Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
Este miércoles, el Metrocable línea K del Metro de Medellín no presta servicio por un inconveniente técnico. No hay personas atrapadas, se logró evacuar a los usuarios de las cabinas.Este Metrocable cuya ruta es Acevedo - Santo Domingo, atienden a unas 50 mil personas diariamente en la zona nororiental de Medellín.El Metro informó que actualmente la línea K no presta servicio por un inconveniente técnico y por tal motivo se activó un Plan de Movilidad con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es la autoridad del transporte.A diferencia del accidente en 2024 cuando una cabina del Metrocable se desplomó con 11 pasajeros y una persona murió, acá se logró evacuar a las personas que iban en las cabinas. Allí se ven afectados los habitantes de las comunas Popular y Santa Cruz, por lo que se activaron rutas de buses alternas para atender la situación.Rutas alternas por falla en línea K del metrocableLa línea c6-017 que inicia su recorrido en la estación Santo Domingo, toma la vía principal hasta la calle 97, sigue por los barrios Granizal, Santa Cruz y finaliza en Acevedo.La línea c6-012a La Francia - Acevedo que inicia en La Francia, sigue por la estación Andalucía y termina en la integración de Acevedo.Y la línea c6-013 Popular 1 - Tricentenario, comienza su ruta en el Popular 1, se integra en la estación Popular y se dirige a la estación Tricentenario.Por ahora no se tiene claro la hora de apertura de las cuatro estaciones que hacen parte de la linea K del Metro.
Hace un par de días en Medellín fueron capturadas nueve personas que hacía parte de lo que se ha denominado como una 'oficina premium' que ejecutaba asesinatos, en especial contra ciudadanos extranjeros en la capital de Antioquia y los municipios vecinos del Valle de Aburrá. Ahora tras varios días se entregaron nuevos detalles del inmenso alcance que tenían estos delincuentes.Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, este grupo delincuencial cobraba sumas exorbitantes de dinero para asesinar a colombianos y extranjeros. Incluso, aseguró que estas personas trabajaban directamente y delinquían bajo el mando de la antes conocida como La Oficina de Envigado."Nueve criminales dedicados a una oficina de sicariato para extranjeros especialmente, en los que llegaban a cobrar inclusive hasta 500.000 dólares por asesinato. Esto no era un grupo por ahí aislado, esto es un grupo que trabajaba directamente y hacía asesinatos premium para La Oficina", indicó Gutiérrez.El mandatario local aseguró que las investigaciones han arrojado que la 'oficina premium' tenía nexos internacionales al encontrarse, por ejemplo, que las líneas de los teléfonos celulares incautados eran internacionales, incluso, con documentos que los relacionan con los Estados Unidos.Gutierrez insistió que las pesquisas han permitido establecer que los delincuentes capturados también habrían cometido delitos en el exterior con flujos migratorios a países como República Dominicana, México o Chile."Aquí es importante ver cómo algunos de los homicidios que han tenido lugar en Medellín pueden haber sido estas personas los determinadores de ellos, homicidios, por ejemplo, de personas de ciudadanos y un ciudadano mexicano y un ciudadano de Albania y un ciudadano de Canadá y un ciudadano colomboestadounidense", explicó el mandatario.Hay que mencionar que algo que llamó la atención es que los sicarios utilizaban la brujería, ya que se encontró un espacio con un altar y, según información preliminar, los cabecillas buscaban una especie de blindaje contra la acción de la justicia mediante este tipo de rituales.
