Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
Los pacientes trasplantados en Colombia atraviesan dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para evitar el rechazo de los órganos, según alertó el presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, el doctor Rubén Luna.De acuerdo con el vocero, la situación hace parte de un problema estructural que afecta a todo el sistema de salud. En el caso de los trasplantados, explicó, se trata de medicamentos inmunosupresores, indispensables para impedir que el organismo identifique el órgano recibido como extraño y lo ataque. Estos tratamientos deben tomarse de manera continua y sin interrupciones.“En este momento los pacientes no están pudiendo acceder a estos medicamentos. Eso pone en riesgo no solo la vida del injerto, es decir, del órgano trasplantado, sino también la vida del paciente”, señaló Luna. Indicó que cuando se suspende el tratamiento, pueden desencadenarse procesos inflamatorios que derivan en el rechazo del órgano y en complicaciones graves.El panorama también impacta las decisiones médicas sobre nuevos trasplantes. Según el especialista, resulta complejo llevar a un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis a un procedimiento de trasplante si no existe garantía de que podrá recibir los medicamentos posteriores. “Sería realizar un procedimiento exitoso quirúrgicamente, pero sin poder asegurar que el órgano funcione a largo plazo”, afirmó.En algunos casos, explicó, los pacientes permanecen hospitalizados durante semanas mientras esperan la entrega de los medicamentos por parte de su EPS. En otras situaciones reciben una parte del tratamiento, pero no la totalidad, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad en los meses siguientes.El presidente de la asociación estimó que en el país hay entre 12.000 y 14.000 personas trasplantadas que no pueden suspender su tratamiento “ni un solo día”. Señaló que cualquier transición o cambio en el sistema de salud debe contemplar mecanismos que aseguren la continuidad de los tratamientos, no solo para esta población, sino también para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hemofilia o cáncer.Sobre si la problemática se concentra en algunas EPS intervenidas por el Gobierno, Luna indicó que se trata de una situación generalizada, asociada a dificultades administrativas y financieras del sistema. “Los contratos y autorizaciones pueden existir, pero si no están respaldados por pagos, es como entregar un cheque sin fondos”, afirmó.En relación con casos graves o fallecimientos asociados a la falta de medicamentos, el dirigente señaló que las cifras cambian a diario y que en distintas clínicas se reciben pacientes con deterioro del órgano trasplantado tras la suspensión del tratamiento. Aunque no entregó un número consolidado, confirmó que hay personas hospitalizadas por periodos prolongados mientras esperan la dispensación.Desde la asociación hicieron un llamado al Gobierno, al Congreso, a los jueces y a la ciudadanía para que la salud sea abordada como una política de Estado. “Las decisiones administrativas deben estar respaldadas por conceptos técnicos y científicos, tanto en su diseño como en su implementación”, concluyó Luna.
El inicio del 2026 marcado por la violencia en Antioquia es una situación que sigue generando preocupación entre las autoridades, pues los crímenes siguen al alza en comparación con el mismo periodo de 2025.Así lo afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, quien explicó que se trata del único delito que registra cifras en rojo en su jurisdicción en dicho ejercicio comparativo.Con 29 casos más el homicidio se distancia de otras situaciones como las lesiones personales, los hurtos, extorsiones y delitos sexuales. Muñoz se refirió a los patrones que han identificado en los casos. "Lo que evidenciamos y lo que pasó este fin de semana nos lleva a determinar que es una retaliación o una confrontación mejor entre Clan del Golfo con los del Mesa por un control territorial y de rentas criminales en la zona", indicó.Precisamente, enfrentamientos entre grupos criminales, han derivado en la reciente racha violenta en el Oriente antioqueño donde en 48 horas asesinaron al menos a siete personas en municipios como El Carmen de Viboral, Rionegro, La Unión y La Ceja."La mayoría de ellos han ocurrido en zona rural y por un tema de arma armas de fuego, focalizados, es mínimo los hechos que se han presentado por temas de intolerancia o riñas y demás", apuntó.Tras un consejo de seguridad en esta subregión de Antioquia se acordó el fortalecimiento de de mecanismos de seguridad con cámaras y aumento del pie de fuerza, así como la creación de una Comisión contra el Crimen, tal cual lo solicitaron mandatarios de la zona.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 18 de febrero de 2026:Se desató polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quienes responsabilizaron a la familia por la muerte de Kevin Acosta.La crisis invernal no da tregua en Montería y Córdoba: más de 240.000 personas damnificadas.Ataque con drones cargados con explosivos sacudió al municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.El Parque Tayrona fue cerrado por amenazas del Clan del Golfo y disidencias armadas, pero, pese a la orden oficial, reabrió sus accesos.Escuche el programa completo aquí:
