Una nueva controversia rodea al sistema de transporte masivo de Bucaramanga, luego de que circulara en redes sociales un video grabado en una estación de Metrolínea que habría sido utilizada para la producción de contenido para adultos.La situación fue denunciada por el concejal Diego Lozada quién cuestionó la falta de control en la infraestructura fuera de servicio y advirtió que el abandono ha facilitado hechos delictivos “nos preocupa que estas estaciones se estén convirtiendo en escenarios de desidia, primero fueron atracos, luego las viviendas de habitantes de calle y ahora grabaciones de contenido para adultos”, afirmó.En un llamado puntual a las autoridades e incluso al gerente dle sistema el cabildante agregó que se han dedicado al prestamo de buses pero que pasa con la seguridad del sistema y lo que está generando estos entornos de abandono lo que resulta realmente preocupante para la población.Tras la polémica, Metrolínea emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente lo ocurrido y aclaró que los hechos no se registraron en una estación en funcionamiento ni durante la operación del servicio.“La conducta no ocurrió en una estación activa del sistema, ni durante la prestación del servicio de transporte masivo. Se trata de una infraestructura que se encuentra fuera de operación desde hace varios años”, señaló la entidad.Según el ente gestor, estas estaciones cerradas han sido blanco recurrente de ocupaciones indebidas, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos ilegales.Además, advirtió que la falta de vigilancia permanente y de acompañamiento institucional ha facilitado este tipo de situaciones.“Metrolínea, como ente gestor, no cuenta con facultades de policía ni fuerza coercitiva”, explicó la empresa, al tiempo que pidió mayor presencia de la Fuerza Pública y de las autoridades municipales para proteger el patrimonio público.La entidad solicitó acciones urgentes de control, vigilancia y judicialización frente a quienes utilicen estos espacios para actividades irregulares, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la infraestructura del sistema.El caso reabre el debate sobre la seguridad y el estado de varias estaciones fuera de operación en el área metropolitana, mientras usuarios y autoridades piden soluciones estructurales para evitar nuevos episodios.
Las autoridades de salud encendieron las alertas en Bucaramanga tras confirmarse un caso importado de sarampión en un hombre de 35 años que había viajado recientemente a México, situación que obligó a activar un cerco epidemiológico inmediato en un sector de la ciudad para evitar posibles contagios.El caso hace parte de los tres detectados en el país y fue confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS). Los otros dos contagios se reportaron en Bogotá.Tras el diagnóstico por pruebas serológicas y RT-PCR, equipos médicos iniciaron el rastreo de contactos cercanos, revisión de carnés de vacunación y aplicación del llamado bloqueo vacunal, estrategia que busca inmunizar a familiares, vecinos y personas cercanas al paciente.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada Ascanio, explicó que el paciente permanece estable y aislado en su vivienda.“Con la Secretaría de Salud de Bucaramanga y el Ministerio estamos realizando el cerco epidemiológico en un barrio de la ciudad para completar esquemas de vacunación y evitar la propagación. Se hace seguimiento a la familia y contactos estrechos”, indicó.Las autoridades recordaron que el sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en comunidades con esquemas incompletos de inmunización.Por eso, hicieron un llamado a padres de familia, niños, jóvenes y adultos para verificar sus vacunas y acudir a los puntos de salud, especialmente quienes no tengan las dos dosis requeridas.Aunque por ahora no se han confirmado más contagios en Santander, la vigilancia epidemiológica continúa activa ante el aumento de casos en países como México y otras zonas de América.
En la planta de Concretos El Nogal, ubicada en la vía San Gil – Charalá (km 5), cerca de 15 hombres armados y encapuchados irrumpieron en las instalaciones, sometieron al vigilante y a varios empleados, hurtaron vehículos y equipos de la empresa.Los delincuentes amordazaron al personal y permanecieron dentro de la planta hasta las 4:00 de la mañana, tiempo durante el cual robaron dos camiones mixer, una turbo con bomba de cemento, una motocicleta, celulares y el DVR de las cámaras de seguridad.A través de un comunicado a la opinión pública, la compañía confirmó el hurto de los vehículos y el equipo y confirmó el estado del personal que sufrió el violento asalto“Gracias a la rápida y efectiva reacción de la Policía Nacional, los vehículos fueron recuperados exitosamente; destacamos y agradecemos la ardua labor de nuestras autoridades; todo nuestro personal se encuentra bien, lo cual es nuestra mayor tranquilidad”, señaló la gerencia.La empresa también hizo un llamado para reforzar la seguridad en el municipio y evitar que este tipo de hechos se repitan.“Es fundamental que se fortalezcan de manera inmediata las estrategias de seguridad, control y prevención del delito. San Gil no puede normalizar estos hechos”, indicó.Además, advirtió que podrían presentarse retrasos en algunos servicios mientras se normalizan las operaciones.Tras la huida de los delincuentes, la rápida reacción de la Policía permitió activar un plan candado nacional, que dejó como resultado dos personas capturadas y la recuperación de los vehículos en jurisdicción de Ubaté y Piedecuesta.La Policía y el CTI continúan con las investigaciones para identificar a todos los responsables del robo, mientras empresarios del sector expresaron preocupación por el aumento de la inseguridad en la región.
