En la madrugada de este miércoles 4 de marzo falleció Andrés Camilo Polo Serrano, uno de los heridos en la balacera registrada la tarde del martes a las afueras del Cementerio Central de Bucaramanga, cuando asistentes a un sepelio fueron atacados a disparos.El joven, conocido entre sus allegados como “Polo” o “Polito”, había sido trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Pese a las maniobras y procedimientos practicados por el personal médico, su estado era crítico y finalmente se confirmó su deceso horas después.El ataque ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, cuando Polo Serrano salía del camposanto luego de participar en las exequias de Alejandrina Gaona Lizarazo, mujer de 50 años asesinada el pasado fin de semana en el barrio Estoraques. En ese momento, hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar, generando pánico entre familiares y asistentes.Las autoridades informaron que el presunto responsable del atentado fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.Entretanto, la violencia no dio tregua en el área metropolitana. En el barrio Colorados, al norte de Bucaramanga, se reportó otro homicidio con arma de fuego, mientras que en el sector La Cumbre, en Floridablanca, una persona fue asesinada con arma blanca. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer si guardan relación entre sí o con otros episodios recientes.La Policía Metropolitana reforzó la presencia en los sectores afectados e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer estos crímenes.
El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS) rechazó de manera categórica los actos de violencia e intimidación protagonizados por personas encapuchadas que, en la tarde de este martes, ingresaron a algunos salones de la Facultad de Ciencias con el propósito de obligar a los estudiantes a abandonar las clases y sumarse a una jornada de protesta.A través de un comunicado oficial, la institución señaló que estos hechos constituyen una vulneración a los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y representan un atentado contra la paz y el normal desarrollo de las actividades académicas.“El Consejo Académico rechaza de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión perpetrados (…) por personas encapuchadas contra miembros de la comunidad universitaria”, indicó la universidad, al advertir que el campus no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos.De acuerdo con lo conocido, los encapuchados intentaron presionar a estudiantes para que salieran de sus aulas y se unieran a la protesta. En uno de los casos, un docente enfrentó a los desconocidos cuando ingresaron a su clase y defendió el derecho de sus alumnos a continuar con la jornada académica.Los representantes de los profesores ante los órganos de gobierno universitario respaldaron la actuación del maestro, calificándola como valiente y coherente con la defensa de la autonomía académica y el derecho a la educación.En su pronunciamiento, el Consejo Académico reiteró que este tipo de conductas ponen en riesgo la integridad de la comunidad universitaria y afectan los espacios físicos y de convivencia que sostienen la vida académica y social de la institución.
El gremio de taxistas que presta servicio en el Aeropuerto Internacional Palonegro anunció un plan tortuga para este viernes 6 de marzo desde las 4:30 de la mañana, en protesta por el presunto incumplimiento de la Resolución 10025 del 3 de octubre de 2024, expedida por la Superintendencia de Transporte.Según los conductores, la norma establece que las terminales terrestres y aéreas del país no pueden cobrar a los taxistas por permitir la prestación del servicio público dentro de sus instalaciones, y deben garantizar la libre escogencia por parte de los usuarios.Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro y directivo de la Asociación de Transportadores del aeropuerto, aseguró que llevan 17 meses esperando que se haga cumplir la resolución.“Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la Supertransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar”, afirmó.El dirigente señaló que actualmente existe un consorcio denominado Taxiaeropuerto, cuyos integrantes pagan una mensualidad de 90.000 pesos y son los únicos que pueden parquear en las zonas azules habilitadas dentro del aeropuerto. Según García, esto vulneraría el principio de igualdad consagrado en la resolución.“La norma dice que no se le puede cobrar a los taxistas por trabajar y que todos tenemos el mismo derecho. Si alguien quiere pagar para hacer parte de un consorcio, que lo haga, pero no pueden excluir a los demás. Solo pedimos que se aplique la ley”, agregó.De acuerdo con el vocero, también denuncian la falta de bahías o zonas amarillas para quienes no pertenecen al consorcio, además de presuntas sanciones y restricciones de ingreso.El plan tortuga se desarrollará sobre la vía que del municipio de Girón conduce al aeropuerto Palonegro desde primeras horas de la mañana. Los convocantes señalaron que la protesta será pacífica y que buscan llamar la atención de las autoridades competentes para que intervengan y definan la situación.
