La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
El cronómetro no perdona y en El Desenlace cada segundo cuenta. Así quedó demostrado en la segunda parte del primer capítulo de El Reto 3X, donde la prueba de Estrés Extremo terminó por definir a los clasificados y dejó a la primera pareja fuera de competencia. La tabla de posiciones se ajustó con una diferencia mínima entre varios equipos, confirmando que la unión entre Retadores y Ex Desafiantes puede ser decisiva… o insuficiente.La jornada cerró con una despedida. Aunque demostraron carácter y competitividad a lo largo del circuito, Johnatan y Karoline registraron el tiempo más alto de la ronda. La presión del reloj terminó pasándoles factura y su salida marcó uno de los momentos más emotivos del episodio. Se marchan con la frente en alto, tras representar con entrega la fuerza y destreza que distingue a los colombianos.En contraste, la gran ovación de la noche fue para Laura y Juan. La dupla firmó el mejor tiempo de la competencia y se convirtió en protagonista absoluta de la prueba. Su desempeño no fue producto del azar: analizaron cada obstáculo con precisión milimétrica, planearon cada movimiento y mantuvieron una comunicación constante durante todo el recorrido. La confianza mutua y la protección brindada por Rexona Clinical fueron claves para sostener el ritmo en un circuito que exigía concentración total.Muy cerca de quedar fuera estuvieron Rapelo y Madrid. La pareja bicampeona, reconocida por su experiencia en este tipo de desafíos, vivió un cierre de infarto. Cuando todo parecía inclinarse en su contra, apelaron a la pericia adquirida en temporadas anteriores y lograron salvarse por cuestión de segundos. Ese margen mínimo fue suficiente para asegurar su permanencia y confirmar que conocen el camino hacia la cima.Otra historia de resiliencia la protagonizaron Marlon y Valentina. La odontóloga y entrenadora de porrismo sufrió una fuerte caída que le provocó inflamación en el tobillo. Pese al dolor evidente, decidió continuar para no afectar el tiempo de su compañero. Su capacidad para mantener el control físico y mental en medio de la adversidad fue determinante. El esfuerzo tuvo recompensa: la pareja consiguió una valiosa clasificación a la siguiente ronda.También destacó el desempeño de Kevin y Darlyn. Desde Rionegro, Kevin aportó la visión estratégica derivada de su formación en obras civiles, caracterizándose por su determinación y precisión. Esa estructura mental se complementó con la energía de Darlyn, logrando un resultado sólido que los mantuvo lejos de la zona de riesgo. Su ejecución demostró que la planeación puede ser tan importante como la potencia física.Con estos resultados, el panorama de la competencia comienza a tomar forma. Las primeras posiciones ya están definidas, pero la exigencia no disminuye. Al contrario, aumenta. El siguiente desafío será el circuito de Movimiento Extremo, una prueba donde el enfoque y la resistencia física marcarán la diferencia entre avanzar o quedarse a un paso de la meta.Para revivir los momentos más intensos y no perder detalle de lo que viene, los seguidores pueden visitar el canal de YouTube y mantenerse al día con todo lo que ocurre en El Desenlace de El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío.
Capturaron en una finca de Sopetrán, Antioquia, a alias 'Sebas', el temido extorsionista que tenía azotados a los comerciantes del graffitour y que se había fugado hace un año en medio de una asonada. Este hombre podía tener rentas ilícitas que superaban los 1.800 millones de pesos producto de las extorsionesLas autoridades en Medellín confirmaron la captura de alias 'Sebas', un delincuente que ya había sido puesto a disposición de la Policía hace un año por delitos como la extorsión, pero que, en medio de una asonada protagonizada por los vecinos del sector de San Javier fue dejado en libertad, aprovechando el momento para huir.En su momento se ofreció hasta 30 millones de recompensa por su recaptura, ya que alias 'Sebas' es señalado de cobrar extorsiones a los comerciantes del famoso graffitour de la Comuna 13 de Medellín. Además, también lo vinculaban con varios homicidios selectivos en esta zona de la capital de Antioquia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió que, luego de meses de investigación, se permitió la ubicación del delincuente en una finca del Occidente antioqueño, lugar en donde fueron capturadas otras dos personas con antecedentes judiciales.“Esta persona, gracias a la información de inteligencia, donde celebraban un cumpleaños y ahí fue capturado este tipo. Andaban de pachanga, como dicen por ahí, pero les llegó, les cayó la ley”, aseguró.Hay que recordar que, según las autoridades, alias 'Sebas' era requerido por delitos como secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión, ya que le cobraban a los comerciantes del sector de las escaleras eléctricas de la Comuna 13 extorsiones que iban desde los 50.000 pesos hasta el millón de pesos y que generaba rentas de hasta 1.800 millones de pesos al mes.Sobre el señalado delincuente indicar que es la quinta captura, las anteriores en 2025 cuando logró huir y otras tres capturas en los años 2011, 2013, 2016 por los delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes y porte ilegal de armas.
