Toda una polémica se ha desatado en el Atlántico luego de la decisión en segunda instancia de un juez del Circuito de Soledad, quien otorgó la libertad por vencimiento de términos a Edgar Jair Aguilar Soto, hombres que estaba siendo investigado por el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, en hecho ocurrido en abril del año anterior en el barrio El Sinaí, suroccidente de Barranquilla.Aunque la Fiscalía afirmó que el procesado habría atacado a la mujer con un martillo dentro de la vivienda, el fallo sostuvo que el escrito de acusación fue presentado hace más de 100 días y no, aún no hay una fecha establecida para el inicio del juicio oral.Por tanto, la directora del movimiento amplio de mujeres, Ruth Pareja, rechazó la decisión y dice que desde las autoridades ya deben colocarle la lupa a los funcionarios que generan impunidad.“Con una enorme preocupación hemos recibido la noticia de la libertad del señor Edgar Aguilar, el presunto feminicida de Clara Milena Álvarez, el año pasado, en el mes de abril del año anterior. Elevamos una voz enérgica para que se abran procesos disciplinarios a los funcionarios públicos.Creo que llegó el momento de acciones disciplinarias a la Alta Judicatura, la Procuraduría debe poner la lupa a esto que se viene dando. Los vencimientos de término demuestran una vez más la ineficacia de funcionarios que no atienden. No es competencia de los familiares si ellos tienen o no muchísimo trabajo, porque internamente es una problemática que tendrán que resolver. ”, dijo inicialmente.“A la familia de la víctima lo que interesa es que haya una reparación, que haya justicia y que su caso no quede indudablemente en la impunidad. Hoy la dignidad humana está por encima de vencimientos de término. Rechazamos de manera contundente estas acciones de violencia que se ejercen sobre las víctimas”, agregó.Recordemos que Edgar Jair se entregó a las autoridades en abril del año anterior, aunque en audiencias posteriores rechazó los cargos de la Fiscalía por feminicidio agravado.Hechos violentosBajo alerta están los uniformados de la Policía en Atlántico debido a tres nuevos atentados criminales que se registraron en esta jurisdicción, acabando con la vida del mismo número de personas y dejando a otro más herido.El caso más relevante ocurrió anoche en el municipio de Sabanagrande, donde murió Adrián Enrique Barrio, conocido según las autoridades como alias 'El chino o Mecánico', hombre de 28 años que registra 34 anotaciones por delitos como fuga de preso y porte ilegal de armas.El hoy occiso estaba en plena calle, al parecer violando su detención domiciliaria, cuando sicarios llegaron a dispararle. Allí otro joven de 21 resultó herido.Por otro lado, en Barranquilla, hubo dos homicidios en los barrios La Sierrita y Ciudad Modesto, cuyas víctimas fueron identificadas como Edwin Junior Morales Mercado y Alex Ariza Romero.Del primero se dice que era un presunto integrante de una pandilla llamada "Los Z”, mientras que del segundo se analiza una discusión que tuvo con un aparente miembro de la banda Los Pepes.
