Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
Según explicó la Superintendencia, la decisión se sustentó en que la información financiera disponible no permite establecer la viabilidad de mantener las operaciones de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S ni concluir que dicha medida sea la más adecuada para proteger los derechos e intereses de los acreedores.Como parte de las actuaciones, la Supersociedades ordenó, además, verificar un posible estado de control o la existencia de un grupo empresarial, de conformidad con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, teniendo en cuenta la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad.Asimismo, se dispuso mantener las medidas cautelares decretadas desde el inicio del proceso de liquidación judicial y adoptar otras determinaciones orientadas a garantizar el adecuado desarrollo del trámite concursal y la protección del crédito.En cumplimiento de estas decisiones, la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos, así como el inventario de activos, pasos clave para avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la prelación legal.“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, hoy en liquidación judicial, esta Superintendencia ha adelantado actuaciones que responden al interés permanente de fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal”, señaló la Supersociedades.
El panorama del comercio digital en Colombia se prepara para un cambio estructural tras el anuncio de medidas que buscan regular el pago del IVA (19%) para productos importados a través de plataformas digitales.Según María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), esta decisión responde a una discusión de casi ocho años sobre la necesidad de establecer condiciones equitativas entre los productores nacionales y los competidores internacionales.Hasta ahora, las compras realizadas en plataformas como Amazon, Temu o Shein que no superaban los 200 dólares estaban exentas de este impuesto, una interpretación de los tratados comerciales que, según la CCCE, generó una disparidad significativa. Mientras un productor nacional debe tributar el IVA por cualquier venta sin importar el monto, las plataformas internacionales aprovechaban esta "extensión" para ofrecer precios más bajos, muchas veces triangulando envíos desde Estados Unidos para acceder al beneficio.Competitividad y el auge de plataformas internacionalesLa variable fundamental que hoy define la competencia en el mercado colombiano es el precio, el cual está directamente impactado por ese 19% de carga tributaria. Quiñones señala que, de no ser por esta diferencia impositiva, la producción nacional y las plataformas localizadas en el país (como Mercado Libre) tendrían condiciones muy equitativas, especialmente porque Colombia ha avanzado significativamente en logística de última milla, logrando entregas en 24 horas.El auge de aplicaciones como Temu ha sido notable, especialmente por su capacidad de atraer usuarios mediante tendencias de gaming y digitalización. Los colombianos acuden masivamente a estos sitios para adquirir principalmente moda, textiles, tecnología y accesorios para el hogar. No obstante, el comercio nacional mantiene su liderazgo en categorías de bienes de mayor tamaño, como los electrodomésticos grandes, donde la logística internacional es menos competitiva.Impacto fiscal y derechos del consumidorDesde la perspectiva del recaudo, se estima que el país deja de percibir cerca de 2 billones de pesos anuales por cuenta de este IVA no cobrado en envíos menores a 200 dólares. Esta cifra, aunque requiere un acotamiento más preciso con el Gobierno Nacional, subraya el detrimento fiscal que supone la normativa actual.Finalmente, un punto diferenciador que favorece al comercio digital residente en Colombia es la protección legal. Solo en el ámbito nacional aplican figuras como el derecho al retracto y la reversión del pago.Estas herramientas permiten que el consumidor recupere su dinero directamente a través del banco o el comercio si no está satisfecho, una garantía que no siempre es exigible a plataformas que no tienen residencia legal en el país.Escuche aquí la entrevista:
