupación hemos recibido la noticia de la libertad del señor Edgar Aguilar, el presunto feminicida de Clara Milena Álvarez, el año pasado, en el mes de abril del año anterior. Elevamos una voz enérgica para que se abran procesos disciplinarios a los funcionarios públicos.Creo que llegó el momento de acciones disciplinarias a la Alta Judicatura, la Procuraduría debe poner la lupa a esto que se viene dando. Los vencimientos de término demuestran una vez más la ineficacia de funcionarios que no atienden. No es competencia de los familiares si ellos tienen o no muchísimo trabajo, porque internamente es una problemática que tendrán que resolver. ”, dijo inicialmente.“A la familia de la víctima lo que interesa es que haya una reparación, que haya justicia y que su caso no quede indudablemente en la impunidad. Hoy la dignidad humana está por encima de vencimientos de término. Rechazamos de manera contundente estas acciones de violencia que se ejercen sobre las víctimas”, agregó.Recordemos que Edgar Jair se entregó a las autoridades en abril del año anterior, aunque en audiencias posteriores rechazó los cargos de la Fiscalía por feminicidio agravado.Hechos violentosBajo alerta están los uniformados de la Policía en Atlántico debido a tres nuevos atentados criminales que se registraron en esta jurisdicción, acabando con la vida del mismo número de personas y dejando a otro más herido.El caso más relevante ocurrió anoche en el municipio de Sabanagrande, donde murió Adrián Enrique Barrio, conocido según las autoridades como alias 'El chino o Mecánico', hombre de 28 años que registra 34 anotaciones por delitos como fuga de preso y porte ilegal de armas.El hoy occiso estaba en plena calle, al parecer violando su detención domiciliaria, cuando sicarios llegaron a dispararle. Allí otro joven de 21 resultó herido.Por otro lado, en Barranquilla, hubo dos homicidios en los barrios La Sierrita y Ciudad Modesto, cuyas víctimas fueron identificadas como Edwin Junior Morales Mercado y Alex Ariza Romero.Del primero se dice que era un presunto integrante de una pandilla llamada "Los Z”, mientras que del segundo se analiza una discusión que tuvo con un aparente miembro de la banda Los Pepes.
Carnaval de Barranquilla tendrá nuevo gerente para el próximo año, pues se espera que en las próximas horas sea anunciada oficialmente la salida de Juan José Jaramillo, quien hasta este fin de semana estuvo en el cargo que pasará a las manos de Juan Carlos Ospino, actual Secretario Distrital de Cultura.Hasta el momento no se sabe si la llegada de Ospino a la dirección de la fiesta más importante de la región Caribe es permanente o mientras se define a una nueva persona. Sin embargo, se conoció que la salida de Jaramillo se tomó en medio del balance que desde las autoridades hacen de los Carnavales.Al parecer las invasiones y desorden del público que se registraron en los desfiles de la vía 40, especialmente en la Batalla de Flores, siendo este una de las citas más importantes de las carnestolendas, fueron fundamentales para definir el final de su gestión.Así las cosas, poco más de un año estuvo Juan José Jaramillo en la gerencia de Carnaval S.A., pues recordemos que llegó a ese cargo en enero de 2025, en reemplazo de Sandra Gómez, quien permanecía allí desde 2021.¿Quién es Juan José Jaramillo?Juan José Jaramillo llegó hasta Carnaval S.A. con el compromiso de robustecer el legado patrimonial reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, según dató la Alcaldía de Barranquilla en su tiempo.El alcalde Alejandro Char le dio la bienvenida por las redes sociales: ““Quiero darle la bienvenida a Juan José Jaramillo, nuevo gerente de @Carnaval_SA. Estoy convencido de que, con su experiencia y amor por nuestras tradiciones, llevará el Carnaval de Barranquilla a otro nivel, manteniendo viva la esencia que nos llena de orgullo. Agradecemos a Sandra Gómez por su compromiso al frente de @Carnaval_SA”.En ese orden, Jaramillo cuenta con una gran trayectoria en los sectores público y privado. Lideró la formalización de artistas, la consolidación de la bolsa de estímulos y la creación de proyectos innovadores como Baila la Calle y el Museo del Carnaval. Su experiencia institucional incluye la dirección de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (CLENA).Es psicólogo de la Universidad del Norte, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y estudios en políticas públicas. Jaramillo, además, tiene un fuerte vínculo con el Carnaval como cumbiambero en distintos grupos folclóricos como la Cipote Vaina, Cumbiamba del Carajo, y miembro de la comparsa Los Gorilas.
