La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de “Boika”, y Rafael Jaimes Caicedo, alias “Pana”. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que por información que permita su ubicación y captura se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
En la capital antioqueña se siguen conociendo aberrantes casos de violencia sexual donde las víctimas menores de edad y corren riesgos en entornos que deberían ser seguros como sus familias.Este fue el caso de un hombre de 34 años de edad capturado en las últimas horas por orden judicial al ser requerido por el delito de acceso carnal violento.Los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Zamora donde el señalado victimario sostenía una relación sentimental de unos 10 años con la madre de la víctima.Precisamente la extensión del vínculo y su rol como cuidador, además de la convivencias en el entorno familiar habrían facilitado la comisión de estas conductas de violencia sexual contra su hijastra en repetidas ocasiones. "La captura se materializó en vía pública del barrio La América y el hombre posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir la situación jurídica y la imposición de una medida privativa de la libertad", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Con estos hechos la institución policial asegura que mantiene su compromiso con la protección de la población menor de edad y por eso invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
La Contraloría General de Antioquia es el ente encargado de vigilar la gestión fiscal y ambiental de las entidades públicas y particulares que manejan fondos del departamento y su próximo reto será analizar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas de desarrollo urbano en la seccional.Dentro de los objetivos que se planteó la Contraloría en este proceso se destacan, principalmente, vigilar el desempeño económico y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos de estas entidades. El enfoque inicialmente está puesto en los municipios que conforman las categorías 4, 5 y 6.Asimismo, dentro del plan de ejecución se plantea la fiscalización al marco legal y el cumplimiento de los requisitos legales para la creación de las Empresas de Desarrollo Urbano. "Nuestra intención será determinar si se está respetando el principio de economía, de eficacia y de eficiencia, y si hay una relación costo beneficio realmente eficiente en la utilización de los recursos públicos o si lo que hay lugar es a hacer un llamado de atención a estas entidades territoriales", explicó el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.Además, el contralor indicó que con el fin de establecer si estas entidades operan bajo criterios de la Contraloría, se examinará la ejecución de ingresos y gastos, el flujo de caja, los resultados financieros y la coherencia entre el objeto social de las empresas y el uso de los recursos públicosDentro del total de los 21 municipios que la Contraloría estará fiscalizando, se destacan territorios que son reconocidos por su oferta turística como lo son el municipio de Santa Fe de Antioquia, El Peñol, San Carlos, Andes y Támesis. En el Urabá Antioqueño serán fiscalizados Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.
Una noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos, pues desde el pasado 12 de febrero empezó a regir en la capital el Decreto Distrital 042 de 2026, en el que se fijan las tarifas para el servicio individual de pasajeros en taxi para lo que resta del año.Según indicó el Distrito, para llegar a la tarifa los estudios técnicos se realizaron desde 2025; pese a las encuestas y la revisión de variables económicas, el impacto del salario mínimo para este año fue lo que más incidió en la decisión.La Administración de Carlos Fernando Galán aseguró que el objetivo es mantener la sostenibilidad del gremio sin perder transparencia para el usuario. Si bien en Bogotá existen múltiples medios de transporte, el taxi sigue siendo clave para millones de personas, por lo que las nuevas tarifas resultan relevantes para muchos.Estas son las nuevas tarifas de taxis en BogotáEl decreto señala un nuevo marco tarifario que funcionará durante 2026 y define los valores a partir de tablas técnicas. Allí se detallan los montos y condiciones para el sistema tradicional, así como el cobro por medio de plataformas digitales autorizadas.La idea es que, según lo consignado en el acto administrativo, se busca:Garantizar reglas claras para conductores y pasajeros.Reducir posibles desacuerdos al momento de pagar.Fortalecer la confianza en el servicio formal.Ante ello, se recomienda consultar los canales oficiales del Distrito para verificar los valores vigentes antes de iniciar un recorrido.