El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
Este sábado, 21 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un arancel global del 10% para todos los países, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó su política comercial.Autoridades de Estados Unidos interceptaron y atacaron otra embarcación que presuntamente transportaba droga en aguas internacionales del Océano Pacífico.A 15 días de las elecciones legislativas, el presidente Gustavo Petro volvió advertir sobre un posible fraude electoral y cuestionó la confiabilidad de los formularios E-14.En medio de la emergencia invernal, el Instituto Nacional de Salud desplegó antivenenos en Córdoba para reforzar la atención ante el aumento de mordeduras de serpiente en zonas afectadas.Escuche el programa completo aquí:
El equipo de Marcelino García Toral es consciente de que debe mantener su buen rendimiento como local y reafirmarse tras una serie de resultados negativos como visitante frente a un Valencia que necesita sumar puntos que lo alejen del descenso y, a su vez, que aumenten su autoestima y su confianza.Desde el lado local, el equipo mantiene las bajas de jugadores destacados como Gerard Moreno más las ausencias ya habituales del argentino Juan Foyth, Logan Costa o Willy Kambwala, mientras que es duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, que se recupera de unas molestias de tobillo. En cuanto a las altas, el equipo podrá contar con el nuevo fichaje Alfon González y podría recuperar a Dani Parejo.Respecto al posible once, este podría ser el formado por Luiz Júnior en la portería, al que acompañarían Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Alfonso Pedraza con un centro del campo formado por Pape Gueye y Santi Comesaña, aunque Parejo podría tener sus opciones si está completamente recuperado.En ataque, Nicolás Pepe y Alberto Moleiro ocuparían las bandas para jugar con una pareja de ataque formada por Ayoze Pérez y George Mikataudze.Desde el lado visitante, el Valencia llega con un chute de energía después de su importante victoria en el derbi valenciano. El equipo del señalado Carlos Corberán supo reaccionar ante el Levante para cortar una mala dinámica de resultados y salir de los puestos de descenso a los que cayó antes del encuentro.Sin embargo, el margen con la zona roja sigue siendo mínimo, con tan solo dos puntos de distancia. Por ello, los valencianistas necesitan sumar en Vila-real, donde no ganan desde hace nueve años. Una victoria supondría dar un salto en la clasificación y sumar por primera vez en la temporada dos victorias seguidas como visitante.Para el partido, Corberán recupera a Thierry Rendall y Arnaut Danjuma después de sus molestias y a Copete después de cumplir ciclo de tarjetas. Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Rubo Iranzo y Diego López se mantienen como bajas. Además, Lucas Beltran es duda por molestias en la rodilla que ha arrastrado durante la semana y que no le han dejado entrenar con normalidad.El once de los valencianistas estará formado en portería por Dimitrievski, mientras que en defensa Unai Núñez podría seguir actuando como lateral derecho si Thierry no está totalmente recuperado. La zaga la completarían Tárrega, Copete y Gayà.En el centro del campo, podría entrar por primera vez Guido Rodríguez en el lugar de Pepelu para acompañar a Ugrinic, mientras que en ataque, las bandas serían para Luis Rioja y Ramazani y la punta de ataque para Hugo Duro acompañado de Sadiq Umar o Luvas Beltrán si está finalmente disponible..Alineaciones probablesVillarreal CF: Luiz Júnior;Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y George Mikataudze.Valencia CF: Dimitrievski; Unai Núñez, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez o Pepelu, Ramazani; Hugo Duro y Sadiq o Lucas Beltrán.Árbitro: Jesús Gil ManzanoEstadio: La CerámicaHora: 21.00 (20.00 GMT).