Por décadas, Colombia ha tenido tres deportes emblema: el fútbol, el tejo y el ciclismo. Este último ha dejado de verse como un simple plan de fin de semana o como salir a ‘pedalear’ con amigos y familia. Hoy se ha transformado en una industria que mueve cifras millonarias y tiene un alto impacto en la economía nacional.En 2025, solo el mercado de bicicletas alcanzó una cifra superior a los 208 millones de dólares, con una proyección anual cercana al 6,8 % para los próximos años.A este panorama se suma el segmento de ropa técnica para ciclismo, que registró un tamaño de 26,98 millones de dólares en 2024. El dato evidencia que la práctica no es improvisada, sino que existe una profesionalización del sector, junto con una cultura deportiva sólida y una demanda sostenida tanto para movilidad como para alto rendimiento.Empresa colombiana le apuesta al crecimiento del ciclismoEn medio del crecimiento de la industria, una empresa ha sabido capitalizar este auge: Suarez, compañía colombiana de indumentaria que hoy tiene presencia en más de 30 países y distribuidores en 15 mercados.La empresa, fundada y liderada por Carlos Suárez, inició un proceso de reorganización empresarial que, lejos de responder a una crisis, busca fortalecer su estructura financiera, proteger más de 200 empleos directos y consolidar su expansión internacional.“La reorganización no es un retroceso; es una oportunidad para fortalecer nuestras bases y proyectarnos con mayor solidez hacia el futuro”, afirmó Suárez.La marca cerró 2025 con resultados históricos positivos, impulsados por el auge del ciclismo y una gestión financiera rigurosa. Además, exporta a cinco continentes y ha ampliado su presencia en Asia y Europa.Ciclismo en Colombia: así impacta la cultura y el deporteEl crecimiento del sector no se explica solo en cifras. También existe un componente cultural y deportivo que ha fortalecido la industria. Desde 2003, Suarez es patrocinador de la Federación Colombiana de Ciclismo, lo que le ha permitido vestir a figuras de este deporte en el país, como Egan Bernal, Rigoberto Urán y Mariana Pajón.El auge responde a varios factores:Mayor conciencia sobre movilidad sostenible.Incremento en la práctica deportiva amateur y profesional.Crecimiento del consumo de implementos especializados.Más que una tendencia, el ciclismo se consolida como una industria estratégica que genera empleo, impulsa exportaciones y proyecta la manufactura colombiana en escenarios globales. En un país donde la bicicleta forma parte de la identidad deportiva, las cifras confirman que ya no es un simple pasatiempo: es un motor económico en expansión.
La muerte de Cristian Esneider Martín, estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, tiene en conmoción a la comunidad y a las autoridades de Cundinamarca. El joven, quien cursaba primer semestre de Ciencias Matemáticas tras obtener una beca por el mejor puntaje Icfes de su colegio, fue hallado sin vida en zona rural de la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado lunes 16 de febrero cuando se dirigía a clases.De acuerdo con el relato de sus familiares en Blu Radio y Noticias Caracol, el rastro del menor se perdió en la mañana de ese día. Ante la falta de comunicación, iniciaron su búsqueda y, mediante el rastreo de su teléfono, lograron ubicar el dispositivo en un sector montañoso de difícil acceso. Fue allí donde finalmente encontraron el cuerpo del estudiante, en circunstancias que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades. En un primer pronunciamiento, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que las hipótesis preliminares apuntaban a un posible suicidio. “Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.Sin embargo, la familia del joven desmintió esa versión y aseguró que existen elementos que indicarían la intervención de terceros. Augusto Martín, padre de la víctima, manifestó que su hijo no conocía la zona donde fue encontrado y cuestionó cómo pudo haber llegado hasta ese lugar. “Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces, esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, expresó Augusto Martín.Sin embargo, hace unas horas la madre del menor reveló en entrevista con 'Bajo Sospecha' de Pulzo que sospecha de personas que le tenían envidia a su hijo. "Como mamá, lo que yo siento es que a mi hijo le tenían envidia, había algún envidioso que me lo tenía en la mira. Tengo que ir a investigar, a conocer zonas por donde él pasaba, tengo que conocer a sus amigos de la universidad", indicó la mamá de Cristian. Frente a la gravedad del caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a unidades de la Sijín priorizar la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y tres empleados de una fundación social, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato por 3.138 millones de pesos, destinado a programas culturales en el departamento.Entre los procesados se encuentra Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander, junto a Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica del convenio, y Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora del contrato.También fueron judicializados Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista, y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su presunta participación individual, por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público y falsedad personal.Las investigaciones señalan que en 2022 se implementó el proyecto “Cultura Ciudadana Siempre por Santander”, cuyo objetivo era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana. Para su ejecución, la Secretaría de Cultura suscribió un convenio con una fundación social bajo la modalidad de contratación directa.Sin embargo, análisis contables y labores de policía judicial evidenciaron que los valores facturados no coincidían con los precios reales del mercado, lo que habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos.Además, según el ente acusador, los procesados habrían hecho firmar facturas y cuentas de cobro en blanco a artistas, quienes recibían pagos entre $100.000 y $400.000, mientras que, posteriormente, esos documentos eran legalizados por valores cercanos a 4 millones de pesos.Este caso tuvo como antecedente investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, que formuló cargos contra varios de los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación, supervisión y ejecución del convenio, y remitió el expediente a la Fiscalía para el avance del proceso penal.Dentro de esas actuaciones disciplinarias, la Procuraduría también advirtió presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos, entre ellos juegos de parqués facturados por más de 700.000 pesos cada uno y tablets reportadas por cerca de 2 millones de pesos, cuyos valores comerciales, según los análisis, no superarían los 476.000 pesos.