Tras escaparse de las autoridades en operativo en San Andrés de Cuerquia, el gobernador de Antioquia reiteró la recompensa de $100 millones contra alias ‘Lobo’, mano derecha de alias ‘Primo Gay’ de las disidencias del frente 36. El ente departamental tiene una bolsa de recompensas de más de $1.500 millones por cinco cabecillas de ese grupo ilegal.Luego de un consejo de seguridad con los alcaldes de Toledo, Ituango, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña, las autoridades departamentales pidieron a la justicia avanzar en el esclarecimiento de casos de homicidios ocurridos en los últimos años en estos municipios, donde en los últimos días ha habido un despliegue por parte del Ejército que ha dejado combates y capturados de las disidencias.El gobernador Andrés Julián Rendón reiteró las recompensas activas por los cabecillas de las estructuras criminales que delinquen en esa zona: 500 millones de pesos por alias “Ramiro” y “Macho Viejo”; 200 millones de pesos por alias “Primo Gay” y “Chejo”, y 100 millones por alias “Lobo”, todos ellos de las disidencias de las Farc. También ofreció 100 millones de pesos por alias Andy de “El Mesa” y por alias “Gurre” y “El Pollo” del Clan del Golfo.Nada más en las últimas horas alias 'Lobo', mano derecha de 'Primo Gay', escapó de las autoridades en un operativo en el que fueron capturados dos presuntos integrantes de las disidencias y fueron incautados seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares."Reiteramos las recompensas que existen, de hasta quinientos millones de pesos por alias 'Ramiro', por alias 'Macho Viejo', de hasta quinientos millones de pesos. Todos esos criminales necesitan el combate irrestricto de nuestra fuerza pública, pero la atención judicial de los operadores para que, o bien sean neutralizados por parte de nuestra fuerza pública o queden tras las rejas", indicó.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.Volviendo al encuentro en el que se abordó la seguridad en la subregión con Ejército y Policía, el mandatario visitó la sala de monitoreo de Toledo, donde hay 11 cámaras de vigilancia conectadas al Nodo Subregional y Departamental de Seguridad, en el que el ente departamental invirtió más de 260 millones de pesos en los últimos dos años.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La elección atípica de Bucaramanga entró en un terreno de gran incertidumbre jurídica luego de que el abogado Luis Eduardo de la Hoz activara tres acciones paralelas que cuestionan la legalidad y el desarrollo del proceso convocado para el 14 de diciembre. Sus actuaciones apuntan directamente a la convocatoria, a una jueza administrativa y a uno de los candidatos inscritos.La primera ofensiva "es una demanda de nulidad contra el decreto y la resolución que fijaron la fecha y el calendario electoral; la Alcaldía y la Registraduría impusieron un cronograma apresurado y sin garantías, que afecta el derecho a la participación y redujo la igualdad entre los aspirantes". Señala que los plazos impidieron inscribir o reemplazar candidatos con normalidad, así como realizar una campaña mínima para informar a los ciudadanos, puesto que son 8 candidatos para analizar sus propuestas.El segundo movimiento es una queja disciplinaria contra la Juez Quinta Administrativa Oral de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano: "La funcionaria intervino de manera indebida en asuntos relacionados con la convocatoria dentro de un proceso de acción popular", señala el abogado, que en su criterio violaría los límites que la Ley de Garantías Electorales impone sobre la actuación de los jueces en escenarios atípicos.El tercer frente está dirigido a la inscripción del candidato Cristian Portilla, puesto que, según de la Hoz, "hubo inconsistencias entre la renuncia del aspirante, la caída de su aval partidista y la formalización de la inscripción casi sobre la medianoche; el cierre de inscripción es como todas las oficinas, 6:00 pm". Asegura que la Registraduría debió verificar con mayor rigor la documentación y que las actuaciones del partido y del candidato generaron un trato desigual frente a otros competidores.Con estas tres acciones en curso, el proceso electoral queda ahora pendiente de decisiones judiciales que podrían modificar la fecha de la elección, alterar el listado de candidatos o incluso obligar a repetir toda la convocatoria. A tan solo 22 días para la jornada, el futuro de la elección atípica de Bucaramanga está en manos de los jueces, bajo una presión creciente por los tiempos, y de ser aceptadas las demandas, pasarían para el mes de enero del año 2026.