Envían a la cárcel a dos extranjeros señalados de disparar contra un adulto mayor durante un hurto en Medellín. La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.La Fiscalía General de la Nación judicializó a los ciudadanos extranjeros Winder Alejandro Loor Hernández y Jhuander Gabriel Zumosa Torres, señalados de participar en un hurto ocurrido el pasado 11 de febrero en el centro de Medellín, en el que un adulto mayor resultó gravemente herido tras recibir un disparo.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los hechos ocurrieron cuando los presuntos responsables habrían intimidado con un arma traumática a un hombre que salía de una entidad crediticia. La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.Según el ente acusador, durante la huida los procesados habrían accionado el arma con el propósito de evitar ser capturados. En ese momento, un adulto mayor de 68 años que transitaba por el sector resultó herido de gravedad. La persona lesionada fue alcanzada por el disparo en medio de la acción violenta.La Fiscalía destacó que la rápida reacción de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía permitieron la captura de los sospechosos poco después del hecho. En el procedimiento también fueron incautadas una motocicleta, que presuntamente habría sido utilizada en el hurto, y el arma traumática con la que se habría cometido el ataque.Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.En el desarrollo de las labores investigativas, las autoridades también establecieron que Zumosa Torres tiene una notificación roja de Interpol por delitos relacionados con tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir agravada y financiación al terrorismo, conductas que habrían sido cometidas en Venezuela.Ante esta situación, la Fiscalía notificó al país solicitante sobre la medida de aseguramiento dictada contra el extranjero, con el fin de avanzar en los procedimientos correspondientes. El proceso penal en Colombia continuará mientras se definen las responsabilidades de los investigados en los hechos ocurridos en la capital de Antioquia.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
Viajar al exterior exige algo más que tiquetes y reservas, pues el pasaporte es la llave que abre fronteras y certifica la identidad de millones de personas en el mundo. Para ello, la actualización de este documento se ha convertido en una prioridad para quienes viajan constantemente.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el diseño del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que estará entre los cuatro más seguros a nivel mundial. Durante un consejo de ministros, el mandatario mostró la primera imagen de la libreta y explicó que la renovación se debe a una reestructuración profunda del modelo de contratación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la soberanía tecnológica.“Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”, indicó Petro indicando que el eje central de esta nueva versión será la protección avanzada de los datos personales.Además, según el Gobierno, el nivel de seguridad del nuevo documento permitirá que Colombia escale posiciones en estándares internacionales de identificación migratoria.Este nuevo modelo de pasaporte entrará en vigor en abril; no obstante, muchos ciudadanos se preguntan qué pasará con los pasaportes actuales que aún siguen vigentes.¿Seguirá siendo válido el pasaporte actual? Esto dice la CancilleríaLa Cancillería de Colombia aclaró que, a partir del 1 de abril de 2026, entrará en vigor el nuevo modelo de pasaporte, pero los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.Es decir, quienes ya tengan pasaporte ordinario o ejecutivo podrán continuar usándolo sin inconvenientes después de la fecha de implementación del nuevo diseño.La entidad recordó que en Colombia estos pasaportes tienen una vigencia de 10 años contados desde su expedición. Sin embargo, recomienda verificar con anticipación la fecha de expiración antes de planear un viaje internacional y renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento.Así lucirá el nuevo pasaporte colombianoEl presidente presentó la primera imagen del documento, aunque no entregó mayores detalles sobre sus características. Este fue el video del momento.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara, ocurrida el pasado 22 de noviembre en la cárcel Modelo de Bucaramanga, reactivó una polémica que, desde hace años, ronda los muros del penal: el poder soterrado de los llamados "caciques", reclusos que, según internos y defensores de derechos humanos, ejercen control económico y social dentro de los pabellones mediante prácticas de intimidación y cobro de extorsiones.Basto, de 35 años, cumplía una condena de 15 años desde 2015 y estaba a tan solo 56 días de su libertad definitiva. Sin embargo, hacia las 10:40 de la mañana del pasado sábado, cayó desde el quinto piso del pabellón 2. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, murió minutos después por la gravedad de sus heridas.Las circunstancias del hecho siguen sin esclarecerse. Las autoridades carcelarias manejan tres hipótesis: un accidente, un acto voluntario o la intervención de terceros, pero entre los internos y algunos defensores de derechos humanos ha cobrado fuerza una cuarta línea: la presión económica que ejercería un hombre conocido dentro del penal como "caciques", líderes informales que, según múltiples testimonios, han convertido la extorsión en una regla no escrita dentro de la prisión.Le puede interesar: Capturan a mujer en Bucaramanga cuando recibía $8 millones de una extorsiónUna fuente cercana a la investigación confirmó que una de las hipótesis apunta a que Cristian tenía una deuda de tres semanas con uno de estos 'caciques', quien presuntamente cobraba $200.000 semanales por “seguridad” y por permitir ciertos beneficios básicos dentro del pabellón. La deuda alcanzaría los $600.000.Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios en Santander, aseguró que el caso de Cristian refleja una estructura de poder que el Estado ha permitido crecer por omisión.“Lo sucedido confirma una problemática nacional. No estoy de acuerdo con la figura de quienes se hacen llamar caciques. No me opongo a que existan liderazgos, pero sí a que se utilicen para explotar a los presos. En La Modelo venden todo. Internos han denunciado que incluso cobran por un vaso de agua”, denunció.Mantilla advirtió que la presión por las deudas habría sido un factor determinante en el desenlace: “El recluso ya tenía orden del juez para salir en libertad total el 19 de enero. Estaba a semanas de recuperar su vida, pero la presión económica dentro del penal pudo llevarlo a tomar una decisión desesperada”.Tras la muerte de Basto, el defensor anunció que presentará una denuncia formal ante los entes de control, solicitando una intervención urgente para desmontar estas redes ilegales que operan dentro del penal.Por ahora, Hernando Mantilla pidió el informe oficial a la directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pero la respuesta inicial es que se debe contar con la autorización de la sede central de la entidad para entregar esa información.
