Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
En diálogo con Blu Radio, Marcela García Cifuentes, explicó las razones que la llevaron a interponer una acción de tutela en defensa de Yudy Katherine Pico, madre del menor Kevin Acosta que falleció en medio de la controversia por la entrega de un medicamento.García indicó que su decisión obedece a una postura que, según dijo, ha mantenido de tiempo atrás en defensa de mujeres cabeza de hogar. “Yo creo que soy muy coherente y desde siempre he defendido mucho a las mujeres que con esfuerzo sacan adelante a sus hijos. Esta mañana estaba oyendo la entrevista de ella en la radio y me afectó muchísimo que, además de estar pasando por el dolor de perder a su hijo, tenga que defenderse de señalamientos que vienen desde el más alto poder”, afirmó.Según explicó, le generó indignación escuchar que desde la Presidencia se señalara a la madre como responsable de la muerte del niño por permitirle montar bicicleta pese a su condición médica. “La vi tan vulnerable, tan triste, que dije: esto no puede estar pasando. Eso fue lo que me motivó, junto con mi equipo, a interponer esta tutela”, señaló.García aclaró que no conoce personalmente a Yudy Katherine Pico y que actúa como agente oficiosa, figura que permite a cualquier ciudadano defender derechos fundamentales de otra persona cuando esta se encuentra en imposibilidad real de hacerlo por sí misma. “Hoy ella debería estar viviendo su duelo con su familia y no enfrentando señalamientos públicos”, sostuvo.En la acción judicial, explicó, están solicitando tres medidas concretas: primero, que cesen los señalamientos públicos contra la madre y su familia; segundo, que se retiren los datos médicos divulgados sin autorización; y tercero, que se haga una rectificación en condiciones de equidad, es decir, con la misma difusión que tuvieron las declaraciones iniciales.La abogada también indicó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra el ministro de Salud por la presunta divulgación de información clínica reservada, así como una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, para que se investiguen las declaraciones emitidas en este caso.Durante la entrevista insistió en que, más allá del debate sobre el sistema de salud, el centro de la discusión debe ser la protección de los derechos fundamentales. “Acá murió un niño y han muerto muchos más en medio de esta crisis. Esto no es un tema de pelea contra las EPS, es un tema de la vida de los colombianos”, concluyó.
El proceso judicial por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, dio un nuevo paso este 18 de febrero, luego de que la Fiscalía acusara formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro como presuntos coautores del delito de homicidio agravado.Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía dejó claro que no se logró ningún tipo de preacuerdo con los procesados. “Se intentó, a través de la Unidad de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General, realizar el acercamiento, pero finalmente no se pudo llegar a ningún preacuerdo”, enfatizó la fiscal del caso.Para la Fiscalía, las pruebas recopiladas permiten concluir que los acusados actuaron con dolo, al dirigir reiteradamente los golpes a una zona vital del cuerpo humano cuando la víctima se encontraba en completa indefensión. Por esta razón, Suárez y González fueron acusados por homicidio agravado, una conducta que contempla penas de entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años de cárcel.Durante la diligencia judicial, ambos procesados manifestaron su disposición a aceptar cargos, pero únicamente por el delito de homicidio preterintencional, una figura penal menos grave que la imputada por la Fiscalía. Sin embargo, esa posibilidad no fue avalada por el ente acusador, por lo que el caso continuará en la etapa de juicio.La acusación se sustenta en múltiples elementos materiales probatorios, entre ellos testimonios de testigos presenciales, videos captados por celulares y cámaras de seguridad del sector, informes del CTI, dictámenes forenses y registros médicos de la atención de urgencias que recibió la víctima antes de fallecer.El proceso judicial continuará el próximo 17 de marzo, a las 9:00 de la mañana, cuando un juez penal deberá evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad de los acusados en la muerte del joven universitario.Cabe recordar que Jaime Esteban Moreno murió después de que, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, fuera golpeado en múltiples ocasiones por Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quien presuntamente le dio una patada por la espalda cuando Moreno intentaba incorporarse, dejándolo en total estado de indefensión.Como consecuencia directa de la golpiza, Moreno sufrió múltiples fracturas en el cráneo. El dictamen de Medicina Legal determinó que se trató de una muerte violenta tipo homicidio.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) presentó en Bucaramanga el nuevo Centro de Industrialización Regional de Café (CIR), llamado “Entre Árboles”, el tercero que se instala en el país como parte de la estrategia nacional para fortalecer la cadena de valor del café desde las regiones.El centro, ubicado en el corazón comercial de la ciudad, promete convertirse en un motor de transformación para la caficultura santandereana, al acercar tecnología, innovación y procesos de alto valor agregado a los productores.Según la FNC, la infraestructura cuenta con equipos de última generación y tendrá capacidad para trillar hasta 1.000 sacos al mes y realizar 22 toneladas de tostión, garantizando estándares de calidad en cada etapa del proceso.