A la espera de una cita con directivos de la Superintendencia Nacional de Salud están las madres de 36 niños en condición de discapacidad en el departamento del Atlántico, debido a que desde octubre del año anterior están suspendidos sus tratamientos por la falta de medicamentos, especialmente anticonvulsivantes.Por tal motivo, manifiesta la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia en este departamento, Rosalba Amaranto, que de no recibir respuesta harán un plantón indefinido a las afueras de esta entidad, pues ya ni prestándose los medicamentos logran estabilizar a sus hijos.“Realmente la Nueva EPS le está colocando la lápida a cada paciente. Tengo toda una carga emocional de ver tantas mamás que me llaman preocupadas, llorando, desesperadas. Entre nosotras mismas hemos tenido que sortear la situación, resolverla, prestar medicamentos para evitar que los niños convulsionen. Sin embargo, cada día se agota ese recurso”, declaró a Blu Radio.Amaranto mira con preocupación que ni las tutelas han sido suficientes para solucionar la problemática, por lo que considera que los jueces deben endurecer sus sanciones hacia los gerentes e interventores de estas EPS.“Hay pacientes que tengo que desde el mes de octubre no le entregan anticonvulsivantes y eso es grave. Eso es gravísimo. Sabe muy bien que los pacientes que convulsionan donde no tomen los medicamentos y comiencen esos episodios continuos, pueden llevar al paciente a un estatus cerebral y quizás llegar a un paro respiratorio, por Dios. Esto no puede seguir sucediendo ni en Barranquilla ni en ninguna ciudad de Colombia. Todos los niños que tienen estas condiciones necesitan sus medicamentos”, agregó.La Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia le ha tendido la mano a más de 400 niños en condición de discapacidad, trabajan por la defensa de sus derechos fundamentales y motivan a sus padres a sacarlos adelante. No solo tienen sede en el Atlántico, sino en varias partes del país.
Luego de un recorrido por las obras, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció este fin de semana que julio fue el mes escogido para la entrega de la Gran Vía, un corredor que abarca gran parte de la zona universitaria y residencial de Villa Campestre, en Puerto Colombia, y cuyos trabajos estaban programados para 18 meses y ya llevan 3 años.El anuncio se da en medio de la indagación preliminar que fue abierta por la Contraloría en este proyecto, del que dicen que propició quiebra en negocios, embotellamiento de la movilidad y desmejora de la calidad de vida de la comunidad.No obstante, el ingeniero de la Gobernación, Juan Pablo Deik, asoció los retrasos a la complejidad en la reubicación de redes hidráulicas y eléctricas, así como a los ajustes derivados del crecimiento urbanístico del sector.“En materia hidráulica, la capacidad se cuadruplicará al pasar de tuberías de 12 a 24 pulgadas, mientras que se instalarán más de 40 ductos para fibra óptica en ambos costados, lo que consolida una infraestructura que integra movilidad, drenaje y conectividad digital”, apuntó.El gobernador reconoció las afectaciones que ha generado la construcción en el sector residencial y educativo del corredor.“Este es el conector principal de la 51B y el que va a manejar todo lo relacionado con las vertientes hidráulicas. Hemos estado aquí dialogando con la comunidad y con el equipo técnico para tomar decisiones conjuntas y garantizar que la obra cumpla con todas las características técnicas. Si todo sigue normal, a mitad de julio debe estar funcionando con tráfico por la parte superior e inferior”, afirmó el mandatario.“Sabemos que una obra de esta magnitud no se hace sin impactar la tranquilidad y la movilidad de quienes viven aquí. Les pedimos excusas por las incomodidades, pero estamos convencidos de que, cuando terminemos, los beneficios serán evidentes para todos”, expresó.Representantes de la comunidad manifestaron expectativa frente a la fecha anunciada. Así lo expresó Camilo Manotas, vecino del sector. “Estamos viendo movimiento y esperamos que efectivamente se termine en julio. La primera unidad funcional ya demuestra el cambio y el progreso; cuando esta segunda fase esté lista, seguramente todo será gozo”, declaró.Desde el componente técnico se explicó que la intervención incrementará en 50 % la capacidad vehicular y duplicará la capacidad peatonal. Además, incorporará cicloruta y renovación total de redes eléctricas bajo normativa vigente.Para terminar esta también llamada Unidad Funcional 2, dice la Gobernación, se requieren obras complementarias como el puente entre la Universidad Libre y la Universidad San Martín y la glorieta hacia la Vía de la Prosperidad, lo que representa inversiones adicionales estimadas entre 13.000 y 15.000 millones de pesos.