Mientras gran parte del planeta aún se alistaba para despedir el 2025, en otras latitudes el calendario ya marcaba el inicio del Año Nuevo 2026. La razón es conocida: los husos horarios hacen que la medianoche no llegue al mismo tiempo en todo el mundo, permitiendo que algunos territorios celebren antes que el resto. Como es tradición, las primeras imágenes del nuevo año llegaron desde Oceanía y Asia, donde los festejos quedaron registrados en videos que rápidamente se viralizaron.Países que ya recibieron el Año Nuevo 2026El primer lugar habitado en recibir el 2026 fue Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, ubicada en la República de Kiribati. Esta remota isla del Pacífico volvió a ser protagonista al convertirse en la primera región del mundo en darle la bienvenida al nuevo año, un momento que fue seguido con atención a nivel internacional.Poco después, Samoa y Tonga se sumaron a la celebración. Ambos países despidieron el 2025 y recibieron el 2026 “a lo grande”, con llamativos espectáculos de fuegos artificiales en algunos de sus puntos más representativos. Los videos mostraron cielos iluminados y celebraciones multitudinarias cargadas de música y tradición.En tercer lugar apareció Nueva Zelanda, donde la ciudad de Auckland, en la Isla Norte, se convirtió en una de las primeras grandes urbes del planeta en entrar al 2026. El icónico show de luces en la Sky Tower fue el centro de atención y marcó el inicio oficial de los festejos en el país.La celebración continuó en Australia, con Sídney como uno de los escenarios más esperados. Miles de personas disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales alrededor del Puente de la Bahía y la Ópera de Sídney, en un evento que pudo verse en vivo y que volvió a posicionar a la ciudad como uno de los epicentros mundiales del Año Nuevo.Más tarde, Brisbane, en el estado de Queensland, y Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, se unieron a la bienvenida del 2026 con rituales y actividades enfocadas en la naturaleza, resaltando la conexión cultural y espiritual de estas regiones con su entorno.El Año Nuevo también llegó a China, Malasia y Taiwán. Ciudades como Hong Kong, Kuala Lumpur y Taipéi recibieron el 2026 con espectaculares fuegos artificiales que iluminaron el cielo y quedaron registrados en imágenes que recorrieron el mundo.
Un proceso contractual de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, tras denuncias que advierten presuntas irregularidades. Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las acusaciones y actuaciones preliminares, sin que exista una decisión judicial o disciplinaria en firme.Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Casur informó, en mayo de 2020, a cerca de 105.000 afiliados sobre la elección de la plataforma de Dibanka, antes de que la empresa estuviera legalmente constituida. De acuerdo con registros mercantiles, Dibanka solo formalizó su existencia ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año, meses después de haber sido recomendada tras un supuesto estudio de conveniencia elaborado por la firma Digital Consulting Group.Según las denuncias, entre 2020 y 2023 Dibanka habría recibido ingresos estimados en 18.000 millones de pesos anuales, producto de descuentos realizados directamente a pensionados. Sin embargo, durante ese periodo no existía un acuerdo de reciprocidad económica con Casur, situación que es señalada como irregular por permitir el uso de la infraestructura y la base de datos de la entidad sin un retorno financiero.En medio de estos cuestionamientos, la Junta Directiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía elevó una solicitud formal a su director, en la que pide información y transparencia sobre el proceso mediante el cual Casur invitó y evaluó a las empresas interesadas en operar la plataforma tecnológica de libranzas. En concreto, solicitan conocer cómo se tomó la decisión y quiénes participaron en ella, a partir de inquietudes expresadas por afiliados y denuncias conocidas públicamente.Documentos conocidos por este medio indican que la Junta Directiva habría solicitado expresamente no avanzar en la contratación con Dibanka, recomendación que, según las quejas, no fue acatada. A esto se suman solicitudes formales de representantes de oficiales, suboficiales y agentes, quienes han pedido suspender nuevos contratos hasta que se garantice la transparencia del proceso.Fuentes cercanas al caso, consultadas por Blu Radio, señalaron que la denuncia presentada ante la Procuraduría se fundamenta en el proceso adelantado por Casur en mayo de 2025 para la contratación de una plataforma tecnológica destinada a la gestión de libranzas.Entre las presuntas irregularidades denunciadas se encuentra la simulación de una licitación bajo la figura de un estudio de mercado, mediante la exigencia de requisitos técnicos, jurídicos y financieros propios de un proceso competitivo formal, así como el uso de criterios de evaluación de “cumple/no cumple”, sin posibilidad de subsanación por parte de los proponentes.En este medio contactamos a varios miembros de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, pero no obtuvimos respuesta.
