Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
Las fallas en la detección oportuna, los trámites administrativos y la falta de disponibilidad de algunos medicamentos están incidiendo en la atención de menores con cáncer en el país. Así lo expone el "Manifiesto por la vida y la dignidad de los niños y niñas con cáncer en Colombia", presentado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), junto con entidades médicas y del sector salud.El documento señala que en Colombia se registran cerca de 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año y que 784 menores fallecen por esta causa. Aunque seis de cada diez niños y niñas logran sobrevivir, las organizaciones advierten que, dependiendo del tipo de cáncer, la probabilidad de curación puede aumentar si se garantiza diagnóstico temprano y continuidad en el tratamiento.El manifiesto expone que persisten demoras en el primer nivel de atención para sospechar la enfermedad, así como en la remisión a especialistas y en la realización de exámenes diagnósticos. También menciona fragmentación en la prestación de servicios, traslados entre ciudades y cambios de institución que generan interrupciones en las terapias.Uno de los puntos señalados es el acceso a medicamentos. El texto indica que existe un listado de 56 fármacos sin indicación aprobada por el Invima para uso en niños, de los cuales 24 están incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Según el documento, la falta de disponibilidad o las demoras en la entrega pueden afectar la continuidad de los tratamientos.El manifiesto también hace referencia a diferencias territoriales en los indicadores de mortalidad, con mayores tasas en regiones como Amazonas y Orinoquía. Las organizaciones plantean que estas brechas están asociadas a barreras en el acceso y a condiciones del sistema de salud.En el apartado de compromisos, los firmantes anuncian que impulsarán la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con metas verificables y seguimiento público, en articulación con el Ministerio de Salud y el Invima, para revisar la situación de los medicamentos y proponer soluciones que permitan reducir las barreras identificadas.
La desaparición de Diana Ospina ha generado conmoción en Bogotá por las circunstancias del caso. La mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero, tras salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero.Según comentaron sus familiares, Diana habría salido del establecimiento en la noche del 21 de febrero y se disponía a regresar a su vivienda. Aunque en un principio solicitó un transporte por aplicación, finalmente lo canceló y abordó un vehículo que se encontraba a las afueras del lugar. Desde ese momento, nadie volvió a saber de ella.Este lunes 23 de febrero, sus allegados confirmaron que Diana nunca llegó a casa. El inmueble fue encontrado intacto, con las luces encendidas y sus mascotas solas en el interior, lo que generó una fuerte preocupación entre sus familiares.Videos revelaron lo ocurrido antes de la desaparición de DianaLa familia, que logró ingresar al WhatsApp Web de Diana Ospina, identificó que ella habría compartido las placas del vehículo con un amigo y le señaló que estaba cerca de llegar a su destino.Posteriormente, los familiares compartieron con Blu Radio una imagen del que sería el vehículo que abordó antes de desaparecer.Nuevos videos revelaron lo ocurrido antes de que Diana decidiera subirse al vehículo. En uno de ellos se observa a Diana Ospina acompañada de una amiga a las afueras de Theatron. Ambas mujeres caminaron juntas hasta que la amiga encontró un vehículo particular y se subió en este, el cual presuntamente habría sido solicitado por aplicación.En otro video se ve a Diana esperando en la calle un vehículo, que sería presuntamente un taxi por su color y al cual se subió. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.Criminales extorsionaron a la familia de Diana OspinaLa situación que enfrenta la familia Ospina se agravó tras recibir llamadas extorsivas. En estas les pidieron entre 5 y 10 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de Diana. De acuerdo con lo revelado por la familia en Blu Radio, ya realizaron un pago de 2,5 millones ante la desesperación, pero siguen sin recibir prueba alguna de supervivencia.