A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, en Santander hay 112 puestos de votación en 31 municipios donde partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos no han inscrito testigos electorales.El panorama se presenta en medio de un proceso que en el departamento contempla 5.954 mesas de votación distribuidas en 825 puestos habilitados en 87 municipios, para un potencial electoral de 1.867.345 ciudadanos.Ante esta situación, el Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para la inscripción de testigos. A través de la Resolución 1202 del 1 de marzo de 2026, la autoridad electoral extendió el término hasta este jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m.Sergio Hernández Moreno, apoyo territorial del CNE en Santander, explicó que la decisión busca garantizar la vigilancia del proceso democrático.“El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo hasta el 5 de marzo a las 11:59 de la noche para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales. Es importante recordar que ellos son los veedores del ejercicio democrático y representan a los partidos y movimientos que inscribieron candidatos”, señaló.Los testigos electorales cumplen una función clave durante la jornada, ya que verifican la instalación de mesas, presencian la apertura de urnas, acompañan el escrutinio y revisan el diligenciamiento de los documentos oficiales, actuando como garantes de transparencia en nombre de las organizaciones políticas.De acuerdo con el informe del CNE, los municipios donde no se han registrado testigos incluyen Albania, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, California, Cepitá, Cerrito, Charta, Cimitarra, Concepción, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Enciso, Florián, Gámbita, Girón, Guaca, Jesús María, Jordán, Lebrija, Molagavita, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Socorro, Sucre, Suratá y Santa Helena del Opón.La postulación debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta habilitada para que los partidos registren a sus testigos y demás actores autorizados.Desde el CNE reiteraron el llamado a las organizaciones políticas para que aprovechen la ampliación del plazo y eviten que haya mesas sin representación durante los comicios.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Después del consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en Cartago, Valle del Cauca, el pasado fin de semana. Recientemente, fue capturado alias “Cakín”, señalado cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Flacos, estructura con injerencia en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.El operativo se desarrolló en zona rural de Pereira, Risaralda, en límites con el norte del Valle, donde unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ubicaron el lugar, donde el señalado delincuente intentaba evadir a las autoridades.“Aquí, en el norte del Valle, hay unos grupos de delincuencia común organizada que se nutren del narcotráfico y que buscan generar violencia apoderándose de sus rutas, como el grupo delincuencial organizado Nueva Generación y el grupo de delincuencia organizada Los Flacos. Una de las conclusiones clave, y es la orden, es que estos dos grupos deben ser desmantelados, deben ser llevados a su mínima expresión”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.De acuerdo con las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de más de 17 años. Entre 2009 y 2011 habría sido jefe sicarial de la extinta estructura Los Rastrojos. Posteriormente, pasó por redes criminales en el Eje Cafetero y asumió distintos roles dentro de Los Flacos, incluyendo la coordinación de homicidios, expendio de estupefacientes y lavado de activos mediante préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.“Alias ‘Cakín’, que quedó libre por vencimiento de términos, fue capturado en un operativo contundente de los policías, quienes arriesgaron la vida por capturarlo. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad por vencimiento de términos. Es algo que estamos analizando con nuestra fiscal general de la Nación y el Ministerio de Justicia para ser más fuertes en esta área y reconocer si como Fuerza Pública estamos haciendo algo que no debiéramos. Por este criminal ya capturado, nosotros ofrecíamos hasta 100 millones de pesos”, expresó el ministro.Las autoridades aseguraron que reforzarán los operativos en el norte del Valle y el Eje Cafetero para debilitar las estructuras criminales que han intensificado la violencia en esta zona del país.
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la tutela presentada por la congresista Marelen Castillo Torres contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había anulado su inscripción como candidata al Senado por el Centro Democrático.La decisión judicial mantiene en firme la determinación del CNE, que revocó la candidatura al considerar configurada la prohibición constitucional de doble militancia. El organismo electoral sostuvo que su condición de excandidata vicepresidencial y beneficiaria del Estatuto de la Oposición implicaba su afiliación automática al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.El abogado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, apoderado de Castillo, había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia del 25 de febrero de 2026, dentro del proceso relacionado con la negativa a permitir su inscripción como candidata al Senado.La defensa argumentó que, aunque en 2022 Castillo fue candidata a la Vicepresidencia junto a Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, tras las elecciones y el posterior reconocimiento de personería jurídica de esa colectividad, ella no tuvo injerencia en la conformación del partido, por lo que no debería configurarse doble militancia.Según el apoderado, al no estar afiliada formalmente a un partido con personería jurídica y en ejercicio de su derecho fundamental a la participación política, aceptó la postulación al Senado para 2026 avalada por el Centro Democrático, inscripción que, afirmó, se presentó dentro de los términos y con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.En un recurso previo de reposición, la defensa también sostuvo que la afiliación política es un acto personal, voluntario y expreso, que no puede presumirse únicamente por el reconocimiento de personería jurídica de una colectividad o por la asignación de una curul en aplicación del Estatuto de la Oposición.Pese a estos argumentos, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la congresista y deja vigente así la anulación de su candidatura al Senado.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 3 de marzo:ChatGPT está recibiendo un golpe por parte de miles de usuarios que están desinstalando la aplicación luego de que se confirmara su acuerdo con el Pentágono de Estados Unidos.Betsy Jaramillo, fisioterapeuta y coordinadora de rehabilitación de Mobility Group, explicó cómo la tecnología ayuda a los pacientes con ELA.
