En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Un ciudadano alemán señalado de tener un esquema de estafa internacional fue capturado en Armenia. El hombre, identificado como Jurgen Lubke, alias ‘El Rey’, era buscado para cumplir tres condenas en Europa por fraudes económicos. La captura se dio en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, con cooperación de autoridades internacionales.Según las investigaciones, Lubke era requerido por estafar a ciudadanos en Alemania y España mediante una modalidad basada en ofrecer vehículos nuevos y servicios de transporte internacional que nunca se concretaban.El estafador ingresó a Colombia en 2022 y, ya en territorio nacional, montó una fachada empresarial para continuar su actividad ilegal. A comienzos de 2023 registró una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia, que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos, así como a servicios de mudanzas internacionales.Desde esa base operativa, según las autoridades, el alemán amplió su red de fraude y lavado de activos, afectando a víctimas en Europa. El esquema consistía en crear empresas ficticias de transporte y mudanzas, captar clientes a través de internet y recibir pagos anticipados por servicios que no se prestaban. Alias ‘El Rey’ quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites de extradición.
El pie de fuerza del Clan del Golfo tuvo un crecimiento entre 2022 y 2025, consolidándose, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, como el grupo armado criminal más grande del país. Este tuvo un aumento del 140 %, alcanzando aproximadamente 9.840 integrantes, teniendo en cuenta que en 2022 contaba con 4.099 integrantes.El documento señala que este fortalecimiento se refleja tanto en su componente armado como en sus redes de apoyo. Del total estimado, cerca de 3.328 miembros están en armas, mientras que unos 6.512 harían parte de estructuras logísticas, informantes y redes criminales que sostienen el control territorial del grupo. Esta composición le permite ejercer dominio en amplias zonas sin necesidad de una presencia militar constante.La expansión territorial del Clan también ha sido acelerada, teniendo en cuenta que, según el informe, en 2022 la organización criminal tenía influencia en 145 municipios distribuidos en 13 departamentos. Para 2025, esa cifra se duplicó hasta llegar a 296 municipios en 17 departamentos, lo que representa un crecimiento total del 104 % en su alcance territorial.En algunas regiones, el Clan del Golfo ha consolidado control estable, mientras que en otras mantiene disputas activas con organizaciones rivales. Actualmente participa en varios focos de confrontación armada, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el norte y nordeste de Antioquia y corredores estratégicos del Pacífico como el San Juan chocoano y el Bajo Calima.“En un nivel más localizado, sostiene disputas urbanas y semiurbanas en el oriente antioqueño con El Mesa; en Barranquilla, presuntamente con Los Pepes y Los Costeños; en Sincelejo con Los Norteños; y en el centro del Magdalena con Los Primos”, destaca el informe.El informe de Ideas para la Paz menciona conflictos locales en zonas como el oriente antioqueño, Barranquilla, Sincelejo y el centro del Magdalena, donde enfrenta a estructuras criminales regionales para consolidar su dominio sobre economías ilegales.El crecimiento del grupo se explica, en parte —destaca el documento—, por su capacidad de reclutamiento. La organización criminal ha incorporado excombatientes de guerrillas, antiguos miembros de la Fuerza Pública y jóvenes captados mediante incentivos económicos. Su modelo combina salarios mensuales para combatientes, apoyos a familias y una estructura jerárquica flexible que facilita la expansión en nuevos territorios.Otro factor clave ha sido su arquitectura organizativa. El Clan funciona con un mando centralizado y estructuras regionales flexibles que operan como bloques y subestructuras. Este esquema le permite tomar decisiones estratégicas desde la cúpula, pero mantener autonomía operativa en el terreno, lo que facilita adaptarse a dinámicas locales y sostener su crecimiento continuo.“El Clan del Golfo se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. El Estado Mayor cumple funciones de dirección estratégica, define lineamientos políticos y militares, y coordina todas las economías ilícitas y la expansión territorial. Los bloques actúan como estructuras intermedias que se encargan de administrar amplias zonas geográficas y de coordinar a los frentes o subestructuras bajo su jurisdicción. Estos, a su vez, asumen el control territorial, la regulación de las economías ilegales y la confrontación con otros actores armados a nivel local”, agrega el informe de la Fundación Ideas para la Paz.El informe advierte que este aumento del pie de fuerza y su expansión territorial consolidan al Clan del Golfo como el actor armado ilegal con mayor capacidad militar y presencia nacional en Colombia. Su crecimiento, incluso en medio de operaciones militares, refleja una combinación de diversificación criminal, control social y expansión estratégica que lo posiciona como uno de los principales retos para la seguridad del país en los próximos años.