Los padres de familia alertaron de la situación luego de recibir llamadas señalando que sus hijos registraban mareos y vómitos y que debían llegar con urgencia al centro de salud. Olga Angarita, madre de una de las víctimas, afirmó: "Me llamó una compañera de la niña de 13 años, que ella estaba mareada, que no se podía sostener y que muchos compañeros estaban así, entonces llamé a una docente y me confirmó la situación y salimos corriendo; estábamos haciendo unas diligencias en Bucaramanga".El viernes 27 de febrero, en el Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe, 17 estudiantes resultaron intoxicados durante la jornada escolar, lo que obligó a activar los protocolos de atención y evacuación. Según el comunicado entregado por el colegio, se desconoce qué originó la situación.A través de un comunicado dirigido a los padres de familia, el rector del colegio confirmó la intoxicación de los menores y explicó que, hasta el momento, se desconoce la causa exacta que originó la evacuación del colegio. En el texto también se recomendó que, al llegar a sus hogares, los estudiantes se bañaran con abundante agua y jabón, cambiaran de ropa y se aseguraran de lavar cuidadosamente sus prendas.Docentes y directivos han indicado que se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones, mientras que las autoridades de salud y educación trabajan conjuntamente para esclarecer el origen del incidente.Según las autoridades educativas y de salud, los padres comenzaron a ser alertados por los mismos menores, quienes presentaron malestares relacionados con una posible intoxicación. De inmediato, docentes y directivos del plantel trasladaron a los alumnos al puesto de salud del municipio, donde fueron atendidos por personal médico.Olga Angarita señaló que "la mayoría de los niños fueron dados de alta después de ser estabilizados; a varios, incluida a mi hija, les dio vómito, temblor en el cuerpo, se les subió la frecuencia cardíaca y la tenía en 175, le dolía el pecho para respirar y ni podían caminar. Le aplicaron un medicamento para la intoxicación llamado atropina; sin embargo, si se supiera con qué estaban fumigando, se hubiera podido tratar mejor. Dos menores, un niño y una niña que estaban convulsionando, fueron remitidos de urgencia a una clínica en Bucaramanga".Por ahora, ni la Alcaldía ni el Cuerpo de Bomberos señalan si es verdad que estuviesen fumigando cerca o quién estaría realizando una fumigación en viviendas cercanas o terrenos al colegio. Se desconoce qué originó la intoxicación.
Se confirmó la condena de 18 años de prisión en contra del estadounidense Michael Jamie Inofuentes por delitos sexuales contra menores de edad en Medellín. Es el cuarto extranjero condenado por abusar de niños y niñas en la capital de AntioquiaEl alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó por medio de sus redes sociales que gracias al trabajo con las autoridades de los Estados Unidos se logró una nueva condena contra explotadores sexuales de niños y adolescentes en la capital antioqueña.Se trata de Michael Jamie Inofuentes, quien fue condenado por la Corte Federal de Virginia a 18 años de prisión por delitos sexuales contra una menor cometidos en Medellín. El mandatario antioqueño resaltó que esta nueva condena se logró gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington.Esta es la cuarta sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, los otros casos son Stefan Correa, cadena perpetua; Manuel Poceiro, cadena perpetua; y Mohamed Anaswed, 21 años de prisión. Gutiérrez habló de un quinto hombre que sería condenado próximamente."Comienza también el proceso para otro tipo que llama Ramón Arellano y en los próximos días también se dará esa condena. El mensaje nuestro es muy claro, no vamos a parar hasta erradicar la peor práctica, el peor delito de todos, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", indicó el alcalde de Medellín, quien destacó esta condena e insistió en “cero impunidad" y en que "quien venga a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena, incluso fuera del país”.Otra de las estrategias es impidiendo el ingreso de depredadores sexuales a la ciudad desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde en el año 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país, 45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.