La violencia en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga no da tregua. Durante el pasado fin de semana festivo se registraron cuatro homicidios, dos en Bucaramanga, uno en Floridablanca y otro en Piedecuesta.En el caso de la capital santandereana los hechos de sangre ocurrieron en los barrios Café Madrid y Morrorico. En el primero un joven de 22 años, identificado como Ferney Steven Martínez Carrillo y quien era estudiante del Sena murió dentro de la discoteca La Casika.Según testigos que laboran en el establecimiento, hasta el lugar llegó una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió e intentó ingresar al local, pero según información de las autoridades, una trabajadora encargada del acceso le negó la entrada debido a que la discoteca ya estaba llena.Ante la negativa, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó de manera indiscriminada hacia el interior del establecimiento, impactando a varias personas. En el hecho tres mujeres resultaron heridas.Por otra parte, en el sector de Morrorico fue encontrado sin vida Eduar Jaenpierre Duarte Velázquez, de 19 años. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima le pidió a un amigo que lo llevara porque se iba a reunir con dos hombres y una mujer.Al momento de recogerlo, casi una hora después, Duarte Velázquez apareció con un disparo en la cabeza. Las autoridades investigan el hecho, pues la víctima registraba cuatro anotaciones por estupefacientes.En Floridablanca un sicariato acabó con la vida de Mauricio Palacio Gómez en el barrio La Cumbre.De acuerdo con las autoridades, la víctima salió de su vivienda en el asentamiento humano Villa Esperanza y se dirigió hasta el populoso sector para hacer algunas transacciones producto del microtráfico de estupefacientes. Mientras esperaba en el sector, una motocicleta con dos ocupantes pasó por el lado y el parrillero le disparó indiscriminadamente. El ataque sicarial quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.Por último, en Piedecuesta un hombre fue víctima de un ataque con arma cortopunzante. De acuerdo con la información preliminar, las heridas en el tórax y en el cuello resultaron fatales.Las autoridades tratan de establecer la identidad de esta persona e investigan los móviles del ataque.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias ‘Máscara’, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander. El procedimiento se desarrolló en medio de planes de control y registro adelantados en la zona rural del municipio.La intervención se produjo en el kilómetro 3, cuando dos personas que se movilizaban en motocicleta intentaron evadir una orden de detención impartida por uniformados. Tras una corta persecución, los agentes lograron detenerlos y practicarles un registro, hallando en su poder seis cartuchos calibre 38 mm. Tanto las municiones como la motocicleta fueron incautadas.Durante las verificaciones, la Policía confirmó que alias ‘Máscara’ tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Además, presenta antecedentes por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza.Según el reporte oficial, el capturado tendría una trayectoria criminal de al menos cuatro años dentro de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y en la región del Magdalena Medio.Junto con él fue detenida una mujer de 31 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias ‘Máscara’, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La Gobernación de Santander, la Alcaldía de Málaga y la Aeronáutica Civil dieron un paso decisivo para reactivar el aeródromo del municipio de Málaga, infraestructura que presta servicio a toda la provincia de García Rovira.El gobernador Juvenal Díaz anunció la firma de un convenio por $4.308 millones, recursos que permitirán iniciar la primera fase de adecuación de la pista y obras prioritarias para garantizar su operación segura.Díaz explicó que: “el departamento aportará más del 50 % de la inversión, con la cual se ejecutarán obras esenciales como la construcción de un box culvert, la intervención de los canales de las quebradas Tajamar y Vasamarcar, y el mantenimiento y nivelación de la pista. Estas acciones permitirán mitigar riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones de seguridad aérea”, señaló el mandatario.El mandatario departamental señaló que el proceso de contratación comenzará el lunes 24 de noviembre, fecha en la que se espera publicar los pliegos para la adjudicación de las obras. Asimismo, anunció que para 2025 se proyecta una segunda fase orientada a la modernización del aeropuerto.