Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
El padre de Cristian Martín, el joven de 16 años y estudiante becado de la Universidad El Bosque, hallado sin vida en una zona rural de Gachancipá (Cundinamarca), aseguró que el hecho no estaría relacionado con actividades extorsivas ni delictivas. Sin embargo, manifestó que aún es incierto cómo y por qué el menor llegó hasta ese lugar, ya que, según la familia, nunca habían visitado esa zona montañosa.De acuerdo con su testimonio, les resulta ilógico que Cristian conociera el sector donde fue encontrado. Por ello, pidieron a las autoridades esclarecer lo sucedido, pues el padre considera que podrían existir manos criminales involucradas.“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces, esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, expresó Augusto Martín, padre de Cristian.Entre tanto, en el informe más reciente, la Policía confirmó que el cuerpo fue hallado en la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, un sector que, según el alcalde Alfonso López, es de muy difícil acceso.El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y la familia ya inició los trámites correspondientes para el proceso investigativo. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, solicitó a la Fiscalía, a la Policía de la Sabana y a la Sijín adelantar una investigación prioritaria que permita esclarecer los hechos.“Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la Policía Sabana y a la Sijin, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles de la muerte de Cristian Esneider Martín”, escribió el gobernador
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18 mil millones de pesos, en la alcaldía de Daniel Quintero.Aunque aún no se conoce la fecha de inicio de juicio, se ha podido confirmar que el pasado 5 de febrero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación, en donde en cada una de sus páginas, explicó las razones para iniciar formalmente una nueva etapa en el escándalo por presunto direccionamiento de recursos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.En esta ocasión ya el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, tiene en su poder el documento, que involucra a la exfuncionaria del Área Metropolitana, María Yaneth Rúa y el excomandante del cuerpo de bomberos del sur del Valle de Aburrá, Misael Cadavid y el tesorero Elkin de Jesús González, dos de estos en la cárcel.Aunque en este proceso de malversación en seis contratos directos por unos 18 mil millones de pesos, entre ambas entidades entre 2020 y 2023, en los que se acusa a los tres imputados de obtener beneficios cercanos a 2.500 millones de pesos.Hay que recordar que en libertad enfrentará el proceso judicial Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero y otras dos exdirectivas de la entidad en este mismo caso de presunta corrupción.Frente a los procesados hay que mencionar que la juez séptima municipal con función de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra María Yaneth Rúa, supervisora del Área Metropolitana, y Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí.“La judicatura considera que es una medida de aseguramiento intramural. ¿Por qué? Porque es la única que tiene esa eficacia de sacar a la señora María Yaneth de la comunidad y evitar que siga, al parecer, interesándose indebidamente en la celebración de contratos. Hay que sacarla del Área Metropolitana de Medellín para prevenir esa continuación delictiva. Desde el domicilio, una medida no privativa de la libertad, se puede destruir la justicia; ellos podrían comunicarse, es innegable que tienen injerencia en las personas”, detalló la jueza.Durante la diligencia, el juzgado determinó que Elkin de Jesús González afrontará el proceso en libertad, al no demostrarse por parte de la Fiscalía que represente un peligro para la sociedad o que pueda interferir en el curso de la investigación. Esto, teniendo en cuenta que hace varios días presentó su renuncia al cuerpo bomberil, al igual que lo hizo Cadavid. A su vez, la jueza argumentó que González solo tiene una imputación por el delito de peculado.Fiscalía reveló que bomberos de Itagüí intentaron maquillar irregularidades en contratos con el AMVA: “Se insiste en que al señor Elkin de Jesús González no hay lugar a imponerle medida de aseguramiento, porque, a juicio de esta judicatura, la Fiscalía no presentó un solo elemento que permita afirmar que va a obstruir la justicia. Y en cuanto al peligro para la comunidad o la continuidad delictiva, él ya renunció al cuerpo de bomberos, por lo que no podemos decir que continuará delinquiendo”, indicó.La decisión fue apelada por los defensores Emmanuel Goldstein, apoderado de Rúa; Santiago Tobón, apoderado de Cadavid; y Majer Abushijab, apoderado de las víctimas (del Área Metropolitana). Finalmente, la jueza manifestó —sin ahondar en qué enfermedades padecen Rúa y Cadavid, por tratarse de una audiencia pública— que dichas condiciones no son incompatibles con una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues ambos toman medicamentos y esto fue demostrado mediante la entrega de sus historias clínicas.