Las organizaciones de pacientes anunciaron una jornada de movilización para el próximo domingo 1 de marzo en Bogotá, con el objetivo de exigir acciones urgentes frente a la crisis del sistema de salud, denunciar el aumento de muertes asociadas a fallas en la atención y rechazar la indiferencia institucional frente a la situación de miles de pacientes en el país. En la convocatoria, las organizaciones afirmaron que “Kevin es el símbolo de la destrucción del sistema de salud: no más muertos”.La convocatoria se da tras varias semanas de tensión, luego de la muerte del niño paciente de hemofilia Kevin Acosta y de pronunciamientos de funcionarios del Gobierno que, aseguran los pacientes, minimizan el impacto que la crisis está dejando sobre las personas con enfermedades de alto costo, las barreras de acceso a los servicios y los problemas en la entrega de medicamentos.El vocero de la Organización Pacientes Colombia, Denis Silva, explicó que la movilización responde a tres razones centrales: en primer lugar, frenar lo que califican como una crisis humanitaria; también visibilizar a las personas que han muerto en medio de las fallas del sistema, y romper la indiferencia frente a lo que está ocurriendo en el sector.Silva también se refirió al caso de Cecilia Quintero, la mujer de 70 años con problemas renales que falleció haciendo fila para reclamar sus medicamentos. “No es solamente Kevin o lo que le sucedió en Cúcuta a la señora Cecilia y a los dos hermanos de la señora Cecilia. De enfermedades huérfanas, en 2025 se murieron dos mil quinientas personas; de esas, el 40 % eran de la Nueva EPS”, agregó Silva.El llamado se produce, además, en medio de una nueva controversia por el decreto 0182 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el que se modifica el funcionamiento de las EPS y se anuncia el traslado masivo de millones de usuarios hacia la Nueva EPS y otras aseguradoras, pese a la crisis financiera y operativa que atraviesan varias de estas entidades.
El momento había llegado, sonrisas ensayadas y la emoción de cerrar una etapa junto a quienes caminaron al lado durante varios años de estudio. La fotografía de grado, esa imagen que muchos estudiantes quieren tener tras el esfuerzo y los sueños cumplidos es uno de los momentos más esperados por los que logran culminar el bachillerato o una carrera universitaria.Frente a esto, un trágico hecho ocurrió en Ciudad de México durante una sesión fotográfica en la que participaban alrededor de 120 estudiantes de la Universidad Iberoamericana.¿Qué fue lo que ocurrió?De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, los jóvenes se encontraban sobre una tarima instalada para la fotografía grupal cuando la parte superior de la estructura colapsó repentinamente.El desplome provocó la caída de varios estudiantes desde una altura aproximada de tres metros. El impacto dejó al menos 23 personas lesionadas.Seis de ellas requirieron traslado a distintos centros médicos para recibir atención especializada, mientras que el resto de estudiantes fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia.Antes del colapso de la tarima, familiares estaban alrededor esperando el momento para tomar la foto. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se ve el momento exacto en que el hecho ocurre.Allí, se escucha cuando la persona que toma las fotos les dice: “No se muevan, 1, 2, 3” y toma la primera foto. Luego, les repite: “no se muevan, otra más”. En ese momento, se desploma la estructura y se escucha cómo los estudiantes gritan al caer al suelo.En otro video se observa la tarima totalmente destruida mientras los heridos son atendidos y hay sillas de ruedas alrededor y personas llamando por teléfono para informar sobre el hecho.Autoridades capitalinas iniciaron las revisiones correspondientes para determinar las causas del colapso y verificar si la estructura cumplía con las medidas de seguridad necesarias para soportar a la cantidad de estudiantes.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
Una emergencia de grandes proporciones se registró en la mañana de este lunes en el municipio de Aratoca, Santander, luego de que un deslizamiento de tierra masivo acabara por completo el conocido sitio turístico y de peregrinación Las Cruces.El hecho, que ocurrió cerca de las 7:20 a.m., generó pánico entre los habitantes. La montaña conocida popularmente como El Picacho, un sector que era promovido por la Alcaldía como un atractivo turístico de visita obligada, se desplomó de manera súbita.Un video grabado por un habitante del sector muestra cómo el pico de la montaña se vino abajo, generando un movimiento en masa que arrastró tierra por la ladera.El sitio Las Cruces era un punto de encuentro de feligreses, especialmente durante la Semana Santa, y un mirador que ofrecía vistas panorámicas del entorno del Cañón del Chicamocha.Organismos de socorro acordonaron la zona para evitar el tránsito por el lugar, teniendo en cuenta que allí viven algunas familias campesinas.“Ya unidades de bomberos ya nos encontramos acá en el sitio haciendo la inspección el cual no es apto para que de pronto residentes o personas en particular, ya sean turistas, vengan a hacer caminata por acá, por este sitio porque se puede presentar una segunda remoción ya que el terreno quedó inestable”, explicó Benjamín Muñoz, comandante de Bomberos de Aratoca.De acuerdo con los organismos de socorro desde hace unas semanas se estaba presentando agrietamientos y desprendimiento de rocas que se agravó con las recientes lluvias. Las autoridades locales no reportan afectaciones en viviendas, sin embargo, si en terrenos de propiedad privada no construidos."Hasta el momento pues daños no han habido a caminos ni a carreteras, tampoco a viviendas cercanas, solo la afectación de la montaña y el sitio turístico Las Cruces, que era bastante visitado por propios y turistas", puntualizó Muñoz.