Una operación de interdicción en aguas del Caribe colombiano terminó con la incautación de 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína tras la interceptación de una lancha rápida que, según inteligencia, se dirigía hacia rutas internacionales del narcotráfico. El operativo fue ejecutado por unidades de la Armada con apoyo aéreo militar de la Fuerza Aeroespacial.La operación comenzó con información de inteligencia naval que alertó sobre una embarcación sospechosa que habría zarpado desde La Guajira con destino a Centroamérica. Con ese dato, se activó un dispositivo conjunto que incluyó Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas desplegadas desde Santa Marta, guiadas desde el aire por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3.La persecución en mar abierto estuvo marcada por condiciones meteomarinas adversas, que complicaron la maniobra de abordaje. Pese a ello, los equipos lograron cerrar el cerco y detener la lancha, en la que viajaban dos ciudadanos de Venezuela. Por seguridad, tanto los tripulantes como la carga fueron trasladados primero a una unidad naval antes de ser llevados a puerto seguro.Ya en tierra, autoridades judiciales inspeccionaron la embarcación y hallaron 14 sacos que contenían la droga. El alijo, equivalente a más de un millón de dosis, tenía como destino mercados internacionales, según las primeras verificaciones.La interdicción, según cálculos oficiales, evitó que cerca de 19 millones de dólares ingresaran a las finanzas de redes narcotraficantes que operan en el Caribe colombiano.
En Bogotá capturaron a 15 personas responsables de extorsionar a ciudadanos y comerciantes de algunos barrios de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires. De acuerdo con la Policía y la Secretaría de Seguridad, algunos capturados eran parte de las bandas ‘Satanás’ y ‘Los Bautista’. Asimismo, las extorsiones se realizaban por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y panfletos.Según las autoridades, en Chapinero se presentó el primer caso que alertó a las autoridades, luego de la denuncia de un comerciante de artículos tecnológicos al que le pedían 15 millones de pesos a cambio de no atentar en su contra. Sin embargo, cuando uno de los delincuentes intentaba extorsionar al comerciante, fue capturado en flagrancia.En Ciudad Bolívar, según las autoridades, operaba la banda transnacional ‘Los Satanás’. El caso se registró en un lavadero de vehículos en el que un extrabajador del lugar entregó videos e información del local comercial a los extorsionistas, quienes le exigían a los dueños más de 20 millones de pesos para no atentar contra el establecimiento.En San Cristóbal, mientras dañaban la fachada de un local comercial, la Policía capturó a dos extorsionistas que se hacían pasar por integrantes de una banda delincuencial para sembrar miedo en las calles.Las organizaciones criminales también operan desde distintas ciudades y desde las cárceles del país. En Villavicencio fue capturada alias ‘Jeimmy’, quien sería integrante de la banda ‘Los Bautista’, desarticulada en 2025, y es señalada de delitos como extorsión y concierto para delinquir. Su modus operandi era coordinar las actividades ilícitas por ciberextorsión, especialmente desde la cárcel La Picota de Bogotá.Las 15 personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a nueve de estos capturados en centro carcelario y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria.
“¿Cómo los bandidos si tienen vehículos blindados de alta gama?”: el secretario de Seguridad de Antioquia lanzó duras críticas a la UNP tras decidir no reforzar el esquema de seguridad del alcalde de Briceño declarado objetivo militar por las disidencias de ‘Calarcá’. El funcionario departamental pidió medidas urgentes.Molestia ha generado en Antioquia la reciente decisión de la Unidad Nacional de Protección de no reforzar el esquema de seguridad de Noe Espinosa, el alcalde del municipio de Briceño declarado recientemente como objetivo militar a través de un panfleto por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.Fue el propio secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien se pronunció sobre estas disposiciones indicando que con unas amenazas previas al mandatario local se pensaba que una camioneta convencional, un chaleco blindado y un escolta se trataba de medidas provisionales.Sin embargo, admitió que ahora recibe con preocupación la decisión de mantener las mismas disposiciones ante un riesgo inminente.“A mí me parece que es una negligencia total de la UNP que venga a decir que con un panfleto de esos espere yo hago un estudio de seguridad. No, tiene que responder de manera inmediata y colocarle un vehículo blindado y los hombres de seguridad que requieran”, aseguró el secretario Martínez.El funcionario también cuestionó a la entidad del Gobierno nacional sobre los criterios para tomar estas decisiones recordando hechos como los ocurridos en julio de 2024 cuando fueron sorprendidos en camionetas de la misma entidad en vías del Norte de Antioquia alias ‘Calarcá’ y otros miembros de su mismo grupo armado.“Como los bandidos si tienen vehículos blindados de alta gama y los ve uno en ocho, 10 camionetas, cómo vieron ustedes, la famosa caravana de la UNP y un alcalde, un hombre honesto, estos bandidos lo declaran objetivo militar y la UNP venga a decir que hay que esperar”, aseveró.Martínez insistió que el objetivo es reforzar la seguridad en este municipio del Norte de Antioquia y generar las condiciones propicias para que Espinosa pueda ejercer sus funciones desde allí.