'El Cantante' se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la salsa y en la canción que mejor representó la voz de Héctor Lavoe durante su carrera. Aunque muchos lo asocian directamente con el cantante puertorriqueño, este tema fue compuesto originalmente por Rubén Blades, cantautor panameño con trayectoria propia en la música latina. La canción surgió en 1978 y fue incluida en el álbum Comedia, un trabajo en el que Lavoe buscaba consolidar un regreso artístico tras un periodo difícil en su vida y carrera. Blades escribió la letra pensando en la vida personal y profesional de un intérprete, describiendo los retos de presentarse en el escenario y la dualidad entre la figura pública y la persona detrás de la fama. ¿Por qué Héctor Lavoe interpretó 'El Cantante'?Aunque Rubén Blades tenía intenciones de interpretar El Cantante por sí mismo, la canción terminó en manos de Lavoe por decisión del productor Willie Colón, quien trabajaba con Lavoe en ese momento. Colón, figura influyente dentro del sello Fania Records, reconoció que la letra y el mensaje del tema encajaban de forma orgánica con la trayectoria y estilo de Lavoe. Por esa razón solicitó a Blades la cesión de la canción para que Lavoe fuera quien la interpretara. La idea de ceder el tema obedeció tanto a consideraciones musicales como a una estrategia para fortalecer la carrera de Lavoe, que en ese momento enfrentaba desafíos personales. Blades aceptó entregar la canción, con la convicción de que 'El Cantante' resonaría de manera más auténtica en la voz de Lavoe. El papel de Willie Colón en el éxito de 'El Cantante'Willie Colón no solo fue productor del álbum Comedia, sino también uno de los artífices del contexto en el que la canción se consolidó como un clásico, pues entendió que la letra escrita por Blades sobre la vida del intérprete, combinada con la voz de Lavoe, podía transformarse en un sello distintivo dentro de la salsa. Como resultado, 'El Cantante' destacó en las emisoras y entre el público, marcando un punto clave en la carrera de Lavoe y en la historia del género.Aunque no existió un conflicto abierto entre los autores sobre la canción, sí hubo un proceso de negociación y decisión artística, Blades aceptó ceder los derechos de interpretación, y la producción de Colón aseguró que el tema se convirtiera en la pieza principal del álbum. Además, 'El Cantante' no solo se convirtió en el tema insignia de Lavoe, sino en una de las canciones más representativas de toda la salsa, con reconocimiento internacional y presencia constante en eventos y playlists de música latina. Muchos consideran que, sin el impulso de Colón y la interpretación de Lavoe, el tema no habría tenido el mismo impacto cultural.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Danilo Chavarro Chavarro en entrevista con Conducta Delictiva Podcast, entregó su versión sobre el intento de feminicidio por el que hoy paga una condena de 16 años, un mes y 15 días de prisión. El hombre reconoció que la relación estuvo marcada por los celos, el control y la violencia. La historia comenzó en Boyacá, cuando él, 21 años mayor que la joven, la conoció mientras promocionaba la carrera musical de su hijo. Tras varios años de comunicación telefónica, iniciaron una convivencia que se extendió por casi siete años y de la que nacieron dos hijos.Durante ese tiempo, según su propio testimonio, hubo episodios de infidelidad, discusiones constantes y comportamientos posesivos. Chavarro calificó su actitud como un “machismo extraño” y admitió que la relación se deterioró progresivamente. La situación escaló en Semana Santa de 2023, cuando rompió los vidrios de la vivienda de su expareja en medio de un ataque de ira y luego la vio con otro hombre. Para entonces, la mujer ya contaba con una medida de protección y existían procesos activos en comisarías de familia.Pese a esas restricciones, el acoso continuó. Chavarro confesó haber enviado más de 200 mensajes intimidatorios, incluyendo fotografías de armas. “Mire, la voy a matar, llévenla... por favor les decía yo, en un mes se me va a pasar la tontada, llévenla”, relató. Días después, el 18 de abril de 2023, tras una audiencia judicial en la que fue sancionado económicamente por amenazas, aseguró que tomó la decisión de atentar contra ella. “Ese día yo salí hecho un demonio... dije: ‘Hoy compro, hoy acabo con esa mujer’”, afirmó, al explicar que vendió equipos de sonido para adquirir un revólver por tres millones de pesos.El ataque ocurrió hacia las 11:00 de la noche, en el norte de Bogotá, cuando la víctima salía de una cantina. “Me bajo de ese carro, la llamo por su nombre y le doy tres impactos”, describió sobre el momento en que disparó. Tras el hecho, se retiró unos metros con la intención de ser capturado, convencido de que ella había muerto. No obstante, la rápida reacción de la Policía y el traslado inmediato a un centro asistencial permitieron salvarle la vida, aunque quedó con secuelas físicas permanentes.Cuatro meses después de los hechos, la mujer lo visitó en prisión y, según contó el propio condenado, le otorgó su perdón en presencia de sus hijos. Actualmente mantienen contacto telefónico y, de acuerdo con Chavarro, trabajan en una iniciativa para promover la prevención de la violencia de género y el respeto por las decisiones de pareja, mientras él continúa cumpliendo su condena en el centro penitenciario.