La Cámara Colombiana de la Confección reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para avanzar en la eliminación de beneficios tributarios que, según el gremio, afectan la competitividad de la industria textil y ponen en riesgo miles de empleos formales en el país.En un balance de las gestiones realizadas durante 2025, el gremio destacó los avances en materia de políticas industriales, pero advirtió que persisten medidas que generan desequilibrios frente a la competencia internacional.Uno de los puntos centrales es la exoneración del IVA a importaciones de bajo valor -conocidas como régimen minimis- que permite a productos menores a 200 dólares ingresados por tráfico postal o mensajería rápida entrar al país sin el impuesto del 19%.Según la Cámara, esta norma, diseñada inicialmente para envíos personales, está siendo “aprovechada por plataformas como Shein, Temu y Amazon, lo que genera una competencia desleal frente a empresarios nacionales que deben cumplir con toda la carga tributaria”.“Necesitamos reglas claras y justas. Mientras cumplimos con todos los impuestos, grandes actores externos logran comercializar sin los mismos costos fiscales, lo que amenaza la sostenibilidad de nuestras empresas”, señaló el gremio en el comunicado.Otro avance resaltado fue la gestión que permitió la reducción de aranceles para insumos no producidos localmente, beneficio que también cobija al sector del calzado. Aunque el decreto definitivo está pendiente de firma, la Cámara destacó la participación de asociaciones como ACICAM, FEDECALZADO y ASOINDUCALS, que se sumaron al proceso de concertación para consolidar un frente común en defensa de la producción nacional.La entidad recalcó que estas medidas buscan fortalecer la cadena de valor de la moda en Colombia, garantizar acceso a insumos en condiciones competitivas y proteger la generación de empleo.Finalmente, la Cámara Colombiana de la Confección insistió en que seguirá trabajando en mesas de diálogo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que las decisiones de política pública favorezcan un comercio justo y promuevan la industria nacional.
A partir del miércoles 1 de octubre entrará en vigencia la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga y el área metropolitana que se extenderá hasta diciembre. La medida que se aplicará durante el último trimestre del año con el fin de mejorar la movilidad en Girón Floridablanca y Piedecuesta. Los horarios no tendrán modificaciones: de lunes a viernes la medida aplicará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.El director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, recordó que el cumplimiento de la norma es obligatorio.“Invitamos a los conductores a verificar el día que les corresponde la restricción y cumplirla con responsabilidad, evitando así sanciones”, señaló. La Dirección de Tránsito reiteró que quienes incumplan el Pico y Placa se exponen a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales ($711.750) y a la inmovilización del vehículo que tendría costos adicionales. Según la resolución 017 de 2025, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la distribución de placas será de la siguiente manera: Lunes: 3 y 4Martes: 5 y 6Miércoles: 7 y 8Jueves: 9 y 0Viernes: 1 y 2En cuanto a los sábados, la restricción se rotará semanalmente de manera consecutiva:4 de octubre: 9 y 011 de octubre: 1 y 218 de octubre: 3 y 425 de octubre: 5 y 6En Bucaramanga y el área metropolitana de Bucaramanga circulan más de 400.000 vehículos y motos al día
La financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander escaló a un fuerte intercambio en redes sociales entre el gobernador Juvenal Díaz y funcionarios del Gobierno nacional, incluido el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.El cruce de mensajes se originó a raíz de una publicación del ministro Rojas Medellín en la plataforma X, dirigida al presidente Gustavo Petro, sobre la entrega de obras educativas en el Catatumbo. El gobernador Díaz citó el trino y aprovechó para lanzar un nuevo y vehemente reclamo."Ministro, ¿y los niños vulnerables de Santander?, quienes por su indolencia y falta de cumplir la orden de universalidad se van a quedar sin PAE. Son aproximadamente 50.000 niños que usted va a dejar por fuera del programa. Concentrémonos en nuestros problemas, después ayudamos a otras latitudes", escribió el mandatario.La respuesta al Gobernador no se hizo esperar, llegando desde la cuenta del director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Sebastián Rivera Ariza, quien calificó la afirmación de Díaz como "irresponsable e irrespetuosa"."Señor Gobernador. Es irresponsable e irrespetuosa su afirmación. No desinforme. Quien con sus anuncios va a poner en riesgo la alimentación escolar es usted (lo que lo llevaría a violar la ley). Léase la Ley 2167 de 2021, Artículo 2°, parágrafo 2. Ninguna de las partes corresponsables de financiar el PAE pueden desfinanciarlo. Los recursos del Gobierno nacional están garantizados para el 2026. Esperamos que la gobernación cumpla la ley", increpó Rivera Ariza, trasladando la responsabilidad de la posible desfinanciación a la Gobernación.Este nuevo episodio de la confrontación por el PAE no es aislado. A mediados de septiembre, el gobernador