A pocos días de las elecciones de este 8 de marzo, la Fuerza Pública confirmó un amplio despliegue de seguridad en los 266 municipios de la región Caribe, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad.En total, más de 35.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares estarán distribuidos en toda la región norte del país , donde el censo electoral se acerca a los 10 millones de votantes, según indicó el mayor general Juan Carlos Correa, inspector general de las Fuerzas Militares, quién estuvo en Barranquilla liderando una jornada de coordinación entre el Comando Conjunto N.º 1, las divisiones del Ejército, la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional.“Aquí en esta región que tiene ocho departamentos, 266 municipios y casi 10 millones de censo electoral, hemos desplegado más de 35 000 hombres y mujeres, más de 15 aeronaves de diferente tipo y más de 30 elementos fluviales y navales que dan la garantía de esa seguridad a nivel regional. Por eso también los queremos invitar a presentar este escenario para que denuncien. Estamos aquí para fortalecer la seguridad de manera conjunta y coordinada, como le he comentado anteriormente”, expresó el oficial.El oficial hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad que pueda afectar la jornada democrática. Recordó que la línea 157 está habilitada para reportar delitos electorales; el 165 para alertar sobre posibles actos terroristas; y el 147 para denunciar casos de extorsión o secuestro.“La seguridad de las elecciones es un compromiso de todos”, reiteró el general, al señalar que la Fuerza Pública trabaja de manera articulada con la Registraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Nelson Fabián Padilla García, señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de una pareja y su hija de seis años en Bucaramanga. El caso ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando la familia se desplazaba en su vehículo y fue interceptada por varios hombres que se movilizaban en tres automóviles. Con armas de fuego, los obligaron a descender y los llevaron hasta una vivienda rural donde fueron amordazados, amarrados y despojados de sus pertenencias, señalaron las autoridades de Santander. Durante dos días permanecieron retenidos. En ese lapso, la madre fue obligada a salir bajo amenazas para conseguir dinero y joyas, mientras su esposo y la niña permanecían bajo custodia de los secuestradores en zona rural de Floridablanca. Durante el hecho criminal, los captores exigían la entrega de joyas y prendas de oro avaluadas en 500 millones de pesos, mientras mantenían en cautiverio al hombre y a su hija."La mujer entregó los objetos de valor a Padilla García, momento en el que unidades del Gaula de la Policía Nacional lograron capturarlo en flagrancia. Tras la intervención, los demás implicados liberaron al padre y a la menor, quienes fueron abandonados en zona rural de Floridablanca", dice el informe oficial de la Fiscalía. La Fiscalía le imputó a Nelson Fabián Padilla García los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado, todos agravados. Aunque el procesado negó su responsabilidad, el juez determinó que debía permanecer privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación.Las autoridades continúan tras la pista de los demás involucrados en este caso, que causó gran conmoción en Santander por la crudeza de los hechos y porque entre las víctimas estaba una menor de seis años.
Conmovidos y entre lágrimas, los habitantes de Galán se reunieron para despedir en la iglesia a las cinco víctimas de la tragedia en la quebrada La Oroco con mensajes de nostalgia y apoyo a las familias de las víctimas, incluido un niño de 8 años, cuando intentaban llegar al municipio por una trocha, despidieron a sus seres queridos.“Me encuentro acá en el municipio de Galán acompañando el dolor de unas familias que perdieron a sus padres, a un niño de 8 años, entre ellos dos profesores que eran esposos, y he recibido el reclamo de un líder que acepto totalmente”, expresó el gobernador durante las exequias.El mandatario departamental pidió al presidente ordenar de inmediato el desembolso de esos recursos, que considera fundamentales para atender puntos críticos en vías y quebradas que representan un riesgo no solo en Santander, sino en todo el país.“Presidente, gire por Dios los $1,9 billones que prometió para la UNGRD. Como este punto crítico hay cientos en Santander y miles en Colombia que solo se pueden atender con esos recursos. Nosotros haremos un esfuerzo quitándole plata a otros rubros, pero sin esos recursos nacionales es imposible prevenir más tragedias”, advirtió Díaz.El llamado se dio también en medio de los reclamos de líderes comunitarios, quienes insistieron en la necesidad de construir puentes y vías seguras para evitar que se repitan emergencias como la que cobró la vida de las cinco víctimas. “No queremos más desastres en nuestro municipio de Galán, que nos ayuden con esos puentes, con esas vías”, fue el clamor de uno de ellos.Finalmente, el gobernador cuestionó las prioridades del presidente Petro y reiteró la urgencia de atender el clamor de la región. “Entendemos su viaje a Japón, a Francia, a Italia, a Brasil, sus preocupaciones por Gaza, pero acá hay un pueblo que requiere que esa plata se gire de inmediato. Eso va a salvar vidas en Santander y en Colombia”, concluyó.