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en su propósito de seguir impulsando la educación en Colombia, se unió a la Universidad Europea para otorgar becas del 50 % y cursar maestrías oficiales en modalidad virtual, impartidas desde España.La convocatoria estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. El objetivo es facilitar el acceso a formación de posgrado con estándares europeos, bajo un modelo que permita estudiar sin dejar de trabajar.¿Quiénes pueden acceder a las becas del 50 %?Si bien es una noticia relevante por parte del SENA y la UE, lo cierto es que el beneficio no está abierto al público general. Las becas están dirigidas a una población específica: personas vinculadas al SENA.Es decir, funcionarios, contratistas activos y familiares directos de funcionarios y contratistas del SENA podrán postularse a las becas.Como requisito académico, los aspirantes deben contar con título universitario de pregrado, condición indispensable para cursar una maestría oficial. Las titulaciones ofrecidas tienen validez internacional y pueden convalidarse ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, conforme a la normativa vigente.El descuento del 50 % no es acumulable con otros convenios o beneficios adicionales.¿Cómo postularme a la beca del 50 %?Para postularse a la beca del 50 % se deben seguir cuatro pasos:Manifestar el interés a través de los canales de orientación académica de la Universidad Europea.Formalizar la matrícula en uno de los programas incluidos en la convocatoria.Esperar la publicación del listado oficial de beneficiarios.Superar la verificación de elegibilidad según la vinculación con el SENA.Las maestrías se desarrollan en modalidad virtual mediante campus digitales y metodologías en línea, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que garantiza estándares académicos internacionales.Además, para conocer a cuáles maestrías aplicar, puede elegir la de su preferencia en el listado disponible en el siguiente enlace: https://colombia.universidadeuropea.com/oferta-academica/Maestrías virtuales con respaldo internacional y enfoque profesionalLa alianza hace parte de una estrategia de cooperación académica entre ambas instituciones. La Universidad Europea, considerada la primera universidad privada de España por número de estudiantes, cuenta con más de 30.000 alumnos en programas de grado y posgrado.Con esta convocatoria, el SENA busca fortalecer las capacidades profesionales de su talento humano, ofreciendo acceso a formación internacional sin necesidad de salir del país.
Más 200 policías se han desplegado en el distrito especial de Buenaventura, para reforzar la seguridad en esta ciudad tras la captura en España de Diego Fernando Bustamante, conocido en el mundo criminal como alias ‘Diego Optra', quien es el principal cabecilla de la banda crimina 'Los Shottas'.Este hombre fue detenido por las autoridades españolas en la ciudad de Madrid, donde se encontraba evadiendo a la justicia colombiana, tras más de 17 años de trayectoria criminal.En el Valle del Cauca, las autoridades se han desplegado especialmente en la comuna 12 de Buenaventura, para evitar cualquier alteración al orden público relacionada con la detención de este cabecilla."Es una captura muy importante porque es el líder de una de las organizaciones criminales de acá. La idea es que reforcemos, que trabajemos conjuntamente para que la seguridad no se vaya a alterar en el Distrito de Buenaventura, pero además hay que decir que ojalá continuemos con la mesa sociojurídica, ese diálogo que se ha venido realizando y que también nos ha ayudado mucho para que disminuyan la criminalidad", señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como la gobernadora, el clamor de la comunidad de Buenaventura es que se mantengan los diálogos de paz entre las bandas criminales para lograr la recuperación de la tranquilidad en este distrito.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, llegó a la ciudad de Cali para liderar la más reciente reunión de seguridad electoral para definir las acciones a realizar en el marco del 'Plan Democracia' en el suroccidente del país, de cara a las elecciones al congreso que se realizarán el próximo ocho de marzo.En este encuentro, el general López confirmó que en el Valle del Cauca hay especial cubrimiento en municipios donde en los últimos días se han registrado alteraciones al orden público, como lo son Dagua, Jamundí y Buenaventura. Mientras que en el norte del Cauca también hay una atención especial de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto."En el Valle del Cauca nos corresponden 1.152 puestos de votación que van a ser cubiertos por 8.167 soldados de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía. Es un plan en el que se ha venido trabajando desde hace un año, donde evaluamos todas las necesidades en la llegada de los vallecaucanos a los puestos de votación", aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.El general López señaló que aún no se ha definido si es necesario trasladar puestos de votación en la zona rural de la región. Recordemos que los personeros de Dagua y Buenaventura estaban solicitando estos traslados debido a la presencia de grupos armados en algunos corregimientos y veredas de sus municipios.