Juvenal Díaz ya había cuestionado públicamente al Ministerio de Educación por lo que considera una asignación presupuestal desproporcionadamente baja por parte de la Nación para Santander.En ese momento, el mandatario expuso que, para garantizar el 100% de la cobertura del programa en los municipios no certificados (una inversión que ronda los $192.000 millones), la Gobernación destina más de $160.000 millones, mientras que el Gobierno Nacional solo aporta alrededor de $31.000 millones."Nosotros recibimos el 17,3 % del Gobierno Nacional. ¿Será que los niños de Santander no tienen derecho al PAE?", cuestionó Díaz en ese entonces, pidiendo que Santander fuera "equiparado en porcentaje con los demás departamentos".La preocupación del Gobernador se centra en la reducción de las regalías, fuente con la que el departamento ha cubierto una parte significativa del programa, advirtiendo que esta situación pone en riesgo la universalidad del PAE.Desde el Ministerio de Educación, a través de la cuenta oficial de PAE Colombia, han insistido en que han cumplido con la Ley 2167 de 2021, que obliga a aumentar anualmente los recursos en términos reales. La cartera destacó que los aportes nacionales han crecido: de $25.453 millones en 2022 a $32.469 millones en 2025 y una proyección de $34.087 millones para 2026."La Gobernación decidió financiar parte importante del programa con regalías, pero ante la disminución de esas fuentes es necesario encontrar alternativas de financiación. Solo con el esfuerzo conjunto de Nación y Departamento ha sido posible mantener la universalidad del PAE en Santander en los últimos cuatro años", puntualizó el Ministerio, instando al departamento a buscar nuevas fuentes para mantener el programa.
En el marco de la Mesa Territorial de Garantías y Derechos Humanos realizada en Barrancabermeja, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el grave riesgo que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos en varios municipios del Magdalena Medio y Santander, donde persisten las amenazas de grupos armados ilegales.Las entidades del Ministerio Público señalaron que han emitido alertas tempranas para territorios como San Alberto, Puerto Wilches, Aguachica, Yondó y la misma Barrancabermeja, tras identificar un aumento de hostigamientos y presiones contra quienes ejercen liderazgos comunitarios, sociales y ambientales.El encuentro, que contó con la participación del Viceministerio de Diálogo Social y la Igualdad, la Alcaldía de Barrancabermeja y delegados de Antioquia, Cesar, Bolívar y Santander, concluyó con la firma del Pacto Ciudadano contra la Estigmatización y Garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos.“Lo importante es que tengamos una confluencia y convergencia del orden nacional, departamental y municipal, acompañado de nuestra fuerza pública, Ejército y Policía, para que todos y todas podamos dar garantías a los defensores de derechos humanos de esta región”, dijo Gabriel Rondón, viceministro del Diálogo Social.El pacto firmado incluye compromisos para respetar y facilitar la labor de quienes promueven la defensa de los derechos humanos, rechazar públicamente toda forma de estigmatización y desarrollar acciones de sensibilización y políticas de protección en los territorios.“Hoy nos hemos comprometido a seguir dignificando y reconociendo su trabajo de manera formal, como lo estamos haciendo en el marco del Consejo Territorial de Paz, pero también en la Mesa de Garantías”, comentó Harold Villabona Isidro, secretario del Interior de Barrancabermeja.
Momentos de pánico se vivieron en la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del sector Puerta del Sol, en Bucaramanga, donde un ataque a disparos dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico.De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban observando un partido de voleibol en la cancha del parque, un espacio frecuentado por familias y jóvenes del sector, cuando dos hombres llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes estaban reunidos.Testigos relataron que varias personas corrieron para resguardarse, mientras otras auxiliaban a los heridos en medio de la confusión.El balance preliminar es de tres adultos heridos y una menor de 13 años, quien recibió un impacto en el cuello. La adolescente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en cirugía y bajo cuidados intensivos, con pronóstico reservado; los demás lesionados también reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.Tras cometer el ataque, los responsables huyeron en motocicleta. Minutos más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en el barrio Juan 23, lo que hace pensar que los agresores cambiaron de medio de transporte para escapar. Las autoridades adelantan operativos en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los implicados.Habitantes del sector pidieron mayor presencia policial y acciones preventivas porque temen ahora estar en parques con sus familias, dado que este hecho pone en riesgo a la comunidad y señala hasta los parques convertidos en espacios inseguros.La Policía Metropolitana aseguró que avanza en la investigación para establecer si el ataque iba dirigido contra alguna persona en particular o si se trató de un hecho indiscriminado.
