El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
Un caso de feminicidio sacudió a Colombia y a Estados Unidos por la crudeza de los hechos. Una mujer paisa de 39 años, identificada como Lina María, fue hallada sin vida en su vivienda en Norfolk, Virginia, luego de que su familia en Colombia reportara su desaparición. La última vez que hablaron con ella fue el 16 de enero; desde entonces, el silencio encendió las alarmas entre sus allegados.El 5 de febrero, su hermano hizo oficial el reporte ante las autoridades. Días después, durante el allanamiento de un apartamento en el edificio Icon, agentes en Estados Unidos encontraron el cuerpo sin signos vitales en un congelador, así como su celular y un vehículo Tesla perteneciente a su esposo.Quién es el presunto feminicidaEl principal señalado es su esposo, David Varela, colombiano de 38 años que actualmente es buscado por las autoridades. Tras el hallazgo, el hombre fue acusado formalmente por:Ocultar un cadáver para evitar su detección.Asesinato en primer grado.La investigación estableció que el 5 de febrero el hombre tomó un vuelo con destino a Hong Kong. En el caso intervienen el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Homeland Security Investigations (HSI) y el Naval Criminal Investigative Service (NCIS).El NCIS confirmó que el sospechoso era reservista de la Armada de Estados Unidos. Llamó la atención que no se presentó a trabajar ni respondió llamadas oficiales, además de no registrar vínculos aparentes con Hong Kong.Feminicida dio versión inesperada a familiaAntes de confirmarse la muerte de Lina María, el esposo aseguró a la familia que ella había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial y que, incluso, fue condenada a cinco años de prisión. Para sostener esa versión, envió una fotografía en la que, al parecer, la visitaba en la cárcel, vestida con uniforme naranja.Sin embargo, la verificación de registros judiciales citada por News 3 no halló evidencia de proceso alguno en su contra. Esa contradicción encendió las alertas tanto en la familia como en los investigadores.Mensajes en los que el hoy prófugo afirmaba “no he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día” también hacen parte del expediente. Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda internacional del sospechoso, la familia de Lina María insiste en que se esclarezca por completo lo ocurrido y que David Varela responda por el crimen.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
Dos ciudadanos de República Dominicana que intentaban salir del país con documentación falsa hacia Europa fueron expulsados por Migración Colombia durante un control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los extranjeros habían ingresado al país como turistas con pasaporte dominicano auténtico y, dos días después, pretendían viajar a España.Durante la entrevista migratoria se detectaron inconsistencias en su itinerario y en el propósito del viaje. Tras verificar la documentación de soporte presentada por los viajeros, las autoridades establecieron que las residencias españolas aportadas eran falsas, de acuerdo con el informe del Grupo de Grafología y Documentología de la entidad.Esta expulsión se llevó a cabo en un vuelo de Avianca con destino a Santo Domingo. El caso se suma a las alertas que ha emitido Migración Colombia frente a un fenómeno que, según la entidad, se ha venido presentando de manera sistemática con ciudadanos de República Dominicana.De acuerdo con la directora general de la autoridad migratoria, Gloria Esperanza Arriero López, organizaciones criminales continúan intentando vulnerar el sistema de identificación colombiano para obtener documentos de manera irregular y beneficiarse de la exención de visado que tienen los colombianos para ingresar libremente a otros países.Entre 2021 y lo corrido de 2026 se han registrado 965 casos de obtención fraudulenta de documentación colombiana. De ese total, más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos y 118 a personas de otras nacionalidades, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Líbano.Solo en lo corrido de 2025 se han presentado 182 casos de documentación fraudulenta, de los cuales 136 fueron protagonizados por ciudadanos dominicanos. Según Migración, el esquema utilizado por estas organizaciones criminales consiste en obtener la identidad colombiana mediante la presentación de padres y testigos falsos para tramitar un Registro Civil de Nacimiento Colombiano. Posteriormente, gestionan la cédula de ciudadanía y, con ella, acceden al pasaporte colombiano.Esta modalidad permite que ciudadanos extranjeros viajen como si fueran nacionales colombianos, sin restricción de visa hacia países de la Unión Europea y otros destinos internacionales. De acuerdo con Migración Colombia, estas prácticas estarían relacionadas con estructuras dedicadas al tráfico de migrantes y otros delitos transnacionales.