Lo que empezó como una protesta pacífica por la falta de inversiones viales en la Mesa de Los Santos terminó este miércoles 12 de noviembre en una jornada de fuertes reclamos.Los habitantes mantienen levantadas las talanqueras del peaje instalado en el sector de La Punta y aseguran que no las bajarán hasta que se elimine definitivamente el cobro, al que consideran “ilegal e injusto”.La tensión aumentó, cuando un grupo de funcionarios de la Gobernación de Santander, acompañados por miembros de la fuerza pública, llegó al lugar para dialogar con los manifestantes. Sin embargo, el encuentro terminó en medio de gritos y reclamos de la comunidad.En un video grabado por una de las habitantes se escucha a los asistentes decir:“¡No más peaje, no más peaje! Juvenal, lo responsabilizamos por lo que llegue a suceder aquí. ¡Responsable de cualquier acto! No pueden usar la fuerza, el peaje es ilegal”.Los manifestantes insisten en que el cobro no tiene justificación, pues, según dicen, la vía no ha recibido mejoras ni mantenimiento con el paso de los años, a pesar de ser una de las rutas turísticas más transitadas del departamento.La protesta coincide con una decisión reciente de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a un juez suspender provisionalmente la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Asamblea de Santander, mediante la cual se autorizó la creación de una “tasa-peaje” en este sector de la vía a la Mesa de Los Santos.De acuerdo con el Ministerio Público, el departamento no tiene competencia legal para establecer ni recaudar peajes, ya que esta facultad corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte.“Santander no estaba facultado para crear ese peaje; cobrarlo sería ilegal y se requiere que el juez lo detenga mientras se revisa su legalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría.Con esta solicitud, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que la justicia decida si la ordenanza se ajusta o no a la ley.Frente a la controversia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, defendió la iniciativa y criticó la oposición que ha despertado el proyecto, al asegurar que los recursos recaudados están destinados a obras sociales y mantenimiento vial.“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, dijo el mandatario, quien explicó que los fondos se destinan a señalización y mantenimiento de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.Pese a la advertencia del gobernador, los habitantes reiteraron que no permitirán el funcionamiento del peaje, mientras no exista un compromiso claro de inversión sobre la vía principal que conecta Piedecuesta con la Mesa de Los Santos.Los líderes del movimiento ciudadano aseguran que el cobro es injustificado, pues “no se puede pagar por una carretera que está deteriorada, sin iluminación y sin garantías de seguridad”.Por ahora, las talanqueras siguen arriba y los manifestantes aseguran que mantendrán la protesta de forma indefinida, a la espera de una respuesta del juez sobre la legalidad del peaje.
El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, con el propósito de analizar la situación de seguridad en la capital santandereana y establecer acciones conjuntas que permitan reforzar la presencia institucional durante la temporada decembrina.Al término del encuentro, Sarmiento destacó la receptividad del ministro y los compromisos alcanzados para fortalecer la seguridad ciudadana.“Fiel a mi compromiso con Bucaramanga, he tenido una agenda de reuniones muy relevantes, por ejemplo, el día de hoy con el señor ministro de Defensa Nacional, manifestándole las preocupaciones de los bumangueses, pero también aportando y mostrando la disposición para las soluciones”, señaló el mandatario encargado.El alcalde resaltó que la gestión permitirá aumentar el pie de fuerza en la ciudad, con la llegada de policías profesionales y estudiantes en formación que apoyarán los operativos durante el fin de año.Además, anunció que la administración municipal trabajará en un fortalecimiento tecnológico del sistema de seguridad, para complementar las labores de patrullaje y vigilancia.“El discurso de la seguridad es materializarlo a través de gestiones ante el alto Gobierno y también con los aportes desde la administración municipal”, subrayó Sarmiento, quien añadió que el ministro se mostró dispuesto a respaldar a Bucaramanga y que en los próximos días se realizará un consejo de seguridad con la presencia de la cúpula militar.