Los fabricantes de calzado y productores de cuero en Ecuador encendieron las alarmas tras la decisión de ese país de elevar al 50 % los aranceles para productos provenientes de Colombia, una medida que impacta directamente a la industria santandereana, que destina cerca del 25 % de sus exportaciones a ese mercado.Empresarios del sector advierten que la nueva tarifa encarece los productos, reduce la competitividad frente a fabricantes asiáticos y brasileños, y pone en riesgo miles de empleos formales, especialmente en Bucaramanga, donde el calzado es uno de los principales motores económicos.Laura Castro, empresaria del sector, explicó que la situación ya se está sintiendo en las fábricas: “Las afectaciones que tenemos es que se reducen las ventas internacionales, baja la producción y se pone en riesgo el empleo formal, ecuador es un aliado estratégico por cercanía logística y cultural, con estos aranceles quedamos en desventaja frente a países como China, Brasil e Indonesia, que también exportan calzado a ese mercado”, señaló.Según la empresaria, la caída podría ser drástica: las exportaciones pasarían de operar al 100 % a apenas un 30 %, lo que afectaría directamente la estabilidad de las plantas de producción.“Cada fábrica tiene al menos seis trabajadores por proceso, son seis familias afectadas por empresa. Ahora imagine cuántas fábricas del gremio están en las mismas circunstancias”, agregó.El sector espera que el Gobierno Nacional gestione una salida diplomática con Ecuador para evitar mayores pérdidas, ya que la medida no solo encarece el precio final del zapato, sino que frena el crecimiento empresarial y la generación de empleo.Los industriales advierten que, de mantenerse la restricción, podría generarse cierre de plantas, reducción de turnos y pérdida de mercados internacionales, en medio de un panorama económico que ya consideran complejo para la manufactura nacional.
Lo que comenzó como una serie de clips espontáneos grabados con un celular en el asilo San Rafael, ubicado en el norte de Bucaramanga, hoy se ha convertido en una auténtica sensación en redes sociales. Un grupo de adultos mayores, muchos de ellos residentes del hogar, ha conquistado los corazones de miles de internautas con sus divertidos bailes al ritmo de reguetón, acumulando millones de reproducciones y una legión de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.Los videos muestran a los abuelos y abuelas participando con entusiasmo en tendencias de baile, coreografías sencillas y movimientos alegres acompañados por ritmos urbanos populares. Más allá de la música, lo que más ha cautivado a los usuarios es la espontaneidad, la alegría y el carisma con que los adultos mayores enfrentan cada grabación, desafiando estereotipos sobre la vejez en el mundo digital.La respuesta en redes ha sido tan contundente que incluso algunos de estos clips han viajado más allá de fronteras regionales: el reconocido cantante de reguetón Wisin compartió uno de los bailes del grupo, destacando el alcance y la simpatía de los videos. Este gesto del artista urbano impulsó aún más la visibilidad de la iniciativa y generó cientos de comentarios de seguidores de diferentes países.Para los responsables del asilo, el auge viral no solo ha sido motivo de orgullo sino también una herramienta de impacto social. Gracias a la exposición en internet, la comunidad digital ha convertido cada “like” y cada comentario en gestos concretos de apoyo: desde donaciones de insumos básicos hasta visitas y padrinazgos que fortalecen los programas de bienestar del hogar.Entre los personajes más queridos por el público está Jaime Muñoz, un adulto mayor de 85 años cuyo carisma y sonrisa han convertido sus apariciones en verdaderos íconos del canal. Sus videos, acompañados de comentarios alentadores, buscan romper barreras generacionales y recordar que el ritmo, la alegría y la creatividad no tienen edad.La historia del asilo San Rafael demuestra que, en la era digital, la viralidad puede convertirse en una herramienta poderosa para la inclusión social y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Y para estos abuelos y abuelas, cada paso de baile es mucho más que un trend: es una celebración de vida, energía y dignidad que trasciende generaciones.