“Esperamos dejar listos los estudios y diseños para una futura modernización. La provincia de García Rovira merece un aeropuerto a la altura de sus necesidades”, afirmó Díaz, quien destacó que la ruta prioritaria a reactivar será Bucaramanga–Málaga, con posibilidades de conectar también a Bogotá e incluso evaluar una futura ruta San Gil–Málaga, según los planes de la Aeronáutica Civil.El alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno, destacó que esta primera etapa representa un avance significativo para la movilidad aérea de la región. Entre las obras contempladas se encuentran:Reparación y reforzamiento del cerramiento perimetral para evitar el cruce indebido de personas.Intervención del canal de aguas lluvias que desciende desde la zona central y norte del municipio.Construcción de tapas sobre el canal de la quebrada Vasamarcar para despejar la franja de seguridad.Ejecución del box culvert, obra fundamental para evitar la inundación recurrente de la pista.El alcalde también adelantó que para la vigencia del próximo año se destinarán nuevos recursos para intervenir directamente la pista. Estas obras incluirán: “Aplicación de una nueva carpeta asfáltica, ampliación de la pista en un metro a cada lado, alcanzando los 18 metros de ancho, adecuación de la franja de seguridad, mediante retiro de capa vegetal y relleno con material técnico y nueva señalización y pintura.Tanto la Gobernación como la Alcaldía se comprometieron a garantizar el control del acceso a la pista mediante la asignación de dos funcionarios encargados de vigilar el tránsito de ciudadanos que se desplazan hacia la zona norte del municipio y la Universidad Industrial de Santander.Moreno subrayó que estas medidas responden a exigencias de la Aeronáutica Civil para asegurar la operación del aeródromo sin riesgo para pasajeros ni habitantes.“Este aeródromo es de vital importancia para la región. Con estas obras y con el apoyo del departamento, avanzamos hacia su reapertura segura y definitiva”, concluyó el alcalde.
Comunidades rurales de la provincia García Rovira, en Santander, están denunciando sobre recorridos de grupos armados ilegales y amenazas a ganaderos.La presencia de hombres fuertemente armados que transitan en altas horas de la noche y la madrugada ha generado temor entre los habitantes especialmente de los municipios de Málaga, Carcasí, Concepción y San Andrés.“Desde Málaga hacia la Troncal del Norte y Pamplona, en el páramo del Almorzadero, se han visto a los hombres”, relató un campesino de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Frente a las denuncias, la Gobernación de Santander adelantó un consejo de seguridad para revisar la situación de orden pública y tomar medidas de seguridad.“Un despliegue de nuestras fuerzas militares para contrarrestar las amenazas que tenemos en García Rovira, especialmente por esos corredores de movilidad antiguos donde aún, de forma intermitente, hacen presencia en territorio”, comentó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.El temor en la comunidad se activó tras recordar que, durante la época del conflicto armado, esta fue una de las zonas más golpeadas por estructuras guerrilleras.
La elección atípica de Bucaramanga entró en un terreno de gran incertidumbre jurídica luego de que el abogado Luis Eduardo de la Hoz activara tres acciones paralelas que cuestionan la legalidad y el desarrollo del proceso convocado para el 14 de diciembre. Sus actuaciones apuntan directamente a la convocatoria, a una jueza administrativa y a uno de los candidatos inscritos.La primera ofensiva "es una demanda de nulidad contra el decreto y la resolución que fijaron la fecha y el calendario electoral; la Alcaldía y la Registraduría impusieron un cronograma apresurado y sin garantías, que afecta el derecho a la participación y redujo la igualdad entre los aspirantes". Señala que los plazos impidieron inscribir o reemplazar candidatos con normalidad, así como realizar una campaña mínima para informar a los ciudadanos, puesto que son 8 candidatos para analizar sus propuestas.El segundo movimiento es una queja disciplinaria contra la Juez Quinta Administrativa Oral de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano: "La funcionaria intervino de manera indebida en asuntos relacionados con la convocatoria dentro de un proceso de acción popular", señala el abogado, que en su criterio violaría los límites que la Ley de Garantías Electorales impone sobre la actuación de los jueces en escenarios atípicos.El tercer frente está dirigido a la inscripción del candidato Cristian Portilla, puesto que, según de la Hoz, "hubo inconsistencias entre la renuncia del aspirante, la caída de su aval partidista y la formalización de la inscripción casi sobre la medianoche; el cierre de inscripción es como todas las oficinas, 6:00 pm". Asegura que la Registraduría debió verificar con mayor rigor la documentación y que las actuaciones del partido y del candidato generaron un trato desigual frente a otros competidores.Con estas tres acciones en curso, el proceso electoral queda ahora pendiente de decisiones judiciales que podrían modificar la fecha de la elección, alterar el listado de candidatos o incluso obligar a repetir toda la convocatoria. A tan solo 22 días para la jornada, el futuro de la elección atípica de Bucaramanga está en manos de los jueces, bajo una presión creciente por los tiempos, y de ser aceptadas las demandas, pasarían para el mes de enero del año 2026.