Una red delictiva que operaba en Bucaramanga, Santander, fue desarticulada con la captura de los integrantes de la banda. Este grupo se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad, incluidas adolescentes trans y migrantes en situación de vulnerabilidad.Las Fiscalía General confirmó la captura y judicialización de once presuntos integrantes de esta estructura, señalada de convertir los parques Centenario y Santander en escenarios de captación de víctimas.De acuerdo con los investigadores, el negocio ilícito crecía a costa de la integridad de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros. La red funcionaba con roles claramente definidos: mientras algunos captaban a las víctimas, otros facilitaban transporte, alojamiento y espacios donde se llevaba a cabo la explotación sexual.Según la Fiscalía, las mujeres trans Diana Chinchilla y María José Barón Correa cumplían un papel central en la exposición de las adolescentes y la concertación de los servicios sexuales. Estas actividades se desarrollaban en residencias, hoteles y bares que permanecían disponibles para recibir a las víctimas.En otros casos, Leonela Milagros Carreño Palencia, ciudadana venezolana, presuntamente captaba a menores y les proporcionaba documentos de identidad falsos para hacerlas pasar como mayores de edad. Las evidencias indican que incluso habría explotado sexualmente a familiares suyos que eran menores.La red contaba también con el apoyo de propietarios y administradores de establecimientos de hospedaje, identificados como Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño, quienes habrían permitido que las adolescentes ingresaran sin dejar registros en los libros de control de huéspedes.De igual manera, el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto, es señalado de facilitar sus instalaciones para la explotación. Los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas completaban la operación al encargarse de los traslados de las víctimas por diferentes puntos de la ciudad.Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los procesados el delito de trata de personas agravada. Además, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto se les formularon cargos adicionales por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lo que da cuenta del carácter múltiple de las actividades criminales.La investigación también reveló que las sumas obtenidas eran administradas por las articuladoras principales, lo que consolidaba el negocio ilícito a costa de la explotación de menores de edad.Por orden de los jueces de control de garantías, diez de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
La muerte de cinco personas, entre ellas un menor de 8 años, al intentar atravesar la quebrada La Oroco, en zona rural de Palmar, es el reflejo de una tragedia anunciada que pudo haberse evitado.La alcaldesa de Galán, Sofía Medina, recordó que, desde el 28 de mayo de 2024, el río y la quebrada La Vitoca socavaron la vía principal que comunica al municipio con la provincia Comunera, dejando incomunicados a los habitantes. En total, 600 metros de carretera desaparecieron y, desde entonces, los pobladores deben movilizarse por trochas y caminos terciarios, que están peor que la vía principal, que tiene un hueco en la mitad, exponiendo sus vidas.“Si se enferma una persona grave no tenemos cómo sacarla, nos toca arriesgarnos a las quebradas o pedir un helicóptero. Hace un año estoy pidiendo un puente militar y todavía no tenemos una solución real, los estudiantes cruzan quebradas para ir al colegio y los campesinos cargan a cuestas sus productos porque no hay vías de acceso”, denunció la mandataria.Medina explicó que son, al menos, cuatro quebradas las que cubren la vía principal de Galán y que la única alternativa es habilitar pasos terciarios con maquinaria amarilla. Sin embargo, cada vez que llueve el municipio queda totalmente incomunicado. “Se necesitan tres hectáreas de tierra, una nueva topografía y una nueva vía. Hemos hecho llamados constantes junto al alcalde de Cabrera, pero seguimos en el mismo punto”, agregó.Por su parte, el director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, afirmó que, si bien han atendido las emergencias, desde hace un año se solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la instalación de un puente militar y recursos para obras de infraestructura. “Lamentablemente, lo que advertimos ocurrió: cinco personas perdieron la vida tratando de llegar al municipio atravesando una quebrada”, señaló.Mientras tanto, los habitantes de Galán y municipios vecinos continúan denunciando que viven incomunicados, cargando a pie sus productos y arriesgando sus vidas en trochas y afluentes que se convierten en trampas mortales cuando aumentan las lluvias.