La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) adelanta una donatón de disfraces con el propósito de llevar momentos de alegría a cerca de 150 niños hospitalizados, muchos de ellos en tratamiento por cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras patologías.La iniciativa, liderada por el área de Experiencia del Paciente del Hospital Internacional de Colombia (HIC), busca brindarles a los pequeños una jornada especial durante la celebración de Halloween.“Con esta iniciativa queremos regalarles momentos de alegría y esparcimiento a nuestros niños hospitalizados. Nace desde el corazón y está pensada para llevar sonrisas a nuestros pequeños pacientes”, señalaron desde la FCV.Las donaciones de disfraces nuevos o en buen estado se estarán recibiendo hasta el 30 de octubre, entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m., en el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular del HIC, en Floridablanca ubicado en la calle 155A # 23-58, Urbanización El Bosque.La Fundación invita a la comunidad a vincularse con la donación o difundiendo la campaña, que busca llenar de color y alegría los pasillos hospitalarios durante esta fecha especial.
La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja lamentó el fallecimiento de un mono araña café (Ateles hybridus), especie catalogada de especial protección, luego de ser víctima de presunto maltrato por parte de personas inescrupulosas en el sector de Pozo Siete, en la Comuna 7 de Barrancabermeja.El caso fue reportado por la comunidad, que alertó a las autoridades sobre la presencia del animal herido. De inmediato, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Ambiental atendieron la emergencia y trasladaron al primate hasta la clínica veterinaria Misión Médica, centro que cuenta con convenio distrital para la atención de fauna silvestre.A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario, el mono araña murió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.“Lamentablemente ayer tuvimos una víctima de un mico aullador en Pozo 7, donde personas inescrupulosas han intentado domesticar parte de la fauna silvestre. Este animal sufrió varios traumatismos y, aunque recibió atención médica inmediata, falleció. Hoy es materia de investigación las causas del maltrato y se aplicará la Ley Ángel, que sanciona penalmente estos actos”, expresó la Secretaría de Ambiente y Transición Energética a través del Departamento de Bienestar Animal.La Administración Distrital anunció que interpondrá las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía y la Inspección de Policía para identificar y sancionar a los responsables.“No más maltrato animal. Estamos tomando las medidas legales para proteger la biodiversidad de Barrancabermeja. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier caso de violencia contra la fauna silvestre”, reiteró la Secretaría.El mono araña café es una especie endémica del Magdalena Medio y se encuentra en peligro crítico de extinción, por lo que las autoridades ambientales hacen un llamado a la ciudadanía a no capturar, comercializar ni mantener en cautiverio animales silvestres, y a reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo su vida.
El próximo lunes 3 de noviembre comenzará la operación de los 12 buses alquilados por Metrolínea, que reforzarán el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga y su área metropolitana, que hace parte de la primera fase de recuperación del sistema que atraviesa una crisis financiera y operativa.El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó que los vehículos, contratados a la empresa Transportes Medellín, ya fueron recibidos en su totalidad y actualmente se encuentran en etapa de pruebas y acondicionamiento antes de entrar en operación.“Hemos recibido por parte de la empresa Transportes Medellín el resto de la flota que habíamos contratado desde Metrolínea como ente gestor del sistema integrado masivo. Estos seis nuevos buses ingresarán a complementar la operación que empezará el lunes 3 de noviembre en toda la ciudad de Bucaramanga, desde el Portal del Norte hasta la estación de transferencia de Provenza”, señaló Castro.El gerente agregó que los vehículos están siendo sometidos a una validación tecnológica, que incluye la instalación de validadores, GPS y pruebas de ruta con conductores, personal técnico del sistema y del contratista.Con la entrada en funcionamiento de estos 12 buses, Metrolínea busca mejorar la cobertura y frecuencia del servicio en el área metropolitana de Bucaramanga.Durante la posesión de Javier Sarmiento como alcalde designado de Bucaramanga, el mandatario también se refirió a la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, uno de los principales retos de la ciudad.“El transporte público requiere soluciones que no son de corto plazo. Vamos a estructurar un proyecto con un equipo de expertos para ofrecer una solución a mediano y largo plazo. La ciudadanía necesita un sistema económico y eficiente que permita movilizarse por la ciudad”, afirmó.
