Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
En Bogotá ya comenzó a operar un programa que busca aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha una estrategia para que población vulnerable pueda viajar sin costo en TransMilenio, cuyo pasaje en 2026 quedó en 3.550 pesos.La medida, liderada por la Secretaría de Integración Social junto con la Secretaría de Movilidad, reemplaza los antiguos descuentos parciales en la tarifa. Ahora el beneficio es directo: pasajes gratuitos cargados mensualmente en la tarjeta personalizada TuLlave, según el perfil socioeconómico de cada persona.¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis de TransMilenio?El Distrito definió los grupos priorizados bajo criterios de focalización vigentes. No se trata de una inscripción abierta para todos, sino de una asignación dirigida a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.Entre los beneficiarios están:Personas en situación de pobreza extrema y moderada.Personas mayores de 62 años.Personas con discapacidad.Desde febrero, el programa amplió su cobertura e incluyó también a:Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado.Exhabitantes de calle que estén en procesos de resocialización a través del servicio de Hospedaje Social.Personas que viven en pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.Según explicó la entidad distrital, la asignación mensual depende de la caracterización social de cada caso. La recomendación es consultar en el portal oficial de la Secretaría de Integración Social si se cumplen los requisitos.Así puede activar los pasajes gratis en la tarjeta TuLlave personalizadaPara acceder al beneficio no basta con estar focalizado: es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Allí se cargan los pasajes gratuitos cada mes y deben activarse de manera manual.El proceso se puede hacer en estaciones o en puntos automáticos del sistema, siguiendo estos pasos:Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.Seleccionar “Transacciones virtuales”.Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.Confirmar los pasajes asignados.Finalizar el proceso.El Distrito insiste en que los pasajes deben activarse mensualmente para no perder el beneficio. Con esta estrategia, la ciudad apuesta por garantizar movilidad a quienes necesitan desplazarse para acceder a servicios de salud, formación o empleo, sin que el costo del transporte se convierta en una barrera adicional.
El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, insistió este miércoles en la supuesta falta de compromiso de Colombia en temas de seguridad fronteriza, argumento usado por Quito para aplicar un arancel del 30 % a las importaciones desde el vecino país."Este es un tema de seguridad, lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia de control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido", señaló en la televisión Ecuavisa.Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero el mencionado arancel a las importaciones desde ese país. En represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial y de energía contra Ecuador.Jaramillo descartó que Ecuador pudiese abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) si la disputa con Colombia se agrava, y aseveró que "el diálogo no está roto", "sí hay una comunicación con Colombia", sobre la que -dijo- no puede dar los detalles, aunque expresó su esperanza de que se logre "una respuesta satisfactoria"."Lo que se requiere aquí es seguridad, control de fronteras. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera, si no hay control. Se necesita que tengamos operativos coordinados, conjuntos, intercambio de información, de inteligencia, eso es lo que requerimos como país", insistió.Medidas ante la CANEl martes, la Cancillería informó en un comunicado de que Ecuador presentó ante la Secretaría General de la CAN tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.El comunicado se difundió en momentos en que medios de prensa colombianos señalaban que Bogotá habría presentado dos demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación de un arancel del 30 %.Ecuador decidió "activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas" por Colombia "que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos", señaló la Cancillería.La decisión se dio -añadió- porque Ecuador ha identificado "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".El comunicado apuntó que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión de Ecuador de aplicar una tasa del 30 %, adoptada por razones de seguridad nacional "ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro de varios lotes de mantequilla de maní tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico azul en algunos productos. La decisión se tomó como medida preventiva luego de que se identificara material extraño durante controles de calidad en el proceso de producción, lo que podría representar un riesgo para los consumidores.Los productos afectados fueron comercializados en distintos puntos de venta, incluyendo supermercados, bodegas y restaurantes en estados como Nueva York y Nueva Jersey, además de otras regiones del país. En total, los artículos fueron distribuidos en cerca de 40 estados, lo que amplió el alcance de la alerta y obligó a una rápida reacción de fabricantes, distribuidores y autoridades sanitarias.¿Cuáles son las mantequillas de maní contaminadas?Las presentaciones involucradas corresponden principalmente a porciones individuales, utilizadas frecuentemente en establecimientos de alimentos y servicios. Entre los productos incluidos en el retiro se encuentran:Mantequilla de maní cremosa en presentación de 0.75 onzas distribuida por US FoodsMantequilla de maní de 0.5 onzas y mantequilla fresca de 0.75 onzas distribuida por Dyma Brands, Inc.Mantequilla de maní cremosa con receta especial de 0.75 onzas distribuida por Sysco CorporationPresentaciones combinadas de mantequilla de maní con mermelada en empaques individualesEstos productos eran ampliamente utilizados en el sector gastronómico y también vendidos directamente al público.Hallazgo de fragmentos de plástico activó el retiroLa empresa Ventura Foods LLC fue la encargada de iniciar el retiro voluntario luego de identificar fragmentos de plástico azul en uno de los filtros utilizados durante el proceso de fabricación. Este hallazgo encendió las alarmas internas y activó los protocolos de seguridad alimentaria establecidos.De acuerdo con declaraciones entregadas a la revista 'People', un portavoz de la compañía explicó que la decisión se tomó de forma preventiva para proteger a los consumidores y evitar posibles incidentes.La empresa también indicó que, desde el momento en que se detectó el problema, se notificó a clientes, distribuidores y minoristas para que suspendieran la venta y revisaran sus inventarios. Asimismo, se solicitó retirar inmediatamente cualquier producto potencialmente afectado.Recomendaciones de la FDA a consumidores y distribuidoresLa FDA recomendó a los consumidores no ingerir los productos incluidos en el retiro y verificar si poseen alguno de los lotes afectados. En caso de tenerlos, la autoridad sanitaria aconseja devolverlos al punto de compra o desecharlos de forma segura.Entre las principales recomendaciones se encuentran:No consumir los productos identificados en la alertaRevisar etiquetas y presentaciones individualesSuspender el uso inmediato si se sospecha que pertenece a los lotes retiradosContactar al establecimiento donde fue adquiridoHasta el momento, no se han confirmado casos de personas lesionadas relacionados con este incidente. Sin embargo, la presencia de fragmentos de plástico puede representar un riesgo físico, incluyendo posibles lesiones en la boca o el sistema digestivo.El retiro de estos productos forma parte de los mecanismos de vigilancia implementados para proteger la salud pública. Las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles y coordinan con fabricantes para detectar y retirar rápidamente cualquier producto que pueda representar un riesgo.
Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por "efectos tóxicos de la cocaína" y su fallecimiento fue clasificado como "accidente", según un informe de la Oficina del Médico Forense de San Francisco revelado por la revista People.La joven, de 34 años, fue hallada sin vida el pasado 1 de enero en una habitación del Fairmont Hotel de San Francisco, después de que los servicios de emergencia acudieran a una llamada por una emergencia médica hacia las 2:52 de la madrugada, detalla el informe oficial.Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar. La familia difundió un comunicado en el que agradeció "las amables palabras, pensamientos y oraciones", al tiempo que solicitó respeto a su privacidad en este momento difícil.Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. En el último año había sido arrestada al menos en dos ocasiones, una de ellas por posesión de drogas, según informó People.La fallecida siguió brevemente la carrera de su padre y participó en pequeños papeles en varias producciones cinematográficas, entre ellas 'Men in Black II' (2002) y 'Los tres entierros de Melquíades Estrada' (2005).