Carnaval de Barranquilla tendrá nuevo gerente para el próximo año, pues se espera que en las próximas horas sea anunciada oficialmente la salida de Juan José Jaramillo, quien hasta este fin de semana estuvo en el cargo que pasará a las manos de Juan Carlos Ospino, actual Secretario Distrital de Cultura.Hasta el momento no se sabe si la llegada de Ospino a la dirección de la fiesta más importante de la región Caribe es permanente o mientras se define a una nueva persona. Sin embargo, se conoció que la salida de Jaramillo se tomó en medio del balance que desde las autoridades hacen de los Carnavales.Al parecer las invasiones y desorden del público que se registraron en los desfiles de la vía 40, especialmente en la Batalla de Flores, siendo este una de las citas más importantes de las carnestolendas, fueron fundamentales para definir el final de su gestión.Así las cosas, poco más de un año estuvo Juan José Jaramillo en la gerencia de Carnaval S.A., pues recordemos que llegó a ese cargo en enero de 2025, en reemplazo de Sandra Gómez, quien permanecía allí desde 2021.¿Quién es Juan José Jaramillo?Juan José Jaramillo llegó hasta Carnaval S.A. con el compromiso de robustecer el legado patrimonial reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, según dató la Alcaldía de Barranquilla en su tiempo.El alcalde Alejandro Char le dio la bienvenida por las redes sociales: ““Quiero darle la bienvenida a Juan José Jaramillo, nuevo gerente de @Carnaval_SA. Estoy convencido de que, con su experiencia y amor por nuestras tradiciones, llevará el Carnaval de Barranquilla a otro nivel, manteniendo viva la esencia que nos llena de orgullo. Agradecemos a Sandra Gómez por su compromiso al frente de @Carnaval_SA”.En ese orden, Jaramillo cuenta con una gran trayectoria en los sectores público y privado. Lideró la formalización de artistas, la consolidación de la bolsa de estímulos y la creación de proyectos innovadores como Baila la Calle y el Museo del Carnaval. Su experiencia institucional incluye la dirección de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (CLENA).Es psicólogo de la Universidad del Norte, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y estudios en políticas públicas. Jaramillo, además, tiene un fuerte vínculo con el Carnaval como cumbiambero en distintos grupos folclóricos como la Cipote Vaina, Cumbiamba del Carajo, y miembro de la comparsa Los Gorilas.
A la espera de una cita con directivos de la Superintendencia Nacional de Salud están las madres de 36 niños en condición de discapacidad en el departamento del Atlántico, debido a que desde octubre del año anterior están suspendidos sus tratamientos por la falta de medicamentos, especialmente anticonvulsivantes.Por tal motivo, manifiesta la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia en este departamento, Rosalba Amaranto, que de no recibir respuesta harán un plantón indefinido a las afueras de esta entidad, pues ya ni prestándose los medicamentos logran estabilizar a sus hijos.“Realmente la Nueva EPS le está colocando la lápida a cada paciente. Tengo toda una carga emocional de ver tantas mamás que me llaman preocupadas, llorando, desesperadas. Entre nosotras mismas hemos tenido que sortear la situación, resolverla, prestar medicamentos para evitar que los niños convulsionen. Sin embargo, cada día se agota ese recurso”, declaró a Blu Radio.Amaranto mira con preocupación que ni las tutelas han sido suficientes para solucionar la problemática, por lo que considera que los jueces deben endurecer sus sanciones hacia los gerentes e interventores de estas EPS.“Hay pacientes que tengo que desde el mes de octubre no le entregan anticonvulsivantes y eso es grave. Eso es gravísimo. Sabe muy bien que los pacientes que convulsionan donde no tomen los medicamentos y comiencen esos episodios continuos, pueden llevar al paciente a un estatus cerebral y quizás llegar a un paro respiratorio, por Dios. Esto no puede seguir sucediendo ni en Barranquilla ni en ninguna ciudad de Colombia. Todos los niños que tienen estas condiciones necesitan sus medicamentos”, agregó.La Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia le ha tendido la mano a más de 400 niños en condición de discapacidad, trabajan por la defensa de sus derechos fundamentales y motivan a sus padres a sacarlos adelante. No solo tienen sede en el Atlántico, sino en varias partes del país.