La Registraduría Nacional realizó una prueba técnica para verificar el funcionamiento de los bolígrafos que se utilizarán en las elecciones del Congreso y en la consulta de precandidatos a la Presidencia el próximo 8 de marzo.La jornada se llevó a cabo en Bogotá con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y auditorías internacionales como IIDH y CAPEL.Durante la prueba, los asistentes marcaron tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta con bolígrafos de tinta negra y morada. Luego sometieron las tarjetas a diferentes pruebas: aplicaron agua, alcohol, thinner, borrador, fuego y aire caliente. También doblaron las tarjetas para revisar si la tinta se traspasaba o manchaba.El resultado, según las autoridades y observadores, fue claro: la tinta no se borra, no se corre y no traspasa el papel. Con esto, la Registraduría busca despejar dudas que han circulado en redes sociales sobre una posible desaparición de las marcas hechas por los votantes.El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que los bolígrafos son de buena calidad y que incluso los ciudadanos pueden usar su propio esfero si así lo desean. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que las pruebas demostraron que la tinta permanece intacta después de aplicar distintos elementos.La Registraduría anunció que esta prueba también se realizará con representantes de las agrupaciones políticas como parte de las acciones para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
En medio de las preocupaciones que la Procuraduría y la Contraloría han emitido frente al sector energético y gasífero por posibles afectaciones en las operaciones ante la alta deuda que el gobierno sostiene con estos gremios, ambos entes solicitaron con urgencia al Ministerio de Minas y Energía que entregue detalles sobre el estado de los subsidios de energía eléctrica y gas, así como el avance en los pagos a la deuda acumulada por la opción tarifaria.Las entidades de control demandan información precisa sobre si se están cumpliendo los plazos legales para el pago de subsidios y para la validación de conciliaciones. Esto resulta relevante, porque solo se conoce sobre informes de pago hasta diciembre de 2024, siendo este año se estaría presentando un incumplimiento que estaría incrementando los costos por mora. Entre otros detalles, piden la información desglosada por cada operador, con el registro de qué periodo cubre cada pago y los saldos que quedan pendientes. "En cuanto a las zonas no interconectadas (ZNI), el Ministerio deberá remitir un reporte actualizado sobre el pago de subsidios, basado en la información de la Superintendencia de Servicios Públicos que incluya, entre otros, las fechas de validación, los criterios para otorgar subsidios, la programación de pagos y el monto de la deuda por cada prestador del servicio. También se pidió información sobre si se han solicitado recursos para asegurar el funcionamiento, mantenimiento y reposición de los equipos de los Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI), que forman parte de la tarifa del servicio", indica la Procuraduría a través de un comunicado conjunto que realizó con Contraloría. Es importante tener en cuenta que, según Andesco, al cierre de mayo de este año la deuda del gobierno con el sector eléctrico alcanzaba los $1.5 billones, mientras que la del sector gasífero llegaba a los $500.000 millones. A esto se suman pagos pendientes por opción tarifaria que llegarían hasta los $3 billones de pesos en el país.
Julio Gerlein regresó a los estrados judiciales el pasado 22 de julio para atender la imputación de cargos a la que la Fiscalía lo citó para reanudar el proceso por supuesto soborno en actuación penal, por la presunta entrega de dinero a la excongresista Aida Merlano realizadas entre 2018 y 2019 para que no declarara en su contra por el proceso de compra de votos que le adelantaba la justicia. Pese a que la Fiscalía había indicado que la imputación sería en octubre de 2023, esta se vio postergada durante casi dos años, hasta que finalmente se realizó la diligencia en los centros judiciales de Paloquemao, Bogotá. Como parte de proceso, también fueron imputados los abogados del conocido empresario, Diego Muñetón y Teodoro Deyongh, quienes supuestamente se habrían encargado de realizar las visitas a Merlano en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, para presuntamente ofrecerle el dinero y acordar que no declarara contra Gerlein. En medio de la audiencia, Blu Radio conoció que ninguno de los tres aceptó cargos, por lo que se espera que el proceso avance hacia audiencias preparatorias de juicio. Gerlein, además, fue absuelto en 2024 por el delito de concierto para delinquir y le declararon preclusión por los delitos de corrupción al sufragante e interviniente de violación a los topes o límites electorales, debido a que habían prescrito los tiempos en el proceso.Precisamente, por estos último delitos es que supuestamente la excongresista Merlano habría sido sobornada para que cambiara su versión durante el juicio que le adelantaban por compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018.