Un ataque armado registrado a la 1:36 de la madrugada en la discoteca La Casika, ubicada en el kilómetro 4 vía Café Madrid, dejó un joven muerto y tres mujeres heridas. La víctima fatal fue identificada como Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años, estudiante del Sena.Según testigos que laboran en el establecimiento, hasta el lugar llegó una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió e intentó ingresar al local, pero según infiormación de las autoridades, una trabajadora encargada del acceso le negó la entrada debido a que la discoteca ya estaba llena y no se permitía el ingreso de más personas. Ante la negativa, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó de manera indiscriminada hacia el interior del establecimiento, impactando a varias personas.Dos disparos en el abdomen, acabaron con la vida de Ferney Steven Martínez, mientras que en el interior de la discoteca las personas en el lugar corrian a esconderse de las balas.Tras el ataque, los agresores huyeron nuevamente en la motocicleta con rumbo desconocido. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital del Norte, donde se confirmó que presentaban lesiones de carácter leve.Una victima es una mujer de 37 años, quién terminó con una herida en la oreja derecha, otra es una joven de 17 años, cuya identidad se reserva por ser menor de edad.Y la tercera es una mujer de 23 años, quién terminó con una de las balas en el brazo derecho cuando intentaba huir del agresor.Debido a la gravedad de sus heridas, Ferney Steven Martínez fue remitido al Hospital Universitario de Santander, donde finalmente falleció.Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque, por ahora no han dado ninguna declaración al respecto.
La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga confirmó un nuevo caso de varicela en el pabellón 3 de la cárcel Modelo, donde ya se han identificado cuatro internos contagiados. La secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya, indicó que, "conforme a los protocolos epidemiológicos, el pabellón deberá permanecer en aislamiento durante 42 días desde el último caso notificado".La alerta se encendió tras una notificación de la IPS Norsalud sobre un posible contagio en población privada de la libertad. De inmediato, la Secretaría activó su Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para verificar el caso y realizar las acciones de contención. La valoración médica confirmó el diagnóstico y permitió identificar otros contagios en el mismo patio.El ERI realizó la investigación epidemiológica antes de las primeras 24 horas, entrevistó al caso índice, revisó las condiciones de salud de cada interno del patio y ejecutó una búsqueda activa de sintomáticos. A los cuatro afectados se les ordenó aislamiento hasta completar la fase descamativa y la caída de la última costra, etapa en la que la enfermedad deja de ser transmisible.La Secretaría adelantó charlas educativas con internos y personal penitenciario sobre los signos, síntomas y medidas de prevención de la varicela, e indicó la importancia de reportar cualquier manifestación sospechosa para evitar la propagación del brote.Como medida principal de control se dispuso el aislamiento total del pabellón 3, lo que significa que nadie entra y nadie sale hasta cumplir el tiempo establecido. Así mismo fueron suspendidas las visitas, se prohibe el traslados desde o hacia el pabellón afectado, cero ingreso de nuevos internos, entrega de alimentos únicamente en recipientes desechables, y uso obligatorio de elementos de protección personal para custodios y personal estrictamente autorizado para ingresar.De acuerdo con el reporte de la semana epidemiológica 47 (16 al 22 de noviembre de 2025), Bucaramanga registra cuatro casos de varicela en población privada de la libertad, cifra que se mantiene dentro del comportamiento esperado para el municipio.La Secretaría de Salud seguirá realizando seguimiento a los internos afectados y al resto de la población penitenciaria. Los demás patios no se encuentran en aislamiento, pues no se han identificado contagios fuera del pabellón 3.
La presencia de hombres armados que transitan en altas horas de la noche y la madrugada por distintos municipios de la provincia de García Rovira, en Santander, ha generado temor entre los habitantes de Málaga, Carcasí, Concepción y San Andrés.Campesinos y ganaderos denuncian que, además de los recorridos irregulares de estos grupos, ya se han registrado llamadas extorsivas dirigidas a varios productores de la zona. Un habitante alertó que la situación se presenta principalmente “desde Málaga hacia la Troncal del Norte y Pamplona, en el páramo del Almorzadero”, y pidió al Gobierno Departamental y Nacional reforzar la presencia militar para evitar que estas estructuras sigan intimidando a las comunidades.La preocupación llevó a que las autoridades realizaran un consejo de seguridad en la provincia, encabezado por el gobernador de Santander Juvenal Díaz. Allí se confirmó que los hombres que se movilizan en la zona pertenecerían al Clan del Golfo y al ELN, según los reportes analizados.Durante la sesión, la Gobernación de Santander, junto con alcaldes y autoridades de seguridad, revisó las amenazas actuales y las prioridades territoriales más urgentes. Se evaluaron riesgos asociados a Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y estructuras de delincuencia común.Al finalizar el consejo de seguridad, los alcaldes de los municipios se abstuvieron de entregar declaraciones sobre las conclusiones del encuentro, entre tanto, la Fuerza Pública aún no ha detallado cuáles serán las acciones concretas que se implementarán en la zona para hacer frente a las incursiones de los grupos armados ilegales.El temor en la comunidad es profundo, habitantes recuerdan que durante años esta fue una de las zonas más golpeadas por estructuras guerrilleras, y hoy, tras las nuevas denuncias, sienten que esa sombra vuelve a activarse en la provincia. Muchos evitan salir en horas de la noche y no se atreven a cruzar por los puntos críticos donde antes también imponían su presencia los grupos armados, señalan que hay un retroceso en materia de seguridad, mientras esperan respuestas contundentes de las autoridades.