Luego de un recorrido por las obras, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció este fin de semana que julio fue el mes escogido para la entrega de la Gran Vía, un corredor que abarca gran parte de la zona universitaria y residencial de Villa Campestre, en Puerto Colombia, y cuyos trabajos estaban programados para 18 meses y ya llevan 3 años.El anuncio se da en medio de la indagación preliminar que fue abierta por la Contraloría en este proyecto, del que dicen que propició quiebra en negocios, embotellamiento de la movilidad y desmejora de la calidad de vida de la comunidad.No obstante, el ingeniero de la Gobernación, Juan Pablo Deik, asoció los retrasos a la complejidad en la reubicación de redes hidráulicas y eléctricas, así como a los ajustes derivados del crecimiento urbanístico del sector.“En materia hidráulica, la capacidad se cuadruplicará al pasar de tuberías de 12 a 24 pulgadas, mientras que se instalarán más de 40 ductos para fibra óptica en ambos costados, lo que consolida una infraestructura que integra movilidad, drenaje y conectividad digital”, apuntó.El gobernador reconoció las afectaciones que ha generado la construcción en el sector residencial y educativo del corredor.“Este es el conector principal de la 51B y el que va a manejar todo lo relacionado con las vertientes hidráulicas. Hemos estado aquí dialogando con la comunidad y con el equipo técnico para tomar decisiones conjuntas y garantizar que la obra cumpla con todas las características técnicas. Si todo sigue normal, a mitad de julio debe estar funcionando con tráfico por la parte superior e inferior”, afirmó el mandatario.“Sabemos que una obra de esta magnitud no se hace sin impactar la tranquilidad y la movilidad de quienes viven aquí. Les pedimos excusas por las incomodidades, pero estamos convencidos de que, cuando terminemos, los beneficios serán evidentes para todos”, expresó.Representantes de la comunidad manifestaron expectativa frente a la fecha anunciada. Así lo expresó Camilo Manotas, vecino del sector. “Estamos viendo movimiento y esperamos que efectivamente se termine en julio. La primera unidad funcional ya demuestra el cambio y el progreso; cuando esta segunda fase esté lista, seguramente todo será gozo”, declaró.Desde el componente técnico se explicó que la intervención incrementará en 50 % la capacidad vehicular y duplicará la capacidad peatonal. Además, incorporará cicloruta y renovación total de redes eléctricas bajo normativa vigente.Para terminar esta también llamada Unidad Funcional 2, dice la Gobernación, se requieren obras complementarias como el puente entre la Universidad Libre y la Universidad San Martín y la glorieta hacia la Vía de la Prosperidad, lo que representa inversiones adicionales estimadas entre 13.000 y 15.000 millones de pesos.
El papa León XIV instó este domingo a los fieles a que en el tiempo de Cuaresma, el periodo que precede a la Semana Santa, den espacio al silencio y apaguen un poco la televisión y el teléfono y dediquen tiempo a los ancianos y más necesitados.León XIV aseguró durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro que estos actos de penitencia "lejos de empobrecer nuestra humanidad, la enriquece, purificándola y fortaleciéndola en su camino hacia un horizonte".Por ello, instó a los católicos a que "junto con la oración y las obras de misericordia" den "espacio al silencio, apaguemos un poco los televisores, la radio y los teléfonos móviles".Asimismo pidió: "escuchémonos unos a otros, en las familias, en los lugares de trabajo y en las comunidades. Dediquemos tiempo a los que están solos, especialmente a los ancianos, a los pobres y a los enfermos".También indicó a los católicos que renuncien a lo superfluo y compartan "lo que ahorramos con quienes carecen de lo necesario".El papa empieza sus ejercicios espiritualesDesde esta tarde hasta el próximo viernes 27 de febrero, el papa comenzará la semana de ejercicios espirituales con toda la Curia Romana y se suspenden todos los compromisos públicos, incluida la audiencia del miércoles.León XIV, junto con miembros de la Curia Romana, participará en los ejercicios espirituales que se celebrarán cada día la Capilla Paulina del palacio apostólico y será el obispo de Trondheim, Noruega, Erik Varden, un monje trapense, quien dirigirá estas meditaciones sobre el tema "Iluminados por una gloria oculta".El retiro espiritual de una semana para la Curia Romana fue establecido en 1929 por el papa Pío XI con la encíclica Mens Nostra, y Francisco durante varios años llevó a toda la Curia fuera de Roma para celebrarlo.