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 21 de febrero de 2026:Se debatió sobre: ¿El uso de animales para el transporte turístico es tradición cultural o maltrato animal? Se mencionaron casos como la prohibición del transporte en elefantes en Tailandia y el reemplazo de coches de caballos por vehículos eléctricos en Cartagena, resaltando el bienestar animal y la responsabilidad del turismo.Como tema central se habló sobre turismo y filantropía en Quimbaya, Quindío. Liliana Ospina, creadora de Casa de los Sueños Colombia, explicó cómo su proyecto de hospedaje integra impacto social, apoyo a la educación rural, generación de empleo y fortalecimiento de la comunidad campesina a través del turismo responsable.En ‘Recomendado’, se destacó Tampa Bay, Florida, como un destino ideal para viajeros colombianos. Se resaltaron sus paseos urbanos, parques frente al río, oferta gastronómica, actividades al aire libre y su conectividad, posicionándola como base estratégica para vacaciones y grandes eventos deportivos.En ‘Cinema Travel’, se enfatizó en el documental Epic sobre Elvis Presley, se explicó cómo esta producción remasteriza conciertos inéditos del artista y conecta cine y turismo con destinos como Las Vegas y Hawái, resaltando su importancia cultural y turística.En ‘El mundo a la carta’, se mencionó Finlandia, Quindío. Se descubrió el restaurante José Fernando, que propone un recorrido gastronómico por Colombia con cocina al vacío, productos locales y platos insignia como la canilla de cerdo, uniendo arquitectura tradicional y alta cocina.En ‘Paisaje sonoro’, se viajó al fondo del mar en La Parguera, Puerto Rico. A través del sonido de la respiración en el buceo, se destacó esta experiencia como una forma de conexión con la naturaleza, manejo del estrés y turismo de aventura consciente.
Una discusión por una mascota terminó en un caso que, 13 años después, sigue generando cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en Playa del Carmen, en México. Roberto quedó con cuadriplejia tras un ataque ocurrido el 20 de enero de 2013, luego de reclamarle a una vecina porque sus perros ingresaron sin correa a su vivienda y orinaron en el interior.Según el relato del afectado en Pepe y Chema Podcast, los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la mañana, cuando decidió confrontar a María Fernanda, residente de la casa 29 del mismo conjunto residencial, por el incumplimiento de las normas de convivencia. Roberto había sido administrador del condominio durante cuatro años y asegura que el trato con la mujer y su familia era únicamente cordial y “diplomático”. Sin embargo, tras el reclamo, la situación escaló cuando ella alertó a su esposo, Rodrigo Galán, quien ingresó a la propiedad armado con un dispositivo de descargas eléctricas tipo taser.De acuerdo con la víctima, fue inmovilizado con una descarga en el pecho y, una vez en el suelo, recibió múltiples golpes. En medio de la agresión, Roberto asegura que escuchó a la mujer gritarle a su esposo: “¿ya lo mataste o qué o ya lo matamos?”. Un golpe en la nuca le provocó fracturas en las vértebras cervicales C3 y C4, generándole una lesión medular irreversible que lo dejó sin movilidad en brazos y piernas.El proceso judicial, según denuncia la familia, ha estado marcado por irregularidades. La Fiscalía local informó en su momento que el video de seguridad que registraba el ataque, y que había sido entregado como prueba, se había “perdido” dentro de sus instalaciones. Además, el caso fue tipificado inicialmente como lesiones calificadas y no como intento de homicidio, lo que permitió que los señalados enfrentaran el proceso en libertad.Aunque hace un año y medio se emitió una sentencia que condena a Rodrigo Galán a 10 años y un mes de prisión, además del pago por reparación del daño, el hombre continúa en libertad mientras se resuelven recursos de amparo interpuestos por su defensa. Desde Ciudad de México, donde reside actualmente, Roberto enfrenta los altos costos médicos derivados de su condición, a la espera de que el fallo judicial quede en firme.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
