Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
Al menos cuatro policías marroquíes murieron y otros 26 resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado este sábado en las proximidades de Sidi Ifni, en el sur del país.Según fuentes oficiales, el siniestro se produjo cuando una unidad móvil antidisturbios ocupada por 44 agentes volcó en la carretera mientras se dirigía a la localidad de Agadir, donde los policías debían participar en el operativo de seguridad de un torneo de fútbol.En imágenes compartidas por ciudadanos se puede observar cómo quedó el vehículo tras el impacto. De acuerdo con las mismas fuentes, dos de los 26 heridos se encuentran en estado crítico. Las autoridades marroquíes investigan las causas del accidente.Por ahora no se conocen más detalles; sin embargo, se espera que las autoridades locales revelen más información en las próximas horas.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Danilo Chavarro Chavarro en entrevista con Conducta Delictiva Podcast, entregó su versión sobre el intento de feminicidio por el que hoy paga una condena de 16 años, un mes y 15 días de prisión. El hombre reconoció que la relación estuvo marcada por los celos, el control y la violencia. La historia comenzó en Boyacá, cuando él, 21 años mayor que la joven, la conoció mientras promocionaba la carrera musical de su hijo. Tras varios años de comunicación telefónica, iniciaron una convivencia que se extendió por casi siete años y de la que nacieron dos hijos.Durante ese tiempo, según su propio testimonio, hubo episodios de infidelidad, discusiones constantes y comportamientos posesivos. Chavarro calificó su actitud como un “machismo extraño” y admitió que la relación se deterioró progresivamente. La situación escaló en Semana Santa de 2023, cuando rompió los vidrios de la vivienda de su expareja en medio de un ataque de ira y luego la vio con otro hombre. Para entonces, la mujer ya contaba con una medida de protección y existían procesos activos en comisarías de familia.Pese a esas restricciones, el acoso continuó. Chavarro confesó haber enviado más de 200 mensajes intimidatorios, incluyendo fotografías de armas. “Mire, la voy a matar, llévenla... por favor les decía yo, en un mes se me va a pasar la tontada, llévenla”, relató. Días después, el 18 de abril de 2023, tras una audiencia judicial en la que fue sancionado económicamente por amenazas, aseguró que tomó la decisión de atentar contra ella. “Ese día yo salí hecho un demonio... dije: ‘Hoy compro, hoy acabo con esa mujer’”, afirmó, al explicar que vendió equipos de sonido para adquirir un revólver por tres millones de pesos.El ataque ocurrió hacia las 11:00 de la noche, en el norte de Bogotá, cuando la víctima salía de una cantina. “Me bajo de ese carro, la llamo por su nombre y le doy tres impactos”, describió sobre el momento en que disparó. Tras el hecho, se retiró unos metros con la intención de ser capturado, convencido de que ella había muerto. No obstante, la rápida reacción de la Policía y el traslado inmediato a un centro asistencial permitieron salvarle la vida, aunque quedó con secuelas físicas permanentes.Cuatro meses después de los hechos, la mujer lo visitó en prisión y, según contó el propio condenado, le otorgó su perdón en presencia de sus hijos. Actualmente mantienen contacto telefónico y, de acuerdo con Chavarro, trabajan en una iniciativa para promover la prevención de la violencia de género y el respeto por las decisiones de pareja, mientras él continúa cumpliendo su condena en el centro penitenciario.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
El Radar del sábado 21 de febrero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, habló sobre la entrega de los restos del padre Camilo Torres, a 60 años de su muerte en combate.Macelo Lombardero, director del montaje 'El Holandés Errante', enfatizó en el desarrollo de la obra, su contexto histórico y los elementos literarios que dan forma a la ópera 'El holandés errante', destacando su estructura narrativa y su significado dentro del repertorio lírico.
