La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de “Boika”, y Rafael Jaimes Caicedo, alias “Pana”. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que por información que permita su ubicación y captura se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
En la capital antioqueña se siguen conociendo aberrantes casos de violencia sexual donde las víctimas menores de edad y corren riesgos en entornos que deberían ser seguros como sus familias.Este fue el caso de un hombre de 34 años de edad capturado en las últimas horas por orden judicial al ser requerido por el delito de acceso carnal violento.Los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Zamora donde el señalado victimario sostenía una relación sentimental de unos 10 años con la madre de la víctima.Precisamente la extensión del vínculo y su rol como cuidador, además de la convivencias en el entorno familiar habrían facilitado la comisión de estas conductas de violencia sexual contra su hijastra en repetidas ocasiones. "La captura se materializó en vía pública del barrio La América y el hombre posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir la situación jurídica y la imposición de una medida privativa de la libertad", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Con estos hechos la institución policial asegura que mantiene su compromiso con la protección de la población menor de edad y por eso invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual.
La Contraloría General de Antioquia es el ente encargado de vigilar la gestión fiscal y ambiental de las entidades públicas y particulares que manejan fondos del departamento y su próximo reto será analizar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas de desarrollo urbano en la seccional.Dentro de los objetivos que se planteó la Contraloría en este proceso se destacan, principalmente, vigilar el desempeño económico y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos de estas entidades. El enfoque inicialmente está puesto en los municipios que conforman las categorías 4, 5 y 6.Asimismo, dentro del plan de ejecución se plantea la fiscalización al marco legal y el cumplimiento de los requisitos legales para la creación de las Empresas de Desarrollo Urbano. "Nuestra intención será determinar si se está respetando el principio de economía, de eficacia y de eficiencia, y si hay una relación costo beneficio realmente eficiente en la utilización de los recursos públicos o si lo que hay lugar es a hacer un llamado de atención a estas entidades territoriales", explicó el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.Además, el contralor indicó que con el fin de establecer si estas entidades operan bajo criterios de la Contraloría, se examinará la ejecución de ingresos y gastos, el flujo de caja, los resultados financieros y la coherencia entre el objeto social de las empresas y el uso de los recursos públicosDentro del total de los 21 municipios que la Contraloría estará fiscalizando, se destacan territorios que son reconocidos por su oferta turística como lo son el municipio de Santa Fe de Antioquia, El Peñol, San Carlos, Andes y Támesis. En el Urabá Antioqueño serán fiscalizados Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.
Una noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos, pues desde el pasado 12 de febrero empezó a regir en la capital el Decreto Distrital 042 de 2026, en el que se fijan las tarifas para el servicio individual de pasajeros en taxi para lo que resta del año.Según indicó el Distrito, para llegar a la tarifa los estudios técnicos se realizaron desde 2025; pese a las encuestas y la revisión de variables económicas, el impacto del salario mínimo para este año fue lo que más incidió en la decisión.La Administración de Carlos Fernando Galán aseguró que el objetivo es mantener la sostenibilidad del gremio sin perder transparencia para el usuario. Si bien en Bogotá existen múltiples medios de transporte, el taxi sigue siendo clave para millones de personas, por lo que las nuevas tarifas resultan relevantes para muchos.Estas son las nuevas tarifas de taxis en BogotáEl decreto señala un nuevo marco tarifario que funcionará durante 2026 y define los valores a partir de tablas técnicas. Allí se detallan los montos y condiciones para el sistema tradicional, así como el cobro por medio de plataformas digitales autorizadas.La idea es que, según lo consignado en el acto administrativo, se busca:Garantizar reglas claras para conductores y pasajeros.Reducir posibles desacuerdos al momento de pagar.Fortalecer la confianza en el servicio formal.Ante ello, se recomienda consultar los canales oficiales del Distrito para verificar los valores vigentes antes de iniciar un recorrido.