¿Apps tendrían influencia en los cobros?Uno de los puntos que más llama la atención es la coexistencia de dos modalidades de cobro en el servicio: por un lado, el taxímetro tradicional y, por otro, el cobro por medio de plataformas autorizadas.El servicio de taxis poco a poco se ha sumado a plataformas como Cabify, DiDi o Uber. Si bien el taxímetro sigue siendo referencia en el cobro, la presencia de aplicaciones digitales permite estimar el valor del trayecto con anterioridad, ofrecer diferentes métodos de pago y mayor trazabilidad en el viaje.Por eso, muchos usuarios prefieren conocer con anticipación el costo antes de ingresar al vehículo, lo que genera mayor sensación de control. Para el gremio, implica adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas.Decreto Distrital 042 define tarifas y reglas de cobroLa doble modalidad tiene como objetivo modernizar el servicio sin desmontar el esquema tradicional; sin embargo, primero se deben resolver algunos desafíos:Asegurar acceso a dispositivos móviles para conductores.Mantener conectividad estable.Aplicar el marco regulatorio con rigor.El Distrito insiste en que este ajuste hace parte de una estrategia más amplia de modernización del transporte; así mismo, busca ir en paralelo con obras viales y proyectos en la ciudad como el Metro.Así mismo, vale señalar que anteriormente la Secretaría de Movilidad apuntó que la carrera mínima en taxi será de $8.000 pesos; de igual manera, el recargo hacia y desde el Aeropuerto o puente aéreo será de $8.100 pesos sin el pago del factor calidad y de $8.300 con el factor calidad.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
Durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre, se registró en jurisdicción del municipio de Coromoro, Santander, una avenida torrencial en la quebrada La Pie, aportante del río Ture que se desemboca en el río Fonce.El evento fue reportado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de que habitantes del sector alertaran sobre el desbordamiento repentino de la quebrada, provocado por un represamiento generado, al parecer, por un deslizamiento de tierra. Al superar su cota máxima, la creciente afectó cultivos de trucha y algunos pastizales destinados a la ganadería.De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se registran personas lesionadas ni desaparecidas. Asimismo, se confirmó que en la zona no se presentaron lluvias, por lo que el fenómeno estaría asociado a causas geológicas y no a precipitaciones.La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander informó que mantiene comunicación permanente con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coromoro y que se realiza seguimiento a la situación.Las autoridades departamentales anunciaron que permanecerán en alerta durante el fin de semana, junto con los organismos operativos y de socorro, con el fin de atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse por fenómenos naturales o antrópicos en Santander.Otra de las emergencias registradas recientemente se presentó en el municipio de Sabana de Torres donde un incendio consumió dos viviendas del asentamiento humano La Unión. La oportuna respuesta del Cuerpo de Bomberos del municipio y la Policía Nacional permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros hogares. Por fortuna no hubo víctimas fatales.Pedro Conde, de la oficina de Gestión del Riesgo, informó que “las causas de este incendio son indeterminadas, pero se cree que estas situaciones se presentan por corto circuitos o velas encendidas”.
Bucaramanga y su área metropolitana vivieron una Nochebuena atípica para las estadísticas de seguridad: cero personas muertas, cero homicidios y ningún fallecido en accidentes de tránsito hasta la medianoche del 24 de diciembre. Un hecho que marca un contraste positivo frente a años anteriores y que se replicó en todo el departamento de Santander.De acuerdo con el balance entregado por el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la jornada transcurrió sin afectaciones contra la vida ni la integridad de los ciudadanos. La noche estuvo bajo estrictos controles policiales, con más de 2.000 uniformados desplegados en puntos estratégicos como el centro de la ciudad, centros comerciales, vías principales y sectores considerados críticos por su historial delictivo.La presencia constante de la Policía, sumada a operativos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en asentamientos humanos y zonas de mayor conflictividad, permitió contener riñas y prevenir hechos violentos. Aunque sí se registraron algunos llamados de la ciudadanía, estos estuvieron relacionados principalmente con el uso de pólvora y episodios de intolerancia social, sin consecuencias fatales.El balance positivo no se limitó a la capital santandereana. El coronel Gustavo Andrés Henao Sáenz, comandante encargado del Departamento de Policía de Santander, confirmó que en todo el departamento no se presentaron muertes violentas durante la celebración navideña. Además, las cifras muestran una reducción del 14 % en los homicidios frente a los registros del año 2024, un indicador que refuerza la tendencia a la baja en hechos de violencia.En cuanto a la pólvora, uno de los factores de mayor preocupación en esta época del año, Bucaramanga no reportó personas quemadas. Sin embargo, se presentaron dos casos de lesionados en otros municipios del departamento: uno en Mogotes y otro en Sabana de Torres.La celebración de esta Navidad fue tranquila en términos generales, por eso las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que se mantenga ese comportamiento durante el fin de año y el comienzo de 2026, pues hay ferias y fiestas en varios municipios de Santander.