El alcalde encargado de Girón, Freddy Cáceres, denunció ante la Fiscalía a un agente de tránsito del municipio por presuntamente haber solicitado dinero a un ciudadano a cambio de no imponer un comparendo por infracción de pico y placa.De acuerdo con el mandatario, la denuncia se radicó con base en pruebas enviadas directamente por la víctima, entre ellas fotografías, videos y una consignación por valor de 300.000 pesos realizada a través de un operador financiero, con la cual se demostraría el supuesto pago para evitar la sanción.“Hoy he radicado una denuncia penal ante la Fiscalía contra un agente de tránsito del municipio. Las pruebas llegaron al celular directamente por la víctima: fotos, videos y una consignación de $300 mil por evitar una sanción de pico y placa”, informó el alcalde Cáceres.El mandatario local explicó que este caso se suma a otras quejas ciudadanas sobre la actuación de algunos agentes durante los controles de tránsito, especialmente en horas pico sobre el anillo vial y la avenida Los Caneyes, donde la realización de operativos ha generado congestiones y malestar entre los conductores.“He dado instrucciones claras: no se deben realizar controles durante la hora pico porque afectan la movilidad. Además, es necesario reforzar la presencia de reguladores en puntos críticos como la avenida Los Caneyes, la rotonda y el sector El Poblado”, precisó Cáceres.El alcalde también anunció medidas internas, como la rotación del personal operativo en los retenes y puestos de control, con el fin de evitar que los mismos funcionarios permanezcan de manera constante en los mismos lugares y se repitan conductas cuestionadas por la comunidad.“Los ciudadanos me piden que haya rotación de personal. Presuntamente hay grupos permanentes en ciertos puntos, y eso genera inconformidad. Por eso, desde mi despacho, se ordenó esa rotación y una vigilancia estricta sobre las actuaciones del cuerpo de tránsito”, señaló.Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del agente denunciado y establecer si existen otros casos similares dentro del cuerpo operativo de tránsito de Girón.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de dos reconocidos actores criminales con un extenso prontuario judicial. Se trata de Pedro Pablo Cárdenas, alias ‘Pablo’, y Alberto Martelo Jiménez, alias ‘Alberto’, quienes, según las autoridades, acumulaban más de 30 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por una larga lista de delitos.Las investigaciones adelantadas por la Sijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitieron establecer que estos sujetos se dedicaban al hurto mediante la modalidad de ‘raponazo’, utilizando motocicletas para sorprender a sus víctimas, en su mayoría mujeres conductoras, y despojarlas de sus pertenencias con violencia.Sin embargo, lo que más llama la atención de este caso es la extensa hoja de antecedentes que ambos capturados registran: hurto calificado y agravado, lesiones personales, receptación, fuga de presos, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Pablo’ y ‘Alberto’ son ejemplo del fenómeno de reincidencia criminal que preocupa a las instituciones de seguridad, pues a pesar de haber sido judicializados en varias ocasiones, volvían a las calles para cometer nuevos delitos.El Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la importancia del operativo y envió un mensaje contundente: “Este resultado operativo demuestra el compromiso permanente de nuestros investigadores por combatir de manera frontal a quienes afectan la seguridad ciudadana. Continuaremos desarrollando acciones categóricas para proteger la vida y el patrimonio de los bumangueses”.Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de presentarlos ante un juez para la definición de su situación jurídica.Las autoridades esperan que las pruebas recopiladas, especialmente en videos de cámaras de seguridad, sean determinantes para que los capturados pasen una buena temporada tras las rejas.