Varios son los cuestionamientos que rodean la decisión de la jueza Amalia Rondón Bohórquez, quien el pasado 14 de agosto ordenó suspender la realización de la prueba escrita que más de 100.000 personas tienen prevista realizar este domingo, debido a que admitió una tutela a favor de un ciudadano que reclamó ser tenido en cuenta, pese a no llenar el total de requisitos sobre experiencia laboral. En un oficio enviado el 19 de agosto a la juez por parte de Carlos Humberto Moreno, subdirector nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía, solicita a la togada que se declare impedida para tomar una decisión en este proceso y que, en contraparte, levante la orden de suspensión impartida. En detalle, presenta que Rondón Bohórquez se inscribió al concurso para ser tenida en cuenta en la asignación de más de 4.000 puestos en la entidad, pero que fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral, según los requerimientos establecidos para este concurso. Lo anterior sería un dato menor, de no ser porque esta es la misma situación que presenta Nelson Uribe Martínez, el tutelante, a quien le admitió el proceso, por lo que consideran que una decisión en sentido favorable "conllevaría directamente a un interés particular sobre el estado actual de la doctora Amalia". "Puede apoyar de manera indirecta a futuras demandas y requerimientos en su caso particular. Por lo anterior y ante la similitud fáctica del caso del accionante con la juez de conocimiento no es posible para la judicatura garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia de las actuaciones judiciales por parte del funcionario judicial de conocimiento", indica el documento. La polémica genera amplias discusionesLa sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5.000 millones de pesos, según cifras de la Fiscalía.
A través de una medida provisional de suspensión, la jueza Amelia Rondón, del juzgado de circuito laboral 9 de Barranquilla, posterga la realización de las pruebas escritas que estaban previstas para el próximo 24 de agosto en todo el país, en medio del concurso al que más de 100.000 personas aspiran a 4.000 empleos en la Fiscalía General de la Nación. Esto se da a partir de una admisión que realizó la jueza a una tutela presentada por Nelson Uribe Martínez, un ciudadano que aspira al proceso y que no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que su experiencia en docencia universitaria no era equiparable a la experiencia como abogado que se solicitaba en la convocatoria. De acuerdo con lo que falló la jueza Rondón, las pruebas no podrán ser realizadas hasta que "se profiera un fallo de fondo de la presente acción", es decir, hasta que la Universidad Libre responda a la tutela presentada por Uribe Martínez. Pese a que este fallo fue el pasado 14 de agosto, hasta el momento se desconoce si ya hubo una respuesta, pues por lo pronto está suspendida la realización de la prueba escrita. Vale la pena mencionar que este concurso está siendo organizado desde marzo pasado, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, para que se regularizará la contratación del personal que desde hace años trabajaba en calidad de provisionalidad. Para esto fue habilitada una etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, para lo que los aspirantes debían presentar documentos que acreditara su experiencia, siendo que el pasado 13 de agosto fue publicada la lista de los preelegidos.