En una operación realizada en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, también se detuvo a otras diez personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, como extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona.En sus redes sociales, el Ejército informó de que al ingresar en una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos.En respuesta, aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector. Durante el enfrentamiento se aprehendió al colombiano Kevin Daniel R. C., alias 'Camilo', junto con diez ecuatorianos, de los cuales uno resultó herido y fue evacuado con vida al Hospital Civil de Esmeraldas tras recibir primeros auxilios.En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia capacidad operativa organizada, como un fusil AR15 calibre 5,56 milímetros (mm), una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos 5,56 mm, 27 cartuchos 9 mm y 2 cartuchos 12GA, detalló.Tras la captura de alias 'Camilo', en el sector Zapallo, municipio Eloy Alfaro, también en Esmeraldas, se realizó otra intervención en la que se aprehendió a presuntos integrantes del FOS, identificados como Esteban Daniel S. L., Juan Daniel V. A. (alias Juancho), Luis Fernando C. C. (Diego), Jefferson Iván G. P. (Leo), Jefferson Jairo C. M. (Ecuador), Adrián Patrik M. C. (Boca), Jefferson David G. C. (Paco), Erick Fernando A. C., (Culón) y Widinson Adolfo J. A. (alias Guachito).En poder de este segundo grupo de detenidos encontraron encaletados 2 fusiles AR15 calibre 5,56 mm, un fusil M16, 11 fusiles tipo FAL, una carabina Mossberg, una pistola Taurus, una pistola Smith & Wesson, cinco cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 56 cargadores 7,62 mm, 227 cartuchos 5,56 mm, 24 cartuchos 9 mm, 450 cartuchos 7,62 mm eslabonados, 2.073 cartuchos 7,62 mm, una granada de mano y doce chalecos de combate tipo guerrilla.Efectivos del Ejército Ecuatoriano mantienen operaciones en la zona ante la presunción de que aún existirían remanentes ocultos en sectores aledaños, en medio de la lucha por frenar la minería ilegal y el intento por el control territorial de grupos armados.Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
El próximo 15 de diciembre se reabrirá la ruta aérea Bucaramanga–San Gil, operada por la aerolínea Satena, con un vuelo semanal los días lunes entre el aeropuerto internacional Palonegro (Bucaramanga) y el aeropuerto Los Pozos (San Gil).Olid Gómez, asesora de turismo del municipio, en entrevista con Blu Radio, explicó que la reapertura se da luego de un receso iniciado en octubre para evaluar la sostenibilidad de la ruta, debido a la baja afluencia de pasajeros en el trayecto Bucaramanga - San Gil, aunque la ocupación seguía siendo positiva en el sentido San Gil - Bucaramanga.Gómez explicó que este regreso fue posible por las gestiones del alcalde Edgar Orlando Pinzón Rojas, quien sostuvo varias reuniones en Bogotá con el presidente de Satena. Así mismo, la funcionaria señaló que la Gobernación de Santander, a través del secretario de Cultura y Turismo, Jorge Humberto Rangel, se comprometió a fortalecer la promoción de la ruta como parte de la estrategia de conectividad regional.“Es una segunda oportunidad. No todas las rutas cuentan con una nueva apertura”, afirmó Gómez, indicando que el municipio cumplió con todos los trámites administrativos necesarios para reactivar la operación.La asesora de turismo destacó que la ruta Bucaramanga–San Gil permitirá a los viajeros conectar con destinos del Caribe, especialmente Barranquilla, ciudad con una fuerte presencia de santandereanos.Los primeros pasajeros que utilizarán esta conexión volarán desde San Gil a Bucaramanga el 15 de diciembre, para luego enlazar con el vuelo hacia Barranquilla. La administración municipal espera que esta dinámica incremente la demanda y permita solicitar a Satena nuevas frecuencias en los próximos meses.Gómez anunció además que para enero ya se está gestionando una ruta directa Bogotá–San Gil, con operaciones desde el aeropuerto El Dorado.La ruta entre Palonegro y Los Pozos tiene una duración aproximada de 14 minutos en el aire, tiempo durante el cual los pasajeros sobrevuelan el cañón del Chicamocha, uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Gómez describió el trayecto como una experiencia turística adicional, “Es un paisaje espectacular. Ver el cañón desde el aire es de otro nivel. Los tiquetes están disponibles desde $141.000 por trayecto, según la programación publicada por Satena”, explicó Gómez.Horarios programados:San Gil - Bucaramanga: salida 8:25 a. m., llegada 8:55 a. m.Bucaramanga - San Gil: salida 9:25 a. m., llegada 9:54 a. m.La administración local insistió en que el crecimiento de la ruta dependerá del comportamiento del mercado. Por ahora, la reactivación inicia solo los lunes, con la posibilidad de ampliar frecuencias si aumenta la demanda.