Lo que pretendía ser un día de descanso en las playas de La Heroica para Óscar Benavides, un ciudadano oriundo de Tumaco, terminó en un altercado con la Policía y una denuncia pública que ha puesto sobre la mesa la vigencia y los límites de las concesiones hoteleras en el país.El incidente ocurrió cuando Benavides y su grupo intentaron instalarse en un sector de la playa que se encuentra frente a uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Según su relato, apenas pasaron dos minutos antes de que la Policía llegara para retirarlos del lugar, bajo el argumento de que esa zona estaba concesionada."Las playas son públicas, son del pueblo y no son de los poderes económicos de este país", afirmó Benavides, quien, incluso, organizó un "paseo de olla" como acto de protesta para demostrar que cualquier colombiano tiene derecho constitucional a disfrutar de estos espacios. Benavides cuestionó que se utilicen cercas o delimitaciones que impiden el libre tránsito, asegurando que ha recibido denuncias similares en Tumaco, San Andrés y Barranquilla."Hay un flagelo que se está presentando a nivel nacional, no le están permitiendo ni siquiera a los nativos y ni siquiera a las personas del común sentarse y poder disfrutar de sus familias", indicó Benavides. Ante la controversia, el Hotel Las Américas aclaró que cuenta con una concesión otorgada por la autoridad marítima desde 1994, la cual se renueva cada 10 años. Según el hotel, este permiso les permite instalar mobiliario (sillas, carpas y sombrillas) para beneficio del turismo, pero recalcaron que son conscientes de que las playas son bienes de uso público.Versión de la DimarEl capitán de navío, Alberto Luis Vuelvas, fue enfático al señalar que "las playas en Colombia no pueden ser privatizadas". El oficial explicó que, si bien existen actos administrativos que autorizan a los hoteles el uso de mobiliario, los ciudadanos mantienen intacto su derecho al tránsito y al uso del mar.Escuche la entrevista aquí:
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte aguacero acompañado de vientos provocó la caída de un gigantesco árbol en el sector de Morrorrico, vía de salida hacia Cúcuta, que dejó graves afectaciones en cuatro viviendas y generó daños en el servicio de energía eléctrica por la caída de un poste de luz.De acuerdo con el reporte de Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, el árbol cayó directamente sobre los techos de cuatro casas, destruyéndolos en gran parte y dejando a las familias damnificadas.“El cuerpo de bomberos atendió la emergencia y la Unidad de Gestión del Riesgo, tras validar las afectaciones, entregó ayudas humanitarias como frazadas, plásticos y colchonetas. Una de las viviendas sufrió daños estructurales considerables, por lo que hoy ingenieros especializados realizarán una valoración detallada”, señaló Rodríguez.El impacto del árbol también ocasionó la caída de un poste de energía, dejando al sector sin servicio eléctrico. La Electrificadora de Santander (ESSA) adelantó labores para restablecer el suministro, mientras que la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) apoyó en la recolección de escombros.Además, la Dirección de Tránsito habilitó nuevamente la vía tras el retiro del material.Ante la denuncia de la comunidad sobre el riesgo de caída del árbol que ya había sido notificado a la Alcaldía de Bucaramanga, Rodríguez explicó que no tiene competencia para realizar la tala preventiva de árboles y que estas solicitudes deben ser remitidas a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), entidad encargada de evaluar y autorizar las intervenciones ambientales."Al interior de la unidad no se tiene la competencia para hacer ninguna tala de árboles, por lo que en caso de reclamaciones lo que hace Gestión del Riesgo es recepcionar ese tipo de solicitudes, hacer la consulta a través de los ingenieros ambientales y de inmediato se corre traslado a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)", explicó el funcionario.Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque una de las viviendas permanece bajo revisión por los serios daños ocasionados al recibir el impacto directo del árbol.
La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en representación de las mesas departamentales, municipales y de víctimas en el exterior, emitió un comunicado en el que reconoce y respalda la labor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.Según el comunicado, la llegada de Adith Romero Polanco ha significado un cambio profundo en la forma de entender la política pública, con un enfoque de humanidad, cercanía y dignidad hacia más de 10 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, lo que representa cerca del 20 % de la población colombiana."En apenas tres meses y medio de gestión, la Unidad ha logrado avances tangibles en materia de reparación, destacándose la entrega de miles de cartas de indemnización en departamentos como Valle del Cauca, Caquetá, Huila, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Santander y Cesar. Las inversiones, superiores a 80.000 millones de pesos, reflejan, según el pronunciamiento, el compromiso de pasar del escritorio al territorio con una gestión seria, eficiente y comprometida", dice el comunicado. La Mesa Nacional también rechazó los señalamientos clasistas y despectivos contra Romero Polanco, quien trabajó como escolta antes de llegar a la dirección de la entidad. “Su vida demuestra que el conflicto no logró arrebatarle sus sueños ni sus ilusiones de ser un mejor ser humano. Hoy su ejemplo se convierte en un símbolo de superación y esperanza para millones de víctimas”, señala el documento.Finalmente, la Mesa Nacional ratificó que la designación de Romero Polanco "fue una decisión justa, acertada y simbólica, al confiar este cargo en una víctima del conflicto". La organización sostuvo que con ello se fortalece el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida", garantizando que las soluciones perdurables se construyan desde quienes conocen en carne propia los impactos de la guerra.