Lo que se temía volvió a ocurrir. En la tarde de este martes, una nueva lluvia sorprendió a cientos de familias en Santa Marta que aún intentaban recuperarse de la emergencia causada por las precipitaciones del pasado domingo.En barrios como Encena Juan 23, María Cristina y Bastidas, las calles volvieron a llenarse de agua y lodo, que ingresó a viviendas provocando nuevamente daños y robando la tranquilidad de moradores.Frente a la situación, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo sesionó de manera extraordinaria y la Alcaldía declaró calamidad pública específica para este evento, lo que permitirá agilizar recursos y ejecutar acciones inmediatas.“Con esta declaratoria podremos contratar más maquinaria amarilla, garantizar suministro de agua potable y acompañar de manera constante a las familias afectadas”, explicó Álex Velásquez, gerente de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc).En medio de la emergencia, llegó una ayuda internacional clave: el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de 200.000 dólares para atender a las familias damnificadas.“Queremos estar presentes en este momento difícil para la ciudad. Esta ayuda permitirá atender necesidades urgentes y apoyar la reconstrucción”, afirmó Rodrigo Peñailillo Briceño, representante de CAF en Colombia.El alcalde Carlos Pinedo Cuello agradeció el respaldo y reafirmó su compromiso de mantener una gestión directa en terreno. “Esta administración va a dar la cara, va a estar en los barrios, acompañando a la gente y resolviendo”, dijo.La Alcaldía anunció que continuará con la entrega de ayudas humanitarias y mantendrá activos el Puesto de Mando Unificado (PM) en los sectores más afectados, mientras se coordinan acciones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para fortalecer la capacidad de respuesta.Las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevas lluvias en las próximas horas y hacen un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar zonas de riesgo.
Un torrencial aguacero que cayó por más de tres horas bañó por completo a Barranquilla y municipios del Atlántico, donde además se registraron intensas ráfagas de viento y tormenta eléctrica que causaron afectaciones en algunos sectores.En el sur de Barranquilla varios arroyos se crecieron y estuvieron a punto de desbordarse, al tiempo que algunos barrios quedaron sin servicio de energía durante la lluvia. Fue tal la intensidad de las precipitaciones que, incluso, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz se retrasó la entrega de equipajes para decenas de viajeros, quienes debieron esperar más de 40 minutos para que descargaran sus maletas y pudieran recibirlas sin riesgo de que se mojaran sus pertenencias.Sin embargo, las afectaciones más fuertes se registraron en los municipios de Galapa y Sabanagrande: en el primero se reporta el desbordamiento de un arroyo, casas destechadas y árboles derribados por los fuertes vientos, mientras que en la segunda población hubo estragos en una sede de la Institución Educativa Técnica Comercial, donde colapsó el techo de un salón de clases. Por fortuna, ninguna persona resultó herida.Desde el Ideam explicaron la razón de estas intensas lluvias y pronosticaron que para este miércoles se mantendrá este tiempo lluvioso, sobre todo en Barranquilla."Hubo un debilitamiento de vientos en la región Caribe que, sumado a la posición de la vaguada monzónica, permitió que se vieran estas lluvias fuertes con tormentas eléctricas", indicó Cristian Arango, meteorólogo del Ideam."Incluso los modelos nos siguen dando una probabilidad de lluvias fuertes hacia horas de la tarde de este miércoles en Barranquilla y ya para los siguientes días sí tendríamos una tendencia a la disminución o con lluvias de baja intensidad", agregó.Ante este panorama, la Alcaldía de Barranquilla está enviando mensajes de alerta a través de sus redes sociales para que la ciudadanía esté preparada y se proteja ante las amenazas asociadas a la formación de vendavales y tornados, que se caracterizan por fuertes vientos, tormentas eléctricas y precipitaciones intensas que pueden causar graves daños materiales y poner en riesgo la vida de las personas.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Para el candidato presidencial Sergio Fajardo las recientes denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de un posible fraude electoral para las elecciones del próximo 8 de marzo, es una manera del mandatario de realizar actividad política, algo que no está permitido para ningún funcionario del Gobierno. "Creo que es una estrategia del presidente para crear caos y malestar. El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada y eso no lo puede hacer y no es correcto, pero eso lo viene haciendo desde siempre", manifestó el candidato desde Barranquilla. Para el también exalcalde de Medellín no es creíble que haya riesgo de fraude, a lo que agrega que es importante que empiecen a ser aceptados y respetados los resultados de las elecciones. "Yo he perdido y siempre he sido respetuoso de los resultados. Es parte del reto político aceptar", explicó.Fajardo fue enfático en señalar que no se debe politizar el debate y que se necesitan líderes que sepa tender puentes y no construir trincheras. ApoyosA propósito de la visita realizada por Fajardo a Barranquilla, este recibió el apoyo del exvicepresidente Gustavo Bell, del expresidente de Promigas Antonio Celia, del exministro de Educación Germán Bula, entre otros. El candidato incluyó en su jornada la visita a varios sectores en los que socializó sus propuestas para acceder a una mejor tarifa de energía.