El programa del sábado, 21 de febrero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:En Orgullo País, se anunció el inicio de una alianza de largo plazo con 4Eskuela, enfocada en un proceso comunitario de formación artística con sede en Medellín.En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre no juzgar a las personas que nos rodean.En el Tema Central, se habló con Rut Komori, feng shui máster y terapeuta holística, sobre las energías que se encuentran en los diferentes puntos de la casa.En 'La maquina de la verdad', se habló del cuidado de los gatos.Escuche el programa completo aquí:
Cientos de aficionados a la salsa llegaron la noche del sábado al Bulevar del Río, en el corazón de Cali, para despedir al maestro Willie Colón. Con instrumentos como el timbal, el güiro y la campana, disfrutaron cada segundo de los principales éxitos del 'Malo del Bronx', como 'Oh, ¿Qué Será?', 'Tiempo pa Matar', 'Asia' y 'Bohemia'.El legado de Willie Colón es atesorado en la capital mundial de la salsa, que ha construido su identidad inspirándose en el aporte de Colón a este género."El 'rey del Trombón' es una figura irrepetible y es digna de todos los homenajes por su legado musical y cultural. Vamos a rendir tributo permanente a todos los artistas que han fortalecido la salsa y la han llevado a lo más alto, así como el inmenso Willie Colón, cuya música seguirá sonando en Cali como parte de nuestra memoria e identidad", aseguró Andrés Lozano, socio fundador de Jacaranda, quien lideró este homenaje en el Bulevar.Entre coros y memorias, los caleños también recordaron la última visita de Colón a la ciudad, en diciembre de 2023, en el marco de la Feria de Cali. Allí, sus afecciones de salud apenas se estaban mostrando."Pasó algo curioso ese día. Él estaba cantando y en medio de la canción se descompensó, algunos dicen que por el viaje. Uno de los coristas continuó con la canción. No se notó, pero los que estábamos cerca a la tarima lo vimos; se lo llevaron y, después de unos 10 minutos, volvió al escenario y terminó el concierto", señaló Carlos Molina, director del Museo de la Salsa.
Más de una tonelada de marihuana, que según las autoridades pertenecería al Clan del Golfo, fue incautada en zona rural de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la operación fue desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional de Colombia y la Armada de Colombia.El hallazgo se produjo en el sector de Cupica, en jurisdicción de Bahía Solano, donde las tropas encontraron 46 bultos y una maleta que contenían más de 1,1 toneladas de marihuana. De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el cargamento pertenecería al Clan del Golfo.Según el ministro, cada kilo de droga que se logra sacar de circulación representa menos recursos para las organizaciones criminales, menos violencia para las comunidades y un mayor control institucional del territorio por parte del Estado.Las autoridades destacaron que este resultado es producto de labores de inteligencia y de la coordinación entre fuerzas militares en una región estratégica para las rutas del narcotráfico, especialmente por su salida al océano Pacífico, utilizada históricamente para el envío de estupefacientes hacia el exterior.El Gobierno reiteró que continuará fortaleciendo las operaciones conjuntas en el Pacífico colombiano, una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, donde hace dos semanas fue capturado alias ‘el Panameño’, integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo, quien sería uno de los dueños del cargamento incautado.