Luego de que dos turistas mexicanos denunciaran que fueron víctimas de una estafa y un cobro casi extorsivo durante un paseo a la isla de Tierrabomba, en la zona de Cartagena, las autoridades distritales anunciaron una serie de medidas para poner en “cintura” a los operadores turísticos involucrados en este desafortunado hecho.Tras identificar a los tripulantes de la embarcación en la que se habría obligado a pagar $1.800.000 pesos a los turistas bajo la amenaza de no regresarlos a la orilla, la Secretaría de Turismo reportó el cobro irregular ante la Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, logrando la suspensión inmediata del datáfono utilizado en el establecimiento de comercio.Asimismo, la embarcación involucrada en el hecho fue reportada ante la Dirección General Marítima, con el fin que se establezca si cumple con toda la documentación requerida para su operación marítima.Devolvieron parte del dineroPor su parte, la Secretaría del Interior dio a conocer que los cuestionados operadores devolvieron parte del dinero que fue cobrado a los turistas, exactamente 800 mil pesos. Sin embargo, no se ha informado aún que pasa con el resto del dinero.“No vamos a permitir que malas prácticas empañen la imagen de Cartagena ni pongan en riesgo la seguridad de quienes confían en nuestra ciudad como destino turístico. Actuaremos con toda la contundencia de la ley frente a estos hechos”, señaló Teremar Londoño, secretaria de turismo de Cartagena.Cabe recordar que la promesa de una tarde de playa en una isla paradísiaca, se convirtió en una pesadilla digna de una película en altamar para dos turistas mexicanos este fin de semana en Cartagena.Según el relato de los visitantes, todo inició cuando se encontraban en las playas de Bocagrande y fueron contactados por dos operadores turísticos que les ofrecieron llevarlos a una playa en la isla de Tierrabomba, en donde solo debían pagar por el consumo que hicieran en el lugar, y el transporte de la lancha cuyo valor era de 80.000 pesos ida y regreso.Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, y justo cuando venían de regreso a la ciudad tras permanecer una hora y 30 minutos en una playa conocida como ‘Paraíso de sol’, en pleno viaje en la mitad del mar y bajo amenazas, los conductores de la embarcación y otras tres personas que se subieron a la misma, les obligaron a pagar $1.800.000 por el supuesto uso de las instalaciones de la playa. Algo que, aseguran, nunca estuvo pactado en la negociación inicial.“De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los club de playa de la isla de Tierrabomba, el cual tenía un costo de 1,800,000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio (…) Prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a dejar bajar, se pusieron muy agresivos, sino le pagamos esa suma”, contó en diálogo con Blu Radio, Gretel Miranda, la mexicana afectada.Estamos entregando todo el material a la Fiscalía: PolicíaEntretanto, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que una vez los turistas interpusieron la denuncia se activó el protocolo para este tipo de casos, y que todo el material probatorio está en este momento en manos de la Fiscalía.“Inmediatamente conocida la denuncia, la Policía Nacional empieza la ubicación de la embarcación, lo cual fue imposible. Al otro día, sin embargo, el dueño de la embarcación se presenta ante las autoridades, juntos a las otras dos personas, que a través de la denuncia están siendo caracterizadas. En este momento se tienen identificadas unas personas y por supuesto la Policía Nacional está dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación, todo lo que hemos tenido conocimiento, a través de la denuncia para hacer una ampliación de la misma”, detalló el general Gerlver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.
El millonario robo a una joyería en la ciudad de Barranquilla, ubicada en un prestigioso centro comercial de la capital del Atlántico y a solo tres cuadras de la casa del alcalde Alejandro Char, quedó grabado en un video que ya empezó a circular en las redes sociales.En la grabación se ve como varios delincuentes ingresaron al local y se llevaron un millonario botín en solo minutos, intimidando a la vendedora del local para que le entregaran la mercancía y les diera acceso a las vitrinas. Por el hecho, fueron capturadas seis personas, a quienes esta tarde, según lo conoció Blu radio, le estaban allanando sus casa en busca de pruebas que permitan esclarecer la planeación y ejecución del millonario robo.Hasta este martes se desconoce el monto exacto de lo hurtado, sin embargo, se estima que el valor de las joyas y artículos de lujo hurtados supera varios cientos de millones, ya que dejaron, prácticamente, vacías las estanterías.¿Quién estaría detrás del millonario robo?La banda delincuencial Los Costeños estaría detrás del millonario robo a la joyería Neogold, ubicada en el centro comercial Le Meridiem Golf, en el norte de Barranquilla.Testigos contaron a la Policía que una pareja, acompañada supuestamente de su escolta, llegaron el domingo al establecimiento fingiendo interés en comprar algunas prendas de oro, por lo que le pidieron a una de las vendedoras que le mostrara varias de las joyas exhibidas, sin embargo, una vez afuera sacaron armas de fuego y comenzaron a guardar las prensas en maletines.Los tres delincuentes y otro cómplice que estaba a las afueras del local salieron a toda prisa para escapar en dos carros que los esperaban, sin embargo, uno de ellos fue capturado por la Policía en el mismo Centro Comercial.La persecución de las patrullas a los dos vehículos se extendió hasta el municipio de Soledad, donde finalmente fueron interceptados los dos carros y capturaron a cinco personas que habían escondido el botín en los ductos del aire acondicionado y en la caja de cambio.Los capturados fueron identificados como Maicol Duglas Villarreal Martínez, Danny José Cantillo Tirado, Samuel David Calderón Ramos, Ricardo José De La Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez.Entre las joyas recuperadas hay anillos, cadenas, pulseras, dijes, aretes los cuales están avaluados en 30 millones de pesos, sin embargo, se estima que el robo fue aún mayor y otros delincuentes huyeron con el resto del botín.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.