“En cada nuevo centro de industrialización el caficultor encuentra un lugar confiable donde puede entregar su café para procesarlo con los mayores estándares de calidad y avanzar en la cadena de valor”, señaló Germán Bahamón, gerente general de la FNC, quien recordó que este modelo arrancó en Neiva y Manizales y se proyecta hacia la creación de 15 centros en todo el país.“Entre Árboles” también será un espacio para la formación y el desarrollo técnico. El CIR contará con un laboratorio de catación, un centro de capacitación y asistencia técnica y alianzas con universidades locales para impulsar procesos de control de calidad, desarrollo de nuevos productos y formación en transformación del grano.Además, el lanzamiento del centro está ligado a la presentación de la nueva marca regional “Entre Árboles”, con la que se busca posicionar a Santander como un referente nacional en cafés sostenibles, cultivados bajo sombra y con un enfoque en conservación ambiental y alta calidad sensorial.La FNC destacó que, desde Almacafé y a través del servicio Cafenlace, los productores también podrán enviar desde este centro su café procesado directamente a clientes en el exterior, ampliando sus oportunidades de comercialización.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Luz Mery Hernández, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander durante la administración de Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un convenio por más de $2.700 millones destinado a la entrega de incentivos a artistas del departamento.Según el Ministerio Público, el convenio fue suscrito con la fundación Funsocial, una entidad que no habría cumplido los requisitos legales exigidos para contratar con la gobernación.La investigación determinó posibles omisiones en la verificación de documentos, inconsistencias en la selección del contratista, y fallas en la modalidad de contratación utilizada.Además de Hernández, la Procuraduría también abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora técnica, Yexica Natalia Ardila Ruiz, y la profesional universitaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, quienes actuaron como supervisoras del convenio. De acuerdo con el organismo de control, ambas funcionarias habrían permitido que se ejecutara un contrato sin los soportes exigidos y sin los controles necesarios.El caso salió a la luz pública en 2022, cuando el entonces diputado Ferley Sierra denunció ante la Asamblea de Santander presuntas anomalías en los convenios de la Secretaría de Cultura. Sierra documentó presuntos pagos inferiores a los acordados con los artistas entre $50.000 y $500.000 menos del valor pactado de $4 millones, según declaraciones juramentadas de los propios beneficiarios.La Procuraduría señaló que las irregularidades habrían generado afectaciones directas a los artistas locales, quienes debieron recibir recursos completos como parte del programa de estímulos culturales.Con el pliego de cargos, el proceso avanza a etapa de juicio disciplinario, donde el Ministerio Público definirá si las funcionarias incurrieron o no en faltas gravísimas relacionadas con la ejecución de recursos públicos destinados al sector cultural.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó, en segunda instancia, la condena siete años y tres meses de prisión contra el alcalde de El Playón, Santander, Luis Ambrosio Alarcón López, por irregularidades cometidas en la contratación pública durante su primera administración en 2009.El fallo ratifica la decisión emitida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga, que lo halló responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.De acuerdo con la Fiscalía, Alarcón firmó dos contratos bajo urgencia manifiesta sin agotar los procedimientos legales, el primero, firmado el 29 de octubre de 2009, por más de $4 millones, para la compra de materiales como cemento y mangueras, destinados a la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara.El segundo, firmado el 6 de noviembre de ese mismo año, por $35 millones, destinado a financiar las ferias y fiestas del municipio. Las autoridades demostraron que en ambos procesos el entonces alcalde no realizó estudios previos, omitió el proceso de selección del contratista, no suscribió acuerdo escrito y tampoco obtuvo certificados de disponibilidad ni registros presupuestales.La investigación también reveló que Alarcón suscribió una letra de cambio por $11 millones para gastos municipales sin sustento legal, lo que derivó en demandas contra el municipio y evidenció un uso indebido de los recursos públicos.Por estos hechos, además de la pena intramural, el mandatario deberá pagar una multa superior a $201 millones y quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.Pese a la confirmación del Tribunal, no se ha emitido orden de captura, por lo que la defensa del alcalde, en cabeza del abogado Jhon Franco, anunció que llevará el caso a casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que permitirá que Alarcón permanezca en libertad mientras se resuelve la última instancia.El caso continúa en seguimiento judicial y mantiene la atención pública en El Playón y en el departamento de Santander.