Las autoridades de tránsito confirmaron la identidad de las dos personas que murieron en un violento accidente registrado en la tarde del domingo, 23 de noviembre, en la vía Bucaramanga – San Alberto, a la altura del kilómetro 14, sector conocido como Árbol Solo, en jurisdicción de Rionegro, Santander.Las víctimas fueron identificadas como Moisés Rodríguez Herrera, de 43 años, y Nini Johanna Díaz Álvarez, de 41 años, quienes viajaban en una motocicleta de placas PYK-81G. Ambos residían en Bucaramanga.Según las primeras versiones suministradas por la Seccional de Tránsito de la Policía de Santander, la motocicleta habría invadido el carril contrario al tomar la curva de Árbol Solo, encontrándose de frente con una buseta Chevrolet NPR de placas XVO-621, afiliada a la empresa Lusitania y conducida por Elkin Andrés Niño Jaimes, de 36 años.El impacto fue tan fuerte que ambas víctimas quedaron tendidas en la vía, inconscientes y con graves lesiones. Aunque paramédicos llegaron pocos minutos después, confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.Testigos del hecho relataron que la tragedia fue cuestión de segundos. “La mujer alcanzó a gritar al ver la buseta encima, pero no hubo manera de evitar el choque”, relató uno de los presentes en videos que circularon en redes sociales.Tras la inspección técnica realizada por peritos de tránsito, la hipótesis preliminar apunta a un posible factor humano por invasión de carril por parte del motociclista. Sin embargo, el caso permanece bajo investigación con el fin de establecer con exactitud qué desencadenó el siniestro.El levantamiento de los cuerpos fue realizado en el lugar, y fueron trasladados posteriormente a la morgue de Medicina Legal en la capital santandereana, donde permanecerán mientras avanzan los trámites de identificación plena y entrega a sus familias.Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia, especialmente en los tramos de montaña y curvas pronunciadas, donde la combinación de exceso de velocidad y maniobras riesgosas puede resultar mortal.
En una entrevista concedida a Blu Radio, el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, presentó los pilares de su propuesta de gobierno y respondió a las recientes versiones sobre una supuesta inhabilidad que, según afirmó, busca desprestigiar su campaña de cara a las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.Portilla, avalado por el Partido de la U, con coaval del Centro Democrático y Cambio Radical, destacó que su aspiración representa la continuidad del proyecto político del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, a quien reconoce como respaldo directo. “Es poder continuar un proyecto muy importante de ciudad. Avanzar en seguridad, infraestructura y en la protección de los parques”, aseguró.Seguridad y protección de los parques, su prioridadEl candidato insistió en que uno de los principales desafíos de Bucaramanga es la lucha contra el microtráfico y la consolidación de espacios seguros para las familias. Según dijo, la estrategia se centrará en preservar parques y zonas verdes, al tiempo que se fortalecen las capacidades de la Policía.Portilla resaltó la necesidad de impulsar el plan candado y de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la Fuerza Pública. Recordó que la administración anterior dejó recursos adelantados para el Centro Especializado en Gestión de Seguridad (CEGES), que busca modernizar los sistemas de control y vigilancia, similares a los existentes en ciudades como Barranquilla y Medellín.Infraestructura: troncal norte–sur y obras claveEn materia de movilidad, Portilla anunció que su gobierno se enfocará en la ejecución de obras estratégicas cuyos estudios ya están listos. Entre ellas mencionó:La troncal norte–sur, que considera esencial para mejorar la conectividad.El intercambiador de la carrera 9 con calle 45.La ampliación de las 2W en el sector Mutis.El mercado campesino, como proyecto de impulso económico.La solución vial del barrio Diamante 2, que busca descongestionar el sur de Bucaramanga.