Barrancabermeja recibió 80 nuevos policías para reforzar la seguridad del Distrito, en medio de la alerta generada por el paro armado del ELN y mientras avanzan las investigaciones por el atentado contra el peaje Yuma – La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con el puerto petrolero.El refuerzo fue anunciado por el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras un consejo extraordinario de seguridad, convocado luego del ataque que elevó la preocupación entre la comunidad y obligó a ajustar los esquemas de vigilancia en el Magdalena Medio.Según explicó el mandatario, los nuevos uniformados estarán desplegados durante la temporada decembrina en calles, barrios y corredores estratégicos del distrito, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.“Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para que las familias puedan vivir una Navidad en calma y con mayores condiciones de seguridad”, afirmó Vásquez.De manera paralela, la Gobernación de Santander confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en articulación con el Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Barrancabermeja, para hacer seguimiento a la situación de orden público tras el atentado en el peaje Yuma – La Lizama.Como parte de estas acciones, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Además, se intensificaron los patrullajes y controles en puntos estratégicos del departamento.Este refuerzo se suma al dispositivo especial de seguridad que contempla más de 300 policías desplegados en Barrancabermeja y 1.500 uniformados en todo el Magdalena Medio, con el propósito de prevenir nuevos hechos violentos y devolver la sensación de tranquilidad a la población durante las festividades de fin de año.
La Gobernación de Santander confirmó que hay normalidad en las vías del departamento, luego de los momentos de tensión registrados en la mañana de este martes por la presencia de una bandera y un objeto sospechoso con mensajes alusivos al ELN en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga. Las autoridades mantienen alerta máxima ante posibles acciones terroristas.De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, sobre las 6:30 de la mañana ciudadanos alertaron sobre la presencia de una bandera del ELN y un tarro atravesado en un camino, a la altura del kilómetro 7, en la ruta San Gil – Curití. Tras la verificación por parte de los organismos especializados, se descartó la presencia de explosivos y se procedió al retiro de los elementos.“Desde la Gobernación de Santander repudiamos estas acciones intimidatorias que generan impacto en la comunidad. Estamos actuando con toda la institucionalidad y con capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el funcionario.Le puede interesar: ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de ColombiaEn el Magdalena Medio, las autoridades reportaron una baja de presión en el suministro de gas, que muy probablemente habría sido causada por un artefacto explosivo. Al lugar llegaron unidades del grupo antiexplosivos, la Policía, el Ejército y personal de la empresa Petrosantander que confirmó que no hubo interrupción en el tráfico ni en el flujo de gas que abastece la refinería. La situación fue controlada y se mantiene vigilancia permanente en la zona.Frente a este panorama, desde la Gobernación de Santander se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o contrarrestar cualquier acción terrorista en el departamento. Adicionalmente, en articulación con la Alcaldía de Barrancabermeja, se ofrecen 70 millones de pesos por datos que conduzcan a los responsables del atentado ocurrido en el peaje de La Lizama, donde fue activada una motocicleta con explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales y así fortalecer las acciones de prevención y control en todo el territorio santandereano.
Hay luto en Santander por la muerte del subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa tras el atentado ocurrido en la madrugada de este martes, 16 de diciembre, en Cali.De acuerdo con las autoridades, dos explosiones se registraron esta madrugada en el suroriente de la ciudad, en medio del paro armado ordenado por el ELN. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 de la mañana cerca del coliseo ‘María Isabel Urrutia’, específicamente en el barrio Mariano Ramos.El coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali contó detalles del ataque terrorista: “Dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo ‘María Isabel Urrutia’ son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili; sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”.Entre las víctimas está precisamente el subintendente santandereano Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. El uniformado, nacido en el municipio de Cepitá, llevaba más de 15 años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía Mariano Ramos, donde ocurrió el atentado.El otro uniformado que perdió la vida fue el subintendente Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y natural de Pradera, Valle del Cauca.“Rechazamos estas acciones terroristas y más cuando dos uniformados fueron asesinados protegiendo a los caleños, su intención era vigilar y cuidar a la ciudad y afectaron su vida. Este artefacto iba dirigido a asesinar policías, por eso ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos”, expresó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.