¿Apps tendrían influencia en los cobros?Uno de los puntos que más llama la atención es la coexistencia de dos modalidades de cobro en el servicio: por un lado, el taxímetro tradicional y, por otro, el cobro por medio de plataformas autorizadas.El servicio de taxis poco a poco se ha sumado a plataformas como Cabify, DiDi o Uber. Si bien el taxímetro sigue siendo referencia en el cobro, la presencia de aplicaciones digitales permite estimar el valor del trayecto con anterioridad, ofrecer diferentes métodos de pago y mayor trazabilidad en el viaje.Por eso, muchos usuarios prefieren conocer con anticipación el costo antes de ingresar al vehículo, lo que genera mayor sensación de control. Para el gremio, implica adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas.Decreto Distrital 042 define tarifas y reglas de cobroLa doble modalidad tiene como objetivo modernizar el servicio sin desmontar el esquema tradicional; sin embargo, primero se deben resolver algunos desafíos:Asegurar acceso a dispositivos móviles para conductores.Mantener conectividad estable.Aplicar el marco regulatorio con rigor.El Distrito insiste en que este ajuste hace parte de una estrategia más amplia de modernización del transporte; así mismo, busca ir en paralelo con obras viales y proyectos en la ciudad como el Metro.Así mismo, vale señalar que anteriormente la Secretaría de Movilidad apuntó que la carrera mínima en taxi será de $8.000 pesos; de igual manera, el recargo hacia y desde el Aeropuerto o puente aéreo será de $8.100 pesos sin el pago del factor calidad y de $8.300 con el factor calidad.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
El frizz es uno de los problemas capilares más frecuentes y molestos para quienes buscan un cabello suave, brillante y fácil de peinar. Este fenómeno, conocido popularmente como “melena de león”, ocurre cuando el cabello absorbe la humedad del ambiente, lo que provoca que las cutículas capilares se abran y generen una apariencia esponjada y sin control.Frente a esta situación, Tiendas D1 lanzó un nuevo producto que está llamando la atención de miles de consumidores en Colombia por sus beneficios y su precio accesible. Se trata del sérum de la marca Kerabelle Profesional en su presentación de 100 ml, disponible por tan solo $12.950, una alternativa económica que promete dejar el cabello más suave, brillante y libre de frizz.Este producto capilar ha ganado popularidad rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacan sus resultados visibles y su bajo costo frente a otras opciones del mercado.El sérum capilar económico que está causando furorEl sérum capilar D1 contiene vitamina E y aceite de marula, dos ingredientes reconocidos por sus propiedades hidratantes y reparadoras.Estos componentes ayudan a sellar la cutícula capilar, lo que permite mantener la hidratación y proteger el cabello de factores externos como la humedad, el calor o la contaminación. Como resultado, el cabello luce más brillante, suave y manejable.Entre sus principales beneficios destacan:Reduce el frizz visible.Aporta brillo natural al cabello.Mejora la suavidad y textura.Protege la fibra capilar.Es fácil de aplicar y rendidor.Su precio de $12.950 lo convierte en una opción asequible para quienes buscan mejorar su rutina capilar sin gastar grandes sumas de dinero.Cómo usar correctamente el sérum Kerabelle ProfesionalPara obtener mejores resultados, es importante aplicar el producto de forma adecuada. El sérum debe utilizarse sobre el cabello limpio y húmedo, después de retirar el exceso de agua con una toalla, sin restregar.Luego, se deben colocar unas gotas en la palma de la mano y distribuir el producto de medios a puntas, evitando la raíz. La cantidad dependerá de la longitud y volumen del cabello. Este paso ayuda a sellar la hidratación, reducir el frizz y proteger el cabello durante el peinado.Hábitos clave para tener un cabello sin frizz y más saludableAdemás del uso de productos especializados como sérums, adoptar buenos hábitos puede marcar una gran diferencia en la salud capilar. Estas son algunas recomendaciones:Evitar el uso excesivo de planchas y secadores.Usar toallas de microfibra o camisetas de algodón.Dormir con fundas o gorros de satín o seda.Aplicar acondicionador y mascarillas regularmente.Utilizar peines de dientes anchos.Estos cuidados ayudan a mantener la cutícula capilar cerrada y a reducir el frizz.El lanzamiento del sérum de la marca Kerabelle Profesional en Tiendas D1 refleja una tendencia creciente en el mercado: productos de cuidado personal efectivos y a precios accesibles. Su combinación de ingredientes nutritivos, facilidad de uso y bajo costo lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar la apariencia de su cabello sin realizar grandes inversiones.Con el uso adecuado y una rutina capilar saludable, es posible reducir significativamente el frizz y lograr un cabello más brillante, suave y manejable, utilizando productos al alcance de todos los bolsillos.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