Combates protagonizados desde hace casi una semana entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en la vereda Tamar Bajo, del municipio de Remedios, ya dejan al menos medio centenar de personas desplazadas que, por cercanía geográfica, han llegado hasta la zona urbana de Yondó.Así lo confirmó en las últimas horas el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que avanzan en la coordinación con autoridades locales para atender a esta población, albergada en la Casa de la Cultura, y que no se descarta que la cifra pueda aumentar con el paso de las horas por la persistencia de las acciones armadas."La secretaria de Gobierno me habla ya de 22 familias con 55 personas que se han desplazado. Yo ya di instrucciones claras y precisas a la directora de Derechos Humanos para que esté en coordinación con el alcalde y la Secretaría de Gobierno de Yondó para todo lo que tiene que ver con el apoyo desde el punto de vista humanitario", resaltó.Sobre las medidas desplegadas por parte de la fuerza pública para retomar el control del territorio, el general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, destacó que avanzan en los protocolos que garanticen seguridad para la movilidad de las tropas en la zona. De igual manera, están verificando la presencia de cuerpos de combatientes que se estarían descomponiendo en el área."La tropa tiene también una seguridad. Para llegar a esos puntos hay una serie de acciones que también se desarrollan bajo maniobra. Sabemos que hay unos puntos que están colocados con artefactos explosivos improvisados y es un trabajo que se tiene que hacer muy meticuloso", detalló el general.Tras un reciente consejo de seguridad realizado en Medellín, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que con las diferentes unidades del Ejército que convergen en la zona reforzarán el pie de fuerza para llegar lo más pronto posible a las zonas donde se han registrado los desplazamientos y así garantizar cuanto antes el retorno seguro de la población civil.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Hasta la Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros se acercó el ministro de Educación, Daniel Rojas, en la mañana de este jueves para hacer varios anuncios relacionados con la intención de aumentar el financiamiento de la educación superior en Colombia, blindar las elecciones de rectoría en la Universidad del Atlántico y descartar los rumores de estatización de la Universidad Autónoma del Caribe.Por un lado, haciendo referencia a la Universidad del Atlántico, ratificó que no está de acuerdo con una posible reelección de su actual rector Danilo Hernández, por lo que pidió una colaboración de entes de control para que no haya preferencias en este proceso de escogencia.“Será estrictamente vigilado (las elecciones). Nosotros hemos recogido las preocupaciones de la comunidad manifestada, pues hay mucha desconfianza frente al proceso. Por eso, queremos blindarlo de la mejor manera y también hemos pedido el apoyo de los entes de control para que hagan un seguimiento permanente”, declaró inicialmente a los medios de comunicación.“En diversos espacios hemos dicho que no compartimos las pretensiones de reelección porque no generan garantías para quienes tienen pretensiones de ser rectores o rectoras de la universidad. El señor rector (Danilo Hernández) participa en las elecciones, pues estaremos muy vigilantes de que no haya una posibilidad de preferencia, por así decirlo, para ser muy cuidadoso con las palabras”, agregó.Dijo, además, que los rumores de volver pública a la Universidad Autónoma del Caribe son infundados por otras personas, pues eso nunca estuvo en los planes de esta cartera.“Eso es algo dicho por algunas personas, pero no tiene ningún eco al interior del Ministerio de Educación. La Universidad Autónoma del Caribe está cumpliendo en este momento con algunas medidas y se le hace seguimiento al avance de esas por nuestra parte. Esperamos que las superen”, apuntó al respecto.“Ahora mismo estamos esperando los últimos reportes que, desde la misma universidad, tienen que hacernos frente a la superación de esas medidas”, acotó.La presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas, en el Atlántico se debe a la realización de una audiencia pública con el fin de socializar una intención de reforma hacia la ley 30, puntualmente a sus artículo 86 y 87, buscando aumentar la financiación de la educación superior en Colombia.En este evento también se contó con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, el senador Pedro Flórez y el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño.
Luego de dos meses de espera, los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira finalmente recibieron la prometida disminución en sus facturas de energía por el cobro de pérdidas que finalmente fuer retirado de las facturas tras la victoria judicial alcanzada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en contra del llamado régimen tarifario especial que solo afectada al norte del país. Así quedó reflejado en el esquema tarifario publicado por la compañía, en el que la tarifa plena para el cobro de julio bajó $53 pesos frente al de junio, pasando de $938 a $885 pesos. Rebaja puede representar un ahorroOrganizaciones de usuarios estiman que, dependiendo del consumo, la rebaja puede representar un ahorro de entre el 5 % y el 12 % en la factura mensual, una cifra que alivia el bolsillo en medio de los altos consumos que se dan para esta época en la que la sensación térmica puede alcanzar hasta los 38 grados. Si bien la empresa no ha hecho un comunicado sobre esta reducción que se está reflejando en la factura que están recibiendo los usuarios, es un cumplimiento de esta decisión judicial ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, tras el fallo de la acción popular que presentaron los mencionados personeros. “Fue un importante ejercicio de unión regional”, indicaron los personeros en su momento, luego de lograr el fallo a favor para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas realizara la respectiva modificación.