Este sábado, 21 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un arancel global del 10% para todos los países, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó su política comercial.Autoridades de Estados Unidos interceptaron y atacaron otra embarcación que presuntamente transportaba droga en aguas internacionales del Océano Pacífico.A 15 días de las elecciones legislativas, el presidente Gustavo Petro volvió advertir sobre un posible fraude electoral y cuestionó la confiabilidad de los formularios E-14.En medio de la emergencia invernal, el Instituto Nacional de Salud desplegó antivenenos en Córdoba para reforzar la atención ante el aumento de mordeduras de serpiente en zonas afectadas.Escuche el programa completo aquí:
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016 de 2025 por la presencia de tres grupos armados ilegales que se estarían disputando el control del territorio en Rionegro, Santander.El organismo advirtió una triple confrontación armada en ese municipio, específicamente, en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de Los Chorros y La Tigra.Según el informe, en esta zona del Bajo Rionegro, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico, confluyen estructuras del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y una posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que aumenta el riesgo para los habitantes.En vista de la situación, las autoridades departamentales se reunieron este jueves, 13 de noviembre, para analizar el comportamiento delictivo de los grupos organizados que, presuntamente, operan en Santander y para crear estrategias que permitan evitar cualquier tipo de confrontación.Una de las estrategias es la de entregar una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren datos que conduzcan a la captura de integrantes o redes de apoyo de los grupos armados organizados que buscan ingresar al territorio santandereano."Es un compromiso desde la Gobernación de Santander poder contrarrestar todas las estructuras de grupos armados organizados y trabajar por la contención de los delitos, especialmente el homicidio y la extorsión”, dijo Óscar Hernández Durán, secretario del Interior departamental.De igual forma, el gobierno departamental llevó un equipo multidisciplinario a Rionegro para que, en un trabajo articulado con el Ejército y la Policía Nacional, puedan dar acompañamiento a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo y así anticipar, contener riesgos, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de las comunidades más vulnerables del territorio santandereano.
Hace diez años, la vida de Mario Córdoba cambió para siempre. Una bala perdida lo dejó parapléjico el 31 de diciembre de 2015, cuando fue víctima colateral de un ataque sicarial en Bucaramanga. Lo que parecía el fin de sus sueños se transformó, con el tiempo, en el comienzo de una historia de superación, disciplina y esperanza.Mario, hoy de 33 años, recuerda que durante más de un año cayó en una profunda depresión. “No quería comer, no quería bañarme, no quería vivir. Me encerré en mi dolor. Solo contaba con el apoyo de mi hija y de su mamá, y de mi hermano que siempre ha estado conmigo”, cuenta.Su vida dio un giro gracias a un amigo, Freddy Ramírez, quien también era deportista y empezó a visitarlo con frecuencia.“Él me sacó de la casa, me habló del deporte y poco a poco me fui motivando”, dice. Así conoció el para-atletismo, un camino que lo llevó a encontrar nuevamente sentido a su vida.Mario empezó probando diferentes disciplinas como maratón, rugby en silla de ruedas, y finalmente atletismo de campo, donde encontró su verdadera pasión.“Un día un profesor me dijo: ‘Móntese en esa silla atlética y mire cómo le va’. Me subí y sentí que ese era mi lugar”, recuerda con una sonrisa. Apenas un mes y medio después, ya estaba compitiendo oficialmente en Barranquilla, en octubre de 2018.Pero su historia no ha estado exenta de tragedias. Después de su primera competencia, un incendio arrasó con su vivienda en la invasión José María Córdoba, en el norte de Bucaramanga.“Perdí mi casa, mis cosas, mis recuerdos. Quedé en la calle. Pero hoy entiendo que Dios me quitó la movilidad de las piernas, pero me tenía para ser paraatleta. Me quitó una casa, pero me ha dado bendiciones hoy tengo casa”, dice con esperanza.Desde entonces, Mario se ha convertido en uno de los deportistas con discapacidad más destacados del departamento. Es subcampeón nacional, medalla de plata en los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero 2023, y ha representado a Santander en competencias en Cali, Ibagué, Medellín, Cartagena, Bogotá y Armenia.Actualmente, es administrador del estadio de atletismo La Flora y trabaja con el Inderbu. Además, se prepara para iniciar estudios en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en 2026, con el propósito de enfocarse en la gestión de políticas para personas con discapacidad.Sin embargo, hoy enfrenta una nueva meta: necesita apoyo para modificar su silla de ruedas deportiva, requisito indispensable para poder competir en las clasificatorias a los Juegos Paranacionales de 2027.“La silla que tengo pesa casi 13 kilos, cuando una profesional pesa 5. Solo el marco nuevo cuesta entre 6.500 y 7.000 dólares, unos 32 millones de pesos. No es fácil conseguir ese dinero, pero no pierdo la fe”, explica.Por eso, Mario hace un llamado a las entidades deportivas, a las empresas privadas y a las personas de buen corazón para que lo ayuden a seguir representando a Santander y al país.“A pesar de todo lo que he vivido, no he dejado de insistir ni de soñar. Solo pido una oportunidad más para seguir compitiendo y demostrando que con voluntad se puede salir adelante”, dice.De aquel joven mecánico de motos que un día perdió la movilidad, hoy queda un hombre que inspira. Un atleta que corre desde su silla con el impulso de la vida, con la fuerza del ejemplo, y con la convicción de que los límites están en la mente, no en el cuerpo.
