Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce preliminarmente es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez n el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
El sector asegurador colombiano cerró el 2025 con cifras que reflejan tanto crecimiento como desafíos críticos. Durante el año pasado, las compañías de seguros desembolsaron 27,6 billones de pesos en reclamaciones, cubriendo accidentes, enfermedades, fallecimientos y otros siniestros.“Las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, el sismo de Paratebueno, los accidentes viales, las afectaciones al agro y las atenciones en salud, entre otras contingencias, evidencian que el seguro no es un gasto opcional. Es una herramienta de protección que debe adquirirse de manera oportuna y que resulta fundamental para sostener las actividades económicas, no solo de las personas, sino también de las empresas”, señaló Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.Uno de los segmentos que más destacó fue el de seguros de salud, cuyas primas crecieron 21 %, alcanzando 871 mil millones de pesos. Las aseguradoras pagaron 3,3 billones en servicios médicos, un reflejo de las dificultades que enfrenta el sistema público de salud y del creciente interés de los colombianos por asegurar su bienestar.Hoy, 1,8 millones de personas cuentan con cobertura privada, 200.000 más que en 2024. En respuesta, Fasecolda creó la Cámara Técnica de Seguros de Salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios y articular esfuerzos entre el Estado, prestadores y aseguradoras.Los seguros de vida también mostraron un crecimiento sólido. Las primas de vida individual aumentaron 14%, hasta 1,8 billones de pesos, reflejando la intención de muchas familias de proteger su respaldo económico frente a cambios demográficos y necesidades emergentes. Según Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, este fenómeno responde a la transición poblacional y a la necesidad de soluciones de aseguramiento adaptadas a la realidad colombiana.En cuanto a seguridad social y rentas vitalicias, cerca de 8,2 millones de personas estuvieron cubiertas por seguros de invalidez y sobrevivencia. Durante el año, se registraron 12.075 reclamaciones por 4,3 billones, y las mesadas de rentas vitalicias alcanzaron 2 billones de pesos. Además, el sector constituyó reservas matemáticas históricas por 17 billones, elevando el stock total a 58,7 billones.Por otra parte, los seguros para autos subieron 5,1%, con 2,48 millones de vehículos protegidos, mientras que los pagos por siniestros alcanzaron 3,48 billones, un leve descenso respecto a 2024 debido a la menor gravedad de los accidentes. No obstante, 8.697 muertes y 1,27 millones de víctimas por siniestros viales resaltan la urgencia de fortalecer la seguridad vial y combatir el fraude al SOAT.Los seguros de propiedad cobraron relevancia ante eventos extremos, como el sismo de 6,5 grados en Paratebueno, que generó pagos por 62.100 millones de pesos. Con 2,6 millones de propiedades aseguradas, el valor asegurado alcanzó 2,432 billones, equivalente a casi 1,5 veces el PIB de 2024.Por último, el seguro agropecuario confirmó su papel como herramienta estratégica de política pública. A pesar de una disminución en primas del 18,1%, los pagos cubrieron pérdidas por fenómenos climáticos, beneficiando a 75.419 productores, principalmente pequeños agricultores. Los incentivos del ISA priorizaron a los sectores más vulnerables, reforzando la protección del ingreso rural y la sostenibilidad del campo colombiano.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 23 de febrero de 2026:Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, Jalisco, habló de la escalada violenta tras la muerte de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel de Jalisco.David Saucedo, especialista en seguridad pública de México, se refirió del abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel de Jalisco en México.El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, habló acerca del enfrentamiento con disidencias de ´Calarcá´ en Guaviare.Wber Orlando Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Antioquia, se refirió de la construcción de una Planta de Medicamentos Esenciales.José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE en Colombia 2026, habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones que se avecinan en el país.Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, comentó sobre el caso de sarampión en Bogotá.Escuche el programa completo aquí:
La llegada del colombiano Luis Díaz al fútbol alemán con el Bayern Múnich no solo ha representado un gran salto deportivo para el guajiro, y es que sus buenos números lo han posicionado como el mejor extremo del mundo, según el portal Whoscored, superando a figuras como Lamine Yamal del Barcelona y Vinicius Jr. del Real Madrid.Sin embargo, el desafío de Lucho no ha estado solo en la cancha, pues tiene otras obligaciones que debe cumplir o podría enfrentar una dura reducción salarial debido a una estricta cláusula que le impuso el cuadro bávaro.¿Cuál es la cláusula que debe enfrentar Luis Díaz en el Bayern Múnich?De acuerdo con lo revelado por el portal alemán Bild, uno de los más importantes del país europeo, ‘Lucho’ debe participar en dos o tres sesiones semanales para aprender el idioma alemán, organizadas por el propio club. Las clases no son un simple trámite, ya que Díaz es evaluado periódicamente mediante pruebas para medir su progreso. El objetivo no es solo que entienda alemán, sino que el conjunto bávaro espera que el colombiano esté completamente integrado tanto en el interior como fuera del campo.Pero la cláusula no se limita a la cantidad de clases semanales que debe cumplir. La estructura alemana es clara: si no demuestra avances suficientes, el Bayern impondría sanciones económicas que van desde los 5.000 hasta los 50.000 euros, los cuales serían descontados directamente de su salario.Más que un castigo, la política busca acelerar la adaptación cultural. Dominar el idioma le permitiría a Lucho entender con mayor facilidad las indicaciones tácticas, comunicarse mejor con sus compañeros y relacionarse con la afición y los medios.Si el colombiano logra una formación óptima en el idioma y mantiene su rendimiento, sin duda abre el camino para convertirse en referente del club. Si bien Lucho es conocido por su carácter trabajador y resiliente, el reto perfila su mentalidad para consolidarse como una de las figuras más importantes del equipo bávaro.¿Cómo va Luis Díaz en el Bayern Múnich?Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha dado de qué hablar por sus altos números en el campo. Su disposición a la hora de asistir, anotar y defender ha sido clave para que los dirigidos por Vincent Kompany se perfilen como el mejor equipo de la temporada en la Bundesliga.Con 60 puntos tras 23 juegos, el Bayern comanda como líder solitario de la tabla, y el trabajo del colombiano lo ubica en la segunda casilla de goleadores con 13 tantos, solo por debajo de Harry Kane, su compañero en ataque, quien suma 28 anotaciones.Sin embargo, su aporte al club no se limita a los goles, pues con 9 asistencias también se encuentra en la segunda casilla, solo por debajo de Michael Olise, igualmente del Bayern Múnich. Ante esto, Lucho Díaz es, sin duda, una de las figuras más completas del equipo actualmente, ya que no solo anota, sino que también contribuye al juego, siendo su desequilibrio y picardía los elementos que más inquietan a la defensa rival.
Cambiar la cuenta de nómina en Colombia es un trámite sencillo y respaldado por la jurisprudencia constitucional. Los trabajadores tienen derecho a elegir el banco donde desean recibir su salario, sin imposiciones del empleador.La base legal está en la Sentencia C-041 de 2000 de la Corte Constitucional, que dejó claro que ninguna empresa puede obligar a sus empleados a abrir o mantener una cuenta en una entidad financiera específica para el pago del salario.¿Tiene derecho a elegir el banco donde recibe su salario?Sí. La Corte Constitucional fue enfática en que el empleador no puede imponer una institución financiera determinada ni condicionar el pago del salario a la apertura de una cuenta específica.Aunque el fallo analizó normas sobre cheques cruzados y pagos “para abono en cuenta”, precisó que, tratándose de remuneraciones laborales, el trabajador conserva su libertad para decidir dónde recibir su dinero. Cualquier restricción injustificada podría vulnerar derechos fundamentales.Cómo cambiar la cuenta de nómina paso a paso1. Abrir una nueva cuenta bancaria: el primer paso es acudir al banco de su preferencia y solicitar la apertura de una cuenta. La entidad le pedirá documento de identidad, datos personales e información laboral. Al finalizar el proceso, le entregarán los datos de la nueva cuenta.2. Solicitar certificado de titularidad: luego debe pedir un certificado de titularidad bancaria. Este documento acredita que usted es el titular e incluye nombre completo, número de documento, número y tipo de cuenta. En muchos casos puede descargarse desde la banca virtual.3. Notificar formalmente al empleador: presente el certificado ante el área de recursos humanos o nómina e informe por escrito —correo electrónico o carta— que desea que su salario sea consignado en la nueva cuenta. Esto deja constancia formal de la solicitud.¿Puede el empleador negarse?En principio, no. La jurisprudencia constitucional establece que el empleador no puede imponer una entidad financiera ni exigir que el trabajador permanezca en determinado banco.Sin embargo, pueden existir tiempos administrativos razonables para aplicar el cambio, por ejemplo, a partir del siguiente ciclo de pago.Recomendaciones para evitar inconvenientesNo cierre la cuenta anterior hasta confirmar que el primer pago ya fue consignado en la nueva. Revise las fechas de corte de nómina para evitar retrasos y conserve copia del certificado y del correo enviado.En conclusión, cambiar la cuenta de nómina es un procedimiento simple y protegido por la ley: abrir una nueva cuenta, solicitar el certificado y notificar al empleador. La elección del banco es un derecho del trabajador.