Con las esteras abajo, completamente cerrada, amaneció este jueves la tienda San Miguel luego de que delincuentes armados llegaron hasta este negocio, ubicado en el sur de Barranquilla, y atacaron a tiros a su propietario.La víctima, identificada como Alfredo Bueno Quiñonez, de 57 años, resultó con una herida en la parte baja del abdomen producto de los disparos que le propinaron, por lo que aún permanece en el hospital recibiendo atención médica.Las autoridades, entretanto, buscan determinar los responsables y móviles de este ataque, del que no se descarta que esté relacionado con un nuevo caso de extorsión, como los que ya han obligado al cierre de decenas de tiendas en este barrio Chiquinquirá.Vecinos del sector afirman que el barrio está tan “desprotegido”, que prácticamente las tiendas desaparecieron, pues la gran mayoría debió bajar sus esteras definitivamente a raíz de la presión que ejercieron las bandas criminales."Aquí el pan de cada día es la extorsión. No dejan 'camellar' (trabajar) a nadie. En las carreras 32 y 33 ya no hay tiendas. ¿Cómo hacemos? Que procuren las autoridades, que estamos superdesprotegidos. A nosotros no nos protege nadie", expresó un habitante del barrio.El presidente de Undeco en Atlántico, Orlando Jiménez, rechazó este reciente ataque a bala contra el tendero Bueno y confirmó que en los últimos 24 meses alrededor del 30% de los negocios extorsionados han cerrado sus puertas definitivamente."Desde Undeco lamentamos que ocurran esta clase de situaciones, sobre todo porque son comerciantes que están ahí buscando una mejor calidad de vida, sacar adelante a su familia, generando uno, dos o tres empleos, fraccionando los productos a como el bolsillo del cliente alcance", expresó. "Sin embargo, sabemos que las autoridades están ahí al frente llevando a cabo todas las investigaciones para que se esclarezca cuáles fueron los móviles que llevaron a perpetrar este hecho", sostuvo Jiménez.
Los 37 asesinatos ocurridos en los primeros 12 días de agosto en el área metropolitana de Barranquilla no solo reflejan un aumento del 16% en homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando hubo cinco casos menos; sino también un recrudecimiento de la guerra que libran bandas criminales como 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.Las mencionadas bandas, luego de dos ceses al fuego que han realizado este año para mostrar su supuesta voluntad de paz, parecen haber incrementado sus ataques para presionar al Gobierno a establecer una mesa de diálogo con estas organizaciones, a las que se les responsabiliza por la mayoría de los asesinatos cometidos en el área metropolitana de Barranquilla.A lo largo del 2025 se han registrado 478 homicidios en el área metropolitana, siendo que la mayoría de estos crímenes se concentran en Barranquilla (286) y Soledad (135). La cifra total también representa un incremento del 6 % si se compara con los registros que había en 2024 hasta esta época.Para la Personería de Barranquilla, esta es una crisis en materia de seguridad que se deriva de la falta de políticas y estrategias sostenibles por parte de las autoridades. El personero Miguel Alzate cuestiona que, si bien "cada vez que hay una masacre o un pico de homicidios las autoridades se alertan, hacen operativos y hay capturas, todo esto a los pocos días merma".Luego, Alzate insistió en que se requiere una intervención urgente del Gobierno Nacional: "Sabemos que los delitos que se viven en Barranquilla son auspiciados finalmente por organizaciones del orden nacional. Entonces, si nosotros no vemos una política integral dictada desde el orden nacional, que impacte en nuestro territorio, lastimosamente no vamos a estar atendiendo de manera integral el problema de seguridad".
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.