Las fuertes precipitaciones mantienen en alerta naranja a 42 municipios de Santander, debido al riesgo de crecientes súbitas en los ríos Opón, Suárez, Fonce y Chicamocha. La situación ya ha generado emergencias en varias localidades.En Pinchote, el colapso del alcantarillado provocó inundaciones en barrios y en la plaza de mercado, mientras que las vías quedaron gravemente afectadas por el deterioro de la calzada.El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, advirtió que las lluvias se mantienen en gran parte del departamento, a lo largo y a su ancho, algunos afluentes ya alcanzaron niveles críticos. “Algunos cuerpos hídricos hoy están en alerta naranja y en cualquier momento podrían pasar a roja, por eso, mantenemos comunicación constante con los Consejos de Gestión del Riesgo de los municipios ante posibles emergencias, en especial, 26 municipios del departamento que registran posibles riesgos”, señaló.La tragedia más grave ocurrió en el municipio de Palmar, donde la creciente de la quebrada La Oroco arrastró a cinco personas que perdieron la vida.Entre las zonas más vulnerables en Santander están Simacota, Santa Helena, Puerto Parra, El Carmen de Chucurí, Mogotes, Charalá, San Gil, Curití, Páramo, Barbosa, Socorro, Oiba, Villanueva, Cerrito, Capitanejo, Guaca, Onzaga, San Andrés y San Joaquín, entre otros.Los afluentes que presentan mayor riesgo de desbordamiento son las quebradas Capote, Pozo Azul, Curití, La Negra, Chiticuy, Siberia y La Paramera, lo que aumenta la probabilidad de afectaciones en cultivos, acueductos veredales, vías rurales y viviendas cercanas a sus márgenes.“Nos preocupa que algunos ríos ya han alcanzado niveles críticos. Si las lluvias persisten, podríamos pasar de alerta naranja a alerta roja en cuestión de días”, alertó Sánchez, al tiempo que pidió a los municipios activar sus planes de contingencia y mantener comunicación constante con los organismos de emergencia.Las autoridades advierten que las lluvias se prolongarán durante todo septiembre, por lo que se recomienda a la población no acercarse a ríos crecidos, ni intentar pasarlos arriesgando sus vidas y reportar cualquier eventualidad a las líneas de emergencia.
Momentos de tensión se vivieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, luego de que encapuchados irrumpieran en un salón de clases con la intención de suspender las actividades académicas. Dos videos que circulan en redes sociales evidencian la confrontación entre un docente, varios estudiantes y las personas que intentaban desalojar el aula.En el primer video se observa cuando tres encapuchados ingresan al salón mientras el profesor les impide el paso. “Usted no puede ingresar al salón”, les dice el docente, mientras uno de ellos responde: “Vamos saliendo, por favor”. En medio del forcejeo, el profesor empuja para evitar que avancen, al tiempo que los encapuchados también lo empujan.“Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya le dije”, insiste el docente. Una de las encapuchadas, al parecer una mujer, exige: “Ustedes se me salen”. El profesor responde reiteradamente “no señora, no señora” y luego “no señor”, cuando otro de los encapuchados vuelve a ordenar que abandonen el lugar. Finalmente, los tres salen del aula sin lograr suspender la clase.En un segundo video, grabado en las escaleras y un pasillo del mismo edificio, se aprecia a varios estudiantes confrontando a un encapuchado. Allí, los jóvenes cuestionan su actuar y se niegan a abandonar las actividades académicas. “Aquí nos quedamos, y nos quedamos para cuidar las cosas”, se escucha decir a uno de los estudiantes, mientras que el encapuchado insiste en que deben desalojar.Según se conoció, los encapuchados que ingresaron al campus lanzaron papas bomba, realizaron grafitis y causaron daños en algunos vidrios, en el marco de acciones para conmemorar el hallazgo de los restos del sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo, para manifestar inconformidad por la no aprobación de algunas reformas en el Congreso y por la cercanía del Día Internacional de la Mujer.Hasta el momento, las directivas universitarias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.
La confirmación de un caso positivo de sarampión en Bucaramanga, correspondiente a un hombre de 35 años con antecedente de viaje internacional, encendió las alertas sanitarias en el departamento. Aunque en Barrancabermeja no se reportan contagios, las autoridades reforzaron las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el caso fue catalogado como importado y activó los protocolos de aislamiento y seguimiento de contactos por parte de las autoridades sanitarias. Frente a este panorama, el Distrito reiteró el llamado a la comunidad para revisar y completar los esquemas de vacunación.Andrés Manosalva Camargo, secretario de Salud de Barrancabermeja, aseguró que se mantienen activas las acciones en el marco del Programa Ampliado de Inmunización y la vigilancia epidemiológica articulada con el departamento y el Instituto Nacional de Salud.“Es fundamental que todos los menores cuenten con su esquema completo de vacunación y que los adultos que no tengan claridad sobre su carné se apliquen una dosis de refuerzo. En nuestro territorio contamos con los biológicos suficientes y no se registran casos autóctonos; los reportados en el país han sido importados. El llamado es a prevenir y proteger a toda la población”, señaló el funcionario.El esquema de vacunación contra el sarampión inicia a los 12 meses de edad y contempla una segunda dosis a los 18 meses. Asimismo, niños y niñas menores de 5 años, población hasta los 10 años, adolescentes y adultos hasta los 59 años que no tengan registro o no recuerden su estado vacunal, deben acercarse al punto de vacunación más cercano para completar su esquema.El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Entre los síntomas más comunes están fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y erupción en la piel.Las autoridades reiteraron que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, está disponible en todos los puntos de vacunación del Distrito.