En video quedó registrado un violento caso de hurto del que fue víctima una turista este domingo en la ciudad de Cartagena. En las imágenes, que han sido difundidas en redes sociales, se observa como la mujer es agredida, mientras forcejea con el delincuente para evitar que este se lleve su bolso, en plena vía pública del barrio Loma Fresca en la vía que conduce al Cerro de La Popa.El video, de 24 segundos, que fue grabado por un testigo del hecho, muestra como el delincuente arrastra a la mujer por la calle, e incluso la lanza contra el andén, mientras ella se aferra al bolso sin soltarlo en ningún momento. Al no lograr despojarla de sus pertenencias, el hombre abandona su cometido, y huye del lugar en una motocicleta que lo esperaba.Tras la difusión del video, el alcalde Dumek Turbay anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los dos presuntos responsables, de los que dijo están plenamente identificados.“Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones. Los tenemos totalmente identificados alias ‘El Tirito’ y alias ‘Douglas’, del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, señaló el mandatario.Habitantes del sector y trabajadores del gremio turístico pidieron que se refuerce la seguridad y los controles policiales en esta zona que se ha convertido de gran atractivo para los visitantes tras la habilitación de una nueva vía al Cerro de La Popa.“La verdad es peligroso transitar a ciertas horas, y hay turistas que prefieren subir o bajar caminando y se exponen a este tipo de situaciones que son muy recurrentes”, dijo a BLU Radio un taxista que se dedicada a transportar turistas a este sector.Entretanto, el alcalde Turbay afirmó que se continuará “afianzando el trabajo articulado con la fuerza pública para mejorar los niveles de tranquilidad y convivencia en la ciudad, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia de visitantes”.Asimismo las autoridades distritales informaron que cualquier información sobre estos presuntos atracadores será atendida, bajo reserva absoluta, a través de los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena.Vea el video aquí:
Una crisis de salud pública se vive este lunes 23 de febrero en San Pelayo, Córdoba, luego de que un grupo de casi 60 menores recibiera una donación por parte de unos profesores que decidieron realizar una entrega de alimentos a niños afectados por las recientes lluvias que ya dejan a más de 220.000 personas damnificadas en este departamento. Los alimentos fueron entregados durante una actividad realizada en la vereda El Diluvio, del corregimiento de La Madera, en la tarde del domingo. Como parte del menú fueron incluidos dos huevos cocidos, yuca cocida, queso y mantequilla. Sin embargo, al parecer durante el traslado, estos habrían sufrido alteraciones, lo que llevó a que más de 20 niños resultaran afectados tras su consumo. Al respecto, se está realizando un estudio para establecer una posible Enfermedad Diarreica Aguca, teniendo en cuenta que están presentando un cuadro gastrointestinal asociado a una posible intoxicación alimentación. "La comunidad dice que habría sido el queso, el causante de la intoxicación masiva. Son muchos niños, pero bueno no creemos que haya sido de mala fe", indicó Ivan Conde, un líder de la vereda. Pese a que los primeros 14 menores fueron llevados de urgencia el domingo por la noche, durante la mañana del lunes llegaron otros seis niños más, para un total de 20 menores atendidos. De estos, cuatro ya fueron dados de alta y 16 permanecen estables bajo atención médica.