El estreno de Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo no pasó desapercibido, pero no por sus goles. Apenas corrían cinco minutos del amistoso de pretemporada frente al FC Krasnodar, cuando el delantero colombiano protagonizó una acción que encendió la polémica: ¿debió ser expulsado?La primera polémica de Jhon Durán en RusiaLa acción se dio tras un pelotazo largo al espacio. Durán fue a disputar el balón con un defensor que le ganó la posición. En medio del forcejeo, el colombiano respondió de manera vehemente: primero lanzó un golpe y luego sujetó del cuello a su rival en una especie de llave que terminó con ambos futbolistas en el suelo.Hubo empujones, intercambios verbales y fue necesaria la intervención de otros jugadores para separar a los implicados. El árbitro decidió amonestar a ambos con tarjeta amarilla. Tras el correctivo, los futbolistas se dieron la mano y el partido continuó sin mayores inconvenientes.Sin embargo, la repetición dejó dudas. Durante el programa Blog Deportivo los panelistas analizaron lo ocurrido y fueron contundentes.En el análisis radial, Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, aseguró que al atacante “le perdonaron la expulsión”, calificando la acción como una combinación de “trompada y llave de lucha libre”. Asimismo, Juan José Buscalia añadió que en un partido oficial la decisión habría sido diferente.“Es el típico forcejeo entre zaguero y delantero por un balón al espacio, pero lo de Durán es agresivo”, expresó el periodista argentinao, remarcando que incluso en un Mundial de Fútbol de la Fifa esa conducta podría dejar a su equipo con diez hombres.Vale recordar que este fue el último partido de preparación del Zenit antes del inicio oficial de la liga rusa, programado para el 28 de febrero. Pese a esa polémica, en las redes sociales del equipo ruso resaltaron una clara opción de gol del delantero colombiano, pero que el palo le impidió para celebrar su primera anotación con el Zenit.
El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.En un último intento por salvarse, el partido Somos Perú, al que pertenece Jerí, propuso que se suspendiese el debate para que la destitución se diese a través de la figura de la vacancia (destitución presidencial), lo que exigía los votos de dos tercios de la cámara, algo que no que fue aceptado por la mayoría del Parlamento.El grupo de partidos conservadores que controlan el Congreso, y que inicialmente respaldaron la llegada al poder de Jerí, le retiraron su confianza a pocas semanas de las elecciones para distanciarse de la pérdida de popularidad del gobernante ante las revelaciones de las últimas semanas que motivaron que la Fiscalía lo investigue por tráfico de influencias.El único partido que mantuvo en bloque su apoyo a Jerí fue el fujimorismo, en contra de que el país tenga un nuevo cambio presidencial como los que sí ha promovido y apoyado anteriormente contra otros mandatarios en el pasado.Si bien Jerí podía haber participado en esa sesión en su condición de congresista, el mandatario optó por no hacerlo y quedarse en el Palacio de Gobierno, donde presidió el cambio de guardia.La caída de Jerí fue tan rápida como su ascenso al poder: entró al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y pronto pasó de ser un legislador desconocido a presidir comisiones parlamentarias, luego dirigir el Legislativo entero y de ahí saltar a la Presidencia en reemplazo de Boluarte.Si bien enfocó su mandato en la lucha contra el crimen organizado, su popularidad inicial se fue deteriorando a medida que se descubrieron reuniones semisecretas con empresarios chinos, en particular una a la que acudió a un encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido.Ahora el Legislativo peruano debe elegir este miércoles a un nuevo congresista para que presida la cámara y que, una vez nombrado se convertirá en el mismo instante presidente encargado de la República hasta el 28 de julio, cuando debe asumir el siguiente presidente o presidenta salido del proceso electoral en marcha.