Luego de la muerte de Mathías Hernández, un joven de 15 años, integrante de la Selección de Microfútbol de Santander y considerado una de las grandes promesas de esta disciplina, las autoridades de salud estudian el caso para determinar si la causa estuvo relacionada con dengue.La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, explicó que el adolescente consultó en la Clínica Chicamocha por un cuadro febril acompañado de náuseas. Allí recibió hidratación, pruebas de laboratorio y fue dado de alta, luego de que un test rápido descartara dengue. Posteriormente, en medio de un partido de fútbol, el joven presentó una crisis de salud. Su madre lo trasladó de nuevo a la clínica, pero ingresó sin signos vitales.“El menor había tenido un antecedente de caída con golpe en una nalga, por lo cual se solicitó una autopsia médico legal. Estamos a la espera de los resultados, que tardan alrededor de ocho semanas. En este momento no podemos confirmar que la causa de la muerte haya sido dengue”, precisó Amaya.El caso se encuentra dentro de los cinco fallecimientos en estudio por dengue en Santander, según informó el secretario de Salud departamental, Edwin Prada.Hasta la semana epidemiológica 37 de 2025, Santander ha reportado 8.976 casos de dengue, lo que representa una reducción del 71% frente al mismo periodo de 2024. Del total, el 67% corresponden a dengue sin signos de alarma, el 32,3% a dengue con signos de alarma y el 0,6% a dengue grave.En lo corrido del año, se han notificado 21 muertes probables por dengue en el departamento, de las cuales 7 ya fueron confirmadas y 9 descartadas. Bucaramanga concentra el 27,7% de los casos, seguido de Floridablanca (15,9%) y Sabana de Torres (8,3%).El secretario de Salud de Santander recordó la importancia de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti.“El compromiso y la responsabilidad de la comunidad son fundamentales para disminuir el riesgo de transmisión y proteger la vida de los santandereanos”, señaló Prada.Por ahora, el caso de Mathías Hernández sigue en investigación mientras la familia, la comunidad deportiva y el departamento lamentan la partida de un joven con gran futuro en el microfútbol.
Una seguidilla de temblores con epicentro en Venezuela generó alarma en varias ciudades del oriente colombiano, especialmente en Bucaramanga y Cúcuta, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia y la ciudadanía evacuó edificios y viviendas por prevención.En Bucaramanga, el temblor se percibió con fuerza en distintos sectores del área metropolitana. Varios residentes abandonaron sus apartamentos tras el movimiento telúrico, que según testigos “duró más de un minuto”. El alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció que se activó el protocolo de máxima atención con todas las autoridades y cuerpos de socorro, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener la calma y atender las recomendaciones oficiales.En Cúcuta, el fuerte sismo generó pánico entre los habitantes, lo que llevó a la evacuación de edificios, locales comerciales y establecimientos públicos como medida preventiva. Las autoridades locales confirmaron que se encendieron las alertas y que se mantiene un monitoreo constante para verificar posibles afectaciones en infraestructuras y servicios esenciales.Aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni daños graves en territorio colombiano, los organismos de gestión del riesgo de Santander y Norte de Santander recordaron que la región andina y nororiental es sensible a los movimientos telúricos.Lo anterior debido a su cercanía con el denominado “nido sísmico de Venezuela”, por lo que la población debe estar preparada para atender cualquier eventualidad.“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y atender únicamente la información oficial emitida por las autoridades competentes. De igual manera, recordamos que ante cualquier eventualidad o reporte de emergencia se encuentra habilitada la línea de Gestión del Riesgo 313 321 8204 y la línea de Bomberos 119”, manifestó Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta. El Servicio Geológico Colombiano continuará entregando actualizaciones sobre la magnitud del evento y posibles réplicas, mientras los comités de gestión del riesgo en Santander y Norte de Santander mantienen vigilancia permanente.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.