Dos personas de 18 y 28 años resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la calle 44 con carrera 14, sector del parque Romero, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de Bucaramanga. Uno de los heridos es un motociclista que fue impactado por una bala perdida. "Trabaja como domiciliario en la zona de las flores", dijo un testigo. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho se presentó cuando individuos que se movilizaban en motocicleta realizaron varios disparos contra personas que se encontraban en un funeral, frente al Cemeterio Central. "Habían terminado de dejar en el cementerio a una mujer que fue asesinada a tiros el fin de semana en la ciudad", señalaron algunas personas que estaban en el lugar. Las víctimas fueron trasladadas de manera inmediata a un centro asistencial de Bucaramanga, donde reciben atención médica. "Gracias a la rápida reacción del Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSPOT), uniformados lograron la captura de un hombre de 24 años, presuntamente vinculado al hecho. Al capturado se le incautó un revólver con 10 cartuchos y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones", afirmó el coronel Héctor García, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El ataque estaría relacionado con una presunta 'guerra' entre bandas del microtráfico del barrio Estoraques de la capital santandereana. "Este es el bandido que disparó contra varias personas en el Parque Romero. Fue capturado", escribió el alcalde Cristian Portilla, en sus redes sociales. Las autoridades señalaron que la oportuna intervención permitió controlar la situación y evitar una mayor afectación contra la vida, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades adicionales.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años y tres meses al concejal de Suratá Jorge Ramiro Blanco Esteban, tras comprobar que vulneró el régimen de inhabilidades establecido para servidores públicos.Blanco Esteban, quien hacía parte del Partido Colombia Renaciente, movimiento político local inscrito en Santander, fue elegido para el periodo 2024-2027. El partido, con representación en distintos municipios de la región, ha tenido presencia en cabildos locales en el departamento, promoviendo agendas de desarrollo comunitario y gestión territorial.Según el ente de control, el concejal fue elegido y se posesionó pese a que dentro de los 12 meses anteriores a los comicios su hermano ocupó cargos con autoridad política, civil y administrativa en la misma administración municipal.La investigación disciplinaria estableció que el familiar se desempeñó primero como secretario General y de Gobierno y, posteriormente, fue designado como alcalde encargado durante 2023. Estos cargos implicaban funciones de dirección y toma de decisiones, lo que, de acuerdo con la normativa vigente, configura una inhabilidad por parentesco para aspirar a un cargo de elección popular en la misma jurisdicción.En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta como gravísima a título de culpa gravísima, al considerar que el concejal tenía el deber de conocer las restricciones legales antes de inscribirse como candidato.El régimen de inhabilidades busca prevenir conflictos de interés y garantizar transparencia en la administración pública, evitando que familiares cercanos de funcionarios con poder de decisión accedan simultáneamente a cargos de elección o autoridad dentro del mismo territorio.La sanción implica la destitución inmediata del cargo y la prohibición de ejercer funciones públicas en cualquier entidad del Estado durante más de ocho años.
Desde la noche anterior decenas de beneficiarios del programa Colombia Mayor comenzaron a llegar al centro de Bucaramanga para asegurar un turno y reclamar el bono de $230.000 que entrega el Gobierno nacional.Las filas rodearon las oficinas principales del sector de La Perla. Hombres y mujeres de la tercera edad, algunos con bastón y otros en silla de ruedas, soportaron largas horas de espera bajo el sol.“Perdí todo el día y hoy estoy aquí desde las 5:00 de la mañana. Hay gente desde anoche”, contó uno de los adultos mayores afectados.Varios beneficiarios hicieron un llamado para que el proceso sea más ágil y se habiliten más puntos de atención, debido a las dificultades físicas que enfrentan durante las extensas jornadas.Ante las aglomeraciones, Prosperidad Social explicó que la alta asistencia se debe a que este año el programa creció de manera histórica.La gerente regional en Santander, Luz Helena Torres, señaló que el número de beneficiarios pasó de 80.000 a más de 144.000 en el departamento.Además, el subsidio aumentó de $80.000 a $230.000 por ciclo y actualmente se está pagando un acumulado de $460.000, correspondiente a los ciclos 1 y 2 de 2026.“El proceso se retrasó por la escogencia del operador, pero estaremos pagando hasta el 20 de marzo. No es necesario madrugar ni hacer filas interminables”, indicó la funcionaria.Prosperidad Social reiteró que en Santander hay más de 600 puntos habilitados para el cobro, de los cuales 120 están en Bucaramanga y más de 106 en el área metropolitana.Según la entidad, muchos adultos mayores siguen concentrándose en el punto principal, mientras que otros lugares permanecen vacíos, especialmente en barrios como La Concordia, Girardot y San Francisco.El llamado es a distribuir la asistencia durante los días de pago para evitar aglomeraciones y proteger la salud de los beneficiarios.