La entrada en vigencia del decreto 0907 de 2025, con el que la Alcaldía de Bucaramanga prohibió el consumo de sustancias psicoactivas en parques y otros espacios públicos, abrió un nuevo frente de debate jurídico y social en la ciudad. Desde el Movimiento Canábico de Santander, su vocero William Cáceres cuestionó el alcance de la medida y advirtió que podría incurrir en los mismos errores legales de normas anteriores que ya fueron anuladas por la justicia administrativa.Cáceres recordó que el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del Decreto 0007, expedido por la administración anterior, al considerar que resultaba desproporcionado frente a los derechos fundamentales de las personas adultas consumidoras. En ese sentido, señaló que cualquier nueva regulación debe ajustarse estrictamente a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-127 de 2023.“Esa sentencia establece un equilibrio claro entre la protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de los derechos de las personas adultas que usan sustancias psicoactivas. La Alcaldía no puede desconocer esos criterios”, afirmó el vocero.De acuerdo con Cáceres, la administración municipal debe estructurar sus decisiones bajo tres principios constitucionales esenciales: el criterio pro infans, la proporcionalidad y la razonabilidad, evitando prohibiciones generales que terminen criminalizando el consumo adulto sin distinguir contextos ni impactos reales sobre la convivencia.El vocero fue enfático en señalar que desde la Mesa de Usuarios de Cannabis no existe intención alguna de afectar a la comunidad ni de invadir espacios frecuentados por menores. Por el contrario, aseguró que el colectivo viene trabajando en propuestas orientadas a la creación de espacios privados para el consumo responsable de cannabis por parte de adultos.“No queremos incomodar en el espacio público ni afectar a niños, niñas y familias. Estamos abogando por espacios privados, sin estigmas, donde se reduzca el impacto negativo del consumo y se fortalezca la convivencia ciudadana”, explicó Cáceres.Según el Movimiento Canábico, este enfoque no solo se ajusta mejor al marco constitucional vigente, sino que también contribuye a una política pública más efectiva y menos punitiva.El Decreto 0907 de 2025, firmado por el alcalde Cristian Portilla, comenzó a regir el 24 de diciembre y prohíbe el consumo, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas naturales o sintéticas en un radio de 60 metros alrededor de parques, canchas deportivas, zonas históricas y centros educativos, tanto en suelo urbano como rural.La restricción se aplica diariamente entre 4:30 de la mañana y 11:30 de la noche, facultando a la Policía Metropolitana para realizar decomisos, retirar a consumidores de las zonas vedadas e imponer sanciones. En el caso de menores de edad, se contempla la intervención de comisarías de familia y procesos de restablecimiento de derechos.Adicionalmente, el decreto habilita la participación de reservas de la Policía y el Ejército en labores preventivas y abre la puerta a recompensas para ciudadanos que suministren información sobre expendio de drogas en zonas frecuentadas por menores.Mientras la administración defiende la medida como un mecanismo de protección de la niñez y recuperación del espacio público, organizaciones como el Movimiento Canábico de Santander advierten que, si no se ajusta al precedente constitucional, el decreto podría enfrentar nuevas demandas de nulidad ante los estrados judiciales.
Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche de este jueves 25 de diciembre, los vehículos de carga con peso superior a 3.4 toneladas no podrán circular por las vías del departamento de Santander. La medida busca garantizar una movilidad segura durante los recorridos que emprendan las familias.Así lo informó el mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, quien recordó que la restricción hace parte de las acciones preventivas adoptadas para reducir la accidentalidad y facilitar el desplazamiento de los viajeros en esta fecha de alta afluencia vehicular.La autoridad de tránsito indicó que la limitación aplica para todos los corredores viales del departamento.De manera paralela a la restricción, la Policía Nacional desplegará un amplio operativo en el marco de la estrategia ‘Navidad con Propósito’, con el que se reforzará la seguridad vial en Santander. Según explicó el mayor Vergara Vélez, se mantendrán 11 áreas de prevención y control distribuidas estratégicamente en los cinco principales corredores viales del departamento.En estos puntos se realizarán controles de velocidad, pruebas de embriaguez y vigilancia de maniobras peligrosas, además de jornadas de sensibilización y pausas activas, orientadas a promover comportamientos responsables entre los conductores.“La Seccional de Tránsito y Transporte de Santander despliega todas sus capacidades logísticas y humanas para garantizar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos, con el propósito de que los desplazamientos durante la temporada navideña se realicen en tranquilidad”, señaló el oficial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito, conducir con prudencia y acatar las recomendaciones de los uniformados, con el fin de prevenir siniestros viales y asegurar un regreso seguro a casa durante las festividades.
La solidaridad comunitaria se convirtió en el principal motor para devolverle la movilidad a la vereda Zarandas, en el municipio de Vélez, Santander, luego de que una remoción en masa destruyera un tramo de la Transversal del Carare, una vía estratégica para la conexión rural y el transporte de productos agrícolas en esta zona del sur del departamento.El deslizamiento, provocado por las intensas lluvias, dejó incomunicadas a varias comunidades campesinas, afectando no solo la movilidad de los habitantes, sino también la economía local y el acceso a servicios básicos. Ante la magnitud de la emergencia y mientras se concretan soluciones definitivas por parte de las autoridades competentes, la comunidad decidió organizarse y actuar.Voceros del comité comunitario destacaron el esfuerzo colectivo que ha permitido habilitar de manera provisional el paso por el sector afectado. "Queremos darle gracias primeramente a Dios porque hemos podido habitar la vía, también al comité que ha estado al frente de esto, porque no ha sido sencillo, y a toda la comunidad que ha apoyado la idea de solucionar provisionalmente la rehabilitación de la vía El Carare”, señalaron.Actualmente, el paso está habilitado de forma controlada únicamente para motocicletas y vehículos 4x4, en horarios establecidos: 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.El comité hizo un llamado a la tolerancia, la empatía y al cumplimiento estricto de estas medidas, mientras continúan los trabajos para ampliar la capacidad de la vía y permitir el tránsito de otro tipo de vehículos.La recuperación provisional ha implicado un alto costo económico asumido, en gran parte, por la misma comunidad. Según informaron, los gastos en maquinaria pesada ya superan los 70 millones de pesos. Solo en una retroexcavadora grande se han invertido cerca de 48 millones de pesos, en otra retro más de 17 millones, además entre 7 y 8 millones en el uso de volquetas, sin contar otros costos como combustible y transporte de material.Para sostener las labores, el comité implementó un bono comunitario, aclarando que no se trata de un cobro obligatorio, sino de una colaboración voluntaria. Asimismo, pidieron a la población informarse únicamente a través de los comunicados oficiales del comité, advirtiendo que información no verificada puede generar confusión y caos.Aunque a comienzos de diciembre el alcalde de Vélez, Orlando Ariza, confirmó que el Gobierno Nacional destinaría 180.000 millones de pesos para la recuperación de la Transversal del Carare después de una reunión con Invías, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y demás autoridades locales, este es el momento y las obras no avanzan.La Transversal del Carare es reconocida por su importancia regional, al conectar municipios de Santander con el Magdalena Medio. Por ello, la comunidad insiste en que la solución de fondo corresponde a las autoridades, pero mientras tanto, el ejemplo de organización y trabajo colectivo se convierte en un testimonio de resiliencia y compromiso comunitario frente a la adversidad.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
Las lluvias no dan tregua en San Vicente de Chucurí y la emergencia vial ya se siente como una crisis humanitaria. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra, caída de rocas de gran tamaño y el colapso de varios tramos de carretera dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde el acceso depende de vías terciarias que hoy están completamente taponadas.De acuerdo con la administración municipal, la pérdida de la banca es total en algunos sectores y la maquinaria disponible no ha sido suficiente para restablecer el paso. Las veredas Campoalegre, Guacamaya, Santa Bárbara, Quináles, Palmira, Palestina y Barro Amarillo presentan los mayores daños, con comunidades aisladas, dificultades para el transporte de alimentos y restricciones para el ingreso de ayudas.El alcalde Óscar San Miguel alertó que la situación se agrava por una falla geológica histórica a la que, según dijo, no se le ha prestado atención técnica, “el invierno ha sido bastante complejocon cada aguacero la montaña se desprende, tenemos derrumbes constantes y pérdida total de la vía; hay una falla geológica que está arrasando con todo, incluso con puentes”, afirmó. El mandatario explicó que una estructura artesanal construida por la propia comunidad para sacar sus cultivos también fue destruida por la fuerza del terreno.La afectación golpea directamente la economía local, San Vicente de Chucurí es considerado la despensa agrícola y cacaotera del departamento, con una economía 100 % agropecuaria. Hoy toneladas de cacao, naranja, banano y yuca permanecen represadas en las fincas, sin posibilidad de transporte, lo que expone a los productores a pérdidas millonarias y al riesgo de que las cosechas se dañen.Mientras continúan las precipitaciones, los habitantes piden intervención urgente del Gobierno departamental y nacional para estabilizar la falla, reforzar taludes y habilitar corredores alternos. Entre tanto, cientos de familias siguen incomunicadas, a la espera de que las vías vuelvan a abrirse y el campo pueda volver a moverse.