Los habitantes de la vereda Acapulco, en el municipio de Girón, están haciendo un llamado urgente a la Gobernación de Santander por el pésimo estado de las vías que conectan la zona rural con el casco urbano. A través de un derecho de petición dirigido al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, 40 residentes, en su mayoría de las manzanas 69 y 70, solicitan que se realicen obras de mantenimiento que permitan el tránsito de vehículos y el transporte de sus cosechas.Según los habitantes, las vías están prácticamente intransitables por el deterioro causado por las lluvias y la falta de intervención oficial. Freddy Gómez, uno de los líderes de la comunidad, explicó que la situación se ha vuelto crítica para el desplazamiento diario y la atención de emergencias.“La verdad la situación es bastante tensa. Ya ni las ambulancias pueden ingresar para atender a personas mayores o enfermas. Necesitamos al menos una máquina que nos ayude a mejorar la vía”, señaló Gómez.Los vecinos advierten que el mal estado de las vías también está afectando la economía local, ya que en la vereda se producen cultivos como piña, tomate, patilla, pepino y limón, que se comercializan en Floridablanca y en la Central de Abastos de Bucaramanga.“Con estas trochas un carro no puede ingresar porque el daño que sufre sale más costoso que el viaje. Incluso el camión de la basura ya no puede pasar y los muchachos deben correr a llevar las bolsas hasta la esquina”, agregó el habitante.Ante esta situación, la comunidad pide a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Girón que gestionen maquinaria y materiales para habilitar las vías y, si es posible, construir placas huella que garanticen una solución duradera.“Nosotros pagamos impuestos, pero no vemos ese respaldo. Solo pedimos que nos devuelvan un poquito con una vía en buenas condiciones”, puntualizó Gómez.
El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Fernando Pérez, respaldado por el partido ADA, presentó en Blu Radio sus propuestas de gobierno enfocadas en seguridad, movilidad y salud, de cara a las elecciones atípicas del 14 de diciembre.Pérez, quien ha sido subcontralor y contralor de Santander y suma 25 años de trayectoria en el servicio público, afirmó que su campaña será “una carrera maratónica de 31 días para convencer a los ciudadanos de que somos la mejor opción”.“Dios nos bendijo con estar de primeros en el tarjetón. Tengo la formación profesional y la experiencia en la administración pública, y puedo decir con orgullo que nunca he tenido problemas con los entes de control. Hemos hecho las cosas de manera transparente y conozco cómo gestionar con efectividad y eficiencia”, expresó Pérez, destacando su experiencia en el control fiscal.El excontralor aseguró que su prioridad será cumplir el Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo de Bucaramanga y el Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de cerrar el periodo 2027 con el 100% de las metas ejecutadas.Seguridad ciudadanaEn materia de seguridad, el candidato propone aumentar el pie de fuerza policial y fortalecer la cooperación con la ciudadanía.“Se construye ciudad si los ciudadanos están involucrados. Los vecinos, los taxistas, todos pueden ser aliados en la identificación de focos de delincuencia”, señaló.Pérez también enfatizó en la necesidad de mejorar el alumbrado público y recuperar zonas abandonadas o cubiertas de maleza que generan temor entre los peatones. Además, planteó fortalecer el fondo de seguridad municipal para garantizar combustible y recursos logísticos a la Policía, e implementar tecnología y cámaras de vigilancia para mejorar la reacción frente al delito.Movilidad y grandes obrasSobre movilidad, Pérez propuso retomar las grandes obras de infraestructura vial que la ciudad no ha visto “en más de una década”. Mencionó proyectos como el intercambiador de la carrera 27 con calle 56, que, según él, debería extenderse hasta la carrera 15, y la continuación del puente de la carrera 9 con calle 45, donde hace falta el intercambiador final.También insistió en avanzar en la doble calzada entre La Virgen y La Cemento, un proyecto que ya cuenta con respaldo técnico y financiero.