Santander volvió a demostrar por qué es una de las regiones más dinámicas y emprendedoras del país. Más de 1.000 empresarios se reunieron este jueves en el Gran Salón de Neomundo para celebrar una nueva edición de La Noche de los Mejores 2025, el tradicional evento de Fenalco que reconoce a quienes impulsan la economía regional con visión, disciplina y resiliencia.La gala tuvo un significado especial: la conmemoración de los 80 años de Fenalco Santander, ocho décadas acompañando al comercio, defendiendo los intereses del sector y siendo motor del desarrollo económico del departamento. Un hito que, según los organizadores, refleja el legado de miles de empresarios que han construido futuro en un territorio donde la palabra “pujanza” es identidad.El encuentro, que llevó un elegante código de vestuario en blanco como símbolo de unión y esperanza, combinó la tradición de este reconocimiento con experiencias innovadoras. Hubo muestras gastronómicas, un show musical y momentos que reforzaron el orgullo de pertenecer a la familia fenalquista, una comunidad que hoy supera las 2.000 empresas afiliadas.Como es tradición, la noche estuvo marcada por la entrega de los galardones en sus 10 categorías, cada una dedicada a exaltar la excelencia y el liderazgo empresarial en distintos frentes:Fidelidad Fenalquista: Inmobiliaria Esteban Ríos.Emprendimiento Destacado: Container Food Company.Apoyo y Gestión Gremial: Juridcid SAS.Innovación Tecnológica: Best English Institute.Responsabilidad Social Empresarial: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).Mujer Insignia Empresarial: María Eugenia Rueda, Carnes & Carnes.Santandereanidad: TERES S.A.S.Mérito Empresarial al Comercio: Jardines La Colina.Toda una Vida Dedicada al Fomento Empresarial: Víctor Raúl Di Marco y Margarita Gómez, Dimarcos.Mercurio de Oro: Disfarma.La edición 2025 de La Noche de los Mejores cerró con un mensaje claro: el crecimiento de Santander es posible gracias a quienes emprenden, innovan y transforman. Fenalco recordó que, cuando el empresariado prospera, toda la región avanza.
El Hospital Regional del Magdalena Medio (HRMM) declaró alerta amarilla ante el incremento inusual de pacientes que están llegando al área de urgencias, situación que se generó, luego de que algunas clínicas de Barrancabermeja suspendieran temporalmente la atención a usuarios de determinadas EPS.El Agente Especial Interventor, Luis Torres Castro, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud Distrital y a la Secretaría de Salud de Santander para revisar la capacidad operativa de la red pública del municipio. “Nuestro hospital está recibiendo en estos momentos una cantidad inusual de pacientes debido a que algunas clínicas decidieron suspender sus servicios. Se requiere un uso racional de la atención en nuestro hospital, que es de mediana complejidad”, explicó.Torres advirtió que esta situación está ejerciendo una fuerte presión sobre los servicios del HRMM."Más del 50% de los pacientes que llegan a urgencias podrían ser atendidos en los centros de salud del municipio, lo que evitaría una saturación que podría poner en riesgo la continuidad de la atención", indicó Torres.El interventor insistió en la necesidad de que toda la red pública de Barrancabermeja funcione de manera articulada para evitar el colapso del sistema y garantizar la prestación del servicio en medio del aumento de la demanda.Es de anotar que la alerta en el hospital también se relaciona con la crisis que atraviesa la Clínica La Magdalena, que desde el 1 de noviembre de 2025 suspendió la atención a usuarios de la Nueva EPS, debido a una deuda superior a 30.000 millones de pesos. Esta situación dejó sin servicios ambulatorios, cirugías programadas y estudios especializados, a miles de pacientes, recargando aún más la red pública.
El Icetex anunció en Bucaramanga la apertura de su convocatoria de créditos educativos para el primer semestre de 2026, un programa que incluye opciones de financiación para pregrado, posgrado en el país y en el exterior, así como para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), diplomados, certificaciones y estudios de idiomas.Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, a partir del 24 de noviembre comenzará la inscripción escalonada a las diferentes líneas de crédito, que buscan facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.“Llegamos con una nueva convocatoria para que miles de estudiantes accedan, permanezcan y se gradúen. Lo primero es estudiar”, afirmó.La convocatoria 2026-1 contempla la entrega de 6.000 nuevos créditos, más los cupos adicionales que se generen a través del modelo de financiación diferida Alianza + Futuro, que ofrece tasas preferenciales.“Entre las modalidades disponibles se encuentran líneas a mediano y corto plazo para pregrado, sostenimiento en instituciones públicas, créditos para posgrado dentro y fuera del país, y financiación para programas técnicos laborales, diplomados y bilingüismo”, explicó Urquijo.El Icetex también habilitó el calendario de renovaciones para más de 100.000 estudiantes que actualmente cuentan con crédito y continúan su formación. Estos beneficiarios podrán realizar su actualización de datos y renovación hasta el 6 de marzo de 2026.Urquijo reiteró que todos los trámites deben realizarse directamente en la plataforma del Icetex, sin intermediarios y sin costo. La aprobación de los créditos estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad presupuestal."La invitación es para que estos estudiantes ingresen desde ya a www.icetex.gov.co, y con plazo hasta el 6 de marzo de 2026, y realicen el proceso de actualización de datos y renovación de su crédito educativo para que puedan recibir el apoyo económco del Icetex para cubrir los costos por concepto de matrícula", indicó el presidente del Icetex Álvaro Urquijo.