Desde Bucaramanga, Juan Carlos García, conocido artísticamente como Juank García, dio un paso decisivo en su carrera musical tras superar las audiciones del programa A Otro Nivel. En el escenario recibió dos flechas verdes por parte de los jurados Gian Marco y Felipe Peláez, resultado que le permitió ingresar oficialmente a la competencia.El santandereano logró avanzar entre miles de aspirantes que se presentaron en esta temporada del formato, consolidándose como uno de los nuevos talentos que buscarán llegar a las etapas finales del concurso.Lejos de los escenarios, Juank García ha construido su vida profesional como mecánico automotriz en el taller familiar en Bucaramanga, oficio que ha desempeñado desde joven junto a su padre. Paralelo a ello, ha cultivado su faceta artística como cantautor. También es abogado egresado de Uniciencia.“Soy mecánico de profesión, pero cantante por vocación. Hoy demuestro que los sueños también se afinan, como los motores”, manifestó García.Su historia ha llamado la atención por la dualidad entre el trabajo diario en el taller y su apuesta por la música popular, un género en el que ha venido construyendo identidad propia. Además, mantiene una amistad con el reconocido cantante santandereano Jessi Uribe, con quien comparte afinidades musicales.Durante su presentación, Juank dejó claro que su participación en el programa representa años de esfuerzo silencioso y preparación. Su clasificación no solo significa un logro personal, sino también una vitrina nacional para mostrar su propuesta artística.Con su ingreso a la competencia, el bumangués asume ahora el reto de mantenerse en el exigente formato televisivo y demostrar que el talento puede abrirse camino más allá de cualquier oficio.
Este martes, en hora de la tarde, comenzarán en Bogotá los diálogos entre la Electrificadora de Santander (ESSA) y los representantes del sindicato de trabajadores Sintraelecol, en un intento por lograr acuerdos que permitan levantar la huelga que inició el pasado 20 de febrero de 2026.La reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo y marca el primer acercamiento formal entre las partes desde el inicio del cese de actividades.El gerente de la Electrificadora, Guillermo León Valencia, confirmó en entrevista con Blu Radio el inicio de las conversaciones y reiteró la disposición de la empresa para llegar a consensos.“Estamos dispuestos al diálogo, queremos tener las aproximaciones y llegar a los acuerdos. Necesitamos acercar las pretensiones de ambos lados para que esto se haga realidad”, afirmó el directivo, quien expresó su expectativa de que en la reunión se definan las primeras agendas y canales de acercamiento.Sin embargo, hizo un llamado al sindicato para moderar el pliego de peticiones. “Hay una realidad de empresa, de negocio y de entorno que nos obliga a pensar no solo en el presente, sino en la sostenibilidad de largo plazo de la compañía”, señaló.Valencia explicó que la empresa ha invertido en la última década cerca de 2,2 billones de pesos para mantener la calidad del servicio en el departamento y que tiene proyectadas inversiones por alrededor de 2,7 billones de pesos en los próximos nueve años.Según indicó, estos recursos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica, modernizar redes antiguas e incorporar tecnología que permita mejorar los tiempos de restablecimiento del servicio.La Electrificadora presta el servicio en 102 municipios de Santander y, de acuerdo con el gerente, aún existen cerca de 11.000 familias sin acceso a energía, especialmente en zonas rurales. La meta, dijo, es alcanzar una cobertura del 100 %, incluso mediante soluciones alternativas donde no sea posible ampliar redes tradicionales.Frente a la preocupación ciudadana por posibles interrupciones del servicio, el gerente fue enfático en señalar que no habrá apagones.“La energía eléctrica es un servicio público esencial, definido por las leyes 142 y 143 de 1994. Nuestra responsabilidad es garantizar la continuidad y calidad del servicio”, sostuvo.Explicó que, pese a la huelga, la empresa mantiene personal para atender emergencias, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, y desarrollar actividades programadas necesarias para evitar fallas mayores en el sistema.“Todo el sistema debe mantenerse íntegro. No es adecuado pensar que solo lo correctivo es esencial; también lo preventivo es clave para evitar eventos más graves”, puntualizó.El directivo manifestó su deseo de que las conversaciones avancen con rapidez y permitan superar el conflicto laboral en el menor tiempo posible, en beneficio de los trabajadores, la empresa y los usuarios del servicio en Santander.