A través de un video en Instagram, el Ministerio de Comunicación indicó que comenzaron los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un "centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto", tal como ordenó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales."Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez", agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.Por su parte, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró este lunes, en rueda de prensa, que todavía hay detenidos en El Helicoide, por lo que dijo que es falso que hayan comenzado trabajos para reestructurar el centro carcelario.Andreína Baduel, integrante de la ONG, sostuvo que un lugar que encierra "tanto dolor y tanta tortura" no puede ser un centro de recreación por lo que lucharán para que se convierta en un museo histórico de lo que "no tiene que repetirse nunca más en Venezuela".El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950, que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).La sede ha sido señalada como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
La violencia en el sector sur de Piedecuesta, Santander, llegó a un punto crítico,pues tres jóvenes han sido asesinados en menos de 72 horas en medio de enfrentamientos entre grupos que se disputan el control territorial, según denuncias de la comunidad y del Ministerio Público.El caso más reciente ocurrió en la noche del sábado en la calle 16A del barrio San Silvestre, donde un hombre fue atacado con cuchillo cerca de un establecimiento comercial conocido como La Bebeta. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió minutos después por la gravedad de sus heridas. Este homicidio se suma a otros hechos violentos registrados en el mismo sector, donde las llamadas “fronteras invisibles” mantienen en zozobra a los habitantes. Los enfrentamientos a machete, piedras y armas de fuego se han vuelto frecuentes en horas de la noche, sin presencia permanente de la fuerza pública. En videso compartidos en redes sociales se evidencia cómo hasta taxistas quedan en medio de los enfrentamientos.Entre las víctimas está Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años. Testigos aseguran que la joven salía del velorio de otro muchacho asesinado días antes cuando ella y su hermano fueron interceptados por varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas.Los agresores increparon al joven y uno de ellos le apuntó con una escopeta artesanal. Yulieth se interpuso para defender a su hermano y recibió dos disparos que le causaron la muerte. En el ataque también resultó herida otra persona.El personero del municipio, Fredy Alberto Gómez López, confirmó que fue convocado un consejo de seguridad extraordinario ante la escalada de homicidios.“Hay preocupación en nuestro municipio por el incremento de homicidios en jóvenes presuntamente vinculados a redes del narcotráfico. El asesinato de una joven llama la atención del Ministerio Público. Solicitaremos una estrategia para revisar cada uno de los casos que involucran a personas tan jóvenes”, afirmó.Habitantes del barrio San Silvestre aseguran que los ataques ocurren a cualquier hora del día por lo que temen ser victimas en medio de los enfrentamientos.Pese a los insistentes intentos de Blu Radio, la Policía no ha entregado una versión oficial sobre esta racha de violencia que mantiene en alerta máxima al municipio.