Los ataques con arma de fuego se han multiplicado en San Gil, generando miedo entre habitantes y turistas. Según las autoridades, bandas criminales y líderes de estas estructuras han comenzado a establecerse en la región, dinamizando la violencia y la criminalidad en el municipio.En las últimas horas, un nuevo intento de sicariato en pleno centro dejó tres personas heridas, todas con más de 18 antecedentes judiciales. Los atacantes se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra las víctimas en plena vía pública, obligando a un traslado de emergencia al hospital local.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, confirmó que estos ataques forman parte de un patrón coordinado desde las cárceles del país. “Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, señaló el oficial.La violencia alcanzó un nuevo nivel con el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Suescún fue atacado a tiros mientras se encontraba en una tienda del municipio, un hecho que ha encendido las alarmas en la comunidad turística.En lo que va del mes, San Gil ya registra tres intentos de sicariato en distintos barrios, incluyendo Villa Olímpica y Villa Laura, donde los ataques han dejado heridos y víctimas mortales. Los habitantes denuncian la falta de control y la ausencia de un esquema preventivo que proteja a los ciudadanos.Las autoridades refuerzan operativos en puntos estratégicos del municipio y mantienen coordinación con el Inpec para frenar la ola de sicariatos. Sin embargo, la comunidad permanece en alerta máxima, temerosa de salir a las calles, mientras los sicarios continúan aprovechando la movilidad de las motocicletas y la presencia de bandas organizadas en la región.
Lo que comenzó como una jornada habitual de cosecha terminó en tragedia. Seis campesinos fueron alcanzados por un rayo en plena madrugada, cuando intentaban resguardarse de un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del Páramo de Santurbán.La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado. Entre los heridos se encuentran un niño de 10 años, Leonardo Dugarte, de 34 años, y Suleima del Carmen Rivas, también de 34, quienes sufrieron quemaduras y lesiones de consideración. Todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Ana de Guaca, pero la mujer y el menor debieron ser remitidos al Hospital Universitario de Santander por la gravedad de su estado.Clemencia Jaimes, habitante del sector, relató los momentos de angustia tras el impacto. “Estaban escampando mientras trabajaban y de un momento a otro cayó el rayo. Todos quedaron tendidos en el suelo. La señora y el niño son los más graves”, contó.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento. “Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.Las autoridades continúan el monitoreo de las condiciones climáticas y pidieron a las comunidades rurales evitar actividades a la intemperie durante lluvias intensas, así mismo para los habitantes que se encuentran cerca a ríos y quebradas, estar atentas al comportamiento d elas fuentes hídricas y activas los planes de contingencia.