Dávinson Sánchez se convirtió en protagonista en la ida de los playoffs de la Champions League al marcar un gol decisivo en la contundente victoria del Galatasaray frente a la Juventus. El defensor colombiano anotó tras asistencia de Gabriel Sara en un partido que terminó 5-2 a favor del equipo turco.El marcador se abrió a favor del equipo turco en el minuto 15 con un gol de Gabriel Sara. La ventaja duró poco, porque en el 16 Teun Koopmeiners igualó el compromiso. El neerlandés volvió a aparecer en el 32 para marcar el 2-1 a favor de la Juventus. Sin embargo, el Galatasaray reaccionó y Noa Lang, en el 49, puso el 2-2.Fue entonces cuando el ezdefensor de Atlético Nacional apareció para desviar ligeramente con su pecho/hombro el balón y así anotar el tercero de la noche para el equipo turco tras una asistencia de Gabriel Sara.Los goles no pararon ahí. En el 74, Noa Lang amplió la diferencia y firmó el 4-2. Mientras Sacha Boey firmó la manita del Galatasaray en el minuto 86.Juan Cabal, expulsadoPor el lado de la Juventus hubo presencia del defensa colombiano Juan Cabal, pero no pudo terminar el partido. En el minuto 59 fue sancionado con tarjeta amarilla y, apenas ocho minutos después, recibió una segunda amonestación, lo que significó su expulsión.El partido de vuelta de esta llave de los play offs de la Champions se jugará el próximo 25 de febrero, con la Juventus como local.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
Ante la Fiscalía se entregó este martes Deiser Toloza Epalza, el hombre señalado como el principal sospechoso de la desaparición y posterior asesinato de su expareja sentimental Gina Paola Rivera, cuyo cuerpo fue encontrado hace un año enterrado en el parqueadero del barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, Atlántico.En contra de Deiser recaía una orden de captura que fue solicitada por la Fiscalía 13 de Soledad, con base en las labores de investigación adelantadas por el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía de Barranquilla. La búsqueda del señalado feminicida se había extendido a los municipios de La Jagua de Ibirico, y Codazzi, en el departamento del Cesar, donde se tuvo información que se encontraba escondido.Este hombre fue la última persona con la que Gina Paola fue vista en vida, antes de desaparecer el 16 de julio de 2024. El cuerpo de la mujer fue encontrado dos días después enterrado en un lote, gracias a una llamada anónima que hicieron a un familiar de la víctima.Irene Rivera, hermana de Gina Paola, se mostró complacida porque después de un año de búsqueda, Deiser por fin rendirá cuentas ante las autoridades: "Esperemos que se haga justicia, por fin va a parar el daño que ha hecho. Este hombre es un riesgo para la comunidad estando en libertad", dijo. Autoridades no descartan la posibilidad de que Deiser también esté involucrado en la desaparición de otra mujer identificada como Janeth Judith González Sánchez, oriunda del Carmen de Bolívar, con quién sostenía una relación sentimental.Familiares de Janeth perdieron todo rastro de ella desde marzo de 2009, por lo que esperan que con al comparecer ante las autoridades, este hombre pueda entregar información que permita de una vez por todas, conocer sobre su paradero.