En el marco del Plan de Campaña Ayacucho, tropas de la Segunda División del Ejército Nacional consolidaron un amplio dispositivo de seguridad para acompañar los comicios legislativos del próximo 8 de marzo en el nororiente colombiano.De acuerdo con el reporte oficial, más de 15.000 soldados, hombres y mujeres, fueron dispuestos para custodiar el proceso electoral en articulación con la Policía Nacional y de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El despliegue incluye unidades orgánicas de la Trigésima Brigada, la Quinta Brigada, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.El operativo cubrirá los departamentos de Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar -en cinco de sus municipios- y un municipio del departamento de Antioquia. En total, serán 111 municipios priorizados, con presencia en 772 puestos de votación, tanto en zonas rurales como urbanas, y acompañamiento en 1.307 mesas designadas.El objetivo del despliegue es generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto. Además de la seguridad en los puestos de votación, las tropas estarán ubicadas sobre los principales ejes viales interdepartamentales para garantizar la movilidad y custodiar la infraestructura crítica de la región.Desde la Segunda División invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones a través de la Línea 107 contra el terrorismo.
Desde la noche anterior comenzaron a llegar decenas de adultos mayores al centro de Bucaramanga para asegurar un turno en el proceso de registro que les permitirá reclamar el bono de 230.000 pesos entregado por el Gobierno Nacional.Las filas rodean las oficinas principales de La Perla, donde hombres y mujeres de la tercera edad, algunos con bastón y otros en silla de ruedas, han soportado largas horas de espera, bajo el sol y las incomodidades propias de la jornada.“Todo el día, con el sol y todo, para decirme que tenía hoy que venir a La Perla, a las oficinas principales. Perdí todo el día y hoy estoy aquí desde las 5 de la mañana. Ahí hay gente desde anoche”, relató uno de los beneficiarios.De acuerdo con los adultos mayores consultados, el monto anunciado es de 230.000 pesos correspondientes a un mes, pero en esta ocasión esperan recibir el acumulado de enero y febrero, es decir, 460.000 pesos. “Nos dicen que nos van a dar 2.30, pero como van a dar enero y febrero, 4.60, vamos a ver”, expresó otro ciudadano mientras aguardaba en la fila.La situación es más compleja para quienes presentan problemas de movilidad. “Hay gente en silla de ruedas, gente que no puede caminar”, señalaron los asistentes, quienes explicaron que el registro en el punto principal es obligatorio para luego poder cobrar en otros puntos de La Perla ubicados en los barrios, lo que, según les informaron, facilitará el proceso en futuras entregas.“Vine ayer y duré toda la tarde haciendo cola y hoy estoy desde las 5 de la mañana”, contó una adulta mayor que regresó por segunda vez para completar el trámite.Frente a la congestión, los funcionarios han pedido orden y paciencia mientras realizan el registro previo de los beneficiarios. Sin embargo, los adultos mayores hacen un llamado para que el proceso sea más ágil y se habiliten más puntos de atención, con el fin de evitar que personas vulnerables tengan que pasar la noche en la calle para acceder al subsidio.
Una grave cadena de accidentes marcó la mañana de este martes en el área metropolitana de Bucaramanga. El caso más delicado ocurrió en el sector conocido como “Papi Quiero Piña”, en la paralela que comunica a Floridablanca con Bucaramanga, donde una adolescente de 16 años, identificada como Valeria Pérez Zapata, perdió la vida.Según versiones preliminares, un bus de la empresa Transpiedecuesta, que al parecer se movilizaba en exceso de velocidad, chocó contra la motocicleta en la que se transportaban madre e hija. La menor iba como parrillera y, tras el impacto, ambas fueron expulsadas contra otro bus de la misma empresa, con el que finalmente terminaron colisionando.El accidente se registró a pocos metros de la Universidad Santo Tomás. La joven, de 16 años, era estudiante de Derecho en esa institución y se dirigía a clases en compañía de su madre, quien la llevaba en la motocicleta. Otras cuatro personas que iban como pasajeros en el bus resultaron heridas. Desde las 7:00 mañana hubo serios problemas de movilidad en este corredor vial, uno de los más transitados entre Floridablanca y Bucaramanga, mientras las autoridades realizaban el levantamiento y las labores de inspección."Los agentes de la Dirección de Tránsito de Floridablanca se encuentran haciendo las funciones de Policía Judicial haciendo el levantamiento del cadaver y recolectando la información para ser trasladada a la Fiscalía General de la Nación y realice la respectiva investigación y esclarecimiento de los hechos", señaló el director de Tránsito de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada.De manera paralela, otro siniestro vial cobró la vida de Heidy Dayana Ropero Rey, en el sector de Provenza, en Bucaramanga. De acuerdo con testigos, una volqueta chocó contra la motocicleta en la que viajaba, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, y posteriormente la arrolló, causándole la muerte en el lugar.Entre tanto, en la calle 56 con carrera 27 se registró un choque entre tres motocicletas. En este hecho una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de estos accidentes.