Un hallazgo que genera alarma tuvo lugar en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, en el barrio Prados del Sur, Floridablanca. La familia de un hombre desaparecido descubrió su cuerpo sin vida con múltiples heridas de arma cortopunzante en una zona boscosa frente a la vidriería y ornamentación ubicada en la calle 31.Según las primeras versiones, los familiares estaban buscando al hombre cuando pidieron auxilio. Bomberos que se encontraban cerca acudieron al llamado y avisaron de inmediato a la Policía Metropolitana, que se trasladó al lugar, acordonó la zona y comenzó las labores de inspección y recolección de evidencias.Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente, aunque se maneja de manera preliminar que podría tratarse de Esteban Fabián Reina Rodríguez.Investigaciones iniciales indican que el hombre ingresó a la zona boscosa el 14 de noviembre, acompañado de una mujer. Allí habría tenido contacto con tres sujetos, quienes sacaron a la mujer del lugar, dejando al hombre en la zona. Horas después, fue hallado sin signos vitales.Las autoridades continúan indagando las circunstancias del hecho para determinar la causa de la muerte y posibles responsables, mientras la comunidad del sector permanece consternada por este caso de violencia que ha conmocionado a los vecinos.Noticia en desarrollo...
El departamento de Santander reforzó la seguridad en la región, especialmente en el Bajo Rionegro, tras la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la posible presencia de grupos armados como el ELN, Clan del Golfo y autodefensas, que buscan ingresar al territorio.Como medida preventiva, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir hechos violentos o identificar a integrantes y redes de apoyo de estos grupos.El secretario del Interior departamental, Óscar Hernández Durán, señaló que se están priorizando puntos neurálgicos y estratégicos, incluyendo Estaciones y subestaciones de Policía, puestos de control en los ingresos al departamento desde Bogotá, Cúcuta y la Costa Caribe y zonas de mayor preocupación como el Magdalena Medio, Bajo Rionegro y Provincia de García Rovira.“Hemos blindado el departamento con mayores condiciones de seguridad, este es un acompañamiento estratégico para anticipar y contener riesgos”, afirmó Hernández Durán.Para garantizar la protección de las comunidades más vulnerables, la Gobernación envió un equipo multidisciplinario a Rionegro, que trabaja de manera coordinada con Ejército y Policía Nacional. Además, se incrementarán recursos para la fuerza pública, incluyendo vehículos y equipamiento de seguridad, con el fin de reforzar la capacidad operativa y la vigilancia en toda la región.“Hacemos un llamado a la ciudadanía, cualquier información que contribuya a capturar integrantes de estos grupos armados será recompensada. Es un compromiso del Gobierno departamental proteger la vida de los santandereanos”, concluyó Hernández Durán.
Tras la explosión que cobró la vida de dos mineros y dejó a uno herido en una mina de carbón de la vereda Vizcaíno, en el corregimiento de Kilómetro 15, el alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales Quiroga, se pronunció sobre la situación de la minería en el municipio y la necesidad de reforzar los controles de seguridad en los yacimientos.“En abril de 2024 se realizó el cierre de esta mina, pero desconocemos si después de ello se actualizaron los permisos y documentos necesarios para operar legalmente. Este tipo de yacimientos requiere estrictas condiciones de seguridad antes de permitir el ingreso de los trabajadores”, señaló Morales Quiroga.Las víctimas fatales de la vereda Vizcaíno fueron identificadas como Jeiner Edimer González, de 25 años, y José Tobías Galindo, de 37 años. El herido, Jeison Alfonso Pinzón, de 30 años, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de Bucaramanga, donde permanece bajo atención médica.El alcalde resaltó que el accidente evidencia los riesgos de la minería ilegal en el municipio, donde actualmente existen más de 100 bocaminas operando sin supervisión técnica ni protocolos de seguridad, muchas de ellas en condiciones precarias que ya han dejado múltiples víctimas en los últimos años.Morales Quiroga explicó que la explosión pudo haberse producido por la acumulación de gases dentro de la mina y el uso de herramientas eléctricas que generan chispas. “Estos yacimientos son altamente peligrosos cuando no se cumplen las normas básicas de seguridad, y este accidente deja en evidencia la urgencia de regular la actividad minera”, agregó el mandatario.El alcalde hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan de manera inmediata en Landázuri y supervisen las minas, con el fin de evitar que hechos como este se repitan y garantizar la seguridad de los trabajadores.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.