Dos hombres armados robaron una cooperativa de ahorro y financiera en pleno centro del municipio y huyeron en motocicleta. La Policía revisa cámaras de seguridad para identificarlos, luego que los asaltantes alteraran la tranquilidad del municipio de Puerto Wilches, Santander. A plena luz del día, dos hombres armados ingresaron a una cooperativa de ahorro y financiera ubicada en el sector comercial y, tras intimidar a los trabajadores y usuarios, se llevaron una suma de dinero aún no revelada.De acuerdo con testigos, los delincuentes entraron al establecimiento simulando ser clientes, minutos después, desenfundaron armas de fuego y obligaron al personal a entregar el efectivo disponible en caja.Los usuarios que estaban dentro de la cooperativa vivieron momentos de pánico, pues los asaltantes amenazaron con disparar si alguien intentaba salir o activar alarmas.Una vez obtuvieron el botín, más de 70 millones de pesos, los hombres huyeron en una motocicleta que los esperaba afuera y tomaron rumbo desconocido. La Policía del Magdalena Medio llegó al sitio pocos minutos después e inició un plan candado en los accesos del municipio, aunque por ahora no se reportan capturas.Las autoridades recopilan videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como testimonios de quienes presenciaron el robo, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer si pertenecen a una banda que estaría detrás de otros hurtos en Puerto Wilches.Y es que este caso no es aislado, puesto que comerciantes y habitantes del municipio han denunciado un aumento de robos en las últimas semanas, incluyendo asaltos a establecimientos, viviendas y otras entidades financieras. La situación ha generado preocupación y reclamos por un refuerzo urgente de la presencia policial.Entre tanto, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de manera anónima cualquier información que permita localizar a los dos hombres involucrados en el asalto.
Las lluvias torrenciales que se registran en el departamento de Santander mantienen en alerta a las autoridades, especialmente en los municipios cercanos a ríos y quebradas con riesgo de desbordamiento. Uno de los puntos más afectados es el sector del río Magdalena, donde el aumento del caudal dejó 450 familias damnificadas.Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento, explicó que el Ideam advierte que las precipitaciones continuarán, por lo que se reforzaron las recomendaciones a las comunidades que viven en laderas, zonas inestables y corredores viales donde se presentan deslizamientos y caída de rocas.“Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres, Carmen de Chucurí y San Vicente presentan alto riesgo, mantenemos comunicación permanente con las alcaldías para proteger la vida de los santandereanos”, señaló.Las autoridades indicaron que hay aumento en los caudales de los ríos Opón, Carare, Lebrija y De Oro, lo que obliga a un monitoreo constante. Además, 56 municipios están bajo alerta por deslizamientos de tierra, caída de árboles y otros eventos asociados a la temporada de lluvias.En alerta roja se encuentra el municipio de Simacota.En alerta naranja están los municipios de, Aguada, Bolívar, Charalá, Chima, Cimitarra, Confines, Contratación, Coromoro, El Carmen de Chucurí, El Guacamayo, Encino, Guadalupe, Guapotá, Gámbita, La Paz, Landázuri, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Palmar, Páramo, San Benito, Santa Helena del Opón, Socorro, Suaita, Valle de San José y Vélez.En alerta amarilla se encuentran, Albania, Betulia, Cabrera, Chipatá, Concepción, El Peñón, El Playón, Florián, Galán, Guaca, Guavatá, Güepsa, Hato, Jesús María, La Belleza, Onzaga, Palmas del Socorro, Pinchote, Puente Nacional, Puerto Parra, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil, San Joaquín, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Sucre y Zapatoca.La recomendación principal para la ciudadanía es evitar transitar por zonas de ladera, mantenerse alejados de ríos y quebradas en creciente y reportar de inmediato cualquier emergencia. Las autoridades reiteraron que el departamento se mantiene en vigilancia permanente ante el riesgo de nuevas afectaciones.