El ataque a bala ocurrido en la madrugada de este lunes 10 de noviembre en el asentamiento humano Villa Esperanza, Floridablanca, y que dejó a una persona muerta y tres más heridas, habría sido, según las autoridades, un hecho perpetrado por la banda delincuencial ‘Los del Sur’, que estaría disputándose el control del microtráfico en esta zona del área metropolitana de Bucaramanga.De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dos hombres armados ingresaron al sector conocido como El Basurero y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban consumiendo estupefacientes.“En el sector del basurero de Villa Esperanza, dos sujetos ingresan y agreden con armas de fuego a unas personas que estaban consumiendo estupefacientes. En el hecho resulta una persona fallecida y tres lesionadas, quienes están fuera de peligro y reciben atención médica”, informó el general Quintero.El oficial explicó que este nuevo hecho violento ocurre luego del ataque del 25 de octubre, también en el asentamiento humano Villa Esperanza, donde cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego durante la madrugada de ese día.“Todo apunta a que este ataque fue ordenado por integrantes de Los del Sur, quienes controlan cerca del 80 % de los expendios de estupefacientes en el área metropolitana. Ellos no solo surten los puntos de venta, sino que ahora buscan manejar directamente el negocio en esa zona, generando homicidios y agresiones personales”, señaló el general Quintero.El comandante añadió que detrás de algunos de estos ataques estarían personas privadas de la libertad que continúan impartiendo órdenes desde las cárceles. Además, mencionó que uno de los presuntos sicarios sería de nacionalidad venezolana, vinculado al Tren de Aragua.Ante la complejidad del territorio, la Policía mantiene presencia permanente en el asentamiento, aunque enfrenta dificultades de control debido a que se trata de una zona irregular, con caminos estrechos y sectores sin iluminación.“Es un sector grande, con cerca de 3.000 viviendas, caminos oscuros y difíciles para el patrullaje. Sin embargo, reforzaremos la presencia policial y trabajaremos con la Alcaldía de Floridablanca para recuperar el control del área y desmontar las chatarrerías y puntos donde se concentran consumidores y delincuentes”, puntualizó Quintero.Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables del nuevo ataque y establecer su relación con la guerra entre bandas por el dominio del microtráfico en Floridablanca.
La ola de violencia no da tregua en el Magdalena Medio. En hechos ocurridos en menos de 24 horas, tres personas perdieron la vida en ataques armados registrados en los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia).El primer hecho se registró en el barrio La Paz de Barrancabermeja, donde un hombre fue asesinado dentro de una residencia en la que se hospedaba. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima, identificada como Santiago Páez, oriundo de Yondó, se encontraba en la entrada de su habitación cuando sicarios ingresaron al inmueble y le dispararon sin mediar palabra.En el momento del ataque, Páez estaba acompañado de una menor de edad, quien fue puesta bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.Con este asesinato ya son 130 las muertes violentas que se han registrado en el Puerto Petrolero durante este 2025.Casi de manera simultánea, en la vereda San Miguel del Tigre, zona rural del municipio de Yondó, se reportó un doble asesinato. Las víctimas fueron identificadas como Fary Luciana Villafrades Sandoval, de 33 años, y su pareja Cristian Andrés Ramírez Patiño.Según las primeras indagaciones, la pareja se movilizaba en motocicleta por el sector conocido como La Arrocera cuando fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en su contra, causándoles la muerte en el lugar.Uniformados de la Policía y unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas y responsables de este nuevo hecho de sangre.La comunidad del Magdalena Medio expresó su preocupación y temor ante el aumento de los hechos violentos en la zona. Tanto en Barrancabermeja como en Yondó, los habitantes exigen la presencia permanente de las autoridades y acciones contundentes que permitan frenar el accionar de los grupos armados y delincuenciales que operan en el territorio.
La emergencia vial que mantiene bloqueada la Transversal del Carare, en el sur de Santander, tiene en jaque a una de las tradiciones más emblemáticas del departamento: la producción del bocadillo veleño.Desde que la vía colapsó hace más de dos semanas, los fabricantes no han podido transportar sus productos ni recibir materia prima, lo que ha generado pérdidas millonarias y sobrecostos logísticos que amenazan la supervivencia del sector.Según Paola Pineda, representante del gremio de productores, “en las últimas semanas se han dejado de vender cerca de 240 toneladas de bocadillo”, lo que ha afectado directamente a las 60 fábricas registradas en Vélez.La situación es crítica, pues la guayaba -principal insumo- tampoco ha podido llegar a los centros de producción por los cierres en el corredor que conecta a Vélez con Barbosa.“Durante la primera semana no se despachó ni un solo bocadillo. Todo se acumuló, y ahora, para poder enviar los pedidos, los costos se dispararon. Dependiendo del destino, hemos tenido que asumir sobrecostos entre el 10% y el 50%”, explicó una de las productoras afectadas.Además del impacto en el sector agroindustrial, el turismo en municipios como Vélez también ha sufrido una fuerte caída debido a la incomunicación vial. Los productores y empresarios de la región están pidiendo con urgencia al Gobierno Nacional y al Invías que prioricen la reconstrucción o el trazado de una nueva carretera que permita restablecer el tránsito por la Transversal del Carare.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.