“Estas obras son fundamentales para descongestionar la ciudad”, dijo, al tiempo que resaltó la necesidad de fortalecer el civismo y la cultura ciudadana en la movilidad.En cuanto al sistema de transporte masivo Metrolínea, el candidato recordó que el Área Metropolitana de Bucaramanga adelanta un estudio para definir su reestructuración. “Hay que esperar los resultados de esas consultorías para tomar decisiones efectivas, pero el municipio debe estar listo para aportar soluciones”, añadió.Salud y atención a los ciudadanosEn temas de salud, Pérez anunció que su apuesta será por la prevención y la atención directa en los barrios. Recordó que trabajó ocho años en un hospital de segundo nivel y propuso la creación de una sede móvil de salud que lleve servicios médicos, odontológicos y de laboratorio a las comunidades más alejadas.“Muchos ciudadanos no tienen dinero ni para el transporte o un almuerzo cuando van a una cita médica. Por eso, debemos llevar la salud hasta donde ellos están”, explicó.Además, se comprometió a fortalecer el Hospital del Norte, propiedad del municipio, para ampliar su capacidad quirúrgica y establecer convenios con hospitales de mayor nivel del departamento, beneficiando a quienes no están afiliados a una EPS.Aunque aclaró que la crisis de las EPS es un tema nacional, señaló que desde la administración local se puede mejorar la vigilancia y gestión en la atención a los pacientes.
Lo que empezó como una protesta pacífica por la falta de inversiones viales en la Mesa de Los Santos terminó este miércoles 12 de noviembre en una jornada de fuertes reclamos.Los habitantes mantienen levantadas las talanqueras del peaje instalado en el sector de La Punta y aseguran que no las bajarán hasta que se elimine definitivamente el cobro, al que consideran “ilegal e injusto”.La tensión aumentó, cuando un grupo de funcionarios de la Gobernación de Santander, acompañados por miembros de la fuerza pública, llegó al lugar para dialogar con los manifestantes. Sin embargo, el encuentro terminó en medio de gritos y reclamos de la comunidad.En un video grabado por una de las habitantes se escucha a los asistentes decir:“¡No más peaje, no más peaje! Juvenal, lo responsabilizamos por lo que llegue a suceder aquí. ¡Responsable de cualquier acto! No pueden usar la fuerza, el peaje es ilegal”.Los manifestantes insisten en que el cobro no tiene justificación, pues, según dicen, la vía no ha recibido mejoras ni mantenimiento con el paso de los años, a pesar de ser una de las rutas turísticas más transitadas del departamento.La protesta coincide con una decisión reciente de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a un juez suspender provisionalmente la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Asamblea de Santander, mediante la cual se autorizó la creación de una “tasa-peaje” en este sector de la vía a la Mesa de Los Santos.De acuerdo con el Ministerio Público, el departamento no tiene competencia legal para establecer ni recaudar peajes, ya que esta facultad corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte.“Santander no estaba facultado para crear ese peaje; cobrarlo sería ilegal y se requiere que el juez lo detenga mientras se revisa su legalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría.Con esta solicitud, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que la justicia decida si la ordenanza se ajusta o no a la ley.Frente a la controversia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, defendió la iniciativa y criticó la oposición que ha despertado el proyecto, al asegurar que los recursos recaudados están destinados a obras sociales y mantenimiento vial.“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, dijo el mandatario, quien explicó que los fondos se destinan a señalización y mantenimiento de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.Pese a la advertencia del gobernador, los habitantes reiteraron que no permitirán el funcionamiento del peaje, mientras no exista un compromiso claro de inversión sobre la vía principal que conecta Piedecuesta con la Mesa de Los Santos.Los líderes del movimiento ciudadano aseguran que el cobro es injustificado, pues “no se puede pagar por una carretera que está deteriorada, sin iluminación y sin garantías de seguridad”.Por ahora, las talanqueras siguen arriba y los manifestantes aseguran que mantendrán la protesta de forma indefinida, a la espera de una respuesta del juez sobre la legalidad del peaje.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.