Con cuchillos y machetes en su poder fueron sorprendidos varios motociclistas durante los operativos adelantados por la Alcaldía y las autoridades de tránsito en Bucaramanga para frenar las caravanas y piques ilegales que, según denuncias ciudadanas, vienen generando ruido e inseguridad en distintos sectores de la ciudad.El alcalde Cristian Fernando Portilla reveló que, además de las armas blancas, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes, luego de ser sorprendidas con sustancias psicoactivas durante los controles realizados en la noche del jueves 26 de febrero. En total, más de 74 motocicletas fueron inmovilizadas.“Anoche tuvimos resultados muy importantes, más de 74 motocicletas inmovilizadas y la captura de dos personas por tráfico de estupefacientes. También encontramos personas que llevaban armas blancas, machetes y cuchillos. Yo me pregunto, a altas horas de la noche en una motocicleta, ¿para qué se utiliza un cuchillo o un machete?”, cuestionó el mandatario.Desde hace varios meses, especialmente los días jueves, se vienen registrando caravanas y piques ilegales que recorren diferentes puntos de la capital santandereana, muchas veces con exostos modificados que generan altos niveles de ruido y alteran la tranquilidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la administración municipal articuló un dispositivo con más de 12 puestos de control en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército, con el objetivo de frenar estas prácticas y recuperar el orden en las vías.“Todo ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga a cualquier hora, pero respetando las normas de tránsito, al peatón y el descanso de las personas, del adulto mayor y del enfermo. Lo que no podemos permitir es que se rompa la tranquilidad con caravanas ilegales y poniendo en riesgo a quienes transitan por la ciudad”, afirmó Portilla.El mandatario fue enfático en que los operativos continuarán y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y la convivencia. “Si siguen haciendo caravanas y generando ruido, tenemos que entrar con nuestra fuerza pública para poner orden. No vamos a parar”, concluyó.
A ocho días del inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el sindicato de trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades.De acuerdo con el sindicato Sintraelecol, las cancelaciones se habrían realizado sin previo acuerdo y afectarían principalmente a personas próximas a pensionarse y a mujeres cabeza de familia, lo que -según advierten- incrementa el impacto social del conflicto laboral.Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, señaló que estas decisiones elevan la tensión en medio de una huelga que, hasta el momento, no ha logrado avances en la mesa de negociación. Los trabajadores sostienen que el paro se originó por desacuerdos relacionados con estabilidad laboral, condiciones contractuales y garantías para el ejercicio sindical.El sindicato también manifestó su preocupación por la programación de mantenimientos preventivos que, según afirman, podrían derivar en suspensiones del servicio de energía en distintos sectores del departamento.Aseguran que esta medida contraviene lo pactado en mesas técnicas con los ministerios de Minas y Trabajo, donde -según indican- se acordó garantizar la prestación continua del servicio esencial y realizar únicamente mantenimientos correctivos durante la huelga.Pese al conflicto, los voceros sindicales aclararon que el suministro de energía no se ha interrumpido y que los servicios esenciales continúan operando con normalidad.Ante la situación, solicitaron la intervención y vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y proteger tanto los derechos laborales como el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.En medio de la controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a las partes para que cedan en sus posiciones y permitan una salida negociada.El jefe de la cartera energética incluso planteó la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento como mecanismo institucional para resolver el conflicto si no se alcanza un acuerdo directo.
Ante el incremento inusual de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociados a influenza, la Alcaldía de Vélezactivó un plan de contingencia y emitió lineamientos preventivos dirigidos a instituciones educativas, padres de familia y comunidad en general.La decisión se tomó luego de que, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se confirmara un aumento significativo de casos que configura un brote en el municipio.La influenza hace parte de las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde la nariz y la garganta hasta los pulmones, y que se transmiten con facilidad por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.Como primera acción, la administración municipal ordenó fortalecer los protocolos en todas las instituciones educativas públicas y privadas.Entre las principales medidas adoptadas están: activación de los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias, intensificación de la limpieza y desinfección diaria en aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, garantía permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado, jornadas pedagógicas sobre lavado correcto de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio.Además, los colegios deberán notificar a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios, solicitar que no se envíe a clases a menores con gripa y reportar a la Secretaría de Salud cualquier aumento inusual en el ausentismo escolar por causas respiratorias.Las autoridades también dejaron abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.La estrategia no se limita a las aulas. La Alcaldía hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para reforzar la prevención desde casa.Asimismo, se insiste en completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la influenza, en población priorizada como niños entre 6 y 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud y grupos étnicos priorizados.Las autoridades de salud advirtieron que no se debe recurrir a la automedicación y que, ante signos de alarma, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial.El trabajo articulado, señaló la administración municipal, permitirá reducir la transmisión del virus, evitar complicaciones y proteger especialmente a la población infantil mientras se mantiene el seguimiento epidemiológico permanente en el municipio.