Toda una ola de rechazo y repudio ha generado en Cartagena la agresión por parte de un contratista de Distriseguridad —una entidad de la Alcaldía de Cartagena— hacia una mujer, al parecer en condición de calle, en pleno centro de la ciudad.La agresión, que quedó registrada en un video, muestra cómo el hombre, quien pertenece a la Brigada Cívica de Distriseguridad, la golpea fuertemente en la cara y la deja tendida en el piso, luego de que esta lo agrede con unos zapatos.“Llama a la Policía, llama al 123. Ella es psiquiátrica, pero ajá (...) deben llamar a la Policía”, se escucha en el video que fue captado por transeúntes que se encontraban en la zona.La actuación de este contratista fue rechazada por el director de Distriseguridad, Jaime Hernández, quien anunció que será desvinculado de su cargo.“Tras conocer los hechos de este contratista, vamos a proceder inmediatamente a desvincularlo, sin excusa alguna. Esto no se puede hacer. No es la forma de manejarlo. Es de la Brigada Cívica y se comportó de forma inadecuada. Vamos a avanzar para que este tipo de circunstancias se manejen dentro de protocolos y de forma civilizada”, dijo Hernández.El funcionario, además, anunció que la mujer agredida recibirá atención por parte del Distrito.
Hay preocupación en la región Caribe porque, a la fecha, la empresa intervenida Air-e aún no tiene garantizada la compra de energía para el 2026, lo que se da en medio de una billonaria deuda que sostiene con el sector generador por la difícil situación financiera que enfrenta.Ante esto, delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos sostuvieron una reunión este lunes en Barranquilla con Néstor Javier Vásquez, agente interventor de Air-e, para establecer un plan que permita dar respuestas a esto.Blu Radio conoció que una de las opciones establecidas corresponde a retomar la resolución 101 067 de 2024, con la que se habilitó para que Air-e comprara de manera directa en el mercado de generación el 82% de lo que requiere para atender su demanda y así reducir la exposición en bolsa, lo que solo se reduciría a un 18%.Con esto, además, se podrán negociar mejores condiciones tarifarias y garantizar la confiabilidad del suministro del servicio a los cinco millones de personas que hacen parte del mercado que atiende Air-e.Según los cálculos de la compañía, los ingresos con los que actualmente cuenta alcanzarán para atender estos pagos, a lo que se suma que la Nación ofreció expedirle a la intervenida empresa garantías y contragarantías.Se espera que en septiembre quede en firme la resolución, tras autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el fin de dar tranquilidad a los usuarios y lograr unas tarifas estables.Es importante tener en cuenta que a partir de esta modalidad de contratación directa, Air-e logró reducir su exposición en bolsa, la cual estuvo en un 50% hacia septiembre de 2024, lo que afectó con incrementos la tarifa de energía para este mercado.
Crece la incertidumbre y la zozobra en Santa Rosa, en el norte de Bolívar, donde ya se completan nueve días desde la desaparición de cinco jóvenes que salieron de este municipio, al parecer, por una oferta laboral.Los jóvenes, dos de ellos menores de edad, habrían sido vistos por última vez el domingo 20 de julio en la terminal de transportes de Cartagena, desde donde habrían salido con rumbo a otro departamento del Caribe colombiano.El alcalde de Santa Rosa, Harvis Bello, hizo un enérgico llamado a las autoridades judiciales para que brinden todas las garantías y protocolos de búsqueda de estos jóvenes, quienes, asegura, podrían ser víctimas de una red de reclutamiento.“Como alcalde tengo la responsabilidad legal y moral de salvaguardar la vida de estos jóvenes. Ninguna autoridad nos ha confirmado su paradero ni su estado de salud. Las familias están en zozobra y este municipio exige una respuesta contundente”, señaló.A su vez, el mandatario explicó que instauró una denuncia formal por esta desaparición, pues las familias tienen temor, y que ha solicitado la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.“Estamos actuando con la responsabilidad que exige este hecho doloroso, y no permitiremos que Santa Rosa quede silenciada ante una situación tan delicada”, aseguró, al tiempo que pidió acompañamiento del Gobierno nacional ante posibles riesgos de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.En declaración a medios de comunicación en días pasados, el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, indicó que es escasa la información que se tiene hasta el momento sobre la supuesta oferta laboral.“Lo que se conoce es que ellos se fueron voluntariamente, porque uno de los cinco jóvenes fue como el enlace —si me permiten el término— para ir a cumplir unas labores, al parecer, agropecuarias”, dijo entonces el oficial.