Las lluvias no dan tregua en San Vicente de Chucurí y la emergencia vial ya se siente como una crisis humanitaria. En cuestión de horas, deslizamientos de tierra, caída de rocas de gran tamaño y el colapso de varios tramos de carretera dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde el acceso depende de vías terciarias que hoy están completamente taponadas.De acuerdo con la administración municipal, la pérdida de la banca es total en algunos sectores y la maquinaria disponible no ha sido suficiente para restablecer el paso. Las veredas Campoalegre, Guacamaya, Santa Bárbara, Quináles, Palmira, Palestina y Barro Amarillo presentan los mayores daños, con comunidades aisladas, dificultades para el transporte de alimentos y restricciones para el ingreso de ayudas.El alcalde Óscar San Miguel alertó que la situación se agrava por una falla geológica histórica a la que, según dijo, no se le ha prestado atención técnica, “el invierno ha sido bastante complejocon cada aguacero la montaña se desprende, tenemos derrumbes constantes y pérdida total de la vía; hay una falla geológica que está arrasando con todo, incluso con puentes”, afirmó. El mandatario explicó que una estructura artesanal construida por la propia comunidad para sacar sus cultivos también fue destruida por la fuerza del terreno.La afectación golpea directamente la economía local, San Vicente de Chucurí es considerado la despensa agrícola y cacaotera del departamento, con una economía 100 % agropecuaria. Hoy toneladas de cacao, naranja, banano y yuca permanecen represadas en las fincas, sin posibilidad de transporte, lo que expone a los productores a pérdidas millonarias y al riesgo de que las cosechas se dañen.Mientras continúan las precipitaciones, los habitantes piden intervención urgente del Gobierno departamental y nacional para estabilizar la falla, reforzar taludes y habilitar corredores alternos. Entre tanto, cientos de familias siguen incomunicadas, a la espera de que las vías vuelvan a abrirse y el campo pueda volver a moverse.
Los ataques con arma de fuego se han multiplicado en San Gil, generando miedo entre habitantes y turistas. Según las autoridades, bandas criminales y líderes de estas estructuras han comenzado a establecerse en la región, dinamizando la violencia y la criminalidad en el municipio.En las últimas horas, un nuevo intento de sicariato en pleno centro dejó tres personas heridas, todas con más de 18 antecedentes judiciales. Los atacantes se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego contra las víctimas en plena vía pública, obligando a un traslado de emergencia al hospital local.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, confirmó que estos ataques forman parte de un patrón coordinado desde las cárceles del país. “Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, señaló el oficial.La violencia alcanzó un nuevo nivel con el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Suescún fue atacado a tiros mientras se encontraba en una tienda del municipio, un hecho que ha encendido las alarmas en la comunidad turística.En lo que va del mes, San Gil ya registra tres intentos de sicariato en distintos barrios, incluyendo Villa Olímpica y Villa Laura, donde los ataques han dejado heridos y víctimas mortales. Los habitantes denuncian la falta de control y la ausencia de un esquema preventivo que proteja a los ciudadanos.Las autoridades refuerzan operativos en puntos estratégicos del municipio y mantienen coordinación con el Inpec para frenar la ola de sicariatos. Sin embargo, la comunidad permanece en alerta máxima, temerosa de salir a las calles, mientras los sicarios continúan aprovechando la movilidad de las motocicletas y la presencia de bandas organizadas en la región.
Lo que comenzó como una jornada habitual de cosecha terminó en tragedia. Seis campesinos fueron alcanzados por un rayo en plena madrugada, cuando intentaban resguardarse de un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del Páramo de Santurbán.La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado. Entre los heridos se encuentran un niño de 10 años, Leonardo Dugarte, de 34 años, y Suleima del Carmen Rivas, también de 34, quienes sufrieron quemaduras y lesiones de consideración. Todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Ana de Guaca, pero la mujer y el menor debieron ser remitidos al Hospital Universitario de Santander por la gravedad de su estado.Clemencia Jaimes, habitante del sector, relató los momentos de angustia tras el impacto. “Estaban escampando mientras trabajaban y de un momento a otro cayó el rayo. Todos quedaron tendidos en el suelo. La señora y el niño son los más graves”, contó.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento. “Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.Las autoridades continúan el monitoreo de las condiciones climáticas y pidieron a las comunidades rurales evitar actividades a la intemperie durante lluvias intensas, así mismo para los habitantes que se encuentran cerca a ríos y quebradas, estar atentas al comportamiento d elas fuentes hídricas y activas los planes de contingencia.