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón falló a favor de Jessica Alejandra Pinzón Jiménez, una funcionaria de la Alcaldía de Girón que fue desvinculada pese a encontrarse en periodo de lactancia. La decisión concluye que el despido vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la lactancia materna.La mujer, quien se desempeñaba como secretaria Administrativa, había sido nombrada el 15 de octubre y tomó posesión del cargo el 16 del mismo mes, pero fue declarada insubsistente apenas nueve días después, mediante la Resolución 003738 del 25 de octubre de 2025, firmada por el alcalde designado de Girón, Freddy Cáceres.Según la tutela, al momento de su desvinculación la funcionaria era madre lactante de una bebé prematura de 12 meses, quien hace parte del Plan Canguro y requiere lactancia materna continua. Pinzón había informado oficialmente esta condición a la administración municipal el 17 de octubre, es decir, antes del despido, y había solicitado formalmente la protección laboral reforzada.El juzgado concluyó que, aunque el cargo ocupado por Pinzón Jiménez era de libre nombramiento y remoción, la Alcaldía no podía desvincularla sin analizar su condición de madre lactante, pues la Ley 2306 de 2023 amplió la protección laboral hasta los dos años de edad del menor cuando existe lactancia materna activa.Por esta razón, el juez concedió la tutela y ordenó a la Alcaldía de Girón reintegrarla a su cargo o a otro de iguales o mejores condiciones en un plazo de diez días, así como pagar los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación.Además, dispuso que la administración le garantice un descanso de 30 minutos dentro de la jornada laboral para amamantar a su hija, sin descuento salarial, conforme a la Ley 2306 de 2023 y la Ley 1823 de 2017.“Las disposiciones sobre cargos de libre nombramiento deben ceder ante las que protegen derechos de rango constitucional, como los de las madres en periodo de lactancia”, señaló el despacho en la sentencia.El fallo también dispuso la desvinculación del trámite de varias entidades que fueron llamadas al proceso, entre ellas la Personería Municipal de Girón, la EPS Sura, el Ministerio del Trabajo, la Clínica Materno Infantil San Luis y la ADRES, al considerar que no tenían responsabilidad directa en la presunta vulneración.La Alcaldía de Girón podrá impugnar la decisión, que de no ser apelada será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Las autoridades de Santander declararon alerta máxima ante la posibilidad de ataques con explosivos contra batallones y bases militares de la región. La Gobernación anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita desarticular planes terroristas, mientras se intensifican las labores de inteligencia militar y policial.La medida fue adoptada tras el atentado con explosivos registrado en Tunja y por la cercanía e influencia de zonas con presencia de grupos armados. La alerta abarca especialmente a Bucaramanga y su área metropolitana, y se extiende a instalaciones en Barrancabermeja y a la zona del Magdalena Medio.La Defensoría del Pueblo, según las autoridades regionales, ha reportado además una expansión de grupos criminales en el oriente del país, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, lo que habría motivado el refuerzo de las medidas de seguridad.En declaraciones, el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, subrayó la prioridad de fortalecer la inteligencia: “(Debemos) ampliar nuestras capacidades de inteligencia. Y aquí invitamos a los ciudadanos a informar cualquier acción rara. Recuerden que hay un ofrecimiento de parte de la gobernación del departamento de hasta 30 millones de pesos por quien suministra información sobre actores criminales de alto impacto para generar afectación y evitar que se presenten hechos de terrorismo”, dijo.Las autoridades anunciaron operativos de verificación en puntos estratégicos y un aumento de la presencia militar y policial en accesos a instalaciones castrenses y en rutas de alto tránsito, con el objetivo de prevenir atentados y proteger a la población civil.La Gobernación y las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía mantener la calma, extremar las medidas de autoprotección y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las líneas oficiales para acceder a la recompensa ofrecida y colaborar con las investigaciones.
El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Jhon Freddy Martínez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de noviembre en el municipio de Piedecuesta, Santander.De acuerdo con las primeras versiones, el artista de 39 años habría pasado un semáforo en rojo, lo que provocó un fuerte choque contra una camioneta. El siniestro quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde se observa cómo varias personas intentan auxiliarlo. Pese a los esfuerzos médicos, Martínez murió poco después del impacto.Familiares, amigos y colegas del medio han expresado su profundo dolor ante la repentina partida del actor, recordando su talento, carisma y compromiso con las artes escénicas. En redes sociales, decenas de usuarios han compartido mensajes de despedida y clips de sus participaciones en diferentes proyectos audiovisuales.Uno de los aspectos que más ha conmovido a sus seguidores es la última publicación que el actor compartió en sus redes sociales. En ella, Martínez promovía el tráiler del videoclip “Pon a sonar las rolas”, proyecto del cual fue director y en el que también realizó algunos cameos.“Este es el tráiler del videoclip ‘Pon a sonar las rolas’, el cual será lanzado este viernes 21 de noviembre en homenaje póstumo a Jhon Freddy Martínez, su director”, se lee en la descripción del video, actualizada este 12 de noviembre tras su fallecimiento. El videoclip tenía previsto su estreno el 12 de noviembre,pero la fecha fue modificada tras la tragedia.En otros videos recientes, el actor había mostrado escenas de los ensayos para grabaciones de comerciales, reflejando su dedicación y pasión por la actuación, las cámaras y la creación artística, una vocación que lo acompañó hasta sus últimos días.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.