Como Alcides de Jesús Pinzón Pinto fue identificado el conductor que falleció en zona rural de Mogotes, después de que la volqueta que manejaba se precipitara a un abismo de unos 50 metros.De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo iba cargado y la banca de la vía se desplomó en el momento justo en que transitaba la víctima.Tras conocer el accidente, la misma comunidad descendió por el precipicio para auxiliar a Alcides de Jesús, pero las graves heridas cobraron la vida de este hombre que se dedicaba al transporte de materiales.Allegados lamentaron la muerte de Pinzón Pinto, de 68 años, pues siempre fue conocido por ser una persona amable, servicial y entregada a buscar el beneficio de su comunidad.“Era una persona muy apreciada, siempre dispuesto a colaborar con todos y a impulsar mejoras para la vereda”, dijo uno de sus familiares.Residentes de la vereda Cuchiquira hicieron un llamado al gobierno departamental para que arreglen las vías, pues están en muy malas condiciones y en época de lluvia el panorama empeora.Y es que en Santander el tema de las vías es bastante complicado. La situación más crítica se presenta en el tramo Curos – Málaga, donde un gigantesco deslizamiento de tierra y el desprendimiento de grandes rocas mantienen completamente cerrado el paso vehicular.De acuerdo con los reportes de las autoridades, los derrumbes se registraron en los sectores de Pangote y El Ramal, lo que ha dificultado las labores de remoción y ha dejado incomunicadas a varias veredas de la provincia de García Rovira.En el municipio de San Andrés, también ubicado en esta provincia, las fuertes lluvias de los últimos días provocaron el colapso de un tramo de la vía hacia el centro poblado Laguna de Ortices, una de las zonas más turísticas y productivas de la región. La administración municipal declaró la calamidad pública ante la magnitud de las afectaciones.Residentes de San José de Pare, el Hato, Carcasí y Enciso también han reportado deslizamientos y problemas de movilidad en sus regiones.Los organismos de gestión del riesgo mantienen activos los monitoreos en toda la región ante la persistencia de las lluvias y el alto riesgo de nuevos deslizamientos.
El Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó en flagrancia a dos hombres señalados de extorsionar a un funcionario de la rama judicial en Floridablanca. Los detenidos fueron identificados como Jesús Morón, alias ‘Coste’, de 23 años, y Eduardo Morón, alias ‘Tatto’, de 22 años.La operación se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde los presuntos extorsionistas fueron sorprendidos cuando recibían $8.000.000 que le habrían exigido a la víctima a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los capturados se hacían pasar por prestamistas, pero utilizaban la violencia y la intimidación contra quienes no podían cumplir con los pagos.“Eran prestamistas, pero aquellas personas que no podían cumplir con los pagos eran objeto de intimidaciones, amenazas y daños a sus bienes. Cobraban intereses muy elevados, una verdadera usura. Uno de los afectados era una persona de la rama judicial a quien le exigían ocho millones de pesos para no atentar contra su integridad y la de su familia”, explicó el oficial.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.
El monumento del Clavijero, ubicado en el parque de Los Niños y el monumento de La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56, una emblemática obra del artista Ricardo Gómez Vanegas que desde 1986 da la bienvenida a quienes ingresan a la ciudad, fueron los dos monumentos, patrimonio de la ciudad, vandalizados.Según denunció la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Melissa Torres, los monumentos habían sido restaurados en 2025 por ese instituto con una inversión superior a los $150 millones con apoyo de la empresa privada, que se destinaron a la recuperación integral, incluyendo procesos técnicos especializados de conservación y restauración para proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.“No solo se afectaron unos espacios físicos, se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló la directora de IMCT.La directora también hizo un llamado a la responsabilidad. “Esto para que entre todos cuidemos nuestros bienes de interés cultural y no permitamos que estos hechos se repitan. Desde el Instituto entablaremos todas las acciones legales correspondientes para dar con el paradero de los responsables”.La administración municipal anunció que activará los protocolos jurídicos y administrativos necesarios para identificar a los responsables y avanzar en los procesos sancionatorios correspondientes.“Estos actos no solo deterioran la estética urbana; desconocen la inversión pública, afectan la confianza institucional y envían un mensaje contrario al respeto por lo colectivo”, puntualizó la directora del IMCT, Nathalia Torres.
Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.