“Son obras que ya tienen estudios y diseños. Ahora debemos ejecutarlas para resolver los problemas de movilidad de la ciudad”, afirmó.Educación y oportunidades: más de 1.800 becas entregadasPortilla también defendió los resultados obtenidos durante el último año y medio de trabajo en territorio, destacando programas sociales y educativos. Según explicó, su equipo promovió la entrega de más de 1.800 becas para jóvenes y adultos, incluyendo 600 para pregrado en una universidad privada y otras para posgrados.Le puede interesar: Capturan a mujer en Bucaramanga cuando recibía $8 millones de una extorsión“Lo importante era asegurar la integridad de las personas, darles oportunidades y mejorar su calidad de vida, desde la vivienda hasta la movilidad”, señaló, al destacar el contacto permanente con los barrios y las comunas.“Estoy totalmente habilitado”: defensa frente a denuncias en redesUna parte importante de la entrevista se concentró en las acusaciones sobre una presunta inhabilidad que, según Portilla, han sido difundidas por sectores políticos tradicionales para afectar su campaña.“El prestigio de una persona se puede dañar en minutos. Estoy completamente seguro de que estoy habilitado para ser candidato y para ser alcalde”, enfatizó.El aspirante confirmó que este lunes radicará una denuncia ante la Fiscalía en contra de un abogado que, según él, ha difundido información falsa desde redes sociales y que cuenta con sanciones disciplinarias. “No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando empiezan a lanzar afirmaciones temerarias”, afirmó.Portilla finalizó invitando a los bumangueses a revisar sus propuestas y a participar de manera activa en las elecciones atípicas. Subrayó que la decisión del 14 de diciembre definirá si Bucaramanga continúa con el plan de trabajo iniciado por Beltrán o si se “estanca”.“Los invito a que pensemos primero en la ciudad. Marquemos el primer renglón a la derecha: Cristian Portilla, a la Alcaldía de Bucaramanga”, concluyó.
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) liberó 270 animales silvestres en diferentes áreas protegidas de Santander, tras completar procesos de recuperación y rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV). Se trata de una de las jornadas de reintroducción más amplias registradas este año en la región.La liberación se llevó a cabo durante los últimos tres meses, periodo en el que el equipo de fauna de la CDMB, integrado por veterinarios, biólogos y técnicos, realizó recorridos por senderos, quebradas y humedales del departamento para devolver a su entorno natural a animales afectados por el tráfico ilegal, la tenencia doméstica, accidentes o rescates ciudadanos.Según Juan Sebastián Mejía, médico veterinario-zootecnista y coordinador del CAV, esta jornada incluyó casos de especial atención, como un zorro plateado que superó un trauma craneoencefálico, dos tigrillos lanudos rehabilitados con protocolos prolongados, un búho virginiano lesionado por interacción humana, una marteja víctima del tráfico y un jaguarundí rescatado en conjunto con la Policía Ambiental.Del total, 190 corresponden a tortugas, 36 aves que incluyen guacamayas azules, loras, cotorras y pericos. Estas especies completaron procesos de entrenamiento de vuelo y reconocimiento de alimentos naturales.Adicionalmente, la CDMB liberó 55 aves recuperadas en un operativo en el barrio José María Córdoba, en el norte de Bucaramanga, donde fueron encontradas en cautiverio. Entre ellas había congós, espigueros, jilgueros aliblancos, cerqueros, picogorgos, cascabelitos, pericos y cotorras.Todas fueron reintroducidas en puntos estratégicos definidos por expertos para garantizar su adaptación.El director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, afirmó que estos procesos fortalecen la lucha contra el tráfico de fauna y las prácticas de tenencia ilegal.“El objetivo es dar una segunda oportunidad a los animales que llegan a la Corporación”.La CDMB reiteró su llamado a denunciar casos de tráfico, tenencia o maltrato de fauna silvestre a través de sus líneas de atención o del 123 de la Policía Nacional.
La muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara, ocurrida el pasado 22 de noviembre en la cárcel Modelo de Bucaramanga, reactivó una polémica que, desde hace años, ronda los muros del penal: el poder soterrado de los llamados "caciques", reclusos que, según internos y defensores de derechos humanos, ejercen control económico y social dentro de los pabellones mediante prácticas de intimidación y cobro de extorsiones.Basto, de 35 años, cumplía una condena de 15 años desde 2015 y estaba a tan solo 56 días de su libertad definitiva. Sin embargo, hacia las 10:40 de la mañana del pasado sábado, cayó desde el quinto piso del pabellón 2. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, murió minutos después por la gravedad de sus heridas.Las circunstancias del hecho siguen sin esclarecerse. Las autoridades carcelarias manejan tres hipótesis: un accidente, un acto voluntario o la intervención de terceros, pero entre los internos y algunos defensores de derechos humanos ha cobrado fuerza una cuarta línea: la presión económica que ejercería un hombre conocido dentro del penal como "caciques", líderes informales que, según múltiples testimonios, han convertido la extorsión en una regla no escrita dentro de la prisión.Le puede interesar: Capturan a mujer en Bucaramanga cuando recibía $8 millones de una extorsiónUna fuente cercana a la investigación confirmó que una de las hipótesis apunta a que Cristian tenía una deuda de tres semanas con uno de estos 'caciques', quien presuntamente cobraba $200.000 semanales por “seguridad” y por permitir ciertos beneficios básicos dentro del pabellón. La deuda alcanzaría los $600.000.Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios en Santander, aseguró que el caso de Cristian refleja una estructura de poder que el Estado ha permitido crecer por omisión.“Lo sucedido confirma una problemática nacional. No estoy de acuerdo con la figura de quienes se hacen llamar caciques. No me opongo a que existan liderazgos, pero sí a que se utilicen para explotar a los presos. En La Modelo venden todo. Internos han denunciado que incluso cobran por un vaso de agua”, denunció.Mantilla advirtió que la presión por las deudas habría sido un factor determinante en el desenlace: “El recluso ya tenía orden del juez para salir en libertad total el 19 de enero. Estaba a semanas de recuperar su vida, pero la presión económica dentro del penal pudo llevarlo a tomar una decisión desesperada”.Tras la muerte de Basto, el defensor anunció que presentará una denuncia formal ante los entes de control, solicitando una intervención urgente para desmontar estas redes ilegales que operan dentro del penal.Por ahora, Hernando Mantilla pidió el informe oficial a la directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pero la respuesta inicial es que se debe contar con la autorización de la sede central de la entidad para entregar esa información.
La violencia en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga no da tregua. Durante el pasado fin de semana festivo se registraron cuatro homicidios, dos en Bucaramanga, uno en Floridablanca y otro en Piedecuesta.En el caso de la capital santandereana los hechos de sangre ocurrieron en los barrios Café Madrid y Morrorico. En el primero un joven de 22 años, identificado como Ferney Steven Martínez Carrillo y quien era estudiante del Sena murió dentro de la discoteca La Casika.Según testigos que laboran en el establecimiento, hasta el lugar llegó una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió e intentó ingresar al local, pero según información de las autoridades, una trabajadora encargada del acceso le negó la entrada debido a que la discoteca ya estaba llena.Ante la negativa, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó de manera indiscriminada hacia el interior del establecimiento, impactando a varias personas. En el hecho tres mujeres resultaron heridas.Por otra parte, en el sector de Morrorico fue encontrado sin vida Eduar Jaenpierre Duarte Velázquez, de 19 años. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima le pidió a un amigo que lo llevara porque se iba a reunir con dos hombres y una mujer.Al momento de recogerlo, casi una hora después, Duarte Velázquez apareció con un disparo en la cabeza. Las autoridades investigan el hecho, pues la víctima registraba cuatro anotaciones por estupefacientes.En Floridablanca un sicariato acabó con la vida de Mauricio Palacio Gómez en el barrio La Cumbre.De acuerdo con las autoridades, la víctima salió de su vivienda en el asentamiento humano Villa Esperanza y se dirigió hasta el populoso sector para hacer algunas transacciones producto del microtráfico de estupefacientes. Mientras esperaba en el sector, una motocicleta con dos ocupantes pasó por el lado y el parrillero le disparó indiscriminadamente. El ataque sicarial quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.Por último, en Piedecuesta un hombre fue víctima de un ataque con arma cortopunzante. De acuerdo con la información preliminar, las heridas en el tórax y en el cuello resultaron fatales.Las autoridades tratan de establecer la identidad de esta persona e investigan los móviles del ataque.