Ante el riesgo por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en el Magdalena Medio, las autoridades activaron un plan especial de seguridad en Barrancabermeja de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.La estrategia fue definida durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la alcaldesa encargada Laura Cotrina, con participación del Ministerio Público, la fuerza pública y delegados de los movimientos políticos. Allí se revisaron los dispositivos de protección y las medidas preventivas que regirán antes, durante y después de la jornada democrática.El plan contempla presencia reforzada del Ejército, la Armada y la Policía con patrullajes permanentes por tierra y por los corredores fluviales del río Magdalena, instalación de puestos de control, acompañamiento a la Registraduría y custodia a candidatos y líderes políticos, especialmente en zonas rurales donde históricamente se han registrado amenazas y presiones armadas.“De manera articulada con la Policía, el Ejército y la Armada, hemos garantizado rutas de acompañamiento y presencia de la Fuerza Pública para que todos los ciudadanos puedan participar con tranquilidad”, señaló la mandataria.Las autoridades buscan evitar cualquier intento de intimidación o alteración del orden público en una región donde operan estructuras ilegales que disputan control territorial y economías ilícitas.Son varios grupos armados organizados que buscan ampliar su influencia en el departamento, por lo que el dispositivo prioriza zonas estratégicas del norte de Santander y el sur del Cesar, donde se ha detectado la presencia simultánea del ELN, el frente Camilo Torres, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, intensificando controles, bloqueos y patrullajes permanentes para evitar su expansión hacia territorio santandereano.De manera paralela, las fuerzas armadas concentran esfuerzos en el occidente del departamento, especialmente en Barrancabermeja y Puerto Wilches, con operaciones coordinadas contra el Clan del Golfo para golpear economías ilegales como el microtráfico, mientras que en el sur avanza la Operación Campaña N.º 5 junto a la Policía, enfocada en desarticular redes de apoyo y corredores de movilidad que conectan con Boyacá y Norte de Santander.Según las autoridades, el objetivo es cerrar el paso a estas estructuras, recuperar el control territorial y brindar mayores garantías de seguridad a la población civil.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y tres empleados de una fundación social, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato por 3.138 millones de pesos, destinado a programas culturales en el departamento.Entre los procesados se encuentra Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander, junto a Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica del convenio, y Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora del contrato.También fueron judicializados Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista, y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.De acuerdo con la Fiscalía, los investigados deberán responder, según su presunta participación individual, por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público y falsedad personal.Las investigaciones señalan que en 2022 se implementó el proyecto “Cultura Ciudadana Siempre por Santander”, cuyo objetivo era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana. Para su ejecución, la Secretaría de Cultura suscribió un convenio con una fundación social bajo la modalidad de contratación directa.Sin embargo, análisis contables y labores de policía judicial evidenciaron que los valores facturados no coincidían con los precios reales del mercado, lo que habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos.Además, según el ente acusador, los procesados habrían hecho firmar facturas y cuentas de cobro en blanco a artistas, quienes recibían pagos entre $100.000 y $400.000, mientras que, posteriormente, esos documentos eran legalizados por valores cercanos a 4 millones de pesos.Este caso tuvo como antecedente investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, que formuló cargos contra varios de los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación, supervisión y ejecución del convenio, y remitió el expediente a la Fiscalía para el avance del proceso penal.Dentro de esas actuaciones disciplinarias, la Procuraduría también advirtió presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos, entre ellos juegos de parqués facturados por más de 700.000 pesos cada uno y tablets reportadas por cerca de 2 millones de pesos, cuyos valores comerciales, según los análisis, no superarían los 476.000 pesos.
Barrancabermeja recibió 80 nuevos policías para reforzar la seguridad del Distrito, en medio de la alerta generada por el paro armado del ELN y mientras avanzan las investigaciones por el atentado contra el peaje Yuma – La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con el puerto petrolero.El refuerzo fue anunciado por el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras un consejo extraordinario de seguridad, convocado luego del ataque que elevó la preocupación entre la comunidad y obligó a ajustar los esquemas de vigilancia en el Magdalena Medio.Según explicó el mandatario, los nuevos uniformados estarán desplegados durante la temporada decembrina en calles, barrios y corredores estratégicos del distrito, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.“Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para que las familias puedan vivir una Navidad en calma y con mayores condiciones de seguridad”, afirmó Vásquez.De manera paralela, la Gobernación de Santander confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en articulación con el Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Barrancabermeja, para hacer seguimiento a la situación de orden público tras el atentado en el peaje Yuma – La Lizama.Como parte de estas acciones, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Además, se intensificaron los patrullajes y controles en puntos estratégicos del departamento.Este refuerzo se suma al dispositivo especial de seguridad que contempla más de 300 policías desplegados en Barrancabermeja y 1.500 uniformados en todo el Magdalena Medio, con el propósito de prevenir nuevos hechos violentos y devolver la sensación de tranquilidad a la población durante las festividades de fin de año.