Un nuevo caso de intoxicación por medicamentos encendió las alarmas en San Gil, luego de que tres estudiantes de grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaran este miércoles al servicio de urgencias del Hospital Regional de San Gil tras consumir clonazepam dentro de su institución educativa.Según versiones de familiares, las menores habrían llevado el medicamento al plantel y lo ingirieron durante la jornada académica. Una de las madres denunció que, en el caso de su hija, la pastilla habría sido mezclada en una bebida sin que la adolescente se percatara. La situación fue reportada de inmediato a las directivas del colegio y una de las estudiantes se desmayó a causa de los efectos del fármaco.Las jóvenes permanecieron hospitalizadas durante todo el miércoles y continúan bajo observación médica, debido a los síntomas presentados, entre ellos somnolencia, mareo y pérdida de conocimiento en uno de los casos.Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales.Las investigaciones son adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en articulación con autoridades de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de establecer cómo las adolescentes accedieron nuevamente al fármaco y si existe una red de distribución en entornos escolares.De manera paralela, se analiza la posible relación de estos hechos con el denominado “Reto Clonazepam”, una práctica que circula en redes sociales y que consiste en ingerir el medicamento para comprobar quién logra mantenerse despierto por más tiempo. En distintas regiones del país se han reportado casos similares de adolescentes que han requerido atención médica por síntomas como confusión, vértigo y estado de obnubilación.Especialistas advierten que el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y tiene un alto potencial de generar dependencia, además de riesgos asociados como sobredosis, combinación con otras sustancias y posibles secuelas a largo plazo.Las autoridades reiteraron el llamado a padres, docentes y estudiantes a fortalecer los controles, promover el diálogo y denunciar cualquier intento de comercialización de medicamentos o sustancias en los alrededores de los colegios. Entretanto, continúan las acciones judiciales contra personas que estarían suministrando este tipo de fármacos a menores de edad en el municipio.
En zonas rurales y escuelas apartadas de Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá, más de 82.200 niños, niñas y adolescentes hoy ocupan su tiempo en la música, el arte y la creación, en lugar de estar expuestos al riesgo de ser reclutados por grupos ilegales al margen de la ley.Se trata del programa Artes para la Paz, una estrategia de alcance nacional que en estos departamentos es operada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que llega a 449 instituciones educativas, especialmente en sectores rurales y territorios con dinámicas sociales complejas.En total, cerca de 800 personas, entre líderes, formadores y equipos de apoyo, hacen parte de esta iniciativa que ha convertido el tiempo escolar en una oportunidad para transformar realidades.Leonardo Fabio Olarte, gestor territorial del nodo 19 de Santander, explicó que solo en su zona se impactan 14 municipios y 21 establecimientos educativos, alcanzando aproximadamente 4.000 beneficiarios. Para Olarte, el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar habilidades artísticas.“Como su nombre lo dice, es transformar las comunidades y los territorios de Colombia, resignificando el tiempo escolar de los estudiantes. Estamos siendo testigos diariamente de una reducción de problemáticas sociales no solamente en los establecimientos educativos, sino también en la comunidad educativa en general, en sus familias y en el territorio. Es una transformación social muy importante”, afirmó.El gestor reconoce que cada municipio tiene dinámicas distintas e incluso, a pocos kilómetros de distancia, se pueden encontrar realidades completamente diferentes. Sin embargo, incluso en zonas con mayores conflictos sociales, el programa ha logrado mantenerse y generar impactos positivos sostenidos en el tiempo.Uno de los mayores retos al inicio fue vencer el escepticismo en las instituciones educativas.“Debo confesar que al principio los rectores eran escépticos. Era difícil convencerlos de que el programa era algo positivo. Hoy son ellos quienes acuden a nosotros, lo solicitan y esperan que haya continuidad en el tiempo”, relató Olarte.El cambio en la percepción se ha dado gracias a resultados visibles: mejor convivencia escolar, mayor permanencia en las aulas y una disminución de situaciones asociadas a violencia o riesgo social.En el departamento del Cesar, Luis Alejandro Forero, gestor territorial del programa en la zona 6 nodo 3, que integra los municipios de El Copey, Bosconia, El Paso, La Paz y San Diego, destacó que en su área también se atienden 21 establecimientos educativos con más de 4.000 beneficiarios.Sin embargo, insiste en que el mayor logro no es artístico, sino humano.“Lo más valioso no es cuando aprenden a pulsar una cuerda. Lo más valioso es cuando aprenden a resignificar su existencia, cuando descubren que su vida puede ser mucho más de lo que habían imaginado. Cuando su convivencia escolar mejora y la escuela deja de ser un entorno de tedio para convertirse en un espacio de alivio y alegría”, señaló.Forero compartió uno de los testimonios más impactantes que ha dejado el programa.“El caso más fuerte es cuando un niño te dice que quiere ser parte de un grupo armado cuando grande, y al cabo de un tiempo te dice: ‘No, yo quiero ser cantante, quiero tocar guitarra, quiero ser profesor’. Eso es lo más valioso que ocurre a partir del programa”, expresó.En regiones donde históricamente han operado estructuras ilegales, ocupar el tiempo libre de niños y adolescentes con procesos artísticos continuos se convierte en una estrategia de prevención clave.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.