Ante el riesgo por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en el Magdalena Medio, las autoridades activaron un plan especial de seguridad en Barrancabermeja de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.La estrategia fue definida durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la alcaldesa encargada Laura Cotrina, con participación del Ministerio Público, la fuerza pública y delegados de los movimientos políticos. Allí se revisaron los dispositivos de protección y las medidas preventivas que regirán antes, durante y después de la jornada democrática.El plan contempla presencia reforzada del Ejército, la Armada y la Policía con patrullajes permanentes por tierra y por los corredores fluviales del río Magdalena, instalación de puestos de control, acompañamiento a la Registraduría y custodia a candidatos y líderes políticos, especialmente en zonas rurales donde históricamente se han registrado amenazas y presiones armadas.“De manera articulada con la Policía, el Ejército y la Armada, hemos garantizado rutas de acompañamiento y presencia de la Fuerza Pública para que todos los ciudadanos puedan participar con tranquilidad”, señaló la mandataria.Las autoridades buscan evitar cualquier intento de intimidación o alteración del orden público en una región donde operan estructuras ilegales que disputan control territorial y economías ilícitas.Son varios grupos armados organizados que buscan ampliar su influencia en el departamento, por lo que el dispositivo prioriza zonas estratégicas del norte de Santander y el sur del Cesar, donde se ha detectado la presencia simultánea del ELN, el frente Camilo Torres, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, intensificando controles, bloqueos y patrullajes permanentes para evitar su expansión hacia territorio santandereano.De manera paralela, las fuerzas armadas concentran esfuerzos en el occidente del departamento, especialmente en Barrancabermeja y Puerto Wilches, con operaciones coordinadas contra el Clan del Golfo para golpear economías ilegales como el microtráfico, mientras que en el sur avanza la Operación Campaña N.º 5 junto a la Policía, enfocada en desarticular redes de apoyo y corredores de movilidad que conectan con Boyacá y Norte de Santander.Según las autoridades, el objetivo es cerrar el paso a estas estructuras, recuperar el control territorial y brindar mayores garantías de seguridad a la población civil.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Jaiver Bohórquez Nieto, señalado de participar en el homicidio de una mujer de 27 años, ocurrido en zona rural de Floridablanca.El crimen se registró la noche del 14 de octubre de 2024, cuando la víctima, identificada como Karlys Nayerlin Reyes Lugo, de nacionalidad venezolana, se movilizaba como parrillera en una motocicleta hacia el sector de Ruitoque. Según la investigación, al descender del vehículo fue interceptada por varios hombres y atacada en repetidas ocasiones con arma cortopunzante y arma de fuego. La gravedad de las heridas le causó la muerte en el lugar.El conductor de la motocicleta también fue blanco de disparos. Uno de los proyectiles impactó su casco y otro le causó una lesión en el brazo. El hombre logró huir y alertó a las autoridades.De acuerdo con el expediente, la mujer habría salido del barrio La Cumbre rumbo a la parte baja de Ruitoque y, durante el trayecto, habría acordado encontrarse con varias personas. En el punto señalado fue rodeada por el grupo de atacantes.La captura de Bohórquez Nieto se produjo en la vía Zapatoca–Girón, durante un procedimiento de verificación de antecedentes realizado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia, quienes confirmaron que tenía una orden judicial vigente.La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.Según las autoridades, el detenido también estaría vinculado al grupo delincuencial Los Claverianos, donde presuntamente cumplía funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes y la coordinación de acciones violentas.
La explotación ilegal de oro en zona rural de Sabana de Torres dejó al descubierto un nuevo foco de daño ambiental en Santander. Dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando, según las autoridades, extraían entre 18 y 20 gramos diarios del mineral mediante maquinaria de dragado instalada sobre una fuente hídrica.El operativo fue adelantado por tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Infantería No. 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, tras varios meses de labores de inteligencia que permitieron ubicar el punto de extracción clandestina en la vereda Aguas Claras.Durante la intervención, los uniformados incautaron y destruyeron cuatro motobombas y una draga utilizadas para remover sedimentos del río y separar el oro, actividad que genera contaminación y graves afectaciones a los ecosistemas.El coronel Mario Andrés Poveda Carreño, comandante del batallón, explicó que la operación permitió frenar una actividad que se venía desarrollando de manera intermitente desde hace más de un año.“Mediante actividades de inteligencia se logró la destrucción del material empleado para el dragado, preservando el medio ambiente en el departamento. Se estima que los mineros ilegales sacaban entre 18 y 20 gramos de oro por día”, indicó el oficial.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, mientras las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los operativos para combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales del departamento.