La Gobernación de Santander confirmó que hay normalidad en las vías del departamento, luego de los momentos de tensión registrados en la mañana de este martes por la presencia de una bandera y un objeto sospechoso con mensajes alusivos al ELN en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga. Las autoridades mantienen alerta máxima ante posibles acciones terroristas.De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, sobre las 6:30 de la mañana ciudadanos alertaron sobre la presencia de una bandera del ELN y un tarro atravesado en un camino, a la altura del kilómetro 7, en la ruta San Gil – Curití. Tras la verificación por parte de los organismos especializados, se descartó la presencia de explosivos y se procedió al retiro de los elementos.“Desde la Gobernación de Santander repudiamos estas acciones intimidatorias que generan impacto en la comunidad. Estamos actuando con toda la institucionalidad y con capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de los santandereanos”, señaló el funcionario.Le puede interesar: ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de ColombiaEn el Magdalena Medio, las autoridades reportaron una baja de presión en el suministro de gas, que muy probablemente habría sido causada por un artefacto explosivo. Al lugar llegaron unidades del grupo antiexplosivos, la Policía, el Ejército y personal de la empresa Petrosantander que confirmó que no hubo interrupción en el tráfico ni en el flujo de gas que abastece la refinería. La situación fue controlada y se mantiene vigilancia permanente en la zona.Frente a este panorama, desde la Gobernación de Santander se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir o contrarrestar cualquier acción terrorista en el departamento. Adicionalmente, en articulación con la Alcaldía de Barrancabermeja, se ofrecen 70 millones de pesos por datos que conduzcan a los responsables del atentado ocurrido en el peaje de La Lizama, donde fue activada una motocicleta con explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales y así fortalecer las acciones de prevención y control en todo el territorio santandereano.
Hay luto en Santander por la muerte del subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa tras el atentado ocurrido en la madrugada de este martes, 16 de diciembre, en Cali.De acuerdo con las autoridades, dos explosiones se registraron esta madrugada en el suroriente de la ciudad, en medio del paro armado ordenado por el ELN. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 de la mañana cerca del coliseo ‘María Isabel Urrutia’, específicamente en el barrio Mariano Ramos.El coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali contó detalles del ataque terrorista: “Dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo ‘María Isabel Urrutia’ son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili; sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”.Entre las víctimas está precisamente el subintendente santandereano Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. El uniformado, nacido en el municipio de Cepitá, llevaba más de 15 años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía Mariano Ramos, donde ocurrió el atentado.El otro uniformado que perdió la vida fue el subintendente Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y natural de Pradera, Valle del Cauca.“Rechazamos estas acciones terroristas y más cuando dos uniformados fueron asesinados protegiendo a los caleños, su intención era vigilar y cuidar a la ciudad y afectaron su vida. Este artefacto iba dirigido a asesinar policías, por eso ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos”, expresó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
La Policía Nacional y el Ejército descartaron la presencia de explosivos en un cilindro que había sido abandonado a un costado de la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, junto a una bandera alusiva al ELN, hecho que generó pánico entre la comunidad y obligó al cierre preventivo del corredor vial.El procedimiento se adelantó con personal especializado y caninos antiexplosivos, quienes tras la inspección confirmaron que el objeto no contenía material detonante. Una vez finalizada la verificación, las autoridades procedieron al retiro de la bandera y al restablecimiento del tránsito en la zona.El secretario del Interior de Santander explicó que la alerta se originó luego de que circularan imágenes en redes sociales que generaron temor entre los ciudadanos.“Desde muy temprano circuló una fotografía donde se observa una bandera y un caneco que indujo a pensar que se trataba de un cilindro bomba. De inmediato se ubicó el punto y se dio la intervención institucional del Ejército Nacional y la Policía, con guía canino y equipo especializado, verificando que no había explosivos en el sitio”, señaló el funcionario.Aunque se descartó una acción terrorista, el secretario advirtió que el hecho sí tuvo un componente de intimidación, en especial por el mensaje implícito de la bandera, en medio del paro armado anunciado por el ELN a nivel nacional.“Se descartó esta acción terrorista, pero sí se trató de un acto de intimidación que buscaba generar temor en la comunidad y afectar la movilidad”, precisó.Desde la Gobernación de Santander se indicó que se activaron de manera articulada los componentes de seguridad para atender la situación de forma inmediata, cumpliendo los protocolos policiales y militares establecidos, lo que permitió recuperar la normalidad en este importante corredor vial del departamento.