La psicoorientadora Kira Molina Romero se convirtió en la cuarta víctima del incendio ocurrido el pasado 20 de julio en el conjunto residencial Flores del Recreo, en Barranquilla, donde cerca de 70 personas se vieron afectadas físicamente por las llamas y el humo.La más reciente víctima, quien trabajaba en la Institución Educativa Distrital Meira Del Mar, sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y luchó por su vida durante más de una semana, hasta que la madrugada de este martes falleció en una clínica del norte de Barranquilla por la gravedad de sus heridas.Siguen personas hospitalizadasDel total de personas alcanzadas por el fuego o afectadas por la inhalación de humo, 10 personas aún siguen hospitalizadas en diferentes centros asistenciales de Barranquilla, siendo que cinco de ellas permanecen recluidas en unidades de cuidados intensivos, según el más reciente reporte entregado desde la Secretaría de Salud del Distrito.Vale mencionar que los apartamentos del conjunto donde se produjo el incendio fueron desalojados, teniendo en cuenta la falta de servicios públicos y la afectación que causó el incendio. Blu Radio conoció que, a algunos residentes les pidieron mudarse por tres meses, mientras otros deberán esperar entre seis y ocho meses para regresar a sus hogares, debido a los daños provocados por las llamas.
Este martes se reanudó de manera virtual la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso por el que la Procuraduría conformó una comisión de agentes especiales para la intervención y acompañamiento del Ministerio Público en el caso.De esta manera, al equipo del Ministerio Público se sumó el procurador delegado Henry Francisco Bustos, quien hace parte de la entidad hace más de 20 años y ha participado en procesos de trascendencia nacional como el caso de Odebrecht. Él fue quien tomó la palabra este martes y expuso las pruebas de la defensa y de la Fiscalía que, a consideración del ente de control, no deberían ser admitidas en el juicio contra el hijo mayor del presidente.Pruebas de la defensaBustos rechazó que esta bancada pretenda utilizar en el juicio reportajes periodísticos que no fueron presentados ante el juez en los tiempos establecidos o declaraciones de personas que hayan sido entregadas por fuera del proceso.Aseguró que quien realiza el reportaje no va a declarar a juicio y así se pierde el espacio de contradicción, sin obviar que estos informes tampoco cuentan con un testigo que acredite dichas pruebas.Entre los puntos que más llamó la atención el procurador está el examen sobre el perfil psicológico de Day Vásquez que el abogado de Nicolás Petro pretende utilizar en el juicio para apoyar en su defensa. El procurador Bustos afirmó que esta solicitud es cuestionable "por la afectación a la intimidad" que sufriría Vásquez al ser sometida a este análisis.El procurador se refirió a la “solicitud inédita” del abogado de Nicolás Petro sobre que se le entregue a la defensa el celular de Day Vásquez para que pueda extraer información. Aseguró que esta “es una actividad válida y absolutamente permitida, pero no en este escenario”.De otra parte, cuestionó la solicitud de la defensa para usar como prueba la declaración del fiscal Mario Burgos, quien en principio lideró la investigación contra Nicolás. “¿Qué sentido tiene, cuando el fiscal ya se encuentra denunciado y podría ejercer su derecho a guardar silencio?”, dijo el procurador delegado.Poco antes de terminar su intervención, Bustos también cuestionó a la Fiscalía sobre todo en su pretensión inicial de introducir como pruebas esas entrevistas o declaraciones de personas entregadas por fuera del juicio, máxime cuando estas mismas testificarán durante dicho juicio.Hacia las 10:30 de la mañana el juez suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por solicitud del abogado del acusado; sin embargo, le advirtió a esta defensa que, si vuelve a solicitar un aplazamiento, compulsará copias en su contra por incumplimiento de sus deberes, pues estas son diligencias programadas. La audiencia continuará este miércoles, a las 8:30 de la mañana.