El sonido de una campana y los abrazos entre lágrimas marcaron un momento inolvidable en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Santander. Allí, 25 niños que culminaron con éxito su tratamiento contra el cáncer tocaron la llamada campana de la victoria, un acto simbólico que representa el cierre de una etapa marcada por la lucha y el inicio de una nueva vida llena de esperanza.La ceremonia, cargada de emoción, reunió a pacientes, padres de familia, médicos, enfermeras, voluntarios y colaboradores del hospital, quienes celebraron no solo la remisión de la enfermedad, sino también la fortaleza de los niños y el acompañamiento permanente de sus familias. En diciembre, este gesto adquiere un significado especial, al convertirse en un mensaje de vida y resiliencia que muchos describen como un verdadero regalo de Navidad.Cada año, el HIC diagnostica cerca de 60 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años y brinda un seguimiento integral hasta completar la remisión. Entre los cánceres infantiles más frecuentes atendidos en la institución se encuentran la leucemia linfoide aguda, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Sus tratamientos suelen ser intensivos, con una duración de entre ocho meses y un año, y controles médicos que pueden extenderse hasta cinco años.Para la doctora Alexandra Pérez, oncóloga pediatra del HIC, el toque de la campana representa mucho más que el fin de un tratamiento.“Es el logro de todas las batallas que estos niños y sus familias han tenido que librar, la recompensa a los esfuerzos, sacrificios y decisiones difíciles que se tomaron en el camino. Los resultados no son únicamente el fruto de la ciencia y la medicina, sino también de la fuerza, la voluntad y el compromiso de hacer lo necesario para luchar y vivir”, afirmó.Entre las historias que hoy inspiran está la de Emiliano Valencia, un niño de nueve años diagnosticado en octubre de 2023 con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Para él y su familia, el proceso estuvo lleno de incertidumbre y miedo, pero también de fe y acompañamiento médico constante.“Cuando nos dieron el diagnóstico surgieron muchas dudas y preguntas, es un momento inexplicable. Sin embargo, Dios les dio la sabiduría a los profesionales para ejercer todo su conocimiento y, a través de la medicina, salvar la vida de nuestros hijos”, expresó Neidy Ardila, madre del menor.Tras más de dos años de tratamiento, Emiliano celebró con una sonrisa el final de esta etapa.“Estoy muy feliz porque ya pude lograrlo”, dijo el niño, quien además animó a otros pacientes a no rendirse y a seguir creyendo en una vida sana y llena de sueños.Instituto de Cáncer HIC: experiencia y compromisoDetrás de cada historia de superación hay un trabajo médico riguroso y sostenido. Hace más de una década, el servicio oncológico del HIC inició con recursos limitados y un equipo reducido, pero con una visión clara de crecimiento. Hoy, el Instituto de Cáncer HIC se consolida como un referente en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en niños y adultos, respaldado por un equipo multidisciplinario de oncólogos, cirujanos, enfermeros, psicólogos, terapeutas y personal administrativo.“Cada paciente nos ha enseñado coraje, valentía y resiliencia. Por eso seguimos apostando por la vida, combinando ciencia, tecnología y humanidad para transformar familias”, señaló la doctora Pérez, quien resaltó que estos eventos también subrayan la importancia del diagnóstico temprano, el acceso oportuno a los servicios de salud y el apoyo integral a los pacientes y sus cuidadores.Aunque el cáncer infantil es menos frecuente que el de adultos, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en la niñez. Sin embargo, con atención oportuna y tratamientos adecuados, muchos niños logran la remisión y pueden llevar una vida plena.El significado de la campanaLa tradición de tocar la campana se remonta a 1996, en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Estados Unidos. Allí, el almirante Irve Chuck Le Moyne, tras superar un cáncer agresivo, donó la campana de bronce de su barco y la hizo sonar para celebrar su victoria, inspirado en la costumbre marítima de tocar la campana al regresar con vida tras una tormenta. Desde entonces, este gesto se ha replicado en hospitales de todo el mundo como símbolo de resistencia, esperanza y supervivencia.